¿Qué sabemos del mercado internacional de armas y del rol de nuestro país en él? Poco, muy poco. Y es que el secretismo en lo que atañe a la gestión pública llevada a cabo, prácticamente sin excepción, por nuestras distintas administraciones, alcanza cotas máximas en ámbitos políticamente tan sensibles como éste. Se trata de un tema del que nadie parece querer hablar abiertamente.
Sin embargo, cogiendo datos que ya son públicos –como la base de datos de Comercio Exterior–, y mezclándolos con un poco de imaginación con otras fuentes existentes, podemos llegar a conocer algo más. Por ejemplo, que en 2009 nuestras comunidades autónomas exportaban importantes volúmenes de armamento a países con regímenes golpistas, como era el caso de Mauritania.
Este mensaje se puede extraer de El Disparate, la aplicación ganadora del Desafío AbreDatos 2011, un concurso Open Data de desarrollo exprés en 48 horas de servicios tecnológicos basados en el uso de datos públicos puestos al servicio de los ciudadanos. El Disparate ofrece información sobre la compra-venta internacional de armas y permite saber cuánto gasta una comunidad en comprar material bélico o a qué países se venden las armas fabricadas en España.
En esta primera versión, El Disparate, sin embargo, no es más que otra pequeña muestra del gran potencial informativo, de utilidad social y democrático que tienen las iniciativas que están siendo y serán desarrolladas valiéndose, en la medida de lo posible, de los datos puestos a disposición del ciudadano por las distintas administraciones públicas.
El valor añadido de estas iniciativas llevadas a cabo por equipos multidisciplinares de programadores, periodistas, diseñadores o activistas cívicos es distinto en cada caso. En unas ocasiones podemos hablar de scrapear, o lo que es lo mismo, de pelearse con formatos de difícil reutilización para posibilitar el uso y la computación automatizada de los datos. En otros casos, probablemente los más interesantes, las aplicaciones añaden valor mediante el cruce de series de datos distintas, la aportación de contexto y capacidad de análisis, o a través de la calidad de las visualizaciones y las funcionalidades incorporadas.
El denominado movimiento Open Data ha experimentado un importante auge internacional en estos últimos años. En nuestro país, sin embargo, este auge se ve lastrado por la ausencia de una Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Legislación vigente, por otra parte, en la práctica totalidad de países de nuestro entorno. Este déficit implica una falta de cobertura legal para exigir la apertura de datos, y muy en especial de aquellos que puedan ser considerados políticamente comprometedores.
Una ley como ésta –prometida por el PSOE en sus programas electorales de 2004 y 2008– daría el derecho a los ciudadanos a solicitar y recibir información sobre lo que ocurre en la administración, como por ejemplo las agendas de reuniones de nuestros representantes políticos. A diferencia de España, en otros países como Francia ya es posible controlar en mucho mayor grado las actividades de lobby sobre el gobierno o el parlamento.
Operando en este marco aún poco desarrollado, en España ya han surgido iniciativas ciudadanas que realizan un importante esfuerzo por intentar incrementar la transparencia de la información pública y maximizar su impacto. Entre ellas se puede citar a Pro Bono Publico, la asociación que ha organizado los Desafíos AbreDatos. Pro Bono Publico es una asociación sin ánimo de lucro surgida en 2009 que busca la apertura de datos públicos y el uso de la tecnología para aumentar la transparencia y eficiencia de las administraciones, y mejorar así nuestra vida en sociedad.
Estas iniciativas, impulsadas desde foros ajenos a los partidos políticos, entroncan directamente con algunas de las reclamaciones formuladas por el denominado colectivo 15-M en el ámbito de las libertades ciudadanas y del desarrollo de una democracia más participativa. A este respecto el movimiento Open Data propugna una interacción explícita entre gobierno y la sociedad para la búsqueda y la resolución de los problemas comunes que afectan a nuestra convivencia y toma de decisiones de una manera racional, cuantificable y evaluable. En definitiva, propiciar el aumento de la participación ciudadana y una consiguiente mayor vinculación del gobernado en el proceso político.
Si el equipo de El Disparate, compuesto únicamente por cuatro personas, consiguió desarrollar la aplicación en 48 horas valiéndose tan sólo de su talento y un poco de imaginación, ¡qué no se podría conseguir de hacerse pública toda la información en posesión de las distintas administraciones de nuestro país!
Sobre el autor: Jacobo Elosua es vicepresidente y tesorero de Pro Bono Publico, una asociación que promueve y difunde estándares, datos y plataformas tecnológicas abiertas entre las instituciones públicas.
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