Protesta ante el CIE de Barcelona-Zona franca. Foto: SOS Racismo
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha convocado a los medios de comunicación el próximo lunes 30 de abril en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, donde está previsto que presente las líneas generales del Reglamento que definirá el funcionamiento y organización de estos centros. La regulación había sido reclamada desde hace más de dos años por las ONG, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, que exigen poner fin al limbo legal en el que operan los CIE. La política de reclusión de inmigrantes indocumentados se ha convertido en un verdadero sumidero de derechos fundamentales en el que una mera infracción administrativa es castigada con la detención arbitraria, el maltrato y, en algunas ocasiones, la expulsión del país.
Desgraciadamente, la esperanza de contar con una normativa que someta las políticas migratorias al Estado de Derecho se evapora a medida que se conocen más detalles del futuro reglamento. Este blog ha tenido acceso a un detallado informe elaborado por los juristas que asesoran la campaña Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, en el que se analizan el documento de trabajo para el anteproyecto de reglamento. De acuerdo con sus autores, el texto "consolida el modelo policial de gestión de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas". Dicho de otro modo, que todo cambie para que todo siga igual (o peor, en algunos casos).
El informe de los expertos desgrana un rosario de irregularidades, ambigüedades y abusos que no solo cuestiona la moralidad del anteproyecto, sino su propia legalidad. Estos son algunos de sus argumentos:
- Los CIE seguirán siendo instituciones policiales: A pesar de sus promesas, el Gobierno consolida un modelo en el que los centros seguirían dependiendo a todos los efectos del Ministerio del Interior. Si lo dirigen policías y lo controlan policías, podemos llamarlo de otro modo, pero esto es lo más parecido a una penitenciaría habitada por ciudadanos que en su mayoría no han cometido ningún delito.
- No garantiza derechos esenciales: No hay avances en la necesidad de contar con recursos sociales, jurídicos y culturales en los centros, incluyendo la garantía de servicios sanitarios adecuados que eviten las situaciones de desamparo e incluso los fallecimientos por negligencia que se han producido hasta ahora.
- No hay un adecuado control externo: Se restringe la fiscalización judicial de los CIE por parte de los juzgados de vigilancia y control. Esta herramienta ha sido clave hasta ahora en algunos centros, como el de Madrid, donde los internos tienen acceso al juez para presentar quejas. Si, como propone el borrador, las quejas deben hacerse primero a los responsables policiales del centro, la ley pondrá el control en manos de los posibles infractores.
- Seguirá limitado el derecho de visitas: Las visitas y el contacto con familiares son tratadas con las mismas reservas y sospechas que hasta ahora, e incluso podría verse más limitado. Estas restricciones conllevan un alto coste anímico y práctico para hombres y mujeres que podrían verse obligadas a separarse de sus familias en un plazo muy breve de tiempo.
- El acceso de las ONG seguirá siendo obstaculizado: A pesar de las noticias que fueron filtradas en su momento, las ONG y organizaciones que prestan asistencia a los internos no solo quedarían apartadas de la gestión de los centros, sino que verían su trabajo actual entorpecido. Estas medidas contrastan con las exigencias hechas por algunos de los juzgados responsables de controlar estos centros.
La lista se extiende a lo largo de 27 páginas cuidadosamente argumentadas. Dicho de forma simple, esto deja al Gobierno ante una encrucijada: aprobar un reglamento que mantenga la firmeza de la política migratoria pero la ajuste a los límites de los derechos humanos; o tomar el camino populista anti-inmigración que tan buenos resultados ha dado a algunos partidos en Francia, Holanda y otros países europeos. Es su opción. La nuestra es oponernos a ella, denunciando la inmoralidad, la ilegalidad y la insensatez que supondría aprobar un reglamento en estos términos.
Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.
Hay 5 Comentarios
El derecho a la salud y a la asistencia sanitaria debería ser Universal y particularmente velado en las sociedades civilizadas
Publicado por: Dario | 19/05/2013 22:20:28
Seguir haciendo las cosas con un modelo nada humanitario no nos hace mejores que algunos países tercermundistas, debemos recordar que existen los derechos humanos, el respeto, la solidaridad deberían ser nuestra enseña.
Publicado por: Francisco Dentista | 12/01/2013 17:17:23
totalmente de acuerdo con los CIES
Publicado por: jose an | 29/04/2012 7:11:26
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Publicado por: as580 | 28/04/2012 23:34:37
¿Y qué hacemos con los negros corazones que nos gobiernan?
Publicado por: Stímulax | 28/04/2012 12:50:54