Esta entrada ha sido escrita por Joan Tallada, Asesor Sénior en Políticas del Instituto de Salud Global de Barcelona
Refugiados libios durante la crisis del norte de África. © UNHCR/A.Branthwaite
La reciente decisión del Gobierno español de excluir a la inmensa mayoría de inmigrantes en situación irregular del acceso no urgente al sistema nacional de salud plantea importantes interrogantes sobre su encaje con la política oficial de cooperación internacional para el desarrollo.
En 2010, último periodo para el que disponemos de cifras contrastadas por la OCDE, España proporcionó ayuda internacional para programas de salud por valor de 267 millones de dólares, unos 200 millones de euros al cambio promedio de aquel año. Todo indica que el importe será sustancialmente menor cuando se conozcan los datos consolidados de 2011. Para 2012, y a sabiendas de que el volumen agregado de AOD (ayuda oficial al desarrollo) ha experimentado una nueva reducción de calado, los altos responsables gubernamentales han reiterado que la salud, junto con la educación, será uno de los sectores prioritarios, y que lo seguirá siendo en años venideros conforme la situación económica permita incrementar las partidas presupuestarias correspondientes.
Con estas aportaciones financieras, España apoya la vacunación infantil, la atención primaria y el tratamiento para el VIH, la malaria y la tuberculosis, entre otros, para personas que viven en países de bajos ingresos. Personas que no aportan tributos de ningún tipo a nuestras arcas públicas ni cotizan a la seguridad social española.
La exclusión de inmigrantes en situación irregular del sistema de salud español supondrá como máximo un ahorro de 240 millones de euros, y probablemente menos. Y ello pese a que dichas personas sí pagan impuestos indirectos, principalmente el IVA repercutido al consumidor, en nuestro territorio.
Estamos a punto de llegar a una situación paradójica en la que un adulto que vive con VIH en Mozambique podría acceder a tratamiento antirretroviral gracias a la reanudación de las aportaciones españolas al Fondo Mundial, pero no si ese mismo adulto reside irregularmente en Madrid. Es decir, se va a negar aquí lo que se va a facilitar allí.
¿Cómo resolver esta incongruencia? El Gobierno tiene dos salidas. La primera sería eliminar la salud de las políticas de cooperación. Esta alternativa presenta serias dificultades:
- Estaría en flagrante contradicción con sus propias declaraciones y con los múltiples acuerdos nacionales e internacionales firmados por España a lo largo de las dos últimas décadas, lo que abarca compromisos a los que se adhirió el Partido Popular tanto en su anterior etapa de Gobierno como estando en la oposición.
- Sustraería de la política de relaciones exteriores una herramienta clave de influencia y negociación con otros países, lo que venimos en llamar la “diplomacia en salud”, con la consiguiente merma para la defensa de nuestros intereses en el mundo.
- Contribuiría al deterioro social y económico de los países de origen de los inmigrantes, ahondando la brecha de desigualdad territorial, lo que a futuro reforzaría el incentivo para que éstos sigan intentando cruzar las fronteras, con su consiguiente impacto sobre otras políticas gubernamentales.
La segunda alternativa sería que el Gobierno cambiara su enfoque argumental y explicara públicamente que la decisión tomada niega el derecho a recibir cuidados sanitarios a determinadas personas sólo si se encuentran en nuestro país, pero no cuando residen en el suyo (u otro que los acepte) que sea acreditador de ayuda internacional en salud, española incluida: acceso a los servicios sí, pero no aquí. De este modo, el argumento de la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sistema público de salud decae y cobra fuerza la idea de que se instrumentaliza el disfrute de un servicio básico como medio para intentar regular los de flujos migratorios. En un contexto de franca regresión de la tasa migratoria, la medida no parece obedecer a la voluntad de abordar un problema acuciante sino responder a premisas ideológicas de dudosa eficacia y de imprevisibles efectos adversos.
Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.
Hay 2 Comentarios
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Publicado por: as580 | 05/05/2012 22:38:06
¡Ya esta publicado un nuevo cuento!: http://cuentosdelizandro.blogspot.com/2012/05/la-fabrica.html
Publicado por: Lizandro Samuel | 05/05/2012 17:53:43