Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.
Ayer publicábamos en este blog una entrada crítica sobre la propuesta del Gobierno para establecer un seguro de salud para inmigrantes irregulares. Como casi todo lo que hace este Gobierno en materia de inmigración, la medida desprendía un tufo a reproche y condescendencia -dejando claro en primer lugar que esas personas son una carga para la sociedad y no deberían estar aquí-, además de mostrar una desconcertante ignorancia sobre las claves de este fenómeno. El hecho es que las personas llegan a trabajar a pesar de las normas que se lo impiden, que no podemos regularizarlos de manera automática y que en ese limbo legal tenemos la obligación de garantizar sus derechos fundamentales. Es una esquizofrenia con la que conviven todos y cada uno de los países de destino (en algunos, como en EEUU, llegan a pelear guerras en nombre de una bandera que no les reconoce). Por eso mismo, declaraciones como las del portavoz del PP Rafael Hernando -“Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente”- tienen la utilidad política del Manual de los Jóvenes Castores.
Dicho esto, hoy me gustaría hacer una matización importante: como todos los demás, yo tengo problemas serios con las condiciones que rodean a este sistema de seguros, pero no con la idea en sí misma. De hecho, creo que puede ofrecer una salida al atolladero moral y práctico en el que nos hemos entrampado.
