(ESTA ENTRADA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
La crisis económica ha resucitado el debate sobre las políticas fiscales y su importancia en el sostenimiento de los servicios públicos y la legitimidad misma de los Estados. En el caso de los países en desarrollo, cuyos presupuestos dependen en parte de la ayuda externa, este debate tiene la carga añadida de la responsabilidad nacional frente a la generosidad de otros. Al fin y al cabo, ¿por qué deberían las clases medias de España realizar el esfuerzo que no se les pide a las clases altas latinoamericanas, por ejemplo? En un momento de transición, en el que muchos receptores de ayuda se han convertido en economías emergentes y en el que la capacidad de solidaridad internacional de los donantes está más tocada que nunca, esta pregunta es todavía más relevante.
Se acaba de presentar en Madrid un informe sobre este asunto elaborado por Déborah Itriago, investigadora de Intermón Oxfam. Se trata de un trabajo serio y bien argumentado que desarrolla una hipótesis principal: si queremos conseguir los recursos necesarios para acabar con la pobreza, los países en desarrollo necesitan reformar sus sistemas fiscales para recaudar más y hacerlo de forma más justa. Utilizando datos de 52 países de África, Asia y América Latina, el informe sugiere la envergadura de este potencial: una mejora de la recaudación fiscal que reduzca las vías de escape e incremente la carga sobre los más ricos podría generar alrededor de 269.000 millones de dólares cada año, lo que supone un 60 por ciento del total de los recursos anuales necesarios para financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los obstáculos que impiden alcanzar este objetivo están claramente identificados y describen un panorama en el que consumidores, asalariados y PYMES cargan con la parte principal del esfuerzo (¿les suena?):
- Los impuestos indirectos (como el IVA) tienen una importancia desproporcionada en la estructura impositiva de muchos países, lo que determina el carácter regresivo de estos sistemas. Solo en América Latina, el peso relativo sobre el PIB de la imposición indirecta creció del 4,1 al 8,8 por ciento entre 1990 y 2002. Mientras tanto, las imposiciones a las rentas personales y a los beneficios empresariales fueron diluyéndose. El FMI y otros organismos internacionales jugaron con sus recetas un papel clave en este proceso.
- Como en el caso de España, las empresas y los contribuyentes más ricos han tenido éxito a la hora de promover una legislación fiscal a su medida, en donde un complejo entramado de exenciones, devoluciones y aplazamientos les exime de buena parte de sus obligaciones fiscales. Este fenómeno -conocido en el argot como gasto tributario- se comió en 2005 el 51 y el 31 por ciento de los ingresos fiscales de India y de Bangladesh, respectivamente.
- La evasión y la elusión fiscales suponen un sumidero permanente de recursos públicos. Una evaluación conservadora de la práctica conocida como 'precios de transferencia' (asociar la generación de ingresos a un paraíso fiscal y no al lugar donde realmente se produjeron) estima las pérdidas de los Estados entre los 98.000 y los 106.000 millones dólares anuales.
- La economía informal supone todavía un lastre definitivo para la recaudación fiscal de muchos países en desarrollo (alrededor de un tercio de los ingresos potenciales). La corrupción, la debilidad institucional o el populismo han sido un freno para aflorar amplios sectores sumergidos y rescatar los beneficios fiscales y laborales de la economía formal.
El trabajo de Itriago detalla una batería de medidas que permitirían hacer frente a estos problemas, desde la eliminación de exenciones injustas al fortalecimiento de la capacidad de control, la reducción de la economía informal y el impulso de los impuestos directos. A nadie se le escapa que cada uno de estos asuntos exige una madurez política y económica considerables, de las que aún carecen muchas regiones pobres (en países como Guatemala una propuesta de este tipo te puede costar la vida). Pero, como señala el informe, la crisis, la relevancia de las economías emergentes, la evolución ideológica del FMI o la propias necesidades fiscales de los países desarrollados ofrecen una combinación de circunstancias poco común que podemos convertir en una oportunidad para el cambio.
El hecho mismo de que una organización como Oxfam publique este trabajo y se plantee una ambiciosa agenda de influencia política en este campo demuestra del modo en el que las grandes ONG se enfrentan al futuro de la financiación del desarrollo. La ayuda seguirá jugando un papel relevante, pero será solo una pieza más en un engranaje comunicativo y político más complejo.
Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.
Hay 5 Comentarios
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Publicado por: DELPECHE | 20/08/2012 20:36:11
Muy oportuno y por desgracia desconocido por el gran publico, que quizas así aprendiera a luchar por lo que merece la pena en vez de disfrutar tanto del no hacer nada por nadie.
Publicado por: carlos | 20/08/2012 17:59:43
La lucha contra el fraude, el blanqueo y los paraísos fiscales debería ser sin cuartel. Los estados quiebran si no ingresan dinero y para pagar pensiones, infraestructuras, educación o sanidad Todos debemos de contribuir. No valen amnnistias ya que es premiar al delincuente sobre el trabajador honrado. Este es un ejemplo de cómo se defrauda de con total impunidad
http://www.lee-gratis.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=156&Itemid=30
Publicado por: ana | 20/08/2012 14:48:51
Ay, la madre del cordero, pero la apariencia nunca va a atacar a la realidad que crea el espejismo.
http://casaquerida.com/2012/08/16/el-medio-ambiente-en-el-codigo-penal-espanol/
Publicado por: Tinejo | 20/08/2012 2:03:33
Buena idea la de refritar este artículo, en este momento en el que sale a la luz la evasión fiscal de los ricos por el caso de "Hervé Falciani" (http://politica.elpais.com/politica/2012/08/18/actualidad/1345242973_411812.html )
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En lo personal, considero que el mejor sistema de recaudación tributaria es el que más penalice al capital ocioso en primer lugar y, en segundo, al que no es reinvertido en actividades básicas como: Producción, investigación; educación y cultura.
Es decir: No se trata de penalizar regidos únicamente por los números de ganancias, sino al cómo y en qué se lo reinvierte. Si fomenta más empleo o avances y mejoras en cosas útiles a la comunidad, en lugar de lo que es la ociosidad o especulación perniciosa para los demás. Pero penalizando también a la "fuga de capitales" hacia otros lugares de donde se produjo la recaudación/ganancia. (No a la simples transferencias de fondos de modo indiscriminado).
En otras palabras: Fortunas que no se reinvierten en lo que interesa o beneficia realmente a los demás del conjunto, son las que más deberían tributar.
Respecto de la forma de supervisar y recaudar tributos, debería ser de abajo hacia arriba (de municipios a provincias y de éstas a Nación); reteniendo cada una para sí a lo que le corresponda de coparticipación, para evitar idas y vueltas de dinero, además de capciosos manejos distributivos por parte de gobernantes de mayor escala (como acontece tradicionalmente en la Argentina).
Porque si el pequeño incumple, al superior le es más fácil sancionarle como corresponda. Pero cuando es el gobierno nacional el que manipula injustamente ¿quién le puede reclamar sin grandes trastornos y con mínimas posibilidades de éxito? Que es lo que ha colaborado enormemente a que los gobiernos nacionales puedan tener en un puño, rindiéndoles pleitesía obligada por necesidad de fondos, a todas las provincias y municipios.
Si se implementara un sistema de estas características, desde el estado vigilarían (auditarían) con gran celo y lupa a todo posible recurso evadido o mal rendido.
Publicado por: Susurro | 20/08/2012 1:23:11