Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.Esta entrada ha sido escrita por Marta Mendiola, del Departamento de Campañas de Amnistía Internacional. Con ella destacamos la entrada en vigor de la infame reforma sanitaria que excluye del derecho a la salud a la población inmigrante en situación irregular. @3500M se une a las miles de personas e instituciones que se han negado a hacerse cómplices de una norma que desampara a uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país.
Foto: © UNHCR/A.Rodríguez, July-October 2007.
“Derechos como la salud, la vivienda, la educación y el acceso a la justicia no son bienes a la venta, disponibles sólo para una minoría”. Así abría la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas la última sesión del Consejo de Derechos Humanos.
No es casual que la Alta Comisionada utilizase estas palabras. Con la crisis económica de telón de fondo, asistimos a una serie de discursos institucionales y políticas que devalúan los derechos económicos sociales y culturales (DESC).
Su respeto se supedita al estado de las cuentas públicas. Se habla de sacrificios en pro de la sostenibilidad económica de su protección. Paradójicamente, los DESC se recortan en aras de su mantenimiento.
¿Por qué estos derechos son considerados un lujo que los Estados solo se pueden permitir en tiempos de bonanza económica? ¿Alguien se plantea vincular la libertad de expresión o el derecho a no sufrir torturas con el déficit público?
