Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG
Lucila Rodríguez-Alarcón, ingeniero agrónomo, experta en comunicación política, ahora dedicada en cuerpo y alma a Intermón Oxfam.
Imagen de la campaña 32 x Rajoy, que acaba de lanzar Intermón Oxfam. Puedes apoyarla aquí.
La pasada semana el Conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, convocó a los medios de comunicación para anunciar la eliminación de los programas de cooperación internacional de su departamento (14 millones de euros en 2012), y se escudó para ello en el incremento de la pobreza local: la Comunitat no puede "seguir exportando tanta solidaridad. (…) Estamos como estamos y gobernar es tomar decisiones, y a veces complicadas".
Lamentablemente, el Conseller no tuvo oportunidad de explicarnos en detalle la “complicación” de esas decisiones. Quizás podría aclarar, por ejemplo, por qué su Gobierno prevé ampliar el palacio de Congresos de Valencia por un coste de más de 20 millones de euros, cuando la ciudad tiene ya 200.000 m2 dedicados a esta actividad, para los que no existe demanda suficiente. Tampoco tuvo tiempo para referirse a los 15 millones de euros que han pagado al arquitecto Calatrava por los planos de unas torres que nunca se construirán. Ni a los 150 millones que ya se han gastado en el nuevo Estadio de Mestalla, en una operación que ahora está paralizada. Ni al Open de Tenis, ni a la vela, ni al rosario de despropósitos que explican por qué “estamos como estamos”.
Lo que ha ocurrido en Valencia ilustra a la perfección la impudicia que rodea la gestión de la crisis y la trampa de los presupuestos que fueron presentados al Congreso el pasado sábado: atajar el déficit destruyendo la solidaridad nacional e internacional es muy doloroso, dicen, pero no tenemos alternativa. Y eso, sencillamente, no es cierto. Mientras la Agencia Española de Cooperación es condenada a la irrelevancia (270 millones de euros, una caída del 70% en dos años) y los recursos municipales contra la pobreza son reducidos nada menos que un 40% (de 50 a 30 millones), el Gobierno aprobaba hace pocos días un crédito extraordinario de 1.728 millones de euros para la compra de armamento. (Ver aquí la espléndida carta de Jaime Atienza al respecto, publicada ayer en este periódico.)
