Repsol también es polémica en España

Una autorización ambiental es ahora el resorte utilizado para forzar a Repsol a cerrar las negociaciones para su traslado a Punta Langosteira, el nuevo puerto exterior de A Coruña / puertoatlantico.com / Mundiario.

Repsol es una empresa que fue objeto de mucho apoyo en España, tanto para su desarrollo interno –industrial y financiero- como para acometer su expansión internacional o blindar sus intereses ante otros operadores en España. Y cuando vinieron mal dadas, como en Argentina, España en su conjunto salió en defensa de Repsol. Pero las reacciones de Repsol no siempre son proporcionales a esa actitud positiva de las instituciones y de la propia sociedad, como se indica en un análisis publicado en el diario La Región.

En Argentina, Repsol salió mal parada porque no supo negociar a tiempo ni hizo, previamente, todo lo que en aquel país se esperaba de Repsol-YPF. Hubo choque de trenes y se produjo la nacionalización de YPF. La expropiación debilitó a ambas empresas y a día de hoy Argentina sigue sin compensar a la petrolera española, que en un escenario favorable podría recibir una compensación de unos 7.900 millones de euros, según la valoración de distintos expertos.

Repsol es importante en dos sentidos: por su capacidad de producción de petróleo y de distribución de combustibles y por su peso financiero, ya que detrás de Repsol están La Caixa, accionista de referencia y propietaria de un 12%, y el Santander, que si bien no es accionista directo de Repsol es el principal acreedor de Sacyr, el grupo de construcción que todavía controla un 10% del capital de la petrolera, a la espera de una posible venta.

Contaminación y riesgo

Una prueba de la antipatía de Repsol ante la sociedad se está dando en Galicia, donde la multinacional petrolera española tiene una refinería pegada, literalmente, a la ciudad de A Coruña. ¿Por qué razón es antipática Repsol? Más bien habría que preguntar por qué razones.

Una de ellas es histórica y comprende no solo su alta contaminación en la zona, sino también sus riesgos. A Coruña es la única ciudad del mundo desarrollado cuyo subsuelo está atravesado por un gran oleoducto que, en caso de accidente grave, convertiría buena parte de la ciudad en una auténtica tea. Además, el crudo destinado a la refinería que Repsol explota en Bens -complejo petrolero ubicado a menos de 300 metros de zonas urbanas densamente pobladas– se descarga en un pantalán que está situado a 200 metros de uno de los barrios con más elevada densidad poblacional.

Pide compensaciones

Durante años, Repsol fue un tema tabú en A Coruña, a pesar de ser ésta la ciudad más castigada por los naufragios de grandes petroleros, como el Urquiola o el Mar Egeo. Precisamente para evitar casos así se construyó el puerto exterior, donde en buena lógica deberían empezar a hacerse las descargas de crudo cuanto antes, lejos del centro de un área metropolitana de unas 400.000 personas. Pues bien, Repsol se hace la remolona, hasta el punto de que las autoridades han decidido plantarle cara. Al fin.

Una renovación de una autorización ambiental es ahora el resorte utilizado para forzar a Repsol a cerrar las negociaciones para su traslado a Langosteira, algo por lo que encima pide dinero. Como tiene una concesión hasta 2027, en vez de bajar la oreja y marcharse corriendo, resulta que quiere 200 millones de euros.

España no actuará como Argentina y no nacionalizará Repsol, pero viendo sus actuaciones aquí más vale no imaginar cómo actuará Repsol fuera de donde se supone que al menos debe guardar las formas y tener un poco de respeto a miles y miles de personas que sufren su contaminación y el peligro que representa su presencia. @J_L_Gomez

 

¿No estará empezando Montoro la casa por la ventana?

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Al Gobierno se le ha dado ahora por los expertos. Expertos para reformar las pensiones, expertos para reformar los impuestos, antes expertos para reformar la educación o las finanzas. No se consulta a la oposición, se ningunea a los propios expertos de la Administración, que los tiene y son funcionarios, y se tira de expertos externos, como si así se gobernase mejor. Sindicatos y empresarios son llamados para hacer la foto y poco más. Es una curiosa manera de gestionar la crisis, pero el Gobierno se siente en su derecho de hacer las cosas así. A su manera. Tal vez a la manera de Rajoy.

Ahora, el ministro de Hacienda anuncia la creación de un comité de expertos para reformar el sistema tributario, pensando en que esté listo a comienzos de 2014, lo cual encaja con el mandato de Bruselas, que ordenó un nuevo sistema fiscal antes de marzo de 2014. ¿No estará empezando Cristóbal Montoro la casa por la ventana?

La clave no está solo en cómo se reforman los impuestos, tarea para la que, por cierto, sobran funcionarios en Hacienda. Lo prioritario es saber cuánta ‘gasolina’ debe consumir el motor del Estado que los españoles quieren tener, para a continuación ver quiénes la pagan. Y a estas alturas, ni con expertos ni sin expertos sabemos qué Estado queremos.

Si lo supiéramos, o diésemos por válido el modelo actual, la reforma fiscal se haría imprescindible para determinar quiénes deben financiar el gasto, sin tanto déficit. Y ese debate debe ser político, no técnico. Un técnico puede calcular los coeficientes pero jamás va a determinar qué impuestos deben pagar los más ricos, los empresarios o los consumidores. Para eso está la política. Y, obviamente, no es lo mismo un gobierno que apueste por los impuestos directos que por los indirectos, y no es lo mismo un gobierno que luche contra el fraude fiscal que un gobierno que mire para otro lado, como pasa en España, que es un país con un 25% de economía sumergida: 250.000 millones de euros, mucho más de lo que recauda el Estado en impuestos, dicho sea de paso.

Montoro ha dicho que su comité de expertos será el encargado de definir qué impuestos debe subir o bajar el Gobierno en el futuro, para no tener que hacerlo como lo hizo en 2012 cuando subieron tributos como el IVA. Cuando menos, resulta sorprendente que un gobierno le encargue a unos expertos sin ninguna legitimidad que definan qué impuestos deben subir o bajar.

La política actual y los partidos de hoy en día están mal vistos; es evidente. Pero la democracia se construye con partidos políticos, no con expertos. Y la política se hace en el Parlamento, no en un reservado. Y si no se hace política, si no hay pacto social, pasa lo que pasa. Como observa el profesor Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de la Universidade da Coruña, el trasvase de dinero desde los asalariados hacia las oligarquías financieras, vía presupuesto público, es incesante, creciente y obsceno. Los costes de la deuda estatal suman unos 40.000 millones, a los que deben añadirse otros miles de millones que también registran las Administraciones autonómicas y locales. Corbacho lo explica de manera que se entiende bien: para concentrar tanto dinero en un solo concepto presupuestario (intereses y comisiones de la deuda) hay que subir impuestos, reducir gastos y utilizar múltiples eufemismos para confundir esa dolorosa sobreimposición que soportan los salarios. @J_L_Gomez

 

No hay 'new deal' a la vista

Mariano Rajoy, en el Congreso / Mundiario

Como la crisis se eterniza, llevamos ya años hablando de la devaluación interna de la economía española -en síntesis, subida de impuestos y reducción de salarios-, y no salimos de ahí. Al contrario, en ausencia de políticas expansivas, Bruselas y Madrid perseveran en esa receta. Por eso la Comisión Europea y el Banco de España dicen lo que dicen, a veces con alguna que otra exageración de por medio, tal vez con el propósito de que el resultado final no ‘duela’ tanto. Pero lo importante es que de ahí, de ese creciente círculo vicioso, no se sale. No hay new deal a la vista.

España debe mucho, le cobran muchos intereses y para poder pagar se aprieta el cinturón y recauda más, con lo cual la mayoría de la gente vive cada vez peor. Es un modelo hecho a medida de los que prestan el dinero, hasta ahora poco o nada negociado. Europa –léase Alemania- tampoco ayuda y el Banco Central Europeo aplica calmantes de vez en cuando. Y así seguimos, tirando a duras penas.

En el episodio más reciente de la agenda alemana para España, la Unión Europea acaba de decir que hay margen para la revisión impositiva sobre la base de que la ratio ingresos tributarios/PIB es más baja en España que en otros países europeos. Obviamente, como dice la profesora de la USC María Bastida, una subida del IVA mejora esta ratio por el numerador, al menos en teoría, pero si se sube la recaudación por IRPF (porque se cobra más, no porque se suben los tipos); la del Impuesto de Sociedades (porque las empresas tienen más beneficios), y la del IVA (porque se vende más, sin variar los tipos actuales) se mejoraría igualmente la ratio, con la particularidad de que progresaría también el denominador y habría un efecto multiplicador en la economía. Pero un modelo así exige políticas expansivas y de crecimiento, que es justo lo que no hay ni se ve en el horizonte más inmediato.

De vuelta a la realidad, lo que seguimos viendo es que, a pesar de los ajustes presupuestarios y de las subidas de impuestos, resulta difícil cumplir los objetivos de déficit, lo que explica que Bruselas y Madrid solo piensen en nuevos recortes en pensiones, educación, sanidad y desempleo.

Otra alternativa a nuevas subidas de impuestos sería perseguir el fraude y la evasión de capitales, ya que si se evitaran ambos fenómenos, la recaudación fiscal prácticamente se duplicaría, pero tampoco en este frente se observan resultados.

Para ingresar más, el Gobierno también podría elevar la fiscalidad a los ricos, subir los impuestos a las grandes compañías, gravar las transacciones financieras y, sobre todo, combatir la economía sumergida con determinación, hasta dejarla más o menos en la mitad de su actual dimensión, que es el doble de la media europea y afecta a un 25 % del PIB. GESTHA, asociación compuesta por técnicos del Ministerio de Hacienda, sostiene que es posible ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año.

Parece evidente que España precisa una reforma fiscal en profundidad, lejos de seguir aplicando parches. Al menos si quiere mantener el Estado del bienestar con unos mínimos de calidad. Si definiera bien qué tipo de Estado eficiente es preciso, quedaría cuantificar su coste y repartirlo de la manera más equitativa posible, con visión de conjunto y transparencia, sin más apaños. Y en eso debería consistir un gran pacto político, económico y social en España. @J_L_Gomez

Si sobra qué pactar, ¿por qué no hay pacto?

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy / Mundiario.

El jefe del Gobierno sigue sin ver un gran pacto por el empleo, como le propusieron los principales sindicatos, en presencia de dirigentes empresariales. Y así lo reiteró el pasado sábado en una convención del PP en Salamanca. Como mucho, Mariano Rajoy ve posible el diálogo sobre las pensiones. Para otros asuntos se confiesa dispuesto a asumir el desgaste que sea preciso; es decir, para bien o para mal, el líder del PP hará valer su mayoría absoluta y no contará con la Oposición, a la que descalifica por su tendencia a incrementar el gasto público.

Rajoy elude, de paso, una reforma fiscal que redefina a fondo los ingresos del Estado, más allá de los retoques del ministro Montoro, e implanta como norma la moderación salarial, que en realidad es una devaluación de los sueldos. Claro que el presidente del Gobierno no siempre dice lo mismo: en el fondo sabe que tiene difícil salir adelante en solitario -de hecho, hace unos meses lo insinuó él mismo en el Congreso-, a pesar de su indiscutible mayoría absoluta.

Pero no solo el presidente Rajoy es reticente al pacto. Desde la izquierda del PSOE e incluso en su ala más radical se preguntan por qué determinados medios progresistas insisten tanto en el pacto entre PP y PSOE, en vez de abogar por un pacto de las izquierdas. Parten de la base de que si la respuesta al desgaste del PP y al estancamiento del PSOE es un consenso amplio, ambos partidos seguirán multiplicando su precariedad en las encuestas. Por eso no falta quien rechaza frontalmente eventuales acuerdos entre los llamados líderes del desprestigio, teniendo en cuenta que los ciudadanos desaprueban masivamente tanto al conservador Rajoy como al socialista Rubalcaba.

¿Hay alternativa a un pacto de Estado solo entre partidos? Sí, por ejemplo, con un gran acuerdo social y político, de manera que los costes de la crisis se repartan de forma razonable, como había sucedido en los ya históricos Pactos de la Moncloa, que hicieron posible asentar la democracia en medio de una crisis económica.

¿Y hay materias para el consenso? Sin duda. Además de las pensiones, la reforma limitada de la Constitución -recordemos: Senado, reconocimiento explícito del último tratado europeo, inscripción del nombre de las comunidades autónomas y derogación de la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona- puede ser el principio de un amplio consenso. En definitiva, se supone que un gran pacto económico-social debería incluir la reforma constitucional y solventar la cuestión territorial, dadas las tensiones con Cataluña y las que previsiblemente se van a desatar con el País Vasco, una vez que ETA solo sea historia.

El economista alemán Carsten Moser, expresidente de la Cámara de Comercio Alemana para España, advierte en el prólogo del libro ‘Cómo salir de esta’ (Actualia Editorial) de que lo que era válido en 2010, sigue siendo válido en 2013: España no avanzará sin una mayor cultura de diálogo, negociación y pacto. “Pienso –explica Moser- que un consenso de cómo salir de la crisis entre Gobierno y Oposición o, mejor aún, una reedición de los Pactos de la Moncloa, haría bajar la prima de riesgo bastantes  puntos, como también lo haría un acuerdo entre Madrid y Barcelona para superar sus diferencias actuales”.

¿Pacto sí o pacto no? Parece que desde fuera de España lo tienen más claro que desde dentro. @J_L_Gomez

España tiene un problema de dimensión empresarial

Fernando González Laxe, coordinador de la serie de Economía del Proyecto Galicia.

De la mano de la escritora Yolanda Aldón, el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla se lamenta en Mundiario de la desaparición de la economía real, en beneficio de la especulativa y financiera, y denuncia que los empresarios –se refiere a los ricos y grandes- ahora son especuladores que por no pagar ni pagan impuestos, amparados por una legislación hecha a su medida por políticos a los que controlan. Denuncia incluso que empresas como Telefónica o Endesa manejan a los políticos con sobresueldos.

Revilla tiende a hacer caricaturas de las situaciones extremas pero en el fondo hay algo de cierto en lo que dice, que en versión ampliada puede leerse en su libro ‘Nadie es más que nadie’. Frente a ese estado de cosas en las altas finanzas, a la clase política suele llenársele la boca hablando de las pequeñas y medianas empresas, las ‘pymes’, pero a la hora de la verdad sus problemas estructurales siguen estando ahí. A la mejora de la fiscalidad y la necesidad de que el crédito fluya, se añade también la conveniencia de que la Administración les pague lo que les debe.

Las ‘pymes’, como gancho político, corren incluso el riesgo de verse desplazadas por los emprendedores, una figura con grandes potencialidades en las economías avanzadas pero tampoco tantas como para que ahora España quiera reconvertir millones de parados en empresarios-emprendedores. Una, porque no es posible, y dos, porque puede frustrar una buena iniciativa.

En contra de lo que a menudo se cree, este país no tiene un problema de número de empresarios. Su verdadero problema es de dimensión de las empresas, la mayoría de las cuales ni siquiera tienen trabajadores.

Según el catedrático Fernando González Laxe, las empresas sin asalariados representan en España el 55% del total, y las sociedades que tienen entre 1 y 9 trabajadores, el 39%. Las compañías con más de 250 empleados suponen el 0,2% del total de las empresas españolas, dato más que revelador de la precaria estructura empresarial del país.

Laxe acaba de presentar su contribución al Proyecto Galicia, dedicado precisamente a las empresas de esta comunidad, cuyos problemas son similares a los de España: seis de cada diez empresas de Galicia no tienen a nadie en nómina. La competitividad empresarial de Galicia centra, de hecho, el quinto y último volumen de la serie de Economía del Proyecto Galicia de Hércules Ediciones, que ya suma el número 64 de esta iniciativa editorial, singular en el mundo por sus características.

En toda Galicia, por ejemplo, no llega a 200 el número de empresas -194- con más de 250 trabajadores y sólo hay 438 firmas que tienen de 100 a 249 asalariados, de un total de 212.771 empresas. Por tanto, Galicia tiene una alta densidad empresarial, lo que no tiene es un empresariado fuerte, capaz de dar empleo. Galicia evoluciona hacia una economía de servicios con un débil sector industrial y una notable concentración de las actividades comerciales en el entorno de las grandes áreas metropolitanas. El tejido empresarial se concentra en las provincias de A Coruña y Pontevedra, con tendencia a concentrarse, a su vez, en A Coruña y Vigo. Abundan las empresas intensivas en la utilización de recursos naturales, si bien es escasa la integración productiva, de modo que los productos finales son utilizados como inputs por empresas radicadas fuera de Galicia. Falta tecnología y capacidad de creación de  empleo. @J_L_Gomez