Pie de foto: El ministro José Toffoli y la Constitución que vale-pero-no-vale.
Esta formidable potencia emergente, Brasil, puede ser un gigante despertando en la economía pero institucionalmente es un asombroso enano.
La semana pasada ocurrió una verdadera comedia jurídica, digna de una república platanera. Los hechos: el Tribunal Supremo decidió que la creación del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad era inconstitucional, el pasado miércoles con siete votos contra dos. La razón: la Medida Provisoria fue aprobada por el Congreso sin pasar por la Comisión Especial Mixta (Cámara de Diputados y Senado). La Medida Provisoria se asemeja al decreto ley, de los tiempos de la dictadura, usados por el Ejecutivo para atropellar el Congreso. Y el procedimiento obligatorio, que no se aplicó a esta Medida Provisoria, lo determina la Constitución.
El Tribunal Supremo retrocedió al día siguiente y decidió que no había inconstitucionalidad, por amplia mayoría. Razón del retroceso: los ministros del Tribunal Supremo fueron advertidos que había otras 460 leyes igualmente inconstitucionales, también creadas a través de Medidas Provisorias, y que tampoco habían pasado por el tamiz de una Comisión Mixta Especial.
Sería obviamente un caos institucional. Entre las Medidas Provisorias transformadas en ley por un ritual inconstitucional, había la del sueldo mínimo y la del Bolsa Familia. O sea, si el Supremo mantuviese la declaración de inconstitucionalidad, algún aguafiestas seguramente pediría al Supremo que obligara la devolución del dinero a los que recibieron un sueldo mínimo o la bolsa familia.
Por ello, el Supremo adoptó un pragmatismo de república platanera: el párrafo de la Constitución que indica que las Medidas Provisorias deben pasar por el Congreso y también por la Comisión Especial Mixta no vale de 2001 a 2012. Pero vuelve a valer a partir de ahora. Es decir, vuelve a valer si los congresistas piensan que lo que está en la Constitución vale, lo que Cândido Vaccarezza, el entonces líder del gobierno, declaró inviable.
Vaccarezza fue cesado de su puesto días después. No porque violó el respeto a la Constitución, sino porque perdió su puesto en una guerra de facciones dentro de su propio partido, el PT. Este es otro aspecto del bajo nivel de las instituciones brasileñas: no se discute el programa de gobierno o las diferencias entre ideologías, sino disputas sobre puestos e influencias.
La debilidad institucional se expuso crudamente en ambos juicios del Supremo y es tan fuerte que no hubo escándalo después del retroceso de la decisión y tampoco con la aceptación de una evidente inconstitucionalidad. Obedecer a la Constitución, natural en un mundo civilizado, crearía tal confusión que es mejor pretender que un trozo no vale. Y sobre esto, solo hubo conformidad y aceptación.
Por favor, no me preguntéis por qué nadie intentó corregir el problema antes que este llegase al Supremo o, por lo menos, durante los cuatro años de trámites para la creación del Instituto Chico Mendes. Los políticos brasileños no tienen tiempo para tratar de asuntos tan triviales como el respeto a las leyes.
Traducción: Beatriz Borges
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