ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

1491504390_675931_1491504644_noticia_normalEstudios centrales de Radio Televisión Española en Torrespaña.  

 

Todo hace augurar que el jueves 22 de junio de 2017 sea celebrado como un buen día para la democracia y la cultura españolas, cuando todo el Congreso de los Diputados por casi unanimidad (una abstención de Bildu) acordó cambiar el Estatuto de la Corporación de RTVE, eliminando la grave regresión que supuso su reforma en 2012 por el Gobierno del PP y volviendo a la esencia de independencia de la Ley de 2006 del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La elección de los órganos directivos de la Corporación (presidente y Consejo de Administración) por mayoría simple gubernamental y sin consenso alguno ha traído consigo consecuencias gravísimas para el servicio público en estos cinco años transcurridos: no solamente la vuelta a la manipulación gubernamental sistemática en la información e incluso en las campañas electorales, sino también el hundimiento financiero de RTVE, con un recorte de más del 25 % de sus presupuestos.

La radiotelevisión estatal ha perdido en el camino más del 50 % de sus audiencias, y su liderazgo tanto en informativos como en todas las franjas horarias para todos los tipos de público; especialmente, ha recortado en casi un 30 % sus inversiones en producción audiovisual y ha marginado su papel como escaparate promocional insustituible de la cultura española.

En este periodo también ha ido creciendo el clamor ciudadano por una regeneración democrática del servicio público, desde el Comité de Informativos, con sus denuncias constantes, a las firmas masivas de trabajadores de la casa, a entidades sociales de todo tipo como ‘Teledetodos’ y a los programas electorales de todos los partidos de la oposición.

Por procedimiento de urgencia, como corresponde a un tema tan grave y terminal, todos los grupos parlamentarios, con el apoyo reticente del PP, han acordado ahora restaurar la mayoría de dos tercios para los nombramientos de la cúspide de la Corporación, añadiendo un procedimiento de selección a través de un concurso público y de una comisión de expertos; y, como previsión para evitar los bloqueos de un partido, si no se alcanzara esa mayoría reforzada, se exigiría al menos el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios presentes en la cámara.

Reformas legales

Buena parte de esas precauciones ya figuraban en las recomendaciones del Informe del Consejo para la Reforma de 2005, pero fueron ignoradas o deformadas en las sucesivas reformas legales. Si se cumplen las previsiones de aplicación de esta reforma en tres meses a partir de la presumible aprobación de la ley en septiembre, comenzará apenas un largo camino necesario: apertura de la gestión a la participación intensiva de la sociedad civil; restauración de un modelo financiero viable y suficiente; renovación del mandato marco y aprobación del contrato programa, con definición precisa de las misiones del servicio público, con especial atención a las culturales; carrera profesional objetivada interna; potenciación de un servicio público multiplataforma y multimedia…

La regeneración democrática y la proyección on line de RTVE serían además un espejo insoslayable para las radiotelevisiones autonómicas, que han copiado a pequeña escala los peores vicios estatales, especialmente la gestión clientelar de los gobiernos locales, con casos extremos de externalización y privatización total de sus funciones públicas, mermando asimismo en casi un 50 % en estos años de crisis su papel motor de las culturas españolas.

 

(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y miembro del Consejo del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Fundación Alternativas.

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

Akhter-Solar-2Un operario instala placas solares en un tejado.

 

Sin duda España es un país de contrastes. A pesar de ser uno de los países que disfruta de más horas de sol del mundo, estamos a la cola en su aprovechamiento. Alemania, con muchas menos horas de sol, tiene instalada ocho veces más energía solar fotovoltaica que España. Hay varias razones que explican esta paradoja. Una de ellas tiene que ver con las enormes dificultades existentes para autoabastecerse energéticamente en España. En países vecinos como Portugal o Francia, no sólo no se dificulta este tipo de instalaciones, sino que se promueven. Y lo hacen por varias razones: económicas (reducción de la factura energética individual y colectiva, como país), ambientales (reducción de la contaminación y lucha contra el cambio climático) y sociales (creación de empleo e innovación industrial).

En estos momentos en los que los ministerios de Energía y Medio Ambiente están trabajando en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética es bueno echar un vistazo a estos países y ver qué podemos aprender de estos casos.

Consenso político y seguridad jurídica: Tanto en Portugal como en Francia las leyes energéticas cuentan con el apoyo de la mayor parte de los partidos políticos. Los objetivos de producción con fuentes de energía renovables y de descarbonización del sistema han sido negociados y debatidos y han contado con la participación de la ONGs, sindicatos, empresas, gobiernos locales y regionales y demás grupos interesados en el tema. Los costes del sistema se analizan con cuidado y la tarifa se calcula en función de costes reales. En Francia se lleva hablando de este tema (y de otros muchos relacionados con la economía verde como la protección de la biodiversidad, los edificios bajos en consumo de energía y otros) desde 2007, momento en el que el presidente Sarkozy comienza un proceso de diálogo social sobre la relación entre la economía, la sociedad y la ecología en Francia denominado Grenelle de l’Environnement. Ocho años después, en 2015, y con otro gobierno en el poder se aprueba la nueva Ley de Transición Energética francesa que establece el objetivo de reducir un 25% de producción nuclear del país y el compromiso de producción de un 40% de energía con fuentes de energía renovable en 2030.

Creación de empleo y desarrollo industrial: Una de las razones por las que en Portugal se ha mantenido el apoyo a las renovables incluso durante los peores años de la crisis económica ha sido el enorme potencial de creación de empleo descentralizado y no deslocalizable de este tipo de instalaciones. Más de mil pymes se dedican a la instalación y mantenimiento de las pequeñas y grandes instalaciones fotovoltaicas que existen a lo largo del país. Además, el sector empresarial cuenta con la confianza que da la estabilidad legislativa existente en relación a la política energética. En otras palabras, no tienen miedo a continuar sus inversiones en el sector porque saben que la ley no cambiará mañana. Esta es una diferencia fundamental con el caso español, donde la inestabilidad normativa ha reducido el atractivo del mercado renovable a niveles mínimos (en 2016 España se situaba en la posición 28 de 40 países analizados por E&Y, por debajo de países como Turquía, Filipinas, Marruecos o Egipto). El resultado en empleo ha sido devastador. España destruyó prácticamente la mitad del empleo en el sector, pasando de 143.000 personas empleadas en 2008 a 75.000 en 2015. En Alemania la política de transición energética conocida como Energiewende también fue aprobada con un amplio consenso político del parlamento, que tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011 puso fin al cierre de todas las nucleares en 2022 y propuso que el 80% de la electricidad fuera producida con renovables en 2050.

El papel de los gobiernos municipales: En Alemania la revolución energética renovables ha sido liderada por los gobiernos municipales que tradicionalmente han apostado y apoyado el autoconsumo descentralizado en tejados de edificios y granjas en primer lugar y a través de las ‘huertas solares’ más tarde. El ayuntamiento de Múnich fue uno de los primeros en hacerlo. Para ello se 'remunicipalizó 'la empresa eléctrica, lo que permitió apostar por las renovables. Y se hizo por una cuestión económica y de creación de empleo. Muchos municipios le siguieron y se transformaron en grandes productores renovables que ahora ‘exportan’ su energía a poblaciones vecinas menos avanzadas en el camino renovable.

Innovación empresarial: Alemania sigue siendo un país innovador en este campo, no sólo en el desarrollo de la tecnología, sino también en la relación entre productores y consumidores. Por ejemplo, la empresa EON está fomentando el autoconsumo entre sus clientes haciendo uso de las posibilidad que abre la economía digital a través de su servicio SolarCloud, por el que sus clientes pueden utilizar una cuenta de electricidad virtual para almacenar la energía producida y consumirla en el momento que la necesiten. Pueden utilizar la energía para recargar el vehículo eléctrico por ejemplo, compartir la energía producida con amigos o venderla a los vecinos. En Francia, EDF ha lanzado su servicio integral para proyectos energéticos para hogares y empresas que tiene al autoconsumo (con energía solar o eólica) como eje. Existe una garantía de compra por parte de EDF de la electricidad sobrante. Los autoproductores firman un contrato con la empresa 20 años. En Portugal EDF ha diversificado su negocio y ofrece instalaciones de autoconsumo, movilidad eléctrica y auditorías energéticas para hogares y empresas.

Una legislación sin trabas: El elemento fundamental en los tres casos ha sido la normativa que facilita, no dificulta, el autoconsumo energético. En Portugal las instalaciones más pequeñas (hasta 1,5 kW) no necesitan ningún trámite, las medianas (hasta 200 kW) sólo necesitan comunicación previa (que puede hacerse por internet) y las grandes sólo deben informar a la empresa eléctrica. Se ha previsto que exista un impuesto que deberán pagar las instalaciones que autoconsuman una vez que este tipo de instalaciones superen el 3% del total de la energía instalada, que no resulta desincentivador en ningún caso. Se calcula que para una vivienda sería de unos 3 € al año. En Francia se están dando ayudas de 1.200 € a lo largo de 5 años para las instalaciones pequeñas (hasta 3 kW) y de 10.000 € para las más grandes, y existe un marco de licitación para instalaciones de autoconsumo. Otro de los elementos interesantes aprobado en Francia es la posibilidad de que existan instalaciones de autoconsumo colectivo, lo que permite que comunidades de vecinos puedan autoconsumir la energía de sus instalaciones solares integradas en sus azoteas.

¿Y España? Aquí sin embargo varios elementos de la normativa actual desincentivan las inversiones: largos y complicados trámites administrativos, la necesidad de instalar doble contador y por supuesto el peaje de respaldo (también conocido como impuesto al sol) impiden de facto este tipo de instalaciones. En cualquier caso, lo más complicado es la incertidumbre normativa. El tribunal constitucional ya ha puesto en entredicho varias secciones del RD 900/2015. ¿Quién va a querer invertir bajo un marco regulatorio cambiante? Casi nadie. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), sólo se han registrado 16 MW de autoconsumo, el 0,01% del consumo eléctrico total. Se calcula que el saldo positivo en retornos fiscales y costes anuales evitados al Estado supondrían 73 M€ de la instalación de 100 MW al año de este tipo de proyectos.

Nuestros vecinos ya han demostrado que las instalaciones de autoconsumo no sólo no son perjudiciales para el sistema energético del país, sino que pueden ayudar (y de hecho son claves) para avanzar en la transición energética, hacer posible la innovación tecnológica y luchar contra el cambio climático. Entender el acceso, la producción y el consumo de la energía como un derecho de todos permitiría encontrar soluciones de consenso que beneficiarán a la mayoría y que colocarán a España en la senda de la innovación, de la creación de empleo verde, de la lucha contra la pobreza energética y la reducción de la contaminación.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

La ley del embudo

Por: | 21 de junio de 2017

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

CongresoEl Congreso de los Diputados, durante una sesión plenaria.

 

La famosa ley del embudo es bien conocida por la ciudadanía. Se trata de aplicar la parte estrecha a los demás, y ser generoso con la parte ancha reservándola para los  asuntos propios. Está pues claro, que es una ley (en toda la extensión de la palabra) contradictoria, ya que atenta contra la igualdad de las situaciones. Tan meridianamente clara es para todos, que multitud de ejemplos, sujetos a esta máxima pendular, son enunciados todos los días.

Si lo acercamos al terreno político, pienso que encontraremos terreno abonado para la desafección política de la que tanto se habla; a veces, la gente, cuando se para a pensar en estas cosas, piensa que se trata de una tomadura de pelo, y es que tiene toda la pinta. Cuando un determinado asunto beneficia a un partido, es aumentado aún a riesgo de severa exageración por sus partidarios; mientras que cuando cambian las tornas, se produce el fenómeno contrario. Epítome de lo antedicho, el famoso “y tu más”, que repele ya hasta la infancia más ingenua, experta, como es, en la materia por ser manifestación del más puro infantilismo.

Por tanto, si buscamos motivos, pues la verdad es que sobran. La política no es una actividad transparente ni en el desarrollo de sus procesos, ni en sus porqués, ni en sus resultados; está claro que se trata de un entorno difícil de aprehender. Tampoco existe una voluntad pedagógica sostenida para ayudar en su explicación, y como siempre suele ocurrir, a quien no se conoce tampoco se le aprecia; así que la política sigue sobrellevando la letra escarlata que la señala como una actividad turbia.

La desproporción, o incluso podemos decir que la extremosidad, de este campo de actuación es enorme; pongamos por ejemplo las comisiones de investigación parlamentarias. Estaríamos todos de acuerdo en que conocer la verdad de los hechos es un valor. Es, además, síntoma de ser una democracia de mayor calidad, tener acreditada la realidad con certezas, no sólo para depurar responsabilidades, sino también para evitar la repetición de hechos reprobables. Pues bien, aunque la mayoría de la ciudadanía firmase esta afirmación, cuando se concreta en la formación de una comisión de investigación parlamentaria se constata todo lo contrario.

Es decir, como cuando existe una mayoría partidaria de un partido, sea el que sea, bloquea sin piedad un instrumento de control por parte de la asamblea; si nos situamos, por el contrario, en un caso similar, pero que afecte al partido que en momento se negó, pero ahora la cuestión a investigar afecta a los demás, surgen rápidas las voces que piden que ahora sí se investiguen los hechos por los representantes de los ciudadanos; y se recibe la misma respuesta, si se cuenta con mayoría suficiente , es decir la obstrucción a su formación y desarrollo.

La gente se acaba preguntando ¿pero se quiere conocer la verdad política de los asuntos o no? El sentido común, obviamente se resiente ante estas actuaciones. Siguiendo con ejemplos parecidos, ahí están los juicios antagónicos de según y cómo por parte también de nuestros políticos, para hechos parecidos; unas veces son nimiedades, frente a otras que son atrocidades. Esta comparativa también salta a la vista y al oído del sufrido ciudadano; porque además en la mayoría de los casos, tanto cuando son bagatelas, como cuando sobre todo son ‘crímenes’, las declaraciones de nuestros políticos van acompañadas de epítetos épicos que no corresponden, casi se podía decir, con los de una persona sensata, del tenor “es el peor atentado contra nuestra democracia o similar, un día sí y el otro también. Y la gente juzga esta representación, corriéndose el riesgo de reproducir el famoso cuento de Pedro y el lobo…

Amistades peligrosas

No hace falta utilizar más ejemplos para ilustrar el argumento en cuestión, pero lo mismo ocurre cuando reaparece el pasado de algunos, dependiendo de quiénes se trata, amigos o enemigos, el pasado nunca vuelve, o bien el pasado explica y condiciona el presente y el futuro. Ligado con ello, aunque no necesariamente, están también las amistades fuera del entorno político, que pueden pasar de ser peligrosas o un gran apoyo, dependiendo del cristal con que se mire.

En definitiva, ese doble rasero de medir es percibido por la ciudadanía como algo anómalo –descarto de este grupo a los forofos a muerte de cada uno de los partidos, que acaban justificando todo, como ocurre con los hinchas de los equipos de fútbol-; y acaba siendo un indicador de alejamiento entre representantes y representados.

Justo en el momento en que se conmemoran los cuarenta años transcurridos desde las elecciones de junio de 1977, uno de los comentarios que más llama la atención al ver repasados en perspectiva comparada el hoy con el aquel entonces, es como las personas que votaron con ilusión hace 40 años y que hoy muestran abiertamente el desencanto. Evidentemente no todo se debe al argumento que hoy aquí se desarrolla, pero es evidente que el vacío que se va expandiendo entre unos y otros, tiene que ver con un desajuste entre el sentido común que se espera de las conductas de los demás, y lo que obtiene en verdad.

Se ha hablado y escrito mucho acerca de la cultura política de los españoles, y de sus dimensiones: cognitiva, afectiva y evaluativa; hemos tenido que aprender sobre la marcha sobre los fenómenos políticos, y más rápido que nuestros vecinos europeos más adelantados, pero tampoco nos han ayudado mucho quienes más debían estar interesados en elevar el nivel: nuestros partidos y nuestros políticos. También hay que recordar que todos pertenecemos a la misma sociedad, es decir que todos formamos parte de un grupo que comparte tanto lo bueno como lo menos bueno, en el sentido de que toda la culpa es intrínsecamente suya. Creo que justo ahora que andamos de aniversario, podrían dedicar unos minutos, al menos, a pensar en estas cuestiones.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. 

Tres aprendizajes de la transición verde en Dinamarca

Por: | 09 de junio de 2017

MIKKEL LARSEN (*)

 

Energias-renovables-dinamarca-500x327Parque eólico marino en Dinamarca.

 

En Dinamarca llevamos más de cuatro décadas inmersos en una transición energética que ahora tiene como objetivo final llegar a ser independientes de los combustibles fósiles en el 2050. El proceso nos ha dejado tres aprendizajes principales, digamos tres necesidades: la de tener una visión a largo plazo, la de tener unas políticas de consenso y la de implicar a los ciudadanos en el proceso.

Nuestra transición verde empezó con la Crisis del Petróleo en el invierno del 1973, que golpeó especialmente fuerte a nuestro país. Dinamarca en aquel entonces dependía de importaciones que eran más del 95% de su consumo energético. Todos los que vivieron aquella crisis recuerdan los domingos sin coches y los racionamientos de combustible para la calefacción. Fue un despertar brusco, y la sociedad danesa empezó a buscar un cambio en el sistema energético enfocado a garantizar la mayor independencia energética posible.

Nuestras políticas energéticas desde entonces se han basado sobre todo en dos pilares: por un lado, un uso más inteligente y eficaz de la energía. Por otro, el uso de energías autóctonas. En nuestro caso, ésta principalmente ha sido la energía eólica, así como el gas y el petróleo de nuestras explotaciones en el Mar del Norte.

Una mirada más allá del horizonte

En general ha sido un proceso con grandes avances, pero también con altibajos y con aprendizajes importantes para Dinamarca. De ellos destacaría los tres factores mencionados antes, que hemos llegado a considerar como claves a la hora de llevar a cabo nuestra transición energética:

En primer lugar, es necesario tener una visión estratégica a largo plazo para saber hacia dónde quieres ir y cómo llegar. Un sistema energético no se cambia de un día para otro. Hay instalaciones e infraestructuras ya en funcionamiento, y hay que preparar bien los cambios y dedicar el tiempo necesario para implementarlos. Existe también una curva de aprendizaje y de adaptación e integración de nuevas tecnologías donde no siempre conviene tener prisa.

Al mismo tiempo, esta planificación con la mirada más allá del horizonte aporta estabilidad a las empresas, no solamente en el sector de la energía, ya que les permite planificar también sus inversiones a largo plazo.

En Dinamarca, nuestra visión actual llega hasta el 2050. A principios del siglo vimos que nuestras reservas en el Mar del Norte empezaban a descender y que nuestra dependencia iba a aumentar de nuevo. Para evitarlo, nos propusimos en el 2010 el objetivo de tener a mediados del siglo un sistema energético basado 100% en energías renovables.

Para cumplir con esta meta hemos diseñado una primera fase donde trabajamos para avanzar aún más en eficiencia energética y en la expansión de las energías renovables. A partir de la década que viene, entraremos en una segunda fase enfocada en la electrificación del sistema energético y el desarrollo de redes y sistemas inteligentes.

Y para garantizar que sigamos el camino y que lleguemos a la meta final, nos hemos propuesto también objetivos intermedios. Esto me lleva al segundo factor:

Acuerdos políticos amplios

Es importante tener unas políticas de consenso, de Estado, para garantizar el cumplimiento de la hoja de ruta. En Dinamarca llevamos 100 años sin un Gobierno de mayorías absolutas, por lo que los gobiernos daneses siempre están obligados a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Según nuestras experiencias, estos acuerdos aportan más estabilidad al sistema a medio y largo plazo, puesto que un nuevo Gobierno no cambia radicalmente determinadas políticas al llegar al poder, si antes ha formado parte de un acuerdo amplio sobre el asunto.

En el 2012, un 95% del Parlamento danés aprobó un plan energético con objetivos intermedios para 2020. Estipula que a finales de la década deberemos tener un 35% de la demanda energética cubierta por renovables y un 50% de energía eólica en el mix eléctrico, y deberemos reducir en un 34% las emisiones de CO2.

Este otoño, el actual Gobierno danés comenzará las negociaciones con los otros partidos para definir los nuevos objetivos para 2030, que nos mantendrán en la senda del cumplimiento de nuestro objetivo para 2050. La intención inicial del gobierno es llegar entonces a cubrir un 50% de la demanda con energías renovables.

Empoderamiento de los ciudadanos

Finalmente, el tercer factor clave es la implicación de los ciudadanos en el proceso. Aquí no solamente se trata de informar a los ciudadanos sobre los beneficios de ahorrar energía y apostar por las energías renovables, sino también de implicarlos en el diálogo sobre proyectos concretos desde el principio. Por ejemplo: Cuando se planifica un nuevo parque eólico, es importante invitar a todos los ciudadanos de la zona a participar en el diálogo sobre dónde y cómo construir el parque. Al mismo tiempo, es importante darles compensación por las pérdidas de valor de sus casas y darles la posibilidad de participar económicamente en el proyecto, o bien a través de cooperativas o como inversores privados. 

Desde 2011, por ley tiene que haber en Dinamarca un 20% de participación local en los proyectos eólicos, tanto en tierra como ‘offshore’ cerca de las costas, y a precio de coste. Esta participación lleva a un mayor empoderamiento y, por consiguiente, a una mayor aceptación de los proyectos por parte de la ciudadanía.

Creemos que esta implicación ciudadana es un factor importante para que un 67% de los daneses apoye la instalación de más aerogeneradores en tierra en Dinamarca, mientras solamente un 14% está en contra, según una encuesta reciente.

Un buen ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ayudar a avanzar la transición energética lo vemos en la isla danesa de Samsø. En 1998, un grupo de habitantes decidió que su isla tendría que ser independiente de combustibles fósiles en el 2030. Entraron en diálogo con las autoridades locales, crearon cooperativas y pusieron aerogeneradores y células solares que hoy en día cubren un 308% del consumo de electricidad en la isla.

El excedente se vende a través de un cable a la península de Jutlandia. Pero los isleños no han parado ahí. En los últimos años, han cambiado su enfoque para integrar a los ciudadanos aún más en el desarrollo del uso de biomasa y biogás para también descarbonizar completamente la calefacción y el transporte en la isla.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero las buenas noticias del ‘microlaboratorio’ de Samsø nos dan la confianza de que el resto de Dinamarca pueda seguir su estela y que podamos cumplir con nuestro objetivo de ser 100% renovables en 2050.

 

(*) Mikkel Larsen es agregado de Comunicación en la Embajada de Dinamarca en España @mikkellarsen_

Conectarnos con la naturaleza a través de la cultura

Por: | 05 de junio de 2017

(*) INMA BALLESTEROS Y ANA BELÉN SÁNCHEZ

 

Qeros

 

El 5 de junio celebramos el día mundial del medioambiente. Este mismo día hace 45 años se iniciaba la Conferencia de Desarrollo Humano en Estocolmo. Era la primera vez que la comunidad internacional se reunía para hablar sobre medioambiente y buscar soluciones a la ya entonces creciente degradación ambiental. Fue un momento determinante en el desarrollo de políticas sobre protección del medio ambiente: se aprobó la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), se comenzó el primer Programa de Acción Ambiental de lo que entonces era la Comunidad Europea, y se iniciaron los esfuerzos por entender mejor y encontrar soluciones a problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la desertificación.  

Once años después, en 1983, el llamado Informe Brundtland definía un nuevo concepto, el de desarrollo sostenible, por el que se trataba de reconciliar el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales del planeta y el bienestar de todos sus habitantes, presentes y futuros. Hablamos a partir de entonces de los tres pilares del desarrollo (económico, medioambiental y social). A partir de ese momento el nuevo concepto de desarrollo sostenible se convierte progresivamente, aunque más en la teoría que en la práctica, en el objetivo final de las políticas de todos los países del mundo.

No obstante, y atendiendo a la complejidad del concepto desarrollo, UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible demandaron la inclusión de la cultura como cuarto pilar. Hasta ahora la cultura había sido considerada como parte del pilar social, hablándose de la sostenibilidad socio-cultural.

Es asumido que la cultura cubre todos los aspectos de la vida, incluidos los sociales. Habermass ya entendió el mundo de la vida asumiéndolo desde el punto de vista del individuo, de la cultura y de las sociedades, pues entre la cultura y las sociedades se produce una interacción continua. En este sentido, sabemos que la cultura moldea y articula el concepto de desarrollo y es imprescindible tomarla en consideración en cualquier acción que se quiera llevar a cabo. Uno de los múltiples estudios llevados a cabo para evidenciar la interrelación de la cultura con la sostenibilidad fue liderado en 2015 por la Universidad de Jyväskylä en Finlandia[1].

En el documento se destaca el poder de influencia de la cultura para contextualizar e interrelacionar los otros tres pilares del desarrollo, pues es la cultura la que proporciona contenido y significado a la acción del hombre sobre la tierra. Además, se pone en evidencia que la cultura es la raíz de la toma de decisiones, y este rol es fundamental para plantear un nuevo concepto de desarrollo al que debemos aspirar.

Por ello es necesario un enfoque de doble vía, por un lado de carácter sectorial implicando a los diferentes ámbitos de la creación, y por otro reclamando la presencia de la cultura en las políticas públicas económicas, sociales y medioambientales. Hay que destacar que las políticas públicas más efectivas han recibido informes sobre los aspectos culturales implicados, mejorando los resultados al entender de manera más profunda el contexto de aplicación[2].

Aún queda un largo camino para incorporar a las políticas públicas en España este doble enfoque sobre cultura y sostenibilidad. Por un lado sería necesario que las instituciones culturales redujeran su impacto ambiental y se comprometieran a reducir paulatinamente sus emisiones contaminantes, involucrando a su público y usuarios en este camino. Nuestro país es un referente cultural en el mundo y miles de personas visitan cada día nuestros museos, nuestras bibliotecas y centros culturales, teatros y demás centros de artes escénicas.

Aprendizaje y conocimiento

Tenemos una oportunidad de oro para que estos lugares se conviertan en altavoces y sirvan como lugar de aprendizaje y conocimiento sobre sostenibilidad. Podemos aprender de otras experiencias. El Museo Británico, por ejemplo, ha incluido la protección de la biodiversidad, el paisaje y la naturaleza, la reducción de la energía, el uso de energía solar y el reciclaje como elementos claves en la gestión y diseño de sus instalaciones. Lo ha hecho además involucrando a sus trabajadores y ampliando sus derechos ambientales en el lugar de trabajo.

Por otra parte, es imprescindible integrar la cultura en las políticas públicas en España para revertir el nivel de degradación ambiental de muchos de nuestros ecosistemas: alrededor del 50% de nuestros recursos hídricos se encuentran en mal estado[3], en gran medida debido al excesivo uso de productos químicos agrícolas. El 99% de los españoles[4] respiran aire contaminado cada día y las emisiones de CO2[5] y otros gases responsables del cambio climático han subido de nuevo.

Necesitamos cambiar nuestra relación con la naturaleza y pasar de ver  nuestros ecosistemas como proveedores ilimitados de recursos (agua, alimentos, energía) a respetar los tiempos de regeneración de cada ecosistema, mucho más largos que nuestro usar-y-tirar y reconocer que nuestra supervivencia depende de su buen estado.  Se trata pues, de cambiar nuestra forma de desarrollo y ‘conectarnos con la naturaleza’ tal y como nos recuerda Naciones Unidas en el día de hoy.

Queremos dejar constancia de que la evolución de la sociedad debe ir enfocada a un modelo más sostenible. Esto implica romper con moldes devastadores en lo económico y alienantes en lo cultural. Es necesario trabajar conjuntamente por una modernidad basada en el paradigma de la sostenibilidad y reconectar al ser humano con la naturaleza, integrando la diversidad cultural de los pueblos y utilizando una nueva cosmovisión como elemento articulador de una práctica cultural más inclusiva.

 

[1] Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability. University of Jyväskylä, 2015.

[2] Politics, policy and culture, Coyle, B. and Ellys,R. Westview Press, 1994.

[3] Informe sobre sostenibilidad en España 2016, Fundación Alternativas, 2016.

[4] Calidad del aire en el Estado español 2015, Ecologistas en Acción, 2015

[5] Inventario Nacional de Emisiones 1990-2015, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, 2017

 

(*) Inma Ballesteros es directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas y Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

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