40 Aniversario

La libertad de expresión en España

Por: | 02 de mayo de 2016

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

 

IniErrejon e Iglesias, juntos en el Congreso de los Diputados

La presentación en el Congreso de los Diputados, el último día de sesión antes de su disolución del 3 de Mayo, de tres proposiciones no de ley (PNL) por el grupo parlamentario Podemos-En Comú y Podemos-Em Marea, sobre “políticas mediáticas” ha agitado el debate sobre el estado de la libertad de prensa en España, aunque tal iniciativa sea sólo simbólica y no vaya a tener efecto legislativo alguno. Sobre todo, ha activado de nuevo las acusaciones más groseras de muchos políticos y medios de comunicación contra Podemos como partido que ataca la libertad de expresión, que arreciaron ya con ocasión de la conferencia de Pablo Iglesias en la Universidad Complutense, en la que criticó a periodistas concretos y a sus presuntas presiones empresariales. Las alusiones a Venezuela, Cuba o incluso Corea del Norte han vuelto reiteradamente a las voces de comentaristas y tertulianos.

La debilidad de estas tres PNL presentadas en el último minuto es, ciertamente, que levantan la sospecha de responder a la autocrítica parcial de Pablo Iglesias por esa torpe alusión personalizada, que hubiera ganado toda legitimidad en caso de plantearse en términos estructurales, sobre un sistema de medios de comunicación profundamente deteriorado en términos democráticos, en el polo público y privado, en los últimos años. Aunque inician tímidamente el debate general que anunció a continuación Carolina Bescansa, sobre el pluralismo en la comunicación social.

La primera proposición afecta a la agencia EFE, de la que se propone un estatuto legal democrático que cumpla el artículo 20 de la Constitución (regulación de los medios públicos, acceso ciudadano, control parlamentario), y dote de independencia a la agencia, poniendo fin “a su control gubernamental y su opacidad”. Se reiteran así simplemente las conclusiones del Informe del Consejo para la Reforma, nombrado por el Gobierno Zapatero en 2004-2005, que reclamó una legislación democrática y de participación social para EFE, que nunca después se ha llevado a cabo, ni por el gobierno socialista ni por el del PP.

La segunda PNL presentada se refiere a un “programa de democratización” del espacio radioeléctrico, que critica la gubernamentalización y opacidad del reparto de frecuencias de radio y televisión, incluyendo la última realizada por el Gobierno de Rajoy en la precampaña electoral del 20-D, para reclamar la creación de un Consejo Estatal del Audiovisual (exigido en la Ley General del Audiovisual de 2010) que nunca ha llegado a constituirse. Al mismo tiempo, reclama reglas que limiten la propiedad cruzada, entre radio y televisión a futuro.

La tercera PNL está aun más justificada, al centrarse en un “programa de fomento del Tercer Sector” o radiotelevisiones comunitarias, que el Gobierno socialista encosertó primero en la Ley General Audiovisual de 2010 (art. 32) incumpliendo la promesa de que el Estado garantizaba la “disponibilidad del dominio público radioeléctrico”, y que el Gobierno de Rajoy ha ignorado completamente en el Plan Técnico Nacional de TDT de 2014 (RD 805/2014).

En suma, las tres PNL de Podemos responden a puntos negros evidentes de nuestro espacio público. Pero apenas alcanzan a las reivindicaciones parciales de un programa socialdemócrata moderado y hasta light: porque no tocan la sistemática manipulación de RTVE y de muchas RTV autonómicas en los últimos años, con la consiguiente profunda degradación del servicio público, ni al nefasto duopolio consolidado en la televisión por Mediaset y Atresmedia (85´7 % del mercado publicitario). Elementos estructurales graves todos ellos que están perjudicando seriamente la calidad, el pluralismo y la diversidad española, y no sólo ni principalmente en el ámbito electoral, sino en cuanto al pluralismo ideológico y social, y a la propia industria cultural y creativa.


Escandalizarse por estas manifestaciones, como han hecho incluso políticos socialistas de primera fila y, por supuesto, los grandes medios de la derecha española, implica así todo un acto de hipocresía neocon ejercido sobre la libertad de expresión. Pero el debate sobre la esfera pública y su degradación contemporánea seguirá: está ya en la agenda social de muchos países latinoamericanos, en donde se apela contra la concentración excesiva de los medios, e incluso resurge en los EE.UU, con voces autorizadas como la de Philip Napoli.

 

(*)Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Adiovisual en la UCM

Dimitiendo, que es gerundio

Por: | 27 de abril de 2016

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Grana

 José Torres Hurtado (PP) ha sido el último alcalde en dimitir

 

Tengo la impresión que el término dimisión es uno de los que más se oyen últimamente, y menos se comprenden. Una suerte de leyenda urbana sostiene que en España no se dimite como en otros contextos democráticos más consolidados; que este hecho tiene mucho que ver con una cultura política autoritaria heredada del franquismo. Y que entre ese legado, y el condicionante mediterráneo que identifica a los pueblos meridionales como aquejados de falta crónica de dimisiones, pues que esto no está bien, y que no sabemos para cuándo cambiaremos y nos homologaremos con los espíritus anglosajones y septentrionales que de esto nos dan tantas lecciones.

Dándole vueltas al asunto, rápidamente surge la necesidad de aclarar conceptos y, lo más importante visto lo visto, desentrañar confusiones fruto tanto de la ignorancia, como del interés de cada uno, lo que produce una mezcla bastante explosiva. Hay que empezar reconociendo la existencia de uno de los elementos más turbadores en este panorama que denunciamos, que es la presencia de la corrupción como un faro, más fijo que intermitente, en nuestra ración diaria de información ciudadana. No se puede ahondar aquí y ahora en un fenómeno tan complejo como el mencionado; sólo recordar que la corrupción y su percepción dependen de los estándares sociales, y que su clasificación conocida por colores (blanca, gris o negra) hace que las conductas afectadas recorran un espectro que va desde la comprensión, a la mirada cómplice, o a la condescendiente, hasta el grueso del código penal. Esta larga línea dificulta mucho la apreciación adecuada de lo que realmente significa dimitir en el sentido de asunción de la responsabilidad política que es de lo que se trata.

Los políticos son personas como nosotros hasta un cierto punto. Cuando son elegidos con nuestros votos, como nuestros representantes, y en virtud del juego parlamentario, algunos incluso forman parte del poder ejecutivo y dirigen la política nacional e internacional de nuestro país, se instalan en una estructura de privilegios para poder llevar a cabo su cometido; luego dejan de ser exactamente como nosotros por el tiempo que dure su dedicación. Por tanto, se hacen deudores nuestros y han de actuar con provecho, probidad, competencia y eficacia por el bien común –o al menos intentarlo-; nosotros depositamos en ellos una confianza que deben respetar; por todo ello también, deben conducirse con ejemplaridad, actuando como los mejores de nosotros tanto en el mejor desempeño de su tarea concreta en términos técnicos como morales: en una palabra como los más aptos.

Todo ello sin olvidar su falibilidad, en definitiva, su humanidad; sus errores, o bien que andando el tiempo se den cuenta que no están capacitados para el cargo que aceptaron; todo eso lo sabemos, y lo comprendemos: ha llegado el momento de irse, de dimitir, antes de que esa situación se prolongue indebidamente en el tiempo y es mucho peor para el interés general. Recapitulando, se habla de dimisión de un cargo público, designado o electo, cuando fundamentalmente, algo que se descubre, quiebra aquella confianza que se citó con anterioridad, y se realiza de ese modo un ejercicio de responsabilidad política.

Pero aquí es donde comienzan los problemas que complican la situación, porque lo dicho en el párrafo anterior no se entiende o no se quiere entender. A partir de aquí, se inicia una especie de ceremonia de la confusión, donde entre otros laberintos, está aquel que confunde la responsabilidad política con la responsabilidad penal.

Por la extensión de estas líneas, no se puede entrar en si es deliberada o fortuita, pero ahí está incontestable, creando un bucle de confusión severo. La responsabilidad penal, ligada a la comisión de un delito, es general de todo ciudadano; la responsabilidad política es solo para los que ejercen un cargo público en cualquiera de sus variantes.

La política es el ámbito de la toma de decisiones entre alternativas, por tanto puede caber una u otra; se calculan cuestiones como la oportunidad y la discrecionalidad; y ahí por lo menos, está el punto que luego habrá que valorar. Cuando hay una sombra de duda sobre algún asunto, se dicen frases que, dan la impresión de que han copiado cien veces como en el colegio: soy inocente, todo lo que hecho es legal; luego si las cosas se complican, es cuando aparece aquello de no me consta, o no me acuerdo bien, o para llegar al punto de no retorno, que es no me acuerdo y punto.

Este aturdimiento crea un reduccionismo perverso, que acaba equiparando dos cosas que en nada se parecen. La función principal del ejercicio de la dimisión como expresión del ejercicio de la responsabilidad política es que uno valora que no está en condiciones óptimas para seguir al servicio del bien general; solo se trata de retirar aquella confianza de la que hablábamos antes.

En definitiva, hay que corresponder con respeto a los ciudadanos; es una práctica honrosa, que no debe significar la muerte política de quien la ejerce; es un comportamiento ejemplar para otros y para todos; y vista de este modo, es una sanción suficiente, ya que sin duda supone un traspiés profesional y un desgarro personal, pero dignifica. Se responde por un error, por un fracaso, por una incompetencia, a veces ni siquiera son propios. Pero todo esto aquí no se entiende de esta manera, como es notorio.

Pero también porque el político en trance de dimitir no está solo; está su partido, y están los dirigentes de su partido; y por supuesto, está la oposición. El papel de esta es relativamente sencillo y comprensible; pero el de los anteriores es complejo. A veces, el interesado quiere dimitir pero no es el momento para su organización en general, o para sus líderes en particular; con el agravante de la situación puede cambiar, y resultar rentable que se vaya, y entonces todo se precipita. Por ello, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad/culpa en todos estos asuntos que estamos tratando aquí. Como se dice en la calle, todo esto se lo tienen que mirar por el bien de todos, y desde luego por el de ellos mismos.

 

(*) Paloma Román Marugán es doctora en Ciencias Políticas

Intermitencia versus temporalidad

Por: | 25 de abril de 2016

IÑAKI GUEVARA (*)

 

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Laia Marull protagoniza la versión catalana de 'La llista'

 

Las pasadas elecciones generales para la Unión de Actores y Actrices fueron un hito. Conseguimos reunirnos con todos los partidos políticos y comprometerles en la necesidad de un cambio de la regulación de artistas, creadores y trabajadores del espectáculo Esta labor implica crear un Estatuto del Artista (y del creador, intérprete, técnico...). El cual ha de tener en cuenta dos elementos:

El primero de ellos es que intermitencia no es sinónimo de temporalidad. La temporalidad en el empleo es una de las características, pero también lo es la inseguridad del mismo: La jornada diaria de trabajo puede hacerse dentro de las 24 horas, así como realizar una semana de trabajo sin interrupción y sin festivos. También debemos siempre tener en cuenta desplazamientos fuera del domicilio tanto en giras teatrales como en rodajes. El artista ha de estar continuamente en formación e investigación de nuevos proyectos y tener en cuenta que en los ensayos se cobra una parte mínima del salario. Por lo tanto, el concepto de la intermitencia supera el empleo formal y define la actividad artística.

El segundo elemento es que la intermitencia es la forma laboral de los artistas hasta en el mejor de los mundos posibles. No depende de la coyuntura económica del momento ni del modelo productivo, los condicionantes externos mejoran o empeoran las condiciones del empleo pero no modifican su naturaleza. Como solemos defender: “Hasta en el mejor de los mundos las obras de teatro se acaban”.

Nosotros proponemos que los trabajadores artísticos dispongan de una prestación por desempleo específica que reconozca la intermitencia del empleo formal y lo complemente, un modelo que en  Francia  existe    desde    hace      varias    década. 

El trabajador cotizaría a la Seguridad Social, como ya hace, y cuando su empleo formal finaliza, recibiría el desempleo de manera inmediata, permitiendo un modelo de ingresos estables. 

Este modelo permite desterrar la precariedad del sector cultural y que los trabajadores del mismo dediquen más tiempo a lo cultural que a sobrevivir. Además permite reducir los altos ratios de contratos en negro del sector pues el trabajador dependerá de su cotización para ingresar como intermitente en el desempleo y de igual modo, al ser el desempleo una prestación contributiva, generar una vida laboral estable, y por lo tanto la tan ansiada jubilación.

Frente a estas ventajas sabemos que este proyecto se desarrolla en un momento en el que la mayor parte de contratos firmados son temporales y, si bien la intermitencia supera la temporalidad, debemos entender que son muchos los sectores que necesitan un ingreso garantizado. Además debemos entender que ahora mismo el empleo cultural es un desconocido, sin estadísticas oficiales, y por lo tanto no disponemos de la capacidad de realizar una memoria económica del proyecto, lo que perjudica y retrasa la aprobación de la medida.

Buscamos superar el modelo actual y establecer uno de reconocimiento de la intermitencia. Así reconociendo nuestra diversidad, potenciamos los elementos que hacen del empleo artístico una fuente ingente de creatividad y valores.

 

(*) Iñaki Guevara es actor y secretario general de la Unión de Actores

Motivos para celebrar el Día de la Tierra

Por: | 22 de abril de 2016

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

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Campo de cultivo de colza en Ingatestone (Reino Unido). Autor: Chris Ratcliffe

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del panel de sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Hacia un gobierno de derechas (y hacia el hastío)

Por: | 20 de abril de 2016

    CARLES MANERA (*)

 

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Pedro Sánchez saluda en el Congreso a Albert Rivera

Los días van cayendo y el bloqueo persiste. Éste tiene doble vertiente: es interno, en el propio sino de los partidos que dicen querer pactar; y es externo, desde el momento en que los “jugadores” que intervienen ponen barreras a los otros, de forma que el desenlace del “juego” es imposible. Los errores se han multiplicado, a pesar de que cada partido ha actuado con la idea de que sus postulados son los que se deben mantener y desarrollar. Cada formación actúa con criterio impecable…si sólo existiera ella. El problema radica en la apertura de negociaciones entre los participantes, cada uno de ellos enrocado en sus esencias. Mala perspectiva. Veamos algunos factores, que llaman poderosamente la atención.

            El PSOE se dispara en un pie cuando su Ejecutiva Federal pone líneas rojas para establecer negociaciones políticas con grupos parlamentarios nacionalistas –por muy independentistas que sean–. Tal actitud coloca a Pedro Sánchez en una tesitura más que complicada, toda vez que, simplemente, los números no salen. Podemos, a su vez, dispara sobre el otro pie del PSOE, si bien hay cuotas de pólvora y algo de metralla que también daña a los morados: las teatrales puestas en escena de Pablo Iglesias no han hecho más que activar la animadversión de los socialistas, que se sienten menospreciados y ninguneados. A su vez, las tendenciosas preguntas del “referéndum” de Podemos a sus bases van en la misma línea argumental: dinamitar al PSOE y alcanzar esa “otra orilla” que, ya en su momento, ansiaba Julio Anguita, que se mueve regocijado en tal escenario. El objetivo no parece que sea desbancar a la derecha, con los números que conforman ahora mismo la escena parlamentaria, sino laminar al PSOE. Este es el planteamiento táctico que domina los intereses de los “jugadores” de Podemos. Para Ciudadanos, se celebra que los tiros sacudan los pies de otros. Las líneas rojas marcadas por Rivera siegan la capacidad negociadora de los socialistas y reorientan la dirección hacia un posible encuentro con el PP.

            En todo este guirigay, Sánchez se halla envuelto en fuegos amigo y enemigo, tratando de esquivar los golpes que le propinan desde todos los ángulos, incluido el suyo propio, buscando una salida. ¿Y el PP y Rajoy? Pues fumándose un puro en la Moncloa. Rajoy espera con parsimonia su nuevo triunfo electoral, gracias a la ineptitud de unos y otros (pero, a mi juicio, más de unos que de otros). Esta derecha es la que va a ganar con escaso desgaste, a pesar de los múltiples escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta a lo largo de la legislatura, gracias a las esencias inmaculadas de las izquierdas y al hábil comportamiento de los dirigentes conservadores ante tamaño despropósito. Se repite la Historia, una vez más: las izquierdas priorizan más a sus adversarios internos que a sus enemigos exteriores. Tras junio y con la confirmación –me temo que inevitable– de la victoria derechista, vendrán los reproches y el crujir de dientes de progresistas e izquierdosos de salón. Nada nuevo bajo el sol. Y se confirmarán nuevos ajustes económicos, a los que el nuevo gobierno conservador hará frente sin pestañear ante Bruselas. Un hastío. Un asco.

(*) Carles Manera es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

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Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

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Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

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