Sanidad igual para todos

Por: | 17 de diciembre de 2014

1382547514_107208_1384356724_noticia_normalJAVIER REY

Soy uno de la veintena de médicos firmantes de la carta que apareció en las Cartas al Director del diario El País el pasado 23 de noviembre en la que solicitábamos del nuevo Rey que, como expresión añadida de la voluntad reformista que la Corona viene demostrando, comprometiese su asistencia sanitaria y la de su familia con el Sistema público de salud.

Sin pretender atribuirme la representación de todos los que firmaron la carta, me gustaría defender que el deterioro de nuestro sistema público de salud al que aludíamos en el escrito queda bien reflejado en el contraste entre dos grupos de imágenes. Las primeras de ellas aparecen en los episodios finales y la agonía del dictador, ocurridos todos ellos en hospitales públicos creados durante la época de la dictadura. Las segundas las relativas a las distintas intervenciones realizadas por razones diversas al anterior monarca, felizmente vivo todavía, todas ellas en diferentes hospitales privados de diferente localización.

Por sesgada que sea esa representación, esas imágenes reflejan, en mi opinión, no tanto la situación real de unos y otros centros en cuanto a la capacidad de los propios centros o de sus profesionales para proporcionar una asistencia sanitaria de calidad, sino la consideración que desde los poderes públicos se ha dado a unos y otros en esas dos fases concretas de nuestra historia. Por un lado, durante la dictadura, y especialmente al final de la misma, la red de asistencia pública sanitaria constituía una de sus realizaciones más relevantes, que había permitido el acercamiento de la atención sanitaria en nuestro país a la de los países democráticos en los que estaba más desarrollada. Recibir la atención sanitaria de los hospitales públicos que formaban parte de esa red por el mandatario más alto de aquel régimen era un signo de distinción y privilegio compartido con el resto de la población, principalmente los trabajadores, que constituían su base material de sustentación.  

Por otro lado, con el desarrollo democrático, la red pública sanitaria, constituida en Sistema Nacional de Salud (SNS) en 1986 por la Ley General de Sanidad (LGS), aprobada al final del mandato del primer gobierno socialista de la nueva democracia y que se constituyó como tal fundamentalmente sobre las bases de la red de la Seguridad Social creada durante el régimen dictatorial anterior, ha ido sufriendo un proceso progresivo de pérdida de consideración por parte de quienes han dirigido el país hasta ahora.

A la vez, de manera activa y pasiva, se ha propiciado y fomentado de manera progresiva la consideración preferente de la atención sanitaria privada, que se ha ido expandiendo, y que se ha convertido en nuevo signo de distinción, dejando para el sistema público una consideración residual. Ese deterioro en su aprecio se ha acompañado en épocas más recientes de recortes económicos severos, reducción activa de las plantillas y deterioro de los mecanismos de contratación. Todo ello amenaza con convertir al sistema público en una especie de sistema de  beneficiencia para todos aquéllos que no puedan acceder a la atención privada, a la vez que propicia la introducción de las gestoras privadas (cadenas de hospitales, aseguradoras sanitarias) en la gestión del SNS, a la búsqueda de beneficios que no pueden conseguir si su actividad se reduce al ámbito estrictamente privado, en el que está limitada su expansión.

Las razones de esa evolución, decepcionante en España desde el punto de vista de la relación entre democracia y universalización e igualación del ejercicio del derecho a  la asistencia sanitaria, hay que buscarlas en el mismo origen de la constitución del SNS 

Público y privado en el SNS desde la Ley General de Sanidad

La base del SNS fue el sistema de seguridad social anterior, cuya protección alcanzaba en 1986 a más del 95% de la población española. Sin embargo, su característica principal era que la protección estaba organizada bajo un sistema de regímenes diferentes.

El principal de éstos era el que cubría a la mayoría de la población, para cuya atención se construyeron los grandes centros sanitarios. Pero existían otros, para grupos de población determinados por su área de actuación profesional, organizados  de formas distintas, algunos de los cuales llegaron a disponer de redes propias de atención. Por su parte, algunos de los regímenes sectoriales específicos de constitución más tardía, como los de los funcionarios generales y los de la Administración de Justicia, configuraron sistemas de atención sanitaria especiales que con la excusa, real o supuesta, de la insuficiencia de la red sanitaria general para atender en aquel momento a la población que cubrían (alrededor de 2 millones de personas entre titulares y beneficiarios), abrieron la posibilidad de que esa población pudiera optar entre recibir la atención en la red general, o hacerlo mediante el acceso a compañías privadas de seguro concertadas al efecto, opción que se ha mantenido desde entonces como netamente mayoritaria.

En consecuencia con esa situación, la universalización (supuesta) del derecho a la asistencia sanitaria realizada por la LGS llevaba aparejada en la propia Ley la unificación e igualación bajo el sistema general de los distintos sistemas de protección mencionados, para lo que la Ley estableció un plazo de 18 meses.

La mejor expresión del fracaso de la gestión de ese proceso unificador es que algunos de esos sistemas diferenciados de garantizar el acceso a la protección sanitaria, de manera específica los gestionados por las mutualidades de funcionarios MUFACE y MUGEJU, permanecen todavía en la misma situación, al margen del sistema general, de hace 28 años. En ese plazo, la atención prestada bajo los regímenes especiales citados ha eludido la aplicación de todos aquellos instrumentos que se han ido introduciendo en el sistema general para intentar controlar el incremento del gasto sanitario, que, aquí como en todos los países desarrollados, es el problema principal de sus sistemas sanitarios.

Entre esos instrumentos  se encuentra el incremento de los copagos sanitarios (del que las mutualidades se han visto excluidas en el llevado a cabo tras el RD-Ley 16/2012). Y también, de manera sostenida, el control del acceso a las tecnologías especializadas, que son la causa principal del incremento de los costes sanitarios, mediante la imposición obligada de la atención primaria como puerta de entrada ordinaria a la atención del sistema.  Un mecanismo que no es baladí, puesto que permite a los sistemas privados facilitar el acceso directo a los especialistas de libre elección, evitando a la vez las listas de espera, que son uno de los problemas más habituales de todos los sistemas públicos de salud.

El problema de esos sistemas diferenciados no son, sin embargo, sólo esas diferencias en las prestaciones sanitarias, sino, sobre todo, la generación y el mantenimiento de un sistema de gestión constituido al margen de la gestión general del SNS. Este sistema dispone además de una financiación basada en los mismos impuestos que los que financian el sistema general, pero de la que se dispone al margen de la financiación de éste, bajo la dependencia de un órgano específico constituido en los departamentos ministeriales que rigen la función pública y la Justicia, el primero de ellos en la actualidad vinculado al Ministerio de Hacienda.

La situación indicada genera no sólo la ruptura de las economías de escala que hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos. A esos efectos se añaden al menos otros dos consecuencias de similar si no mayor importancia. La primera haberse convertido durante mucho tiempo en soporte principal de los sistemas privados de atención que ahora aspiran a convertirse en alternativa organizativa, pero también de gestión, al sistema público, en aquellos territorios y grupos de población que resulten de su interés inversor. La segunda da la posibilidad  a los gestores de los sistemas diferenciados citados, en especial los de MUFACE, como beneficiarios de esos mismos sistemas, de situarse al margen de las medidas que ellos mismos proponen desde el propio Ministerio de Hacienda para reducir el gasto del SNS, medidas que han alcanzado un relieve especial en el último período legislativo.

Por otra parte, existen también otros grupos de población que, a semejanza de lo que ocurre en el caso de las mutualidades citadas, permiten el acceso a la atención privada con financiación pública. Entre ellas se encuentran algunas asociaciones profesionales de periodistas y también los abogados hasta la promulgación de la Ley 33/2011. Por su parte, los diputados y senadores, así como los miembros de los parlamentos autonómicos, tienen establecidos sistemas específicos de protección con formas diferenciadas de cobertura si al acceder a esos cargos no disponen de otra vía de acceso al sistema general de protección.

Al hecho de que esa situación, en la que los funcionarios de a pie beneficiarios de los sistemas respectivos resultan sólo una comparsa manipulable como excusa para justificar el mantenimiento de esos sistemas diferenciados, sea por sí misma ineficiente e injusta, se le ha añadido en los últimos meses la evidencia de su insostenibilidad económica si se quieren mantener los niveles de rentabilidad  exigidos por los sistemas privados. Una evidencia que ha llevado a que, en fechas recientes, se haya planteado desde el Mº gestor la posibilidad de imponer determinados copagos para que los beneficiarios de esos sistemas diferenciados puedan acceder a los mejores recursos de los sistemas privados con los que tienen concertada la atención sanitaria (Sanifax, 2/12/2014).

Perspectiva de futuro

La gravedad del cuadro se completa con la evidencia añadida de que ninguno de los dos partidos que han ejercido en democracia el Gobierno han dispuesto ni del criterio, ni de la voluntad ni la capacidad de imponerlo, para establecer que la igualdad en el ejercicio del derecho a la protección sanitaria que establece la Constitución Española exige el sometimiento de todos a un mismo e igual sistema de protección. Y que de esa igualdad en el ejercicio del derecho no se pueden en especial excluir aquéllos que tienen la responsabilidad de hacer posible, mediante las medidas que promuevan por vía legal o de gestión,  su sostenibilidad económica y el mantenimiento de las condiciones universales, igualitarias y de calidad de ese sistema de protección.

En el caso del Partido Socialista, la inclusión de una cláusula en la ley 33/2011 realizada en el último plazo de aprobación de una norma que carece de relación alguna con esa materia, en la que se perpetúa el mantenimiento de los sistemas de protección diferenciados citados sin ninguna aproximación para acercar ni los niveles de protección ofrecidos por esos sistemas, ni tampoco su gestión, a los del SNS, constituye la prueba más reciente de esas carencias. Por parte del Partido Popular, algunas de las disposiciones adoptadas  en el RD-Ley 16/2012 que prevén  la exclusión  de distintos grupos de población, entre otros los de mayor nivel económico, de la protección ofrecida por el SNS, son una expresión manifiesta de la ausencia de compromiso alguno con el acercamiento real a un sistema de protección sanitaria universal e igual para todos los ciudadanos españoles.

Nuestro sistema público sanitario dispone, sin embargo, de medios suficientes para absorber la atención de los grupos de población que por ahora son atendidos por esos sistemas diferenciados sin ningún problema. Por su parte, la adición de las cantidades que se dedican de manera exclusiva a esos grupos a la financiación del sistema general permitiría resolver, al menos de manera parcial, la infradotación financiera que se le atribuye. Y la inclusión en el mismo de grupos cuya capacidad de influencia para reformar las deficiencias organizativas y de gestión del  sistema es muy superior a la de la población en general, constituiría un incentivo muy significativo para activar esas reformas.

En esa situación, que en el futuro más inmediato no tiene ninguna perspectiva de cambiar por parte de los partidos citados, ni de los que pretenden sustituirlos, la utilidad de un gesto personal como el solicitado por parte del nuevo Rey resultaría de una gran eficacia ejemplar,  en apoyo del único sistema que puede garantizar en condiciones de igualdad la atención sanitaria de todos los ciudadanos españoles y que es por ello  un instrumento principal  de reducción de las desigualdades sociales crecientes que están apareciendo en nuestro país. Permitiría además situar en el horizonte la necesidad de incluir ese cambio unificador como elemento básico imprescindible de cualquier reforma del sistema sanitario que se pretenda abordar en el futuro y con ello, de la regeneración democrática que espera y desea la mayoría del país en este momento.          

*Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología y exsecretario del CISNS.

      

Ajuste, desigualdad y alternativas

Por: | 15 de diciembre de 2014

RecortesRICARDO MOLERO SIMARRO

A estas alturas se puede afirmar sin ningún género de dudas que nos encontramos en una situación de auténtica emergencia social. Las medidas de ajuste fiscal y laboral puestas en marcha durante los últimos años se encuentran muy lejos de lograr sus objetivos de reducción de la deuda pública y reversión del déficit comercial externo. Por el contrario, lo único que se está consiguiendo con ellas es liberar el potencial regresivo que el modelo de crecimiento anterior a la crisis contenía.

Desde 2007, el ingreso del 10% de hogares más ricos se ha incrementado a un ritmo de aproximadamente el 2% anual, el mismo al que ha estado cayendo el del 10% más pobre. España se ha convertido en el segundo país más desigual de toda la UE, sólo superado por Letonia. Como consecuencia, el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social se ha ampliado hasta alcanzar a casi un tercio de la población. Al mismo tiempo, la proporción de personas que sufren privación material se ha multiplicado, afectando a entre un 5% y un 20% de la misma, según el indicador elegido para medirla. 

Una vez constatado el fracaso económico y el drama social generado por las políticas de ajuste, el debate público está virando hacia la búsqueda de alternativas. Sin embargo, esto está dando lugar a la aparición de un cúmulo inconexo y, en ocasiones, contradictorio de propuestas. Frente a esta situación, de lo primero de lo que hay que ser consciente es que cualquier estrategia que pretenda transformar el patrón distributivo de la economía española y, con ello, mejorar las condiciones generales de vida, pasa por transformar, simultáneamente, su modelo de crecimiento (y viceversa).

La recuperación y ampliación del papel redistributivo tradicionalmente jugado por el Estado es fundamental. No obstante, éste será incapaz de sostener cualquier avance en las condiciones de vida si, además, no se invierte el actualmente desigual reparto de la renta nacional entre beneficios y salarios. Al mismo tiempo, la única manera de asegurar que los logros en esos ámbitos no se vean amenazados por restricciones externas es acompañarlos de medidas que aseguren la alteración del patrón de especialización productiva y comercial de la economía.

Una estrategia basada en esos tres pilares (redistribución estatal, modificación de la distribución primaria de la renta y alteración de la especialización productiva y comercial) permitiría, por un lado, dar una respuesta inmediata a la emergencia social y, por el otro, ayudar a la reactivación economía a través del impulso que generaría sobre la demanda interna. Esa sería, a su vez, la base sobre los que abordar una transformación más profunda del patrón productivo de la economía, la cual, si quiere ser sostenible, pasa necesariamente por impulsar un proceso alternativo de integración. 

Una serie de posibles actuaciones a llevar a cabo en cada uno de esos ámbitos se pueden encontrar en el Estudio de Progreso La desigualdad de la renta en el modelo de crecimiento de la economía española. Alternativas a las políticas de ajustepublicado por la Fundación Alternativas. Todas las propuestas que en él aparecen deberían, por supuesto, ser desarrolladas en profundidad y complementadas con otras aportaciones. En todo caso, la puesta en marcha de una estrategia coherente que permita revertir los perversos efectos que el ajuste ha provocado en la economía y la sociedad españolas es urgente.

* Ricardo Molero Simarro es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y Colaborador Honorífico del Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo) de la Universidad Complutense de Madrid.

Cumbre de Think Tanks: construyendo un pensamiento global

Por: | 12 de diciembre de 2014

Captura de pantalla 2014-12-11 a la(s) 15.57.46
CARLOS CARNERO

No deja de ser curioso que casi siempre tratemos de responder a los retos globales del siglo XXI desde un marco propio no ya del XX, sino incluso del XIX: el nacional. Con ello, perdemos recursos y somos menos eficaces.

La crisis económica, la extensión de la pobreza y la desigualdad, el calentamiento del planeta o la persistencia de conflictos regionales y la amenaza de las armas nucleares siguen encarándose desde la cultura de cada país, sin apenas intercambio de propuestas y, menos aún, la formulación de las mismas en términos globales. 

Si cabe, la contradicción se hace aún más evidente cuando vivimos una auténtica revolución en la comunicación gracias a las enormes posibilidades abiertas por la tecnología digital que pone a disposición de miles de millones de personas una ingente cantidad de información en tiempo real, independientemente del idioma en que se genere (cuando ya el inglés o el español, cada uno a su escala, son verdaderas lenguas francas). Ni siquiera la existencia de organismos internacionales con décadas de existencia (ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, UE) ha forzado la globalización de las alternativas o, por lo menos, un intercambio de las mismas.

Quizás por ello la celebración en Ginebra, del 4 al 6 de diciembre, de la Cumbre Global de Think Tank (TT) ha constituido tanto una excepción como un primer paso realmente positivos. Organizada por el Think Tanks and Civil Societies Program de la Universidad de Pensilvania (que dirige el profesor James McGann) y The Graduate Institute Geneva, a la misma han asistido casi sesenta de los principales TT de todos los continentes, muchos de los cuales habían participado a lo largo de 2014 en encuentros regionales. Entre ellos, los españoles Elcano, CIDOB y Fundación Alternativas.

Tres días de debates en torno al tema Think Tanks, public policy, and Governance: National, Regional and Global Perspectives dieron para mucho, incluyendo la definición de un TT como un centro de pensamiento y acción capaz de generar propuestas con base científica orientadas a la práctica de la decisión pública y privada, lo que implica una labor específica que lo diferencia de una universidad o un lobby. Experiencias nacionales diversas, desde Estados Unidos y Latinoamérica a Japón y Australia, pasando por Europa y África, mostraron sin embargo puntos comunes que tienen que ver con el creciente papel de los TT (especialmente a partir de la crisis) y la necesidad de incrementar su actividad a pesar de la escasez de recursos. Y, sobre todo, con el imperativo de la producción de un TT esté basada en la calidad y la independencia.

La Cumbre de Ginebra, que tendrá continuidad en 2015 en la siguiente a celebrar en Milán, ha sido un positivo primer paso que permite certificar la necesidad de un pensamiento global (ni único ni uniforme, desde luego) y la posibilidad de conseguirlo gracias, entre otros factores, al papel de los TT.

* Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativasha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

La 'casta' como enemigo

Por: | 10 de diciembre de 2014

Casta
JAVIER VALLS 

Como todos los conceptos, cuando se utilizan fuera del contexto académico, se acaban desvirtuando. Esto es lo que está ocurriendo con la utilización del término casta por parte de los políticos y periodistas, siendo utilizado más como insulto que como concepto.

Veamos cómo se ha definido el mismo. El término viene de la ciencia política italiana. Básicamente consiste en “una manera de hacer y comprender la política que pone las instituciones de todos al servicio de unos pocos”, según citan Cano/Maura. Dicho de otra forma, un conjunto de personas que dedicándose a la política benefician a los poderosos, olvidándose del resto de la ciudadanía, con el fin de que luego le beneficien a él. Con la vulgarización del concepto se ha tenido dos extensiones:

 a) utilizándose contra la gente que gana determinadas cantidades de dinero o tiene determinadas prebendas (entorno al minuto 5)

b) ampliándose de la esfera individual a la esfera colectiva, los partidos de la casta.

Respecto de la primera concepción hay que señalar que es un error incluir en la idea de casta a las personas que tienen unos ingresos por encima de la media. Los dirigentes de Podemos consideran que ganar X dinero al mes es ser parte de esa casta, en particular cuando son representantes políticos.  Creo que un representante político tiene que ganar un sueldo alto. Por dos motivos principales: no desincentivar a determinados ciudadanos a ejercer la representación política y evitar tentaciones de corruptelas (en un mundo ideal el representante político será bueno y altruista por naturaleza, pero como no hay país libre de corrupción al 100% no es creíble).

En relación a la segunda implicación del concepto, solo señalar que no es neutra. Tiene la finalidad de buscar la confrontación frente a los partidos políticos de la casta (PP y PSOE) consiguiendo delimitar contra quien se lucha y generalizando al problema en un colectivo que tiene que pagar por los errores de los individuos. Esto me recuerda al concepto de enemigo, que se ha utilizado en varias épocas de la historia. La idea detrás de esta definición es la de personas individuales que tienen unas características que las hacen ser un peligro para la vida en sociedad. Esto hace que se tomen medidas extraordinarias para evitar que puedan actuar. Un ejemplo claro sería el terrorismo. Para la lucha contra el terrorismo se alteran las normas para aplicar un derecho a la medida contra el sujeto terrorista. Sin embargo, el concepto se amplia y terrorista no es sólo la persona que comete el atentado sino todo un pueblo, toda una religión o toda una ideología política. Así, los vascos son terroristas, los musulmanes son terroristas y hasta los ecologistas son terroristas. Esto es lo que está haciendo Podemos con el concepto casta. Para poder resolver los problemas que tiene la sociedad (corrupción y aprovechamiento del sistema para beneficiar a los poderosos) hay que determinar qué sujetos son los que son casta y tomar las medidas necesarias para neutralizarlos, echadlos de la política y que actúe la justicia. Como la justicia es lenta, pasamos a la primera medida: expulsarlos. Y en este punto es donde se manipula el concepto para atacar a la colectividad, los partidos de la casta. Este salto es el realmente peligroso y el que se está utilizando para dañar al contrario.

Podemos sabe esto, así como es consciente de que el electorado de estos partidos es necesario para que ellos ganen. Por ello se deja claro que no todos los militantes o cargos de estos partidos son casta (minuto 5:40). Sin embargo, el mantra sigue siendo los partidos de la casta para conseguir desgastar a los dos grandes partidos. Esta dualidad del concepto, personal y colectiva, es un juego muy arriesgado en que la ciudadanía no puede caer. Precedentes desastrosos de esta utilización de los conceptos se han producido en el siglo XX con resultados espeluznantes.

Si se quiere resolver el problema que tiene el sistema se ponen medidas para resolverlo, pero sólo el cambio de los gestores del poder no es suficiente. Como hemos podido comprobar en todos los partidos políticos, existen sujetos cuyo comportamiento ético es reprochable.

P.D. Me parece vergonzoso que, al igual que no se debe extender la responsabilidad de determinados miembros de partidos políticos a todos sus afiliados, se esté catalogando de casta a determinados ciudadanos por lo que han hecho o sido sus padres. La transmisión de la responsabilidad por las acciones de otros a sus familiares hace tiempo que se descartó como sistema sancionador.

 

* Javier Valls es profesor de la Universidad de Granada. 

Apuntes sobre el plan Juncker

Por: | 05 de diciembre de 2014

NewdealDOMÈNEC RUIZ DEVESA

La Comisión Europea ya no habla (solo) de ajuste fiscal en los Estados miembros de la UE, lo que es una buena noticia. Su presidente, el luxemburgués Jean Claude Juncker ha propuesto un plan europeo extraordinario de inversiones públicas y privadas por valor de 315.000 millones de euros [1], adicional al presupuesto comunitario, para el período 2015-2018

Es un primer paso en el reconocimiento de que la UE tiene que hacer política económica contra-cíclica. Con todo, el presupuesto de la UE no pasa en este momento del 1% del PIB comunitario por año, mientras que el Plan Juncker supone un 2%, pero a repartir en tres anualidades. La capacidad de gasto e inversión sigue estando en manos de los Estados miembros, a los que se les exige rápidos ritmos de ajuste para cumplir con las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, relativas a tener un déficit público del 3% del PIB como máximo y una proporción de deuda pública no superior al 60% de esa misma variable. Por tanto, bienvenido sea un plan de estímulo europeo, pero al mismo tiempo hay que ampliar el calendario para cumplir con los objetivos de la estabilidad presupuestaria, así como reclamar que los países con superávit en su balanza de pagos gasten y consuman más. 

En lo que respecta a la cuantía del Plan Juncker, lo cierto es que aunque equivale más o menos a dos presupuestos comunitarios, se queda corto para cubrir la brecha de inversión que sufre la UE, estimada en 280.000 millones de euros anuales por el centro de estudios Bruegel [2]. La propuesta de la Comisión alcanzaría a cubrir algo más de la tercera parte del gap en un año (105.000 millones de euros).

En cuanto a la financiación, el Plan Juncker propone crear un nuevo Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), con un capital semilla de 21.000 millones de euros, que vendría una parte de una aportación de capital del Banco Europeo de Inversiones (5.000 millones de euros) y el resto de serían garantías del propio presupuesto de la UE. Con este capital inicial, se propone captar recursos en los mercados financieros a través de emisiones de bonos por valor de 63.000 millones de euros, los cuáles se convertirían en préstamos a pymes y proyectos de infraestructura, energías renovables, investigación e innovación. Por último, la Comisión espera que estos préstamos públicos atraigan capital privado por valor de 252.000 millones de euros, adición que conduce al total de 315.000 millones de euros. 

Es muy positivo eso sí que Juncker no haya propuesto crear un nuevo constructo intergubernamental por fuera de los Tratados comunitarios, pues el FEIE estará gestionado por el BEI y a la propia Comisión, aunque los estados podrán realizar aportaciones. 

El aspecto más débil de la propuesta es precisamente confiar en que con 21.000 millones de euros de capital público se pueda generar un inversión pública y privada por un montante total de 315 millones de euros. Es por tanto necesario aumentar los recursos públicos, tanto para el alimentar el Plan Juncker, como las propias arcas comunitarias, lo que requiere volver a poner encima de la mesa la discusión sobre los recursos propios de la UE, es decir, aquellos que no derivan de contribuciones directas de los presupuestos de los estados miembros, quiénes ya demostraron en 2013, en el marco de la negociación para el Marco Financiero Plurianual, que no quieren aumentar sus aportaciones.

En este sentido, es digna de tener en cuenta la propuesta de la Iniciativa Ciudadana Europea del New Deal 4 Europe [3] que propone ligar la recaudación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras a la financiación del Plan Juncker.

* Domènec Ruiz Devesa es vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal