FERNANDO RUEDA

Cada cierto tiempo nos amanecemos con noticias sobre ocupaciones y desalojos de espacios de autogestión ciudadana. La más reciente ha sido la del desalojo del local de Patio Maravillas

En España y en muchos países europeos, en los que Alemania con Berlin a la cabeza, ha sido precursora, existen cientos de iniciativas que generan nuevos modelos de gestión en lo económico y en lo social, basados en la cooperación horizontal. Las noticias de ocupación y desalojo suelen ser portada en los medios. Las informaciones sobre sus otros impactos quedan generalmente escondidos en la comunicación pública.

Muchas de estas iniciativas son vistas con desprecio y con temor por los sectores más conservadores -y no tan conservadores- de la sociedad, cargados sin duda de razón en lo que a usurpación de una propiedad privada se refiere. No tanto en los adjetivos proferidos hacia sus promotores, generalmente tachados  de radicales, perroflautas, violentos o adjetivos similares.

ChristianaPero una mirada más profunda sobre los perfiles de los promotores y agentes que intervienen en estos procesos rompe los lugares comunes. Las barreras para la difusión pública de estos proyectos culturales, con propuestas escénicas o musicales  alternativas, actividades de formación social, crowdfunding a proyectos , ecología urbana, cybercultura, trueque, bancos de tiempo etc. se construyen a partir del trabajo en red de académicos, activistas, artistas, y vencinos.

No es mal momento para introducir en el debate público y en las políticas de ciudad estas otras realidades que aglutinan a un conjunto de ciudadanos, gestores y promotores cuya finalidad es la innovación ciudadana y la gestión de lo común, desde una óptica no mercantilista, vinculada a las redes y a la co-producción y co-creación.

Conocer a fondo estas experiencias, relacionarlas y analizar las formas de organización y de gestión puede ayudar reivindicar mejor estas nuevas maneras de intervenir en lo cultural y a proponer formas de actuación comunes entre agentes, gestores culturales y ciudadanía.

Esta tarea ya se hace en Alemania desde hace años, en Kruezberg. Y también en Dinamarca, en la Ciudad libre de Christiania. No se trata de una nueva estrategia para una política de la izquierda radical de la periferia del sur.

Fernando Rueda es director del Observatorio de la Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Mercados de capitales en la UE: ¿control o liberalización?

Por: | 28 de julio de 2015

CARMEN MÚGICA

El proyecto de reforma financiera emprendido por la Unión Europea tras el estallido de la crisis en 2008, ha venido experimentando diferentes avances. El más significativo hasta la fecha se produjo en 2012, cuando los gobiernos nacionales de los 28 estados miembros decidieron reunirse para formular un marco común de regulación y supervisión bancaria: la Unión Bancaria. Sin embargo, la comisión Juncker ha decidido ir más allá y embarcarse en un nuevo proyecto, que puede calificarse cuanto menos de ambicioso: formar una Unión de Mercados de Capitales en la Unión Europea. La intención de este proyecto es crear un mercado de capitales europeo fuerte y estable, que proporcione financiación al sistema complementariamente al sector bancario.

En Febrero de este año la Comisión decidió publicar un libro verde explicando la idea, con la intención de que los diferentes interesados pudieran transmitir sus objeciones y sugerencias. Hace poco más de un mes que expiró el plazo para expresar opiniones y actualmente dicho organismo está trabajando en la elaboración de un plan de acción que será presentado en septiembre. Jonathan Hill, el comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión, ha recalcado en numerosas ocasiones la importancia y los beneficios de este proyecto, que deberá estar completado para 2019.

BolsaLos beneficios de la creación de una unión de mercados de capitales para los 28 estados miembros están claros. Las empresas tendrán mayor acceso a numerosas vías de financiación y no serán tan dependientes del crédito bancario, que tanto se ha restringido tras la crisis, para financiarse. Además, el desarrollo de un mercado de capitales común y sólido aumentará la atracción de inversores extranjeros y promoverá una mayor estabilidad financiera. Por lo tanto, la puesta en práctica de este proyecto contribuirá al crecimiento de la Unión Europea y a su estabilidad.

En el caso de España, la creación de un mecanismo que permita un mayor acceso a la financiación empresarial, favorecería enormemente a la masa productiva de nuestro país. La dependencia de las empresas españolas y de las PYMES en general del crédito bancario es de las más altas de la Unión Europea. Casi el 90% de las empresas españolas dependen de la financiación bancaria para desempeñar su actividad. Además, según los datos de la UE, en España sólo el 40% de las PYMES que solicitan un préstamo bancario lo consiguen, mientras que en Alemania el porcentaje oscila alrededor del 80%. Según el informe semestral del Banco Central Europeo sobre el acceso de las PYMES a la financiación, las condiciones generales con que se encuentran las empresas para acceder al crédito bancario han mejorado notablemente en los dos últimos años. No obstante, la incapacidad del sistema bancario para abastecer a todo el sistema económico europeo resalta la necesidad de buscar nuevas alternativas de financiación.

EuroSin embargo, existen diversos elementos que, de no ser tenidos en consideración, podrían obstaculizar la creación de dicha unión de mercados de capitales europea. En primer lugar, el desarrollo de este proyecto se basa en el principio de la liberalización de las barreras presentes en los mercados de capitales nacionales europeos. Este principio parece contradecirse con la estrategia de aumento de la supervisión y control del sistema financiero europeo que se decidió adoptar tras la crisis. Además, este proyecto revivirá el tan problemático y temido sistema de derivados que ha facilitado el desarrollo de burbujas financieras. Por último, varias barreras estructurales como la heterogeneidad de los regímenes fiscales para los instrumentos financieros, las diferentes legislaciones en torno al derecho de posesión de títulos financieros y las divergencias entre los regímenes nacionales sobre insolvencia en la Unión Europea entre otras, hacen que el plan propuesto por la Comisión deba someterse a revisión.

En conclusión, la creación de una unión de mercados de capitales europea fomentará la estabilidad y la competitividad en la Unión Europea. Además, las empresas europeas necesitan nuevas formas de financiación alternativas al crédito bancario, como las que ya existen en Estados Unidos. Sin embargo, la implementación de este proyecto también conllevará un incremento de la desregularización y de la incertidumbre, que tanto se han tratado de minimizar tras la crisis económica. En el caso de que este proyecto llegue a desarrollarse, es responsabilidad de los gobiernos nacionales y de las instituciones europeas trabajar para la creación de un marco definido y seguro de actuación e implementación.

Carmen Múgica, Master en Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La Era de los refugiados

Por: | 24 de julio de 2015

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

60.000.000. Esta es la cifra actual de refugiados en el mundo según Naciones Unidas. Es el número de personas que han abandonado su hogar porque su Estado ya no les protege de la violencia, la guerra, las violaciones, la persecución por la religión, la raza, la nacionalidad, el sexo o las opiniones políticas. No se conoce nada parecido desde la II Guerra Mundial. Solo a causa de la crisis de Siria, doce millones de personas están desplazadas y buscan refugio. Más de la mitad de la población.

RefugiadosNo hay una respuesta a la altura por la Comunidad Internacional, que solo cubre la cuarta parte de las necesidades de los refugiados. Tampoco por quienes más podrían hacer, los países occidentales desarrollados, entre los que nos encontramos. La Unión Europea –o, más exactamente, algunos de sus países miembros- están dando un espectáculo inenarrable de egoísmo e hipocresía ante las constantes oleadas de refugiados que llegan a nuestro continente;  por dos vías esencialmente: hacia Italia a través del Mediterráneo (1.800 muertos en el mar en el primer semestre de este año) y los Balcanes, tras atravesar Turquía y Grecia.

Europa, sencillamente, no está aplicando el Derecho internacional. No cumple con su obligación de facilitar a los que buscan asilo que lo puedan hacer con seguridad. Está obsesionada con lo contrario: las devoluciones a los países de los que huyen, que los maltratarán o los matarán si vuelven.

Gobiernos como el español han encontrado la expresión perfecta: “efecto llamada”. Lo que quiere decir que si cumplimos la ley internacional y acogemos a los que piden protección, vendrán más. O sea, que hay que vulnerar el derecho constitucional de asilo para que no nos lo demanden.

Refugiados2Seguramente, a causa de esa actitud se adoptó el año pasado la absurda decisión de dar por finalizada la operación Mare Nostrum, dirigida por Italia, que salvó miles de vidas en el mar, y en su lugar desarrollar la mucho más tímida y meramente guardadora de fronteras operación “Tritón”. Por cierto, con ello no se ha apaciguado el “efecto llamada”, sino todo lo contrario. Se ha doblado el número de refugiados que tratan de entrar en Europa en lo que va de año.

Después de la II Guerra Mundial, la cuestión de los refugiados fue impulsada por Europa. Resultado: la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 (ampliada por el Protocolo de Nueva York de 1967). Pero su espíritu era facilitar la huida de los Estados del telón de acero.

En el siglo XXI estamos en otro momento, que tiene poco que ver con la concepción del asilo o refugio como algo individual y excepcional. El problema ha explotado a causa de conflictos civiles masivos, no solo en Siria e Irak (del que gran parte de responsabilidad recae sobre quienes desencadenaron la ilegal guerra contra Sadam Hussein), sino en África: Sudán, República Centro Africana, Nigeria, Burundi, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, y otros. Añádase la devastadora acción del terrorismo yihadista.

Vivimos realmente algo que podríamos llamar la Era de los Refugiados. Un fenómeno estructural, no coyuntural. Tan inabarcable, que precisa de una estrategia nacional e internacional de largo alcance. Sin embargo, respecto de los refugiados, los países occidentales actúan como verdaderos “Estados fallidos”, incapaces de darles la protección adecuada, como exige el Derecho Internacional. Ni les salvan la vida, ni les acogen, ni les alimentan, ni les garantizan los derechos sociales básicos.

Es una crisis humanitaria sin precedentes. Según estima ACNUR, requerirá reasentar a 300.000 personas más cada año a lo largo del próximo lustro; y establecer un fondo global, distinto de los destinados a cooperación, simplemente para ayudar a los países pobres que acogen a los millones de refugiados que produce este mundo convulso.

Y en medio de ese panorama dramático, el Gobierno español dice que no puede recibir a más de 2.749 refugiados en dos años. Es la mitad de la ya ridícula cifra que le proponía la Comisión. Fernández Díaz lo ha justificado de forma zafia, rayana con la xenofobia, equiparando a los refugiados con "goteras". Así es exactamente como el Gobierno ve a quienes escapan de la persecución y la destrucción de su hábitat, como una molestia que hay que ahuyentar y disuadir.

Representa la dificultad insalvable de la derecha española para ser solidaria, no ya solo con los inmigrantes, sino con sus propios socios europeos ( Alemania ha examinado en 2014 tantas solicitudes de asilo como España en décadas ) 

El partido que no sepa afrontar este drama con los valores de los que presumimos los europeos no podrá gobernar en la Unión. Porque es uno de sus mayores desafíos , tal y como advierte el Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2015 de la Fundación Alternativas. Un desafío que medirá lo que valoramos los Derechos Humanos en la Era de los Refugiados.

Diego López Garrido es Patrono de la Fundación Alternativas. Catedrático de Derecho Constitucional y Diputado. 

Predistribución: ¿de qué hablamos, y por qué?

Por: | 22 de julio de 2015

JOSÉ A. NOGUERA

En los actuales debates sobre la reforma de los Estados del bienestar, suena cada vez con más fuerza la necesidad de políticas predistributivas que complementen las clásicas acciones redistributivas. Pero ¿qué es la predistribución?; ¿en qué se diferencia de la redistribución?; y ¿por qué la necesitamos?

Como suele ocurrir, el tema no es nuevo. En la imprescindible conclusión a su libro de 1987 Not Only the Poor, Robert Goodin y Julian Le Grand ya discutieron la posibilidad de influir directamente en la distribución “primaria” de la renta, de forma que se hagan innecesarias muchas de las correcciones redistributivas posteriores (o distribución “secundaria”). Por no hablar de muchos socialdemócratas nórdicos y centroeuropeos de hace más de medio siglo, para quienes el Estado del bienestar era un second best, siendo la prioridad aumentar la igualdad en la distribución primaria de la renta a través de potentes sindicatos y de una negociación colectiva a gran escala y legalmente vinculante que garantizase un diferencial salarial reducido y una igualdad horizontal en las retribuciones de los trabajadores.

Sin embargo, en la discusión actual (véase como ejemplo reciente el excelente artículo de Borja Barragué, o los de José Fernández Albertos sobre el tema), coexisten dos definiciones de predistribución que implícitamente se utilizan como intercambiables, pero que son diferentes tanto conceptual como políticamente. Por un lado, la predistribución se opone a la redistribución, entendida la segunda como acción de un “Estado-Robin Hood” que toma de los ricos mediante impuestos para dar a los pobres a través de prestaciones. En este caso, la predistribución consiste en incidir sobre la distribución de la renta que realizan agentes distintos de los poderes públicos, limitando o regulando sus acciones con el objetivo de que la desigualdad se mantenga dentro de un cierto margen de variación. Bajo esta primera definición, la predistribución consiste en obligar, incentivar o capacitar a ciertos agentes sociales de modo que asignen los recursos de la forma deseada, en vez de extraerles parte de esos recursos para reasignarlos mediante políticas de gasto público. El foco aquí se pone en el agente que asigna los recursos.

Pero por otro lado, la predistribución se define a veces como una intervención que actúa más sobre las causas que sobre las consecuencias de la desigualdad y la pobreza, una especie de acción preventiva o ex ante, frente a una redistribución que consistiría en acciones curativas o ex post, una vez las situaciones de necesidad o desventaja ya se han producido. La cuestión es que este eje definidor es independiente del primero, tanto conceptual como empíricamente: aquí el énfasis no está en el agente distribuidor, sino en el objeto de la acción distributiva. Cruzando ambos criterios, es posible identificar numerosos ejemplos de intervenciones en los cuatro cuadrantes, como la siguiente tabla muestra:

Predistribución

Es curioso que en las actuales discusiones a menudo se incluyan bajo el rótulo de “predistribución” medidas de todos los cuadrantes menos del superior derecho (acciones ex post del Estado), con lo cual se están utilizando indistintamente dos criterios definitorios diferentes. Quizá fuese más elegante teóricamente reservar el término para los dos cuadrantes inferiores, a saber, para aquellas medidas en las que el Estado no distribuye directamente, sino que obliga o estimula a otros agentes a asignar recursos de la forma pretendida. En realidad, las medidas del cuadrante superior izquierdo (acciones ex ante del Estado), más que de predistribución son de inversión social pública: previenen la desigualdad, en vez de compensarla una vez producida, pero redistribuyendo, no predistribuyendo; en el fondo lo que hace el Estado en esos casos es utilizar los recursos obtenidos mediante la recaudación fiscal para gastarlos en beneficio de determinados colectivos, esto es, una clásica redistribución mediante impuestos y prestaciones de diverso tipo.

El caso inverso es el de medidas que rara vez se clasifican como “predistributivas”, pero que merecerían tal calificativo bajo cualquiera de los dos criterios de definición. Un claro ejemplo son las cotizaciones sociales sobre los salarios que el Estado obliga a pagar tanto a trabajadores como a empresas: serían “predistributivas” tanto con el criterio de asignar renta ex ante, para prevenir futuras situaciones de pobreza (predistribución en el ciclo vital), como también bajo el criterio de que se obliga a un agente privado (las empresas) a deducir parte del salario de los trabajadores e ingresarlo en un “fondo” para pagar las pensiones. Sospecho que si no suelen ser consideradas como “predistributivas” es porque son intuitivamente percibidas como un tipo de política social “tradicional”, lo que da cuenta de cómo a veces los conceptos que utilizamos en ciencias sociales se ven condicionados por criterios de definición no explícitos.

Definir la predistribución con el criterio del agente, y no del objeto, tiene ventajas analíticas, pues apunta a un mecanismo claro e identificable en la acción pública (actúa el Estado mediante impuestos y prestaciones, u obliga a actuar a otros), a diferencia de lo que ocurre cuando ponemos el foco en el eje causas vs. consecuencias de la desigualdad, pues éstas pueden ser empíricamente difíciles de distinguir y estar entrelazadas en procesos recurrentes y complejos.

Pero las implicaciones de este ejercicio de clarificación son también políticas: primero, porque el criterio del agente está conectado con la presencia o ausencia de costes presupuestarios importantes para el Estado. Segundo, y sobre todo, porque captura mejor la intención normativa que anima a los defensores de la predistribución: responsabilizar de la justicia social no sólo a los poderes públicos sino al conjunto de actores e instituciones, formales o informales, que asignan recursos económicos en nuestra sociedad, rompiendo así con el planteamiento liberal de que todos los agentes sociales pueden actuar distributivamente como les plazca, pues ya vendrá el Estado, con el esfuerzo que haga falta, a arreglar el eventual desaguisado.

Trasladado al contexto penal, ese argumento diría algo así como: que el Estado nos deje delinquir a gusto, siempre y cuando luego venga a reparar y prevenir daños por nuestras acciones delictivas. Obsérvese que muchos argumentos en sede judicial y parlamentaria de quienes han abusado de su posición de poder económico y político en los últimos años iban por ese camino: “el supervisor me lo permitía”, “era legal”, “que hubieran cambiado las leyes”, se decía. Este planteamiento asume que la responsabilidad de que exista pobreza y desigualdad es siempre y únicamente del Estado porque no actúa para prevenirla y compensarla. Hacer política predistributiva es discrepar de ese planteamiento, defender que la responsabilidad es también de los agentes sociales, del mercado y de las familias, y regular en sentido igualitarista las prácticas distributivas de todos ellos. Si algo nos ha enseñado la historia del Estado del bienestar es que desplazando toda la carga de la justicia social hacia los poderes públicos, los progresos distributivos que se puedan conseguir no serán sólidos ni estables en el tiempo.

José A. Noguera, Universitat Autònoma de Barcelona. Colaborador de la Fundación Alternativas.

 

La pesadilla yihadista oscurece Túnez

Por: | 21 de julio de 2015

SARA GONZÁLEZ GARCÍA

 

Cuatro años desde la defenestración del entonces presidente Zine el Abidine Ben Ali y de la celebración de los primeros comicios en octubre de 2011, el camino seguido por la República tunecina ha marcado la diferencia con respecto al resto de países que participaron en las revueltas árabes, pudiéndose considerar a Túnez una excepción en cuanto a sus vecinos y un posible modelo de futuro para sendos de ellos.

Ciertamente, la reforma llevada a cabo a lo largo de este periodo ha supuesto una profunda transformación de la arquitectura política del país, que ha permitido esculpir un sistema democrático mediante el cual sea posible garantizar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y, de acuerdo con el Freedom in the World Report 2015, Túnez ha alcanzado la categoría de país libre. No obstante, la propia estabilización del pequeño estado de África septentrional se encuentra subordinada no únicamente a los sustanciales retos sociopolíticos y económicos internos, sino también a un creciente desafió en materia de seguridad que el pasado mes de junio presenció su más cruenta expresión.

A medida que se completa el cambio político en el país, más acentuados resultan los desafíos. La joven democracia tunecina se ve inmersa en un entorno de naturaleza compleja en el que la polarización política perdura; el crecimiento económico (en torno al 2,5% anual, según el Banco Mundial) y las políticas en esta materia se muestran insuficientes para dar respuesta a la necesaria transformación socioeconómica que garantice el bienestar de la población; el número de jóvenes que, sumidos por la desesperación, han sucumbido ante la propaganda yihadista y actualmente se encuentran en las filas de Siria e Iraq oscila los 2000, según afirma International Crisis Group; el contrabando de armas en las zonas fronterizas se incrementa y la amenaza terrorista se agudiza a pasos agigantados.

Tunez blog el paisPrimero, contra la capital tunecina (más concretamente, contra el emblemático museo de El Bardo) el 18 de marzo y, el pasado mes de junio, contra sus paradisiacas playas, cobrándose en total la vida de unas sesenta personas, en su mayoría turistas. Cabe deducir que el objetivo actual del EI (el cual ha reclamado la autoría del ulterior atentado) y otros grupos nacionales que lo apoyan (como Ansar al Sharia y Okba Ibn Nafaa, esta última constituye una prolongación del Al-Qaeda en el Magreb Islámico [AQMI]) es precisamente uno de los principales motores de la economía tunecina: el turismo. Un 7% de la riqueza de Túnez se atribuye a este sector, representando un 14% del empleo y más del 15% de su PIB, sin embargo los atentados del museo de El Bardo y Susa a mediados de marzo y finales de junio de 2015, respectivamente, constituyen un factor determinante en cuanto al devenir de este sector.

La imagen internacional de la república tunecina está caracterizándose progresivamente por la inestabilidad y la inseguridad, lo que hace peligrar su economía y, por consiguiente, la ansiada reforma sociopolítica y la estabilidad de un nuevo sistema de gobierno que causa rechazo, atendiendo a la interpretación extremista que estas facciones realizan del Islam y de la Ley Coránica. En este sentido, los partidos políticos salafistas que defienden la democracia, como es el caso de Ennahda, son considerados traidores. Asimismo, desde el año 2012 las expresiones más violentas del radicalismo islámico tunecino han atentado contra la embajada estadounidense en Túnez y contra políticos laicos (recordemos los asesinatos de Chokri Belaïd en febrero de 2013 y de MohamedBrahmi en julio del mismo año), así como contra otras fuerzas de seguridad nacionales. De todos modos, el proceso de transición democrática ha mantenido su decisión y ha continuado su curso, por lo que es posible interpretar que el turismo, dada su transcendencia en el plano económico, constituya un medio de desestabilización sociopolítica y no el fin en sí mismo.

Lamentablemente, el único sistema democrático fruto de la Primavera Árabe es, por un lado, percibido como «contaminante» para sus vecinos y, por otro lado, se encuentra lejos de constituir una prioridad para Occidente, habida cuenta de su escasez energética y la mayor atención que requieren las complejidades contextuales de otros países de la región. El gobierno de Nidaa Tounes y el presidente Béji Caïd Essebsi se enfrentan a una ardua labor a nivel nacional e internacional en el que la estabilidad de su país depende de obtener inversión extranjera y luchar contra un terrorismo que está causando estragos a corto y medio plazo. La simbólica singularidad tunecina, aparentemente olvidada de no ser por el anterior atentado de marzo, ha vuelto a ser foco de atención en los medios de comunicación ante una prueba de fuego añadida a la solidez de su democracia. De la actuación del Gobierno y del tiempo dependerá el devenir del «excepcionalismo» tunecino.

Sara González García, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad San Pablo CEU.

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

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