MARTA GARCÍA HARO Y JAVIER BENAYAS (*)

 

1494410405_362931_1494410555_noticia_normal_recorte1Molinos de energía eólica y panel fotovoltaico en Santa Cruz de Tenerife. / C. GARCÍA (EFE) 

 

El pasado doce de julio, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presentó en España elÍndice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, un informe global que elabora la Sustainable Development Solutions Network (SDSN, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Es un trabajo ambicioso que analiza el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 157 países del mundo, situándolos en un ranking global que también permite una comparativa por regiones.

En el caso de España, aunque mejora cinco puntos en relación con el ranking anterior de 2016, colocándose en el puesto 25, pierde algunos de los avances alcanzados en el cumplimiento de la Agenda 2030. En 2017, España ha perdido el único objetivo verde que el año pasado obtuvo en el ODS 5, dedicado a la igualdad de género. Entre los ODS con peores resultados para nuestro país se encuentran varios relacionados con la conservación del medio ambiente, entre ellos los dedicados al mar y la biodiversidad (ODS 14 y 15), o a las emisiones de gases de efecto invernadero (ODS 13), así como al empleo de calidad o la innovación (ODS 8 y 9).

Es interesante señalar que España, en general, tiende a tener mejores resultados en objetivos relacionados con aspectos sociales que en los relativos a temáticas de carácter más ambiental. En este sentido, los datos sobre la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo, el mal comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero o la falta de una estrategia activa para la protección del océano afectan a los resultados de España en relación a la escena internacional.

 

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A nivel español se ha comenzado a trabajar de manera satisfactoria desde todos los sectores: la universidad, las empresas, la sociedad civil y los gobiernos –especialmente los locales y regionales-; sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.

El informe muestra los retos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel de políticas como de análisis estadístico y recopilación de datos para elaborar los indicadores. Además, el Índice ODS ha incluido por primera vez los llamados indicadores de ‘efectos secundarios’ que valoran la influencia que tienen las políticas y acciones de unos países sobre la capacidad de otros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Así, el estudio arroja datos que muestran cómo un gran número de países industrializados no sólo están obteniendo malos resultados para sí mismos, sino que los efectos colaterales de sus decisiones están obstaculizando la implementación de los ODS en los países empobrecidos. Generar desarrollo en unos países provocando subdesarrollo en otros no es el efecto que se desea conseguir con la agenda de sostenibilidad.

Esto constituye una gran innovación porque muchos de estos datos tienden a ser obviados o escasamente medidos en las estadísticas oficiales. En definitiva, ciertos elementos del actual modelo de desarrollo –por ejemplo, los elevados niveles de consumo, el traslado de las fábricas de producción a países en desarrollo, la existencia de paraísos fiscales o la exportación de armamento– provocan efectos secundarios adversos y están causados principalmente por países de renta alta.

Grandes retos, nuevos indicadores

El Índice de los ODS es ambicioso y riguroso en su evaluación, pero todavía presenta grandes retos para los próximos años, como es la incorporación de nuevos indicadores que permitan obtener una fotografía más completa y precisa, tanto de la situación de cada país como de los esfuerzos que realizan para que sus ciudadanos cada vez adquieran una mayor calidad de vida en unas condiciones más sostenibles para las generaciones futuras.

Los datos que proporciona el informe no tienen como fin desanimar a nadie. Al contrario, el propósito de este informe es ayudar a los países a identificar las prioridades de acción para alcanzar todos los ODS (ver puntos fuertes y lagunas). Tampoco se trata de establecer comparativas negativas, pero sí compararse de manera útil con sus pares (por ejemplo: España a nivel europeo). Los indicadores del índice permiten identificar las carencias y desafíos existentes para requerir una acción coherente e inmediata por parte de todos los países, y que los países más pobres se enfrentan a obstáculos significativos y necesitarán apoyo para lograr los ODS.

España no puede estar satisfecha con los resultados obtenidos y debería continuar trabajando para escalar puestos y situarse en el liderazgo de la sostenibilidad. No desaprovechemos la oportunidad que nos ofrece la agenda de los ODS.

 El Indice ODS puede consultarse en www.reds-sdsn.es y en www.sdgindex.org

 

(*) Marta García Haro es coordinadora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Javier Benayas es profesor titular  de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Asesor de REDS

CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI (*)

 

ElectriccarsatstolavsbazilchukCoches eléctricos cargan baterías en la ciudad noruega de Trondheim.

 

En la jornada celebrada en el COAM de Madrid acerca de Hábitat 3.0, presentando el estudio de Daniel Movilla Vega, doctor arquitecto, investigador y en el que participaron Helge Skaara, embajador de Noruega, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, el autor del trabajo y el que suscribe estas líneas, se pusieron de manifiesto las correspondencias entre las experiencia de Noruega (130 M€ en 8 años en el programa) y España acerca del ZEB Living LAB de Trondheim, vinculándolas con la trayectoria de Santander Smart City y para extender el modelo de eficiencia y renovables a la vivienda y ciudad españolas, en línea con los casos Solar Decathlon o Greencities, y los programas desarrollados en nuestro país por la R.E.C.I. (153 M € en el programa previsto). A las grandes diferencias se suma que el modelo nórdico disminuye la desigualdad: Noruega ocupa el tercer puesto en la brecha digital y España, en 2016, ocupa el 29 de 144 países.

Coincidencias y Discordancias

El programa ZEB Living LAB de Trondheim (Noruega), que cuenta con 183.960 habitantes, parece adaptarse bien al de Smart Santander con 178.466 habitantes, en el ámbito de la Red Española de Ciudades Inteligentes, pero las similitudes y discrepancias son muy grandes entre Noruega (5.214.890 habitantes), reino gobernado desde instituciones y organismos de investigación nacionales (ZEB Centre Gobierno de Noruega, el Programa FME), y  España  (46.478.102 habitantes), con 17 autonomías, políticas descentralizadas y abundante legislación y programas concurrentes en medio ambiente y energía. Las universidades son vitales en este caso. Noruega cuenta entre otras con la NTNU (Norges Tecnisk-Naturvitenskapelie Universitet) y Santander con la Universidad de Cantabria, el Campus de Excelencia Internacional y la UIMP. A ello suma la universidad española el Grupo Santander, que apoya con su banco la ciudad del mismo nombre, el nuevo Centro Botín y otras muchas actividades y programas.

Las diferencias de modelos abarcan la concepción de las viviendas y la ciudad inteligente, basadas en estudios antropológicos en Trondheim y en la monitorización mediante sensores de los principales puntos de los servicios urbanos de Santander, base de su plataforma inteligente, más tecnológica en orden a la producción de BIG Data, ahorros y consumo y contadores inteligentes que a la aplicación urbana y sostenible de principios habitables. De hecho, el PGOU de Santander está anulado por el Tribunal Supremo por proponer un aumento de población difícil de corroborar con datos, que supondría un incremento de 35.136 viviendas que parece desproporcionado ante las tasas de crisis y desahucios que todavía sufre la ciudad.

A falta de urbanismo, optimismo por la tecnología

Sin acabar de digerir los efectos de la burbuja, de los costes de la tarifa eléctrica en España y la ‘defunción’ de las energías renovables y del decaído apoyo a la investigación, por el Gobierno se propone la Estrategia de Territorios Inteligentes. Retórica disruptiva, neutra, tecnológica: La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital propone la Estrategia de Territorios Inteligentes que desarrolla el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 2015 y ampliar el concepto de ‘smart city’ al turismo inteligente, las comunidades rurales inteligentes y los servicios públicos inteligentes o servicios públicos 4.0. El Proyecto nacional se va a intentar realizar en el bienio 2017-2019. Una ciudad inteligente como una respuesta holística a las necesidades de la sociedad actual. El objetivo de la estrategia estatal: llevar el concepto de ‘smart city’ a todo el territorio nacional y conformar una ‘España Inteligente’.

La clave, según el Gobierno, es transitar a toda prisa de lo ‘green’ a lo ‘smart’… aunque no nos acerquemos a ninguno de estos conceptos porque estamos en pañales. Un objetivo complejo, difícilmente alcanzable si no se cambian los objetivos, las metodologías y los medios para transformar y coordinar el modelo urbano y el productivo, en relación con las otras experiencias de ciudad sostenible en España, tal como acertada y templadamente propone Noruega.

 

(*) Carlos Hernández Pezzi es doctor en Arquitectura y patrono de la Fundación Alternativas

El turismo español suspende en sostenibilidad

Por: | 11 de julio de 2017

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

1331144681_512875_1331145375_noticia_normalLa playa de Levante de Benidorm, repleta de veraneantes. / ROSA FUSTER 

 

El año 2017 ha sido nombrado por Naciones Unidas como el Año Internacional de Turismo Sostenible. El objetivo del nombramiento es el de concienciar a la sociedad de la necesidad de practicar un turismo responsable. Es decir, un turismo que respete el medio ambiente y minimice al máximo el impacto que hace sobre el entorno, no sólo a nivel ambiental, si no también cultural.

Sin duda, el turismo es uno de los motores que mueven la economía y el empleo en España. Emplea al 13% de los trabajadores y las trabajadoras de España, casi 2,5 millones de personas. Cada año se bate el récord no sólo de número de turistas que llegan a España sino también de gasto por turista. En 6 años, desde 2010 a 2016, se ha aumentado un 57% el ingreso obtenido por el sector, situándose en 77.000 millones de euros.

España se ha visto beneficiada por la situación geopolítica internacional. Turistas que antes elegían Egipto, Turquía o Túnez como destino de sus vacaciones ahora eligen Portugal, España o Croacia como lugar de descanso. Esta situación ha colocado a España como uno de los principales destinos turísticos del mundo, el tercero más visitado después de Francia y Estados Unidos.  Y todo parece indicar que esta tendencia crecerá en el futuro.

En este marco de crecimiento del sector conviene preguntarse, ¿hasta qué punto puede considerarse sostenible el turismo en España? Echemos un vistazo a algunos de los datos recogido en el Informe de Sostenibilidad de España 2017 publicado por la Fundación Alternativas[1] y que explican cómo se ha desarrollado el sector en España:

- Gran concentración de la demanda: Tres comunidades concentran más de la mitad de los visitantes extranjeros. Cataluña, Baleares y Canarias. Más de 44 millones de turistas en total. Si añadimos Andalucía y Madrid, tendremos el lugar de destino del 90% de los turistas extranjeros. En el otro extremo se sitúa La Rioja, Castilla La Mancha y Extremadura, que sólo recibieron a algo más de medio millón de turistas de otros países. Esta concentración de turistas tiene un impacto drástico en la economía y sociedad de los destinos: el sector crece en forma de monocultivo económico, desplazando otras actividades y desmantelando o frenando el desarrollo de un tejido productivo y social alternativo. Las posibilidades de encontrar el empleo que no esté vinculado al turismo son mínimas, no hay incentivos a la innovación ni a la inversión en sectores diferentes, lo que provoca un empobrecimiento social y económico de la población.

- Precariedad laboral: El crecimiento en número de visitantes que llegan a España no se ha visto acompañado de un aumento similar en empleados. Mientras que entre 2008 y 2016 el número de turistas extranjeros aumentó en casi un 20%, el número de plazas hoteleras en un 9% y la rentabilidad media por habitación en 11 puntos, el número de trabajadoras y trabajadores del sector sólo ha crecido un 0,63% en este mismo periodo[2]. La creciente externalización de los servicios de limpieza de habitaciones y bloqueo de la negociación colectiva sectorial resultado de la reforma laboral del 2012, se ha traducido en una reducción drástica de los salarios, un aumento de la carga de trabajo y de la economía sumergida.

- Aumento de la ‘turismofobia’: Ciudades como París, Roma, Venecia o Ámsterdam han sido protagonistas del impacto del turismo de masas que han transformado el entorno de tal forma que han provocado la oposición de la población local a los turistas. En Barcelona, Madrid o Ibiza se han dado situaciones parecidas. Los vecinos han protagonizado diferentes campañas anti-turismo. Se quejan del aumento de precios de la vivienda, de la desaparición del comercio tradicional y del aumento de ruido y suciedad que provocan problemas de convivencia. No ven claras las ventajas que el turismo les reporta. En otros destinos nacionales donde el turismo de masas está aún en una etapa incipiente como San Sebastián, ya han sonado las primeras voces de alerta que llaman a una gestión sostenible del sector que evite situaciones de conflicto entre población local y turistas, como las vividas en esos otros destinos.

- Impacto ambiental y uso de recursos naturales: Se calcula que cada millón de turistas que recibe España consume y genera 11 millones de litros de combustible, 300 millones de litros de agua, 2 millones de kilos de alimento, 25 millones de kilos de CO2 y toneladas de residuos, que ensucian playas y valiosos ecosistemas marinos y terrestres. Se estima que el sector produce el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. El 75% de estas emisiones se producen durante el viaje y el 20% durante la estancia. El resto están relacionadas con las actividades realizadas en el lugar de destino[3]. Por otra parte, el impacto del cambio climático es más que evidente en las regiones turísticas españolas: aumento del nivel del mar, más olas de calor y aumento de temperaturas medias, más incendios y de mayor gravedad e incremento de lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Ante estos retos sólo cabe tomar medidas. Aquí van algunas ideas:

Por un lado, las instituciones públicas, organizaciones turísticas -públicas y privadas- y empresas deben concienciarse sobre el problema y trabajar de forma activa y urgente, incorporándolo en sus estrategias de negocio y en las políticas públicas, evitando quedarse en meras declaraciones de intenciones y ‘greenwashing’ empresarial, y pasar a la acción real, contando con la participación activa de las poblaciones locales. Además, el impacto ambiental de las actividades turísticas debe ser correctamente evaluado y se deben tomar medidas que reduzcan el ruido, la contaminación, la generación de residuos y el uso de energía, apoyando el uso de energías renovables, el reciclado y la movilidad sostenible, basada en transporte público, uso de medios no motorizados y vehículos eléctricos. Es fundamental entender que España no sólo es sol y playa. Disfrutamos de la biodiversidad más rica de Europa. Los 15 parques nacionales, 48 reservas de la biosfera, más de 120 zonas de vías verdes y la extensa Red Natural 2000 pueden ubicar un tipo de turismo de bajo impacto ambiental y mayor impacto (positivo) local. Por último y de manera prioritaria, el respeto por los derechos laborales y el trabajo de calidad debe ser la base las políticas laborales públicas y de recursos humanos empresariales.

[1] Informe sobre Sostenibilidad en España 2017. Cambio de Rumbo, tiempo de Acción. Fundación Alternativas, 2017

[2] Informe de la actividad turística y el empleo 2016. CCOO Servicios, 2017

[3] Organización Mundial de Turismo. Climate Change and Tourism. Frequently Asked Questions. 2017

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Teoría económica y globalización

Por: | 05 de julio de 2017

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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La ciencia económica no goza de gran prestigio entre el público. Las cosas no andaban muy bien antes de la crisis financiera del 2008 pero, por supuesto, han empeorado mucho a partir de ella en tanto que, supuestamente, dicha crisis es resultado directo de las prescripciones de los economistas. Se trata de un diagnóstico sencillo y útil. Pero equivocado.

Para empezar, no existen ‘los economistas’. Dentro de la profesión económica hay mucho menos unanimidad de la que el gran público suele creer. Es verdad que ha habido ciertos consensos en la profesión, e incluso es verdad que dicho consenso se había desplazado hacia la derecha en las últimas décadas (demasiado para juicio de algunos, incluido quien esto escribe).

Pero en torno a ese consenso siempre ha habido discrepancias. Por otro lado, no podemos olvidar que entre las doctrinas que se generan en las aulas académicas y la vida real hay una brecha inmensa que la llenan otros actores: los políticos y los burócratas, especialmente.

Pero dejando de lado las preguntas sobre actores específicos, echemos un breve vistazo a la teoría económica y qué nos dice sobre la crisis financiera y el contexto en el cual surgió: la globalización. Desde los tiempos de David Ricardo, a comienzos del siglo XIX, la teoría económica ha insistido en los beneficios del libre comercio.

Es fácil producir modelos teóricos que demuestren que ciertas dosis de proteccionismo pueden a veces ser recomendables y, de hecho, tales modelos parecen encontrar apoyo en la experiencia exitosa de algunos países que han utilizado el proteccionismo como punto de lanzamiento de su despegue económico (Corea del Sur, por ejemplo). Pero en líneas generales, la teoría económica indica que esos casos deben tratarse con cautela y no ser llevados al extremo.

Eso sí, es obvio que el impacto distributivo del libre comercio puede generar más desigualdad y, como lo enseña la historia, muy pocas veces esos impactos se compensan adecuadamente.

Por otra parte, la teoría económica ha sido siempre mucho más ambivalente acerca de los beneficios de la liberalización de los flujos de capital. A primera vista, pareciera que permitirle a países abundantes en capital exportar sus excedentes a países donde este escasea, favorece a todos. Pero no es difícil ver que el análisis se complica tras pocos pasos.

La liberalización financiera le resta margen de maniobra a la política macroeconómica. Un país que trate de mantener abiertos sus flujos de capital y simultáneamente tener un tipo de cambio fijo (por ejemplo, España en la zona euro), pierde la capacidad de tener políticas contracíclicas. Esto es algo que los economistas han sabido por mucho tiempo. Incluso, Robert Mundell (que nada tiene de hereje ni de progresista) expresó este dilema con claridad en los años sesenta. De hecho, aún antes del trabajo de Mundell, aunque con menos rigor, ya muchos economistas habían captado el problema.

La ortodoxia económica de los tiempos de Bretton Woods precisamente consistía en establecer controles al flujo de capitales con el fin deliberado de permitir a los países amortiguar los ciclos económicos mediante políticas fiscales. Son tan dudosos los beneficios de la liberalización financiera que en nuestros tiempos, economistas que son defensores acérrimos de la globalización, que podríamos considerar relativamente conservadores como Jagdish Bhagwati, se han opuesto en forma vehemente a la eliminación de los controles de capital.

Ejercicio de sentido común

Ahora bien, si unimos ambos análisis, el análisis del libre comercio y el de la liberalización financiera, surge una nueva pregunta: ¿qué pasaría si se combinan ambas políticas en un mismo paquete, llamémoslo globalización? Por supuesto que hay infinidad de detalles para tener en cuenta. Pero antes de entrar en ese laberinto, hagamos un pequeño ejercicio de sentido común.

Supongamos que somos médicos y nos hemos enterado recientemente de que ha salido una nueva droga que, aparentemente, mejora el desempeño del músculo cardíaco, previniendo infartos. Sus beneficios son aún inciertos, los estudios no son concluyentes e incluso hay dudas acerca de efectos secundarios nocivos. Tenemos tres pacientes: uno de ellos con serios problemas de movilidad, reducido a una silla de ruedas, otro con movilidad normal pero con una vida muy sedentaria y un tercero que practica deporte habitualmente. ¿A quién le sugeriríamos ensayar el nuevo medicamento?

No al tercero, por supuesto. Sabemos, inequívocamente, que el ejercicio regular es bueno para el corazón por lo que este paciente ya está protegiéndose en forma aceptable contra posibles enfermedades cardíacas. ¿Para qué someterlo al riesgo de efectos secundarios con una droga de desempeño incierto? Como mínimo, antes de prescribirle la droga nos aseguraríamos de que, por alguna razón extraña, digamos, alguna condición genética muy rara, a pesar de su estilo de vida saludable presenta un elevado riesgo de problemas del corazón.

El segundo paciente sería un mejor candidato aunque seguramente trataríamos de que aumentara antes su nivel de ejercicio habitual en lugar de exponerlo a los riesgos del nuevo medicamento. Sin duda, el mejor candidato sería el primero ya que en este caso sabemos que muy difícilmente va a poder tener un régimen de ejercicio físico aceptable.

Algo similar se podía prever acerca de la globalización. La combinación de libre comercio y liberalización financiera iba a tener efectos disímiles en los distintos países, dependiendo de su punto de partida. Países muy cerrados al comercio internacional (como India o China) podían beneficiarse de la reducción de aranceles y, seguramente dichos beneficios iban a compensar los riesgos de la liberalización financiera.

Flujo de bienes y servicios

Consciente de esto, China ha abierto sus fronteras al flujo de bienes y servicios pero mantiene controles financieros. En cambio, en países que ya desde antes estaban muy abiertos al comercio, las reducciones de aranceles no iban a tener impactos positivos muy grandes con lo que bien podrían verse contrarrestados por los riesgos de la liberalización financiera, sobre todo si se acompañaba de un régimen de tipo de cambio fijo. Como en el sur de Europa.

Nada de esto es un misterio. Todo esto es parte de los principios más claros de la teoría económica. Sin embargo, los arquitectos de la globalización en Europa (en especial el euro), se empeñaron en magnificar los posibles beneficios cuando la teoría dejaba claro que, al contrario, era necesario proceder con cautela porque, precisamente, Europa ya era desde antes una zona muy abierta al comercio internacional. Esta nueva terapia tenía potenciales beneficios (y, sin duda, España recibió durante varios años ingentes recursos de capital procedentes del norte de Europa), pero también debía pensarse en los costos.

La culpa, por tanto, no es de la teoría económica que, al contrario, ha ofrecido desde hace muchos años los elementos básicos para diagnosticar la situación. Si sus advertencias fueron ignoradas fue porque había intereses políticos y económicos alineados para que así fuera.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es coordinador del Zoom Económico de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III

JAVIER REY (*)

 

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Personal médico en un quirófano.

 

La sanidad no ha sido nunca en España, ni lo es ahora, universal ni igual para todos. Las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), que reúnen a colectivos especialmente próximos a e influyentes sobre todos los gobiernos,  mantienen una protección sanitaria diferenciada de la del resto de la población, de manera que pueden optar anualmente para acceder a un seguro privado con financiación pública.

Desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, esa situación se mantenía como una excepción, cuyo destino final no discutido era homologar ese sistema diferenciado de protección y financiación al disponible para el resto de la población, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esa perspectiva de futuro ha cambiado, como consecuencia de determinadas disposiciones adoptadas en la Ley de presupuestos para 2017, a las que no se ha formulado enmienda alguna por ningún partido, ni de la oposición ni afín al Gobierno.       

Que no se hayan adoptado medidas de homologación e integración de estos sistemas mutualistas en el SNS treinta años después de que fueran previstas en la LGS, se ha debido sin duda en buena parte a la dificultad de que tales medidas fueran promovidas por un solo partido en el Gobierno, dada la oposición de los colectivos de funcionarios afectados. Esto podría haber convertido su desaparición en una cuestión idónea para ser adoptada en una legislatura como la actual, en la que cualquier medida que se adopte requiere el acuerdo de varios grupos parlamentarios. Ningún partido ha opuesto nunca razones de fondo que justificasen el mantenimiento de esas situaciones, en sentido contrario a lo previsto en la LGS.

Pero tanto el PSOE, en la Ley 30/2011 General de Salud Pública, como el PP, en el Decreto-Ley 16/2012, adoptaron, sin ofrecer justificación, medidas formales que han servido para consolidarlas en los últimos años. Sólo Izquierda Unida, hoy inexistente  como tal,  incluyó en su programa de las penúltimas elecciones  una propuesta expresa para hacerlas desaparecer; un proceso que, además, podría producirse en fases sucesivas, comenzando por la dependencia de la gestión sanitaria de éstas del Ministerio de Sanidad, y no del de Hacienda, Justicia o Defensa.     

Por otra parte, las medidas de desaceleración del precio de las pólizas de seguros privados mutualistas que sostienen esos regímenes, adoptadas por el Ministerio de Hacienda del PP en los últimos años por razones de eficiencia y reducción del gasto, sugerían que la razón económica abocaba también a su desaparición. Varias sentencias recientes del Tribunal Supremo de resultas de recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias, eximieron a ese Gobierno de cubrir con cargo a sus propios fondos la asistencia sanitaria en su territorio de los funcionarios incluidos en las mutualidades que hubieran optado por cambiar su atención al SNS.

De este modo se permitía que por el Servicio Canario de Salud se facturasen a las mutualidades correspondientes los gastos efectuados. Esas sentencias parecían poner en cuestión más aún las perspectivas económicas de futuro de las mutualidades, a poco que las restantes CC AA siguieran el mismo camino.  

Presiones de los sindicatos

El último semestre ha visto, sin embargo, arreciar las presiones de los sindicatos de funcionarios, sobre todo CSIF y las de los seguros privados, que cubren la asistencia del 80% de la población mutualista que elige esa opción. Los primeros aducen una caída de la población titular cubierta (que la memoria de MUFACE desmiente), en correspondencia casi milimétrica con las demandas de las compañías de seguros para mantener y extender el modelo en su duración y cobertura personal.

Estas presiones han llevado a adoptar varias medidas que traducen de manera directa las demandas citadas:

-En primer lugar, la convocatoria de más de 100.000 plazas de funcionarios, que pasarán a encuadrarse en las mutualidades,  ocupadas hasta ahora por personal interino, cuyo régimen de protección obligado es el del SNS, supondrá un importante incremento del personal incluido en aquéllas.

- La Disposición final quinta del proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado modifica  el Real Decreto Legislativo 4/2000 sobre seguridad social de los funcionarios civiles del Estado. Según esta norma, quienes accedan por promoción interna a Escalas Interdepartamentales de Organismos Autónomos o Cuerpos o Escalas de las CCAA pueden optar por mantener o recuperar, en condiciones de aparente duplicidad, la condición de mutualistas de MUFACE a efectos exclusivamente sanitarios. Esta disposición rompe la tendencia a la integración de toda la población en un solo sistema de protección, concediendo las ventajas añadidas de esa doble protección y doble gasto  a esos funcionarios, sin razón alguna que lo justifique.  Esta medida, pese a lo reducido del número de potenciales afectados, está siendo bien recibida por el sector privado por sus efectos propagandísticos.     

-Por su parte, la Disposición final séptima del mismo proyecto modifica el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del SNS, introduciendo en esa norma, que es la que con carácter básico rige éste,  la posibilidad de que los funcionarios adscritos a las mutualidades puedan optar por recibir la atención a través del propio SNS o de una entidad privada; un derecho subjetivo no generalizable por el gasto que supondría, que no puede ejercer la población incluida de manera obligatoria en el SNS y que, de generalizarse, podría llevar a la ruptura efectiva del SNS. La misma disposición impone por Ley a las CCAA, en sentido contrario a lo que establecieron las sentencias que había obtenido en el Tribunal Supremo el Gobierno de Canarias, la obligación de financiar con cargo a sus propios fondos y sin ninguna financiación adicional la atención sanitaria de los funcionarios que opten por el SNS. Con todo ello el mutualismo garantiza que todos sus recursos presupuestarios para atención médica, incluidas las cuotas y aportaciones detraídas a los funcionarios que eligen SNS, se destinarán en exclusiva al seguro privado, que seguirá operando en condiciones ventajosas dada la posibilidad de exportar o duplicar riesgos y coberturas al SNS.

Acabar, como en Portugal, con la financiación pública de las  mutualidades, en sentido contrario a lo regulado ahora, y someter su gestión sanitaria a la del Ministerio de Sanidad, recuperando éste una capacidad frente al de Hacienda de la que ahora carece, parece, por eso, la única vía efectiva posible para comprometer la atención de todos los partidos en la consecución de la atención sanitaria universal e igual para todos. Es una meta que no ha sido nunca real en España, y una necesidad más urgente aún tras la crisis en las condiciones actuales de desigualdad económica y social. 

 

(*) Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía y secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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