La nueva era se llama internet móvil

Por: | 22 de mayo de 2015

ThSORAYA PANIAGUA

La nueva era de la economía y la sociedad digital se llama Internet móvil. Más allá de su impacto económico, tanto en negocio como en empleo, la movilidad está  impulsando el desarrollo de los modelos colaborativos o las nuevas industrias de tecnológicas. Con un smartphone el ciudadano es más productivo e inteligente pero a la vez menos libre y anónimo. Para analizar y reflexionar sobre el impacto del Internet móvil la Fundación Alternativas organiza el jueves 28 de mayo  un foro de debate en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. 

Según Boston Consulting en 2017 el volumen de negocio de Internet móvil, en las principales economías europeas, será de 230.000 millones de euros. Un negocio repartido entre proveedores de accesos, plataformas, desarrolladores de apps, contenido y servicios. Hemos entrado de lleno en la nueva era de la economía y la sociedad digital basada en Internet móvil. Los modelos colaborativos como Uber, Blablacar o Airbnb son un buen ejemplo de esta transformación. Además, los smartphones que llevamos en los bolsillos, son computadoras repletas de sensores que va a permitir el desarrollo y expansión de Internet de las Cosas y Big Data, las industrias de la Inteligencia. 

El 21 de abril Google comenzó a penalizar las webs no optimizadas para dispositivos móviles, una decisión que refleja el comportamiento social. Los principales diarios en inglés ya reciben más tráfico móvil que web, y en España la búsqueda de pisos a través de dispositivos móviles ha crecido un 45% en dos años. La conexión en movilidad es lo habitual, la cabeza gacha y la pantalla es el denominador común en los espacios públicos.  El móvil nos hace más productivos, eficientes y listos pero quita el contacto humano, el sosiego, la libertad y, sobre todo, la privacidad. También hace que nuestra vida laboral se extienda hasta el ámbito personal.  Queremos estar permanentemente unidos al móvil y eso ya tiene nombre, se llama nomophobia.

Internet móvil  sitúa a los ciudadanos como protagonistas de la generación y distribución de contenidos. Además de textos, fotos o  vídeos  asistimos al auge de las transmisiones en directo con aplicaciones hipersencillas como Periscope o Meercat, pero también las protestas y denuncias por piratería. Desde la llegada de los medios sociales hay  un debate candente en torno al ser o no ser del periodismo ciudadano. Con la expansión de Internet móvil  ese debate cobra más fuerza  que nunca.

Para conocer y reflexionar sobre estos temas, el próximo jueves 28 de mayo la Fundación Alternativas organiza un foro de debate en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Un debate abierto a todos los asistentes que contará con la participación de Hernán Rodríguez, consultor de negocios móviles y director de la Asociación Española de Comunicaciones Móviles, Francesco D. Sandulli, doctor en Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Rueda, director de Cultura  de la Fundación Alternativas y  Soraya Paniagua, periodista, consultora independiente. 

* Soraya Paniagua es periodista y consulta independiente.  

 

 

Adiós a la justicia universal

Por: | 20 de mayo de 2015

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JOAN RIDAO

Como es sabido, el llamado principio de jurisdicción universal es el instrumento de que disponen los jueces en cada país para investigar crímenes de derecho internacional perpetrados por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si los Estados lo aplican, sus tribunales pueden admitir acciones penales contra los delitos efectuados fuera de sus fronteras, incluso en el caso de que los acusados y las víctimas sean extranjeros. No en vano, se considera que esos crímenes, por su gravedad, deben ser protegidos por la comunidad internacional, pues se trata de actos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzosa.

Hasta hace muy poco, España fue un Estado de referencia en la aplicación de ese principio. Antes de reformarse por vez primera el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esa Ley establecía que los jueces españoles eran competentes «para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional», y que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, terrorismo, piratería, etcétera) según la ley penal española. 

Sin duda, el arresto del dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres, por la masiva violación de derechos humanos en su país, después de ser procesado por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional española, supuso un hito en la aplicación de dicho principio. Pero, ya en 2009, durante la última etapa de gobierno socialista, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV (y el rechazo de ERC, IU, ICV, entre otros), la primera  reforma de la justicia universal en España. Como se recordará, dicha modificación fue impulsada después de que la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa del exministro español Miguel Ángel Moratinos de modificar la Ley para archivar la causa abierta contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el  bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.  

A partir de entonces, no se olvide, la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encontraban en España (algo harto difícil, por tratarse de crímenes internacionales), y en el caso de que alguna de las víctimas tuviera nacionalidad española, o existiera algún «vínculo de conexión relevante en España». 

Con todo, este último inciso del artículo 23 LOPJ dejaba aún una vía abierta, aunque muy angosta, que fue utilizada para aplicar el principio de justicia universal en algunos casos en los que podría haberse archivado. En otras palabras, no podía abrirse una causa si otro Estado o tribunal internacional había iniciado una investigación «efectiva» al respecto con anterioridad. 

Pero hace tan sólo unos días, dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) han dado un mazazo definitivo a lo que eufemísticamente ha venido a denominarse como reducción de la operatividad del principio de justicia universal en España a partir de 2009. En puridad, esa reducción ya había sido rematada con la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, nuevamente de reforma de la LOPJ, operada esta vez por el Gobierno del PP. Lo decisivo es que, como las resoluciones del TS crean jurisprudencia en relación a la aplicación de la reforma, ahora sí puede afirmarse, sin ningún género de duda, que los jueces españoles han dejado de ser competentes, en la práctica, para perseguir delitos cometidos en otros países. 

En efecto, la citada reforma de 2014 se aprobó con el fin de reducir todavía más la justicia universal en nuestro sistema, esto es, para evitar la posibilidad de que los jueces españoles pudieran perseguir hechos ocurridos fuera de España, ya fuera contra españoles o contra extranjeros. En este caso, el punto de ignición de la modificación legal fue la investigación y procesamiento, a partir de 2012, de distintas autoridades chinas (entre ellas un ex presidente y un ex primer ministro) por parte de la Audiencia Nacional, acusados todos ellos de distintos ilícitos durante el genocidio del Tíbet (de las décadas de 1980 y 1990). Eso fue lo que motivó todo tipo de presiones de la República Popular sobre el gobierno español, que se apresuró, para complacerle, a impulsar ante las Cortes una reforma que desactivara todo este tipo de casos. 

Para acelerar aún más el proceso, el Gobierno del PP no presentó siquiera un proyecto de ley. Fue el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados el que presentó una proposición de ley, de modo que no sólo el Gobierno ganaba tiempo sino que se ahorraba los dictámenes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, siempre enojosos por preceptivos e inciertos.

La LOPJ establece ahora una serie acotada de supuestos en que pueden seguir persiguiéndose delitos tan graves, pero con una serie de rígidos requerimientos que han sido concebidos ​​para impedirlo en realidad. Además, la disposición transitoria única dispone que las causas abiertas en el momento de entrar en vigor la ley deberán quedar archivadas en tanto no se acredite que se dan las condiciones para continuar con ellas.

En un primer momento, la reforma recibió una respuesta inesperada de la mano del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que estaba conociendo de casos afectados por la reforma, y que decidió no aplicar el nuevo art. 23.4.a LOPJ. Este artículo, según el magistrado, vulneraba la IV Convención de Ginebra de 1949, de la que España es parte, relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, y que dispone, en su art. 146, la obligación de las partes firmantes de buscar y hacer comparecer ante sus tribunales a los causantes de cualquier infracción grave prevista en el convenio, sea cual sea su nacionalidad. 

Entre dichas infracciones graves se encuentra el «homicidio intencional» (art. 147), definición que se correspondía con algunos casos que llevaba el propio juez, como la muerte de un periodista a consecuencia del disparo efectuado desde un carro de combate estadounidense contra un hotel habitado en Bagdad, durante la ocupación de Irak en el 2003. De ahí que, según su parecer, existía una eventual contradicción entre el restrictivo art. 23.4.a) LOPJ y la mencionada Convención, que Pedraz resolvió continuando con la fase de instrucción, con lo que se rehusaba a aplicar no sólo el artículo de la LOPJ sino también la citada disposición transitoria única de la Ley Orgánica 1/2014, que ordenaba el archivo de este tipo de causas. Pero, una vez instruidas las causas, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acabó resolviendo: según la Ley, no se daban los requisitos para proseguir, es decir, que los autores del delito fueran españoles, extranjeros residentes habituales en España o extranjeros que se hallasen en España con extradición denegada.

En algunos casos (entre ellos los vinculados al genocidio en el Tíbet -que fue el motivo de la inusitada celeridad adoptada por el Gobierno para reformar la LOPJ- y a la represión por parte de las autoridades chinas contra el movimiento religioso Falung Gong) se presentaron por parte de las acusaciones populares recursos de casación ante el TS. Por lo que ha acabado siendo éste el que hace pocos días ratificase la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de archivar las causas abiertas contra varios dirigentes chinos. Según el TS, ni son españoles, ni residentes habituales en España, ni están en España con una petición de extradición denegada. Por lo que, según el alto tribunal, la nueva regulación no permite actuar contra ellos.

Sin duda, con reformas como la de la LOPJ en 2014 (y también, cómo no, la de 2009), el principio de justicia universal, que en las últimas décadas se había ido abriendo camino paulatinamente en la esfera internacional ha dado un paso atrás. Las exigencias o intereses de política internacional y económica (en diplomacia, dicen, no hay amigos sino intereses) parecen haberse impuesto triste e inexorablemente sobre la protección de los derechos humanos a nivel global. 

* Joan Ridao es profesor titular acreditado de Derecho Constitucional.

 

Cameron no se suicidará

Por: | 18 de mayo de 2015

1333209620_118416_1333211577_noticia_normalVICENTE PALACIO

Parece un fantasma salido de un cuento gótico. Europa tiembla frente a Brexit: la salida de Reino Unido de la UE a resultas del referéndum prometido por el ahora todopoderoso primer ministro David Cameron. Es el mismo juego británico de siempre, un punto caprichoso y algo perverso. Quieren repatriar competencias para el Parlamento de Westminster, todo en nombre de una soberanía nacional que se afirma por un lado, mientras que por otro hablan de la globalización, del orden mundial posmoderno y demás. Bien. 

Se dirá que tampoco esta vez pasará nada, que Europa lo aguanta todo. Pero en Bruselas se han encendido las luces de alarma: es lo que le faltaba a una Europa que trata de recuperarse de tanta desgracia: desempleo, estancamiento, desafección ciudadana, o de ese otro fantasma más desagradable aún: Grexit. 

Es normal que en estos primeros momentos haya cierto descontrol: el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker se ha mostrado un punto conciliador, mientras Hollande y Merkel enseñaban los colmillos: esta vez no se van a arredrar frente al espectro de siempre. A partir de ahora y hasta la mitad de 2016 vamos a presenciar una de las más duras negociaciones con Bruselas que se hayan visto desde los tiempos del cheque británico de Margaret Thatcher.  También es la hora de la verdad para ver si en la eurozona - que ha dado pasos importantes de un cierto federalismo fiscal en medio de la gran tempestad de los últimos cuatro años -  hay alguien con liderazgo político para enderezar el rumbo económico y político del motor euro de la Unión. 

La pregunta ahora es: ¿cómo usará Cameron su nueva mayoría? ¿De qué lado se decantará? En política, como en el fútbol, nunca hay que descartar nada. Pero existen al menos tres elementos que podrían tranquilizarnos, aunque sea un poco, a los europeístas que no queremos ni oír hablar de Brexit:  

. Lo primero: con la excepción de los UKIP (de ridícula presencia en el nuevo Parlamento: un escaño) y los tories más recalcitrantes, las propias élites económicas y financieras (empresarios, bancos, parte de la City) junto a la oposición laborista, no quieren irse, por una cuestión sea de pragmatismo, o de principios, que lo mismo da para el caso. Cameron, que obviamente quiere permanecer en la UE en las condiciones más ventajosas posibles - o sea, más todavía que ahora - tiene autoridad más que suficiente como para imponerse en una campaña a favor del sí condicionado frente a los eurófobos de UKIP y los tories más recalcitrantes que quieren irse. 

. Segundo, está Escocia. Quizá se ha subestimado mucho hasta ahora el poder disuasorio que el independentismo escocés tendrá en este proceso. Cameron no puede ir demasiado lejos en sus planteamientos ni sus amenazas a Bruselas. Con una presencia notable de 56 escaños en Westminster, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon puede agitar el espantajo de la propia independencia de una Escocia que sí quiere estar en la Unión Europea, como hizo en el reciente referéndum escocés que casi le da la victoria. Sin duda, alguien en Bruselas sabrá utilizar esto también. Una campaña tory muy agresiva contra Europa podría resultar la puntilla para Londres. ¿Resultado? Con independencia de lo que consiga en la negociación, Cameron tendrá probablemente que optar entre un Reino Unido dentro de la UE, y un Reino Des-Unido: fuera de la UE pero seguramente sin Escocia. 

. Y tres: el calendario podría jugar en contra de Cameron. El timing de la negociación que se avecina se juega de aquí a no más del primer semestre de 2016. De un lado, el referendum podría convertirse en un fardo que Cameron no quiere arrastrar por demasiado tiempo, porque una vez ganadas las elecciones, no le aporta mucho más que ganar unos cambios que serán sobre todo cosméticos, frente a Bruselas. La barrera temporal la ponen las elecciones presidenciales en 2017 en Francia y Alemania. Cameron sabe que tiene que arrancar a sus socios muchas cosas en muy poco tiempo, apenas unos meses, porque más allá de la mitad de 2016 aquéllos no le van a dar casi ni agua. Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, ha dejado claras dos líneas rojas: una, la libre circulación de personas en el territorio de la Unión: nadie puede convertir la Unión en una cárcel. Y dos,  nadie puede impedir que se avance en el principio del Tratado de Lisboa de la “ever closer Union”: a nadie se le va a permitir que ponga trabas a la integración de los demás.  

Todo lo anterior es una variación del cuento del fantasma Brexit. No tiene por qué ocurrir así necesariamente, claro. Pero a Cameron ya “le suenan las cadenas” (del fantasma). ¿Se va  a suicidar Reino Unido? No creo. 

 * Vicente Palacio es director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

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 . La UE ha tratado de incrementar su legitimidad complementando la débil democracia representativa europea con herramientas participativas.

  • . Los mecanismos participativos han fracasado rotundamente a la hora de interesar a los ciudadanos por la UE pero sirven de contrapeso a las organizaciones que promueven intereses económicos y para diversificar la agenda de las instituciones europeas.
  • . Este post se basa en Participatory Democracy and Civil Society in the EU. Todos los lectores del blog de Alternativas están invitados a la presentación del libro esta semana en Madrid.

La web EUROPA - el portal oficial de la UE en la Internet - todavía contiene una serie de argumentos destinados a convencer a los europeos de los méritos del Tratado de Lisboa (que entró en vigor en noviembre de 2009). Le dedica toda una sección a una Europa más democrática y transparente, y uno de los argumentos centrales es que el Tratado facilitará la creación de una democracia europea más participativa a través de nuevos mecanismos de interacción con los ciudadanos y la sociedad civil. Sin embargo en el Tratado de Lisboa no aparecen por ninguna parte los términos democracia participativa. Esta anécdota revela algunos elementos interesantes sobre la agenda de la UE en relación con la sociedad civil. En primer lugar, señala que la UE ha tratado de incrementar su legitimidad complementando la democracia representativa - los ciudadanos están representados directamente en el Parlamento e indirectamente a través de sus Estados en el Consejo -con herramientas participativas dirigidas a la sociedad civil organizada y al conjunto de los ciudadanos. Además también demuestra la importancia que otorgan las instituciones europeas a la construcción de marcos interpretativos -construcciones discursivas sobre el mundo político y social que compiten con marcos alternativos por la definición de la agenda política- al utilizar referencias connotadas positivamente tales como participación y sociedad civil para hablar de sus relaciones con los grupos de interés. Finalmente, esta anécdota nos habla de la relativa inestabilidad de dichos marcos interpretativos a lo largo de los últimos años.

El interés de la UE por el discurso participativo tiene casi dos décadas. Desde la problemática ratificación del Tratado de Maastricht en 1992 -con un primer rechazo en Dinamarca y un resultado muy ajustado en Francia -las instituciones de la UE promueven la idea de que los límites de la democracia representativa a nivel europeo -debidos, entre otros, a la ausencia de partidos o de un espacio público supranacionales- podrían remediarse fomentando la participación de los ciudadanos a través de sus organizaciones o de forma directa. La primera referencia de la Comisión al potencial legitimador de sus contactos con los grupos de interés es de 1992, y desde 1996 la Comisión promueve la organización de la sociedad civil a nivel europeo fomentando entre otros la organización de la Plataforma Social Europea. Entre 2000 y 2001 se formula la idea de que la consulta a las organizaciones es una forma de democracia participativa y que dichas asociaciones son un actor más dentro de la gobernanza de las políticas públicas europeas. Entre 2003 y 2004 se introduce un artículo sobre la democracia participativa en el Tratado Constitucional y a pesar del rechazo de dicho tratado en el referéndum de 2005 en Francia el contenido del artículo - pero no el título "democracia participativa" - se ha mantenido en el Tratado de Lisboa (actual artículo 11). 

Sin embargo, en esta historia se ha enfatizado con demasiada frecuencia la estrategia de legitimación por parte de la Comisión europea olvidando la capacidad de las organizaciones de influir en la agenda a lo largo de casi una década y ante diferentes instituciones. Con todo, el proceso descrito más arriba también es de  reconocimiento de la sociedad civil europea y de institucionalización de su derecho acceso a la agenda: 

Artículo 11:

1. "Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión".  

2.  "Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. "

El siguiente gráfico reproduce las relaciones entre las organizaciones más implicadas en el debate sobre la consulta a la sociedad civil y demuestra que fueron las principales organizaciones ciudadanas de Bruselas las que tuvieron mayor centralidad, mientras que grupos a priori más influyentes como las organizaciones patronales (UNICE, Eurocommerce y UEAPME) o los representantes de las regiones de Europa (Eurocities, CPMR, CEMR) tuvieron un papel secundario.  

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Gráfico 1: Grado de centralidad de las organizaciones implicadas en el debate sobre la sociedad civil.

Como se ha señalado más arriba, sin embargo el marco interpretativo ha evolucionado junto con los vaivenes de la UE en las últimas dos décadas. A finales de los noventa se produce la primera transformación significativa del marco cuando la comisión deja de hablar de grupos de interés para hablar de ellos como la sociedad civil europea. La segunda transformación consiste en la adopción del discurso de la gobernanza y la democracia participativa a principios de los 2000, mediante el cual se reconoce a los grupos como partes casi a título propio del proceso de toma de decisiones. Sin embargo es cuando dichos grupos obtienen el reconocimiento con el artículo en el tratado cuando vuelve a cambiar el discurso de la UE, comenzando a alejarse del discurso sobre la sociedad civil organizada para promover discursos en torno a la transparencia y el buen gobierno, al mismo tiempo que se enfatiza la importancia del debate en un espacio público amplio más que en la contribución de las organizaciones representativas. La adopción de la iniciativa ciudadana europea en 2012 confirma el actual interés de la UE por formas de participación que vayan más allá de los ya representados en Bruselas

Si bien todos estos discursos tienen capacidad de legitimación -baste como ejemplo su actualidad en España tanto en el discurso regeneracionista como en el del 15M - son diferentes entre sí y en los requisitos para los participantes. Por poner un ejemplo, es muy distinto crear un mecanismo de acreditación de las organizaciones en el que se establezca la representatividad como requisito para participar que proponer un sistema abierto en el que solo se solicite la declaración del interés representado y las fuentes de financiación. El resultado de estos cambios de marco en tan pocos años es que los mecanismos participativos han servido de poco para legitimar a la UE para la mayor parte de los ciudadanos: baste con el ejemplo que la Comisión ha rechazado el registro de casi todas las iniciativas relacionadas con temas de tanta importancia para los ciudadanos como la posibilidad de secesión de regiones de los Estados miembro o la gestión de la crisis del euro. En todo caso el juicio sobre la contribución de este debate a la democratización de la UE no debería darse por concluido todavía. Aunque su fracaso parece rotundo a la hora de interesar a los ciudadanos por la UE, la existencia de estos mecanismos sirve para establecer contrapesos a la fuerza de los intereses económicos y para diversificar la agenda de las instituciones europeas (que por ejemplo tuvieron que enfrentarse por primera vez al debate sobre el aborto gracias a una iniciativa ciudadana). 

En todo caso quedan todos invitados a hablar de ello el jueves 14 de mayo. 

 * Luis Bouza García es autor del libro Participatory Democracy Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalisation y profesor del Colegio de Europa y de la Universidad Carlos III.

***

Participatory Democracy Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalisation se presenta el jueves 14 de mayo, a las 19:00 en la Representación del Parlamento Europeo en Madrid (Castellana 46, Metro Rubén Darío).

Intervendrán:

. Susana del  Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea sobre Ciudadanía y Gobernanza en la sociedad del conocimiento.

. Carlos Carnero, director gerente de Alternativas, miembro de la Convención sobre el futuro de Europa.

. Luis Bouza García, autor, profesor del Colegio de Europa y de la Universidad Carlos III.

Partidos-politicos-redes-socialesJAVIER LORENZO RODRÍGUEZ y AMUITZ GARMENDIA MADARIAGA

A medida que el número de usuarios conectados a la red aumenta, los partidos políticos parecen haber incorporado de manera generalizada el uso de las redes sociales a sus estrategias de campaña. Una muestra compuesta por 148 partidos en 27 países miembro de la Unión Europea así lo atestigua.

En un documento de Estudios de Progreso publicado por la Fundación Alternativas examinamos la posible existencia de estrategias diferenciables en la red entre aquellos partidos políticos que compitieron en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo de 2014 en toda Europa. Utilizamos para ello una base de datos única en la que combinamos su presencia, actividad e impacto en las dos principales redes sociales del momento, Facebook y Twitter, con características institucionales de acceso a la sociedad de la información y perfiles sociodemográficos de los usuarios de estas comunidades. 

En el contexto de crisis económica y euroescepticismo creciente en el que se celebraron estas elecciones de segundo orden, nuestro análisis demuestra que los partidos niche (organizaciones con posiciones ideológicas no centristas o focalizadas principalmente en asuntos no económicos) desplegaron presencias significativamente más activas y de mayor impacto que los partidos moderados mayoritarios en estas redes sociales.  

En España, donde la actividad online de los partidos y usuarios está por encima de la media europea, este patrón de comportamiento se repitió: tanto Podemos como la Izquierda Plural desarrollaron presencias más intensas y efectivas que el PP o el PSOE.  

A pesar de que las elecciones al Parlamento Europeo se caracterizan por condiciones específicas que las diferencian de las elecciones generales nacionales, un examen en detalle de la población de ambas plataformas en nuestro país da cuenta del reto al que se enfrentan las formaciones mayoritarias en la red; estas comunidades evidencian un claro sesgo ideológico hacía la izquierda viéndose sobrerrepresentadas aquellas opciones minoritarias o niche. En cualquier caso, la velocidad con la que la red se está expandiendo, y el dinamismo con el que se transforma, unidos al hecho de que los usuarios mayoritarios de estas redes sean jóvenes con una corta socialización política, hacen de la competición política en la red un escenario determinante en el futuro de las democracias desarrolladas.

*Javier Lorenzo Rodríguez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y Amuitz Garmendia Madariaga es investigadora y becaria Fulbright y en la Binghamton University.

* Enlace al trabajo.

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

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