40 Aniversario

La crisis económica y la obesidad en España

Por: | 20 de julio de 2016

ELISA DÍAZ (*) 

Renos

La obesidad constituye un problema de orden mayor para la salud de los individuos y para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Está asociada a otros factores de riesgo como hipertensión y niveles de colesterol alto, así como a enfermedades crónicas graves (diabetes, problemas cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer) y puede causar dificultades de tipo psicológico y social, todo lo cual reduce de manera significativa la esperanza de vida, limita el desarrollo de una vida normal activa, y en última instancia incrementa los costes del sistema sanitario. Lo que es menos conocido y aparece poco en el debate público es que la obesidad está relacionada con la situación socioeconómica de los ciudadanos y que la crisis económica vivida en nuestro país puede estar acentuando dicha relación. En un post anterior analizábamos la relación entre salud mental y el aumento del paro, en este nos centraremos en conocer mejor el perfil de obesidad de los españoles tras la reciente crisis económica y en sus implicaciones para el análisis y la acción política.

En los últimos años, en España, la proporción de población adulta con sobrepeso y con obesidad ha venido creciendo situándonos por encima de la media de la OCDE.

Captura de pantalla 2016-07-20 a las 10.45.48Para el diseño de políticas y actuaciones eficaces no basta con observar que hay un problema de obesidad sino que es necesario entender si la obesidad se distribuye de manera uniforme en toda la población o, si, por el contrario, tiene una especial prevalencia en determinados grupos de la población. En España, la evidencia disponible muestra que la edad y el género son importantes y que hay que prestar una especial atención tanto a las personas mayores de 55 años, y especialmente, a las mujeres, como a la población infantil. Los Gráficos 3 y 4 muestran la relación entre la proporción de individuos con sobrepeso, obesidad y normopeso y la edad de la población. El gradiente es claro en particular para las mujeres.

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Los niños merecen un foco especial de atención. Con respecto a los países de nuestro entorno, la proporción de población infantil con sobrepeso u obesidad en España se encuentra en niveles significativamente por encima de la media.

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Además de los problemas de salud que el sobrepeso y la obesidad causan en los niños (por ejemplo, asma, problemas musculo-esqueléticos, y potenciales desordenes de salud mental), hay que tener en cuenta que es altamente probable que los niños y adolescentes obesos terminen siendo adultos obesos: los altos niveles de obesidad y sobrepeso en la población infantil observados en la actualidad pueden estar consolidando una tendencia futura.

La evidencia también muestra que hay que diseñar actuaciones concretas para los ciudadanos con una menor educación y una peor situación socioeconómica, los más castigados por la reciente crisis. Los Gráficos 6 y 7 muestran la relación entre los niveles de índice de masa corporal de la población y la educación – esto es, una proxi de la situación socioeconómica. Claramente, esta variable tiene una relación negativa con los niveles de obesidad – menores niveles de educación están asociados a mayor probabilidad de obesidad.

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Algunos estudios apuntan a diferentes mecanismos a través de los cuales la crisis económica podría haber contribuido al incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad - por ejemplo, la reducción en el consumo de frutas y vegetales y el aumento en el consumo de productos con una composición nutritiva más pobre debido a la menor renta disponible de los hogares; o mayores niveles de estrés de los individuos por razones económicas (por ejemplo, problemas para pagar deudas) que pueden conducir - como forma de compensación psicológica - a una mayor ingesta de alimentos. En cualquier caso, la evidencia todavía es escasa y son necesarios más esfuerzos en esta línea de trabajo para contener los efectos que la obesidad está teniendo y va a tener en las próximas décadas. Pero es importante la llamada de atención sobre el aumento del número de individuos en grupos socioeconómicos con más riesgo de padecer sobrepeso y obesidad debido a una menor movilidad social.

En la medida que la crisis económica puede estar contribuyendo a un estancamiento de la movilidad social hacia situaciones más favorecidas, la consolidación del número de individuos en estos grupos socioeconómicos, puede constituir una resistencia para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso en España en el futuro. Y esto, junto con los efectos que la crisis económica, a través del incremento sin precedentes del desempleo de larga duración, está teniendo sobre la salud mental de los españoles, puede estar contribuyendo a consolidar un incremento de la morbilidad en la población española. Este posible cambio en los patrones de morbilidad de la población española, relacionado con la crisis económica, y su distribución desigual por grupos sociales, y sus efectos tanto sobre el bienestar como sobre el funcionamiento del sistema sanitario, deberían recibir la atención de los actuales y futuros responsables de la política sanitaria y económica del país.

 

(*) Elisa Díaz es directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas.

No pagues tus multas

Por: | 18 de julio de 2016

SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE Y CARLOS GARCIMARTÍN

 

 

Juncker

Jean-Claude Juncker (I) y el comisario Pierre Moscovici

Pese a que las autoridades comunitarias concedieron al Gobierno dos ampliaciones en los plazos, éste incumplió el objetivo de déficit en todos los años de la pasada legislatura. Cuando en el último de ellos parecía que por fin España iba a cumplir sus compromisos, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas claramente electoralistas que alejaron una vez más a nuestro país de los límites pactados. A las medidas expansivas de gasto se sumaron unas “rebajas” fiscales cuya única razón de ser era fortalecer la posición del Partido Popular de cara a las elecciones, con un coste de 6.000 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Todo ello explica la desviación en 2015 respecto al objetivo de déficit de aproximadamente 8.000 millones. Y en 2016, sólo hasta mayo, las rebajas fiscales ya han tenido un coste adicional de 4.000 millones.

No es de extrañar, por tanto, el enfado con que la Comisión Europea acogió este último incumplimiento, no derivado de la coyuntura económica sino de un interés puramente partidista. Por ello, y pese a haber mostrado flexibilidad una vez más en el cumplimiento de los objetivos concediéndonos otro año de prórroga, la Comisión nos ha abierto –tras un vergonzoso retraso para no “interferir en el proceso electoral”- un procedimiento sancionador a consecuencia de estas actuaciones. La sanción máxima que nos podrían imponer rondaría los 2.000 millones de euros, unos 55 euros por español registrado en el censo electoral -36,5 millones- o 253 por cada votante del Partido Popular en las últimas elecciones -7,9 millones-.

Aunque las autoridades comunitarias también podrían decantarse (y previsiblemente lo harán) por alternativas menos gravosas (multa simbólica, establecimiento de un depósito, congelación de fondos estructurales), las consecuencias serán notables, en especial un endurecimiento de la vigilancia sobre nuestras finanzas, exigiendo ajustes inmediatos por lo menos de 10.000 millones de euros. Bruselas, además, tampoco parece muy satisfecha con el comportamiento del Gobierno en las negociaciones actuales, ya que sigue sin ofrecer propuestas que aumenten su credibilidad, limitándose a medidas un tanto “trileras” (aumento de los pagos adelantados del Impuesto de sociedades) y, muy al estilo del actual Gobierno en funciones, confiando en que las cosas se arreglen por sí solas (el propio crecimiento y la lucha contra el fraude se encargarían de cuadrar las cuentas, si bien la realidad es que este año los ingresos están cayendo un 2,8% respecto a los del año anterior de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la Agencia Tributaria). Por otra parte, tampoco existen indicios de que nuestros máximos responsables estén negociando los apoyos necesarios para evitar las sanciones, que requerirían que una mayoría del Consejo las rechazará, de acuerdo con el procedimiento de “mayoría inversa” introducido en la reforma del Pacto de Estabilidad de 2011. Es más, en este contexto el Partido Popular en su documento “Programa para el Gobierno de España” promete incluso una “Rebaja Fiscal Generalizada” (las mayúsculas son literales), cuando el resto de partidos reconoce la necesidad de fortalecer los ingresos públicos si de verdad se quiere solucionar el problema del déficit.

Ante este comportamiento irresponsable del Gobierno, que no solo ha supuesto incumplir todos los años de la legislatura lo acordado con Bruselas, sino el lógico enfado de las autoridades comunitarias, cabe preguntarse qué concepto de “interés general” justifica la presión mediática a favor de mantener en el poder a un ejecutivo que lo ha menospreciado de forma tan continuada y que plantea seguir haciéndolo ¿De verdad no hay otra opción de gobierno en España? La irresponsabilidad del actual ejecutivo en funciones nos puede costar mucho a los ciudadanos españoles y, a la vista de sus intenciones declaradas, más aún nos puede seguir costando en el futuro.

Ciudadanos y PSOE al menos lo intentaron, con todos los errores que cada cual quiera achacarles, en la última legislatura. Podemos se cerró en banda y entre el “mal” mayor y el menor, optó por el mayor, esperando sacar partido en las urnas. El PP rentabilizó el miedo y la parálisis de la que, como partido más votado, era el principal responsable.

Y lo más triste es que seguramente unas nuevas elecciones no resolverían nada. En este país, al menos en términos mediáticos y electorales, parece que quienes deben pagar las multas no son los que iban al volante.

 

(*) Santiago Díaz de Sarralde y Carlos Garcimartín. Colaboradores de Opex-Fundación Alternativas y profesores de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos

Otra vez, el horror

Por: | 15 de julio de 2016

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Niza

Redes sociales 

 

De nuevo Francia ha sido golpeada brutalmente por el terrorismo yihadista , por tercera vez en poco más de año y medio, desde enero y noviembre de 2015, además de otros atentados menores. La celebración del 14 de julio en Niza ha terminado en un baño de sangre: 84 muertos y 18 heridos por el momento, niños incluidos. Gente pacífica, que solo quería celebrar su fiesta nacional. La fiesta de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Qué ironía.

Y al lado del dolor de las víctimas y sus familias, el fantasma del miedo, del odio. La amenaza de no poder hacer una vida normal en una sociedad libre. El riesgo de que los ciudadanos acepten sacrificar su libertad para tener más seguridad. La probabilidad de que ese dolor sea aprovechado políticamente por el populismo de extrema derecha, en el momento de mayor debilidad política de François Hollande, para conducir a Francia por el camino de la regresión democrática y el antieuropeismo.

Atacan al símbolo de la libertad, al paradigma de la democracia, al corazón de Europa. No es probablemente decisivo que Francia esté ayudando militarmente a vencer al Estado Islámico en Oriente Próximo. Otros países europeos lo están haciendo y no sufren atentados. Golpean donde pueden, donde hay una amplia base de posibles autores, radicalizados religiosamente o simplemente resentidos o llenos de odio hacia la sociedad que los margina. Francia es un símbolo y atacándola, atacan a Europa y al sistema de derechos y libertades, al que nunca vencerán por las armas, intentando ganarle por el miedo.

     Un camión. Un hombre solo (aunque pueda haber contado con cómplices), francés de origen tunecino, residente en Niza. No sirve aquí el control del tráfico de armas, ni los registros de nombres de pasajeros, ni el blindaje de fronteras. Lo que es más preocupante: no ha servido el estado de excepción, vigente en Francia desde los atentados de noviembre, que estaba previsto levantar el día 26 y que Hollande ha decidido prorrogar por tercera vez por tres meses más, ni los poderes excepcionales otorgados a la policía por la reforma de la ley penal en mayo, ni la operación Sentinelle que ha puesto en la calle, desde los atentados de enero, hasta 10.000 efectivos militares ¿Qué hacer?

Lo más importante es evitar el pesimismo, porque el pesimismo es la derrota. En primer lugar habrá que averiguar cómo un camión claramente sospechoso (por la carga y por el conductor, fichado por delitos menores) ha podido eludir el perímetro de seguridad de una zona lógicamente cerrada al tráfico en un evento tan multitudinario y en estado de máxima alerta. Hay fallos difícilmente comprensibles. Después habrá que revisar la coordinación antiterrorista en Francia, lastrada como en muchos países por distintos organismos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad que actúan separadamente. Es necesaria una dirección centralizada que funcione. Y aumentar sus medios, no solo sus poderes, porque es mucha la gente a seguir y mucha la información a analizar.

Por supuesto, es imprescindible combatir el terrorismo yihadista allí donde nace y se desarrolla, no tomando iniciativas propias, raramente eficaces, sino apoyando a los gobiernos de los países afectados con medios políticos, económicos, policiales e incluso militares, si es necesario y así lo solicitan. Pero la verdadera batalla está dentro de nuestras fronteras. Una labor de educación en los valores democráticos, la reducción de las bolsas de marginación de población especialmente magrebí (la banlieu) origen de delincuencia común que a veces deriva en yihadismo, el control de los contenidos de internet que incitan a la violencia, son medidas imprescindibles, aunque sus resultados tardarán en apreciarse.

Nuestra única defensa es la prevención de atentados mediante redes de inteligencia que detecten a tiempo los elementos radicalizados, creación de células, movimientos preparatorios, adquisición de infraestructura. Aunque a veces fallen, han evitado muchos atentados. Hay que seguir por ese camino, mejorando siempre la coordinación interna y con el resto de los países europeos, creando incluso un servicio de inteligencia contraterrorista europeo, y colaborando con los países árabes y musulmanes. Los que han trabajado en la lucha contra otros terrorismos saben que no hay soluciones mágicas ni rápidas. Solo hay trabajo duro, tenacidad, constancia, profesionalidad, cuidado del detalle. Redes de informadores, análisis exhaustivos, seguimiento de todos los hilos. Medios suficientes.

No nos dejemos ganar por el desánimo en los momentos duros. Puede hacerse, y se hará. Sobre todo, no les dejemos ganar políticamente abrazando el miedo, la islamofobia, el aislacionismo. No permitamos que nos contagien su odio. Defendamos nuestra democracia. Si nos mantenemos firmes, la libertad prevalecerá.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del panel de Asuntos Europeos de OPEX en la Fundación Alternativas

Brussels is different

Por: | 13 de julio de 2016

LUIS FERNANDO MEDINA (*)

 

Guindos

 El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en el Curso de la UIMP y la APIE

 

Corren tiempos extraños. Nada es lo que parece, o a veces una cosa resulta que es igual a sí misma y a su contrario, como diría Heráclito. Hablaron las urnas en el Reino Unido y los ganadores perdieron. Boris Johnson es ya simplemente un ex – alcalde y la facción a favor del “Remain” sigue en el gobierno, solo que ahora encargada del “Exit”. Hablaron las urnas en España y ganó el partido de gobierno. Pero aunque ganó, aún no puede formar gobierno. Muy posiblemente lo forme, pero para eso tal vez sea necesario jugar un rato a que no lo forma para que quienes lo ayuden a formar puedan decir que lo hicieron para evitar el caos. Es decir, del orden sale el caos para que de éste pueda salir de nuevo el orden. Una cosa y su contraria.

Lo mismo con la política económica. De la austeridad surge el exceso y del exceso la austeridad. Del liberalismo surge el populismo y del populismo surge el liberalismo. Una cosa y su contraria. Resulta que tras años de austeridad, el déficit no termina de caer. Difícilmente iba a caer si, después de todo, la recuperación económica sigue siendo anémica. El lento crecimiento económico se traduce en lento crecimiento del recaudo tributario. Hasta ahí, nada inesperado. Pero ahora el gobierno anuncia que aumentará el impuesto de sociedades para recaudar 6.000 millones de euros con los que espera cerrar la brecha del déficit. Así, de un plumazo, quedaron atrás los días en los que subir impuestos no generaba recursos, en los que subir impuestos solo servía para dañar el clima de inversión, destruir empleo y sacar de su caja de Pandora a los demonios populistas. Ya no. Ahora hay espacio para subir la presión fiscal (Bruselas dixit). El destructor de empleos de ayer, es el que ahora reducirá los intereses y generará empleo mañana. Una cosa y su contraria.

Según las normas del sistema europeo, los países deben cumplir con sus metas de déficit. Por eso es que España se enfrenta a una posible multa si no eleva el recaudo. Las metas de déficit son, supuestamente, un mecanismo para permitir que los gobiernos puedan tener políticas contracíclicas. Es decir, se acepta que en años malos deben tener margen de maniobra (déficit) para evitar que suba el desempleo, a condición de que en los años buenos reduzcan el monto de la deuda pública. Pero ahora los años buenos no son tan buenos, la economía española no ha reducido el desempleo a niveles medianamente aceptables. El pescador de Galilea decía que “el shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el shabbat” pero la Unión Europea (que a veces tanto dice defender los valores cristianos) no ve así las cosas. Al parecer el desempleo se creó para el déficit y no el déficit para el empleo. Hay multa porque la hay. Estamos ante un caso en el que la policía de tránsito atropella a un peatón y luego multa por exceso de velocidad a la ambulancia que se dirige a ayudarlo. (Claro, al cierre de este texto De Guindos cuenta con que la multa va ser más bien el equivalente Euro-legal a 21 meses de prisión, sin merma para las arcas.)

Pero, si nos preguntamos por qué es tan importante el déficit, Bruselas contestará que porque sin controles al déficit se genera irresponsabilidad fiscal, inflación desbordada y primas de riesgo inasumibles. Pero aquí es donde la lección de dialéctica se adentra en profundidades insondables porque la inflación no está desbordada. De hecho, según el Ministro De Guindos, una de las razones por las cuales el déficit de España no baja es, precisamente, porque la inflación ¡es demasiado baja! No le falta razón. Una inflación más alta bien hubiera podido llevar a un mayor recaudo tributario. Es decir, ha sido tan exitoso el combate contra la inflación que se hace difícil cumplir las metas de déficit que supuestamente existen para combatirla. Dicen que el fanático es aquel que redobla sus esfuerzos una vez ha olvidado su meta…

Ahora bien, multas por déficits entre países es algo que no existe en otras latitudes. Hay muchos países que se meten en enormes problemas financieros por no tener sus cuentas fiscales en orden. Pero lo normal es que la meta de inflación surja de un proceso de decisión doméstico que consulta las posibilidades reales del país. Si por alguna razón, una unidad subnacional (una provincia, por ejemplo) está elevando su endeudamiento, el país tiene que tomar una decisión: o se busca un ajuste de acuerdo al proceso político interno, o se mutualiza esa deuda, repartiendo su pago entre toda la ciudadanía. Pero resulta que la Unión Europea es una cosa y su contraria: es un país que no es un país, tiene una moneda común que no funciona como cualquier otra moneda, tiene metas macroeconómicas comunes pero no tiene ningún mecanismo para asegurar que esas metas sean deseables. Curiosamente, el déficit más grave, es uno para el que no hay multas previstas: el déficit democrático de la Unión Europea.

 (*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor en la universIdad Carlos III

 

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

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Uno de los mayores problemas ambientales a los que se enfrentan las ciudades es el de la contaminación que cada vez provoca más muertes prematuras. Se calcula que en Francia ha sido el principal responsable de la muerte temprana de 48.000 personas. Un estudio de los efectos de la contaminación atmosférica llevado a cabo en Reino Unido arrojan resultados similares.

En España, un estudio de Ecologistas en Acción de 2015 estimada esta cifra en 27.000 muertes tempranas y afirmaba que el 95% de la población está expuesta contaminación excesiva de aire. Las razones de esta contaminación son muy claras: la quema de gasolinas y gasoil de los coches, autobuses y demás vehículos de combustión interna, las calefacciones y la industria.

Las soluciones a estos problemas también están claras: reducir la demanda de energía, mejorar la eficiencia en su consumo y descarbonizar nuestro sistema energético haciendo de las renovables la base de la producción de nuestra energía.

El tercer punto ha resultado desde siempre especialmente complicado en el sector del transporte. El 97% del transporte utiliza combustibles fósiles para funcionar. Hacer más sostenible el sector pasa por reducir este porcentaje. Hay varias opciones para hacerlo. El uso de la electricidad como combustible es uno de ellos.

Varios países del mundo ya han comenzado esta transición. A la cabeza Noruega, que recientemente anunció la prohibición de la venta de coches que utilicen combustibles fósiles en 2025. En ese año (quedan sólo 9) toda la movilidad, tanto pública como privada ha de ser eléctrica. Una de las medidas estrella del plan fue la exención total de impuestos a los vehículos eléctricos. En un país vecino, Suecia, ha inaugurado este mismo mes la primera autopista ‘electrificada’ del mundo, que permite suministrar energía a camiones y demás vehículos eléctricos que transiten por ella. Otros países están dando pasos importantes en esta dirección. India ha prohibido la venta de vehículos diésel en Nueva Delhi y Paris, en Francia ha prohibido el uso de vehículos diésel en 2020.

En España también hay algunos buenos ejemplos. La Empresa Municipal de Transporte de Madrid anunció la compra de nuevos autobuses híbridos y propulsados por gas natural que se unirán a los autobuses de las dos líneas que ya funcionan con vehículos eléctricos. Cada vez son más las empresas que utilizan vehículos eléctricos a lo largo de su cadena logística. También aumentan las ciudades que benefician de una manera u otra el uso de coche eléctrico.

Esta transición puede ser una excelente oportunidad de innovación, creación de industria verde y de nuevo empleo sostenible para España. Ya somos el primer país productor de coches eléctricos de Europa, pero estamos casi a la cola en consumo. Menos del 2% de los vehículos vendidos en España son eléctricos. Muchos son los motivos identificados por los expertos. Por ejemplo, la falta de información sobre la tecnología hace que se perciba como poco fiable, la excesiva dificultad administrativa en la legalización de puntos de recarga hace que sólo existan 761 en todas España, porcentaje muy pequeño comparado con los 4.000 que existen sólo en Francia. Además, las ayudas a la compra de estos vehículos son claramente insuficientes. Las ayudas han ido reduciéndose a lo largo de los años, pasando de 10 millones de Euros en 2013 y 2014 a 7 en 2015 y sólo 4.5 en 2016. A comienzos de este año, estos fondos (Plan MOVEA gestionado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE) se acabaron en apenas tres semanas.

Apostar por la movilidad eléctrica supondría la transformación de los 300.000 empleos directos y más de 2 millones indirectos vinculados al sector del automóvil en España hacia la sostenibilidad. Esta especialización del sector, atraería sin duda nuevas inversiones a España. Especialmente en el escenario pos-Acuerdo de París de cambio climático, donde todos los países del mundo, se han comprometido a reducir sus emisiones actuales y futuras de manera drástica, para poder llegar así a frenar el aumento de temperatura media mundial en 1.5 C.

Importante recordar, que este es un camino que tendrá sentido ambiental si y solo sí la electricidad utilizada se genera con fuentes de energía renovables. Sin embargo, teniendo en cuenta el actual sobredimensionado de nuestro sistema energético (la potencia eléctrica instalada en España creció 10 veces por encima de la demanda de 2005 a 2011) y que una buena parte de las centrales eléctricas paradas son de gas, hace necesario de manera urgente un esfuerzo de planificación y gestión del sistema energético, muy diferente a la actual y que asegure que serán las fuentes de energía renovable las suministradoras de la electricidad utilizada por nuestras ciudades enchufadas.

 

(*) Ana Belén Sánchez es la coordinadora del Panel de Sostenibilidad en la Fundación Alternativas

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

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José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

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