Valores cívicos, democracia y corrupción

Por: | 30 de octubre de 2014

UnknownVICENTE LERA 

La corrupción es un problema y una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades actuales, ya que socava las Instituciones y los valores propios de una democracia, como pueden ser la ética y la justicia, así como compromete el desarrollo y el imperio de la ley”, comienza diciendo en su preámbulo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un factor que actualmente ha dejado de ser un problema meramente local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a la sociedad y a la economía en su conjunto, lo que provoca que sea esencial la unidad de actuación para prevenirla y luchar contra ella. 

El enésimo caso de corrupción en nuestro país, denominado Operación Púnica, ha vuelto a generar en la opinión pública el debate sobre la conveniencia de afrontar y articular definitivamente un frente común contra la corrupción por parte de los partidos políticos. Si bien ese debate debe producirse con sosiego, consenso y no legislando “con las vísceras”.

La última modificación en materia penal, realizada mediante Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, ya introdujo algunas novedades importantes, como puede ser la introducción de la responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos, al incluirlos dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el que, hasta la fecha, estaban excluidos, así como nuevas sanciones respecto al delito contra la Hacienda Pública.

Pero la reforma también resultó ser insuficiente, ya que dejó en el tintero algunas propuestas que la doctrina penal venía estableciendo desde hace tiempo, como es la necesidad de incorporar bajo un Título específico en el Código Penal los delitos relacionados con la corrupción política, como son: los delitos fiscales, el  tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos o el blanqueo de capitales.

Actualmente, estos (y otros) delitos de corrupción se encuentran repartidos en el Código Penal en distintos Títulos y Capítulos, siendo su regulación actual la siguiente:

 

Delito

Artículo

Pena

Multa

Inhabilitación

Prescripción

Fiscal común

 

 

 

Fiscal agravado

305 CP

 

 

 

 

305 bis CP

1 a 5 años

+120.000€ hasta 600.000€/año

 

2 a 6 años +600.000€

 

 

x 6 cantidad defraudada

 

 

 

 

10 años

Cohecho propio

 

 

Cohecho impropio

419 CP

 

 

 

422 CP

3 a 6 años

 

 

 

6 meses a 1año

12 a 24 meses

Empleo o cargo público: 7 a 12 años.

 

Empleo o cargo público:

1 a 3 años

 

 

 

5 años

Prevaricación

404 CP

 

 

 

405 CP

 

 

 

 

 

3 a 8 meses

Empleo o cargo público:

7 a 10 años.

 

Suspensión Empleo o cargo público:

6 meses a 2 años

 

10 años

 

 

 

 

5 años

Malversación caudales públicos

432.1 CP

 

 

 

432.2 CP

 

 

 

432.3 CP

3 a 6 años

 

 

 

4 a 8 años

 

 

 

Cuantía inferior 4000€:

6 meses a 3 años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a 4 meses

Inhabilitación absoluta:

6 a 10 años

 

Inhabilitación absoluta:

10 a 20 años

 

Suspensión Empleo o cargo público:

Máximo 3 años

 

10 años

 

 

 

15-20 años

 

 

 

5 años

Tráfico influencias

428 CP

 

 

 

 

 

430 CP

6 meses a 2 años

 

 

 

 

6 meses a 1 año

X 2 beneficio perseguido

Inhabilitación Especial Empleo o cargo público:

3 a 6 años

 

 

 

5 años

Blanqueo de capitales

301-303 CP

6 meses a

6 años

X 3 valor bienes blanqueados

Inhabilitación absoluta Empleo o cargo público:

10 a 20 años

 

 

15-20 años

Fuente: elaboración propia

Algunos partidos políticos han propuesto su modificación en relación a tres aspectos: el establecimiento de una cláusula genérica de agravamiento cuando los delitos de corrupción sean realizados por cargos públicos, el incremento de la duración de las penas accesorias de inhabilitación, así como la propuesta relativa a la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción.

Como se puede tras la lectura del cuadro, la legislación establece, además del cumplimiento de la pena, penas accesorias de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Si bien es cierto que las penas privativas de libertad pueden parecer insuficientes en algunos supuestos, la importancia de su regulación radica tanto en la multa impuesta como en la pena accesoria.

¿Por qué decimos esto? Porque está comprobado que en la mayoría de los casos el incremento de las penas no inhibe la comisión de los delitos, de ahí que sea necesario adoptar medidas adicionales que permitan complementar las estrategias existentes para combatir la corrupción.

Como ha quedado demostrado en México, para desincentivar la capacidad delictiva de los corruptos es necesario atacar a su capacidad financiera mediante la regulación de la figura del decomiso para aquéllos bienes que procedan de forma ilícita, o se beneficien directa o indirectamente de aquéllos, perdiendo el propietario el derecho sobre todo bien.

Y respecto a la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, es una propuesta que creemos tiene difícil encaje legal al considerar, como sostiene una parte de la doctrina, que afectaría a la garantía de la seguridad jurídica que se establece en el artículo 9.3 de la Constitución.

Otra de las propuestas que se han puesto encima de la mesa es la relativa al proceso judicial, en lo concerniente a la instrucción, enjuiciamiento y agilización. Aluden a que debe ser la Audiencia Nacional la que instruya y enjuicie este tipo de delitos. Una proposición que de ser materializada debe llevar aparejada, ineludiblemente, una serie de medidas para dotar de más medios técnicos y humanos a la Audiencia. Ya que si lo que se quiere también es revisar el procedimiento penal respecto a la preferencia y sumariedad, ésta no será viable si la judicatura no cuenta con los medios suficientes para elaborar bien su labor judicial.

Pero sin duda, la gran propuesta es la cesantía del cargo público cuando se realice la apertura del juicio oral en el proceso judicial. Una propuesta que colisiona con la jurisprudencia constitucional, que ya desde 1983 estableció que el escaño pertenece a la persona electa y no al partido político por el que fue elegido.

Por eso, cuando un representante político estuviese obligado a dejar su puesto de representación tras abrirse juicio oral, la lógica nos viene a decir que esa suspensión sería temporal hasta recaer sentencia judicial firme. Durante el transcurso del juicio, la siguiente persona en la lista electoral ocuparía sus funciones, retomándolas la persona procesada si fuese declarado inocente, ocupándolas definitivamente el siguiente en la lista si fuese declarado culpable.

Y finalmente, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos en donde se tipifique como delito su financiación ilegal y en donde, además, se les obligue a rendir cuentas ante sus afiliados y ante la sociedad de manera transparente. Como en Alemania, donde los partidos políticos están obligados, por ley, a presentar un informe anual de sus cuentas y de su patrimonio. Y respecto a las donaciones que puedan percibir, la ley alemana establece que cuando las cuantías sean superiores a los 50.000 euros deberán publicarse en el Bundestag, mientras que no se permiten donaciones anónimas de más de 500 euros, ni de empresas públicas.

Tras todo esto, nuestra conclusión final no debe ser la de proponer un endurecimiento de las penas, ni algo similar. Nuestra conclusión es que, para luchar contra la corrupción, lo más importante es ser eficaz en las labores preventivas que el Estado debe articular para evitar esta pandemia. Así como en la necesidad vital de invertir en valores cívicos y democráticos desde el comienzo en la edad escolar. Porque la limpieza y la revitalización de nuestra democracia debe comenzar siempre desde un cambio en nuestra ética y en nuestra visión como sociedad, de ahí que por mucho que se puedan endurecer las penas y aprobar más medidas coercitivas, el éxito o el fracaso sólo dependerá del éxito o fracaso que tengamos nosotros a la hora de transmitir esos valores cívicos y democráticos que queremos para nuestra sociedad.

 

* Vicente Lera es licenciado en Derecho, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios legislativos por la UCM.

 

Consejo europeo de octubre: buenos fines, malos medios

Por: | 27 de octubre de 2014

UnknownJOSÉ CANDELA

Toda política no es más que fines y medios. En cuanto a los fines de la política europea, hay más o menos consenso entre sus 28 Estados miembros. Por eso, el problema principal de la Unión es el de los medios.

Los tres temas que han ocupado la agenda de los jefes de Estado y de gobierno de la UE en su última reunión, son, por orden de importancia: el Marco de actuación de la UE en materia de lucha contra el cambio climático y energía, la aportación europea a la lucha contra el ébola en Africa y ciertas “cuestiones económicas”. El Consejo europeo ha nombrado también a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. 

El tema principal ha sido pues la energía y el clima. Los objetivos generales de la UE en materia de lucha contra el cambio climático figuran desde ahora entre los más ambiciosos de todas las regiones del planeta: “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión por lo menos en un 40% para 2030 con respecto a los valores de 1990”. Hay que esperar a la reunión de la ONU sobre cambio climático en Lima (diciembre) para saber qué hará el resto del mundo.

En cuanto a los fines, por tanto, el Consejo europeo ha estado a la altura de las circunstancias. Pero en cuanto a los medios, es decir la gobernanza de la política energética de la Unión, este Consejo europeo ha sido insuficiente en voluntad política y en audacia, tal como el principal problema del planeta, el cambio climático, lo exige.

Hay que aclarar algo que no aparece inmediatamente al lector de las conclusiones de esta reunión del Consejo europeo[1], algo que los jefes de Estado y de Gobierno ponen habitualmente en segundo lugar o se abstienen directamente de comentar en sus balances de los Consejos europeos. Se trata de lo siguiente.

El Consejo europeo ha decidido que, para alcanzar ese objetivo de reducción del 40% de contaminación, la UE utilizará más eficazmente el régimen de comercio de derechos de emisión de GEI. Desde un punto de vista económico, no está mal este propósito, pero desde una perspectiva ecológica (la primera a utilizar si queremos unas políticas de cambio climático y de energía que sean justas), el régimen de comercio de emisión de GEI sigue siendo un medio malo o, si se quiere, insuficiente para alcanzar el objetivo: o, si se prefiere, mucho menos bueno que una política justa, que no es otra que la que más contribuya a la consecución de una economía, no de “bajo carbono”, como siguen diciendo los programas políticos actuales de la Unión, sino de “carbono 0”.

Aquí es donde aparece la debilidad del planteamiento de los jefes de Estado y de Gobierno: el mejor medio para luchar contra el cambio climático no es -hay que insistir - el comercio de emisiones, sino una política energética justa. Pues bien, el Consejo europeo ha adoptado unos métodos de gobernanza que, de aplicarse tal cual, pueden dejar el sector energético europeo tal como está, es decir, desintegrado. En efecto, los jefes de Estado y de Gobierno han decidido que de aquí a 2030, los siguientes principios regirán la política europea de la energía: supresión máxima de regulación, libertad absoluta para los Estados miembros en el momento de determinar qué tipo de energía producen o compran y, finalmente, que la Unión seguirá sin poder trastocar los programas nacionales sobre cambio climático. Es decir: una gobernanza que retardará, cuando no impedirá, la integración de las políticas nacionales de energía y clima en esa "Unión [europea] de la Energía” que tanto el mismo Consejo europeo como el presidente Juncker han asumido como objetivo político último de la UE en la materia.

Y sobre todo, ese objetivo del 40%, ¿cómo se alcanza?: pues cuando la media de reducción de emisiones de GEI a nivel de la Unión sea del 40% respecto a los valores de 1990, de manera que el objetivo es vinculante para la Unión pero no para sus Estados miembros. Esto supone de hecho una desproporcionada, es decir, injusta, repartición de la carga de responsabilidad de cada Estado en la lucha contra el cambio climático. Si la gobernanza se hace como quiere el Consejo europeo, dicha responsabilidad no la fijará con autoridad la Unión, sino cada Estado miembro: poco o nada que se parezca a una Unión sino al clásico cada uno por su camino; según sus intereses nacionales y los de las compañías que no han apostado firmemente por suprimir la producción de energías contaminantes.

Además, la última Comisión Barroso, autora del esbozo de este plan sobre energía y clima, no se esforzó mucho en proponer una gobernanza más eficaz, porque lo que la Comisión europea ha propuesto al respecto en la Comunicación de enero de 2014 que definió este Marco de actuación [2] ha sido ahora adoptado tal cual por el Consejo europeo: sólo recomendaciones de las instituciones comunitarias a los Estados, líneas de cooperación entre estos y coordinación meramente orientativa por parte de la Comisión, objetivos no vinculantes. Sigue la debilidad de la Unión frente a los Estados cuando, cada vez más, el planeta requiere normas internacionales para todos y cada uno de los países contaminantes y fuertes sanciones para los que infrinjan dichas normas. 

El segundo tema en importancia ha sido la lucha contra el ébola. Aquí, el Consejo europeo ha superado las expectativas previas a la reunión y ha decidido finalmente que la financiación, por parte de los Estados miembros de la Unión, de la intervención europea en la región africana afectada por la epidemia ascenderá a 1.000 millones de euros. Hay que congratularse de esta decisión pero también vigilar para que esos medios se empleen correctamente: que lleguen efectivamente a sus destinos y en forma, exclusivamente, de personal sanitario, medicamentos y equipamiento hospitalario.

Ya sin apenas consecuencias políticas de importancia, el Consejo europeo ha discutido sobre cuestiones económicas varias. La principal es que la propuesta del presidente Juncker de adoptar un plan de inversiones europeo dotado con 300.000 millones de euros a gastar en los próximos tres años para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, aparece ya en unas Conclusiones del Consejo europeo. Es sólo una declaración de intenciones que se tendrá que concretar (especialmente en cuanto a las fuentes de financiación) en los próximos meses a iniciativa de la Comisión.

Finalmente, el Consejo europeo ha nombrado a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. En este nuevo colegio de comisarios, 19 de sus 28 miembros pertenecen a partidos adscritos al Partido Popular Europeo y a la Alianza liberal europea. Esta mayoría abrumadora de la derecha no se corresponde con las proporciones ideológicas existentes tanto en el Parlamento europeo como en el mismo Consejo europeo. Difícil parece pues un avance hacia actitudes y decisiones progresistas más audaces por parte de este nuevo Gobierno de la Unión que permitieran diferenciar netamente, en cuanto al grado de legitimidad y de eficacia de la Comisión, la era Juncker de la era Barroso.  

José Candela es funcionario de la Comisión europea y colaborador de la Fundación Alternativas
  

 

Por una nueva política económica

Por: | 22 de octubre de 2014

UnknownCARLES MANERA

Los ejes básicos de Política Económica para España deberían contemplar los siguientes aspectos, que se anotan sin ánimo de exhaustividad:

a)     La necesidad de una contrareforma fiscal a la de Montoro, que impulse todo un paquete de medidas de carácter progresivo y que se centre de manera exclusiva en la presión sobre la tributación indirecta. Impuestos sobre patrimonio, activos bancarios, IRPF en sus tramos superiores, introducción de tributación ecológica (tasa de pernoctaciones en el ámbito turístico, por ejemplo) serían elementos a considerar.

b)    Contrareforma laboral, que supone, estrictamente, la derogación de la reforma laboral del PP.

c)     Debería garantizarse, por la vía constitucional, la preservación de los resortes básicos del Estado del Bienestar con unos indicadores esenciales que los sitúen en las medias comunitarias.

d)    Orientación hacia la génesis de una Banca Pública, teniendo en cuenta el cúmulo de recursos que se han destinado a la banca privada para salvar sus activos y pasivos.

e)     Trabajar de forma intensa con socios comunitarios y con la Comisión Europea en unas direcciones básicas:

  • Repensar el cómputo de determinadas partidas en la conformación de los déficits públicos: por ejemplo, las asignaciones a I+D+i no debieran ser tenidas en cuenta en tal aspecto.
  • El cómputo de intereses de la deuda pública y del capital que se ha dejado al sistema financiero debería igualmente ser retirado en los cálculos del déficit. Creación de un fondo para que la banca devuelva en 30 años los capitales dejados por la administración –que parecen incobrables ahora mismo–, y que eso salga –porque puede hacerse– de los beneficios que están generándose en el sistema financiero.
  • Presentar propuestas para que uno de los objetivos del BCE sea, también, la generación de ocupación y de crecimiento económico. Cambiar los Estatutos de esa institución debiera ser un objetivo económico de primera magnitud en el ámbito comunitario, con la presión conjunto de socios políticos.

f)     Apuntalar el Estado del Bienestar con la generación de nuevos ingresos derivados de a). Esto supone reasignar partidas de otros Ministerios (Defensa, por ejemplo) para afianzar recursos hacia las comunidades autónomas, con destinaciones claramente finalistas, que debieran ser sancionadas y aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

g)    Desarrollar la Ley de Sostenibilidad, de la época del presidente ZP, que fue escasamente desplegada por impacto de la Gran Recesión. Preocupación política y presupuestaria por las energías renovables.

h)    Recuperar infraestructuras educativas e inversiones en I+D+i: los procesos de formación, en todos sus estratos, son determinantes para la consecución, en el futuro, de un nuevo modelo de crecimiento (ver reciente Informe de COTEC).

i)      Ley de transparencia de la financiación de partidos, sindicatos y otros agentes económicos y sociales, entendidos como pilares básicos del Estado democrático.

 

Carles Manera es catedrático de Historia Económica de las Islas Baleares y exconsejero de Economía en el Gobierno Balear.

España, una vez más en el Consejo de Seguridad

Por: | 20 de octubre de 2014

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España ante su quinta participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
El 1 de enero de 2015 España integrará por quinta vez en su historia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad mundial, durante dos años, Desde 1969, nuestro país es elegido miembro no permanente rotatorio del Consejo de Seguridad con una cadencia de más o menos once años. Así ha sido en 1969-1970, 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004. Como era previsible, España se sentará, una vez más, en el Consejo de Seguridad, durante el bienio 2015-2016, once años después de la anterior ocasión. En esta ocasión, la elección ha sido más difícil e incierta que en ocasiones anteriores y han hecho falta tres votaciones consecutivas para conseguir el puesto. Junto a España entran en la rotación bianual otros cuatro nuevos no permanentes elegidos en la misma votación que nuestro país pero en primera ronda de voto todos ellos: Nueva Zelanda, Venezuela, Angola y Malasia. Todos ellos, incluida España, responden a unos estrictos bloques regionales dentro de los cuales se eligen a los nuevos miembros rotatorios del Consejo. España y los otros cuatro nuevos no permanentes se unen a Chile, Jordania, Chad, Nigeria y Lituania que junto a los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China conforman los quince miembros del órgano. La diferencia entre los miembros no permanentes, como es el caso de España, y los permanentes, además de que estos últimos no son elegidos y permanecen, como su nombre indica, en el seno del Consejo siempre, es el derecho de veto, que impide que se adopte una decisión determinada si votan en contra. Para sacar adelante una decisión en el seno del Consejo de Seguridad se necesitan 9 votos de los 15 miembros pero basta la oposición de un solo voto de alguno de los miembros permanentes para que la decisión no se adopte. Por tanto, el papel de los miembros no permanentes es relativo y secundario en la toma de decisiones del Consejo. La verdadera dirección y el auténtico poder decisorio se concentra en los cinco miembros permanentes. No obstante, eso no quiere decir que los miembros no permanentes sean meros espectadores o comparsas. Tienen que posicionarse y decantar su voto ante los asuntos que se plantean ante el Consejo.

¿Qué le espera a España en el Consejo de Seguridad?
En el bienio que arranca el 1 de enero próximo no van a faltar los asuntos complejos y sobre los que España tendrá que definirse claramente con el sentido de su voto. El Estado islámico, la epidemia del Ébola, Siria, Irán, Ucrania, Palestina y la reforma del propio Consejo de Seguridad estarán, sin duda ninguna, encima de la mesa del Consejo durante la permanencia de España en él y nuestro país tendrá que decantarse sobre ellos. Prácticamente todos ellos son temas en los que, hasta ahora, hemos carecido de posición nítida y en muchos de ellos ni siquiera hemos estado presentes en las reuniones internacionales y en los grupos y organismos que se encargaban de gestionar esas crisis. Ese será el primer gran efecto de nuestra presencia en el Consejo. El gobierno tendrá que posicionarse en muchos temas en los que hasta ahora hemos estado ausentes, sin participar en las reuniones internacionales sobre ellos y sin tener posición alguna al respecto. Esto ya no será posible. España tendrá necesariamente que participar en los debates que se planteen y, finalmente, votar a favor o en contra de las decisiones que se quieran adoptar. Porque el Consejo de Seguridad se puede reunir en cualquier momento, en especial cuando considera que hay situaciones que suponen una amenaza para la paz y la seguridad mundial y puede emitir resoluciones que son vinculantes y obligatorias para los 193 estados miembros de la Organización. En esas resoluciones vinculantes, el Consejo de Seguridad adopta una serie de medidas que pueden ir desde solicitar a las partes en conflicto que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos hasta imponer sanciones económicas o, en última instancia, autorizar el uso de la fuerza para imponer lo acordado en su seno. En estos momentos, Naciones Unidas tiene 16 operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, los llamados “cascos azules”, por decisión del Consejo de Seguridad. Además de los temas que, con toda seguridad, ocuparán el Consejo de Seguridad el próximo bienio, y sobre los que la diplomacia española va a tener que definirse rápidamente, pueden aparecer crisis inesperadas, incluso imprevisibles vistas desde hoy que tocarán a España y a los otros catorce miembros del Consejo dilucidar. La última vez que España fue miembro no permanente del Consejo, se debatió agriamente  sobre la guerra de Irak que apoyó en aquel momento el gobierno de Aznar. Así que, el gobierno actual tiene ante así la complicada tarea de fijarse una política propia, no existente en este momento,  para Ucrania, Siria o el Estado Islámico en apenas dos meses y reaccionar sobre la marcha a las crisis que vayan apareciendo.

La política exterior a largo plazo a prueba
La elección de España al puesto no permanente del Consejo de Seguridad que España acaba de conseguir empezó en 2005. La candidatura fue planteada en aquel año por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas de las bazas que ha jugado el gobierno actual para conseguir sacar adelante la elección provienen de anteriores gobierno. Es el caso de la Alianza de Civilizaciones, tan denostada por el PP cuando estaba en la oposición, o las cifras de cooperación al desarrollo durante el período 2005-2010 o nuestras contribuciones voluntarias a Naciones Unidas. Por tanto, la elección responde a una decisión transversal en el tiempo y en la acción entre gobiernos. Así se ha demostrado también con el apoyo prestado por exministros socialistas y distintos miembros de la oposición a la hora de captar votos para España, como ha reconocido en varias ocasiones el Ministro de Asuntos Exteriores. y por el eficaz trabajo de muchos funcionarios que necesariamente han trabajado para administraciones de distinto signo político. Más significativo aún, los dos años en los que España estará sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reparten casi de manera exacta entre esta legislatura, el año 2015, y la siguiente, el año 2016. Eso supone que serán dos gobiernos distintos los que se puedan sentarse en la silla de España en este cometido. Por eso, será especialmente importante que el gobierno incorpore las posiciones de la oposición y pacte con el resto de los grupos las diferentes posturas que vaya adoptando nuestro país en el Consejo de Seguridad. Esto tendría la doble virtud de ayudar al gobierno a articular una política exterior de la que carece actualmente y de evitar bandazos en las posiciones de nuestro país cuando cambie la legislatura. Lo peor para España, sería reducir la presencia en el Consejo de Seguridad a un mero elemento de una política de prestigio, que lo importante sea estar y no actuar dentro del Consejo. La entrada en el Consejo de Seguridad sitúa a nuestro país en el centro del escenario mundial. Esto nos concede un buen margen de maniobra para estrechar relaciones bilaterales, contribuir a relanzar las multilaterales y participar en la resolución de las complejas crisis mundiales. Nuestra política exterior debe salir de la atonía de los últimos años y empezar a ocuparse de los problemas mundiales. El reto del gobierno es ser actores y no meros espectadores en el Consejo de Seguridad.

 

* El Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas es un think-tank español, de espíritu marcadamente europeísta, que pretende impulsar la proyección exterior de España en todas sus dimensiones: política, de seguridad, económica y cultural.

Precarios resistentes queriendo ser decentes

Por: | 17 de octubre de 2014

Unknown-1JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Es casi un título de película española cañí de los setenta. Pero cada vez resulta más consistente la idea de que el mercado laboral de la cultura ha sido la vanguardia del modelo de producción neoliberal al que tan sugerentemente hacía referencia Byung-Chul Han. Y las perspectivas, a pesar de la alegre muchachada de la economía creativa como señala Jaron Rowan, son poco favorecedoras para un futuro de empleo decente en el sector.

Un informe recientemente publicado y elaborado el pasado año por el departamento de Actividades Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratifica rotundamente lo ya indicado en otros estudios independientes (es decir no financiados por encargo interesado de partes): El mercado de empleo cultural está formado por cohortes de trabajadores con un alto grado de motivación, alta cualificación profesional, bajos salarios y empleos cada vez más precarios. Y parece predecir con más detalle que ningún otro sector el escenario laboral general que crece en el mundo aparentemente civilizado de hasta ayer.

Las gentes de la cultura somos pioneros sociales sobre los que se prueban perfiles que han de convertirse en socialmente aceptables para la ciudadanía en el corto plazo. Este es el escenario dibujado en el documento, que contradice cualquier atisbo de cambio de las condiciones en las que se desarrolla hoy la tarea de los cientos de miles de profesionales dedicados a la cultura en nuestro país. “¿Marca tendencia el mercado de trabajo de la cultura?”, se pregunta el autor, “a la vista del creciente número de autoempleados y de microemprendedores”. Del trabajo de aprendizaje no pagado o abonado muy por debajo de los precios de mercado al precariado integral, que acepta casi disciplinadamente condiciones éticamente inaceptables de prolongación de tarea y jornadas que avergonzarían a cualquiera que defienda unas condiciones dignas de trabajo en cualquier sector. Del mercado que certifica la discriminación de género y santifica la discontinuidad y deslocalización permanentes como prácticas sanas, aunque todas estas formas de subempleo sean los síntomas evidentes de esa progresiva corrosión del carácter de la que habla R. Sennet. Un trabajo sin perspectivas o previsiones de mejoras salariales, con subempleados resistentes e ingresos que difícilmente permiten siquiera pensar en formar familias o tener un futuro estable a la vista.

La OIT es una institución casi centenaria de la que cada vez oímos hablar menos. Silenciados por la confluencia -nada sorprendente- de los discursos-marcos de la producción desregulada y las narraciones postmilenaristas de las multitudes, los puntos de vista de la única plataforma global de encuentro entre los gobiernos, las organizaciones de las y los trabajadores y las patronales parecen importar poco a nuestros millones de intermitentes, precarios y subempleados. Pero no mucho más interesan, en apariencia, a quienes dicen representar política y socialmente sus voces. Y eso es más preocupante.

Recientemente pregunté a un experto por el motivo de la poca difusión del concepto de trabajo decente, que la OIT viene desarrollando y aplicando desde hace más de quince años en sus documentos de trabajo. Admitía que no era un término que las organizaciones españolas del sector usaran con frecuencia. Ahora que el discurso de las organizaciones internacionales auspiciadas por Naciones Unidas parece confluir en una línea de recomendaciones a favor del trabajo formal y el empleo decente ¿no sería hora de comenzar a debatir en serio estos asuntos entre el sector de la cultura?

Ya sé, es pura retórica.

 

* Jorge Fernández León es director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

 

 

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

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