Suspenso a la cultura

Por: | 14 de abril de 2014

UnknownLa cultura suspende su propio examen. Los agentes culturales otorgan un 4,5 de media (suspenso alto, casi aprobado) al sector cultural español, una calificación que lo sitúa en el filo de la navaja, con solo dos futuros: recuperación o derrumbe. Así se deriva de las conclusiones del estudio El estado de la cultura en España 2013. La opinión de los agentes culturales , un trabajo de Patricia Corredor, pionero en España por recoger por primera vez la voz de los agentes culturales. Una selfiedel sector, su propia autofotoy una excelente panorámica del coyuntura española en materia de artes y cultura, con la que Alternativas ha presentado titulares para el debate y la búsqueda de soluciones, según explicó el director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación, Fernando Rueda, en la presentación del estudio el 8 de abril pasado.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a 304 expertos, da como resultado una puntuación de 4,5 para la cultura en España -frente al aprobado ajustadode 5,1 obtenido en su primera edición -, una media por debajo del límite del aprobado, pero en un nivel todavía que un profesor universitario calificaría tanto de suspenso alto como de cercano al aprobado. 

Las mejores calificaciones son para la cultura española en su relación con las redes y soportes digitales, tanto desde el punto de vista de la creación como de los propios usuarios. Las peores, para laspolíticas públicas culturales, tanto interiores como de cooperación y proyección exterior. La tónica evaluadora se repite por esferas de actividad, sectores y profesionales. 

Por esferas de actividad, resalta en los resultados el contraste entre el aprobado alto obtenido por las valoraciones de la creación (5,7) y del uso de la cultura (5,4) frente al suspenso medio de la producción/edición (4,7) o de la distribución (4,5), frente al suspenso sin paliativos obtenido por las políticas públicas culturales (3,4) y la proyección exterior de nuestra cultura.

En cuanto a sectores, el único aprobado claro es para las artes plásticas (5,2). En cambio, cosechan suspensos rotundos las artes escénicas (3,8), la música y la industria discográfica (4,1), los videojuegos y la industria multimedia (4,6), la creatividad publicitaria y el diseño (4,5), el cine y lo audiovisual (4,4).

Por profesiones, destaca la valoración de los gestores de la cultura (productores, editores y distribuidores) que detentan la opinión más optimista sobre el estado de la cultura española, con un 4,6 cercano al aprobado. En el otro extremo, los creadores ofrecen la visión menos optimista con un 4,3.

La edición 2013 del estudio incorpora cuatro preguntas de actualidad sobre el tratamiento fiscal de la cultura en España. Sus calificaciones, bajísimas, no dejan lugar a dudas de la rotundidad y contundencia de lacondena del mundo cultural español alsistema fiscal aplicado a la cultura española y, muy especialmente, alIVA cultural aplicado desde el último cuatrimestre de 2012, una cuestión a resolver de manera urgente, según el catedrático Enrique Bustamante, director del equipo de investigación que ha llevado a cabo el estudio. 

En cuanto a la piratería, uno de las piedras en el zapato del sector, los agentes culturales piden generar mayor conciencia de que el contenido cultural debe ser pagado - No se trata de hurtarle unos euros a las majors americanas, sino de que la industria cultural sea viable sin anuncios”, se lee en una de las respuestas- al tiempo que critican el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual presentado por el Gobierno porque “no contribuye al desarrollo de la industria cultural ni al equilibrio entre los derechos de los titulares y el acceso de los ciudadanos a los contenidos culturales y de entretenimiento”. 

Puntos fuertes de la cultura en España

El top de las diez puntuaciones más altasrevelan el optimismo por el futuro de la cultura en España en relación con las redes y soportes digitales, aunque con optimismo más moderado que en 2011: los creadores están aprovechando las nuevas redes para conectar con sus públicos (7,2), las redes digitales potencian la capacidad del boca a boca de los usuarios (7,1), los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección (6,4), los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías para aumentar su creatividad (6,5), y aunque con menores valoraciones, las nuevas redes permiten una gran participación de los usuarios en la creación cultural (5,8), las redes digitales reducen drásticamente los costes de la cultura y permiten su democratización (5,8) y, finalmente, las redes digitales garantizan el derecho de acceso a la cultura (5,6).

Puntos débiles de la cultura en España

Las puntuaciones mínimasde nuestra encuesta en 2013 se agrupan ostentosamente en torno a las políticas públicas culturales, tanto interiores como de cooperación y proyección exterior: seis de las respuestas pero valoradas corresponden con el papel del Estado en la cultura: las políticas públicas de cooperación son suficientes y efectivas (2,7), las políticas públicas defienden la remuneración justa del autor (3,1), estimulan la sostenibilidad económica de la cultura (3,2), fortalecen el tejido industrial de la edición/producción (3,4) o incentivan el intercambio y la diversidad intercultural (3,4), los medios públicos impulsan la producción independiente (3,3).  Tampoco la proyección exterior de las pymes es vista como suficiente (2,7), los creadores no reciben una remuneración justa para mantener su trabajo (3,0) y, finalmente, los intercambios culturales con la Unión Europea son insuficientes y poco equilibrados (3,4) en opinión de los encuestados. 

Particularidades del estudio: una muestra representativa

Dar voz a los agentes culturales en una consulta es poco habitual en el mundo de la cultura, habituado a las encuestas a las empresas y a los usuarios, de la oferta y la demanda, que suelen dejar en la oscuridad –“en una auténtica caja negra”, señala la autora- a los auténticos protagonistas del sector. La muestra de 304 agentes culturales (creadores, gestores públicos y privados, investigadores y críticos) representa en buena medida “ese caleidoscopio cuya diversidad afirma justamente su riqueza”, subrayó Patricia Corredor en la presentación del estudio.

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JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA

-Enfermera: " ¡Doctor! Este paciente está muy mal . ¿Hay algo todavía que podamos hacer para salvarlo? 

-Doctor: "Bueno, vamos a echarle un vistazo”.

 Síntomas y efectos secundarios de un tratamiento incorrecto

La democracia en la Unión Europea está seriamente amenazada por el virus simbionte político-empresarial.  Siguiendo el diagnostico de la troika, los Estados europeos se han empobrecido a sí mismos para mantener la banca a flote. Como consecuencia, ahora no disponen de las herramientas  para atacar a las causas reales de la crisis. La desconfianza hacia las instituciones publicas es cada vez mayor, mientras que el sector privado esta acechando para hacerse cargo de tareas publicas y tener aún más control sobre la sociedad Europea. 

La inyección desesperada e imprudente de dinero en los bancos de Europa no ha logrado los resultados esperados. La inversión no se está traduciendo en un crecimiento real. El mal estado del modelo socio-económico actual de la UE ha revelado nuevas formas de pobreza: Pobreza energética, falta de vivienda, exclusión financiera o incremento de la deuda de las familias. Mientras tanto, los bancos siguen inflándose sus cuentas de beneficios como ganglios infectados, sin dejar pasar nada beneficio alguno para la sociedad.

Hablando de empleo, lo mejor se podría decir es que los ciudadanos de la UE están bastante  preocupados por el riesgo de gangrena de los estados periféricos de la Unión. Riesgo causado por el incremento de la precariedad, la reducción de derechos laborales y el nulo efecto de las reformas laborales en cuanto a la creación de empleo. 

Diagnóstico

El tratamiento nefasto y desastroso de la crisis económica por parte de los gobiernos y la troika, está siendo caldo de cultivo perfecto para las divergencias sociales entre ciudadanos y naciones de la UE. Según los últimos resultados sobre el papel, el paciente debería estar mejorando, pero en realidad parece que el paciente podría colapsarse en cualquier momento. Establecer un salario mínimo Europeo o una Unión Fiscal y de transferencias son todavía un remedio de ciencia ficción. Aún así, algunos creemos que todavía hay alternativas. En algunos círculos especializados, están intentando recuperar un tratamiento que el EESC planteo hace 22 años: la Directiva marco de la UE sobre protección de los ingresos mínimos .

Remedio

El prospecto oficial establece que el Ingreso Mínimo Garantizado debe ser un apoyo a la renta no  vinculado al pago de las contribuciones que proporcione una red de seguridad para aquellos que no pueden acogerse a las prestaciones de seguridad social. Una última defensa contra la pobreza, que está indisolublemente vinculado al derecho a una vida digna para las personas que no tienen otros ingresos.

La Directiva propuesta establecería indicadores comunes para proporcionar métodos de análisis más ajustados a la realidad. En cuanto a la lucha activa contra la enfermedad, la directiva permitiría un  promover política participativas en colaboración con los interlocutores sociales, los beneficiarios y demás grupos de interés para establecer o revisar los programas nacionales de ingresos mínimos. Desde la prevención, una recolección de datos sólida y eficaz impediría a los matasanos emprender políticas perniciosas que solo empeorarían la salud del paciente.

Aun sin ser la panacea por si solo, el uso de este remedio podría tanto mitigar el impacto social de la crisis como ayudar a contrarrestar el proceso cíclico económico al proporcionar más recursos a los hogares, e impulsar la demanda en el mercado interno. Hay evidencias solidas que demuestran que ayudaría a mejorar la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea. Además, también ayudaría a proteger los derechos fundamentales de los Europeos, y ayudaría a tener un reparto de la riqueza más justo. También sería fundamental para garantizar que los objetivos europeos 2020 sobre empleo, pobreza y  exclusión social se lograran de una forma sostenible. Reforzar la solidaridad dentro y entre los miembros de la Unión Europea se antoja un requisito previo fundamental, para enviar un mensaje claro a los ciudadanos y ciudadanas de la UE de que el proyecto social de la UE no está muerto, de que la Unión Europea en su conjuntos mira por ellos, que no solo nosotros tenemos que arrimar el hombro.

 Juan Antonio Pavón Losada es diplomado en Relaciones Laborales y Master en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht de la UE, miembro del consejo de dirección del Blog sobre inteligencia europea www.europeanpublicaffairs.eu

 

 

Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España

Por: | 09 de abril de 2014

UnknownMARÍA GOENAGA RUIZ DE ZUAZU

Todos los Estados desarrollados, en mayor o menor medida según la extensión de su Estado de bienestar, tienen la obligación de proveer a la sociedad de un conjunto determinado de bienes y servicios públicos vinculados a la promoción del bienestar económico y social sobre la base de la redistribución de la riqueza. Para ello, es imprescindible evitar altas tasas de fraude e informalidad y, por tanto, el principal objetivo de cualquier Administración tributaria consiste en lograr el nivel de cumplimiento tributario más alto posible dada su estructura tributaria.

En un contexto de crisis como el actual, en donde no parecen viables las subidas de impuestos para lograr una mayor recaudación, parece que lo más sensato sería mejorar la lucha contra el fraude, así como lograr una mayor eficacia en los mecanismos de recaudación y, de hecho, es lo que está centrando los esfuerzos, tanto de los Estados, de forma unilateral, como de los distintos foros de carácter supranacional.

Si bien es cierto que pagar o evadir impuestos es un acto individual, los determinantes a través de los cuales los individuos llegan a sus decisiones están fuertemente determinados por el contexto social donde se producen. El grado de cumplimiento con las obligaciones tributarias varía mucho de unos países a otros. El hecho de que un país tenga un grado de cumplimiento mayor o menor depende de muy diversos factores, y todos ellos han de ser tenidos en cuenta: sociológicos, económicos, culturales, jurídicos, etc. En este sentido, en este informe nos centraremos principalmente en el ámbito sociológico de la fiscalidad en España, para intentar estudiar sus percepciones y las opiniones en torno a ella, y de este modo poder proponer medidas para la mejora de la conciencia fiscal en nuestro país.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desarrollado en nuestro país medidas importantes para convertirse en una Administración tributaria avanzada, pero, sin embargo, la sociedad española sigue adoleciendo de baja conciencia fiscal, desconocimiento generalizado acerca del sentido de los impuestos (por qué y para qué), así como de una visión meramente “utilitarista” de sus responsabilidades tributarias. En este sentido, y a lo largo del siguiente informe, se presentarán una serie de medidas sociales recomendadas para la lucha contra el fraude fiscal en España. Es imprescindible, y más en los tiempos de crisis económica como el que vivimos, que la AEAT ponga los cimientos necesarios para alcanzar mayores cotas de cumplimiento fiscal voluntario, con ciudadanos más informados y responsables de sus responsabilidades tributarias, y con actitudes de total rechazo hacia el fraude fiscal. Y más, si cabe, cuando el último Plan Nacional de Lucha contra el Fraude en nuestro país data de 2008.

Si bien es cierto que en los últimos años la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha trabajado para mejorar el determinante “oportunidades para incumplir” a través de la mejora en los mecanismos de asistencia en el pago de los impuestos e información a los contribuyentes, no se han desarrollado medidas ni estrategias para mejorar las opiniones y percepciones sobre el aumento del fraude fiscal, la impunidad de los defraudadores, el desconocimiento del coste de los servicios públicos o prestaciones sociales, o el alto nivel de presión fiscal soportado (intrínsecas todas ellas dentro de las normas sociales y personales de los ciudadanos); la percepción ciudadana de inequidad en el sistema tributario español; así como la percepción social generalizada de una baja probabilidad de sanción o inspección (disuasión). Y, además, habiéndose desarrollado un programa de educación cívico-tributaria a nivel estatal desde 2005 de forma institucionalizada, este ha quedado paralizado por falta de apoyo institucional y de recursos.

A todas estas cuestiones se le suma el que, en un contexto de crisis económica, recortes en el gasto público y pérdida de la ilusión financiera, se generen entre los ciudadanos actitudes de resistencia fiscal provocados, principalmente, por cuestiones como percibir una presión fiscal soportada demasiado elevada o que los contribuyentes opinen que el gasto público al que se destinan sus impuestos no cumple los objetivos adecuados.

Por todo ello, parece que es pertinente el desarrollo de iniciativas por parte de la AEAT para un “rearme moral” de los ciudadanos-contribuyentes con el fin de evitar que este contexto de crisis aniquile los avances de concienciación fiscal que se habían conseguido hasta el momento en nuestro país. Y, en este sentido, se estima pertinente que la Administración tributaria española emprenda acciones basándose en los dos principales factores que han legitimado hasta ahora su obligación tributaria: los intereses personales (relación de intercambio fiscal) y la equidad fiscal (vertical y horizontal). Es importante que estas medidas de rearme moral por parte de la AEAT se segmenten en dos grupos de población diferenciados: jóvenes y niños, a través de medidas educativas; y adultos, por otro lado, centrándose en medidas de información y comunicación, principalmente.

María Goenaga Ruiz de Zuazu es autora del estudio Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España, publicado por la Fundación Alternativas. Pertenece a la red de expertos en Educación Fiscal del Proyecto EUroSocial I de la Comisión Europea, es la primera especialista española en la materia. Más información en su página web: Sociología Fiscal

 

 

Europa, en la redistribución cultural del poder

Por: | 07 de abril de 2014

UnknownESTEFANÍA DE LA TORRIENTE / MIGUEL SÁNCHEZ

No deja de sorprender la brecha entre el discurso político y la acción política. En el caso de Europa, esta brecha la está desangrando. El pasado 3 de marzo, en un discurso en Berlín, afirmaba Durao Barroso que “una cosa es hablar de cultura en Europa,  otra es aceptar que la Unión Europea como tal, con sus instituciones, tiene también un significado cultural,... es algo más que un mercado”. Sin embargo, la financialización de la vida (política) en Europa es evidente, especialmente si analizamos las políticas culturales que empiezan a dibujarse y que inciden en la función de la cultura a nivel internacional.

A mucha gente le parecerá frívolo referirse a la cultura en estos tiempos que corren, pero la cultura importa. En un informe emitido por la OTAN en 2010 se subraya que en el futuro próximo, los conflictos van a tener un carácter fundamentalmente cultural o religioso”...Ya tras los atentados del 11S - como señaló Montiel- “fue sorprendente advertir cómo las interrogantes se dirigían hacia la cultura, para buscar allí –y no en la política o la economía– las respuestas y las claves para comprender lo ocurrido”.  Y en clave cultural, pueden explicarse también la mayoría de los conflictos actuales (y de larga duración) que azotan al mundo en la actualidad. Así que sí, la cultura es fundamental en las nuevas relaciones internacionales.

La idea de gubernamentalidad de la que hablaba Foucault y que hizo que los Estados vieran necesaria su intervención en diversos aspectos de la sociedad como la cultura, se encuentra en decadencia en esta Europa en la que el desmantelamiento del Estado de bienestar está generalizándose. Las políticas de esta segunda ola neoliberal  van afianzando  la “cultura de circulación” -a la que se refieren Lee y LiPuma en su imprescindible artículo sobre la modernidad- debilitando progresivamente la estructura clásica de la nación que poco a poco pierde capacidad de acción y reacción, sustituyéndola por una  estructura más cosmopolita.

La diplomacia cultural está de moda y el creciente interés que suscita deja entrever la gran paradoja de la  cultural que se fomenta desde posiciones neoliberales. Lo internacional, lo global, sustituye a lo nacional.Las fronteras se desvanecen para todo -menos para las personas a las que parece les vuelven a querer poner obstáculos- y las políticas culturales retornan a sus orígenes. A nivel interno, los Estados abandonan la responsabilidad de cubrir las necesidades culturales de sus ciudadanos en manos de “benefactores privados” y trasladan su preocupación (de lo nacional) a lo internacional. Los Ministerios de Cultura ya han desaparecido en muchos países y los Ministerios de Asuntos Exteriores toman el control ganando así la vieja batalla por las competencias. Sus diplomáticos asumen el mando con orgullo y trabajan ahora en la creación de la “marca” del país, al modo clásico de promoción de las virtudes y maravillas del mismo, basando la acción en una comunicación unidireccional. Se afanan éstos en la captación del turismo internacional y el mantenimiento de las buenas relaciones...mientras los países se desmoronan por falta de confianza en sus gobernantes, en los de los demás y en Europa. Pero además, a la ecuación clásica se añade una nueva variable propia de un mundo globalizado: los llamados BRICS, países que se aproximan “amenazantes” al nivel de la potencias clásicas.

La competencia aumenta, se abre de nuevo la lucha por una mayor presencia e influencia en el mundo que definirá las próximas décadas. Europa tiene miedo y con razón. Sólo desde 2004, China ha establecido más de 300 Institutos Confucio alrededor del mundo y Rusia ha iniciado una campaña para impulsar la creación de más Institutos Pushkin con un presupuesto de casi 50 millones de dólares... Mientras que los países europeos recortan, la inversión pública en cultura, por ejemplo en China ha crecido más de un 20% desde el 2007 y para el 2015 se espera que la aportación al PIB de la cultura alcance el 5.6%. Los BRICS ya se han dado cuenta de la importancia de la cultura e invierten en ella.

La Unión Europea siente -como es natural- que el poder adquirido tras las sucesivas oleadas de políticas coloniales ahora se desvanece, su influencia se diluye. Para evitar quedarse atrás la UE. prepara en la actualidad una estrategia conjunta sobre el papel que la cultura debe desempeñar en sus relaciones exteriores. Junto a algunos investigadores independientes y consultoras como KEA, varios institutos de cultura nacionales de países miembros de la UE- entre ellos el British Council del Reino Unido, tan poco amigo de Europa- participan en la preparación de esta estrategia de “reconquista” europea . Todo este esfuerzo llama la atención teniendo en cuenta que la cultura sigue siendo a día de hoy una de las competencias “de apoyo” (artículo 6 del TFUE) de la UE.

Lo que está en juego, evidentemente, es muy importante. Sin embargo, existe la sensación de que una vez más y aunque se gobierne en su nombre, poco se está teniendo en cuenta a los ciudadanos y sus necesidades reales. Poco podemos hacer al respecto. La fluidez de las relaciones contemporáneas, el mundo virtual en el que vivimos, dificulta el deber ciudadano de pedir cuentas a los responsables de la deshumanización de las políticas, cabezas virtuales que tejen desde un lugar incorpóreo el destino de tantos millones de personas...

Consuela saber, que es en este mismo mundo hiper-interconectado, donde las nuevas tecnologías permiten la comunicación inmediata de un punto a otro del globo, donde todos y cada uno de nosotros somos potenciales creadores de imagen del país, de una institución...Y es una ventaja que debemos utilizar en nuestro favor y que los gobernantes –quienes quiera que sean políticos o corporaciones, multimillonarios desconocidos o multinacionales- no deben olvidar.

Y como empieza este comentario, cerramos con una frase de Durao Barroso -el mismo que tachó a Francia de reaccionaria por su defensa de la excepción cultural- de su discurso en Berlín: “La cultura es existencial mientras que la política es instrumental. Y pienso que es importante que aquellos que tienen la responsabilidad política o de creación de políticas tengan la humildad de reconocerlo”. Pues eso, a aplicarse el cuento.

Estefanía de la Torriente y Miguel Sánchez gestionan @culturburo, blog sobre análisis e información de políticas culturales

UnknownJOSÉ LUIS ESCARIO DÍAZ-BERRIO

El Consejo Europeo del pasado marzo ha supuesto un salto cualitativo en la lucha contra el secreto bancario en la Unión Europea (UE). Austria y Luxemburgo han finalmente levantado su veto a las propuestas revisión de las directivas comunitarias que pretenden generalizar el intercambio automático de información bancaria a todos los Estados miembros de la UE y a las principales formas de ingresos financieros (los dividendos, las ganancias de capital y los balances de cuentas corrientes inclusive). Estas revisiones subsanan las importantes lagunas de que adolece la legislación comunitaria en la materia, que permite ser fácilmente sorteada por los grandes evasores.

El proceso acelerado de globalización del mundo ha facilitado a ciertos contribuyentes colocar sus inversiones  en bancos fuera del país de residencia. Ingentes cantidades de dinero han sido ubicadas en el extranjero, lo cual supone para las autoridades fiscales nacionales una mayor dificultad de control. La cooperación y el intercambio automático de información entre países son la clave a la hora de luchar contra una evasión fiscal transnacional.

La lucha de determinadas jurisdicciones, y de ciertas industrias financieras offshore, por obstaculizar el flujo de información fiscal ha sido empedernida. Han tratado por todos los medios de evitar el establecimiento de una obligación a los bancos sitos en sus territorios de reportar automáticamente los movimientos de las cuentas corrientes de los no-residentes a otras autoridades fiscales.

No es de extrañar que la reforma de la normativa comunitaria se haya demorado más de seis años, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier reforma en materia de fiscalidad precisa la unanimidad de los Estados miembros. Veamos el tortuoso camino que ha habido que recorrer antes de la decisión del Consejo Europeo que comentamos.

Todo parece empezar bien cuando la UE aprueba la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro (STD) . Esta norma entra en vigor en el 2005 y supone un avance importante al incorporar un innovador método de cooperación fiscal entre países, el intercambio automático de información bancaria, mucho más efectivo que el estándar internacional imperante en ese momento, basado en el intercambio “previo requerimiento”. Este presenta la desventaja de exigir, para que el flujo de información bancaria se produzca, la presentación de una solicitud por parte de la Administración interesada. Además, dicha información debe ser “previsiblemente relevante”, a juicio  de la Administración requerida a colaborar. No es de extrañar que, en el caso de las jurisdicciones “no cooperativas”, ese juicio tienda a ser muy restrictivo.

De ahí que, los Estados miembros más celosos del secreto bancario (Austria, Luxemburgo y, en un principio, Bélgica) se esforzasen por incluir en el texto de la STD un régimen excepcional para ellos que les permitiese seguir aplicando el sistema previo requerimiento.

Cuando la Comisión Europea pretende subsanar años más tarde las excepciones y deficiencias de la STD se topa con una estrategia bien trazada entre los paraísos fiscales europeos comunitarios y los no comunitarios, liderados por Suiza. El argumento de los primeros es claro: “mientras los segundos no acepten el estándar automático nosotros tampoco renunciaremos a nuestro régimen excepcional”. El argumento de Suiza es análogo: “mientras Hong Kong, Macao o Singapur no den el paso adelante, Suiza no se moverá un centímetro”.

Sorprendentemente, va haber que esperar a que se produzca un hecho ajeno a la UE para que se rompa el círculo vicioso en el que ésta se había metido. La inminente entrada en vigor de la llamada FATCA, ley estadounidense que exige la transparencia fiscal a terceros países y a sus bancos, bajo la amenaza de gravar con un 30% los flujos que reciban de Estados Unidos, hizo que en el 2013 un grupo de Estados miembros (entre ellos España) desarrollasen un proyecto piloto para cumplir con la obligaciones de intercambio de información americanas y, de paso, aplicasen entre ellos los  mismos requisitos de transmisión de información y el mismo modelo de reporte de los bancos.

Poco después, este renovado clima de coordinación propicia que, en el seno del G20, se acuerde encargar a la OCDE la elaboración de norma mundial única inspirada en el principio de  intercambio automático. El nuevo estándar global, que ha presentado la OCDE el pasado febrero, es una síntesis de la normativa de Estados Unidos y de las propuestas de reforma más avanzadas de la Comisión Europea.

Ante una presión global de tal envergadura, los países más reticentes han tomado consciencia de que es inútil seguir resistiéndose en el seno de la UE a unas condiciones de transparencia que se les van a aplicar a nivel mundial tarde o temprano. He aquí una forma un tanto rocambolesca de esquivar el “insalvable” requisito de la unanimidad que sigue marcando el paso de la UE en algunas materias.

José Luis Escario es coordinador del área de la Unión Europea en la Fundación Alternativas e investigador independiente en temas comunitarios y de fiscalidad internacioanl. Más información en su página web.  

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

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Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

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Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

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