¿Por qué la política se vende tan cara?

Por: | 14 de febrero de 2018

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Sesión_Solemne_en_el_Congreso_de_los_Diputados

Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

 

Si hay una palabra mil veces repetida, pero poco identificada con claridad, esa podría ser ‘política’. Su utilización hasta la saturación acaba impidiendo saber con nitidez de qué se habla cuando se utiliza el término. Incluso, es más que posible, que algunas personas que la pronuncian tampoco sepan bien a lo que están aludiendo.

La experiencia que te van proporcionando los años atestigua lo expresado. Y, la verdad, es que se trata de un caso casi único. Lo habitual en las distintas actividades que tienen lugar en la sociedad es que, aun a pesar de las discrepancias que siempre existen, haya al menos el acuerdo de identificar con claridad de qué se está hablando a la hora de tratar a aquellas. Sin embargo, con la política no es así. Yendo más allá aún, otro dato que también inquieta al propio sentido común es que mientras que la mayoría de las personas sensatas procuran el silencio en aquellos temas que ignoran, en el caso de la política ocurre el fenómeno contrario, es decir aquel dicho de que ‘yo no sé nada de política, pero te voy a decir…’, y en ese momento te colocan un discurso, generalmente quieras o no, sobre su visión de lo ‘desconocido’. Y esta gesta no es frecuente por ejemplo en el campo de la astrofísica.

Por otro lado, está más o menos claro que la política es una actividad de procedimiento prácticamente universal en el tiempo y en el espacio; y que desarrolla una función socialmente valiosa, sin la que sería difícil seguir manteniendo las sociedades en las que vivimos, al menos con el aspecto que tienen. Luego, si esto es así, cómo es posible que haya tanta dificultad en definirla, y en que lleguemos a un acuerdo que nos permita, al menos, no vituperar lo ignorado.

La política está estrechamente ligada al tratamiento del conflicto humano, y desde luego es una aportación definitiva. Pero la palabra ‘conflicto’ suele evocar tensión y problemas; por todo ello, la política aparece cercana a estos escenarios, pero su presencia en ellos es una ayuda, un paliativo y una mejora, y por esa razón hay que reivindicarla.

Dando vueltas a lo perplejo del asunto, se deben ir sacando  conclusiones; no hay nada como ir siguiendo el hilo, o atando cabos para buscar una explicación. En primer lugar, es evidente que la política es una actividad envuelta en intereses; y aquí es donde hay una novedad con respecto a la tónica general    ya que se constata que alrededor de la política existen algunos intereses cuyo objetivo preciso es no definirla nunca; se trata de sectores que encuentran mayor utilidad al moverse en la confusión que en la claridad.

También se asiste dentro de esa ceremonia de la confusión a la utilización de sinónimos equívocos que no solo conducen a su escondite, sino también a una visión muy peyorativa que es una losa casi imposible de levantar, bastante generalizada por todo el mundo.

Pero ya está bien, hay que hacer el esfuerzo; hay que aparcar un momento los intereses propios, que a veces son simplemente el rechazo o la zancadilla al otro; hay que tener unas miras más amplias. Es cierto que la política, casi por su propia naturaleza, no puede albergar la unanimidad; pero sí puede fabricar consensos, y estos son vitales para seguir conviviendo en razonable armonía.

Toma de decisiones

Igualmente es manifiesto, y casi por su misma naturaleza, que la política es una actividad ambivalente; la posición de cada uno en la sociedad, y en las otras esferas en que esta se subdivide, marcan ineludiblemente el punto de mira y la perspectiva, pero estas circunstancias son asumibles y deben servir de base para una actuación política inteligente que trate de equilibrar posiciones a través de una toma de decisiones ajustada a cada escenario.

Se trata de un deber social: reivindicar y apoyar la creatividad política para salir de situaciones de tensión que todos conocemos; incluso algunas exageradamente prolongadas en el tiempo. Pero quizá no lleguemos a la salida política, que exige imaginación, esfuerzo y diálogo, porque o no sabemos de qué se trata, o porque si los demás no lo saben, mejor para mí; o porque unos cuantos sí andan en el juego pero otros no, o porque otra vez nos han alcanzado las siguientes elecciones; y quizá porque tampoco ha habido una pedagogía adecuada de explicación de las distintas posibilidades.

De este modo nos conducimos a una situación, casi tan confusa como la descrita, en la que los políticos no hacen política aunque adopten ese nombre; además se les conoce como decisores, aunque no toman decisión política alguna. Y ni siquiera establecen un diálogo para saber, no ya lo que pretende el antagonista, sino, muy importante, qué quieren los ciudadanos a los que administran.

Siempre se ha dicho que el valor de las cosas viene definido por la escasez; cuantas menos existencias hay de algo, más sube su valor; será por eso que la política es una actividad cara y, por tanto, no entra dentro de nuestras posibilidades.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense

¿Quién gana y por qué con el acuerdo de coalición en Alemania?

Por: | 09 de febrero de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

1517320922_522587_1517321196_noticia_normal_recorte1Merkel y Shultz a su llegada a la sede de las negociaciones para formar gobierno. / EFE

 

Sería un error analizar el acuerdo de coalición entre la CDU-CSU y el SPD como un mal menor para evitar otro mayor: el desgobierno de Alemania. Por el contrario, el enfoque adecuado sería considerarlo como el bien mayor, la mejor conclusión imaginable del proceso abierto tras las elecciones de septiembre de 2017 porque hace que ganen los alemanes, el SPD y la Unión Europea al mismo tiempo. ¿Por qué?

Ganan los alemanes porque el contenido del acuerdo da estabilidad al país, escora hacia políticas y presupuestos más avanzados que en la última legislatura la acción de gobierno y permite a los grandes partidos democráticos demostrar que la demagogia de la ultraderecha es eso, una demagogia nutrida de circunstancias coyunturales (la crisis de los refugiados) y estructurales (el retroceso en la igualdad y el bienestar) que pueden y deben afrontarse a lo largo de los cuatro años en mejores condiciones que las del último mandato.

Gana el SPD porque consigue introducir propuestas nítidamente progresistas respaldadas por compromisos presupuestarios cuantificados, estará en condiciones de demostrar –aún más si cabe- su capacidad de gestión de lo público a favor de las grandes mayorías trabajadoras, asumirá el liderazgo de un renovado protagonismo alemán en el presente y el futuro de la UE y, además, tendrá carteras clave para visibilizar todo lo dicho: desde Exteriores a Finanzas, nada menos.

Gana Europa –seguramente la que más- porque las instituciones comunitarias y el presidente Macron contarán con el más poderoso de los aliados (Alemania) para continuar la profundización política (me atrevo a decir que en un cierto sentido federal), el gran adalid de la austeridad durante la crisis (Berlín) acepta el fin del ciclo hegemonizado por ese concepto, el mayor contribuyente neto (la República Federal) aumentará su aportación al presupuesto comunitario en un momento clave (cuando sabemos que la salida del Reino Unido reducirá lo ingresos en cerca de 11.000 millones de euros y comienzan a discutirse las grandes líneas del próximo Marco Financiero Plurianual) y, sobre todo y ante todo, cuando el unilateralismo de Donald Trump requiere una UE más fuerte y decidida, tendremos la oportunidad de construirla con propuestas como las que figuran en el contrato de coalición: un marco para un salario mínimo europeo, la introducción de una “sustancial” tasa sobre las transacciones financieras, fondos específicos para la estabilización económica y la convergencia social o la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad en un fondo monetario europeo.

Que la reeditada Gran Coalición entraña también riesgos no puede negarlo nadie: si fracasa, se llevará por delante a sus protagonistas. Pero cabe preguntarse si no lo habría hecho también una repetición electoral de resultados inciertos o un Gobierno en minoría de la CDU-CSU, situaciones ambas en las que la inestabilidad se habría convertido en el mejor argumento de la extrema derecha para avanzar. Todo ello sin olvidar que en democracia arriesgar es consustancial a la acción política y, desde luego, asumir la responsabilidad histórica forma parte de la identidad de partidos como el SPD, que encima y sin duda hubiera sido culpabilizado del bloqueo político.

Ahora todo queda sometido al criterio de los 463.000 afiliados del SPD, que deberán pronunciarse sobre el acuerdo de coalición. Las vidas cotidianas de 500 millones de habitantes de la actual UE serán de alguna manera afectadas por el voto de esos militantes: nunca tantos dependieron tanto de tan pocos… El artífice socialdemócrata del pacto, Martin Schulz -protagonista de un giro de 180 grados desde las elecciones hasta la firma del texto-, ha dado un paso honesto (a quienes hemos coincidido con él en el Parlamento Europeo eso no nos produce sorpresa) e inteligente al anunciar su abandono de la presidencia del partido e incluso su renuncia a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores en el futuro gobierno. Su sucesora al frente de la Willy Brandt Haus será Andrea Nahles, durante mucho tiempo considerada una representante del ala izquierda del partido y favorable a reeditar la Gran Coalición, lo que sirve para enviar un mensaje que debilita el argumentario de los oponentes internos del pacto.

Al parecer, la decisión de la militancia se conocerá, tras un sano e intenso debate democrático -del que los socialdemócratas pueden sentirse orgullosos y que probablemente arroje unos resultados muy ajustados-, el 4 de marzo, la misma fecha en que tendrán lugar las elecciones generales en Italia.

Para Europa será un día en el que contener la respiración. Imaginen los escenarios posibles y comiencen a coger aire. Esperemos que a eso de las 22:00 los europeístas podamos respirar tranquilos y esperanzados.

Por cierto: intentar comparar situaciones y procesos políticos en países tan diferentes como Alemania y España es como mezclar churras con merinas. Y quienes mejor lo saben son quienes lo hacen.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

Valores en la mochila

Por: | 30 de enero de 2018

ADOLFO CARRATALÁ Y BEATRIZ HERRERO-JIMÉNEZ (*)

 

1430404270_783095_1430405869_noticia_normal

Escolares en el patio de un colegio de Vitoria. PRADIP J. PHANSE

 

Hace setenta años Mahatma Gandhi fue asesinado por un radical hinduista, quien, en apariencia, estaba vinculado con grupos ultraderechistas de la India. Dado el clima social actual en el que convivimos, celebrar el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz, que hoy conmemora su muerte, resulta aún más importante que nunca.

Si bien nuestro país presenta unas cifras relativamente bajas de homicidios, la violencia no es un problema menor de nuestra sociedad. No lo es entre los menores de edad, no lo es en las aulas y no lo es en el conjunto de la población. Solo en el último mes hemos asistido a la detención de cuatro menores en Bilbao por asesinar presuntamente a dos ancianos y al exfubolista Ibon Urrengoetxea, mientras que un estudio reciente del Centro Sindical Independiente de Funcionarios deja unas cifras alarmantes: el 90% de los docentes afirma convivir en su centro escolar con situaciones de violencia física y, fundamentalmente, psicológica. Asimismo, los delitos de odio por motivos ideológicos, discapacidad, raza, religión o género son una constante en nuestro país, mientras que el discurso de odio se extiende en las redes sociales, espacios cotidianos de comunicación e interrelación de los adolescentes y jóvenes de hoy.

Las escuelas deben ser espacios en los que la diferencia y la diversidad sean valoradas como una riqueza y no como una amenaza. La convivencia en términos de igualdad y respeto exige poner el acento en una formación en valores que todavía hoy no ocupa el lugar que merece en las aulas españolas. Con la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía en 2012, los responsables políticos de nuestro país dieron portazo a la oportunidad de hacer del desarrollo de competencias, clave para la salud democrática de una sociedad, un elemento protagonista de la enseñanza obligatoria.

Ahora que el Congreso de los Diputados ha dado inicio a los trabajos para conseguir el necesario primer pacto educativo de nuestra democracia, es el momento de hacer una apuesta decidida para que los valores no sean excluidos de las aulas. Como un reciente estudio sobre la discriminación en España puso de manifiesto, el reto para las escuelas no es sencillo. Pero la confianza en su poder transformador y el redoblar esfuerzos en la educación intercultural y mediática del alumnado debe permitir afrontar con éxito el desafío. La preparación de jóvenes que sepan reconocer el diálogo y la comunicación como la mejor estrategia para actuar ante cualquier conflicto, así como rechazar actitudes y discursos de carácter violento, hará de los centros escolares un foco de responsable maduración del conjunto de la sociedad.

 

(*) Adolfo Carratalá es profesor de Periodismo en la Universidad de Valencia y Beatriz Herrero-Jiménez es investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos

STUART MEDINA MILTIMORE (*)

 

Elderly-942049_960_720Un anciano sentado en un parque de Madrid.

 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.

Tranquilos, señores y señoras mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.

¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!

Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.

La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.

Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca ha estado pensada para atender las necesidades de los pobres).

La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque los estados de ánimo del capitalismo oligárquico condicionan las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.

Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.

Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.

La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha introducido el Estado en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.

Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).

Tratados de Maastricht

Cierto es que el ingreso del Estado español en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder del Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter al Estado. Aun así, los mecanismos de funcionamiento de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.

Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieros no sirve para ese propósito.

El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual se puede regular un mercado alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones en el de las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas debería prohibirlas o restringirlas con ­ ¡válgame Dios!­ regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.

Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.

Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.

Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es esa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.

 

(*) Stuart Medina Miltimore es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio

Un año de Trump: sólo para incondicionales

Por: | 22 de enero de 2018

VICENTE PALACIO (*)

 

1516398744_485329_1516399058_noticia_normal_recorte1

Donald Trump sujeta un bate de béisbol junto al vicepresidente, Mike Pence. REUTERS

 

2017 en manos de Trump fue un año tan caótico como lo será 2018. Corea del Norte, Irán, México, o el lío con Rusia (de tipo freudiano). Una de las palabras que definen el primer año de mandato es 'retirada'. La retirada del Acuerdo comercial Trans-Pacífico, o la retirada del acuerdo de Cambio Climático de París. Por no hablar de la voladura del acuerdo nuclear con Irán, o el ninguneo total a la Unión Europea -el más reciente, el nombramiento de Jerusalén como capital de Israel-. 

También ha sido un año de frustraciones en casa: la reforma de la sanidad (el Obamacare), o el intento de acallar a los medios de comunicación y a la sociedad civil. La reforma fiscal que ha aprobado el Senado servirá menos como estímulo a la economía y más como un alivio para los muy ricos. La presión a Apple o Google para retornar a suelo americano es poco más que un gesto de cara a la galería de sus incondicionales, si se tiene en cuenta que se hace a cambio de bajarle los impuestos a las multinacionales norteamericanas, mientras se aprietan las tuercas a las extranjeras, por ejemplo las europeas, y se hace dumping fiscal.

El clima se ha enrarecido mucho, la sociedad se ha polarizado aún más que con Obama, estamos en otra dimensión, en dos países diferentes, y esta guerra cultural exacerbada de la xenofobia y el supremacismo blanco de momento no la van a perder electoralmente los trumpistas. Increíble pero cierto. Para muchos norteamericanos, la idea de huir al vecino Canadá a respirar algo de tolerancia y buenas maneras se ha convertido en algo más que una ocurrencia.  

EEUU vuelve a auparse a los récords de impopularidad que obtuvo con el tan denostado (dentro y fuera de Norteamérica) George W. Bush. Pero eso le da exactamente igual a Trump. Vive exclusivamente en el planeta Trump, cuyo satélite es Estados Unidos. Lo demás es perfectamente secundario, o peor, un instrumento al servicio del primero. Es una política hecha sólo para esas decenas de millones de incondicionales. Los demás, que se busquen la vida. 

Este presidente está decidido a romper todas las reglas de juego, instituciones o buenas maneras en la comunicación, todos los moldes, incluido el respeto a sus subordinados. La Casa Blanca y el Congreso deben vivir en un estado de ansiedad permanente, a la espera de otro aviso de nuevo tweet en sus móviles que les despierte a otra pesadilla mayor en medio de la madrugada. 

¿Cuál es el problema? Cambiar las cosas y desafiar el statu quo no sería tan malo  -pues es preciso dejar claro que el orden liberal realmente existente no va precisamente bien- si en su lugar se propusiera algo con sentido, justo y mínimamente armonioso. Por ejemplo, repensar la globalización: las reglas para un comercio justo, atender las quejas de los perdedores, o llegar a un acuerdo más ajustado de las cargas financieras en los organismos internacionales o en la seguridad (por ejemplo, con Europa). Todo ello podría tener su lado positivo, si no fuera porque la solución que esta Administración ofrece, dentro y fuera, es peor aún que la enfermedad. De hecho, sólo se nos promete más del América First. De momento, en el mundo se ha abierto un vacío que no rellena nadie.

Como resultado, demócratas y republicanos vuelven a la gresca, y el Gobierno Federal ha cerrado unos días, como sucedió a principios de 2013. Pero la tregua pactada en el Congreso no resolverá  ni el problema migratorio ni la negociación con México. Queda mucho Trump por delante. 

Que el último en salir apague la luz. 

 

(*) Vicente Palacio es director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal