LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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Una mujer pide en las calles de Valencia. / MÒNICA TORRES

 

Lo primero que hay que anotar cuando se habla de la erradicación de la pobreza es que es posible. Esto es algo asombroso, sin precedentes. Vivimos en la primera época de la historia de toda la humanidad en la que es físicamente posible garantizarle a todos y cada uno de los seres humanos que habitan sobre la faz de la tierra la satisfacción de las necesidades fundamentales como alimentación, vestido, vivienda, atención sanitaria, e incluso es posible ir más allá de la pura supervivencia física para garantizar las bases de la dignidad humana mediante, por ejemplo, educación básica y acceso a la cultura y la comunicación con los demás. Y cabe recordar todo esto hoy, ya que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Para que pongamos en perspectiva la magnitud de este hecho, pensemos en Elisabeth de Proost. Es la ciudadana belga más vieja en este momento, con un poco más de 110 años de vida. Aunque a ella posiblemente no la haya afectado personalmente, su infancia coincide con la hambruna que sufrió ese país durante la Primera Guerra Mundial debido, hay que aclarar, al bloqueo militar fruto de las hostilidades. Ha sido tan vertiginoso el crecimiento económico del último siglo que aún viven personas en el mundo desarrollado que alcanzaron a presenciar tiempos de necesidad que hoy nos resultan impensables.

La era de las grandes hambrunas ha quedado atrás. Aun así, se estima que en lo que va corrido del siglo han muerto unas 600 mil personas por hambre. Comparadas con los millones de personas que podían morir en una sola hambruna en cuestión de uno o dos años en el siglo XX, se trata de una suma muy pequeña y una excelente noticia. Pero no hay que olvidar que todas y cada una de estas muertes era evitable. La producción total de comida en el mundo es más que suficiente para alimentar satisfactoriamente a toda la población.

Otro tanto ocurre con las personas sin hogar o las que mueren de enfermedades prevenibles. La abundancia de recursos de nuestro tiempo es tal que casos así no tendrían por qué existir.

Erradicar estos fenómenos a la mayor brevedad requeriría redistribuir recursos. Esperar a que el crecimiento económico se encargue por sí solo de esta labor sería prolongar de manera injustificada el sufrimiento. Pero hay algo más. Dicha redistribución es un imperativo moral por otra razón: el cambio climático.

Hace tan solo una semana el Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) lanzó un informe en el que advertía sobre los riesgos de permitir que la temperatura del planeta se eleve en más de 1,5 grados Celsius. Siguiendo la trayectoria actual, quedan aproximadamente 10 a 12 años para impedir ese escenario.

Ante todo, el cambio climático es en sí mismo un problema de justicia distributiva ya que afecta más duramente a los más pobres. Si se eleva el nivel de las aguas del mar, los países del Norte industrializado tienen los recursos necesarios para salvar sus ciudades costeras. No así Bangladesh donde viven más de 150 millones de personas muy cerca del nivel del mar.

Pero, por otra parte, la manera más eficaz de ralentizar el ritmo del cambio climático es redistribuyendo recursos hacia los más pobres. Las actividades que más contribuyen a emisiones de gases invernadero son actividades de ricos. Utilizar vehículos privados, comer carne, desperdiciar comida, vivir en casas cuyo tamaño exige altos requerimientos térmicos, volar a miles de kilómetros de distancia, acumular bienes intensivos en plástico, etc, son algunos ejemplos de las cosas que hacemos quienes pertenecemos al mundo rico e industrializado y que tienen el mayor impacto ambiental. Mientras más ricos somos, mayor es nuestra huella de carbono.

Si nosotros los ricos (desde un punto de vista global toda persona que lea estas líneas es, muy seguramente, parte del 10% más rico del planeta) redujéramos nuestro consumo, reduciríamos nuestra huella de carbono y simultáneamente liberaríamos recursos para ayudar a erradicar la pobreza. Un euro que transfiriéramos de una persona rica del Norte a una persona pobre del Sur, sería un euro que se dejaría de usar en actividades de alto impacto ambiental y pasaría a usarse en bienes de subsistencia con poco contenido de carbono.

Aquí reside la gran ironía de la erradicación de la pobreza. Aunque es físicamente posible, éticamente deseable y ambientalmente necesaria, carecemos de las instituciones políticas para llevarla a cabo. En un mundo de estados-nación no tenemos mecanismos de redistribución global que estén a la altura de semejante labor. Los presupuestos de ayuda internacional son irrisorios y, aun si se multiplicaran, no está para nada claro que sería la mejor manera de efectuar las transferencias necesarias. Por ejemplo, enviar dinero a gobiernos corruptos y violadores de los derechos humanos podría ser incluso contraproducente.

Algunos países han acumulado ya una larga experiencia de buenas prácticas para la redistribución entre sus ciudadanos. Los buenos estados del bienestar funcionan sobre esa base (a pesar de las dificultades, por supuesto). Pero todas esas buenas prácticas descansan sobre la premisa de que dicha redistribución está legitimada, tanto por el lado de los impuestos como de los gastos, por el hecho de ser parte del pacto social que aglutina a los ciudadanos que pagan y a los que reciben. No existe nada similar a escala global.

No solamente el sistema de estados-nación carece de los instrumentos necesarios, sino que cada vez le surgen más grietas. La globalización ha permitido que buena parte de la riqueza mundial se genere en condiciones tributariamente ambiguas y que termine en paraísos fiscales a los que los gobiernos no tienen acceso.

Así las cosas, tal vez ha llegado el momento de romper con los moldes establecidos. Por ejemplo, puede parecer absurdo hablar de impuestos transnacionales para financiar transferencias individualizadas, gravar transacciones financieras entre países y utilizar el ingreso generado para dárselo directamente a ciudadanos de los países más pobres. Sí. Puede parecer absurdo. Pero, ¿no es ya bastante absurda la situación actual?

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Las mujeres en el cine

Por: | 15 de octubre de 2018

CRISTINA ANDREU CUEVAS (*)

 

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Integrantes de la Asociación de Mujeres Cineastas, en el Festival de San Sebastián.

 

El 26 de septiembre de 2018 se firmó en el Festival de Cine de San Sebastián la Carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el Cine[1]. Desde la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios de Audiovisuales (CIMA) estamos, como no podía ser menos, contentas con esta firma que se inició en el Festival de Cannes de este año[2].

La carta recoge la necesidad de compilar estadísticas desagregadas por género, tanto aquellas que se refieran al número de películas recibidas para su selección, como a las elegidas y programadas, para disponer de datos fiables y reales sobre la presencia de proyectos liderados por mujeres. Además, pide que se haga pública la lista de miembros de los comités de selección y programación. Pretende también establecer un calendario de cambios en los órganos ejecutivos del festival con el fin de alcanzar la paridad en el actual periodo de mandato de dichos órganos, así como realizar una comunicación anual sobre los progresos realizados.

Pero si reflexionamos un poco sobre lo firmado, en el año 2018 donde las mujeres deberían estar ya en un plano de igualdad, no es un poco, es demasiado poco.

Las mujeres estamos muy poco presentes en los festivales de cine, sobre todo en las categorías importantes. En Cannes solamente Jane Campion ha ganado una Palma de Oro; solo cuatro mujeres han ganado el Oso de Oro de Berlín; en San Sebastián han ganado la Concha de Oro dos mujeres, en 1983 y en 2013, y el León de Oro de Venecia únicamente cuatro mujeres. Estamos hablando de Festivales históricos, que empezaron su andadura entre los años 1932 y 1953, por lo que casi mejor no nos pongamos a hacer las cuentas. Y, por supuesto, ninguna española. Y, por supuesto, ningún festival importante del mundo lo dirige una mujer, y me parece que tampoco se la espera.

Y no es porque haya mujeres y no se lo merezcan. Las estadísticas son desoladoras como indica el último informe de CIMA del 2017 que acabamos de presentar[3].

Si se fijan bien en las peticiones, salta a la vista que  hasta ahora los comités de selección no eran paritarios, ni los de programación, y además desconocíamos su composición. Y en muchos festivales, tampoco la de los jurados.

 Y me quedo en este punto, ya que me parece muy significativo. Los festivales de cine dan mucha visibilidad, por lo que nos han invisibilizado durante décadas, nos han hecho desparecer.

Agradezco mucho al director del Festival de Cannes, y a José Luis Rebordinos, del Festival de San Sebastián, que hayan firmado este compromiso. No conozco otros festivales que lo hayan hecho. ¿Es que hasta este año nadie se había dado cuenta de que las mujeres no existíamos para los festivales?

Las mujeres sí nos dábamos cuenta, pero hasta que no hemos empezado a asociarnos, como por ejemplo en CIMA, no teníamos voz. Y me pregunto, ¿a vosotros hombres nunca se os pasó por la cabeza?  Y ahora que por fin hemos podido pedir medidas, ya que las voces de muchas mujeres unidas son difíciles de acallar, ¿no os da muchísima vergüenza? Menos mal que a nuestras voces también se han unido las voces de muchos compañeros que también quieren conocer las historias contadas por las mujeres, que se han dado cuenta de que el público se perdía al menos el 50% de las miradas, su voz, su vida.

Y lean lo que la Fundación Alternativas publicó en el Informe sobre el estado de la cultura en España 2017. Igualdad y diversidad en la Era Digital[4]. Y todavía hay quién se escandaliza cuando exigimos cuotas.

 

(*) Cristina Andreu Cuevas es presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) https://cimamujerescineastas.es

 

[1]https://cimamujerescineastas.es/el-festival-de-san-sebastian-firmara-la-carta-por-la-parida-y-la-inclusion-en-el-cine/

[2]https://cimamujerescineastas.es/cima-firma-la-carta-por-la-paridad-y-la-diversidad-en-el-cine-en-cannes/

[3]https://1drv.ms/b/s!AlEA4TlxEINQnHYcXrulLtjwAZla

[4]https://www.fundacionalternativas.org/cultura-y-comunicacion/libros-e-informes/informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2017-igualdad-y-diversidad-en-la-era-digital

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Por: | 10 de octubre de 2018

OSCAR PÉREZ DE LA FUENTE (*)

 

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El corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin (California). / EP

 

El 10 de octubre 2018 se celebra el 16º Día Mundial contra la Pena de Muerte, centrado esta vez en la toma de conciencia de las condiciones de vida inhumanas de las personas condenadas a muerte. El 22 de junio de 2001, los participantes al primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo, en el Salón del Consejo de Europa. En el párrafo 9, los firmantes se comprometen a “establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo es el de establecer un día internacional para la abolición universal de la pena de muerte”.

En 2017, Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registradas en 2016. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden. Entre los países democráticos, únicamente Estados Unidos y Japón mantienen la pena capital como castigo penal.

Se suelen dar dos tipos de justificaciones para la pena de muerte: a) Retribucionista; b) Utilitarista. Según el retribucionismo, en líneas generales, el que ha hecho un mal debe sufrir otro mal de entidad equivalente, cualquiera que sean las consecuencias. Es un principio antiguo de justicia, que se puede encontrar en la expresión bíblica del “ojo por ojo, diente por diente”. Los sistemas penales contemporáneos no se basan en este principio retribucionista, aunque resurgen en forma de populismo punitivo donde la “indignación moral de la comunidad” -contra la que ya advirtió H.L.A. Hart- debe transformarse en mayores y contundentes penas.

Según el utilitarismo el castigo estatal es justificable solo si el balance de sus consecuencias es mas beneficioso que perjudicial para el conjunto de la sociedad. Se suele hablar de la prevención general -para toda la población- y especial -para el infractor- de la pena de muerte basada en tres elementos: seguridad, celeridad y severidad. Según el primero, las personas no violan las leyes si están seguras de que serán cogidas y castigadas. Según el segundo, se refiere al tiempo trascurrido entre la comisión de delito y la administración del castigo. Según el tercero, el efecto disuasorio del castigo es una función de su severidad.

Estos argumentos utilitaristas tienen que ser contrastados con estudios empíricos que muestren la necesidad y eficacia de este tipo de penas. Las pruebas no refuerzan estos análisis, aunque es algo controvertido. Por otra parte, el inconveniente principal reside en el principio de inviolabilidad de la persona, que afirma que no se puede sacrificar a un individuo por la utilidad de la mayoría.

Los debates suelen centrarse en tres argumentos contra la pena de muerte: a) Sesgo racial; b) Castigar irreversiblemente a un inocente; c) Herramienta para eliminar disidentes políticos.

En Estados Unidos, el debate se centra en que la pena de muerte tiene efectos desproporcionadamente negativos contra los miembros de las minorías, especialmente negros e hispanos. Por ejemplo, con las estadísticas, por origen racial, de las personas en el corredor de la muerte. Esto ha llevado a hablar de racismo institucional, con el análisis de situaciones donde los policías o los jueces en sus actuaciones no son neutrales hacia los miembros de las minorías. Estos análisis tienen su relevancia en los debates sobre la pena de muerte ya que ésta afecta especialmente a estos colectivos y se pone en cuestión la finalidad de este tipo de penas con los argumentos sobre su adecuada integración en la sociedad en términos de igualdad racial. En su informe internacional de 1999, Amnistía Internacional ha concluido que es “innegable” que la pena de muerte en Estados Unidos “es aplicada desproporcionadamente sobre la base de la raza, la etnia y el status social”.

Otro argumento utilizado contra la pena de muerte es que puede darse que personas realmente inocentes puedan ser ejecutadas. Esto sería un mal irreversible y un fallo para las garantías del sistema jurídico. La alternativa de una larga condena puede permitir una revisión del caso.

Un tercer argumento en contra sería que la pena de muerte es utilizada como herramienta política. Las autoridades de algunos países la utilizan para castigar a los opositores políticos. Sería en caso de algunos países autoritarios o totalitarios. A los argumentos en contra ya analizados, se podría añadir este como vehículo contra el pluralismo y la democracia.

La novedad de este año es que el Papa Francisco ha modificado -únicamente- el artículo 2.267 del Catecismo de la Iglesia católica, declarando “inadmisible” la pena de muerte. Es un cambio histórico de la tradicional ambigüedad en este tema, esta institución se compromete ahora a trabajar para eliminar la pena de muerte ahí donde todavía esté en vigor.

 

(*) Oscar Pérez es profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid

Ideas para los Estados Unidos de Europa

Por: | 08 de octubre de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

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Matteo Salvini, en la conferencia de seguridad e inmigración de Viena. / RONALD ZAKAP

 

Las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 abrirán y, a la vez, deberían abrir un nuevo ciclo en la UE.

Lo digo porque, en términos institucionales, será así por definición, al renovarse la Cámara y, después, teniendo en cuenta el resultado de los comicios, el presidente de la Comisión Europea y el mismo Colegio de Comisarios. Y, además, aunque no dependa ni de las urnas ni del Europarlamento, también cambiará el presidente del Consejo Europeo.

La cuestión es si también comenzará un nuevo ciclo político en un sentido profundo del término. Y no porque vaya a crecer el número y la diversidad de los escaños extremistas –algo que se da por descontado-, sino por el hecho de que los grandes partidos europeístas sean capaces de asumir el objetivo de culminar la unión política.

Seguramente, ese paso sería la mejor respuesta a la pujanza de los populismos de extrema derecha, en vez del apaciguamiento, que no llevaría a otra cosa que a favorecerla. Lo que implicaría que los europeístas vean la compleja coyuntura de la UE como una ventana de oportunidad y no como un momento de pánico.

Sin embargo, la cuestión es si, además de la voluntad, existe la viabilidad para hacerlo, toda vez que es inevitable modificar el Tratado para completar la unión política, y eso solo puede hacerse a través de la unanimidad.

¿La Hungría de Orbán, la Polonia de Kaczynski, la Italia de Conte y Salvini, dirían sí a dar ese paso o, sencillamente, lo impedirán en algún punto del recorrido haciendo uso de su poder de veto?

La imprevisibilidad de esos gobiernos hace difícil preveer su táctica, pero indudablemente será obstruccionista. ¿Cómo evitarla?

Proponiendo un nuevo pacto para que los futuros Estados Unidos de Europa contemplen dos conjuntos dentro del mismo marco institucional: por un lado, una federación de países que hayan decidido culminar su unión política; por otro, un conjunto de naciones que deseen permanecer en el actual nivel de integración comunitaria.

De esa forma, esos Estados Unidos de Europa serían una confederación de dos grupos de estados que actuarían como un conjunto en muchos terrenos (los actuales), pero no lo harían en otros adicionales, reservados a quienes se hayan federado entre sí.

Así, la Convención y la Conferencia Intergubernamental posteriores trabajarían para, por un lado, diseñar la estructura confederal y, por otro, la integración federal en los Estados Unidos de Europa, en los que nadie estaría obligado a dar un paso más allá de lo que ya se ha construido si no lo desea.

En ese marco, la unanimidad sería fácilmente alcanzable si se respetan dos premisas: la primera, que la reforma no contemplaría pasos atrás en lo que ya está en funcionamiento en la UE; la segunda, que la federación de países estaría abierta permanentemente a la incorporación de nuevos estados (procedentes de dentro o de fuera de la UE) que ingresen en los Estados Unidos de Europa, no existiendo una cláusula de abandono de la misma.

Hablo, pues, de un pacto constituyente que evitaría los bloqueos políticos y los legales. Un acuerdo que debería estar basado en una firme voluntad política de los grandes países (Alemania, Francia y España, entre otros) y partidos europeístas (conservadores, socialistas, liberales, verdes) y, al tiempo, en la capacidad de los estados más reticentes a entender que no pueden impedir a otros ir más deprisa, pero manteniendo la capacidad para cambiar de tren en un momento dado.

En la práctica, los Estados Unidos de Europa confederales que podríamos imaginar de esta forma garantizarían tanto un marco institucional único como un nivel de integración ya de por sí muy alto como el existente, sin impedir a quien lo prefiera ir más o mucho más allá, atrayendo en el futuro –con su éxito- a quien se hubiera quedado rezagado.

¿Varias velocidades, grupos diferenciados, escenario 5 de los propuestos al debate por la Comisión Europea? Lo importante es avanzar y hacerlo de forma inteligente en beneficio de la ciudadanía europea.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

La Revolución Tranquila

Por: | 05 de octubre de 2018

BRUNO ESTRADA LÓPEZ (*)

 

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Una Oficina de Empleo en la Comunidad de Madrid. / CARLOS ROSILLO

 

En el libro ‘La Revolución Tranquila’ reflexiono sobre cómo la izquierda puede recuperar la hegemonía cultural perdida desde finales siglo pasado. Esta recuperación se hará a partir de un proceso social más complejo que en el pasado, ya que el trabajo no ocupa el mismo espacio de centralidad que hace un siglo.

Tal vez el ejemplo que mejor muestre esos cambios en el mundo del trabajo sea el cartel que, durante la primavera árabe, mostraba un manifestante tunecino con la brutal contundencia de las frases cortas: ‘La llave de la libertad es el trabajo’. La libertad para ese hombre que vive en una ‘sociedad de la necesidad’ es sinónimo de salir de la pobreza, de acceder a un bienestar material mínimo. Por eso el trabajo en esas sociedades adquiere una dimensión tan omnipresente.

Sin embargo, en las ‘sociedades de la abundancia’, cercanas en muchos casos a situaciones de pleno empleo, esa libertad es más ambiciosa ya que está vinculada a la consideración del trabajo como un espacio de autorrealización, de proyección y desarrollo personal. Resulta evidente que esa diferente percepción, individual y colectiva, del trabajo tiene una profunda relación de osmosis con el cambio de valores en esas sociedades.

Por eso, la hegemonía cultural de la izquierda en el siglo XXI se construirá a partir de la confluencia de diversas hegemonías: del mundo del trabajo, del feminismo, de la ecología, de la democratización de cada vez más aspectos de la toma de decisiones sobre nuestra vida, etc. Las imprescindibles alianzas entre el mundo del trabajo y otros movimientos sociales y políticos deben plantearse desde dos perspectivas:

- La creciente multiplicidad de sujetos y luchas transformadoras hace que los sindicatos ya no sean el único espacio de socialización de los trabajadores, como sucedía en el pasado, aunque no puede olvidarse que seguirán jugando un papel esencial. El conflicto capital-trabajo sigue siendo muy importante para construir sociedades más igualitarias.

- Los sindicatos, y los nuevos movimientos sociales, deben construir alianzas que, si bien no tienen que girar siempre alrededor del mundo del trabajo, no les son ajenas a los trabajadores en tanto que ciudadanos, como las cuestiones medioambientales, de derechos humanos, etc. De esta forma los sindicatos hoy en día vendrían a recoger las palabras que E. Berstein ya dijo hace más de cien años: una organización que quiere defender a los trabajadores no puede estar ajena a la lucha por los derechos de otros grupos sociales.

La magnífica película británica ‘Pride’ (Orgullo) nos ofrece una deliciosa narración de la unión que se produjo en los años ochenta en el Reino Unido entre el movimiento por los derechos de los gays y lesbianas y la lucha de los mineros contra el cierre de las minas decretado por Margaret Thatcher. Dos colectivos que partían de dos situaciones sociales radicalmente diferentes, urbana y transgresora una, rural e incluso conservadora en los valores la otra, pero a los que les unía el hecho de ser los excluidos de la sociedad.

Aquellos actores sociales y políticos de la izquierda que no apuesten por estos elementos poco a poco irán quedando al margen de la Historia. Dirección a la que se dirige gran parte de la socialdemocracia europea, aún enfangada en la Tercera Vía, sin capacidad de dar una respuesta satisfactoria a los profundos cambios que han sucedido, y que están sucediendo.

Toda revolución requiere definir al sujeto revolucionario, pero en esta Revolución Tranquila, confluencia de muchas hegemonías, lo más correcto es hablar de una pluralidad de sujetos, ya no estamos hablando del icónico trabajador industrial masculino. Ni se van a utilizar siempre similares métodos a los de las grandes luchas obreras del siglo XIX y XX. En la medida que los sujetos revolucionarios son, y serán, cada vez más plurales las alianzas serán más complejas y horizontales.

Será necesario tejer nuevas redes de alta densidad social, plataformas y coaliciones amplias a veces incluso esporádicas para reivindicaciones puntuales. De esta forma se podrán coordinar acciones de protesta y de propuesta cuyo objetivo es construir una sociedad más democrática y más justa, compuesta por mujeres y hombres cada vez más libres.

 

(*) Bruno Estrada López es adjunto al secretario general de CCOO

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

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Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

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Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

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