El problema catalán: causas, creencias y aspiraciones

Por: | 29 de marzo de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

InManifestación independentista en Barcelona.

 

Desde hace casi ya siete años la siempre compleja inserción de Cataluña en España ha conocido una sucesión de iniciativas y réplicas que pone sobre la mesa un creciente alejamiento, una incomprensión e, incluso, un rechazo que no habíamos visto desde los años treinta del siglo pasado. Esta situación se está prolongando demasiado y no se atisban iniciativas creíbles para abordarla. Antes bien, predominan posturas que proporcionan explicaciones rápidas y fáciles que permiten soluciones inmediatas, pero la complejidad del asunto exige una lectura más sosegada. La razón aconseja saber mejor lo que piensan los demás.

Con este fin ordenamos y exponemos datos ciertos sobre lo que piensa la sociedad catalana, y ello tan lejos de la pasión como de la interpretación interesada de los actores políticos. Son ocho pinceladas que ayudan a explicar las opiniones de los ciudadanos de Cataluña sobre el proceso soberanista, de acuerdo con las sucesivas encuestas conocidas.

La coincidencia y estabilidad de los datos refuerza su valor como radiografía de la situación y ponen de relieve la fortaleza del sentimiento identitario y el agotamiento del modelo autonómico y de relaciones actuales con el Estado, pero también las limitaciones que las aspiraciones independentistas tienen en el conjunto de la sociedad catalana y el escepticismo respecto al éxito del proceso.

Cataluña cuenta con un espacio público y de debate político propio y diferente del resto de España

El sistema de medios informativos interno propio de Cataluña aporta un espacio público que ayuda a configurar un debate político propio en el que se conforma una opinión mayoritaria que no siempre coincide con la del resto de España. Esto ayuda a crear una agenda privativa con problemas y cuestiones de interés diferente, de modo que los órganos de decisión política situado en Madrid, así como la opinión pública con proyección estatal, son ajenos al diagnóstico que proporcionan los encuestados en Cataluña.

Teniendo en cuenta que el 80% de la población accede a la información política a través de la televisión, tiene un enorme significado que el 47% de los televidentes, el 60% de los oyentes de radio y el 76% de los lectores de prensa escrita accedan a una información elaborada en la Comunidad y con poca o nula presencia de los cuatro diarios publicados en Madrid.

Un efecto de este panorama informativo es que el número de encuestados a quienes les interesa mucho o bastante la política española es del 43%, mientras que el interés por la política catalana asciende hasta el 55%, un dato que indica desatención y ajenidad, por no hablar de dificultad para encontrar temas de debate compartido. Igualmente, un amplio sector valora las elecciones al Parlament de Cataluña como más importantes que las elecciones al Congreso de los Diputados.

La mayoría de los ciudadanos opta por una identificación colectiva dual, catalana y española, pero también la mayoría tiene la certeza de que Cataluña es una realidad específica en España

De forma predominante se asume una identificación colectiva compartida catalana-española, en sus tres grados de preferentemente española, preferentemente catalana e igual, y que sorprendentemente supera a la opción independentista. Esta realidad continúa hoy día, a pesar de que en los últimos años se haya reducido sensiblemente, pues en enero de 2010 era del 78% y ahora es del 62%.

Este dato convive con otro significativo: los encuestados que optan por identificarse como predominante o exclusivamente catalana son el 48%, cuando en enero de 2010 eran el 46% y en octubre de 2012 llegó al 58%.

La sociedad catalana ha asumido una visión optimista del presente y del futuro de Cataluña, que contrasta con una opinión pesimista de España

La valoración de la situación política y económica de Cataluña es mucho más positiva que la de España: el 85% de los encuestados opina que la situación política de España es mala, muy por encima del 61% que opina que la situación política de Cataluña es mala. Los que consideran que la situación económica de España es mala o muy mala son el 77%, mientras que los que opinan que la situación económica de Catalunya es mala o muy mala son el 66%.

Además, se repite la creencia de que la situación política de Cataluña será mejor dentro en uno o dos años e incluso los abstencionistas son más optimistas cuando se les pregunta por el futuro de Cataluña y de España. Esta percepción impulsa la opción independentista.

La independencia despierta una mayoritaria expectativa de mejora de las condiciones de vida o, al menos, de mantenimiento de las actuales. La suma de estas dos alternativas supone el 59%, frente al 31% que considera que las condiciones de vida empeorarían en caso de independencia.

En este clima de confianza, la mayor parte de la población encuestada no cree muy probable la inmediata salida de una Cataluña independiente de la Unión Europea: el 50% lo cree poco o nada posible, mientras que el 40% lo ve seguro o muy probable.

 Y en coherencia con este contexto optimista, la valoración que los ciudadanos tienen del Gobierno catalán es menos mala que la valoración del Gobierno central. La valoración negativa de la actuación del Estado alcanza el 84%, frente al 52% que valora negativamente la actuación del Gobierno de la Generalitat. Los motivos de esta actitud parecen indicar que en las actuales circunstancias no se relaciona la actuación de los Gobiernos con los resultados de las políticas que impulsan o practican. O visto de otra manera, en el escenario catalán actual la opinión pública juzga más a los políticos que a sus políticas.

La desconfianza y rechazo del Estado español se intensifica notablemente cuando se refiere al Partido Popular

El primer partido en resultados electorales en España, el Partido Popular, es visto como una opción alejada por el 82% de los encuestados: el 68% lo considera muy distinto y el 14% como bastante distinto. Este rechazo está muy por encima del que despierta C´s (67%) o el PSC (52%). Es una percepción coincidente con la que se tiene del Partido Conservador en Escocia y que se oyó en el referéndum de 2014 como un argumento más en favor de la independencia.

Es claramente mayoritaria la insatisfacción con el actual régimen autonómico, aunque la alternativa independentista no logra destacarse por encima del 50%

Desde hace ya bastantes años existe una mayoría que se declara insatisfecha con el nivel de autonomía alcanzado. En marzo de 2006 era el 58%, ahora es el 63% y tras la Sentencia del Estatuto llegó al 66%. Entre octubre de 2012 y noviembre de 2013 superó el 70% y llegó al 73% en junio de 2013, con ligero descenso desde entonces.

A la vista de esta desconfianza, la forma de organización territorial preferida es la del Estado independiente, con un 40%. La suma de esta opción y del 23% de encuestados que optan por la federalista suponen una mayoría destacada de catalanes que desean ir más allá del actual sistema autonómico, con el 63 %. Destaca, además, el elevado porcentaje de indecisos, con un elevado 8% de encuestados que no saben o no contestan.

La opción independentista es la primera desde junio de 2012, cuando se produce el verdadero cambio de opinión, pocos meses después de la victoria electoral del PP y no tanto tras la Sentencia de 2010. El dato más elevado fue del 48,5% en noviembre de 2013.

Este sentimiento independentista ha crecido en los últimos años, de modo que el 20% que declara ser independentista de toda la vida ha quedado superado por un 25% que dice haberse vuelto independentistas en los últimos años.

Los motivos para optar por la independencia se basan en razones identitarias, pero también se justifica por que supondría mejores condiciones de vida y mayores beneficios. En concreto, los tres motivos a favor de la independencia serían la capacidad y deseo de autogestión económica, la mejora de Cataluña, el sentimiento de incomprensión y ganar capacidad de decisión.

La suma de estos motivos de índole económica que asocian la independencia con la prosperidad se acerca al 60%. La suma de motivos identitarios o relacionados con el incremento de poder de decisión política suman algo más de ese 60%.

En el lado contrario, el principal motivo por el que los ciudadanos votarían en contra de la independencia es destacadamente el deseo de preservar la unidad de España, que es del 29% en noviembre de 2014. En segundo lugar se mencionan motivos identitarios y en tercer lugar la creencia de que no sería positivo para Cataluña o porque simplemente se estima inviable.

La sociedad catalana demuestra una fuerte desconfianza e insatisfacción con la actuación del Estado

Una sólida mayoría, que en junio de 2012 era del 75%, cree que la gestión tributaria debe corresponder a la Generalitat, que la solidaridad interterritorial es excesiva y que el Estado desatiende las necesidades de Cataluña en inversión.

Todos estos datos indican que una clara mayoría de los encuestados probablemente considera un mal negocio la integración de Cataluña en España. La pregunta de la solidaridad interregional es reinterpretada en junio de 2011 y se pregunta directamente si sería suficiente la recuperación de los 16.735 millones de euros en que se cuantifican los impuestos pagados por Cataluña a España, a lo que el 60% responde favorablemente.

En la misma línea, en junio de 2015 el 79% de los encuestados está totalmente o más bien de acuerdo con que el dinero recaudado en Cataluña y que no regresa es excesivo. Por todo ello, las relaciones financieras entre Cataluña y el Estado son consideradas mayoritariamente como injustas.

Es más, esta opinión también está muy arraigada entre votantes de ICV (76%) y del PSC (72%), e incluso tienen llamativos porcentajes entre los votantes de C´s (45%), mientras que tan sólo los votantes del PP mantienen en su mayoría una opinión contraria (28%).

En especial, se aprecia una fuerte insatisfacción por las inversiones que el Estado impulsa y lleva a cabo en Cataluña, pues existe un 50% de encuestados que, directamente, cree que las decisiones del Gobierno español en materia de infraestructuras perjudican a Cataluña.

La sociedad catalana percibe el referéndum como un acto de justicia y como el ejercicio de un derecho democrático

Como resultado lógico de la aceptación de la identidad colectiva diferenciada de Cataluña y de su consideración como nación, la existencia de un demos es tácitamente apoyada de forma clara y, por lo tanto, lo es también el derecho a expresar su voluntad de permanecer o no en España, que casi alcanza al 80%.

La alta consideración del derecho a decidir también se aprecia cuando se valora la reacción del Estado ante el proceso soberanista, ya que es mayoritaria la idea de que en España no existe democracia porque no se permite votar en Cataluña (56%) o que juzgar a un político por consultar a los ciudadanos es un atentado contra la democracia (46%). También merece resultados dudosos la afirmación de que el respeto a la ley es la base de la democracia, lo que concita importantes opiniones en sentido contrario.

Existe un fuerte escepticismo respecto a la posibilidad de acuerdos con el Gobierno, pero también respecto del resultado final del proceso soberanista y una escasa esperanza de que Cataluña alcance la independencia

La opinión pública catalana no espera demasiado del Gobierno central, y esto probablemente aporta solidez al deseo independentista. Es más, predominan los que no ven nada probable que el Gobierno ofrezca un acuerdo, con el 39%. Como quiera que el 33% piensa que es poco probable, la suma de estas dos posturas supone el 72% de los encuestados. En el lado contrario, el 18% piensa que el acuerdo es bastante o muy probable y el 10% no sabe o no contesta. En este punto el escepticismo cada vez es mayor, ya que en octubre de 2014 la suma de las dos primeras opciones era del 64%.

Esto no es obstáculo para que la mayoría de los votantes crean que se habría de aceptar una posible oferta del Gobierno, e incluso la aceptación de la oferta de diálogo supera el 50% entre los votantes de la CUP (50%) y JxSí (63%).

Sólo el 18% de los encuestados cree que el proceso finalizará con la independencia de Cataluña. Y resulta llamativo que, a pesar de las fuertes dudas, la opción más extendida es la que cree que finalizará con algún tipo de acuerdo (44%), mientras que el 28% cree que se abandonará por falta de apoyo social suficiente. Es decir, parece que la persistencia de la situación actual no es impedimento para que la creencia en un acuerdo razonable sea aún la opción que en primer lugar eligen los encuestados.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

2017, y continúa la violencia de género

Por: | 27 de marzo de 2017

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Vg2

Concentración en Madrid contra la violencia de género. / ATLAS

 

Parece que 2017 está resultando especialmente temible por la comisión de asesinatos circunscritos al ámbito de la violencia de género. Aunque es cierto que la toma de conciencia de la sociedad sobre esta lacra va avanzando, también lo es que aún falta mucho trecho para ser optimistas al respecto de su asunción como un problema de todos.

Nos conmueve y nos entristece conocer un dato, o a veces dos, cada nuevo día, pero aun así seguimos padeciendo a la par el efecto sedativo de la reiteración. Suena terrible esto último, pero ocurre; acabamos contemplando, o leyendo este tipo de noticias, también con cierto halo rutinario que nos acaba desmovilizando.

Hay un conjunto de dimensiones de esta tragedia que es preciso tomar en consideración, si se desea abordarla firmemente. Comenzaré por una que, a pesar de su aparente obviedad, resulta clave para empezar a hablar y sobre la que voces autorizadas han llamado la atención de siempre: la contabilidad de las víctimas. Hasta para contar, que parece un ejercicio simple que nadie discutiría, hay sus controversias de calado, que no podemos abordar en un espacio tan pequeño como este.

Más allá de dichas discusiones, el recuento nos va dando la señal de esa gota casi diaria que nos golpea la conciencia cuando nos enteramos de un nuevo crimen, y va visibilizando y construyendo poco a poco un estante mental donde vamos situando esos sucesos, evitando que se olviden por casuales.

Ahora bien, estas cifras dolientes constituyen un dato numérico de mujeres asesinadas. La muerte es un hecho definitivo. Pero la violencia de género no se puede circunscribir al asesinato. Y eso, sin ahondar en las distintas posibilidades de ‘morir en vida’ que todos somos capaces de reconocer, asumir y empatizar.

Cambio paulatino

Gracias a los medios de comunicación, agentes socializadores del mundo moderno, seguimos esa contabilidad y, afortunadamente, aquí se ha ido notando un cambio paulatino en la forma en que la transmiten, aunque falte camino por andar. Se está llamando a las cosas por su nombre; afortunadamente es raro ya hoy en día leer aquello del ‘crimen pasional’; e incluso la adopción de la expresión ‘violencia de género’ ha ido avanzando frente a la ‘violencia doméstica’, que mezclaba demasiados actores y no singularizaba la cuestión específica sobre la que descansa el problema: la desigualdad de la mujer con respecto al hombre.

También se ha ido desplazando el concepto de ‘agresión’, entendido como algo puntual, por el de ‘maltrato’, que nos evoca de forma más ajustada la duración en el tiempo de una forma de tortura. Aun así, no está de más la adopción de buenas -e incluso de mejores- prácticas que siempre contribuirían a la mejor señalización del problema.

Poco se duda ya de que hay distintas formas de ejercer la violencia. No sólo está la agresión física que provoca una muerte; existen otras formas de aplicar todos los tormentos posibles. También hay que contar con el maltrato psicológico, cuyo alcance puede ser comparable a una cadena perpetua, con añadidos como el aislamiento y el abuso social, con unos costes astronómicos para la salud de las mujeres y, como también se está constatando, y de manera feroz, para la de los hijos.

En nuestro país, desde 2013, 166 menores han quedado huérfanos; y es más, todos recordamos con pavor cómo también a veces los propios menores han sido asesinados de las formas más brutales con el fin de causar el mayor daño posible a las madres.

La violencia de género también acarrea enormes costes de tipo social y económico, que están en el ‘debe’ de toda la sociedad, se sufra o no en primera persona su barbarie. Es una cuestión política que nos afecta, y por lo que no podemos mirar para otro lado, y que se puede enmarcar sin miedo a exagerar como una cuestión de derechos humanos.

No es fácil, pero se avanza en el sentido también de que se ha ido cambiando el marco interpretativo que da sentido a esa cuestión, que ayuda a comprenderla mejor, y que nos puede situar mejor ante una solución, al menos una salida. El problema tiene sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres y la obsesión por el dominio y el control de algunos de aquellos para con sus parejas, a cambio de una supuesta, y siniestra, protección.

Confusión

A pesar de los avances, sobre todo en cuestión de una concienciación paulatina de la sociedad -ya son pocos aquellos que dicen abiertamente que se trata de un asunto privado-, debemos recordar de forma clara y distinguible algunas cuestiones que se suelen presentar con un halo amplio de confusión.

Una de ellas es aquella mezcla, más habitual de lo recomendable, entre causas y factores. No son la misma cosa. Hay factores que pueden coadyuvar, o estar presentes, pero no ser la causa, como por ejemplo el alcohol o los malos tratos sufridos por los agresores en su infancia. Es preciso conocer la verdadera causa para erradicarla. Y por otro lado no caer en la ingenuidad complaciente de que la igualdad de sexos es ya una realidad, y que por tanto hay poco más que hacer en este sentido; porque justo es aquí donde radica su fundamento.

No hay que olvidar que no existe ni un solo retrato robot del maltratador, ni tampoco de la mujer maltratada. Se trata de un cáncer transversal a toda la sociedad, nadie se puede librar, ni está libre de padecerlo ni de disimularlo. Afecta a todas las esferas de la vida, y pasa factura a todas las sociedades. Incluso los países más desarrollados, ejemplos de tantos datos positivos -bienestar, educación, nivel de riqueza, transparencia-, no cumplen en este sentido con el mismo brillo.

Mirémonos en el espejo y sigamos reaccionando ante este ejercicio de pura maldad, anclado en un patrón desigual de relaciones entre los integrantes de la especie humana, que nos avergüenza y nos denigra como miembros de la misma.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

LondonpLa ciudad de Londres, cubierta por la polución.

 

El impacto de la salida de la Unión Europa para la política ambiental de Reino Unido será muy significativo, aunque diferirá según los temas. Se espera que en producción de renovables el impacto sea limitado. Ya hay comprometidas nuevas inversiones de parques eólicos y de instalaciones de energía solar y la rentabilidad económica de las mismas asegura su futuro no sólo en Reino Unido, también en otros países que prevén nuevas inversiones en producción de electricidad. Sin embargo, en otros ámbitos ambientales en los que el retorno de las inversiones sean indirectos y ocurran gracias a la internalización de los costes (mejora de la salud de las personas, más puestos de trabajo o mayor nivel de innovación), es muy probable que los niveles de ambición y compromiso del Gobierno británico se rebajen frente a los objetivos europeos. Hablamos por ejemplo de calidad del aire o protección de la biodiversidad.

En Reino Unido, como en muchos otros países de la Unión Europa incluyendo a España, la pertenencia a la UE ha sido definitiva para su política ambiental. Gracias a las políticas europeas, Reino Unido ha reducido los niveles de contaminación del agua, del aire y ha ‘enverdecido’ sus mercados. Así lo reconoce un informe de la Cámara de los Comunes que destaca el enorme papel que ha jugado la UE en la política ambiental del país, no sólo por los objetivos específicos sino también por la vigilancia en el cumplimiento de los mismos.

Es justamente esta falta de rol de vigilancia sobre el cumplimiento el problema más importante identificado por la Cámara de los Comunes, que advierte que este papel tendrá que ser asumido por las instituciones británicas, ardua tarea a día de hoy. Señalan también el inmenso trabajo que supondrá ‘desconectar’ la regulación ambiental de las normativas europeas. Prácticamente su totalidad está relacionada con mecanismos, estándares, objetivos y otras medidas acordadas desde Bruselas.

El impacto positivo en inversiones y mejoras ambientales que ha supuesto para Reino Unido ser parte de la UE queda demostrado fácilmente con algunas cifras. Por ejemplo, gracias a la Directiva Europa de producción de renovables, en Reino Unido, en sólo 4 años, de 2010 a 2014, la producción de electricidad con fuentes renovables ha crecido 10 puntos, subiendo del 7 al 14%.

En términos climáticos el impacto no está claro. Aunque el objetivo de reducción de emisiones del país para 2050 es más ambicioso que el obligado por Europa -80% de reducción de sus emisiones en base a 1990[1]-, una de las primeras decisiones que tomó la primera ministra británica, Theresa May, al poco de ser nombrada, fue eliminar el departamento de cambio climático y energía. En su lugar se creó el ministerio de actividad empresarial, energía y política industrial.

El impacto será negativo en otras políticas ambientales. Por ejemplo, en la calidad del aire la situación es mucho más complicada. La Directiva Europea de calidad del aire obliga a cada país de la UE a redactar planes de acción para reducir la cantidad de emisiones contaminantes. Reino Unido no ha cumplido con sus obligaciones y no parece que lo vaya a hacer. Aunque las medidas de movilidad sostenible deben tomarse a nivel urbano y a nivel regional, hay otras medidas que deben tomarse a nivel nacional. Por ejemplo, la restricción de uso de vehículos más contaminantes.

Una vez que no exista la presión de Europa sobre cumplimiento de la directiva, sólo quedará la presión de ONGs ambientales, colectivos que trabajan en el sector de la salud y de otras organizaciones sociales. En lugares donde el gobierno local tenga entre sus prioridades la mejora ambiental, como es el caso de Londres, se puede esperar que se tomen decisiones más o menos ambiciosas, pero no es esperable que esto ocurra en otras ciudades con gobiernos menos progresistas en lo ambiental. Será la salud de los ciudadanos la que pague la falta de acción. Sólo recordar que según la OMS la contaminación del aire es responsable de 6,5 millones de muertes en el mundo.

Acuerdos comerciales

Desde Bruselas se ha advertido del impacto futuro de esta posible bajada de la regulación ambiental. La UE podría no aceptar acuerdos comerciales con Reino Unido  en el caso de que se reduzcan las medidas ambientales o sociales, tal y como ha advertido el negociador jefe europeo sobre Brexit, Michael Barnier.

Los impactos económicos negativos para Reino Unido no terminan ahí. El país dejará de recibir los fondos destinados al desarrollo de infraestructuras ambientales, así como para investigación y desarrollo en temas climáticos y ambientales de instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El impacto será también significativo en el sector agrícola. Se calcula que entre el 50-60% de los beneficios de muchos de los agricultores británicos provienen de ayudas concedidas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).

El Brexit también nos afectará a nosotros. La UE pierde el empuje y la presión para elevar la ambición de las políticas climáticas que tradicionalmente ha ejercido el Reino Unido. Fueron los primeros en establecer un mecanismo de mercado de emisiones y son los únicos en el marco europeo en aprobar presupuestos de carbono que acompañan, anualmente, a los presupuestos económicos. También perderemos el trabajo de los activistas ambientales británicos que, por ejemplo, criticaron duramente los objetivos sobre pesca y agricultura asumidos por la UE por su poca ambición en términos ambientales.

En resumen, lamentablemente la salida de Reino Unido de la Unión Europea es un buen ejemplo de una situación en la que todos (o la gran mayoría) pierden y perderán, y ante la que las soluciones son no sólo complicadas, sino costosas, tanto a nivel económico como ambiental.

 

[1] España no ha adquirido ningún compromiso de reducción en el largo plazo y desde Bruselas se habla de un escenario de reducción de emisiones, no de compromiso, de entre 80-95% en 2050.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

No tenemos miedo

Por: | 23 de marzo de 2017

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

Al2Heridos en el atentado de Londres son evacuados por la policía. / REUTERS

 

Exactamente un año después de los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas que costaron la vida a 32 personas y causaron más de 320 heridos, y casi doce años después de los que sufrió Londres, en julio de 2005, con el macabro resultado de 52 muertos y más de 700 heridos, la capital británica se ha visto sacudida por un nuevo ataque que deja un balance de cuatro muertos -tres víctimas y el asaltante- y veintinueve heridos, incluidos menores, siete de ellos muy graves.

Aunque aún no se ha dado a conocer la identidad del autor, ni hay ninguna reivindicación conocida, los investigadores trabajan -según el Comisionado de la policía metropolitana de Londres- con la hipótesis de terrorismo relacionado con el islamismo, y en principio con un único autor, si bien no se puede descartar todavía la existencia de cómplices.

El ataque de este lobo solitario, o loco solitario (o ambas cosas, que es lo más probable), ha consistido en esta ocasión en lanzar su todo terreno contra los viandantes en el puente de Westminster y agredir a un policía de los que guardan el Parlamento con dos cuchillos, antes de ser abatido.

El uso de vehículos y armas blancas ha sido habitual en atentados de palestinos contra israelíes. En 2004, un portavoz del Estado Islámico (EI) animó a usar vehículos como arma en los países occidentales. Las consecuencias fueron los atropellos masivos de Niza (85 muertos, 303 heridos) el pasado 14 de julio, y de Berlín (12 muertos, 56 heridos) el 19 de diciembre, ambos reivindicados por el EI. Esta clase de atentados, cada vez más frecuentes, no requieren infraestructura ni células que los apoyen, ni apenas preparación, ni permite un seguimiento del tráfico de armas o explosivos, y por eso su detección preventiva se hace extraordinariamente difícil. 

Andrew Parker, jefe del MI5 –la agencia británica de seguridad interior–, advirtió en noviembre que era cuestión de tiempo que hubiera un nuevo ataque terrorista en el país. La contrastada eficacia de este servicio, y de la policía británica, han permitido abortar doce atentados terroristas en los últimos tres años, pero no el decimotercero. Ni los servicios de seguridad del Reino Unido ni los de ningún otro país del mundo tienen recursos suficientes para hacer un seguimiento 24 horas al día de todos los posibles sospechosos, y tienen que limitarse a los que presentan un riesgo más inminente.

Sólo a través de redes de información, tupidas y eficaces, de la colaboración ciudadana y, sobre todo, de un trabajo exhaustivo y persistente, se pueden evitar la mayoría de los atentados. Pero, lamentablemente, deberemos acostumbrarnos a que no todos lo serán.

Hay, además, una enorme labor que hacer en el largo plazo para neutralizar en lo posible las causas profundas del odio irracional que mueve a los asesinos. En el interior de nuestros países para reducir las bolsas de marginación existentes, integrar a los jóvenes musulmanes, controlar a los incitadores de la violencia, religiosos o no, y promover una educación en valores democráticos que llegue a todos.

En el exterior para ayudar a los países árabes y musulmanes a vencer al terrorismo allí donde nace y se consolida, y para acercar sus estándares políticos y económicos a los nuestros, reduciendo así las tensiones que son fuente de frustración y enemistad, y se proyectan en violencia. Pero, seamos realistas, nada de esto -con ser muy necesario- va a detener a corto plazo los atentados en nuestros países. Tenemos el derecho y el deber de defendernos.

Cuna de la democracia

La premier británica, Theresa May, ha declarado que el lugar de este ataque -al que ha calificado de enfermo y depravado- no es casual. Más allá de ser una zona turística con mucha afluencia de público, el atentado se ha dirigido contra la cuna de la democracia, el Parlamento de Westminster, precursor y símbolo de todos los parlamentos posteriores, donde se aprobó en 1689 la declaración de derechos (bill of rights), considerada la primera Constitución democrática del mundo.

No sólo se ataca a las personas, sino también a los valores en los que se funda nuestra convivencia. La intención es, claramente, intimidar y causar miedo, impedir la vida normal de la gente, y presionar así a los gobiernos. Después, entre nosotros, muchos amplían -consciente o inconscientemente- este efecto, transmitiendo a través de las redes sociales rumores, falsedades y alarmas injustificadas que hacen mella en los menos formados o informados.

También pretenden los terroristas incrementar la desconfianza de los ciudadanos en la eficacia de las instituciones y los servicios de seguridad, y crear discordia en nuestras sociedades en cuanto a la forma de combatir estas amenazas, objetivo que secundarán gustosamente los extremistas que se aprovechan del dolor de las víctimas para conseguir sus objetivos políticos.

No tardaremos en ver a Donald Trump, o a su entorno, y también a los políticos y partidos de extrema derecha en Europa -en particular al Frente Nacional de Marine LePen ante las inminentes elecciones presidenciales-, aprovechar este nuevo atentado para justificar sus tesis antiinmigración, en realidad islamófobas, y alentar el odio, que es su mayor rédito electoral, y el mejor alimento de los terroristas.

Vincular la inmigración y el terrorismo, además de ser éticamente repugnante, es falso. Muy probablemente el autor del ataque de Londres sea ciudadano británico, si no nacido en Reino Unido, igual que han sido nacidos en Europa la mayoría de los autores de los atentados anteriores en nuestro continente. No podemos caer en esa trampa.

Poco después del atentado, la etiqueta #WeAreNotAfraid se hizo viral en las redes. Esta es la única actitud posible. Mantener la calma y seguir con nuestra vida. Rechazar las interpretaciones espurias, las mentiras transmitidas anónimamente, confiar en las instituciones democráticas y en los medios de comunicación consolidados. No ceder a la tentación del odio, resistir el asalto del miedo. Si los terroristas no consiguen cambiar nuestra vida, debilitar nuestra cohesión, habrán perdido. Respondamos al terror con una actitud reflexiva, precavida, pero firme: No tenemos miedo.

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

Ginebra IV: ¿Una agenda para la paz en Siria?

Por: | 21 de marzo de 2017

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO (*)

 

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Soldados rebeldes sirios caminan hacia Al Bab. / REUTERS

 

La cuarta cumbre de Ginebra sobre Siria se ha cerrado sin grandes avances. El régimen y la heterogénea oposición han mostrado su apoyo a un plan de transición basado en la resolución 2.254 del Consejo de Seguridad que liga el alto el fuego con la solución política, lo que no deja de ser un brindis al sol. La propuesta de la ONU se basa en las denominadas ‘tres cestas’: la formación de un gobierno de coalición, la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales.

A pesar de las resistencias de la oposición, el régimen ha conseguido introducir un cuarto elemento basado en la necesidad de centrar la atención en el combate de los grupos terroristas: el autoproclamado Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés), que sigue controlando buena parte de la cuenca del Éufrates y permanece atrincherado en su feudo de Raqqa, y el Frente de la Conquista del Levante, el antiguo Frente al-Nusra que ahora abandera una coalición denominada Tahrir al-Sham. El propósito de esta maniobra es que sean las fuerzas rebeldes las que asuman la labor de derrotar a este último grupo, mientras que la coalición internacional y las fuerzas kurdas serían las encargadas de combatir al ISIS.

Podríamos pensar que no hay nada nuevo bajo el sol, dado que Ginebra I ya planteó en 2012 esta misma ‘hoja de ruta’ basada en el establecimiento de un gobierno inclusivo, no sectario y con plenos poderes ejecutivos en el plazo de seis meses, la redacción de una nueva Constitución en doce meses, así como en la celebración de elecciones libres y transparentes bajo supervisión de Naciones Unidas, en las que también tomarían parte los sirios de la diáspora, en dieciocho meses.

No obstante, el hecho de que no haya sido un fracaso rotundo, como en anteriores cumbres, puede considerarse en sí mismo un éxito relativo. En esta ocasión, al contrario que en las anteriores, las partes han aceptado entablar conversaciones directas y no se han levantado de la mesa de negociaciones en ochos días a pesar de las provocaciones de sus rivales y del incumplimiento del alto el fuego en varios de los frentes de combate.

Un elemento clave para entender estos limitados avances es la nueva distribución de fuerzas sobre el terreno. Tras la intervención militar rusa en septiembre de 2015, el régimen ha conseguido recuperar parte del terreno perdido, tal y como como puso de manifiesto la toma de los barrios rebeldes de Alepo, en la que también jugaron un papel decisivo las milicias chiíes regionales movilizadas por Irán.

La captura de Alepo, en otro tiempo capital económica del país, ha marcado un punto de inflexión en el conflicto sirio y ha obligado a los grupos rebeldes a replegarse a sus feudos de Idlib en el norte y Deraa en el sur, donde ahora esperan la arremetida final del régimen y de sus aliados.

Además, debe tenerse en cuenta que la posición de los principales actores internacionales implicados en el conflicto sirio ha experimentado cambios significativos. Tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el presidente Vladimir Putin parece tener vía libre para imponer los términos de una pax rusa acorde a sus intereses. De hecho, Rusia ha abierto un nuevo canal negociador en Astana, la capital de Kazajistán, con el objeto declarado de afianzar el alto el fuego, pero con la voluntad real de reemplazar gradualmente la vía de Ginebra. En la primera ronda de dichas negociaciones, Rusia incluso llegó a distribuir una propuesta de borrador de Constitución siria, lo que provocó la estupefacción de las fuerzas opositoras.

Negociaciones de Astana

También Irán y Turquía patrocinan las negociaciones de Astana y son valedoras del renqueante alto el fuego que se mantiene a duras penas sobre el terreno. Mientras que el primer país mantiene sus posiciones maximalistas y considera que no existe más solución que la militar para apuntalar en el poder a Bashar al-Asad, Turquía se ha ido distanciando de las fuerzas opositoras y mostrándose a favor de una mayor coordinación con Moscú para cerrar el desestabilizador conflicto sirio.

Debe tenerse en cuenta que la factura que ha tenido que pagar Ankara por la crisis siria ha sido demasiado elevada, ya que además de acoger a tres millones de refugiados ha tenido que hacer frente a varios atentados perpetrados por el ISIS, lo que ha tenido un devastador efecto en su sector turístico, a lo que se añade lo que percibe como una amenaza: el establecimiento de una autonomía de facto de la Rojava, el Kurdistán sirio, bajo el control del Partido de la Unión Democrática, un estrecho aliado del PKK turco. De ahí que Turquía haya vetado la participación de las fuerzas kurdas tanto en Astana como en Ginebra.

El nudo gordiano sigue siendo, como en el pasado, la suerte del presidente Bashar al-Asad. En una reciente visita a Francia, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, volvió a incidir en la necesidad de que abandone la presidencia antes de iniciarse el periodo de transición de dieciocho meses, pero sus principales valedores –Rusia e Irán– consideran que debería pilotar la transición política e, incluso, interpretan qué podría concurrir a las elecciones presidenciales para revalidar su mandato, opción del todo inaceptable para los grupos opositores que le consideran el mayor responsable de la devastación del país.

Por lo tanto: volvemos a estar en el punto de partida y la aplicación de este plan de transición dependerá esencialmente de la voluntad política de las partes y de sus respectivos patrocinadores, la misma que ha brillado por su ausencia en los seis años de conflicto.

 

(*) Ignacio Álvarez-Ossorio es coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación Alternativas y profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.

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