Plataformas digitales: Diálogo sobre el diálogo

Por: | 10 de agosto de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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El servicio de Uber se contrata a través de una aplicación móvil.

 

Una vez más Barcelona y Madrid han sido testigos de conflictos laborales en torno a las plataformas digitales, en particular Uber y Cabify. No es la primera vez ni será la última. Si en algo hay consenso entre todos los actores de estos conflictos es en que la tecnología de estas plataformas vino para quedarse. La única solución es adaptarse al cambio. ¿Pero cómo? Ahí comienzan las diferencias y, por lo visto, tomará mucho tiempo para que se llegue a una solución. Por eso, es fácil pronosticar que seguirá habiendo conflictos en torno a estos temas.

Los cambios tecnológicos siempre llegan de repente y por eso es normal que todos los afectados tarden en reaccionar. Además, las instituciones encargadas de liderar las reacciones están siempre diseñadas para mantener ciertas inercias, razón por la cual es normal que su primera reacción sea la de actuar como si nada, o casi nada, hubiera cambiado o, por lo menos, introducir la menor cantidad posible de modificaciones. Con la irrupción de las plataformas digitales estamos viendo este mismo fenómeno una vez más.

El problema va mucho más allá de Uber. De hecho, sigue siendo un misterio la rentabilidad de esta empresa y no falta quien le pronostique una pronta desaparición. Incluso, hay quienes ven en el horizonte la llegada de los coches sin conductor que terminarían por dejar a Uber en la obsolescencia. Pero aún si Uber desapareciera mañana, las plataformas digitales que permiten ajustar en tiempo real la oferta y la demanda de servicios han penetrado en muchísimos otros sectores.

Esto tiene profundas implicaciones. Una empresa es, en últimas, un sistema de contratos diseñado para repartir los riesgos y beneficios entre empleadores y empleados, incluidos muy prominentemente los riesgos resultantes del desajuste entre oferta y demanda. Por eso, las plataformas digitales tienen el potencial de transformar profundamente la relación laboral. Los conductores de Uber, los repartidores de Deliveroo, los traductores de Mechanical Turk, ¿son empleados o trabajadores por cuenta propia? De la respuesta que se dé a esta pregunta dependerá quién asume los riesgos económicos y ocupacionales, quién es responsable del ahorro pensional o de garantizar condiciones de trabajo dignas y dónde se resuelven los diferendos que puedan surgir entre trabajadores y empresas.

Hasta el momento tanto el Estado como los sindicatos (y en cierto modo la academia también) han reaccionado buscando la manera de incorporar estas innovaciones tecnológicas dentro del marco regulatorio existente. Pero no es fácil y hay razones para dudar de que sea posible. Los trabajadores de plataformas digitales operan de una manera bastante dispersa lo que hace muy difícil que los mecanismos habituales utilizados por los sindicatos para organizar a los trabajadores funcionen en este caso. Aún si se lograran los umbrales necesarios de organización, no está claro el marco legal dentro del cual se llevaría a cabo el supuesto diálogo social.

Cooperativas

Ante tantas dificultades, hay actores que han optado por otros modelos organizativos. Hay varios ejemplos de plataformas digitales creadas por trabajadores a manera de cooperativas que buscan competir con las más grandes. Pero, por supuesto, estas iniciativas también tienen muchas dificultades. Al fin y al cabo, detrás de un Uber o un Deliveroo están grandes inversionistas mientras que una cooperativa de “riders” difícilmente tiene capital semilla. Estas barreras podrían mitigarse con cierta inversión pública. Al fin y al cabo, muchas ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, han apostado recientemente por estimular la formación de cooperativas.

¿Es mejor extender el sistema tradicional de diálogo social a las nuevas plataformas o sería mejor priorizar la formación de plataformas cooperativas que den nuevas garantías de derechos laborales a sus miembros? Imposible responder esta pregunta en abstracto. Muy seguramente, cada una de estas opciones (y otras más) va a ser explorada cosechando éxitos y fracasos. Pero lo que esto deja en claro es que cada una de estas opciones corresponde a un enfoque distinto del estado del bienestar. El primer enfoque está sustentado sobre las estructuras sindicales ya conocidas, en el que el empleo es la fuente de derechos, mientras que el segundo depende más de un tipo de inversión pública que en lugar de “proteger al empleo” busca “proteger al trabajador” mediante medidas de soporte del ingreso desvinculadas de la relación laboral.

Todos los participantes en las plataformas digitales dicen estar a favor del diálogo social y, sin duda, muchos lo dicen con sinceridad. Pero para que dicho diálogo arranque en serio será necesario tener un diálogo sobre las premisas y objetivos de dicho diálogo.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Vuelve la diplomacia cultural

Por: | 06 de agosto de 2018

INMACULADA BALLESTEROS (*)

 

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Sede del Instituto Cervantes en Madrid.

 

La toma de posesión del nuevo Gobierno hizo crecer las expectativas de muchos sobre algunos temas, entre ellos la cultura. Siguen siendo numerosos los asuntos pendientes sobre la mesa, y el nuevo ministro ya los ha repasado casi todos en su intervención ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado doce de julio. Manteniendo una línea realista y pragmática, parece que el nuevo responsable de Cultura quisiera desinflar los sueños de los que queremos que por fin se tomen en serio las demandas de este sector que trabaja a diario para que entendamos y mostremos lo que somos como sociedad.

Uno de los temas que sin duda ha vuelto con fuerza es el de la diplomacia cultural. Este es uno de aquellos que debería estar siempre en la lista de asuntos de Estado, de manera que los sucesivos cambios en el Ejecutivo no afectaran a la toma de decisiones. Por el contrario, durante los últimos años ha habido un flagrante descuido de las acciones encaminadas a la proyección de nuestros creadores más allá de nuestras fronteras. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de cooperación cultural, que tal y como venimos recogiendo en el Informe sobre el estado de la Cultura[1] de la Fundación Alternativas, redujeron su presupuesto un setenta por ciento, provocando la desaparición  muchas iniciativas exitosas. Por otro lado, está el continuo debate de la gestión de la diplomacia cultural. Hay quien opina que al tratarse de diplomacia pública debería ser asumida por los profesionales del ramo. En todo caso, en los últimos años se ha demostrado que esa estrategia no ha dado muchos frutos. Es notorio que la política exterior del anterior gabinete ha desdibujado la influencia de España en la escena internacional.

Se podría aducir falta de estrategia o previsión. La cuestión es que en los últimos meses estamos escuchando desde el MAEC una voz más coordinada y ajustada a lo que la mayoría espera de la acción exterior de nuestro país. En este marco es donde los nuevos responsables de cultura empiezan a hablar de diplomacia cultural. Lo hizo el ministro en su intervención ante la Comisión del Congreso, aludiendo al Plan de Acción Cultural Exterior de 2011. En esos años nuestro país podía contar ante las legaciones extranjeras la importancia que se le daba a la cultura en la acción exterior, por su aporte al Producto Nacional Bruto, pero también como substancial complemento  a la diplomacia tradicional que se ejerce de gobierno a gobierno. La diferencia en materia de cultura es que las relaciones se establecen entre personas, más allá de los intereses políticos y económicos. Los vínculos culturales que se crean entre las sociedades civiles de los distintos países son mucho más fuertes porque se basan en valores universales compartidos.

Por ese motivo es determinante que sean profesionales de la cultura los que estén a cargo de estas estrategias. Este es el caso, por ejemplo, del nuevo responsable del Instituto Cervantes, un intelectual reconocido que podrá relacionarse con sus pares en cualquier parte del mundo, porque hablarán el mismo idioma, ese que trasciende los intereses partidistas y busca profundizar en la esencia del hombre como habitante de este mundo.

Más allá de eso, la acción cultural exterior debe coordinarse para alcanzar la eficacia y eficiencia deseadas y evitar duplicidades inútiles. Por eso nació el Plan Nacional de Acción Cultural, que además era una herramienta para dar a conocer la riqueza y diversidad de España y las distintas realidades culturales que la componen. En este marco se deberán orientar las acciones de los organismos con competencias en la materia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E). En la mente de todos están aquellos logros para la cultura como fueron la creación del Instituto Cervantes en 1991, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992, o la importante aportación de España a la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO en 2003, y a la Carta Cultural Iberoamericana en 2010. Está por ver si llegaremos a conseguir triunfos de ese calibre, pero la recuperación de la acción coordinada en materia de cultura exterior ya es un motivo de confianza en el nuevo ejecutivo.

[1] http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2018-espana-y-el-espacio-cultural-iberoamericano

 

(*) Inmaculada Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Make America Alone Again

Por: | 02 de agosto de 2018

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

1525735229_485309_1525776585_noticia_fotogramaDonald Trump, en la Casa Blanca. / REUTERS

 

El día 4 de agosto entra en vigor la primera fase de la  reanudación de las sanciones de Estados Unidos a Irán, como consecuencia de la ruptura unilateral por parte de la administración de EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como el acuerdo o pacto nuclear con Irán. No obstante, las sanciones más importantes serán las que previsiblemente entrarán en vigor el 4 de noviembre, ya que afectarán a las exportaciones de petróleo y gas y a la importación de equipos para esta industria, lo que podría colapsar definitivamente la economía iraní, ya muy deteriorada, en un momento socialmente delicado, y provocar una grave crisis interna.

El pacto se firmó en Viena, el 14 julio de 2015, tras dos años de duras negociaciones, entre Irán por un lado, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EEUU, China, Rusia, Reino Unido, Francia) más  Alemania y la Unión Europea por el otro, y entró en vigor en enero de 2016. Básicamente se trataba de ralentizar el programa nuclear de Irán, que representaba en ese momento el mayor peligro para la región, a cambio de un levantamiento de las sanciones aprobadas, entre 2006 y 2010, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que limitaban  las transacciones financieras y el comercio con Irán, incluido el embargo petrolífero, además de prohibir la transferencia de material militar. El pacto levantaba la mayoría de las sanciones aunque la prohibición de la venta de armas se mantenía durante cinco años y las restricciones al material nuclear civil durante diez.

Las primeras sanciones empiezan a aplicarse 90 días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara a primeros de mayo el abandono unilateral del acuerdo, a pesar de la posición contraria del resto de los firmantes, particularmente de los tres europeos que se han negado a romperlo, en una muestra más del unilateralismo y la irresponsabilidad que está exhibiendo el presidente Trump en sus decisiones de política internacional, y del desprecio que mantiene hacia las opiniones de sus aliados, ya demostrado en su decisión de abandonar el acuerdo sobre el cambio climático, o en su agresiva política comercial. Trump no está consiguiendo hacer a EEUU grande nuevo, puesto que siempre lo ha sido, está consiguiendo que se quede solo. Ni siquiera Reino Unido, su tradicional aliado, le secunda en esta aventura.

La reanudación de las sanciones estaba prevista, si Irán no cumplía lo pactado, de hecho el Congreso de EEUU exigió que el presidente tuviera que renovar el levantamiento cada 120 días, y a ese mecanismo se ha acogido Trump. También estaba previsto que el Consejo de Seguridad  tomara una decisión, en caso de incumplimiento, en el plazo de 30 días, pero no ha sido el caso, porque Irán ha cumplido estrictamente hasta ahora las estipulaciones del acuerdo, según los informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

No hay, por tanto, ningún fundamento objetivo para la ruptura del pacto. Es cierto que Irán sigue desarrollando su programa de misiles balísticos y en septiembre de 2017 hizo una prueba del misil Joramshahr, de 2.000 km de alcance. Si bien  el acuerdo nuclear no prohíbe las actividades balísticas de Irán, la resolución 2231 del CSNU, que lo ratificó, insta a Irán a no desarrollar misiles diseñados para transportar cabezas nucleares. Teherán afirma que no posee ni desarrolla esa capacidad, pero  aunque lo hiciera no estaría vulnerando el acuerdo, porque lo que el CSNU hace es una recomendación, no una obligación. Por supuesto el pacto no es perfecto, por ejemplo en lo que atañe a los plazos (15 años), pero pretender que Irán no desarrolle armamento no nuclear, teniendo al lado a Israel, parece poco realista. En todo caso, hay margen para intentar mejorarlo, ya que algunas sanciones subsisten, sin necesidad de denunciar unilateralmente lo que se está cumpliendo.

Las razones de la posición de Washington hay que buscarlas en otros aspectos. En primer lugar, en la obsesión de Trump por deshacer toda la obra de su predecesor, Obama, y tratar después de rehacerla con su propio sello. De hecho, apenas una semana antes de la entrada en vigor se las sanciones ha declarado en rueda de prensa estar dispuesto a abrir un diálogo con el Presidente iraní, Hasan Rohaní, “sin condiciones”, dando una nueva muestra de su errática política, en la que las decisiones se mantienen durante semanas, días u horas dependiendo del humor de su principal protagonista, si bien en una primera reacción las autoridades iraníes han rechazado por el momento una propuesta, que consideran “humillante” en las actuales circunstancias.

Pero más allá de la personalidad de Trump, lo cierto es que este paso se corresponde con una radicalización de su administración que representa muy bien el nombramiento  como Consejero de Seguridad Nacional de John Bolton, un radical de ultraderecha, colaborador entre otros del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América y del extremista Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, que lógicamente se entiende muy bien con los extremistas que dominan el actual gobierno israelí, encabezados por Benjamin Netanyahu, quien ha hecho lo posible y lo imposible para cargarse el acuerdo con Irán, el único enemigo de importancia que le queda en la zona, coincidiendo en este asunto con Arabia Saudí, rival histórico de Irán por causas religiosas y geopolíticas. Trump se debe a ambos, por razones políticas en un caso y económicas en el otro, y ha hecho lo que le pedían insistentemente los dos únicos aliados acríticos que le van quedado en el mundo.

En realidad las sanciones que Washington levantó en 2016 y vuelve a aplicar ahora se refieren sobre todo a empresas extranjeras que también tengan negocios con EEUU, la mayoría europeas, más que a las americanas pues éstas continuaban y continúan en un régimen de restricciones. Por ejemplo, un banco estadounidense no podía hacer negocios con Irán, pero uno europeo que también opere en EEUU, hasta ahora sí.  No hay que olvidar que la mayor parte de las sanciones de EEUU son anteriores al desarrollo nuclear de Irán y a las resoluciones del CSNU, pues las primeras fueron consecuencia de la crisis de los rehenes de la Embajada que siguió a la toma del poder por los ayatolás en 1979. Las sanciones que entran ahora en vigor, fundamentalmente comerciales y financieras, afectarán por tanto a las compañías europeas que han establecido negocios con Irán como Total, Airbus, Siemens o Peugeot, así como a las que han comenzado a importar petróleo iraní y a algunos bancos europeos. Habrá que ver cómo reaccionan estas empresas ante la amenaza de sanciones en EEUU, y como mantienen Londres, Berlín y París su posición a favor de respetar el acuerdo, en estas condiciones. Si los europeos se sumaran finalmente a las sanciones, el régimen iraní podría verse forzado a volver a su programa nuclear para ejercer una cierta presión, lo que podría tener consecuencias catastróficas.

El primer efecto de la reanudación de las sanciones es el debilitamiento del ala moderada del régimen iraní, encabezada por Rohaní, que ya se está produciendo, en favor del ala más dura, que adquiere fortaleza en la crisis. Pero probablemente es esto lo que se busca. Ni a Israel ni a Arabia Saudí, ni – por extensión – a la actual administración de Washington, les interesa un Irán moderado y dialogante que se integre en la comunidad internacional y prospere, mientras mantiene o aumenta su influencia en la región. Netanyahu prefiere claramente un enfrentamiento que acabe de una vez por todas con la amenaza potencial, y para llegar a eso conviene que el régimen iraní se radicalice, o mejor aún, que retome su programa nuclear. Así estaría justificada una intervención militar que hasta ahora ha sido vetada por Washington.

Deterioro de la economía

El otro escenario deseado por los enemigos de Irán es que el deterioro de la economía producido por las sanciones acabe por producir un levantamiento popular, que ya tuvo un anuncio en las manifestaciones de diciembre y enero pasados, y el régimen caiga o al menos se debilite gravemente. Pero también puede suceder que, ante la amenaza de un deterioro interno grave, el régimen iraní se radicalice aún más, e incluso opte por una huida hacia delante y se lance a una aventura bélica para unir al país.

En cualquier caso, se está jugando con fuego en una región azotada por la violencia desde 1948, en la que, además de persistencia de la madre de todos los conflictos: el palestino-israelí, que no va a mejorar precisamente con la declaración de Israel como Estado nación judío y la legalización de nuevos asentamientos irregulares en Cisjordania, se desarrollan actualmente dos guerras abiertas (Siria, Yemen) y otros dos enfrentamientos civiles que pueden quedar en cualquier momento fuera de control (Irak, Líbano). Es cierto que Teherán participa de una u otra manera en estos conflictos (como también lo hacen, por otra parte, Arabia Saudí y los Emiratos), pero también lo es que el mejor camino para la estabilización pasa por atraer a Irán a la comunidad internacional y al camino de la paz a través del diálogo, los pactos, y promoviendo su desarrollo económico, lo que favorecerá a los moderados del régimen y finalmente promoverá su integración pacífica, sin que eso signifique necesariamente falta de firmeza en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y de las resoluciones del CSNU.

Si se presiona al régimen iraní hasta la desesperación, cualquier cosa puede suceder, incluida una nueva guerra, la escalada nuclear, o ambas, con las consiguientes secuelas de dolor, muerte y destrucción, que se puede extender a toda la región e incluso fuera de ella. Avivar un fuego que se estaba apagando es el colmo de la irresponsabilidad, y si se hace desde la presidencia del país más poderoso del mundo, es sencillamente una locura. Esperemos que  la sensatez que seguramente queda todavía en la mayoría de la clase política de EEUU, incluido el Partido Republicano, y la presión combinada de los aliados y amigos del gran país americano - especialmente los europeos -, reconduzcan este asunto hacia una nueva distensión, en favor de la paz y la seguridad de todos.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

CARLOS CARNERO (*)

 

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Juncker y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / AP 

 

El resultado aparentemente alentador (¡pero mucho ojo!: veremos cuánto dura el optimismo de un vago principio de acuerdo fruto, en todo caso, de la persistencia y la firmeza europeas y de las presiones internas del Partido Republicano sobre Donald Trump) de la reunión celebrada en Washington entre el presidente de los Estados Unidos y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, abriendo una tregua o enfriamiento en la guerra comercial, invita a formular algunas reflexiones de fondo más allá del análisis coyuntural del día. Estas son las mías.

Hay dos supuestos en política internacional que muchos analistas dan casi por hechos y que convendría poner en cuestión: el primero, que Trump tendrá un solo mandato en la Casa Blanca (si es que llega a culminar el actual y antes de su término no es destituido por el Congreso); el segundo, que el asedio al que se ve sometida la Unión Europea desde la Administración republicana y Rusia, las dinámicas globales (proteccionismo, decrecimiento demográfico, nuevo balance de poder) y las tendencias internas (populismo, nacionalismo) terminarán poniéndola al borde del abismo o la cuestionarán extraordinariamente.

Como señala Andrés Ortega en su reciente publicación en el Blog del Instituto Elcano, titulada 'Europa no debería apostar contra Trump', el mandatario estadounidense tiene en las encuestas más suspensos que aprobados en el conjunto del electorado estadounidense, pero conviene recordar que ganó las elecciones perdiendo en votos. Así que si la distancia en papeleteas entre él y su oponente demócrata es similar a la de 2016, mantiene una fidelidad tan alta como ahora entre sus votantes dentro de dos años y consigue una fuerte movilización de sus electores en los estados que marcaron la diferencia de compromisarios frente a Hillary Clinton, volverá a jurar en enero de 2021.

¿Lo impedirán las múltiples acusaciones y sospechas que pesan sobre él, de forma que acaben siendo tan graves y abrumadoras como para que los poderes judicial y legislativo le saquen de la presidencia? Podría ser, pero a día de hoy no es fácil imaginar al Partido Republicano actuando con las necesarias agallas para hacerlo: ya nos gustaría que todos sus líderes fueran tan claros con John McCain.

Si Trump se queda, ¿quién puede hacer frente a sus políticas? China es un poder económico con una estructura constitucional autoritaria que aspira por encima de todo a seguir creciendo y no tiene autoridad política para reclamar un comportamiento democrático ajustado al derecho internacional por parte de los Estados Unidos. Y la Rusia de Putin es más bien una aliada del inquilino de la Avenida Pensilvania. Así que solo resta la Unión Europea, a la que muchos consideran un poder demasiado débil y dividido para asumir ese papel.

Por el contrario, creo que la UE está en las mejores condiciones de liderar o protagonizar un discurso inspirador y una práctica eficaz ante Trump que además pueda ser compartida por otros grandes países democráticos (Canadá, Japón). Las razones para pensarlo son diversas: la UE está basada en valores –que se identifican con los universales- y actúa en pos de objetivos tan enraizados en su mayoría ciudadana que solo una hecatombe interior o exterior podría borrarlos; sus seis décadas de integración han resistido todos los avatares porque tienen la fuerza de la democracia y el Estado de derecho y la capacidad de perfeccionarse de manera permanente; su riqueza (con el euro) le garantiza un nivel de argumentación material incontestable; en temas esenciales como el comercio internacional actúa con competencias exclusivas, lo que refuerza su posición negociadora o de confrontación; y cada vez más cuenta con una política exterior y una política de seguridad y defensa que la han convertido en hacedora de acuerdos muy complejos y mantenedora de la paz en muchas regiones del Planeta.

En otras palabras, debemos ir olvidando la clasificación que define a la UE como un mero ‘poder blando’ para empezar a pensar que, sin abandonar su ADN (o sea, no aspirar a ser una potencia mundial clásica) porque precisamente es el que le diferencia de otros y la hace fuerte, la Europa comunitaria está en condiciones de ser un ‘poder determinante’ de la realidad internacional en todos los terrenos.

Paso a paso, la UE está en situación de demostrarlo. Por ejemplo, en la guerra comercial desatada por Trump debe dejar siempre claro (como ha hecho antes de la Cumbre en Washington el 25 de julio) que no la desea y que prefiere negociar en cualquier caso, pero que si es necesario tiene instrumentos para defender con contundencia sus intereses y, de hecho, los de ese conjunto del mundo (en el Norte y en el Sur) que vería muy afectada su situación si ante el proteccionismo no se alzaran con determinación la voz y la capacidad de decisión europeas. De forma que, en la actual coyuntura, un gran número de países pueden ver en la UE un poder determinante porque es también un ‘poder de referencia’ con el que colaborar y acordar alianzas en pie de igualdad sobre bases enmarcadas en el derecho internacional, tanto en políticas positivas como en las reactivas que fuera menester. Lo que la convertiría al mismo tiempo en un ‘poder generador de consenso’.

Los líderes europeos deben pensar que puede quedar presidencia Trump para años y, en ese contexto –y, de hecho, en cualquier escenario de futuro-, asumir tanto la realidad de su propia fuerza política en la esfera internacional como su protagonismo en decir no con alternativas a las decisiones y políticas de Washington que sean inaceptables. Un debate de ámbito comunitario que culmine con un éxito europeísta en las elecciones del Parlamento Europeo en 2019 y, tras las mismas, permita avanzar en la integración federal de la UE, sería una buena hoja de ruta a seguir. La España que vuelve a contar en Europa con el Gobierno socialista puede y debe estar a la cabeza a la hora de recorrerla.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

JESÚS MARCOS GAMERO RUS (*)

 

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Un pastor con sus cabras en una zona seca del pantano de La Viñuela, en Málaga. / J. ROJAS 

 

La observación de determinadas dinámicas migratorias vinculadas al cambio climático que están comenzando a surgir en países desarrollados debería servir a los decisores políticos de nuestro país para plantear, al menos, un debate sobre esta cuestión. Veamos algún ejemplo:

En Estados Unidos, el aumento de temperaturas, la subida del nivel del mar u otros eventos climáticos extremos hacen prever el desplazamiento de millones de personas dentro del país. De hecho, comienza a producirse un desplazamiento poco perceptible pero progresivo del sur hacia el norte del país, no solo de personas, sino también de capitales o medios de producción.

En este sentido, el profesor Solomon Hsiang, de la Universidad de California, al analizar el daño económico que puede sufrir la población de Estados Unidos por el cambio climático y el aumento de temperaturas, afirma que “el cambio climático puede resultar en la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia del país”.[1]

Una riqueza que va del sur al norte del país, y de los pobres a los ricos, dado que estos últimos tendrían la capacidad y medios de adaptarse y desplazarse con mayor facilidad de zonas costeras a zonas más altas de interior, con un ambiente más agradable y a salvo de mayores impactos climáticos. Por su parte, las poblaciones más pobres no tendrían esa capacidad y sufrirían, o ya están sufriendo, con más virulencia los impactos del clima.

En China, por su parte, se puede asistir a un doble proceso migratorio de entrada y salida de las contaminadas urbes del gigante asiático: familias rurales empobrecidas, las más, que buscan empleo y oportunidades en las ciudades a pesar de la contaminación y los riesgos para su salud; y residentes más adinerados, los menos, que huyen de esa polución, en busca de ‘santuarios’, ya sea fuera o dentro del país, donde disfrutar de un aire, agua y alimentos más sanos y limpios. [2]

Dos ejemplos que permiten enmarcar el debate sobre el cambio climático y las migraciones humanas desde una óptica diferente, ya que estos procesos resultan no ser una cuestión exclusiva de los países en desarrollo. Están surgiendo migraciones climáticas en países desarrollados, aunque bajo patrones o circunstancias diferentes a la de los países más pobres, pero que afectan igualmente a aquellos más vulnerables.

Un factor que determina esa mayor vulnerabilidad de las poblaciones más pobres ante el cambio climático, sea en países desarrollados o en desarrollo, tiene que ver con el aumento de poblaciones atrapadas que no pueden desplazarse por falta de medios. Esta situación invertiría de forma perversa el término 'migrante climático', que frente a conceptualizaciones previas vinculadas al aumento de la pobreza, definiría el ‘privilegio’ de aquellos con la capacidad de acceso a los medios suficientes para huir del impacto del cambio climático.

El cambio climático nos vuelve a advertir, con ejemplos como este, de su carácter planetario y capacidad de superar las fronteras geográficas o mentales que pudiéramos otorgarle. Es un fenómeno que va varios pasos por delante de nuestra capacidad de decisión y actuación, y añade nuevos desafíos a escenarios previos, como el de las migraciones climáticas, que todavía están por afrontar.

Un apunte final: el cambio climático y sus impactos sociales como las migraciones, influyen de forma directa sobre el ya de por sí aumento de la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres, amenazando ese contrato social, que genera y fomenta la estabilidad, el progreso o la igualdad entre personas, sociedades y países.

Algunas respuestas, básicas, pasan por establecer narrativas que faciliten la comprensión del cambio climático y nuestro propio futuro como sociedad, y la importancia en este sentido de reforzar los procesos y políticas de cohesión social. Respuestas planificadas, solidarias, equitativas y respetuosas con los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su origen o circunstancias.

1 “Climate change to damage U.S. economy, increase inequality”, 29 Junio, 2017. https://www.princeton.edu/ news/2017/06/29/climate-change-damage-us-economy-increase-inequality

2 Hurun Report: “Immigration and the Chinese HNWI 2017”, 15 Julio, 2017. http://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=51636DE2A1F4

 

(*) Jesús Marcos Gamero Rus es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en cambio climático y migraciones

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

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