Elecciones en Haití: la oportunidad de reconstruir el país

Por: | 25 de agosto de 2015

VÍCTOR C. PASCUAL

 

2015 es un año clave para el futuro de Haití. En el breve lapso de cuatro meses, este pequeño país centroamericano, con 10,5 millones de habitantes, aspira a renovar todas sus estructuras políticas representativas, la Cámara de los Diputados y el Senado (agosto y octubre), la Presidencia del país y los 113 gobiernos municipales (en octubre y diciembre). Se trata de una fase histórica trascendental para los haitianos, que anhelan dirigir su mirada hacia un futuro mejor y borrar las huellas de su trágico pasado

El terremoto sufrido el 12 de enero de 2010 causó más de 250 mil muertos, dejando un país destrozado, sin infraestructuras ni suministros, sin Palacio presidencial, sumido en la más profunda pobreza y en la desesperanza. Desde entonces, y gracias a la asistencia internacional, Haití lucha por lograr su reconstrucción en todos los planos: social, político, económico, institucional, etc. Un primer hito de esta reconstrucción fue la celebración de elecciones presidenciales en 2011 que llevaron a la elección del ex cantante Michel Martelly como nuevo Presidente de la República.

Haiti1En estos cuatro años, la evolución política de Haití ha seguido apuntalada sobre cimientos endebles y acuerdos porosos, que han desembocado finalmente en este nuevo ciclo electoral, que la comunidad internacional desea que sirva para encauzar definitivamente a esta república por el camino de la estabilidad institucional y de la construcción democrática. El país afronta esta nueva etapa electoral con un panorama político fragmentado en numerosos partidos, entre los que sobresalen, el Partido “Respuesta Campesina” (PHTK), del actual presidente Martelly -que no puede optar a la reelección- encabezado por Jovenel Moïse; el histórico FANMI LAVALAS, fundado por el primer presidente elegido democráticamente, Jean Bertrand Aristide, y actualmente liderado por la candidata Maryse Narcisse; y el partido “Verdad”, del ex presidente René Préval, que tiene como candidato a la presidencia a Jackie Lumarque. 

La primera vuelta de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 9 de agosto contó con la observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas misiones de observación -que gozan de la necesaria independencia y autonomía funcional- emitieron sendos informes preliminares inmediatamente después de la jornada de votación para evaluar el proceso electoral. En concreto, para la Misión de Observación de la UE, “a pesar de las dificultades evidentes y los incidentes de violencia que condenamos, Haití ha dado este 9 de agosto un paso esencial hacia una democracia más sólida”. Asimismo, la OEA concluyó que “a pesar de algunos incidentes de violencia, la mayoría de los centros de votación pudieron finalizar sus operaciones con normalidad” y caracterizó la celebración de estas elecciones como “un paso adelante de la democracia haitiana”.

Sin embargo, a pesar de la validación internacional, los episodios de violencia electoral -que, entre otras cuestiones, han motivado la descalificación de 16 candidatos-, la baja participación y las diversas irregularidades detectadas en la fase de tabulación y de recuento de votos han conducido al Consejo Electoral de Haití a ordenar la repetición de la votación en casi un quinto de las circunscripciones del país. En el resto, los resultados publicados recientemente por el organismo electoral no permiten aún extraer ninguna conclusión sobre las mayorías que puedan formarse en el nuevo Parlamento; sólo 8 de los 119 escaños de diputados en liza han sido ya adjudicados en esta primera vuelta. La 2ª vuelta tendrá lugar el 25 de octubre al mismo tiempo que la crucial elección presidencial. Por tanto, todo está aún por decidir en Haití.

En definitiva, el objetivo más importante de los procesos electorales que se celebran en Haití en 2015 radica en lograr la consolidación democrática e institucional, con la elección de un presidente legítimo, la refundación de sus instituciones representativas y el desarrollo de elecciones limpias y reconocidas internacionalmente. Un Haití relativamente estable en el plano político es la única vía para que el país pueda retomar su andadura hacia el desarrollo, hacia la superación de sus traumas y la consolidación de sus relaciones comerciales; un Haití comprometido con la democracia garantizará que los países de la comunidad internacional, entre los cuales, Estados Unidos, Canadá y los países que integran la UE, entre ellos España, sigan volcados en ayudar a Haití en su constante e inacabable combate contra la naturaleza y contra sí misma.

 

Víctor C. Pascual es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid  

Carlos Victoria Lanzón y Jorge Alonso Rodríguez

 

Durante la crisis se ha repetido a menudo la idea de que existe un divorcio entre la política y la economía. Este supuesto divorcio se haría aun más patente cuando se comparan las políticas tradicionales de la socialdemocracia con la visión actual de la economía. En el presente artículo vamos a tratar de argumentar justo lo contrario, que la economía no sólo no se opone a las ideas de la socialdemocracia, sino que ofrece un sólido apoyo académico a algunos de sus postulados básicos.

KeynesExiste, si nos permiten la licencia, una cierta visión simplista que equipara la ciencia económica a la mera defensa del “laissez faire”, reduciéndola a una amalgama de propuestas cuya única intención es la desaparición del estado. Nada más lejos de la realidad. Aunque es cierto que cualquier manual básico de economía defiende que el mercado es la mejor institución a la hora de asignar los recursos escasos, no es menos cierto que, inmediatamente después, reconoce que el estado, en muchas ocasiones, puede mejorar esa asignación inicial. Parece que basta con profundizar un poco en la economía para descubrir que mercado y estado dejan muy pronto de ser incompatibles para convertirse en complementarios y necesarios; de hecho, se hace recaer en el estado la responsabilidad de que el mercado funcione de forma eficiente.

Pero volvamos a la pregunta original: ¿puede la socialdemocracia justificar sus políticas basándose en el conocimiento económico? El primer apoyo al que se suele recurrir es a la macroeconomía, en concreto a Keynes y a su defensa de la gestión de la demanda agregada en momentos de recesión económica. Desde el punto de vista de la microeconomía, las escuelas de Viena y Estocolmo, en el siglo XIX (con Wieser, Wicksell y Lindahl, entre otros) aplicaron los principios de la teoría subjetiva del valor y defendieron el uso de la imposición progresiva para distribuir la renta mucho antes de que el Partido Socialdemócrata Sueco se lanzará a poner en práctica las teorías keynesianas.

El lector podrá objetarnos, con razón, que hasta ahora solamente nos hemos referido a las ideas de economistas muertos, parafraseando al propio Keynes, y que los postulados de la economía moderna son incompatibles con las ideas socialdemócratas. Nuevamente, estos prejuicios quedan invalidados cuando descubrimos que, además de las impopulares reformas estructurales, las instituciones económicas que a menudo son tachadas como tecnocráticas defienden ideas tan socialdemócratas como la defensa de la igualdad como motor del crecimiento económico (FMI), la defensa de la educación como vehículo de progreso social (OCDE), o animan a impulsar políticas destinadas a fomentar los derechos sexuales y reproductivos a de la mujer (Banco Mundial). Sin ir más lejos, el último premio Nobel, ha recaído sobre Jean Tirole, economista francés cuyas investigaciones se centran en un tema de gran relevancia para la socialdemocracia: la defensa de la competencia y la regulación de los mercados, especialmente los financieros.

Respecto a los retos y desafíos futuros a los que se enfrenta la Unión Europea, la ciencia económica también puede aportar soluciones que satisfagan los principios políticos que tradicionalmente ha defendido la socialdemocracia. Aspectos tan críticos como la defensa de una unión fiscal a nivel europeo, que permita superar la distancia que separa a la Zona Euro de lo que los economistas llaman “zona monetaria óptima”, la articulación de mecanismos que permitan la lucha contra el cambio climático y los problemas medioambientales, o la búsqueda de nuevas políticas que permitan disminuir las brechas sociales y mejorar el crecimiento económico de las naciones en desarrollo también forman parte de las políticas sobre las que la disciplina despliega su actividad día a día.

Por ello nos gustaría volver sobre la idea que defendíamos al principio. No existe un divorcio entre economía y socialdemocracia. La economía es una ciencia social que trata de buscar las mejores herramientas disponibles para la consecución de un fin; por lo tanto, a priori no se le puede atribuir una orientación ideológica concreta. Es a la política, en este caso a la socialdemocracia, a la que le corresponde la elección de dichas herramientas y la búsqueda de los consensos y mayorías necesarias para ponerlas en práctica. Esta tarea no resultará sencilla, pero sabemos por experiencias pasadas, como demuestra la historia de éxito de los países escandinavos, que cuando se acierta a combinar las políticas sociales preferidas con las políticas económicas acertadas se pueden alcanzar las cotas más altas de crecimiento económico, progreso social y desarrollo humano.

Para concluir, nos gustaría recordar, que como ya se ha mencionado otras veces en este blog, los retos de la socialdemocracia nunca deben ser vistos como una excusa para caer en la melancolía. Al contrario, la socialdemocracia debe ser capaz de encontrar nuevas vías para alcanzar sus metas, y la economía como ciencia social debe ser vista como un aliado fundamental en el logro de esos objetivos.

 

Carlos Victoria Lanzón es economista y colaborador del Laboratorio la Fundación Alternativas.

 Jorge Alonso Rodríguez es colaborador del Laboratorio de la Fundación Alternativas.

FERNANDO RUEDA

Cada cierto tiempo nos amanecemos con noticias sobre ocupaciones y desalojos de espacios de autogestión ciudadana. La más reciente ha sido la del desalojo del local de Patio Maravillas

En España y en muchos países europeos, en los que Alemania con Berlin a la cabeza, ha sido precursora, existen cientos de iniciativas que generan nuevos modelos de gestión en lo económico y en lo social, basados en la cooperación horizontal. Las noticias de ocupación y desalojo suelen ser portada en los medios. Las informaciones sobre sus otros impactos quedan generalmente escondidos en la comunicación pública.

Muchas de estas iniciativas son vistas con desprecio y con temor por los sectores más conservadores -y no tan conservadores- de la sociedad, cargados sin duda de razón en lo que a usurpación de una propiedad privada se refiere. No tanto en los adjetivos proferidos hacia sus promotores, generalmente tachados  de radicales, perroflautas, violentos o adjetivos similares.

ChristianaPero una mirada más profunda sobre los perfiles de los promotores y agentes que intervienen en estos procesos rompe los lugares comunes. Las barreras para la difusión pública de estos proyectos culturales, con propuestas escénicas o musicales  alternativas, actividades de formación social, crowdfunding a proyectos , ecología urbana, cybercultura, trueque, bancos de tiempo etc. se construyen a partir del trabajo en red de académicos, activistas, artistas, y vencinos.

No es mal momento para introducir en el debate público y en las políticas de ciudad estas otras realidades que aglutinan a un conjunto de ciudadanos, gestores y promotores cuya finalidad es la innovación ciudadana y la gestión de lo común, desde una óptica no mercantilista, vinculada a las redes y a la co-producción y co-creación.

Conocer a fondo estas experiencias, relacionarlas y analizar las formas de organización y de gestión puede ayudar reivindicar mejor estas nuevas maneras de intervenir en lo cultural y a proponer formas de actuación comunes entre agentes, gestores culturales y ciudadanía.

Esta tarea ya se hace en Alemania desde hace años, en Kruezberg. Y también en Dinamarca, en la Ciudad libre de Christiania. No se trata de una nueva estrategia para una política de la izquierda radical de la periferia del sur.

Fernando Rueda es director del Observatorio de la Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Mercados de capitales en la UE: ¿control o liberalización?

Por: | 28 de julio de 2015

CARMEN MÚGICA

El proyecto de reforma financiera emprendido por la Unión Europea tras el estallido de la crisis en 2008, ha venido experimentando diferentes avances. El más significativo hasta la fecha se produjo en 2012, cuando los gobiernos nacionales de los 28 estados miembros decidieron reunirse para formular un marco común de regulación y supervisión bancaria: la Unión Bancaria. Sin embargo, la comisión Juncker ha decidido ir más allá y embarcarse en un nuevo proyecto, que puede calificarse cuanto menos de ambicioso: formar una Unión de Mercados de Capitales en la Unión Europea. La intención de este proyecto es crear un mercado de capitales europeo fuerte y estable, que proporcione financiación al sistema complementariamente al sector bancario.

En Febrero de este año la Comisión decidió publicar un libro verde explicando la idea, con la intención de que los diferentes interesados pudieran transmitir sus objeciones y sugerencias. Hace poco más de un mes que expiró el plazo para expresar opiniones y actualmente dicho organismo está trabajando en la elaboración de un plan de acción que será presentado en septiembre. Jonathan Hill, el comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión, ha recalcado en numerosas ocasiones la importancia y los beneficios de este proyecto, que deberá estar completado para 2019.

BolsaLos beneficios de la creación de una unión de mercados de capitales para los 28 estados miembros están claros. Las empresas tendrán mayor acceso a numerosas vías de financiación y no serán tan dependientes del crédito bancario, que tanto se ha restringido tras la crisis, para financiarse. Además, el desarrollo de un mercado de capitales común y sólido aumentará la atracción de inversores extranjeros y promoverá una mayor estabilidad financiera. Por lo tanto, la puesta en práctica de este proyecto contribuirá al crecimiento de la Unión Europea y a su estabilidad.

En el caso de España, la creación de un mecanismo que permita un mayor acceso a la financiación empresarial, favorecería enormemente a la masa productiva de nuestro país. La dependencia de las empresas españolas y de las PYMES en general del crédito bancario es de las más altas de la Unión Europea. Casi el 90% de las empresas españolas dependen de la financiación bancaria para desempeñar su actividad. Además, según los datos de la UE, en España sólo el 40% de las PYMES que solicitan un préstamo bancario lo consiguen, mientras que en Alemania el porcentaje oscila alrededor del 80%. Según el informe semestral del Banco Central Europeo sobre el acceso de las PYMES a la financiación, las condiciones generales con que se encuentran las empresas para acceder al crédito bancario han mejorado notablemente en los dos últimos años. No obstante, la incapacidad del sistema bancario para abastecer a todo el sistema económico europeo resalta la necesidad de buscar nuevas alternativas de financiación.

EuroSin embargo, existen diversos elementos que, de no ser tenidos en consideración, podrían obstaculizar la creación de dicha unión de mercados de capitales europea. En primer lugar, el desarrollo de este proyecto se basa en el principio de la liberalización de las barreras presentes en los mercados de capitales nacionales europeos. Este principio parece contradecirse con la estrategia de aumento de la supervisión y control del sistema financiero europeo que se decidió adoptar tras la crisis. Además, este proyecto revivirá el tan problemático y temido sistema de derivados que ha facilitado el desarrollo de burbujas financieras. Por último, varias barreras estructurales como la heterogeneidad de los regímenes fiscales para los instrumentos financieros, las diferentes legislaciones en torno al derecho de posesión de títulos financieros y las divergencias entre los regímenes nacionales sobre insolvencia en la Unión Europea entre otras, hacen que el plan propuesto por la Comisión deba someterse a revisión.

En conclusión, la creación de una unión de mercados de capitales europea fomentará la estabilidad y la competitividad en la Unión Europea. Además, las empresas europeas necesitan nuevas formas de financiación alternativas al crédito bancario, como las que ya existen en Estados Unidos. Sin embargo, la implementación de este proyecto también conllevará un incremento de la desregularización y de la incertidumbre, que tanto se han tratado de minimizar tras la crisis económica. En el caso de que este proyecto llegue a desarrollarse, es responsabilidad de los gobiernos nacionales y de las instituciones europeas trabajar para la creación de un marco definido y seguro de actuación e implementación.

Carmen Múgica, Master en Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La Era de los refugiados

Por: | 24 de julio de 2015

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

60.000.000. Esta es la cifra actual de refugiados en el mundo según Naciones Unidas. Es el número de personas que han abandonado su hogar porque su Estado ya no les protege de la violencia, la guerra, las violaciones, la persecución por la religión, la raza, la nacionalidad, el sexo o las opiniones políticas. No se conoce nada parecido desde la II Guerra Mundial. Solo a causa de la crisis de Siria, doce millones de personas están desplazadas y buscan refugio. Más de la mitad de la población.

RefugiadosNo hay una respuesta a la altura por la Comunidad Internacional, que solo cubre la cuarta parte de las necesidades de los refugiados. Tampoco por quienes más podrían hacer, los países occidentales desarrollados, entre los que nos encontramos. La Unión Europea –o, más exactamente, algunos de sus países miembros- están dando un espectáculo inenarrable de egoísmo e hipocresía ante las constantes oleadas de refugiados que llegan a nuestro continente;  por dos vías esencialmente: hacia Italia a través del Mediterráneo (1.800 muertos en el mar en el primer semestre de este año) y los Balcanes, tras atravesar Turquía y Grecia.

Europa, sencillamente, no está aplicando el Derecho internacional. No cumple con su obligación de facilitar a los que buscan asilo que lo puedan hacer con seguridad. Está obsesionada con lo contrario: las devoluciones a los países de los que huyen, que los maltratarán o los matarán si vuelven.

Gobiernos como el español han encontrado la expresión perfecta: “efecto llamada”. Lo que quiere decir que si cumplimos la ley internacional y acogemos a los que piden protección, vendrán más. O sea, que hay que vulnerar el derecho constitucional de asilo para que no nos lo demanden.

Refugiados2Seguramente, a causa de esa actitud se adoptó el año pasado la absurda decisión de dar por finalizada la operación Mare Nostrum, dirigida por Italia, que salvó miles de vidas en el mar, y en su lugar desarrollar la mucho más tímida y meramente guardadora de fronteras operación “Tritón”. Por cierto, con ello no se ha apaciguado el “efecto llamada”, sino todo lo contrario. Se ha doblado el número de refugiados que tratan de entrar en Europa en lo que va de año.

Después de la II Guerra Mundial, la cuestión de los refugiados fue impulsada por Europa. Resultado: la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 (ampliada por el Protocolo de Nueva York de 1967). Pero su espíritu era facilitar la huida de los Estados del telón de acero.

En el siglo XXI estamos en otro momento, que tiene poco que ver con la concepción del asilo o refugio como algo individual y excepcional. El problema ha explotado a causa de conflictos civiles masivos, no solo en Siria e Irak (del que gran parte de responsabilidad recae sobre quienes desencadenaron la ilegal guerra contra Sadam Hussein), sino en África: Sudán, República Centro Africana, Nigeria, Burundi, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, y otros. Añádase la devastadora acción del terrorismo yihadista.

Vivimos realmente algo que podríamos llamar la Era de los Refugiados. Un fenómeno estructural, no coyuntural. Tan inabarcable, que precisa de una estrategia nacional e internacional de largo alcance. Sin embargo, respecto de los refugiados, los países occidentales actúan como verdaderos “Estados fallidos”, incapaces de darles la protección adecuada, como exige el Derecho Internacional. Ni les salvan la vida, ni les acogen, ni les alimentan, ni les garantizan los derechos sociales básicos.

Es una crisis humanitaria sin precedentes. Según estima ACNUR, requerirá reasentar a 300.000 personas más cada año a lo largo del próximo lustro; y establecer un fondo global, distinto de los destinados a cooperación, simplemente para ayudar a los países pobres que acogen a los millones de refugiados que produce este mundo convulso.

Y en medio de ese panorama dramático, el Gobierno español dice que no puede recibir a más de 2.749 refugiados en dos años. Es la mitad de la ya ridícula cifra que le proponía la Comisión. Fernández Díaz lo ha justificado de forma zafia, rayana con la xenofobia, equiparando a los refugiados con "goteras". Así es exactamente como el Gobierno ve a quienes escapan de la persecución y la destrucción de su hábitat, como una molestia que hay que ahuyentar y disuadir.

Representa la dificultad insalvable de la derecha española para ser solidaria, no ya solo con los inmigrantes, sino con sus propios socios europeos ( Alemania ha examinado en 2014 tantas solicitudes de asilo como España en décadas ) 

El partido que no sepa afrontar este drama con los valores de los que presumimos los europeos no podrá gobernar en la Unión. Porque es uno de sus mayores desafíos , tal y como advierte el Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2015 de la Fundación Alternativas. Un desafío que medirá lo que valoramos los Derechos Humanos en la Era de los Refugiados.

Diego López Garrido es Patrono de la Fundación Alternativas. Catedrático de Derecho Constitucional y Diputado. 

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

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