Venezuela en su laberinto

Por: | 27 de febrero de 2015

Venezuela
ERIKA M. RODRÍGUEZ

La situación de Venezuela en las últimas semanas ha dejado de ser la de la habitual confrontación dialéctica de su presidente con todo aquel que  disienta de alguno de los aspectos de su régimen, a convertirse en una olla de presión a punto de explotar.

Las acusaciones de intento de golpe de Estado, eran rutinarias en el régimen de Maduro que se servía de ellas para consolidar su discurso antiimperialista y de víctima de los complots internacionales, que sin duda despertaban el apoyo de importantes sectores sociales. La última de ellas fue la denuncia del eje Bogotá-Madrid-Miami como instigadores de un nuevo intento de toma violenta del poder. Ciertamente los sectores de la derecha de los tres países se lo han puesto fácil. La situación de Venezuela se utiliza continuamente como arma arrojadiza para criticar a la oposición acusándoles de querer importar el “tenebroso” régimen bolivariano. Desde luego, una visión simplista, y que minusvalora la propia calidad de la democracia española o colombiana y que en especial le hace el juego a Maduro dotándole de argumentos.

Pero más allá de las acusaciones la creciente inestabilidad social, las protestas y las recientes maniobras políticas de Maduro ponen el foco sobre un régimen que parece empezar a tambalearse sin que podamos tener certeza de cuánto podría tardar en derrumbarse del todo.

Por un lado, tenemos la resquebrajada economía venezolana, el mal manejo macroeconómico, las reformas sin una estrategia coherente de acción han llevado a que Venezuela haya perdido los últimos años, encerrándose en una espiral de devaluación, inflación, incapacidad productiva y desabastecimiento que ya no solo preocupa a los inversores internacionales sino que ha empezado a afectar a aquellos que se habían constituido en el sustento del régimen bolivariano, las clases populares y medias que se vieron compensadas con la política social financiada con los recursos petroleros. 

El régimen Venezolano se ha mantenido a través del uso de recursos tácticos muy hábiles que se sumaron a una política social que le permitía ganar elecciones con relativo margen a pesar de que la sociedad se fuera polarizando cada vez más. Pero el crédito concedido por la ciudadanía tiene un límite, la escasez y la inflación, se suman a la creciente inseguridad en un país con un 90% de impunidad. Cuando la vida diaria se hace difícil, los votos son también más esquivos.

Al sombrío panorama económico, se suma el bajo precio del petróleo, sin que se cuente con recursos ni políticos ni económicos para compensarlo. La economía rentista está pasando su factura.

Por otro lado tenemos las limitaciones políticas de Nicolás Maduro, que por mucho que lo intente no es Hugo Chávez, no tiene la legitimidad sobre el mando militar que tenía su antecesor, no aglutina a los diferentes sectores del bolivarianismo y no cuenta con el carisma internacional que le permitió a Chávez consolidarse como un líder regional, querido o no, pero líder a fin de cuentas.

Su necesidad de mantener el control le lleva a una apuesta desesperada, intenta mantener el control desincentivando a los críticos a través de la manipulación de la justicia y del recurso al control armado de la inestabilidad social. Una apuesta con demasiado riesgo porque el abuso puede terminar de convencer a los desencantados de pasarse a la oposición, y porque le pone en el punto de mira internacional. La ausencia de margen de maniobra económico, le obliga a actuar exclusivamente en la esfera política, echando mano de un poder supra-constitucional.

Por supuesto las condenas internacionales a los recientes abusos de fuerzas armadas y policiales y al encarcelamiento injusto de los líderes de la oposición son de nuevo usadas por Maduro como justificantes de su cruzada, de hecho, llego a calificar al movimiento scout al que pertenecía el joven asesinado recientemente en medio de una protesta, como secta de derechas . Pero las voces que se unen para condenarles son dispares y eso las legitima. No son los críticos habituales de la derecha y el conservadurismo, no, ahora le llaman la atención las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía internacional, y hasta UNASUR se conduele de la situación. Por su parte, los socios del Alba mantienen el apoyo discursivo pero poco pueden aportar sin condenarse ellos también.

Así pues, el futuro del país es más incierto que nunca y por ahora no podemos más que hacer cálculos de las posibles vías de evolución de esta crisis.  La escalada de la protesta violenta y de las acciones para desestabilizar el régimen es una posibilidad que debe contemplarse. Inclusive el intento de toma del poder, aunque esto signifique una decisión casi tan absurda como las acciones de Maduro, toda vez que significaría intentar controlar un país dividido, en un marco internacional que no se puede permitir aceptar este tipo de acciones (por muy malo que sea el dirigente afectado) y en plena crisis de los precios del petróleo.

Otra opción es el aumento de la tensión social que vaya rompiendo el régimen hasta que este termine por desmoronarse, bien porque el mismo bolivarianismo opte por defenestrar a Maduro o bien porque obligue a unos comicios en los que el saldo electoral se le haya agotado por completo.

Sin duda el panorama es incierto y mucho me temo que la población civil siga pagando un alto precio del que no debe desentenderse la comunidad internacional. Es necesario evitar el populismo facilón antibolivariano, dejar los cálculos de la política interna a un lado y unirse y centrarse en exigir el respeto y garantías propias del Estado de derecho para que sean los venezolanos los que decidan su futuro por vía de las urnas y evitar echar más leña a una hoguera que nadie sería capaz de controlar. 

 

* Erika M. Rodríguez es analista política y coordinadora del panel América Latina de la Fundación Alternativas.

Grecia: liquidez, solvencia y apalancamiento

Por: | 25 de febrero de 2015

Grecia

TOMÁS GIMENO LÁZARO

El principio de acuerdo al que han llegado el Eurogrupo y el ministro de economía griego, Yanis Varoufakis, no ha supuesto per se el reconocimiento y aceptación por parte de Grecia de los postulados económicos de la austeridad frente a políticas financieras y monetarias expansivas que en otros países, como en Estados Unidos, han permitido una recuperación más temprana de la crisis financiera global y que, en el contexto europeo han sido las que el Banco Central Europeo ha intentado implementar a través de sus medidas no convencionales, cómo el conocido Quantitative Easing. Antes bien, lo que representa el citado acuerdo, es la aceptación de los problemas y realidades a los que se enfrenta la economía griega por parte de todos los actores involucrados.

Económicamente podría decirse que Grecia presenta tres problemas de diversa índole, los cuales tienen una solución diferente y consecuencias diversas para su ciudadanía. Siguiendo la terminología que Basilea III utiliza para las Entidades Financieras, podría decirse que Grecia presenta problemas de liquidez, solvencia y apalancamiento.

Este principio de acuerdo, que está pendiente de definirse en medidas concretas, intenta solucionar el problema más urgente, la liquidez, que no es otra cuestión que  la imposibilidad de la hacienda griega de atender en el corto plazo a sus compromisos financieros. En el caso heleno, las dificultades de liquidez no se restringen a la devolución de los manidos intereses de la deuda, cuyos principales vencimientos se producen en esta primavera, sino al pago de las retribuciones y remuneraciones de un sobredimensionado y anquilosado sector público con unas características que difieren mucho de las del resto de los Estados miembros.

Es habitual escuchar que el principal problema al que se enfrenta Varufakis, es la falta de solvencia de su economía. Si entenderemos solvencia como la capacidad de responder a todos sus compromisos contingentes, Grecia tiene un serio problema al respecto, pero si nos centramos en su deuda soberana este no es tan grave como aparenta.

El propio mecanismo de endeudamiento de las economías modernas garantiza que nunca llega a afrontarse el pago total de la deuda. Esta cuestión que a priori puede parecer ficticia y difícil de entender, se explica de la siguiente manera: cuando la deuda emitida está a punto de vencerse se vuelve a emitir deuda por el importe que va a vencer, al precio o coste que percibe el mercado. En la teoría económica, se conoce a este tipo de deudores como deudores especulativos, pues realmente sólo devuelven los intereses y nunca llegan a devolver el principal de lo que deben.

Es fácil ver dónde está el quid de la financiación de un Estado, que no es otro que saber cuál va ser ese coste de fondeo. Si el mercado percibe que Grecia no va a hacer frente a sus compromisos, el mercado le va a exigir un mayor coste, una mayor prima de riesgo, por lo que la deuda a devolver (principal más intereses) va a ser mayor. Este problema puede resolverse con gestos como los del pasado viernes, demostrando que el proyecto europeo es un proyecto común, en el que las Instituciones europeas no van a dejar caer, ni tampoco salir, a ninguno de los miembros.

 El tercer problema, el del apalancamiento, es el más importante en cuanto a su volumen, complejidad y contenido político. Grecia debe en torno al 175% de su producto interior bruto, lo cuál implica que para cancelar toda su deuda necesitaría destinar toda la riqueza producida en toda la nación durante casi dos años. Cancelar toda la deuda soberana, como he comentado anteriormente, en la economía de mercado actual carece de sentido, por la posibilidad existente de refinanciarla a precios de mercado. Pero estos niveles de deuda implican altos niveles de apalancamiento; Grecia está altamente expuesta a fluctuaciones en el coste de fondeo. Incluso pequeños aumentos en el valor de mercado de su deuda se traducen en grandes aumentos en el coste de los intereses a pagar, lo cual constituye un lastre para el crecimiento y la recuperación helena. Este último problema todavía no ha sido abordado y dependiendo del planteamiento  que se le dé, será muy distinto el margen de maniobra que tendrá el ejecutivo heleno, limitando ampliamente el espectro de políticas sociales y económicas que se podrá poner en marcha el ejecutivo heleno.

En todo caso, con todas sus vaguedades y limitaciones, el acuerdo aprobado el viernes pasado, que todavía se encuentra pendiente de definir, sirve como un puente de entendimiento. Al parecer, se está desactivando el Game of Chicken de los meses pasados entre impago de la deuda propuesto Tsipras y los planteamientos iniciales de austeridad defendidos por la Troika.

* Tomás Gimeno Lázaro es especialista en en regulación y economía financiera.

 

El mito del empleo digital

Por: | 23 de febrero de 2015

Culturablog
OBSERVATORIO DE CULTURA Y COMUNICACIÓN

En el reciente Informe sobre el estado de la cultura, publicado por la Fundación Alternativas, dedicamos capítulo al análisis sobre las condiciones del empleo cultural, que hacemos extensivo al mercado digital. La situación es ciertamente crítica, pues el comportamiento del sector durante la crisis, muestra indicadores devastadores, como la discriminación por género, el alto nivel de precarización, la no incorporación de nuevas generaciones, la sobrecualificación y los salarios ínfimos…

En general, según los datos de la cuenta satélite de cultura y el anuario de estadísticas cultuales, los trabajadores culturales viven de unos ingresos por debajo de las expectativas de su alto nivel de formación y  continúan toda su vida ejerciendo como pueden, debido a la dificultad para alcanzar las cuotas mínimas para su jubilación. La incorporación de nuevos trabajadores en el sector casi ha desaparecido, produciéndose en el último año un abandono importante de la generación más avanzada y aumentando significativamente, desde 2012, el peso en el conjunto del empleo del tramo de los ingresados en el sector durante los años ochenta.

Lo mismo ocurre con el sector empresarial. En 2012 contábamos con 110.619 empresas culturales, y en 2013 desaparecen más de 2.000 de ellas. Más de la mitad de esas empresas no tiene asalariados y en el transcurso de un año se han reducido en 3.337.  Crecen levemente en el último año las compañías de entre uno y cinco empleados (32.963 en 2012 y 34.681 el pasado año), pero no se consolida ni una sola nueva gran empresa de nuestra industria en el sector (pasamos de contar con 28 compañías de más de 500 empleados a 27).

El mercado de empleo cultural y comunicativo está formado en su gran mayoría por cohortes de trabajadores con un alto grado de motivación, alta cualificación profesional, bajos salarios y empleos cada vez más precarios, sin protección sindical ni mecanismos de defensa de derechos colectivos. Sus promotores califican a sus trabajadores como colaboradores voluntarios, evitando el ofrecimiento de cualquiera de las garantías propias del trabajo decente. A ello añaden el argumento  y los beneficios para su cuenta de resultados del trabajo gratuito, enmascarado tras la fórmula del conocimiento compartido y colaborativo.

El mercado digital es un campo de ensayo en que se prueban perfiles que han de convertirse en socialmente aceptables para la ciudadanía en el corto plazo, a la vista del creciente número de autoempleados y de microemprendedores. Con un creciente trabajo de aprendizaje no pagado, o abonado muy por debajo de los precios de mercado, parece reflejar cada vez más un precariado integral, que acepta casi disciplinadamente condiciones éticamente inaceptables de prolongación de tarea y jornadas que avergonzarían a cualquiera que defienda unas condiciones dignas de trabajo en cualquier sector. Un mercado que también certifica la discriminación de género y santifica la discontinuidad y deslocalización permanentes. Un trabajo sin perspectivas o previsiones de mejoras salariales, con ingresos que difícilmente permiten pensar en formar familias o tener un futuro estable a la vista.

Existe sin duda un potencial extraordinario en el mercado laboral digital que debemos aprovechar. Pero las preguntas respecto a su desarrollo y la experiencia ya conocida del mismo en las economías avanzadas, revelan cuán necesaria resulta una regulación adecuada de esta oportunidad de riqueza, para evitar que consolide en el futuro nuevas formas de explotación, empleo precario y empobrecimiento de un sector emergente, con valores y utilidades públicas nada desdeñables.

 

* II Informe sobre el estado de la cultura en España: La salida digital, disponible en la web de Fundación Alternativas

Grecia: realidad y deseo

Por: | 20 de febrero de 2015

Finanzas
DOMÈNEC RUIZ DEVESA

No hace tantos días, el nuevo gobierno griego se aprestaba a iniciar una dura negociación sobre la extensión del programa de ayuda financiera orquestado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Extender el actual plan o cuanto menos diseñar un nuevo programa era un imperativo, toda vez que el estado griego no puede obtener financiación en los mercados a tipos de interés razonables, lo que en la práctica supone que a partir del 28 de febrero no se dispondría de dinero para pagar salarios públicos, pensiones y el gasto corriente de las administraciones públicas.

De ahí que en Bruselas se recibiera con estupor los primeros gestos del nuevo ministro griego de finanzas, declarando no reconocer a la llamada Troika (que es como decir que un deudor no reconoce a su acreedor) o exigiendo, entre aspaviento y bravata, una quita parcial de la deuda pública griega.

Al momento de escribir estas líneas, varios medios de información dicen que Grecia ha pedido ya una extensión del programa actual, y acepta que los tres acreedores más arriba mencionados continúen supervisándolo.  De la quita ya no se habla. No parece que la política de gestos cara a la galería tras la resaca electoral, tan celebrada en nuestro país por la muchachada empachada de lila, haya sido de ninguna utilidad a la posición negociadora de Grecia. Y es que entre diatriba y ditirambo en las fallidas reuniones del Eurogrupo el sistema bancario griego se desangraba por una creciente fuga de depósitos.

No quiero decir con esto que Syriza no tenga una buena parte de la razón. Desde luego, condicionar el préstamo multilateral a implementar privatizaciones a precio de saldo o a desregular el mercado de trabajo, es pura ideología, rescoldo de la peor tradición multilateral que bien conocen los países latinoamericanos y africanos que en los años ochenta y noventa tuvieron que pedir créditos al Fondo Monetario Internacional. También es lógico que el objetivo de superávit presupuestario primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) sea menor para dar más margen al gasto social.

Grecia empezó esta negociación con bravuconadas, ignorando que el tiempo jugaba en contra suya, al tiempo que enconaba la posición alemana, ahora más enconada que nunca. Tengo la impresión de que hubiera sido más fácil renegociar la condicionalidad política del préstamo de haber actuado el gobierno griego desde el principio con mayor seriedad y claridad en sus objetivos. Confundir la realidad con el deseo puede acabar en aquello de ir a por lana y salir trasquilado.

 

Domènec Ruiz Devesa es vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

 

Ciudadanos contra ciudadanos

Por: | 18 de febrero de 2015

Images
ANTONIO QUERO

El pulso entre Grecia y el Eurogrupo (el consejo de ministros de finanzas de la zona euro) esconde una realidad más prosaica: contribuyentes de un país deben dinero a contribuyentes de otros países. Los contribuyentes del país deudor esgrimen el sufrimiento social que le causan sus deudas. Los contribuyentes de los países acreedores recuerdan que han destinado recursos públicos a otro país cuando no faltan las necesidades que atender en el suyo propio. ¿Cómo arbitrar democráticamente y encontrar un acuerdo justo para los dos?

La voluntad de los contribuyentes griegos ya ha sido expresada en las urnas el pasado 25 de enero. Vamos a fijarnos aquí, por lo tanto, en la representación de los contribuyentes de los países acreedores, en particular de la de países como España en los que, al igual que en la mayoría de los países de la zona euro y a diferencia de Alemania, el sentimiento de rescatar a otros países con "nuestro dinero" ha sido menor y, consiguientemente, menos debatido desde esa perspectiva.

En España, gran parte de la opinión pública ha descubierto ahora que Grecia nos debe 26.000 millones de euros. Para tomar la medida de lo que representa dicha cantidad, el ministro De Guindos no ha tardado en apuntar que es el mismo importe que dedica España cada año al subsidio de desempleo. Planteado de manera tan somera, no sería sorprendente que la opinión mayoritaria española estuviera a favor de reclamar su devolución íntegra sin más discusión, que es la postura del Gobierno del PP.

La cuestión no se puede despachar, como hacen Podemos o el PSOE, remitiéndose a un proceso europeo de reestructuración o mutualización de la deuda. De hecho, que el resto de los países de la zona euro no acepten una quita de la deuda griega no impide a un país renunciar por su cuenta a parte de sus derechos para aliviar a la sociedad griega o defender la búsqueda de mecanismos asumibles de devolución de la deuda.

La cuestión merece un debate serio y en profundidad puesto que afecta al dinero de todos y a la escasez del mismo frente a la acumulación de necesidades sociales. Para ello deberían abordarse aspectos hasta ahora ignorados en el debate, entre los que incluiría los siguientes.

En primer lugar, la ausencia absoluta de debate cuando España aceptó conceder préstamos a Grecia. No vale despejar fuera el balón escondiéndose detrás del hecho de que habría sido una decisión europea a la que teníamos la obligación de sumarnos. El parlamento finlandés, por ejemplo, exigió que no se concediera ningún crédito sin obtener bilateralmente por parte del país beneficiario garantías en caso de impago. España, sin ir más lejos, ha debido depositar en una cuenta bloqueada 500 millones de euros para recibir la contribución finlandesa de 1.200 millones al rescate bancario español de 43.000 millones. En caso de impago español, Finlandia, a diferencia de los demás países, tiene garantizada la devolución parcial del dinero comprometido.

Del mismo modo que el parlamento finlandés decidió una condicionalidad extrema, el Parlamento español podría haberse preguntado, en el otro sentido, si prestarle dinero a un país con las dificultades que arrastraba Grecia y que había llegado a dicha situación precisamente por la ausencia de fiabilidad del Estado griego en la gestión de sus cuentas, era lo más indicado. O podría haberse planteado si la concesión del crédito debía acompañarse de una condicionalidad estricta, en cuyo caso debería haber debatido qué tipo de condicionalidad era la más apropiada puesto que, en aquel momento, no faltaron voces cualificadas que pusieron en cuestión las condiciones exigidas a Grecia, susceptibles de empeorar su economía y, por tanto, su capacidad de devolución de la deuda.

Todo prestamista que no lleva a cabo un análisis diligente debe aceptar los riesgos en los que incurre, incluido el de impago.

En segundo lugar, a través del caso griego se plantea el sentido del proyecto europeo y de una moneda única. Grecia no es un país tercero cualquiera con el que tengamos una simple relación financiera. En el corazón del proyecto europeo está el concepto de solidaridad. Los europeos han dado muestras de la misma con Grecia al no abandonarla a su suerte frente a los mercados, sería incoherente ahora desentenderse de una parte de la ciudadanía griega que se encuentra en una pobreza extrema o al borde de ella.

Por último, y sin pretender ser exhaustivo, es legítimo esperar un compromiso por parte de Grecia de uso responsable de los fondos que recibe. La pregunta es qué tipo de compromiso se exige y cómo se verifica su cumplimiento. En este punto conviene atender tanto el fondo como la forma. El fondo debe ser acordar unos objetivos con Grecia respetando su soberanía democrática para decidir el modo de alcanzarlos. La forma debe superar el trato estigmatizante de la supervisión arrogante por parte de organismos tecnocráticos.

En resumen, al aceptar convertirnos en país acreedor hemos asumido una responsabilidad que no estamos ejerciendo. La troika es el chivo expiatorio fácil, pero la troika es el mero cobrador del frac que hemos contratado los países acreedores. En la raíz de muchos de los problemas de esta crisis está la ausencia de un debate democrático de calidad sobre los fines y los medios. El pueblo griego y el contribuyente español se merecen ese debate.

 

* Antonio Quero es economista y autor del libro La reforma progresista del sistema financiero (Libros de La Catarata, 2014). 

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal