La banalidad neoliberal

Por: | 22 de febrero de 2017

STUART MEDINA MILTIMORE (*)

 

ClChristine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional.

 

En los últimos meses hemos conocido las propuestas para la economía española del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Consejo Europeo (CE). Ambas son instituciones portadoras del pensamiento neoliberal irredento y sus documentos continúan con su infatigable defensa de las políticas de oferta y desregulación a ultranza. A pesar de todo, resultan sorprendentes tanto la trivialidad de ambos documentos como su falta de adecuación a la magnitud de la crisis social y económica que está viviendo nuestro país. Transmiten un tono de business as usual propio de quien prefiere negar una realidad que le incomoda.

Leemos que el FMI, presidido por esa criatura del establishment llamada Christine Lagarde, propone para la economía española medidas inútiles a la par que desalmadas. Entre otras está la de subir los tipos de IVA reducidos. ¿De verdad es imperioso mermar aún más el poder adquisitivo de las familias depauperadas subiendo el IVA de la leche o de los huevos? También proponen subir los impuestos medioambientales, algo con lo que no estamos en desacuerdo, pero dígannos a cambio qué impuestos podemos reducir.

Aunque muchos economistas –incluso alguno del FMI– ya reconocen que la austeridad encierra en sí misma las semillas de la derrota, sus instintos básicos les impiden realizar el salto mental implícito en aceptar la necesidad de estímulos fiscales reales. Mal que les pese aún no han entendido que un presupuesto expansivo es aquél que aumenta el déficit público, no el que propone una ‘prudente’ senda de reducción del déficit menos rigurosa. A su recetario, el FMI añade de nuevo las consabidas monsergas acerca de la necesidad de racionalizar el gasto sanitario y educativo. ¿De veras piensan que el sistema sanitario español, demostradamente uno de los más eficientes del mundo, puede serlo aún más? La lectura de tales recomendaciones nos lleva a preguntarnos: ¿En qué planeta viven estos expertos?

Veamos qué nos recomienda otro adalid del neoliberalismo. El Consejo Europeo presentó en julio cuatro recomendaciones para nuestro país tan superficiales como perniciosas (El Consejo de la Unión Europea, 2016). En primer lugar: garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. Pero debemos preguntarnos qué criterio utilizan para decidir si un déficit es excesivo o no. Ellos piensan que aquél que supera un arbitrario límite del 3% es excesivo, pero la teoría monetaria moderna nos enseña que la existencia de desempleo elevado es un claro síntoma de que el déficit es demasiado bajo.

Resulta pues evidente que España debe hacer lo contrario de lo que propone el Consejo: aumentar el déficit lo que sea necesario para alcanzar el pleno empleo. Irrita la insistencia cansina en una política de consolidación fiscal que ya ha sido desacreditada por muchísimos expertos y por los hechos.

En segundo lugar, nos apremian a adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral, centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Es enojoso el empeño en atribuir el problema del desempleo a pequeños desajustes entre oferta y demanda. ¿Por qué insisten en formar a los trabajadores para puestos de trabajo que no existen? Estas medidas no crean empleos; simplemente reordenan la cola del paro. ¿Por qué se les escapa la futilidad, diríase incluso la crueldad, de forzar a los desempleados a realizar cursos de formación probadamente inútiles? Se trata claramente de la clásica estratagema neoliberal de culpabilizar al parado de su situación y eximir al gobernante de su responsabilidad de asegurar el pleno empleo.

Productos innovadores

En tercer lugar, el Consejo nos encarece para que adoptemos medidas que mejoren la oferta de la producción científica y los sistemas de enseñanza superior. La especialista en innovación Mariana Mazzucato (Mazzucato, 2014) ya ha explicado que las políticas de oferta en el ámbito científico y de innovación son de dudosa eficacia, y que hay opciones superiores basadas en la creación de una demanda para productos innovadores desde —¡oh, tabú!— el Estado. La cuarta recomendación —sí, solo hay cuatro inútiles y triviales recomendaciones— es “garantizar la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y las medidas de reforma adoptadas para el sector minorista, y adoptar la reforma prevista de los colegios y servicios profesionales”.

¿De verdad es tan urgente que los supermercados permanezcan abiertos los domingos en Extremadura o que desaparezca el último residuo que garantizaba una protección para los profesionales frente al intrusismo? Ya puestos, ¿por qué no proponer que ejerzan como médicos personas sin título universitario? (Consejo Europeo, 2016).

¿Qué ha ocurrido para que las instituciones multilaterales pierdan todo contacto con la realidad y sigan insistiendo como carracas en el cumplimiento de cada punto y coma de su programa basado exclusivamente en políticas de oferta y de liberalización? En mi opinión, las débiles recomendaciones del FMI y del Consejo reflejan el agotamiento del ciclo neoliberal iniciado con el sangriento golpe de estado chileno de 1973 que dio la oportunidad a los ‘Chicago Boys’ para utilizar el país como cobaya de sus recetas económicas.

El edificio teórico del neoliberalismo ha demostrado estar hecho de materiales de derribo. Sucesivos trabajos académicos han verificado la falta de soporte empírico de todos sus postulados y los hechos demuestran que la aplicación de sus políticas ha dado resultados subóptimos. Los estudios de Piketty y Sáez han demostrado que la distribución de rentas y riqueza ha empeorado en todos los países avanzados desde los años 70 (Piketty & Sáez, 2013). Los adalides de la globalización prometían una prosperidad para todos, pero la realidad es que ha dejado de lado a las clases medias y populares de los países avanzados.

Desempleo juvenil

Gracias al desempleo juvenil, por primera vez una generación vivirá peor que la de sus padres. La caída de la inversión y la productividad ha introducido el debate sobre el “estancamiento secular”, pero se obvia que el ataque a las rentas salariales y los punitivos tipos de interés introducidos por el monetarismo en los años 80 desanimaron la creación de nuevo capital productivo por las empresas. Los periféricos de la Eurozona acumulan una década perdida gracias a la aplicación de imprudentes políticas de austeridad que impidieron su recuperación tras la crisis. En definitiva, el neoliberalismo ha justificado el desarrollo de un capitalismo oligárquico y excluyente que no ha dudado en arrasar una sociedad tras otra en la búsqueda de beneficios cada vez más difíciles de extraer.

Los documentos del FMI y del Consejo Europeo demuestran que el pensamiento económico dominante carece de respuestas al estancamiento secular, al desempleo, a la exclusión de los jóvenes, a la creciente desigualdad y a la destrucción del medio ambiente. Quienes se hallan al frente —los Juncker, Lagarde, Moscovici, Draghi, Tusk, et al.— aún no han reconocido su derrota moral e ideológica. Son como sacerdotes de un culto en declive a cuyos templos acuden cada vez menos fieles. Amarrados a sus doctrinas obsoletas y empecinados en la observación de la verdadera fe, estos custodios del dogma neoliberal producen recomendaciones cada vez más insustanciales e inútiles; meros rituales; plegarias repetitivas y mecánicas de alguien que espera que todo vuelva a ser como antes. Es la banalidad crepuscular de la doctrina económica neoliberal.

 

Chow, G. C. (2011). Usefulness of Adaptive and Rational Expectations in Economics . CEPS Working Paper No. 221.

Consejo Europeo. (12 de julio de 2016). RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea (2016/C 299/02). Obtenido de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=EN

El Consejo de la Unión Europea. (2016). RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen. Diario Oficial de la Unión Europea. Obtenido de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=EN

Mazzucato, M. (2014). El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado. Barcelona: RBA LIbros, S.A.

Piketty, T., & Sáez, E. (enero de 2013). Income Inequality: Evidence and Policy Implications. Obtenido de http://eml.berkeley.edu/~saez/lecture_saez_arrow.pdf

 

(*) Stuart Medina Miltimore es presidente de la Red MMT

Europa: la respuesta a Trump

Por: | 17 de febrero de 2017

VICENTE PALACIO (*)

 

TrDonald Trump, presidente estadoundense, durante un mitin.

 

Hay que reconocer que ha sorprendido favorablemente la reacción a las ocurrencias del Presidente Donald Trump tanto por parte del Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como de la alta representante, Federica MogheriniEn los próximas semanas y meses, sabremos más: se irán despejando más dudas, en visitas mutuas en Washington y Bruselas, en la conferencia de seguridad de Múnich, en la Cumbre de la OTAN, en el 60 aniversario del Tratado fundacional de Europa, en las elecciones en Francia y Alemania. 

Nos quita el sueño tanto lo que está aconteciendo en EEUU como sus repercusiones. A estas alturas de la película parece claro que los planteamientos que hasta el día de hoy ha mantenido el presidente Donald Trump representan una amenaza con mayúsculas. 

Primero, una amenaza para el propio Estados Unidos. El América Primero, una nueva versión del neo-fascismo, lo primero que puede llevarse por delante son sus propias instituciones liberales, en su papel de garantes de las libertades y los derechos  consagrados en la Constitución norteamericana. 

Segundo, una amenaza de desestabilización aún mayor del orden internacional. El America First y el giro estratégico de ciento ochenta grados que ello implica, podrían empeorar aún más las cosas. Dicho giro está lleno de inconsistencias, contradicciones o consecuencias muy negativas en relación a Rusia, Oriente Medio, China y el Pacífico, América Latina, el comercio internacional, el cambio climático o las instituciones internacionales.

No es que tengamos muchos motivos para llorar por el fin del orden liberal realmente existente: porque  no era tan orden ni tan liberal. No es que tengamos que llorar por un mundo ilustrado que se va, un mundo de la Razón y la Verdad con mayúsculas. No era el mundo de Jefferson, de Montesquieu o de Kant.

En realidad, el populismo es siempre la consecuencia de un fracaso. Antes de la contra-revolución o la contra-reforma, vivíamos en una caricatura de la Ilustración, en un mundo demasiado imperfecto de crisis devastadoras, caos financiero, exclusión, desigualdad y pobreza, calentamiento global, terrorismo global, corrupción y crisis de las 'democracias representativas' dentro de Occidente. Sin embargo, al menos estaba viva la idea de un mundo moralmente mejor, de un perfeccionamiento de las instituciones, del multilateralismo. 

Y en tercer lugar, los planteamientos de Trump representan una amenaza para la Unión Europea. Primero, por su desconocimiento, desinterés y hasta rechazo de la UE y su proyecto. Su sintonía con el Brexit y las ideas y los líderes populistas que quieren acabar con el proyecto europeo o debilitarlo hasta hacerlo irrelevante, o el pacto con Rusia a manera de una pinza, no deja lugar a dudas.

Pero en segundo lugar, y esto es lo fundamental, porque Trump pone frente al espejo a la propia Unión Europea en lo que tiene de peor: en sus fracasos, su impotencia, su indecisión, su inoperancia, en abordar el gobierno económico, la desigualdad, el desempleo, la brecha generacional, la inmigración, la política exterior. 

En este sentido, Trump no es una oportunidad. A menos que tengamos un concepto muy masoquista de las oportunidades. Más bien es un aldabonazo. Es el destino que aporrea al otro lado de la puerta. 

Chivo expiatorio

Ha llegado el momento de preguntarse: ¿El gran problema con mayúsculas de Europa es Trump? ¿O nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos, es Europa, que funciona mal, que no tenemos proyecto? ¿No estamos haciendo de Trump nuestro chivo expiatorio? ¿Y si fuera así, entonces, qué hacer? ¿Autoflagelarnos y culpar a Europa de todos los males, abandonar la idea, y tratar de regresar a la Europa de las naciones, des-globalizar el mundo? ¿O intentar restaurar el orden liberal internacional y la Unión Europa tal y como eran antes de la contra-revolución, antes de la crisis y del populismo?  

Pero esta es una falsa disyuntiva. Las dos opciones miran al pasado, y son tan indeseables como imposibles. Parece mejor extraer lecciones para abordar nuestra misión: reinventar Europa, y reinventar la globalización. Es ésta la batalla de Occidente. De Occidente consigo mismo, y de Europa consigo misma. ¿La última batalla? 

La conjunción de Trump y Brexit empujan a la Unión Europea a un punto de no retorno. O da un salto y alcanza la otra orilla, o se cae al vacío. ¿Va Europa a asumir responsabilidades? ¿Una Europa de la defensa y la seguridad, una Europa económica pero también social, una Europa solidaria con la inmigración y relevante con Rusia, China, el mundo musulmán, que apueste de verdad por el medio ambiente y por un nuevo modelo energético?

Algo parece claro: para Europa, no se tratará únicamente de dar una repuesta a Trump, como de encontrar una respuesta a sí misma. Por esta razón, creo que esa respuesta a Trump debe ser una respuesta conjunta, común: en este momento, ningún país europeo, grande o pequeño, debería caer en la tentación de pretender una interlocución privilegiada en nombre de Europa, en mantener una relación especial con Washington: de lo contrario, se agravará aún más la deriva de la Unión. Al menos todas estas sacudidas nos recuerdan  lo importante que es un Estados Unidos comprometido con Europa y con el mundo; pero también de lo importante que es una Europa unida y libre y solidaria para Estados Unidos.

(*) Vicente Palacio es director de Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas

 

 

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

MrMariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante una comparecencia.

 

Con las elecciones europeas de mayo de 2014 surgieron en la vida política española nuevos partidos que renovaron el debate al integrar en sus propuestas distintas preocupaciones de los ciudadanos, y sobre todo de los electores de menor edad. El cambio fue refrendado en las elecciones de 2015 y 2016. Y las novedades fueron significativas: nunca el partido más votado había obtenido un porcentaje tan bajo de voto popular, nunca un candidato a la Presidencia del Gobierno había sido rechazado por el Congreso, lo que había dado pie a una repetición electoral seis meses después, y nunca había tenido que aceptar compromisos exigidos por otros partidos estatales como condición para permitir su investidura.

Desde 2015, el largo periodo de interregno vivido nos había convencido a todos de que, esta vez sí, la manera de gobernar sería diferente. Todo apuntaba a que nos encontrábamos ante una situación que necesariamente iba a aportar novedad al sistema. La desconfianza de los ciudadanos y el malestar ante la situación política abocaban, no ya a una sincera renovación, sino a la certeza de que el nuevo Gobierno y sus apoyos parlamentarios harían frente a los problemas reales de los ciudadanos.

Para ello, conocimos detallados documentos elaborados por los partidos que intentaban acercar posiciones, algo desconocido en la historia política española. Con estos compromisos el camino de las reformas parecía ya señalizado. Incluso la traumática abstención del PSOE en la investidura de Rajoy no dejaba de insertarse en una nueva cultura de pactos, compromisos y cesiones mutuas en aras de dotar al país de un Gobierno y de una hoja de ruta para la acción gubernamental.

Por este motivo, tras un año de incertidumbres, y tres meses después de la toma de posesión de Rajoy y su Gobierno, parece que es el momento de verificar si esta creencia ha resultado cierta.

Pues bien, las expectativas y oportunidades de octubre de 2016 se van esfumando rápidamente. El funcionamiento diario del Gobierno y de la Administración apuntan a pocos cambios de fondo y a continuismo. Aunque Gobierno y oposición siguen hablando de “las reformas que España necesita”, estas ni se precisan ni se vislumbran en el medio plazo.

Ya vimos en su momento cómo los cambios en el Gobierno se reducían a los imprescindibles, la estructura administrativa apenas se adaptaba a la nueva realidad parlamentaria y todo apuntaba a un continuismo inquietante cuando lo que se espera es innovación y capacidad de entusiasmar a un país seriamente preocupado por su futuro.

Ingresos y gastos

Si ponemos el foco en la acción desarrollada por el Gobierno hasta este momento, lo único claro es el interés en administrar las reformas llevadas a cabo en el periodo de mayoría absoluta, sin que se atisben nuevas iniciativas que atiendan esas prioridades de país que se explicaban en los documentos para el pacto hechos públicos por los partidos: ofrecer un proyecto atractivo a la mayoría de la sociedad catalana, fomentar de forma rigurosa el desarrollo de iniciativas empresariales que aporten prosperidad, ofrecer alternativas para atender el desajuste entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social, mejorar las condiciones de los “pobres con trabajo” y una política decidida que revierta el incremento de la desigualdad en aras de cohesión y paz social.

Con sorprendente celeridad el Gobierno ha recuperado el hábito de legislar mediante Real Decreto-ley, y en tres meses ya ha dictado 7, que se suman a otros 2 ya aprobados en el periodo en funciones: medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social; medidas urgentes en materia financiera; ampliación del calendario de implantación de la LOMCE; impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica; medidas de protección en materia de cláusulas suelo; y medidas urgentes con daños causados por temporales. Una forma de legislar sorprendente por parte de un Gobierno con apenas el 34 % de voto popular, pero que ha conseguido el apoyo del PSOE en todos ellos salvo en el de las cláusulas suelo, en el que se abstuvo.

Más complicado está resultando el ejercicio de la propuesta legislativa ordinaria, ya que la tramitación parlamentaria requeriría de acuerdos con otros grupos políticos y sometería al texto remitido a unas tensiones siempre incómodas para el Gobierno proponente. Posiblemente por este motivo el Gobierno ha remitido al Congreso tan sólo 4 proyectos de ley, lo que no parece mucho si tenemos en cuenta que todos ellos vienen obligados por exigencia comunitaria y trasponen al Derecho interno otras tantas directivas, aunque entre ellas esté la nueva e importante Ley de Contratos del Sector Público.

Las comparecencias parlamentarias tampoco aportan grandes novedades y, desde luego, contadas referencias al contenido de los pactos políticos. Incluso todo parece indicar que el Gobierno o bien sigue en funciones y limita sus actuaciones a la gestión de los asuntos de trámite, o bien se ha instalado en un ritmo cansino que además socialmente ha sido aceptado, cuando no visto con indiferencia.

En este vacío de ideas se sobrevaloran las virtudes del pacto por sí mismo. Dando por buena la voluntad del Gobierno de pactar la reforma educativa, o de las pensiones, la legislación de seguridad ciudadana o incluso algunos aspectos de la reforma laboral, tenemos hoy por hoy un completo desconocimiento sobre el alcance de estas reformas, y no digamos sobre si estas pueden encajar en las demandas de otras fuerzas políticas. El único dato cierto es la cuantía del techo de gasto, pero tampoco tenemos noticia alguna de su desarrollo en el proyecto de presupuestos para 2017.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria ha sido más activa que nunca; aunque, por el momento, ha resultado estéril. Frente a los 4 proyectos de ley remitidos por el Gobierno, en el Congreso se han presentado 73 proposiciones de ley: 64 de los Grupos parlamentarios (12 de Unidos Podemos y confluencias, 19 del Grupo Socialista, 7 de Ciudadanos, 4 del PP, 8 de ERC, 6 del PNV y 16 del Grupo Mixto), 1 del Senado y 8 de las CCAA. Además, se han presentado 10 iniciativas legislativas populares.

Fuertes diferencias

A la espera de conocer el resultado final de estas iniciativas, aún más incierto por haber sido cuestionadas por el Gobierno al considerar algunas como un riesgo para el control del gasto público, su contenido pone de relieve el fuerte peso de la izquierda en el Congreso, hasta el punto de que pueden leerse como todo un programa de revisión de los aspectos más controvertidos de la política desarrollada por el Gobierno en estos años. Es decir, nos encontramos en un escenario con fuertes diferencias para avanzar en espacios compartidos. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado o participado en las siguientes iniciativas, que sistematizamos con la única finalidad de que nos ayuden a adivinar el recorrido futuro de la Legislatura:

  • Seguridad y libertades. Modificaciones sustanciales en la Ley de Seguridad Ciudadana.
  • Justicia: Tasas judiciales; derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal: reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Código Penal.
  • Educación: suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE.
  • Energía: fomento del autoconsumo eléctrico.
  • Cultura: impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el tipo impositivo aplicable a las actividades culturales.
  • Política social: protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
  • Sanidad: universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. 
  • Política laboral: Igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
  • Medios Públicos de Comunicación: modificación de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
  • Sistema electoral: reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y sus confluencias han centrado sus iniciativas en cuestiones más innovadoras y aún más opuestas a la política popular de los últimos años, como la regulación de la eutanasia, la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho; la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local; la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional; la modificación del Código Penal; o la concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles.

Obstáculos parlamentarios

Contar con un Gobierno en ejercicio desde hace ya tres meses ha hecho olvidar en el día a día que las especiales circunstancias que llevaron a la investidura de Rajoy permanecen intactas y que la aspiración de un posible “Gobierno parlamentario” o de un Parlamento que controle al Gobierno eficazmente se ha mostrado poco realista, ya que este dispone de suficientes recursos constitucionales para ir sorteando muchos de los obstáculos parlamentarios.

La opinión pública parece haberse olvidado de la efervescencia del año pasado. Se muestra desmovilizada y poco crítica y parece despreocuparse del escaso pulso gubernamental. Pero también en el Gobierno se aprecia cansancio y síntomas de “vacío de ideas”. Las ponencias del 18º Congreso del PP son una muestra evidente de sus dificultades para ampliar su agenda de trabajo más allá de la simple administración de las medidas adoptadas desde 2012.

En esta situación, hemos conocido los límites de posibles acuerdos con el Grupo Socialista, que no puede seguir dando su conformidad a reales decretos-ley al ritmo actual; lo que aboca a que, una vez desactivados los riesgos congresuales y consolidada la posición de los equipos dirigentes, en cualquier momento se asuma la idea de vuelta a las urnas a corto plazo y se reinicie el periodo de interinidad y espera de nuevas elecciones.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Trump contra el mundo (también en energía)

Por: | 09 de febrero de 2017

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*) 

 

P

 

Uno de los estandartes de la campaña electoral de Trump fue su apoyo cerrado a los combustibles fósiles. También en energía, como en otras áreas, Trump mostraba su total rechazo a la política llevado a cabo por su antecesor y prometía hacer todo lo posible por echarla abajo. Bajo el segundo mandato Obama y en el marco del Acuerdo de París de cambio climático, por primera vez EEUU asumió compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto se comprometió a la reducción de entre 26-28% en el año 2025 frente a valores de 2005. En términos prácticos esto suponía una obligación de reducción de 32% de emisiones de CO2 a las plantas eléctricas en el año 2030 y aumentar el uso de renovables.

El Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan), aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, obligaba a cada Estado a establecer medidas que aseguraran reducción de emisiones de CO2 derivadas de la producción de electricidad, pero dejaba a los propios estados decidir cómo alcanzar estos objetivos (aumentar el porcentaje de renovables del mix energético, invertir en eficiencia energética, etc).

Algunos Estados recogieron el guante y decidieron poner en marcha planes ambiciosos de reducción de emisiones, sobre todo basados en el aumento de las inversiones en energías renovables. Es importante recordar que en Estados Unidos existen unas 3.300[1] empresas de electricidad. De ellas, más del 60% son públicas (esto incluye 9 plantas de propiedad federal), 877 son cooperativas de consumidores (situadas sobre todo en las zonas rurales) lo que supone el 26% del total, y sólo el 6%, es decir alrededor de 190, son empresas privadas. Mientras que el gobierno federal está encargado de establecer las políticas generales de energía, protección al consumidor y reglas ambientales, es a nivel de los Estados donde se toman las decisiones económicas, normalmente relacionadas con nuevas inversiones.

California, fue uno de los primeros estados en aprobar objetivos concretos de producción de renovables. Adoptó sus primeros planes objetivos de producción con renovables en 2002, con gobierno demócrata, y los aceleró más tarde, con gobierno republicano. De nuevo con gobierno demócrata aprobó hace dos años un plan por el que obligaba a todas las plantas eléctricas a producir la mitad de la energía con fuentes de energía renovables en 2030.

En 2016, Oregón aprobó una ley para eliminar el carbón de su producción eléctrica y doblar el uso de energía renovable en 2040 y asegurar que los precios de la energía pueden ser pagados por todos los ciudadanos. Y lo hizo con el consenso y apoyo de eléctricas, ONGs ambientales, organizaciones de consumidores y Gobierno. Hay muchos más ejemplos. El estado de Nueva York se ha comprometido, y está haciendo lo posible, para que la mitad de su energía provenga de recursos renovables[2].

Carbón, petróleo y gas

Trump ha prometido destruir estos logros. Según su ‘Plan de Energía América Primero[3]’, en primer lugar eliminará el objetivo marcado por La ley de Aire Limpio y el Plan de Acción Cambio Climático presentado bajo el marco de la Convención Marco contra el Cambio Climático de Naciones Unidas. Favorecerá la producción de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas, también de esquisto. Ya ha dado sus primeros pasos en esta dirección. Ha colocado al frente de la Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, conocido negacionista del cambio climático y muy cercano a algunas de las mayores empresas petroleras y gasísticas del país. Ha acelerado los permisos para construir dos grandes oleoductos (Dakota Access y Keystone XL) que cruzarán el país, atravesarán espacios protegidos por su valor ambiental y por ser el lugar donde viven poblaciones originarias.

Los grandes perdedores de la política Trump en energía serán los propios estadounidenses. Las razones por las que Obama abanderó su programa de apoyo a las energías limpias y de lucha contra el cambio climático eran y siguen siendo válidas. En primer lugar por razones estratégicas: el país más emisor del mundo, China, hace tiempo que comenzó su carrera por convertirse en líder mundial en producción y uso de tecnología limpia incluso sobrepasando a Europa, que cedió su posición de cabeza en inversión en desarrollo de tecnología verde. Con Obama EEUU logró situarse en el mapa mundial de desarrollo industrial y tecnológico verde.

Se han creado nuevas empresas en el campo de la solar, eólica o coche eléctrico y gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Microsoft y grandes empresas de otros sectores como Walmart o Amazon han aumentado de manera exponencial sus inversiones en renovables[4]. Una empresa americana, Tesla, está revolucionando el sector del coche eléctrico y está liderando el desarrollo tecnológico para que pueda ser abastecido de la energía solar producida por cada vivienda.

En segundo lugar por razones ambientales y de justicia climática. No resulta admisible que uno de los países con mayor responsabilidad histórica en el problema del cambio climático sea justamente el único que nunca hubiera adoptado compromisos de reducción de emisiones. Mientras que países con mucha menos responsabilidad histórica y con menos capacidad de acción como Etiopía, Marruecos, Brasil o China sí se hubieran comprometido a un desarrollo más limpio. Obama logró cambiar esta situación. Con un EEUU fuera del Acuerdo de París, el resto de países serán los que decidan las reglas que impactarán de manera decisiva en la economía y sociedad estadounidense, como el futuro mercado de emisiones.

La tercera razón tenía que ver con la creación de empleo. La producción de energías renovables y las medidas de eficiencia energética son más intensivas en empleo que la producción con fósiles. Por eso, estos dos sectores formaron parte de las medidas de estímulo económico que aprobó en 2008. Y no se equivocaba. Desde finales de 2008 hasta 2014, el porcentaje de renovables en el mix energético ha aumentado en un 41%. El 43%[5] de las casi 731.000 personas empleadas en el sector de la energía trabajan en el sector solar, mientras que sólo el 22% lo hacen en el sector de las energías fósiles.

Energía solar

Sólo el sector de la energía solar emplea a dos veces más personas que en la industria del petróleo, carbón y del gas juntos. Mientras tanto, una buena parte de las empresas del carbón y extractoras de gas de esquisto (obtenido a través de fractura hidráulica o fracking) han entrado en bancarrota el último año y se han visto obligadas a cerrar. Sólo en 2015 cerraron 94 plantas y la tendencia continuó en 2016. En sólo dos años, desde 2014 a 2016, la minería de carbón perdió 191.000 trabajadores[6].

Los cierres en las plantas térmicas de carbón continuarán. Se trata de plantas muy antiguas cuya vida útil ha terminado y deben ser reemplazadas.  La bajada del precio de la tecnología renovable hace que sea mucho más interesante económicamente invertir en energía limpia que en fósiles. En el caso del gas de esquisto, el cierre ha sido resultado directo de la bajada del petróleo que hemos visto en los últimos meses.

Y la última razón, los ciudadanos estadounidenses quieren consumir energía limpia. Así lo demuestra un estudio realizado por la Universidad de Harvard que analizado la opinión de la ciudadanía americana en los últimos 12 años. El 80% de los entrevistados mostraron su apoyo a la energía solar y eólica frente al carbón, petróleo o nuclear. Entendían el gas como una energía de transición. Tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que su país debe hacer lo posible por aumentar su capacidad energética basada en el sol y el viento[7]. Si Trump escucha a los suyos, así lo hará.

 

[1] U.S. Electric Utility Industry Statistics http://www.publicpower.org/files/PDFs/USElectricUtilityIndustryStatistics.pdf

[2] Building a clean, resilient, and affordable energy system for all New Yorkers. https://energyplan.ny.gov/

[3] An America First Energy Plan https://www.whitehouse.gov/america-first-energy

[4] Big US companies spearhead renewable energy drive

https://www.ft.com/content/e230d280-15e2-11e6-b197-a4af20d5575e

[5]Solar Employs More People In U.S. Electricity Generation Than Oil, Coal And Gas Combined http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/01/25/u-s-solar-energy-employs-more-people-than-oil-coal-and-gas-combined-infographic/#302962377d27

[6] U.S. Has Lost 191,000 Mining Industry Jobs Since September 2014 http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/us-has-lost-191000-mining-jobs-september-2014

[7] Public opinion on renewables and other energy sources http://www.pewinternet.org/2016/10/04/public-opinion-on-renewables-and-other-energy-sources/

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

¿Para cuándo una reforma patronal?

Por: | 08 de febrero de 2017

ANTONIO QUERO (*)

 

Worker

Trabajador durante su jornada laboral. 

 

A los lectores economistas no hace falta explicarles la importancia de la productividad, es decir, la relación entre la producción (output) y los bienes y servicios empleados para realizarla (inputs), que explica gran parte de las diferencias de renta per cápita entre países. Al resto le ruego comprensión valiéndome de una famosa cita de Paul Krugman: “La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. Tiene por lo tanto sentido que las políticas económicas y sociales busquen la mejora de la productividad. Ahora bien, ¿cuáles son los principales factores que favorecen la productividad y cómo actuar sobre ellos?

Concentrémonos en los factores estructurales a largo plazo -la tecnología, el capital y el trabajo-, ya que los factores coyunturales pueden ser engañosos. Por ejemplo, si el PIB de un país cae un 5% y las empresas despiden al 10% de sus trabajadores, por efecto aritmético la productividad en dicho país crece momentáneamente. Toda coincidencia con España durante la Gran Recesión no es fortuita.

El factor trabajo es, de lejos, el que mayor atención reguladora recibe. La legislación laboral, con sus derechos de los trabajadores adquiridos y las normas de higiene y seguridad, es percibida cada vez más como un freno a la mejora de la productividad. La tendencia dominante es introducir una mayor flexibilidad que permita a las empresas ajustar sueldos, plantillas o el tiempo de trabajo según el entorno competitivo en el que se desenvuelvan.

Véanse, por ejemplo, las recientes reformas laborales en España (2012), Italia (2014) o Francia (2016), que “por fin” habrían seguido el camino tomado por Alemania (2004) o, desde hace décadas, por los países anglosajones. La tecnología, ya sea el cambio tecnológico (inversión en I+D+i, ecosistema de innovación, educación superior) o la difusión del mismo (formación continua), anda en la cola de las prioridades presupuestarias, tanto públicas como privadas.

El capital, por su parte, goza de amplia libertad, ajeno a toda regulación pública a pesar de que la evidencia muestra que los cambios en su configuración afectan a la productividad. Por ejemplo, los datos demuestran que en las empresas no cotizadas la inversión, condición fundamental de la productividad futura, es el doble que en las empresas cotizadas, donde predomina la satisfacción financiera a corto plazo del accionista. Otro ejemplo: según el departamento de estudios del BBVA, el tamaño de las empresas explica dos tercios de la diferencia de productividad entre las empresas españolas y las alemanas.

Cualidades estratégicas

Entre las numerosas razones que explican el tamaño de las empresas se encuentran la capitalización de las mismas, no es lo mismo que el ahorro y la inversión vayan a reforzar la base del tejido económico o al ladrillo. No es lo mismo una cultura empresarial encaminada a la extracción de rentas que una que premie y refuerce la visión a largo plazo, o las cualidades estratégicas y de gestión de empresarios y directivos.

Por otro lado, no hace falte insistir en el daño que la precarización inflige al capital humano y, consiguientemente, a la productividad. Sin embargo, aunque la precariedad ocupa un espacio significativo en el debate público, rara vez se pone sobre la mesa la responsabilidad de los "precarizadores". 

No se pretende aquí levantar acta exhaustiva de los factores y políticas que favorecen la productividad y, por extensión, la prosperidad de un país, ni apuntar responsabilidades de unos u otros. Lo que saca a la luz esta breve exposición es que las reformas laborales, o las eufemísticas “reformas estructurales”, concentran la mayor parte de la agenda política, ya sea desde posiciones ofensivas liberales o desde reacciones defensivas de izquierda, mientras que el interés general bien entendido merecería que se prestara mayor atención al cambio tecnológico, incluida la sostenibilidad del modelo de crecimiento, así como a la financiarización de la economía y a los factores que promueven una clase empresarial cualificada y con visión de largo plazo.

 

(*) Antonio Quero es coordinador de Factoría Democrática

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Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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