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CARLOS CARNERO

La presentación del Global Go To Think Tank Index Report 2014 de la Universidad de Pensilvania (octava edición de una clasificación dirigida por el profesor James MacGann y elaborada con la participación de 3.000 expertos que puntúan a casi 6.700 entidades) ha servido para poner de manifiesto la voluntad de los centros de pensamiento de aumentar un grado su influencia en los asuntos públicos mundiales. 80 think Tank (TT) han convocado en 60 ciudades de 50 países de todos los continentes actos dedicados a debatir sobre el papel de ese tipo de entidades en el análisis de la realidad y la elaboración de propuestas para transformarla dirigidas a los decisores públicos y privados. Miles de representantes de las instituciones, la política, las empresas, la universidad, los medios de comunicación y la sociedad civil se han reunido, desde Tokio a Washington, pasando por Madrid, Barcelona, Londres, Milán, Buenos Aires, Lagos o Bombay para subrayar lo que aportan los centros de pensamiento y cómo podrían aumentar su utilidad.

Salvando distancias geográficas e históricas, las conclusiones parecen claras: los TT no pueden sustituir a nadie (sean partidos, empresarios o universidades), sino cumplir su propia labor, consistente en tratar de preveer y estudiar la en tiempo real para hacer propuestas que incidan en la misma.

Para ello, los TT cuentan con importantes fortalezas propias: apertura a los nuevos fenómenos y a la innovación, capacidad para incorporar materia gris, flexibilidad y versatilidad organizativa, agilidad para actuar, preparación para investigar en el corto y medio plazo, credibilidad para mediar entre los decisores y la sociedad, predisposición a cooperar entre sí y alta audiencia mediática. Pero también se ven afectados por relevantes debilidades: escasez de recursos (sobre todo durante esta crisis), verse amenazados por el cortoplacismo que impone la velocidad de los acontecimientos e incluso demasiada facilidad para cruzar la línea que indica no hacer lo que no les corresponde, algo a veces comprensible ante la parálisis o otros actores (como los agentes políticos a la universidad). Y todo ello, claro está, de que los TT cuiden al máximo las tres características que los hacen creíbles ante la ciudadanía, los decisores públicos y privados, los medios y los donantes: independencia, calidad y transparencia.

El Global Go to Think Tank Report Index 2014 (que ha servido también para estructurar regional y mundialmente a los centros de pensamiento: el próximo encuentro internacional se celebrará en Milán en octubre) constata una buena salud general de los TT, aunque también un impasse en su crecimiento numérico, lo que no es necesariamente negativo. 

España tiene una positiva presencia en el Index a través de TT como la Fundación Alternativas, CIDOB, Elcano, FRIDE, FAES e Institución Futuro. Por lo que se refiere a Alternativas, vuelve a situarse entre los mejores de Europa, avanzando 14 puestos en un año, y repite como uno de los mejores del Mundo en cuatro categorías: por dirección, misión y objetivos, relaciones y uso de redes sociales. Buenas noticias que indican la buena salud de los centros de pensamiento españoles pero que debe ser asumidas no para dormirse en los laureles, sino para ser más útiles.

* Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

El delito de financiación ilegal de partidos políticos

Por: | 21 de enero de 2015

Unknown-1JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZ

Hemos escuchado últimamente en el debate político defender la existencia en el Código penal de un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Sin embargo, llama la atención que hasta hoy no se hubiese planteado de forma seria y razonada la estructura y alcance que debería tener esta infracción. Cierto partido político magenta ha propuesto la introducción de este delito, no ya como idea, sino con un texto articulado en forma de enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados. Y es que, observando la realidad que nos rodea y los múltiples casos de corrupción, lo que otrora pudiese verse como una medida conveniente, es ahora imprescindible.

Es tan lógica como que, en el caso de las sociedades de capital privado, aunque con otras nomenclaturas, siempre ha existido una cierta persecución de actividades que suponían en realidad una financiación ilegal las mismas (delitos contra la Hacienda, falsedades, blanqueo). En el caso de los partidos políticos, cuando actúan de forma contraria a los intereses generales, se produce lo que yo llamaría un plus de peligrosidad. Este plus deriva del papel fundamental que juegan en el Estado Social y Democrático de Derecho. Parece lógico pensar que al igual que la existencia y relevancia de los partidos políticos se enraíza en la propia Constitución (art. 6 CE), este último hecho determina que sobre esos mismos partidos políticos deba ultimarse una sistema de garantías que permita su control y un desempeño acorde a la importancia de sus funciones.

En esta línea, la enmienda que presenta el grupo parlamentario magenta pretende llevar al Código penal aquellos supuestos en los cuales un partido político ha obtenido un beneficio económico de forma irregular. De esta forma la propuesta recoge cuatro supuestos en los cuales nos encontraríamos ante financiación ilegal, si bien el cuarto de ellos parece estar más vinculado a un nuevo tipo de malversación política que a la financiación ilegal en sí misma.

En el primer supuesto se pretende tipificar como delito que los responsables de los partidos políticos, su tesorero o el propio partido acepten donaciones, condonaciones u operaciones asimiladas que ya estén previstas como infracción administrativa de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos. Se utiliza en este caso un sistema similar al de los delitos contra la Hacienda pública, de tal forma que no todas las donaciones ilegales serán penalmente relevantes, sino aquellas que superen significativamente las cantidades permitidas, dejando para el régimen administrativo sancionador aquellos casos en los que la donación ilegal sea cuantitativamente inferior.

El segundo supuesto engloba diversas prácticas relativas a la llevanza de las cuentas de una formación política. Tipifica: 1) el falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, 2) la llevanza de doble contabilidad y 3) que se hayan cometido irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del partido. En definitiva, lejos de improvisaciones innecesarias extiende la estructura de los delitos societarios, consolidada tanto en nuestro Código penal como en el de los países de nuestro entorno y aplica sus previsiones a las cuentas de los partidos políticos.

El tercer supuesto de financiación ilegal tipifica el hecho de que se demuestre la existencia de cuentas o patrimonio que no se encuentren debidamente recogidos en la contabilidad del partido y no se puedan justificar en función de su actividad habitual, su régimen de financiación o los informes del Tribunal de Cuentas. Como se observa esta redacción exige que se cumplan dos requisitos: 1) la no declaración del patrimonio por parte del partido y 2) la imposibilidad de justificar el origen de dicho patrimonio. De esta forma se colma el principio de mínima intervención ajustando la respuesta penal proporcionalmente no sólo al hecho de no declarar unos bienes que debieron ser declarados, lo que podría suponer una infracción de carácter administrativo, sino además que no se pueda justificar el origen de los mismos.

Los tres apartados anteriores resultan complementarios a fin de penalizar las llamadas Cajas B de los partidos políticos que tanto han dado que hablar en los últimos años. De tal manera que si el primer supuesto persigue evitar donaciones significativamente irregulares, el segundo supuesto tipifica la llevanza de una doble contabilidad y el tercero se encarga de tipificar la existencia de un patrimonio oculto no justificado.

El último caso recogido es el que determina como financiación ilegal la utilización de subvenciones de cualquier administración pública para fines ajenos a la actividad habitual de los grupos políticos ya constituidos dentro de la propia Institución. Este caso se refiere a la prohibición por la vía penal de una práctica habitual en las instituciones de nuestro país. Así, por ejemplo, no se permitiría que la asignación dineraria que obtiene un grupo político para su funcionamiento, se destine parte de esta financiación para engrosar el sueldo de algunos cargos en lo que se ha venido a denominar sobresueldos en A. Dicha práctica es absolutamente contraria a la finalidad de la subvención, pues los cargos públicos ya tienen asignado sueldo por parte de la institución. Lo que se persigue con la introducción de este apartado, por tanto, es evitar una suerte de malversación de fondos públicos cuya finalidad en origen es la actividad político-institucional y cuya realidad es otra muy distinta.

Además de lo anterior, la propuesta determina que si un partido político funciona con plena autonomía financiera en una parte del territorio español, serán los miembros de la dirección territorial o los encargados de la tesorería de esa parte del partido los responsables del delito de financiación ilegal. Esta medida de asignación de responsabilidad se matiza en el mismo precepto de tal forma que si los miembros de la dirección jerárquicamente superior hubiesen permitido, participado u ocultado dicha financiación ilegal éstos serían igualmente responsables. Finalmente, la propuesta pretende tipificar expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, que si la financiación ilegal pudiese achacarse a una absoluta falta de control del propio partido político en su conjunto, éste podría ser condenado por los delitos anteriores a penas que van desde el pago de una multa hasta la disolución del propio partido, pasando por la inhabilitación para obtener subvenciones públicas.

En conclusión, llevar a la legislación penal estos supuestos garantiza la igualdad de oportunidades de los partidos políticos y una competencia sana entre los mismos, gracias a la cual pueda construirse una democracia de alta calidad. La financiación ilegal de un partido político no es, por tanto, un problema de ‘mera contabilidad’ de los partidos; sino que, en los casos más graves, atenta contra la esencia misma de la democracia.

Jorge Alexandre González es doctor en Derecho por la UCM, abogado y asesor jurídico y parlamentario. 

América Latina y el Caribe ¿declive de los vientos a favor?

Por: | 16 de enero de 2015

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JORGE HERNÁNDEZ MORENO 

A pesar de los reveses, sigue en marcha una recuperación mundial marcada por la desigualdad, la inestabilidad y un posible repunte inesperado de la economía internacional derivado de la caída de los precios del petróleo –un 46% en 2014–, ya que un cambio del 10% en el precio del oro negro está asociada a un incremento del 0,2% del PIB mundial, según Tom Helbling [1].

La desaceleración del crecimiento global, enunciado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), configura una nueva normalidad a la que las economías de América Latina y el Caribe deberán adecuarse, si quieren mantener los niveles –aunque dispares entre los países– de crecimiento económico experimentados, a pesar de la desaceleración paulatina que acecha a la región desde 2011.

Teniendo presente todos estos aspectos, en primer lugar, en las economías avanzadas los legados del boom previo a la crisis desencadenada por las hipotecas subprime en Estados Unidos a finales de 2007, y la coyuntura siguiente, siguen ensombreciendo la recuperación de manera desigual entre países, sectores económicos y estratos sociales. Entre los países de la OCDE, se proyecta un repunte del crecimiento, más lentamente en Japón y la eurozona, –ya oficialmente en deflación y preocupada por la inestabilidad política de Grecia y los conflictos territoriales en Ucrania, con claras implicaciones económicas para su vecina Rusia– y más pronunciado en general en Estados Unidos. En éste último, se están dando todas las condiciones para que la recuperación repunte: orientación de la política monetaria, condiciones financieras favorables, reanimación del mercado de vivienda...

Poniendo el foco de atención y análisis en la inserción internacional de América Latina, ésta evidencia tendencias claramente heterogéneas, si prestamos atención a dos casos muy claros. Por un lado se encuentra el liderazgo de Brasil, papel que empezó a desempeñar a principios del siglo XXI, y que se consolidó como líder regional a mediados el decenio de 2000 debido por a su crecimiento económico y por consiguiente mayor presencia global.[2] Esto le ha llevado a aumentar su peso dentro y fuera de la región, posicionándose como el enlace latinoamericano con el grupo de los BRICS, además de ser el principal promotor de la cooperación Sur-Sur y la integración sudamericana —cuyo ejemplo más claro es UNASUR—.

Ahora bien, las relaciones bilaterales como expresión del unilateralismo estadounidense, han provocado la existencia de al menos dos subregiones diferenciadas: el norte de América Latina liderado por México e integrado por los países de América central y el Caribe, estrechamente ligados a Estados Unidos a través del comercio, las inversiones y las migraciones; y el sur, formado por los países de UNASUR, “que parece erigirse como el más reciente intento de articular un espacio económico y político sudamericano y hacer realidad los objetivos de autonomía, proyección internacional, desarrollo económico y social, y gobernanza interna”.[3]

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de NNUU (CEPAL) a través de sus informes anuales, en concreto el Estudio Económico[4] y el Panorama de la Inserción Internacional[5], evidencia un escenario futuro de “retirada de los vientos a favor” con serias implicaciones para la sostenibilidad del ritmo de crecimiento. A grandes rasgos se espera que la economía mundial continúe expandiéndose durante 2015, aunque de forma moderada, en torno al 3,1%[6]. Como es obvio, la evolución de la economía en el sistema internacional tiene efectos dispares en los países y subregiones de América Latina y el Caribe. Se estima, que Centroamérica, incluidos el Caribe de habla hispana y Haití, crecerá en torno al 4,1%, América del Sur a una tasa del 1,8% y el Caribe de habla inglesa a una tasa del 2,2%.[7]

Subyacen a esta evolución factores diferentes según las subregiones y los mercados de destino de sus exportaciones. Así, México, Centroamérica y los países del Caribe exportadores de servicios se beneficiaron de la sostenida recuperación exhibida por la economía de los Estados Unidos. América del Sur, en cambio, ha sufrido el bajo dinamismo de la demanda de bienes por parte de Europa y China, que se tradujo en el estancamiento de los volúmenes exportados por Brasil (0,1%) y Chile (1,8%), y en la caída de las exportaciones en el caso de Perú (-5,0%).[8]

Desaceleración emergente y (re)orientación de China

Salvo la India, todos los países de los denominados BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica) han registrado una desaceleración en  2014, tendencia que también se observaría en la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y en América Latina y el Caribe. En el caso de la economía China, dada su importancia creciente en el comercio global, y muy en especial para las exportaciones de América Latina y el Caribe, la desaceleración de su crecimiento y la perspectiva de un cambio en su patrón de desarrollo, a favor de una mayor importancia del consumo interno, abren la posibilidad de una reducción del ritmo de crecimiento de la demanda de productos básicos –como las materias primas– y de menores precios en un futuro próximo. Este echo iría aparejado a un cambio en la composición de la canasta exportadora, a favor de aquellos bienes más ligados al consumo, como los alimentos, y en contra de aquellos más vinculados a la inversión, como los metales o los hidrocarburos.

Pero a pesar de este contexto, mediante sus políticas de comercio y cooperación internacionales, China sigue buscando un mayor acercamiento a América Latina y el Caribe, con implicaciones de carácter positivo para la región, en términos de inversión al menos. Este interés mutuo se confirmó en la visita del presidente Xi Jinping en julio de 2014[9] a la región. Con motivo de este encuentro, se creó el Foro China-CELAC, por el que la principal economía asiática se comprometió a dedicar 35.000 millones de dólares a la cooperación con los países de la región.[10]

Todos estos escenarios, muestran la existencia de una vulnerabilidad externa para los países de América Latina y el Caribe, que proviene de su alta concentración en pocos socios comerciales dentro y fuera de la región. Como consecuencia, las perspectivas económicas de cada país está ligada a la evolución de las economías de estos mercados de destino, es decir, al sector exterior. En definitiva, al igual que las economías emergentes en general, América Latina y el Caribe deberá redefinir sus estrategias de desarrollo para adecuarlas a un menor dinamismo de los volúmenes comerciales y a la moderación de los precios internacionales de los productos que exporta, más aún si tenemos en cuenta las implicaciones geoeconómicas que está teniendo el descenso de los precios del petróleo –sobretodo para países como Brasil, Colombia, Venezuela o Ecuador–. En este nuevo contexto internacional, la región debe procurar una modalidad de vinculación con la economía mundial y sus diferentes actores que le permita maximizar los beneficios de sus crecientes vínculos con Asia y otras regiones emergentes, buscando al mismo tiempo reducir los costes de éstas alianzas, centrados en gran medida en el creciente proceso de re-primarización de su estructura exportadora –productiva– y la consiguiente desindustrialización, o lo que es lo mismo, el riesgo de padecer la enfermedad holandesa.  

* Jorge Hernández Moreno es licenciado en Relaciones Internacionales, investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y colaborador de la Fundación Alternativas.

 



[1] The Economist (2014), “Winners and Losers”, 25 de Octubre.

[2] ROJAS ARAVENA, F., (2013) «Transformaciones globales y cambios en las relaciones de poder en América Latina» en Nueva Sociedad. Número 246, Febrero de 2013, pp. 2-23.

[3] SANAHUJA, J. A. (2012) «Cambio de ciclo en el regionalismo y la integración regional en América Latina: Enfoques diferenciados y búsqueda de marcos comunes». En: BONILLA, A., ORTIZ, M. S. (Comp.) (2012) De Madrid a Santiago: Retos y Oportunidades. Balances y perspectivas de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 1ª ed. San José, C.R: FLACSO, 2012.

[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2014.

[5] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe. Integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2014.

[6] CEPAL (2014) Op. Cit., pp. 8

[7] CEPAL (2014) Op. Cit., pp. 19

[8] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2014, (LC/G.2632-P), Santiago de Chile, 2014.


[9] Para un análisis más detallado al respecto véase Verdes-Montenegro Escanez, F. J. (2014) “Amigos a la fuerza: las relaciones China-América Latina y el Caribe frente a los riesgos e interdependencias de una geoeconomía en transformación” Documento de Opinión, 48/2014, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), mayo de 2014.

[10] Estos nuevos recursos se dividirán en tres tipos de fondos, que estarán sujetos a la constitución de un foro y su implementación, El primer fondo contará con un capital inicial de 20.000 millones de dólares y estará dedicado a financiar obras de infraestructura en la región. El segundo tendrá un capital de 10.000 millones de dólares y financiará proyectos de desarrollo. El tercero, de 5.000 millones de dólares, se destinará al financiamiento de proyectos específicos definidos por China.

Transparencia, pero menos

Por: | 14 de enero de 2015

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JOAN RIDAO

La Ley de Transparencia constituye un indudable punto de inflexión en la tradición administrativa española. En efecto, pese a que la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP-PAC) ya hace referencia al acceso a la información en los procedimientos administrativos, por su objeto y funcionalidad los derechos establecidos en la nueva ley van más allá de una mera garantía procesal. De ahí que su aplicación deberá vencer no pocas inercias y reservas del sector público, pero también operar una forzosa adaptación técnica de la Administración a la hora de desarrollar sistemas que aseguren la plena disponibilidad, trazabilidad y calidad de la información. Además, ese cambio de cultura de los decisores públicos deberá llevar aparejado otro cambio de mentalidad, el de la ciudadanía en general, que deberá adaptarse y tomar consciencia de sus derechos y posibilidades, que en este terreno van más allá de la consulta esporádica de aquellos datos más morbosos como la retribución de los altos cargos. La potencialidad de esta herramienta es tal que la propia norma prevé acciones formativas para favorecer su utilización a través del Portal de transparencia (disposición adicional séptima), pero también mediante las llamadas Unidades de información.

Cosa distinta es que, como puede comprobarse fácilmente, el referido Portal no permita acceder por ahora a determinada información. Así, pese a que el Gobierno ha subrayado que hay más de 500.000 registros disponibles, lo cierto es que estos no aportan especiales novedades en relación a los datos ya disponibles, a excepción de los contratos menores, las retribuciones de los altos cargos inferiores a secretarios de Estado, los convenios y la relación de perceptores de indemnizaciones por razón de su incompatibilidad. Además, es obvio que se está dificultando objetivamente la posibilidad de solicitar información cuando, pese a que la norma prevé que pueda hacerse a través de cualquier medio que identifique al solicitante, la web no ofrece ni una dirección de correo ni un teléfono ni una dirección postal, y el formulario de solicitud exige o bien el DNI electrónico o un certificado digital, o bien obtener unas claves hoy por hoy inaccesibles además de complejas. Por lo demás, el Portal tampoco incorpora formatos que permita trabajar los datos como en una hoja de cálculo, para facilitar el análisis desagregado o sistemático de los mismos.

El Gobierno ha asegurado que va a solventar estos problemas, pese a que la Ley se aprobó ya hace un año. Bien. Pero la cuestión tiene mayor enjundia. En primer lugar porque la norma ya nació claramente disminuida en muchos otros aspectos: permite el acceso a la información mediante cualquier tipo de soporte (documentos que obran en poder de cualquiera de los sujetos situados en el ámbito de aplicación de la Ley), pero con la condición de que estos hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, requisito adicional no previsto ni en el Convenio 205 del Consejo de Europa ni en el Reglamento de la Comisión Europea número 1049/2001, de 30 de mayo. Además, es verdad que una de las principales novedades de la ley es la obligación de que las Administraciones publiquen los proyectos normativos con anterioridad a la petición de los dictámenes preceptivos, así como las memorias e informes que integren los expedientes de elaboración de textos normativos, y en particular la memoria del análisis del impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio; pero lo hace sin aclarar si se incluyen las notas, actas o minutas de las reuniones de los comités y grupos de trabajo, así como los informes y pareceres externos y borradores de textos normativos. Por otra parte, y en cuanto al ámbito subjetivo de la titularidad del derecho, la Ley se refiere a «todas las personas», pero sin precisar si en este espectro aparentemente amplio se incluyen también las personas jurídicas. Finalmente, debe subrayarse que no es necesario aparentemente que el solicitante motive la solicitud, ni acredite interés particular alguno (art. 17.3). La ausencia de motivación no constituye por sí sola causa de rechazo de la solicitud. Sin embargo, la Ley prevé como forma ordinaria de resolución el silencio negativo, lo que equivale a una desestimación de la solicitud (art. 20.4). Y esta previsión, según la praxis que pueda hacerse en el futuro, podría llegar a desnaturalizar el objetivo de la Ley e incentivar incluso que las solicitudes fuesen rechazadas de plano y sin motivo. Y ello colisiona con la regla general por la que se entiende que toda Administración que no contesta en plazo estima la petición, salvo en algunos supuestos tasados, entre los que se incluyen imperiosas razones de interés general. 

¿Y cuáles son, por cierto, los límites al derecho de acceso a la información que prevé la Ley? Pues estos son mucho más amplios que los que prevé la LRJAP-PAC: razones de interés público, intereses de terceros más dignos de protección o lo establecido por una ley o un órgano competente mediante resolución motivada. Asimismo, está vedado el acceso respecto a expedientes que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno o de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a derecho administrativo; los que contengan información sobre la defensa nacional o la seguridad del Estado; los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando; y los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial, a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. Ciertamente, la invocación de estos límites deberá ser justificada y proporcionada, valorando las circunstancias concurrentes en cada caso. Pero, por lo pronto, la opción de la ley en este punto resulta contraria a la práctica extendida en otros países de tasar de forma clara y con la máxima seguridad jurídica los diferentes supuestos exentos.

En segundo lugar: se observa un problema más general en la Ley, de concepción del derecho. Veamos. En estas mismas páginas se hacía referencia a un «anuncio» del Consejo General del Poder Judicial en que se aludía a la no necesidad de identificación personal para acceder a la información ya que, según su parecer, nos hallamos ante «un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano». Sin embargo, pese a que, como se ha dicho, la Ley se enmarca en el contexto de otras regulaciones con gran tradición en nuestro entorno, se aparta deliberadamente de la garantía de los derechos fundamentales a recibir libremente información veraz o a participar en los asuntos públicos. De ahí que, ante cualquier litigio, los tribunales deberán ponderar y, en su caso, incluso podrán dar mayor protección a derechos que jueguen a favor de la Administración, estos sí fundamentales, como la protección de datos personales [art. 18.4 de la Constitución (CE)]; a diferencia del derecho no fundamental a la información en que se ampara la Ley (art. 105 b CE). Paradójico. Así tenemos que una ley ordinaria no sólo reduce los derechos de la ciudadanía frente al Leviatán sino que dificulta su homologación en términos europeos, como demuestra el hecho de que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Consejo de Europa (Convenio de Tromsø núm. 205, sobre el Acceso a los documentos públicos), además del propio Consejo de Estado, relacionan este derecho con la libertad de información.

Finalmente, como es sabido, la Ley configura un órgano denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como medio alternativo de impugnación de las resoluciones, expresas o presuntas, denegatorias del acceso a la información. No obstante, el citado Consejo apenas permite compensar la débil posición de los titulares de este derecho, además de que no presenta las suficientes garantías de imparcialidad e independencia, ni está provisto de funciones fiscalizadoras o de lucha contra el fraude. 

 

* Joan Ridao es profesor titular de Derecho Constitucional. 

 

Contra el odio

Por: | 10 de enero de 2015

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JOSÉ ENRIQUE DE AYALA

Francia ha vivido, desde la mañana del 7 de enero, 54 horas de terror, las peores de su historia en al menos 50 años, una terrible explosión de odio que ha dejado hasta el momento un balance de 17 víctimas mortales, además de los tres terroristas autores de la masacre, y casi una decena de heridos graves.

No es el primer atentado yihadista que sufre Europa, ni tampoco el más sangriento, siniestro título que ostentan los de Madrid (2004) y Londres (2005). Lo especial en este caso es que su primer y más cruento episodio se ha dirigido contra los trabajadores de la revista satírica Charlie Hebdo, en represalia por la publicación de unas viñetas críticas contra el fanatismo religioso. Un ataque brutal a la libertad de expresión, es decir, al corazón de la democracia, que demuestra claramente contra qué luchan realmente estos asesinos despiadados. Las muertes indiscriminadas, sin sentido, son dolorosas. Lo son aún más las de aquéllos que han muerto por defender derechos esenciales. Las víctimas somos todos, porque allí donde se ataca a la libertad, cada uno de nosotros es atacado.

Nos golpea de nuevo una barbarie cuyo único horizonte es destruir todo aquello que le es ajeno, que no comulga con su pensamiento. Pero estos canallas no son nada y nada conseguirán. Pueden matar a algunos, pero, si nosotros no queremos, nunca matarán nuestros valores, nuestra forma de vida, nuestra civilización. Solo debemos tener cuidado, cuando se sequen las lágrimas, de no dejar que el temor, o el deseo de más seguridad, repercuta en una limitación de la libertad. Sería pagar demasiado, y ellos habrían logrado su propósito. Los trabajadores de Charlie Hebdo estaban amenazados y no abdicaron de su libertad. El mejor homenaje que podemos hacerles es seguir su ejemplo.

Nuestro enemigo es el odio. El suyo y el nuestro. Si consiguen que el odio contra los musulmanes anide en Europa, habremos entrado en su juego y estaremos perdiendo la batalla. La población musulmana en Europa (20 millones en la UE) es, después de los muertos y heridos y de sus familias, la  victima principal de los asesinos, la que más puede sufrir por ellos. Por más que condenen los atentados, por más que griten su deseo de vivir en paz, siempre hay quien defiende la identificación entre el terrorismo yihadista y la religión musulmana, sobre todo si esta identificación favorece a sus intereses. La islamofobia es en la crisis actual de Europa lo que fue el antisemitismo en la de los años 30 del siglo pasado: el chivo expiatorio de los problemas que nosotros mismos hemos creado y el espantajo con el que la ultraderecha trata de atraer a los más desesperados.

Los repugnantes atentados de París favorecen políticamente sin duda al Frente Nacional en su campaña de demonizar al diferente y avivar el miedo para alcanzar el poder, así como a otros movimientos islamófobos europeos desde el Partido por la Libertad holandés de Geert Wilders, hasta el Pegida alemán, y en general a todos los partidos de extrema derecha o parafascistas europeos que han surgido o medrado al hilo de la crisis económica y social que vive Europa. Partidos que comparten con los islamistas radicales el desprecio por la libertad y por los derechos humanos, como el derecho a la vida, y la defensa de la violencia, realimentándose mutuamente en un siniestro juego de espejos que nos puede conducir a un enfrentamiento trágico. No podemos permitirlo y nuestra arma para ello solo puede ser una: contra el odio, libertad.

Lo que sí que podemos, y debemos, es defendernos del terrorismo. Y no es fácil cuando se trata de amenazas dispersas e imprevisibles. No nos enfrentamos a organizaciones permanentes y jerarquizadas a las que se pueda infiltrar o hacer un seguimiento, sino a lobos solitarios que actúan por su cuenta o a pequeñas células, dirigidas a distancia, o simplemente operando en línea con las directrices de los dirigentes más radicales de Al Qaeda o del Estado Islámico, sin una conexión directa y permanente con ellos, a modo de franquicias. Más de 3.000 europeos están combatiendo en las filas yihadistas, principalmente en  Siria, Irak y Libia. De ellos, 1.300 serían franceses, de los que una cuarta parte  habría retornado ya a Francia. Son estos retornados, con experiencia y  adiestramiento militar, los elementos más peligrosos, sin descartar tampoco los que han surgido de la marginalidad o se han radicalizado en las cárceles. De hecho, Said Kouachi, uno de los responsables de la matanza de Charlie Hebdo había recibido entrenamiento en Yemen en 2011, mientras su hermano Cherif había pasado ya por la cárcel. Algunos testigos aseguran haberles oído decir que actuaban en nombre de la filial de Al Qaeda en Yemen (Al Qaeda en la Península Arábiga), mientras que el secuestrador y asesino de la tienda judía de la Puerta de Vincennes, Amedy Coulibaly, habría invocado su adhesión al Estado Islámico, sin que esto quiera decir que en ninguno de los dos casos los dirigentes de estas organizaciones hayan tomado directamente la decisión de los atentados.

El combate contra los yihadistas en Europa requiere, para ser mínimamente eficaz una acción conjunta de todos los países europeos, especialmente de los que pertenecen al espacio Schengen donde las fronteras prácticamente no existen, y la colaboración de los servicios de inteligencia de otros países, incluidos los árabes y Estados Unidos. Necesitamos una nueva estrategia contraterrorista de la UE, más operativa y adaptada a la amenaza, que ya ha sido anunciada por el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. El intercambio de información y la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad deben extremarse. Es imprescindible una estrecha coordinación entre los instrumentos de seguridad exterior y de seguridad interior. En el exterior, para ayudar a los gobiernos de los países que sufren el azote del yihadismo a combatirlo allí donde nace, tanto por medios políticos como militares, y en el interior para reforzar las redes de inteligencia que son  la base de la prevención de nuevos atentados. Las fuerzas de seguridad deben ser dotadas de los medios humanos y materiales suficientes para controlar un número cada vez mayor de personas potencialmente peligrosas. Y todo ello sin permitirnos limitaciones a la libertad ni discriminaciones de ningún tipo. Difícil tarea, pero no hay otro camino.

A pesar de ello, por muchos medios que se pongan en juego, mientras no desaparezcan las causas profundas, seguirá habiendo fanáticos dispuestos a inmolar su vida para hacer daño a los otros, a los que no comparten sus ideas. Tenemos que estar preparados para nuevos episodios de barbarie. Ellos todavía pueden causar mucho dolor, pero podemos estar seguros de que así no ganarán su absurda guerra que no busca la victoria, pues la victoria es imposible, sino una estéril venganza

 Solo si consiguieran extender nuestro miedo y avivar nuestro odio, solo si consiguieran mermar, aunque fuera un poco, la libertad, la igualdad, y la tolerancia, que son el alma de Europa, solo entonces, habrían ganado la partida.

 *José Enrique de Ayala, exjefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo, es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Belén BarreiroBelén Barreiro es Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Doctora en Ciencia Política y Sociología. Ha sido presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Fernando RuedaFernando Rueda. Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Politólogo, consultor internacional y experto en cooperación cultural internacional.

Ignacio UrquizuIgnacio Urquizu es Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas.

Rubén Ruiz-RufinoRubén Ruiz-Rufino es investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y colaborador de la Fundación Alternativas.

Sandra LeónSandra León es Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, además de colaboradora habitual del programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser.

Pablo BeramendiPablo Beramendi es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (USA). Coordina la colección de Política Comparada en el Laboratorio de Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Manuel de la Rocha VázquezManuel de la Rocha Vázquez. Licenciado en empresariales por la UAM y Master en Política Económica por la U. de Columbia. Es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas.

Erika RodriguezErika Rodriguez es sociologa, especializada en economia y politica internacional. Es Coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas y profesora asociada de la Universidad Carlos III.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Jorge Fernández LeónJorge Fernández León. Director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

Julio EmbidJulio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA por la UCM.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

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