DANIEL LEGUINA (*)

 

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Migrantes del 'Aquarius' a su llegada al puerto de Valencia. KENNY KARPOV / AFP

 

Los datos son claros y preocupantes: 68,5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 2017 -2,9 millones más que en 2016-, según el último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), titulado ‘Tendencias globales’. En detalle, el documento aclara que al término del pasado año había 25,4 millones de refugiados -20 millones auspiciados por ACNUR y 5,4 por la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo-, 40 millones de desplazados internos y 3,1 millones de solicitantes de asilo.

Hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado, y todo indica que estos baremos aumentarán en los próximos años, avivados por la escalada de conflictos armados, hambrunas, terrorismo y persecuciones. De los 25,4 millones de refugiados, más de la mitad son niños y más de dos tercios llevan más de cinco años viviendo como refugiados.

La distribución de estos menores es, empero, desigual. El África subsahariana es la región que cuenta con una mayor proporción, con más del 60%, mientras que en Bosnia y Herzegovina los niños sólo alcanzan el 6%. En todo el continente africano los menores representan el 51% de los refugiados, el 50% en Asia-Pacífico, el 29% en Europa y el 20% en América. Por sexos, el 51% de los refugiados en África son mujeres, mientras que en Oriente Próximo y Norte de África llegan al 50%. En Europa alcanzan el 39%, el 48% en Asia Pacífico y el 47% en América.

Un año más, Siria encabeza la lista de refugiados, con 6,3 millones y un 14% más que en 2016. Le siguen Afganistán, con 2,6 millones, y Sudán de Sur, que en sólo un año ha aumentado en un millón, llegando a los 2,4. El éxodo masivo de ‘rohingyas’ por la represión estatal ha colocado a Birmania entre los diez primeros países, con 1,2 millones de refugiados. Entre los estados de acogida, Turquía sigue en cabeza con 3,5 millones- de los que 3,4 son sirios-, seguido de Pakistán y Uganda con 1,4 millones cada uno; Líbano con casi un millón de sirios; e Irán con 979.000 afganos.

En España, la odisea del ‘Aquarius’ ha marcado los primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda, acoger a los 630 migrantes del barco es un importante gesto humanitario tras la negativa italiana. Los líderes mundiales deben dar prioridad a salvar vidas, y hasta que esto no se convierta en un acuerdo común entre los estados el asunto estará lejos de poder arreglarse. Con documentos de viaje o sin ellos, las personas que huyen de situaciones de persecución o guerra tienen que ser autorizadas a cruzar fronteras, por mar o tierra.

El asilo es un derecho y los Gobiernos han de establecer sistemas sólidos de atención a los refugiados, tratar sus solicitudes con justicia, reasentar a los más vulnerables y atender sus necesidades básicas, como educación y sanidad. Perseguir y enjuiciar a las redes de traficantes que explotan a los refugiados es un asunto capital. En este sentido, Amnistía Internacional recuerda que estas mafias asesinan a los migrantes cuando sus familias no pueden pagar el rescate.

Las soluciones a este rompecabezas no serían complicadas de conseguir si los gobernantes demostraran coraje político y antepusieran la solidaridad y la compasión a los intereses mezquinos de algunos líderes, como el xenófobo italiano Matteo Salvini o el estadounidense Donald Trump, que basan su discurso del miedo en argumentos vacíos como que la llegada de refugiados aumenta la criminalidad y dispara la conflictividad social. Las encuestas, año tras año, dicen lo contrario: la realidad es que los inmigrantes cometen menos crímenes per cápita que los nativos.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

Sobre el trabajo infantil

Por: | 13 de junio de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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Una niña trabajadora en Tanzania. / PLAN INTERNATIONAL

 

El 12 de junio fue declarado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Se estima que este flagelo afecta a más de 150 millones de niños en el mundo y su erradicación forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones Unidas en el 2015. Se trata de un asunto que representa de manera vívida una de las más crueles paradojas de los temas de desarrollo económico: sucede a menudo que mientras más deplorable sea una realidad, mientras más choque contra las intuiciones morales de todos, más difícil es de solucionar.

El fenómeno del trabajo infantil cubre todo un espectro. En el lado más benigno, en dosis limitadas, a partir de una edad razonable, sin interferir con el proceso educativo y en condiciones dignas, puede ser parte del proceso de aprendizaje y transmisión de saberes de una generación a otra. Pero si nos alejamos de ese extremo benigno vamos a encontrar trabajos pesados, que impiden la escolarización de los niños, muchas veces en condiciones peligrosas para la salud e incluso llegando a los casos monstruosos de explotación, esclavitud, violencia y criminalidad.

Pero a pesar de la reconocida urgencia del problema, de lo indignante que puede llegar a ser, no hay mucha claridad sobre cómo abordarlo. Se saben algunas cosas, incluidas algunas buenas noticias: en lo que va de este siglo, el trabajo infantil se ha reducido a casi la mitad de lo que era en el año 2000 cuando la OIT comenzó a hacer un seguimiento sistemático de las cifras. Pero el ritmo de reducción se ha desacelerado en el último quinquenio. En cualquier caso, a menos que se produzcan cambios muy favorables, la ansiada erradicación del trabajo infantil para el año 2025 tiene muy pocas probabilidades de ocurrir.

Se sabe también que más del 70% de los niños trabajadores están en el sector agrícola y que 9 de cada diez están en África, Asia y el Pacífico. De hecho, África Subsahariana es en este momento el área que más preocupación genera ya que en el periodo 2012-2016 fue la única que registró un aumento del trabajo infantil.

También se sabe que las dos terceras partes de los niños trabajadores trabajan en sus unidades familiares. Esto tiene profundas implicaciones. Por el lado de las buenas noticias, este alto porcentaje limita el alcance de los fenómenos más degradantes tales como la explotación y el trabajo forzado. Por supuesto que un solo niño explotado ya es uno en demasía; es un grito en la conciencia de todos nosotros. Para ser más exactos, en este momento son aproximadamente 4,3 millones de gritos en la conciencia si nos atenemos a las cifras sobre esclavitud moderna. Pero para efectos de diseñar políticas públicas es bueno saber que el niño trabajador típico no está en tales condiciones aberrantes.

Ahora bien, este hecho también hace que sea mucho más difícil la erradicación del fenómeno. Ante todo, indica que las prohibiciones están llamadas a tener un impacto muy limitado ya que este 69% de niños no está en empresas que puedan ser sometidas a sanciones y boicots. Se trata más bien de niños que sufren junto con su familia situaciones de pobreza que los llevan a este tipo de decisiones aún en contra de su voluntad. Pero más allá de estos hechos se extienden muchas incertidumbres. Se han ensayado varias políticas y sin embargo sus efectos aún no arrojan luces inequívocas sobre cuál es la mejor.

La dificultad reside en que el trabajo infantil es el resultado de una serie muy compleja de decisiones. Por ejemplo, múltiples estudios confirman que existe cierta dimensión de género en tanto que las mujeres tienden a invertir más en los hijos que los hombres de modo que políticas que mejoran el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar tienen, todo lo demás constante, efectos favorables sobre el trabajo infantil. Programas que tienen efectos deseables en otros aspectos a veces resultan ligeramente contraproducentes en cuanto al trabajo infantil.

Programas de empleo temporal

Es el caso de algunos programas de empleo temporal. Parece ser que en estos casos los hogares, en lo que constituye una reacción lógica, acuden al trabajo infantil para ayudar en labores domésticas mientras el progenitor pueda beneficiarse del empleo temporal. Por supuesto, esto no es una crítica a este tipo de programas. Es más bien una advertencia sobre lo complejo del problema.

La evidencia disponible indica que, si bien programas explícitos de reducción del trabajo infantil tienen impactos positivos, a veces también se obtienen muy buenos resultados atacando por otros flancos. Por ejemplo, transferencias de ingreso, bien sea condicionales, incondicionales o en especie, reducen la vulnerabilidad económica de los hogares y por tanto su propensión a acudir al trabajo infantil.

Estos aprendizajes son, en su conjunto, bastante alentadores. Queda, sin embargo, una duda recogida en muchos estudios: ¿qué tan duraderos son estos efectos? La verdad, aunque no hay muchas evaluaciones rigurosas, parece que muchos de estos programas tienen los efectos deseados, pero solo mientras duran, es decir, no cambian de forma permanente las prácticas de los hogares. Esto no debería sorprender a nadie, pero sí invita a una reflexión más general: el trabajo infantil ya fue erradicado en muchas partes del mundo. En Europa y Estados Unidos hasta hace apenas un siglo era posible encontrar niños trabajando en condiciones lamentables.

De manera que, si de efectos duraderos se trata, será necesario ofrecerle a los hogares afectados por este problema lo que se le ofreció en su momento a los hogares de otros países: acceso a educación gratuita y buenos salarios para los progenitores. Mientras llega ese momento, habrá que seguir por la vía de ensayar programas muy valiosos, aunque sus éxitos sean frágiles y efímeros. Pero más allá de todas las dudas, quedan puntos fundamentales: el mundo ya ha entendido la magnitud y el daño del problema y ya ha dado pasos para resolverlo.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

¿Es importante la pobreza infantil en España?

Por: | 11 de junio de 2018

JESÚS RUIZ-HUERTA (*)

 

1528282921_702213_1528390888_noticia_normal_recorte1Niños en riesgo de exclusión social en un centro de Música por la Paz. C. ROSILLO

 

Una de las novedades incorporadas en la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada fue la recuperación del Ministerio de Igualdad, asignado a la única vicepresidenta del Ejecutivo, así como la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil. Esta preocupación por la igualdad y la pobreza pone sobre la mesa una cuestión poco valorada por el Gobierno anterior, a pesar de los múltiples datos e informaciones de distintas personas e instituciones nacionales e internacionales, que señalaban la relevancia y la gravedad del problema en los países más desarrollados y, singularmente, en España.

No obstante, una parte de la opinión pública y algunos sectores políticos han intentado rebajar la importancia de estas cuestiones, aludiendo a los problemas y dificultades para la medición de la desigualdad y la pobreza, e incluso defendiendo la conveniencia de una cierta desigualdad como el mejor mecanismo para estimular el esfuerzo y la competitividad. En relación con la pobreza infantil, también se dice que este problema afecta tan solo a los países en desarrollo, pero no a los que forman parte del llamado primer mundo, concretamente a Europa, en cuyos países no parece existir la pobreza infantil.

Por centrarnos en el objeto recogido en el título de este artículo, la pregunta que debemos formular es si la pobreza infantil es o no un problema serio en la Unión Europea y en España. La Oficina Estadística de la Unión, EUROSTAT, recoge con periodicidad anual información de los diversos países sobre los ingresos de los ciudadanos y sus condiciones de vida. A partir de tales estadísticas, el indicador más empleado en la medición de la pobreza monetaria es el llamado ‘índice de riesgo de pobreza’, que recoge el número de personas que viven por debajo de un cierto umbral de ingresos.

El criterio seguido en las comparaciones internacionales consiste en contabilizar como población pobre a todos aquellos hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. Para hacernos una idea, según EUROSTAT, dicho umbral, para una familia compuesta por dos adultos y dos niños menores de 14 años en España, en el año 2016 era de 17.238 euros al año. Por tanto, serían pobres en sentido relativo los hogares que obtuvieran menos ingresos que dicha cantidad. Y a partir de la misma fuente, en el mismo año, un 22,3% de los hogares españoles estarían en situación de riesgo de pobreza, algo menos de tres puntos más que los existentes en el año 2007 y cinco puntos más que el indicador medio de la UE en 2016.

¿Y respecto a la pobreza infantil? Aplicando los mismos criterios, los datos nos dicen que la pobreza en hogares con niños ha ido aumentando en la mayor parte de los países europeos, situándose en el entorno del 20% como valor medio de la UE en 2016, porcentaje que se eleva hasta el 28,9% en el caso español. Por tanto, los datos de pobreza monetaria indican que existe casi una tercera parte de este tipo de hogares en situación de pobreza relativa.

Otra batería de indicadores ofrece información complementaria sobre privación material, según la cual estarían en situación de carencia o privación las personas que viven en hogares donde al menos la mitad de sus componentes están privados de 5 o más necesidades de un total de 13 carencias, recogidas por las encuestas de ingreso y condiciones de vida en los diversos países. Según este índice los porcentajes de hogares afectados serían el 15,7% en la UE y el 18,6% en España y, si nos referimos a los hogares con niños, las cifras suben en el caso de España hasta el 22,5% en 2016. Algunos de los ítems que muestran una mayor intensidad (valores próximos al 40%) son ‘poder disfrutar de una semana de vacaciones al año’, ‘atender gastos imprevistos’ o ‘afrontar dificultades serias para llegar a fin de mes’.

Si sumamos los indicadores de pobreza monetaria y los de privación material, siguiendo la propuesta europea del AROPE (Índice de riesgo de pobreza y exclusión social), frente a un porcentaje medio, para toda la población, del 23,5% en la UE, en España se eleva al 27,9% y, en el caso de los hogares con niños, hasta el 31,7%.

En suma, los datos manejados parecen mostrar claramente que alrededor de una tercera parte de los hogares con niños en España viven en situación de precariedad o pueden ser calificados como pobres, y no solo en sentido monetario estricto. No se trata pues de un problema menor, la pobreza infantil existe y está extendida en España, a pesar de la cierta ‘invisibilidad’ que suele caracterizar a los colectivos afectados.

¿Cuál es el perfil de los hogares en situación de pobreza y exclusión? De nuevo el empleo de fuentes de datos solventes indica que los hogares con niños con mayores problemas son aquellos cuya persona de referencia está en situación de paro, es inmigrante o responsable de un hogar monoparental o de otros tipos de hogares con niños, especialmente los numerosos; por otro lado, los índices son especialmente elevados en las zonas muy pobladas y en los territorios del sur de España, incluyendo Canarias.

Vulneración de derechos

Una pregunta adicional nos llevaría a plantear cuáles son las consecuencias para los niños de vivir en un hogar en riesgo de pobreza y exclusión. No cuesta mucho entender que, especialmente en los casos de persistencia de altas tasas de pobreza a lo largo del tiempo, la primera consecuencia fundamental es la vulneración de los derechos de los niños que, en un marco de carencias y deterioro de la situación familiar, suelen ser objeto de especial protección en los países más desarrollados. Además, el hecho de vivir en hogares con importantes carencias, tiene claras repercusiones en el nivel educativo alcanzado, en el futuro estado de salud (pensemos en los graves problemas de la obesidad asociados a una deficiente alimentación), el acceso a la vivienda o la calidad de los puestos de trabajo conseguidos cuando se produce la incorporación al mercado laboral. Por último, hay que recordar que los problemas mencionados y la desatención de las necesidades y dificultades de los niños en hogares pobres acaban teniendo consecuencia en el capital social del país, por lo que, también desde postulados de eficiencia, se trata de un problema de gran importancia que hoy no resuelve la política de protección y garantía de ingresos mínimos.

Dada la indudable insuficiencia de la red de protección social actual en España, con prestaciones familiares fragmentadas y muy bajas, dificultades para que los hogares empobrecidos puedan aprovechar las deducciones fiscales y servicios públicos insuficientes y de limitada calidad, hay argumentos potentes para defender el lanzamiento de una estrategia de políticas públicas a favor de la infancia. Por eso, la creación del Alto Comisionado mencionado con anterioridad parece pertinente, al menos para ayudar a ‘visibilizar’ un problema oculto, pero de tanta entidad.

No obstante, para que el Comisionado genere resultados efectivos, son imprescindibles dos cuestiones básicas: Por un lado, la elaboración de una estrategia global y consensuada, que no se limite a retocar prestaciones puntuales, como la eventual aplicación de una prestación universal por hijo, o la aplicación de deducciones fiscales mayores y tal vez más focalizadas, sino que asuma la transversalidad del problema y la necesidad de complementar las intervenciones directas con otras en el ámbito de los servicios públicos básicos, como la extensión de la educación obligatoria hacia las edades inferiores, el aumento de los instrumentos para facilitar a los hogares con menos recursos el acceso a la vivienda social o la revisión de las normas laborales para facilitar la incorporación de muchos jóvenes al mercado de trabajo con los adecuados niveles de educación y formación profesional o mediante subsidio salariales, para limitar las situaciones de pobreza de bajos salarios tan extendida en España.

Pero además de una buena estrategia consensuada y una adecuada planificación de las tareas a emprender, es imprescindible disponer de recursos. Sin un presupuesto razonable, no se puede esperar mucho del Alto Comisionado y la ausencia de este factor puede limitar la iniciativa a una operación de imagen, generando una nueva frustración a los colectivos más afectados por la pobreza infantil.

 

(*) Jesús Ruiz-Huerta es director del Laboratorio de la Fundación Alternativas

CLEMENTE ÁLVAREZ (*)

 

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Una mujer rebusca botellas de plástico en un basurero de Costa del Marfil. / L. KOULA (EFE)

 

El Día Mundial del Medio Ambiente de este 5 de junio tiene como lema 'Un planeta #SinContaminación por plásticos' para incidir en el problema global en el que se ha convertido la dispersión descontrolada por todo el planeta de estos materiales inventados por los seres humanos. No es una llamada contra los plásticos en sí mismos, pues estos polímeros también tienen importantes ventajas ambientales (como sustitutos de productos animales, ahorro de recursos naturales, aumento de eficiencia energética en sectores como el transporte, conservación de alimentos…), sino contra la contaminación provocada por su uso inadecuado. ¿Qué se está haciendo tan mal con estos materiales? Para analizar este punto, resulta interesante repasar las estadísticas de la propia industria, a través del último informe de 2017 de PlasticsEurope, la organización que representa a los fabricantes en Europa. 

Según este trabajo, en 2016 siguió aumentando la producción de plásticos, llegando a 335 millones de toneladas en el mundo y 60 millones de toneladas en Europa. Esto supone unos 45 kilos por cada persona en el planeta al año y subiendo. En el caso de Europa, los plásticos más demandados son, por este orden, el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad (LDPE), el polietileno de alta densidad (HDPE), el cloruro de polivinilo (PVC), el poliuretano reticulado (PUR) o el tereftalato de polietileno (PET). ¿Y para qué se están utilizando todos estos plásticos? Según los datos de PlasticsEurope, un 39,9% se usan para envases, un 19,7% para construcción y edificación, un 10% para automoción, un 6,2% para el sector eléctrico y electrónico, un 3,3% para la agricultura, y un 4,2% para el hogar, el ocio y los deportes.

¿Es realmente necesario producir todo ese plástico? En este Día Mundial del Medio Ambiente se está llamando la atención sobre todo contra los plásticos de un solo uso (en línea con la propuesta de la Comisión Europea de prohibir productos como pajitas, platos y cubiertos de plástico). No obstante, habría que detenerse más en ese 39,9% dedicado a los envases. Se supone que un envoltorio debería servir para proteger o alargar la vida de los alimentos, pero hoy hay muchos ejemplos en los supermercados en los que esto no se cumple u ocurre lo contrario. En las redes sociales se ha creado un hashtag (#desnudalafruta) para denunciar los casos más absurdos de la moda de empaquetar con plástico hasta la fruta que tiene cáscara propia, como sandías, piñas… incluso cocos. Alimentos que duran menos por quitarle su envoltorio natural y ponerle plástico.

Así pues, cada vez se produce más plástico y a menudo de forma innecesaria. Y lo que es peor: mucho acaba en un vertedero o en medio de la naturaleza. Según asegura la propia industria, de los 2,3 millones de toneladas de residuos plásticos post-consumo recogidos en 2016 en España, la mayoría acabaron en un vertedero.

 

(*) Clemente Álvarez es responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Preocupación social y paralización política

Por: | 30 de mayo de 2018

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

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El Congreso de los Diputados durante una sesión plenaria. / ULY MARTÍN

 

La instauración democrática de 1978 fue percibida como el inicio de una nueva etapa en la historia de España. Tras décadas de espera por fin el país contaba con un marco constitucional y se extendía el convencimiento de que esta vez sí se había encontrado la vía para superar el diferencial de desarrollo que nos alejaba de Europa.

Nunca estuvo más cerca el objetivo de ‘Europa como solución’, que pareció materializarse con el ingreso de España en las Comunidades Europeas; colmando un anhelo secular y la inserción en un tiempo nuevo.

Y, en efecto, los fondos comunitarios y la acción reformista de los gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa del siglo pasado parecían confirmar el giro histórico. Se inició un proceso de convergencia con los Estados de nuestro entorno y el nivel de bienestar español se fue acercando paulatinamente a los de los de los países europeos más desarrollados.

Pero la crisis económica iniciada en 2008 paralizó e incluso revirtió esta tendencia. Si al comienzo de la crisis la riqueza nacional se situaba en el índice 107, superando la media comunitaria, en 2017 este índice ha descendido sensiblemente y ahora se sitúa en 92, es decir, por debajo de la media comunitaria. Esto significa que la riqueza per cápita respecto de la media de la UE ha vuelto a niveles de la segunda mitad de los años noventa. De esta manera, la certeza de progreso sentida desde 1978 se ha ido evaporando poco a poco.

Si se consideran datos referentes al consumo individual per cápita, los datos recientes son aún peores; ponen de relieve importantes dificultades económicas para los ciudadanos; y explican su percepción negativa de la situación económica. No obstante, esta percepción negativa alcanza mayores cotas aún con respecto a la situación política.

Desde 1978 la opinión pública española ha mitificado la Constitución, y ha llegado incluso a sacralizarla, cada vez con mayor frecuencia e intensidad en ciertos sectores políticos. Sin embargo, la crisis territorial cuestiona la operatividad del título VIII, las instituciones del Estado están fuertemente cuestionadas y las demandas sociales desbordan el título I sobre los derechos y libertades fundamentales.

Por todo ello, se extiende la sensación entre la ciudadanía de que la Constitución ha dejado de ser el instrumento jurídico válido para una nueva realidad social.

Insatisfacción ciudadana

Como resultado de esta doble crisis, según revelan los últimos datos del CIS, el 76,2% de los encuestados considera mala o muy mala la situación política, mientras que el 54,7% considera mala o muy mala la situación económica. La gestión del gobierno del PP es considerada mala o muy mala por el 59,3%, mientras que la del PSOE en la oposición supone el 60,3%. Aquellos a los que el Presidente del Gobierno no ofrece ninguna o poca confianza son el 78,6% de los encuestados, que llegan al 83,0% en el caso del líder del PSOE. Para completar esta visión, el 34,7% de los encuestados manifiesta no tener simpatía por ningún partido.

Ciertamente, en la evolución de los dos últimos años, la percepción económica ha mejorado, pero la política ha empeorado sensiblemente; y de esta manera la satisfacción económica como elemento que condiciona y orienta las opiniones de los ciudadanos de forma prioritaria ha entrado en indudable crisis.

Todos los datos indican que los ciudadanos perciben cada vez con mayor preocupación la paralización política y la acumulación de problemas que continúan sin resolverse cuando estamos llegando al ecuador de la Legislatura: el descrédito de las instituciones, el encaje territorial de Cataluña, la financiación territorial, la quiebra del sistema de Seguridad Social, las dudas sobre la acción de la justicia, el incremento de la desigualad, el acelerado despoblamiento de un buen número de provincias, la desindustrialización, la dependencia económica del turismo, etc. Todos ellos problemas presentes al inicio de la Legislatura, no abordados, y sin demasiadas expectativas de abordarse en el futuro próximo ante la previsible inestabilidad parlamentaria.

Respuesta Insatisfactoria

Pudiera decirse que la sociedad española aprecia su orfandad en momentos complejos. Además, en un momento en el que los datos del CIS apuntan que la sociedad española se percibe como más bien poco igualitaria (65,5%), poco desarrollada económicamente (56,0%) o poco innovadora (55,4%).

Mientras en el exterior la Unión Europa ha perdido su condición de guía y los Estados vecinos han dejado de ser un espejo fiable a imitar, y la globalización y la crisis de los Estados ha interrumpido las agendas de bienestar que habían conocido los países europeos en las últimas décadas; en el orden interno la política española muestra preocupantes síntomas de desorientación y de estancamiento.

Los partidos políticos no logran ofrecer propuestas ilusionantes y creíbles a la sociedad y diseñan estrategias y se enzarzan en conflictos que poco o nada interesan a los ciudadanos. En el debate entre partidos el argumentario sustituye a la idea y el eslogan ocupa el lugar del discurso reflexivo.

Y este vacío es más llamativo cuando volvemos la vista hacia atrás. Desde la Ilustración del siglo XVIII y sobre todo desde finales del siglo XIX a partir de la obra de autores como Joaquín Costa o Macías Picavea, la idea de que España necesitaba un programa de reformas profundas se instaló en el pensamiento político español como una tendencia asumida por individuos y grupos sociales preocupados por la situación del momento y por el futuro colectivo de España.

La insatisfacción y la autocrítica, muy arraigadas en el pensamiento colectivo en los últimos dos siglos, han caracterizado el pensamiento político español. Las insuficiencias del régimen de la Restauración, la pérdida de los restos del sistema colonial de 1898 y la persistencia del retraso económico y cultural de España ciertamente crearon un ambiente de pesimismo colectivo, pero que también sirvió como incentivo para el despliegue de una profusa actividad intelectual en la que los pensadores y críticos propugnaron programas de modernización, con reformas pendientes dirigidas a superar el marasmo histórico y acabar con lo que muchos pensadores consideraban una anomalía en el contexto europeo.

Posteriormente, en la Segunda República se produjo una reacción, impulsada por los intelectuales, para cambiar este devenir histórico, como Tuñón de Lara explicó al abordar los orígenes intelectuales de la Segunda República. Es más, incluso el pensamiento totalitario español de los años treinta y el posterior régimen franquista en cierto modo también asumió la necesidad de abordar los problemas seculares de nuestra realidad social, aunque fuera desde una perspectiva autoritaria y en el marco de un gobierno unipersonal.

Por el contrario, en el momento actual, el pensamiento crítico y reflexivo, y el análisis fundado en la solidez científica que conocimos en el pasado, apenas logra abrirse camino. Los intelectuales parecen haber abandonado su compromiso con el programa reformista y cuesta encontrar aportaciones sólidas que alumbren proyectos de interés real para la ciudadanía. Esto supone una penosa quiebra con la tradición del pensamiento en nuestra historia contemporánea.

Es así como en la España actual, esfumado el modelo europeo, ya no se reconoce ese componente regeneracionista que activó la acción política desde hace décadas. A los actores políticos les corresponde ofrecer propuestas, pero corresponde a la tarea intelectual identificar problemas, propiciar debates y aportar ideas para el futuro político colectivo.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

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Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

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Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

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José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

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