40 Aniversario

¿Coalición o, realmente, no?

Por: | 28 de septiembre de 2016

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

 

Debate

Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, el lunes durante el debate a cuatro


Inmersos en el complejo panorama político español, después de dos elecciones generales celebradas en el breve espacio de seis meses, y con el amago de de una nueva cita con las urnas en ciernes, el interés ciudadano sobre el concepto de Gobierno de coalición cobra interés e incluso, fuerza.

Aquella costumbre española de resolver el gobierno de la Nación de forma alternativa entre los dos grandes partidos, bien por mayoría absoluta, bien por mayorías minoritarias de cierta solvencia, parece que declina, y a mucha más velocidad de la esperada. El fin del bipartidismo suena a crónica anunciada, pero con un recambio tan incierto como desconocido, y en algunos momentos, irritante. Parece como si no se supiera dar una salida a la nueva situación, pero todos opinasen al respecto desde una disparidad más ficticia que real, ya que hay momentos en los que se constata que la mentalidad “bipartidista” está firmemente arraigada, y no sólo entre aquellos que pertenecen y/ o votan a los dos grandes partidos.

Sin embargo, el gobierno de coalición, como práctica en situaciones de ausencia clara de mayoría, se encuentra cerca; las unidades territoriales españolas por debajo del modelo estatal, tales como Ayuntamientos y Comunidades Autónomas son ejemplos vivos de este tipo de concertación que a través de negociaciones y pactos, sustentan ejecutivos que gobiernan en  su ámbito con una estabilidad aceptable, aunque su evaluación dependerá siempre de a quién preguntemos, como ocurre siempre en materia política.
El Gobierno de coalición por su propia naturaleza implica el reconocimiento de una pluralidad de intereses y formas de acometerlos y darles salida; por tanto, frente a las críticas habituales de que son ejecutivos más débiles que los mayoritarios, demuestran una mayor adaptabilidad a situaciones complejas, facilitando en definitiva la formación y el sostenimiento de un Gobierno, tarea que reclama cualquier sociedad razonable.

Los ejecutivos mayoritarios, y entre ellos los conocidos como de mayoría absoluta, habrán demostrado a lo largo de los años de la democracia españolas su resistencia a cobijo de legislaturas de tres a cuatro años, pero también es verdad, que han  creado algunos problemas, fáciles de reconocer por la ciudadanía, y que han sido, como rechazo, fuente tanto del nacimiento como del crecimiento de opciones políticas, inimaginables hace no mucho tiempo.

El diseño acerca del poder ejecutivo que pergeñó nuestra Constitución, está claramente orientado a sostener gobiernos fuertes y estables, en detrimento de un gobierno más representativo; la necesidad de consolidar la etapa democrática que tanto esfuerzo había costado conseguir, aconsejó un proyecto de esa firmeza, y ha funcionado durante años.
La crisis económica que golpeó el mundo entero, y a España de forma muy dura, sirvió para manifestar una crisis institucional que venía larvándose, debido a que la sociedad cambia, aunque silenciosamente; y esa metamorfosis, le iba alejando de los modelos que pudieron servir en otros momentos. De ese modo, la quiebra de una sociedad sonriente, y que se iba acostumbrando de manera fácil a los hábitos de la prosperidad, se dio de bruces con  una realidad cruda y despiadada; empezó a buscar referentes, ayuda y sentido a la crisis por parte de sus gobernantes, y crecieron los ciudadanos “huérfanos”.

Todo ello despertó otras posibilidades, aquella de un gobierno de diferentes apoyados en un programa pactado, y apareció la posibilidad o la necesidad de los ejecutivos de coalición. Resulta curioso cómo, no siendo por tanto un desconocido en el panorama español, el gobierno de coalición no acaba de dejar de ser una entelequia imposible de materializar en el ámbito estatal. Bien es cierto que citarle, se le ha citado hasta la saciedad, o hasta desgastarle el nombre, pero solo ha sido retórica, aun dentro de sus variantes o modalidades.


Empecemos con la ya legendaria gran coalición. Cuando uno oye su mención, siempre con el añadido del toponímico alemán, sabe que se están refiriendo a un constructo político llevadero en un país moderno y rico, consistente en que participan del gobierno los partidos secularmente antagónicos, pero que ahora cooperan en un ejecutivo conjunto. La teoría acerca de este modelo está muy bien,  música y letra suenan armónicamente, pero la práctica a la española no están sencilla; no se trata solo de importar un modelo, de teletransportarle; es una fórmula de cierto éxito cuando no hay una mayoría clara, pero su construcción y mantenimiento no están ni exentos de dificultades, ni se arma por arte de birlibirloque, o solo sustentado en la idea que uno tiene de que ese sistema es el mejor, y ya lo ha dicho veinte veces…Hay que trabajarlo más que repetirlo como un mantra.

Otra variante es el gobierno de coalición integrado por fuerzas políticas próximas ideológicamente, lo que supone que pueden sentarse alrededor de una mesa, porque se parte de un acervo común, que puede servir de trampolín para llegar a acuerdos que limen las diferencias. Para esta operación hay que situarse en el eje imaginario izquierda –derecha, y situar a las fuerzas políticas, en el entendimiento de que aquellas que se sitúan más cerca en dicho eje, pueden hablar más y mejor, e incluso pueden arrastrar al pacto a aquellas otras que están algo más lejos. Esta fórmula que se ha planteado también el transcurso de las dos últimas legislaturas en España, tampoco ha fraguado porque se está más al cultivo de las archifamosas líneas rojas, que no es que no puedan cruzar los sentados alrededor de una mesa, sino que se levantan como una frontera frente a otras posibles adhesiones.

Al final, pues nada, no hay gobierno de ninguna clase. No se puede decir que ha acabado una etapa, que entramos en otra, que hay que hablar, y dialogar, y hacerlo realmente. Desde hace mucho tiempo, sabemos que las elecciones en los sistemas parlamentarios no forman gobiernos, sino que son los partidos los que los componen a través de sus negociaciones. Hasta ahora no se ha demostrado fehacientemente que el gobierno de coalición sea un ente real a nivel estatal; es una excusa, un mantra, una coartada, es decir todo aquello que lo está convirtiendo en desechable sin tan siquiera un solo uso.

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la universidad Complutense de Madrid

Elecciones en Rusia: Putin siempre gana

Por: | 24 de septiembre de 2016

VICTOR C. PASCUAL (*)

 

PUTIN 1

El presidente ruso, Vladimir Putin

Desde el 26 de marzo de 2000, fecha en la que Vladimir Vladimirovich Putin ganó sus primeras elecciones presidenciales con el 52,94 % de los votos, el líder ruso no ha dejado de acumular victorias en los distintos procesos electorales celebrados en la Federación Rusa.

Desde la caída del comunismo, las elecciones en Rusia han suscitados críticas y desconfianza por parte de instancias internacionales y organizaciones domésticas, las cuales han denunciado en muchas ocasiones la comisión de irregularidades electorales y la acusada desigualdad de condiciones entre el partido oficial, Rusia Unida, y el resto de competidores. La oleada de protestas desencadenada en 2012, en reivindicación de una mayor limpieza y transparencia de las elecciones, tras unos nuevos comicios ganados de forma arrolladora por el presidente Putin, constituyó el momento más álgido de indignación y oposición frente a la maquinaria oficialista.

Cuatro años después, con ocasión de la cita electoral del pasado 18 de septiembre, el deseo de celebrar unas elecciones más transparentes y democráticas pareció erigirse en una prioridad para el presidente Putin y, en consecuencia, para la nueva presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Panfilova, quien se comprometió a dejar su cargo si detectaba un fraude masivo.

Estas elecciones legislativas convocaban a las urnas a 110 millones de rusos para elegir a sus representantes en la Duma, mediante un sistema electoral de naturaleza mixta -225 diputados por sistema proporcional en circunscripción única y 225 por distritos uninominales-, con efectos altamente distorsionadores en la asignación de escaños, y que –en este caso- han vuelto a favorecer de manera sustancial a Rusia Unida. Prueba de ello es el hecho de que el partido de Putin, en estos últimos comicios, con el 54,2 % de los votos ha obtenido un 76,22 % de escaños.

Los resultados de estas últimas elecciones legislativas han otorgado a Putin el control absoluto del Parlamento, no sólo por haber logrado 343 escaños de 450, sino además porque los otros tres partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria (Rusia Justa, con 23 diputados y un 6,2% de votos, el Partido Comunista con 42 diputados y el 13,3%, y el Partido Liberal Democrático de Zhirinovski con 39 diputados y un 13,1%) son considerados afines al presidente. Lamentablemente, ningún partido de oposición real a Putin ha logrado superar el umbral mínimo para obtener representación parlamentaria.

Para valorar desde un punto de vista técnico e imparcial este último proceso electoral en la Federación Rusa debemos acudir a los informes emitidos por la Misión de Observación Electoral de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que ha desplegado un extenso conjunto de observadores por todo el país para monitorizar las elecciones con un enfoque comprehensivo y de largo plazo. En su informe preliminar, publicado el día siguiente a la jornada de votación, la Misión ha concluido que, si bien estas elecciones han sido más transparentes que las precedentes, existen aún numerosas deficiencias en el cumplimiento de normas electorales internacionales y compromisos democráticos (en especial, del Documento de Copenhague de la Dimensión Humana de la OSCE, de 1990). Entre otras muchas cuestiones, el informe indica que el proceso de registro de candidatos no fue adecuadamente inclusivo debido a las restricciones al derecho de sufragio activo y a los excesivos requerimientos formales, y destaca que la campaña electoral ha sido de baja intensidad y que ha estado dominada por el partido oficialista, de largo el más visible en la campaña. Los observadores de la OSCE también detectaron abusos de recursos públicos en la campaña electoral por parte de Rusia Unida en diversas regiones del país, intentos de influir en los electores a favor del partido oficial por parte de las autoridades locales, así como la existencia de trabas a los partidos de oposición para poder celebrar actos de campaña. Finalmente, los informes de seguimiento de medios de comunicación en campaña emitidos por la Misión de la OSCE también han puesto de manifiesto que los competidores no recibieron una cobertura de medios (audiovisuales, radio, prensa escrita) equitativa en relación a Rusia Unida. Una elevada proporción de la cobertura en los medios de comunicación (entre el 70 y el 90 %) se dedicó al presidente Putin y a representantes gubernamentales lo que, unido a la censura existente por el restrictivo marco legal, evidentemente ha favorecido en exceso al partido gobernante y ha socavado la capacidad de los electores de ejercer su derecho al voto de una manera informada.

En definitiva, los resultados que ha arrojado este último proceso electoral parecen evidenciar que Putin ha convencido al electorado ruso de dos cuestiones esenciales que le permiten conservar –sin grandes esfuerzos- el poder en Moscú: por un lado, erigiéndose en un nuevo prototipo de zar y exaltando el sentimiento nacionalista ruso y el orgullo nacional alrededor de su figura con acciones como las de Siria o Ucrania, ha logrado persuadir a sus compatriotas de que él es el que mejor puede proteger los intereses del país en el plano internacional; por otro lado, el líder ruso ha conseguido “amansar” a la oposición interna y “adormecer” los anhelos de cambio de los sectores más contestatarios; prueba de ello es que estas elecciones han tenido el índice más bajo de participación, un 48 % en el conjunto del país, alcanzando niveles preocupantes en grandes ciudades como Moscú (35 %) o San Petersburgo (32,5 %), lo que no deja de constituir una muestra patente de la extendida desafección ciudadana.

No obstante lo reseñado, a pesar de las deficiencias señaladas por la Misión de la OSCE, Putin tiene asegurada su continuidad en el Kremlin. Hoy nadie duda de su próxima victoria en los comicios presidenciales de 2018, lo que alargará su mandato como mínimo hasta 2024. Es evidente que el futuro de Rusia seguirá ligado al del actual presidente por un largo período. Para que algún candidato de la oposición pueda erigirse como alternativa democrática a Putin, la única opción pasaría por reformar el sistema electoral corrigiendo los variados defectos apuntados por la Misión de la OSCE. Si las autoridades cumplieran las recomendaciones de la Misión de observación, Rusia lograría conseguir un mayor equilibrio y competitividad entre todos los contendientes electorales, lo que podría conducir en un futuro próximo a que las elecciones en Rusia pudieran calificarse como “auténticas” y plenamente democráticas. Mientras esto no ocurra -y no parece que haya voluntad al respecto-, no cabe la menor duda de que Putin seguirá ganando.

 

 (*) Víctor C. Pascual es profesor Universitario y especialista en asuntos electorales

@victorcpascual

 

 

 

 

Una prioridad en materia sanitaria

Por: | 21 de septiembre de 2016

JAVIER REY (*)

 

 

HospitalFachada del hospital de la Paz

 

Pese a los problemas estructurales que padece el Sistema Nacional de Salud, incluídos los de carácter económico, su situación no ha sido objeto de atención específica ni en la campaña electoral anterior, ni en la más reciente. Las únicas propuestas formuladas respecto al SNS, soslayando los problemas de fondo, han ido dirigidas a resolver algunas de las cuestiones más llamativas planteadas derivadas del RD-Ley 16/2012, el que aplicó los recortes en el terreno sanitario. En contraste, la población española sigue considerando dichos problemas entre los que más afectan de hecho su vida cotidiana en los barómetros mensuales del CIS, las quejas a la Oficina del Defensor del Pueblo, o las denuncias publicadas en los medios de comunicación.

Un factor que contribuye a esta dicotomía entre los intereses de la ciudadanía y las actuaciones de los partidos políticos ha sido el acercamiento de éstos últimos a los intereses de los altos cargos y de los cuerpos de funcionarios que constituyen un soporte principal a sus gobiernos. En el terreno sanitario esto se ha traducido en el mantenimiento de un régimen de protección sanitaria diferenciada para las Mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), que permite cubrirla con seguros privados, como un mecanismo especial de captura del regulador por el regulado.

Los efectos sanitarios de esa situación especial y otras semejantes en términos de desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios, sobre todo a la atención especializada, se vienen describiendo desde hace tiempo, reproduciendo un patrón semejante al que se da en otros países: la capacidad de acceder a seguros privados incrementa las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Trabajos más recientes con datos procedentes de las Encuestas Nacional y Europea de Salud permiten confirmar que la población cubierta por el SNS, además de hacer un menor uso de los servicios especializados, espera casi el doble en promedio que la cubierta por las mutualidades para consultar con el especialista (54 días frente a 30), y que las diferencias en el tiempo de espera antes de un ingreso hospitalario entre unos y otros son más de 4 veces menores a favor de los mutualistas (1,4 meses frente a 5,8). Por otra parte, comparada con los mutualistas, la población cubierta por el SNS presente un peor estado de salud autopercibido y una mayor presencia de enfermedades crónicas. El SNS concentra una población con menor nivel de renta, más factores de riesgo para la salud, e incluso un menor grado de apoyo social y posibilidades de contribuir al cuidado de los enfermos.

 

Con todo, más allá de las inequidades que genera, el efecto más importante de la persistencia de esos sistemas de protección diferenciada, cuya desaparición estaba prevista en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, es su impacto político de carácter profundamente antidemocrático: a los colectivos cubiertos por esos sistemas especiales se les dota de la capacidad de intervenir de manera decisiva en la definición de las reglas que se aplican a la organización y gestión del SNS, incluídas las de carácter económico (como el sistema de financiación, o los recortes), a la vez que, al disponer de sus propios dispositivos y recursos asistenciales privados, quedan excluídos de las consecuencias de las medidas que se aplican a quienes reciben la atención sanitaria del propio Sistema. Entre esos grupos se encuentran ministros, cargos y funcionarios de todos los Ministerios, y en especial de aquéllos que gestionan las tres Mutualidades funcionariales de manera independiente del Mº de Sanidad, que sólo coordina y “gestiona” el SNS. 

Mantener esa situación sin incluir esos sistemas en éste, como preveía hace ya treinta años la LGS, y después el Pacto de Toledo, ha sido un criterio legal sostenido de manera expresa por los dos partidos que han ejercido desde entonces el gobierno de la nación: tanto el PSOE, en la Ley 33/2011, General de Salud Pública, como el PP, en el propio RD-Ley 16/2012, incluyeron una cláusula de contenido literal idéntico, estableciendo que “lo dispuesto en (otros apartados) no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o de beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que mantendrán su régimen jurídico específico”. La aplicación de esas cláusulas sucesivas ha tenido efectos diversos:

1) Ha servido para mantener la atención sanitaria de esos grupos de población como prestación del sistema de Seguridad Social, rompiendo el criterio de diferenciación universal de las prestaciones no contributivas de aquélla previsto en el Pacto de Toledo.   Desde un punto de vista más concreto, ha permitido excluir de la elevación de los copagos farmacéuticos previstos en el RD-Ley 16/2012 a los copagos diferenciados en esa misma materia de que disponen esos regímenes. Por su parte, la exportación de riesgos y el cambio de pacientes al SNS a coste cero han aumentado las disponibilidades presupuestarias de las Mutualidades, permitiéndoles elevar las primas de los conciertos con las compañías aseguradoras sanitarias (un 5,1% entre 2015 y 2017),al tiempo que se practicaban los recortes económicos que desde 2011 ha sufrido el SNS.

2) La financiación mutualista a las aseguradoras constituye una contribución sustantiva para su sostenibilidad económica, aunque no cuantitativamente principal, pues los ingresos por pólizas de asistencia sanitaria de las mutualidades suponen ahora alrededor del 20% de los ingresos de esas compañías. Pero además contribuye, de manera aún más decisiva, a la capacidad de influencia de éstas sobre la definición del futuro del SNS, en cuya gestión participan de manera directa e indirecta, a través de fórmulas específicas de gestión de determinados centros de ciertas CCAA. Y sobre todo es la base para defender la necesidad de su participación complementaria para garantizar la sostenibilidad del SNS a través de modelos, como el de las mutualidades, que, sin embargo,                                                                                                                                                                                                                                          resultan imposibles de generalizar, tanto por razones de costes como organizativas y competenciales, en el conjunto del SNS.

3) El efecto quizás más negativo del mantenimiento de esas formas de atención sanitaria diferenciada para quienes, por otra parte, gobiernan el sistema común, es su contribución a romper la imagen constitucional de una protección sanitaria universal e igual para todos que, además de condiciones legales, requiere de condiciones de ejemplaridad democrática. Condiciones que, al igual que lo que está ocurriendo con el sistema judicial, deberían alcanzar incluso a las más altas instancias del poder del Estado , en un momento político en el que el rechazo a las élites parece constituir una de las razones principales de muchas decisiones no previstas adoptadas mediante votación popular.

4) Por otra parte, el mantenimiento de esos sistemas de protección diferenciada está por sí mismo puesto en cuestión también por razones económicas, pese al incremento presupuestario efectuado en los últimos años en concepto de “aportaciones del Estado” para compensar la reducción del número de mutualistas. Esta última es una tendencia que no se debe sólo, aunque sí principalmente, al envejecimiento de la población cubierta por las mismas, que está provocando en los últimos años jubilaciones masivas de personal, que deja así de aportar sus cotizaciones a las Mutualidades. Ni tampoco sólo a la eliminación de las situaciones de doble cobertura (mutualidad +SNS) no legales (lo son , por la naturaleza contributiva mutualista, las de los pluriempleados o “plurijubilados” fuera de la Administración), denunciadas por el Tribunal de Cuentas hace años, que se van reduciendo merced a cruces de las relaciones de población cubierta (titulares y beneficiarios) por cada uno de esos sistemas, y otros ajustes: unas operaciones que, según las propias aseguradoras, dieron lugar a una caída de 400.000 mutualistas entre 2002 y 2006. A esos factores se suma la elevación progresiva del número de funcionarios que también desde hace años opta de manera estable por recibir su atención a través del SNS .

Aunque no quepa esperar cambios en el plazo legislativo más inmediato, hay que recordar dos pasos necesarios para pasar desde la situación actual de gestión independiente de las Mutualidades a su integración plena en el SNS que se deben ir dando:

1) La cesión de las bases de datos de cobertura sanitaria de las mutualidades a la base de datos de población protegida por el SNS, que, debería ser transferida en su conjunto desde el INSS al Mº de Sanidad. Eso permitiría reducir hasta hacerlas desaparecer las duplicidades de cobertura entre ambos sistemas, díficiles de estimar, pero que siguen existiendo.   

2) En tanto se producen los ajustes legales necesarios para convertir la prestación sanitaria hoy contributiva de las mutualidades en una prestación universal vinculada a la condición de ciudadanía española, los órganos que gestionan aquélla, y los presupuestos que gestionan, deberían integrarse con el rango y la independencia adecuados en el organigrama del Mº de Sanidad, con el fin de facilitar la integración progresiva de las prestaciones sanitarias de las mutualidades con las del SNS. Una medida semejante se ha adoptado en Portugal, donde se daba una situación similar de funcionarios civiles y militares dotados de sistemas diferenciados de protección sanitaria.  

Por otra parte, hay dos cuestiones que deberían ser en todo caso objeto de atención pública en un plazo más o menos inmediato:

1)Por razones de equidad cuya vulneración no se debe tolerar de nuevo, es necesario garantizar que el personal incluído en la protección de las mutualidades no quede excluído de medidas personales iguales a las que pudieran aplicarse a la población cubierta por el SNS, en caso de tener que adoptar medidas de recorte sanitario para la reducción del déficit. Tales medidas han sido excluídas verbalmente por todos los partidos, como ocurrió en 2012, pero si fueran aplicadas luego por quien ejerza el gobierno, las diferencias de trato habidas entonces resultarían ahora por completo inaceptables.

2) Por las mismas razones, debe ser objeto de control público atento la renovación del acuerdo entre las mutualidades y las aseguradoras privadas, que en principio se desarrollará a lo largo de 2017, de manera que se eviten condiciones materiales y económicas privilegiadas para el sostenimiento de las mutualidades.

Si el gobierno que se forme no es capaz de adoptar medidas en esas líneas, o los partidos que ejerzan la oposición no las demandan, y unos u otros pretenden volver a mostrar verbalmente su interés y compromiso supuestos por la sanidad y los servicios sanitarios de este país, no merecerán otra respuesta que la de los versos del poeta León Felipe: “No me cuenten más cuentos”.  

 

(*) Javier Rey es doctor en Medicina 

La España inhabitable y la calidad de los servicios públicos

Por: | 14 de septiembre de 2016

CARLOS XABEL LASTRA-ANADÓN (*)

 

Colegio

Una clase de primaria del Colegio Filósofo Seneca

España es uno de los países con menor densidad de población de la Unión Europea. Con una media de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene un quinto de la densidad de Holanda, un tercio de la del Reino Unido y un 10% menos que la de Francia. Sólo Grecia, Rumanía e Irlanda están menos densamente pobladas.[1] España está despoblada a vista de pájaro, con grandes espacios semivacíos en su interior: un cuarto (26%) de la población se concentra en dos provincias y más de tres cuartos (78%) se concentra en las provincias costeras y Madrid.[2] También está despoblada vista más de cerca, concentrada en las ciudades: un 47% de la población vive en las capitales de provincia.[3]

Los pueblos, como es sabido, han sido progresivamente abandonados especialmente desde los años 50. Paradójicamente, el nuestro es el país en el que más gente vive en pisos (un 66%)[4], el precio de la vivienda es una preocupación constante y los desahucios constituyen un problema acuciante.

En su importante ensayo La España Vacía, Sergio del Molino reflexiona sobre este despoblamiento y el “Gran Trauma” de la emigración a las ciudades, origen del desarraigo de los que hoy viven en ellas y sobre el olvido por parte de autoridades y medios de comunicación de los que hoy viven en pueblos.

Más allá de estas consideraciones de largo alcance, infraestructuras y tecnologías pueden y deberían ya hoy reducir las barreras físicas para que una parte de la población pueda vivir contribuyendo a la economía productiva en esta España vacía. ¿Cuáles son las otras barreras para una organización territorial más equilibrada?

En mi propia investigación[5], he estudiado el impacto que la dispersión territorial tiene en la calidad de los servicios públicos, y en particular en el rendimiento educativo.[6] En Estados Unidos, encuentro un efecto positivo de una mayor densidad sobre los resultados educativos en matemáticas o lengua. El análisis, ajustando por diferencias sociodemográficas como ingresos familiares o educación de los padres, muestra que el “premio” a una mayor densidad equivale a un tercio del efecto de otras medidas como la mejora en la calidad del profesorado, puestas en unidades comparables. Al mismo tiempo, el gasto por alumno en educación es mayor en zonas rurales. Con varias técnicas estadísticas (variables instrumentales) sugiero que al menos una parte importante de esta relación es causal.

Pese a la falta de datos comparables sobre rendimiento educativo, en el contexto español no es difícil imaginar que exista una relación similar. Por ejemplo, uno de los determinantes más importantes del rendimiento escolar es la calidad en los profesores, que mejora manifiestamente durante los cinco a diez primeros años en el ejercicio profesional.[7] La falta de arraigo de los universitarios que acceden a ser profesores inicialmente en zonas rurales hace que sea muy difícil que se comprometan con esos primeros destinos y se mantengan en el puesto más allá de unos pocos años, mudándose a ciudades en cuanto les es posible. Esto hace difícil que las escuelas rurales se beneficien precisamente de esos profesores de alta calidad, simplemente porque la mayoría de ellos se van.

El reto práctico de la España vacía es que pueda ser habitable. La calidad de sus servicios públicos y, en concreto de su sistema educativo, puede ser una de las barreras que impidan que hoy lo sea. Los pueblos de España pueden estar vacíos hoy, pero las nuevas infraestructuras y avances tecnológicos hacen que vivir en ellos ya no tenga que ser como lo imaginaba Buñuel en su “documental” de 1933, Las Hurdes: Tierra sin pan, en el que la malaria abunda y la alimentación consiste en patatas y alguna cabra despeñada.

Se debate a menudo la sobrerrepresentación en el Congreso de las provincias interiores y despobladas. Una justificación de esta anomalía debería ser el facilitar que los representantes de estas circunscripciones logren frenar las tendencias seculares de despoblación, entre otras cosas a través de la mejora del servicio de las administraciones públicas. Los diputados “cuneros” o la disciplina de partido hacen que este no haya sido su efecto. Sin embargo, el conseguir revertir esta despoblación contribuiría a modelar un país más en contacto con sus raíces y más equilibrado física y emocionalmente. Además, probablemente también contribuiría a una menor desigualdad y tensión sociales con respecto al acceso al espacio físico y a la vivienda y aliviaría la presión resultante del crecimiento de las ciudades.

Gráfico:

Resultados en matemáticas y densidad de alumnos (datos de EE.UU.).

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Fuente: Análisis del autor, Incluye controles sociodemográficos y efectos fijos para cada estado. Cada uno de los 20 puntos representa ~600 distritos escolares públicos de EE.UU.

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00003

[2] Todos los datos de población de España provienen de las Cifras del Padrón revisado en 2015. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase

[3] Si incluimos las provincias de Madrid y Barcelona, cuyas áreas urbanas claramente abarcan mucho más que la capital.

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Type_of_dwelling

[5] Lastra-Anadón, Carlos X. (2016): Agglomeration and education system effectiveness: Evidence from US school districts. Harvard University mimeo.

[6] Los datos de rendimiento no están disponibles en España de manera homogénea. Para hacerse una de las diferencias con Estados Unidos, la media de densidad de alumnos por kilómetro cuadrado en enseñanzas infantil, primaria secundaria y formación profesional es 15, aproximadamente la mitad que la de Estados Unidos (33).

[7] Para más información sobre el retorno a la experiencia del profesor, ver por ejemplo

Kane, Thomas J., Jonah E. Rockoff, and Douglas O. Staiger. "What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City." Economics of Education review 27.6 (2008): 615-631.

Chingos, Matthew M., and Paul E. Peterson. "It's easier to pick a good teacher than to train one: Familiar and new results on the correlates of teacher effectiveness." Economics of Education Review 30.3 (2011): 449-465.

 

 

(*) Carlos Xabel Lastra-Anadón es licenciado por Oxford en Matemáticas y Filosofía

El coste de la paz en Colombia

Por: | 05 de septiembre de 2016

 ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN (*)

 

Paz

Ban Ki-moon, Santos, Raúl Castro y Timochenko, durante un acto previo a la firma de acuerdo definitivo

El Acuerdo de paz en Colombia es un texto de casi 300 páginas, bastante complejo en el que se recogen detalladamente todos los puntos a través de los cuales se producirá el proceso de desmovilización y desarme de las FARC.

Además de ello, y a diferencia de anteriores procesos de paz, el acuerdo no solo contempla el desmonte de la estructura del grupo guerrillero, sino que implica la puesta en marcha de un conjunto de políticas que permitan su transición hacia la vida política. Asimismo busca la superación de algunas de las causas sociales de la confrontación, así como el necesario desarrollo agrario, atacar el narcotráfico desde un enfoque menos represivo y más social y reparar a las víctimas.

Aunque el acuerdo de paz no es un plan de desarrollo nacional sí que incorpora cambios muy importantes en vastas zonas del país. Según un reciente trabajo de la Fundación Paz y Recociliación las FARC actuaban en 242 municipios del país, habitados por un 12%de la población del país. De hecho, en 112 municipios ejercían una función de regulación social paralela o sustitutiva del Estado.

De cumplirse en toda su extensión lo contemplado en el acuerdo en una porción muy significativa del país vería un profundo cambio en la forma en la que se regulan las relaciones sociales. Muchos colombianos serán por primera vez sujetos de derecho y beneficiarios de políticas públicas; asimismo se produciría una transformación productiva en el campo y se establecería una nueva forma de lucha contra el narcotráfico. A grandes rasgos el acuerdo además del desmonte de la guerrilla tendría que producir una transformación en tres dimensiones: seguridad, estado y acceso al mercado.

Estas tres dimensiones necesitan que el gobierno cree o fortalezca las instituciones y políticas necesarias para su desarrollo conjunto, solo así se producirán resultados sostenibles. Pero también requieren del apoyo del sector privado y la ciudadanía. Implementar el acuerdo implica la consecución de una importante cantidad de recursos, tarea en la que el Gobierno ya hace buen tiempo se ha aplicado consiguiendo un amplio respaldo de la comunidad internacional. En el frente interno también se ha aplicado una necesaria aunque impopular reforma tributaria, pero, la paz cuesta mucho más que dinero y buena parte de ese coste ha salido a flote en torno al plebiscito convocado para refrendar el Acuerdo.

El primero de los costes es el perdón. En el acuerdo de paz no se contemplan penas de cárcel, se contempla la amnistía y la restricción de la libertad. Aunque los guerrilleros a diferencia de otros procesos no se trasladaran a las ciudades, el acuerdo de paz requiere recibir a los desmovilizados como ciudadanos de pleno derecho. También autores de crímenes del Estado como los falsos positivos recibirán ese tratamiento. La mesa de negociación se estableció para conseguir un acuerdo no para juzgar o decidir como castigar a las FARC o al Gobierno y en consecuencia su producto solo podía ser una fórmula alternativa a la justicia penal. En este caso se favoreció la justicia restaurativa poniendo el énfasis en beneficiar a las víctimas y en especial la verdad. La reconciliación en lugar de la venganza.

El segundo de los costes es la reconstrucción del espacio de la participación. Colombia es un país sumamente desigual, gobernado tradicionalmente por elites y en el que no solo la presencia del Estado ha sido fragmentada sino que la participación ciudadana ha sido cooptada o restringida por todos los actores armados. El postconflicto implica asimilar la participación en política de fuerzas de la izquierda evitando a toda costa la guerra sucia de la que fueron víctimas en el pasado. Aunque las FARC no gocen de simpatía popular su participación en política es una ganancia para la democracia y para cerrar de una vez por todas la idea de que el acceso al poder puede hacerse a través de la combinación de todas las formas de lucha. En adelante la única lucha posible es la electoral.

El tercer coste es el de la equidad. La guerra no ha afectado por igual a todo el país, los bogotanos no la han sentido con el mismo rigor que los campesinos, ni las clases medias y altas han visto marchar a sus hijos al frente de batalla en cualquiera de los bandos. Por tanto aquellas zonas y poblaciones que han sufrido la guerra, requieren salir del olvido estatal y social y recibir suficientes recursos políticos y económicos para que puedan mejorar su situación y desarrollar unos medios de vida legales y sostenibles. Buena parte de la opinión publica crítica fuertemente las políticas de transferencia directa del estado, como si fueran simples pagos del Estado hacia sectores de población ociosos, sin entender que es un apoyo que permite sobrellevar una situación extrema mientras se resuelven las causas estructurales de la misma. La tarea del gobierno será asegurar que se aplican eficazmente las políticas necesarias para atacar los fallos estructurales, la de los ciudadanos apoyar solidariamente el coste e implementación de las políticas sociales y fortalecerlas desde la acción privada.

Esto nos lleva al último de los costes, la confianza en el gobierno y el combate de la desafección ciudadana. Una de las amenazas para conseguir la aprobación ciudadana del acuerdo es la baja popularidad del presidente. Se corre el riesgo de que el voto del plebiscito sea un voto de castigo a Santos o a un sistema político altamente desgastado y con poca credibilidad. Si, Colombia es un país con un alto nivel de corrupción, con una tendencia a la perpetuación de los clanes o familias políticas, con políticas poco eficaces y poca rendición de cuentas, entre otros muchos fallos de la democracia. Sin embargo, la paz requiere un voto de confianza, no solo hay que creerles a las FARC que a la fecha han dado muestras solidas de voluntad, sino además porque es mejor un Estado defectuoso en paz y con opciones para mejorar, que un Estado defectuoso consumido por una guerra sin salida y que le impide toda opción de cambio.

La paz no es la solución de todos los problemas de Colombia, tampoco el Acuerdo de Paz es un plan de desarrollo definitivo para el país, pero es la mejor oportunidad que tiene para cambiar la historia, contando además con el respaldo de todo el sistema internacional. Los colombianos tienen que pagar un precio alto, desde luego, pero el beneficio de la paz superará con creces unos costes que solo son temporales frente a la posibilidad de continuar con una guerra sin salida y humanamente insostenible.

(*) Erika Rodríguez Pinzón es la coordinadora del panel de América Latina en OPEX de la Fundación Alternativas 

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Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

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