VICENTE PALACIO
Fotogalería de la visita de Obama a México
En unos pocos meses se cumplirán veinte años de la firma del controvertido NAFTA (North Atlantic Free Trade Area) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EEUU, México y Canadá. Este aniversario podría coincidir con la puesta en marcha de la nueva ley migratoria de Obama que estos días se debate en el Senado norteamericano. La confluencia de ambos seguro que dará que pensar.
De hecho, gran parte del debate sobre la reforma migratoria en EEUU y de los dilemas que afrontan las economías estadounidense y mexicana, tiene su origen en un tratado que ha resultado ser bastante disfuncional para el sur del Río Bravo en términos económicos y sociales y ha acentuado la amenaza del narcotráfico a ambos lados de la frontera.
¿Estamos al final de un ciclo que se ha acelerado desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994? Quizá sea buen momento para replantearse, tanto en Washington como en el D.F. y en otros centros de poder, qué tipo de acuerdos comerciales convienen más a los países y a sus sociedades.
Lo cierto es que nuevas perspectivas se abren en el comercio multilateral: EEUU ensaya una diversificación de grandes acuerdos con áreas como Europa (el Transatlantic Free Trade Area Assotiation, TAFTA), y coincide con su vecino del sur en el Transpacific Partnership (TPP) o la Asociación Transpacífica de 11 países de la cuenca del Pacífico: el propio EEUU, Australia, Vietnam o Singapur, pero también Colombia, Chile, y Perú. En la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre pasado, el presidente Calderón apostó fuertemente también por esa otra Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú, antes de pasarle el testigo a Peña Nieto.
Esta nueva sopa de siglas podría crecer en relevancia frente a un modelo naftiano que parece agotado. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? Ahora ya no se habla de comercio a secas, sino que en su narrativa entran la educación y el tejido social: o sea, transferencia de conocimiento, I+D y demás factores que apuntalan un crecimiento sostenido.
Todo el debate sobre la inmigración ilegal procedente de México de los últimos años, los malentendidos y sobresaltos a uno y otro lado de la frontera, le deben mucho a un mal acuerdo. El NAFTA disparó las asimetrías a ambos lados, y tuvo mucha parte en la economía de las maquiladoras y las remesas. Aunque en modo alguno cabe atribuir al TLC todos los males de México, está claro, casi veinte años después, que los tratados de libre comercio regionales deberían contener elementos compensatorios e incentivos para la parte más débil.
En el Congreso norteamericano, un grupo de senadores, republicanos y demócratas -el “gang de los ocho”- lleva trabajando en un proyecto de ley de reforma. Once millones de indocumentados podrían ver pronto la luz del túnel, la mayor parte en unos trece años –sumando los de la petición de residencia permanente y la naturalización– y otros menos tiempo -trabajadores del campo y niños-. Aunque no sin tener que someterse a una tortuosa casuística –encontrar un trabajo, entre otras- y pagar sucesivas multas para lograr la normalización. Y no sin que los republicanos consigan elevar en 4.500 millones de dólares más el gasto en control fronterizo.
Todo este drama se ve con una especial ansiedad desde la frontera mexicana –país de origen del 60% de los inmigrantes ilegales, y que tiene a 33 millones de méxico-americanos viviendo en EEUU-.
Según datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, la reforma migratoria traería efectos económicos muy positivos: solo la ley de reforma migratoria de 2006 –bloqueada en su momento- hubiera incrementado tres millones de puestos de trabajo adicionales en 2016. Si a los indocumentados se les garantizara un estatus legal este año, el Center for American Progress estima que en los próximos diez años el PIB se incrementará en 832 billones (americanos) de dólares, en 121.000 puestos de trabajo al año, y 109 billones de dólares en impuestos.
Estas reformas podrían traer efectos positivos a México en forma de remesas, en un país que es el cuarto receptor del mundo de este tipo de ingresos. Pero de los 26 billones de 2007 de flujo se ha pasado a 22.4 billones en 2012, bajando a un 1.8% del PIB. Hasta ahora, en el modelo NAFTA de los hogares mexicanos que reciben remesas, más de la mitad del total de ingreso familiar proviene de aquéllas. Es cierto que si la reforma migratoria sale adelante, el incremento de las remesas contribuiría a una mayor inversión y consumo. Pero eso solo sería satisfactorio si sirve para afianzar una diversificación de la economía.
A pesar de infundados temores, la reforma migratoria probablemente no llevará a un boom de inmigración ilegal –lo que en España se llamaría el “efecto llamada”-. De hecho, las cifras disponibles muestran que en estos momentos de crisis, sale más gente de EEUU hacia México -donde la economía vive un momento de moderado despegue por encima del 3%- que al revés.
Estamos pasando a acuerdos de segunda generación frente a otros que han quedado algo caducos. Así que la pregunta que muy pronto se harán Peña Nieto y Obama, si la reforma migratoria finalmente tiene éxito, y los TAFTA, TPP y alianzas del Pacífico van saliendo adelante es: ¿y ahora qué hacemos con el NAFTA?.
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