Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

¿Restringir el derecho de huelga? No en Europa

Por: | 30 de marzo de 2012

Carlos Carnero

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Panorámica de la Puerta del Sol al término de la marcha de Madrid. / PAUL HANNA  (REUTERS)

Seguramente, el rotundo éxito del 29-M aumentará el volumen de las voces que en las semanas precedentes han tratado de alentar el debate sobre una nueva regulación del derecho de huelga, y no precisamente para facilitar su ejercicio, sino para restringirlo y dificultarlo.

El derecho de huelga está recogido en la Constitución Española de 1978, como en el resto de las leyes fundamentales de los países democráticos, empezando por los de la Unión Europea. Hasta la fecha, el uso del mismo ha tenido siempre una dimensión nacional.

Sin embargo, conviene no olvidar que el ordenamiento jurídico español, como el del resto de los estados miembros de la UE, tiene en su cima el derecho comunitario, cuya primacía, aún no estando explícitamente expresada en el Tratado de Lisboa, está reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.

El Tratado de Lisboa, en su artículo 6.1, afirma que "La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados".

A su vez, la Carta establece en su artículo 27 que "los trabajadores y empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga".

Hay dos aspectos relevantes a destacar. Por un lado, la inclusión de la Carta en el Tratado le confiere un carácter jurídicamente vinculante. Por otro, su aplicación está limitada a los casos en que las instituciones de la Unión o los estados desempeñen las competencias que tienen atribuidas o apliquen el derecho comunitario.

Es decir, la legislación europea extiende el derecho de huelga hasta el punto de que, llegado el caso, pudiera ser ejercido en el nivel de la Unión.

Si tenemos en cuenta que muchas de las medidas restrictivas del Estado del bienestar a las que se oponen las centrales que integran la Confederación Europea de Sindicatos se adoptan en Bruselas -vía Consejo y Comisión, con su actual mayoría de derechas- y son aplicadas por y en los estados miembros, no tendría nada de extraño que, llegado el momento, los trabajadores llegaran a plantearse una huelga europea que encajaría perfectamente con los derechos reconocidos por el Tratado de la Unión.

Otra cosa es que alguna vez se convoque o que sea, llegado el caso, positivo o negativo hacerlo. Pero no estaría de más que quienes pretenden solventar la discrepancia de los sindicatos reduciendo sus posibilidades de actuación en el caso de la huelga, fueran conscientes de que el ejercicio de la misma se ha ampliado incluso en el marco de la UE.

Mercado de trabajo y apoyo al Estado del bienestar

Por: | 28 de marzo de 2012

José Fernández-Albertos y Dulce Manzano. Científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC (@jfalbertos) y Profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente.

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Gráfico 1. Preferencias por la redistribución y la expansión del Estado del bienestar por clase social y nivel educativo. Fuente: Estudio CIS 2799 (2009)

En España, a diferencia de los que ocurre en casi todos los países europeos de nuestro entorno, la demanda popular de un mayor Estado del bienestar no está relacionada con las preferencias por un mayor grado de distribución de ingresos entre ricos y pobres. Los sectores económicamente más desfavorecidos, que son quienes más a favor están de una redistribución de los ingresos, no son los que más apoyan una expansión del Estado del bienestar. El gráfico 1 representa la proporción de ciudadanos de diferentes grupos sociales que apoyan políticas redistributivas (líneas continuas) y que están a favor de una expansión del Estado del bienestar (líneas discontinuas). El apoyo a políticas más redistributivas es más intenso en aquellos grupos sociales más desfavorecidos. Sin embargo, estos mismos grupos son los menos favorables al Estado del bienestar.

Una posible explicación de esta anomalía es el limitado carácter redistributivo de la intervención del Estado en España. Debido al diseño del sistema de protección social y a la existencia de una altísima proporción de la población que no disfruta de contratos laborales estables (lo que se conoce como "dualización del mercado de trabajo"), buena parte de la intervención del Estado acaba beneficiando de manera desproporcionada a trabajadores en situación económica favorable. Este sistema de protección, que exige un periodo mínimo de contribución para ser beneficiario de determinadas prestaciones públicas y fija el monto de las transferencias de manera proporcional a los ingresos durante la vida laboral, protege especialmente a los que en el mercado de trabajo se conoce como insiders -aquellos que han podido cotizar a la seguridad social de forma sostenida y mantener salarios más altos- y penaliza a los trabajadores con ingresos más bajos e historias laborales más precarias.

El gráfico 2 muestra la relación entre el grado de dualismo del mercado de trabajo del país y el coeficiente de correlación (una medida básica del grado de asociación entre dos variables) entre la creencia de que el gobierno debería reducir las diferencias de ingresos y el apoyo al Estado del bienestar. En efecto, es en los países con mercados laborales altamente dualizados donde la relación entre preferencias por la redistribución y el respaldo al Estado del bienestar es más débil.

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Gráfico 2. Dualismo y correlación a nivel nacional entre apoyo al papel del gobierno en la reducción de las diferencias de ingreso y apoyo al Estado de bienestar. Fuente: Encuesta Social Europea 2008

¿Quién apoya el Estado de Bienestar?

 

Propuestas fiscales progresistas del PSOE. Bienvenidas

Por: | 26 de marzo de 2012

Manuel de la Rocha Vázquez

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La semana pasada el PSOE presentó dos proposiciones no de ley en el Congreso en relación a la política tributaria que tienen bastante interés. Por un lado: la reforma del Impuesto de Sociedades (IS) con el establecimiento de un suelo mínimo de pago; por otro, la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, como se había ya propuesto en la campaña electoral.

En España los ingresos públicos se han desplomado en los últimos años debido a la crisis. La presión fiscal ha caído sustancialmente hasta el 33%, muy alejada del 40% de media de la UE. También el gasto público en nuestro país, al 45,5% del PIB, queda lejos de los niveles europeos (50,6%), y ni qué decir de los países con los estados de bienestar más asentados. Obviamente, el ajuste fiscal que viene, nos alejará aún más de esos niveles.

Existe bastante literatura que muestra que los ajustes fiscales funcionan mejor cuando implican una combinación de recortes de gasto y subidas de impuestos. Obviamente, no todas las subidas son igual de eficientes, ni mantiene el mismo nivel de equidad. El anterior gobierno de Zapatero se vio forzado a subir los impuestos, pero acabó tocando básicamente el IVA, que como impuesto indirecto es bastante regresivo. En cambio el PP, a las dos semanas de llegar al poder aprobó una subida sustancial del IRPF. Aunque con esta decisión la hipocresía del PP quedó bien expuesta, la realidad es que la subida impositiva de Rajoy, bien que le pese a los socialistas y aún siendo temporal, es la más progresiva que se ha hecho en varias décadas. Cierto que afecta a las clases medias, pero también lo es que subió 7 puntos el tramo más alto de la tarifa del IRPF y sobre todo, aumentó sustancialmente, del 21 al 27 por ciento, la imposición a las ganancias de capital.

El PP, en cambio, no se ha atrevido a tocar el IS, a pesar de que su capacidad recaudatoria se ha ido erosionando paulatinamente en los últimos años por el efecto de los ajustes extracontables y de consolidación y por la compensación de bases negativas de otros ejercicios. De ahí la relevancia de las medidas planteadas por el PSOE para acercar los tipos efectivos a los nominales. En la actualidad siguen existiendo varias deducciones y bonificaciones al IS, que hacen que el tipo efectivo se reduzca mucho con respecto al tipo nominal. En general, son las empresas grandes las que tienen más facilidades para aplicarse deducciones, emplear estrategias fiscales, aprovechar las filiales en el exterior, etc., de ahí que su tipo efectivo sea menor. Como muestra, la reciente noticia de que BBVA había conseguido después de las "rebajas fiscales" un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del entorno del 7,5%. Algo verdaderamente preocupante.

La propuesta del PSOE consistiría en establecer un tipo efectivo mínimo del 15% sobre el resultado contable, lo cual según algunas estimaciones podría recaudar más de 7 mil millones de Euros, provenientes fundamentalmente de las grandes empresas, que son las que tienen los tipos efectivos por debajo del 15. Sin duda, ésta sí que es una medida que mejora la progresividad del sistema, al igual que la instauración de un impuesto a las grandes fortunas en línea con Francia y Reino Unido. Son medidas que desde la Fundación Alternativas venimos defendiendo hace tiempo, como muestran nuestros trabajos en materia de fiscalidad europea. Es probable que el PP ignore las propuestas, aunque está por ver cómo van a lograr los objetivos de déficit sin subidas adicionales impositivas. Pero al menos observamos un giro sustantivo y progresista respecto a la política fiscal y tributaria defendida por los socialistas hasta fechas recientes. Aunque tarde, bienvenido sea.

"La luz del sol es el mejor desinfectante"

Por: | 23 de marzo de 2012

Javier Ortiz

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Imagen del Sol tomada por el satélite 'SDO', de la NASA, durante la erupción. / NASA

"La luz del sol es el mejor desinfectante" (Louis D. Brandeis en "Other People's Money, and how the Bankers use it", 1914).

¿Cómo podemos hablar de una democracia consolidada cuando a estas alturas aún no tenemos una ley de transparencia? Todos los indicadores sobre transparencia nos dejan en mal lugar. España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de transparencia y de acceso a la información pública. Incluso Italia, ¡con Berlusconi!, aprobó en 2005 una ley que abría, en parte, la puerta de la transparencia. En esta materia nos superan con creces México y no pocos países latinoamericanos. Por poner un ejemplo, alguno de ellos se lo toman tan en serio como para crear un Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la Corrupción. No digamos nada de los países anglosajones o del norte de Europa, donde la teoría de la Administración de cristal al servicio de los ciudadanos es una realidad desde hace siglos. En Suecia, una Ley de 1766 permitió ya la publicación de documentos del Gobierno y el acceso público a los mismos.

En España sólo ha habido un leve intento, anteproyecto de ley, del gobierno de Zapatero en los últimos meses de su última legislatura. El PP nos promete retomarlo de inmediato. El legitimar la transparencia, al menos en lo público, es indispensable.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla e investigador de la Fundación Alternativas, en un documento que elaboró recientemente para el Laboratorio de Alternativas, nº 170/2011, "Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas", y en el que reflexionaba en torno a la transparencia y la información en España, recalcaba la necesidad de instaurar una cultura de la transparencia, con una serie de propuestas, como por ejemplo: reconocimiento del derecho de acceso a cualquier persona, sin limitación en razón de nacionalidad o residencia, ni necesidad de acreditar interés, ni motivar obligatoriamente la solicitud; sometimiento a la obligación de transparencia de todos los sujetos que ejercen funciones administrativas o prestan servicios públicos; diseño de un procedimiento simple, ágil y asequible para todos los ciudadanos, con plazos breves de resolución; previsión de una institución independiente que permita una respuesta rápida y eficaz a las reclamaciones de los ciudadanos... Y todo ello, como indica este autor, con una lista cerrada de excepciones de aplicación restrictiva, por ejemplo, cuando están en juego datos íntimos o respecto a la seguridad y defensa, etc.

Contamos con una muy buena Ley de Protección de Datos. Ahora es necesario que se apruebe, cuanto antes, una Ley de Transparencia. Ley que debe partir del principio de que el derecho de acceso de todos a la información pública ha de ser la regla en un país democrático. "El acceso a los documentos constituye el principio jurídico y la posibilidad de denegación es la excepción" proponía hace ya tiempo nuestro investigador José Luís Piñar, en el documento que realizó para el Laboratorio de Alternativas "Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e incierto equilibrio". En otro documento, también de nuestro Laboratorio, "Reinterpretando la rendición de cuentas o accountability: diez propuestas para la mejora de la calidad democrática y la eficacia de las políticas públicas en España", de Eduard Jiménez Hernández, en el que se hacen una serie de propuestas para poner en marcha y fortalecer el derecho del ciudadano a que el gestor público le rinda cuentas acerca de en qué se gasta su dinero.

¡Más política!

Por: | 21 de marzo de 2012

Rubén Ruiz-Rufino

Grafico Post Rufino

¿Qué implicaciones tiene que el proceso de toma de decisiones de un país sea predecible? Una respuesta muy rápida e intuitiva la ofrece el gráfico de más abajo. Cuando importantes empresas o inversores económicos perciben que la efectividad del gobierno de un país es alta, entonces también aumenta la percepción de que los episodios de corrupción en dicho país son menos frecuentes. El gráfico permite, además, comparar las democracias más industrializadas. Como se puede ver, España está en una zona intermedia tanto en niveles de gobierno efectivo como en las percepciones que existen sobre la corrupción. Según los datos del Banco Mundial, nuestro gobierno es tan efectivo como el de Alemania o Nueva Zelanda y nuestro nivel de corrupción se parece al de Francia o Portugal.

Si la manera de hacer política está relacionada con la corrupción, entonces la pregunta lógica que el lector puede hacerse es: ¿qué nos falta en España para alcanzar los niveles de efectividad de las democracias nórdicas donde la corrupción parece ser menor? Esta cuestión sirve para reflexionar sobre la idea de representación política, el principio central que articula nuestras democracias. La representación política, entendida como el mandato que los ciudadanos otorgan de forma periódica a los políticos para que actúen en su nombre, es una idea que está actualmente en crisis. En países como Grecia o Italia, los gobiernos de tecnócratas han sustituido a gobiernos elegidos en las urnas. En España, desde que estalló la crisis económica en 2008, los partidos políticos se han convertido, según las encuestas del CIS, en el tercer problema más importante. Muchos ciudadanos piensan que los políticos no les representan porque no son predecibles en sus comportamientos y, por tanto, se alejan de ellos una vez son elegidos.

Los expertos que han estudiado qué modelos de democracia generan menores niveles de corrupción suelen enfatizar la importancia de la transparencia informativa. La capacidad de los ciudadanos para estar informados sobre cómo nuestros políticos adoptan sus decisiones es clave. Si los actos de las administraciones son transparentes, los políticos tienen mayores dificultades para desviarse de su mandato, la prensa puede informar mejor y, como consecuencia, los ciudadanos pueden ejercer el control político de forma más eficaz mejorando así la representación política. El pasado verano, uno de los últimos Consejos de Minsitros del Gobierno de Zapatero aprobó un proyecto de Ley de Transparencia informativa que no llegó, sin embargo, al Congreso. Hace unas semanas, Ignacio Urquizu retaba desde aquí a los partidos socialdemócratas para que fueran más allá de su clásica defensa del Estado de bienestar. La reflexión me parece acertada pero creo que el reto de los partidos socialdemócratas debe ir incluso más allá: La desigualdad social se debe combatir con intensidad pero sin olvidar que los ciudadanos son los dueños de la soberanía popular.

El procomún y España en el mundo

Por: | 20 de marzo de 2012

Jorge Fernández León

Foto post Cultura

SCIAMMARELLA

Aunque nada es igual que hace una década (y nada vuelve atrás en la cultura, a pesar de los deseos de algunos), oyendo los pronunciamientos de nuestras nuevas autoridades culturales parece que volviéramos atrás, por enésima reiteración de los tópicos que siguen atormentando nuestros oídos desde tiempo inmemorial. Que si la marca país, que si la necesaria coordinación de estas instituciones o aquellas, que si la eterna pelea entre este y el otro Ministerio. Y de eso no tienen mayor culpa los que llegan, pero resulta sintomático que sus primeras declaraciones vayan por el mismo trillado camino, el que ratifica que la cultura sigue siendo un asunto pendiente para el Estado, que su sentido global en la política del país, su función de cohesión social simbólica, de generadora de diálogos y diferencias, de conversación con los iguales diferentes o su capacidad para generar riquezas en la economía y la ciudadanía, siguen siendo del todo ignoradas en la agenda del presente. Y me temo que el impacto de esta ceguera va creciendo negativamente para nuestra cultura conforme el tiempo nos alcanza.

No andamos en España sobrados de estructuras culturales, pese a la abundante cosecha de instituciones y contenedores surgida de la abundancia y el lujo, y ahora puesta en cuestión en la maraña de la crisis. La industria cultural española, la producción creativa, la distribución y la venta de nuestros contenidos han ido organizándose en medio de una economía mixta en la que los recursos públicos y privados aportaban suficiente energía como para ocupar a casi un millón de personas, según las cifras del extinto Ministerio de Cultura. Pero las piezas que en los países de referencia articulan la solidez del sistema, sean estos las instituciones de formación cualificada para la producción, el negocio o la emprendiduría, los observatorios independientes, los programas de creación de públicos y usuarios, o las estrategias de promoción del valor nacidas de un conocimiento real de la escena cultural, siguen sin funcionar aquí.

Hemos perdido mucho tiempo abobados ante nuestra propia estulticia, admirando los éxitos excepcionales de algunos compatriotas, sin entender su contexto y haciendo de la excepción la regla, mientras seguimos dejando pasar trenes que no vuelven. Y los tiempos ahora sí que han cambiado tanto que las recetas fáciles, esas que nos han llevado hasta donde ahora estamos, no pueden con la complejidad de la realidad, que se nutre de múltiples fuentes. La comprensión de esa multiplicidad es ahora una tarea de estado, para cualquiera que desee hacer que la cultura tenga un papel articulador en el devenir de España en el mundo. Y conforman esa diversidad un conjunto de nuevos escenarios que han de añadirse a la vieja percepción de la cultura como patrimonio o como negocio: la cultura como un conjunto de bienes y valores que pertenecen a la comunidad y a los que la ciudadanía tiene derecho, un factor fundamental en la construcción del procomún. Como un espacio de mestizaje en el que ciencia, tecnología y creación se encuentran y combinan para generar valor añadido. La cultura como una herramienta fundamental de cooperación interna e internacional y como generadora de redes de iguales que dispone de espacios de colaboración nunca hasta ahora imaginables. La cultura como un proceso que promueve entornos sostenibles y ayuda a cambiar valores insostenibles, basados en el hiperexceso del consumo sin límite. Todos esos campos y muchos más, a los que El País viene dedicando interés y atención desde hace un tiempo forman parte también del paisaje más activo de la cultura española y no pueden despacharse sin más como una moda pasajera.

Si se quiere abordar por fin una política cultural en serio, no se puede eludir el reto. Pero es mucho más fácil seguir mirando para otro lado.

Hollande frente a la política unidimensional

Por: | 18 de marzo de 2012

Diego López Garrido. Presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

Foto post Hollande
El candidato socialista a la presidencia de Francia, François Hollande, y el líder del SPD alemán Sigmar Gabriel (D.) saludan hoy al público durante la reunión de líderes socialistas en París. / FRED DUFOUR (AFP)

Han sido unas jornadas intensas y alentadoras las que hemos vivido este fin de semana en París miembros de quince partidos socialistas europeos, teniendo como telón de fondo unas presidenciales francesas que pueden significar una reorientación del rumbo de la política económica europea y el inicio de un nuevo ciclo político. Un objetivo inmediato: apoyar a François Hollande en su batalla con un Sarkozy que ha girado hacia la derecha más dura en temas como la inmigración y hacia el antieuropeismo en relación con el tratado de Schengen. Objetivo mediato de la reunión: construir una alternativa europeista y de izquierda a la política que la inmensa mayoría de los gobiernos de la Unión desarrollan, dirigios por Merkel.

La derecha europea (y española) practica una política unidimensional. Sólo una obsesión: recortes. Pero una gran ausencia: no hay espacio para las inversiones necesarias que devuelvan la competitividad y el empleo.

Esa política unidimensional, que Rajoy expresa en España, está agotada. Ahora necesitamos instrumentos fiscales eficaces tales como impuestos sobre las grandes fortunas, sobre beneficios de las corporaciones, sobre las transacciones financieras, o sobre los abusos sobre el medio ambiente. Sin esa reforma fiscal no salimos de la crisis porque no hay, en manos del Estado, resortes y medios para crecer.

Por eso, Hollande propone renegociar el reciente Tratado de Estabilidad Finaciera firmado a veinticinco. Lo formula de modo inteligiente. Se trata, no de suprimir aspectos del Tratado. Se mantiene la disciplina presupuestaria. Y añade una dimensión esencial: una estrategia europea de inversión productiva.

Europa requiere una especie de segundo plan Marshall, como lo denominó ayer el líder alemán Sigmar Gabriel. Un plan para reintegrar a Europa en la corriente de crecimiento mundial.

De todo ello depende la legitimiad de la Unión Europea en la próxima década para sacar a Europa de la crisis y para fortalecerla en el mundo multipolar en el que ya estamos.

Las elecciones presidenciales francesas van a ser, más que nunca, unas elecciones europeas.

Manuel de la Rocha Vázquez

Foto post Manolo
Luis de Guindos y Soraya Sáenz de Santamaría, en La Moncloa / Sergio Barrenechea (EFE)

El lunes 12 conocimos la reacción oficial del Eurogrupo y de la Comisión al desafío del gobierno español de saltarse los objetivos de déficit previamente acordados. Bruselas acepta cierta flexibilidad por encima del 4,4% incialmente previsto, pero obliga a bajar el déficit al 5,3%, o sea medio punto más de los presentado por Madrid.

La decisión por parte de Bruselas no deja contento a nadie. Era difícil pensar que tras haber adoptado una línea dura con varios países pequeños, en especial con Bélgica, a los que se abrió un procedimiento por déficit excesivo este pasado otoño, la Comisión podía aceptar tal cual las cifras de España. Eso habría alimentado las sospechas de que los estados pequeños son tratados con más dureza que los grandes.

Por otro lado, aú que se permite algo de flexibilidad, el ajuste adicional coloca a España en una situación crítica, obligada a dar otra vuelta de tuerca de 5 mil millones adicionales, que con toda seguridad ahondarán más la recesión, aumentando el desempleo y alejando aún más a nuestro país de la senda de consolidación fiscal acordada. En una comparecencia en el Congreso Rajoy no ha desvelado cómo piensa reducir esos 5 mil millones adicionales, aunque ha apuntado que la carga caerá en el Estado y no en las CC.AA.. Pero sin tocar sueldos de funcionarios, ni las transferencias a las CC.AA. es difícil ver de dónde saldrá el dinero. Mi predicción es que habrá una subida de impuestos indirectos, IVA y especiales. En estas circunstancias si el ajuste de este año parece enorme, no quiero imaginar el del 2013, con un nivel de paro cercano que podría estar en los 6 millones.

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¿Qué hacer con la política de Cooperación?

Por: | 15 de marzo de 2012

Kattya Cascante

Foto post Kattya
Miembros de ONG reunidos en Madrid con motivo de la reciente visita de Bill Gates. / SAMUEL SÁNCHEZ

La Revista Política Exterior ha publicado en su número 146 el artículo "¿Qué hacemos con la política de cooperación?", que ha sido elaborado por el grupo de trabajo de Política de Desarrollo -Kattya Cascante, Rafael Domínguez, José María Larrú, Iliana Olivié, Javier Sota y Sergio Tezanos, coordinados por Iliana Olivié, investigadora principal en Cooperación Internacional y Desarrollo en el Real Instituto Elcano-, del que la Fundación Alternativas forma parte y que hace un par de meses publicó el informe, "Nunca desaproveches una buena crisis: hacia una política pública española de desarrollo internacional" y que también se ha versionado en inglés a través del ARI Whither Cooperation Policy?

El análisis y las propuestas que se recogen tanto en este texto resumen como con mayor detalle en el informe, intentan responder a las preguntas de como qué lugar ocupará la política de cooperación internacional entre las prioridades del nuevo Gobierno, y cuáles serán sus principales objetivos. Una definición que ha de producirse, además, en un contexto internacional convulso y teniendo en cuenta que hay una serie de cuellos de botella del sistema español de cooperación internacional al desarrollo que es necesario superar para alcanzar mayores niveles de calidad en esta política pública y una mayor proyección global del país.

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¿Está el poder político? ¡Qué se ponga!

Por: | 14 de marzo de 2012

Sebastián Lavezzolo

Foto post poder
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en la oficina de la UE en Barcelona. / CARLES RIBAS

Existe la creencia cada vez más extendida de que la crisis ha puesto en tela de juicio la capacidad de nuestro gobierno para gobernar. Bruselas, Merkel, el Banco Central Europeo, los mercados, los bancos alemanes, Sarkozy, ¡Merkozy!, cualquiera excepto nuestros representantes políticos son los que -se especula- marcan el designio de nuestras vidas.

No es de extrañar. El desenlace político de las dos legislaturas de Zapatero lo ha plasmado a la perfección. El giro copernicano de aquel novelesco mayo de 2010 ha simbolizado para muchos ciudadanos el debilitamiento de la política frente a las exigencias del poder económico. Pero esta situación no se supedita sólo a España. En Estados Unidos, por ejemplo, si el Obama-candidato representaba la necesidad de la vuelta de la política, tras los rescates a los bancos el Obama-Presidente representó los límites de la misma.

Se cree, pues, que el poder político, y la política en general, están perdiendo su capacidad para transformar la realidad. Nuestra democracia -se dice- pierde su esencia. O, dicho de una forma menos poética, el autogobierno -entendido como la capacidad de tomar decisiones colectivas a partir de las preferencias de la mayoría- se desacopla del principio de igualdad política. No todos contamos igual a la hora de escribir las reglas del juego. (Para una clara y amena discusión sobre esta cuestión véase Sánchez-Cuenca, 2010).

Esta creencia se ve en cierta medida reflejada en las percepciones de los españoles sobre el poder. La Fundación Alternativas ha publicado un estudio (Zoom Político 2011/07) en donde se analiza la opinión de los españoles respecto del poder político frente al poder económico. Vale la pena destacar alguno de sus hallazgos.

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El País

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