Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Bantustán con abismos y tesoros.

Por: | 30 de abril de 2012

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

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    Ya se ve. Van más de cien días de anuncios catastróficos para el cuerpo social del país en su conjunto. Anuncios que, en materia cultural abocan, entre otros muchos abismos, al cierro de un sector muy mejorable de la industria cultural, el del cine y el audiovisual, que a pesar de la clara apuesta europea por la consolidación del modelo de excepción cultural, ve como todo lo que tiene que ofrecer el Gobierno popular son recortes y manifiesto desconocimiento del medio, si no pura improvisación. Todo lo que el ICAA ha dicho hace poco más de un mes sobre los criterios del documento de la Comisión Europea sobre ayudas al cine más parece un balbuceo fundido en negro. Eso sí, en la Secretaria de Estado todo va igual salvo la recuperación del tesoro de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes", tarea por cierto -qué ironía- emprendida por el anterior Gobierno socialista y que nos devuelve a lo mejor de nuestro pasado imperial. Igual, como diría Jorge Luis Marzo, estamos volviendo otra vez al loop del d-efecto barroco.

    Si nos volvemos barrocos a estas horas, con nuestra camada de pícaros financieros picoteando, nuestra pobreza creciente en medio del creciente imperio del lujo y nuestros profesionales buscando como parecer otra cosa para poder seguir vivos, habremos cumplido las mejores expectativas de los programadores del semiocapitalismo: La cultura, ese revuelto en el que intencionadamente sus críticos falsarios mezclan churras con merinas, se ha acabado. O mejor, se ha transmutado en industria cultural. Todo serán, desde ahora, industrias creativas. Y eso se dice con la boca grande, hablando a la vez de la generación de empleo y de riqueza, del crecimiento impagable del sector promovido por la iniciativa privada y de otras numerosas lindezas que, además de su absoluta falsedad argumental, escenifican la victoria de los más radicales neocon hispanos, que van rapiñando tesoros de las manos sangrantes de los vencidos, su deporte favorito.

    Nos queda Bantustán. En la presentación de su último libro, "Juntos", el pensador Richard Sennet, hablando de la idea de ´gran sociedad´ que se nos intenta vender como sustitutivo de los servicios que hasta ahora viene prestando el estado a su ciudadanía, anuncia que se nos va a pedir que seamos autosuficientes, que nos convirtamos en un Bantustán. Un territorio autónomo de semiesclavos culturales, semejante a los que el apartheid sudafricano creó para el mejor control de la gente del país. A ese nuevo tipo de guetto, al parecer, parecer quieren que nos acabemos acostumbrando. A lo mejor hay quién le gusta.

Rajoy debería mirar a la EPA, no a Merkel

Por: | 29 de abril de 2012

CARLOS CARNERO

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LA primera EPA de Mariano Rajoy ha asaltado los titulares de los periódicos al mismo tiempo que el Presidente reafirmaba sin asomo de rectificación en política de austeridad, traducida en los recortes sin precedentes incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por su gobierno a las Cortes.

Al hilo de la previsible llegada de Hollande al Eliseo, con su programa crítico del Tratado de Estabilidad, se ha abierto un intenso debate en la UE sobre la conveniencia de seguir aplicando a pies juntillas la ortodoxia fiscal impuesta por la derecha alemana desde el Gobierno de Angela Merkel como única receta frente a la crisis.

Es tan evidente que tal receta, más que curar la enfermedad, contribuye abiertamente a agravarla, que no solo la izquierda, sino incluso primeros ministros como Mario Monti y otros dirigentes moderados del centro-derecha, han empezado a poner en cuestión una estrategia que nos acerca cada día más al colapso económico y social.

Nadie discute la necesidad de introducir rigor en las cuentas públicas de los países de la eurozona, algo por otra parte acordado desde el principio a través de los "criterios de Maastricht". Pero lo que sí se cuestiona es llevar el principio de la austeridad hasta el paroxismo, es decir, hasta el déficit cero, particularmente cuando muchos socios de la moneda única - como España- están entrando en una nueva recesión.

Hacer compatibles austeridad y crecimiento exige medidas urgentes, posibles y necesarias como las siguientes: añadir el Tratado de Austeridad un protocolo relativo al crecimiento, tema que podría ser abordado en el Consejo Europeo convocado para principios de mayo por Van Rompuy; asumir que la inversión pública es imprescindible para la reactivación económica, por lo que su incremento debería descontarse - cuando la Comisión Europea juzque las cuentas de cada estado - del deficit en aquellos países en los que la tasa del paro sea enorme o creciente; establecer ya en la UE una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, de manera que los fondos recaudados con la misma sirvan para dotar planes comunitarios de crecimiento y empleo; demandar al Banco Central Europeo que colabore con la política económica de la Unión - como le obliga el Tratado de la UE- a través de medidas expansivas.

En esta coyuntura, alinearse con la doctrina Merkel puede ser visto por Rajoy como una oportunidad para ofrecerse como aliado preferente de Alemania cuando se adivinan diferencias en el eje París-Berlín tras la victoria de Hollande. Se equivocaría, al menos por dos razones: una, a España le conviene lo que propone el socialista francés y no lo que mantiene la conservadora germana; dos, es posible que la propia canciller sea sustituida por el candidato socialdemócrata en las elecciones generales de 2013.

En uno y otro caso, más que obsesionarse por ocupar la plaza libre del taxi junto a Merkel como el buen alumno de su doctrina y correligionario ideológico, nuestro Presidente debería mirar a las cifras de la EPA (5.640.000 parados, 366.000 más que el 31 de diciembre) para saber que su elección tendría que ser otra.

El huevo de la serpiente

Por: | 27 de abril de 2012

J. ENRIQUE DE AYALA. Miembro del Consejo asesor de OPEX

Post 27.04.2012

El buen resultado obtenido por Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional (FN), en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas -aunque esperado- es un dato preocupante para los franceses y, si lo unimos a otros que están sucediendo por toda la geografía de la Unión, también para todos los europeos.

Le Pen ha sido tercera, con un 17,9% de los votos, un porcentaje superior al que obtuvo su padre. Jean Marie, cuando accedió a la segunda vuelta en 2002. Casi seis millones y medio de franceses han votado a la líder de uno de los partidos europeos de extrema derecha, xenófobos, ultranacionalistas y antieuropeístas, que han hecho bandera del agoísmo patrio y del odio a lo diferente.

El fenómeno no es nuevo, pero se incrementa a medida que la crisis afecta a capas más vulnerables de la población, abonando el campo a la política populista y demagógica propia de la ultraderecha. Ya en 1999, el Partido de la Libertad de Austria (FPö) fue segundo en las elecciones legislativas, con el 26,9% de los votos, y formó parte del Gobierno con el Partido Popular hasta 2005. Aquello provocó sanciones por parte de los entonces restantes 14 Estados miembros de la UE. Eran otros tiempos. En Austria, obtuvieron en conjunto un 28,2% de los votos, a sólo 50.000 votos del ganador, el Partido Socialista, aunque una coalición de éste con el Partido Popular les ha cerrado por el momento el paso al poder. La Liga Norte (LN) italiana, fue creada en 1989, y ha participado intermitentemente en tres gobiernos de Berlusconi entre 1995 y 2011. En este caso, no hubo sanciones, a pesar de que la LN defiende posiciones claramente xenófobas y contrarias a los tratados europeos.

Es interesante constatar que tanto el FN como la LN y el FPö son anteriores a la crisis que afecta ahora duramente a Europa, aunque hayan adquirido más fuerza con ella. Igual sucede en Bélgica donde Interés Flamenco (VB), fue creado como Bloque Flamenco en 2004, aunque tuvo que cambiar su nombre después de una condena por racismo. O en Holanda, donde el Partido por la Libertad (PVV) fue fundado en 2006, alcanzando el tercer puesto en las elecciones de 2010.

No se trata de fenómenos aislados, sino que afectan a la mayor parte de la UE. En el Parlamento Europeo, después de las elecciones de 2009, están representados grupos de extrema derecha de 13 países de la Unión (Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Reino Unido, y Rumania) con un total de 35 miembros del Parlamento, integrados en el grupo de Europa de la Libertad y la Democracia o en el de No Adscritos. En los parlamentos nacionales de 13 Estados miembros (los mismos excepto Francia, Reino Unido y Rumania, y más Eslovenia, Letonia y Suecia), está igualmente representada la extrema derecha. Allí donde no lo está, tiene también resultados significativos, como los 563.000 votos del Partido Nacional Británico en las generales de 2010, o los 768.000 que obtuvo el Partido Nacional democráta alemán, en el límite de la legalidad, en las federales de 2009. En su conjunto, los partidos de ideología xenófoba han obtenido en sus respectivas elecciones legislativas nacionales, un total de más de 15 millones de votos.

Es una cifra suficientemente significativa como para que nos preocupemos. Por supuesto, la crisis ha agudizado una tendencia -el egoísmo nacional o racial- latente en ciertos sectores de todas las sociedades, que se incrementa cuando las condiciones de vida empeoran. Pero no son inocentes muchos políticos, especialmente de partidos conservadores, que han utilizado irresponsablemente argumentos nacionalistas o xenófobos para ganarse la adhesión de sus electores, como es el caso del Presidente francés Nicolas Sarkozy para atraer a los votantes del FN en la segunda vuelta de las presidenciales.

A corto plazo, la solución inmediata, allí donde los partidos extremistas alcanzan coyunturalmente mucha fuerza, es la unión de los partidos demócratas para hacer frente a un populismo incompatible con la idea de Europa, que puede llegar a ser violento y producir una grave fractura social. Así se ha hecho con el Gobierno de coalición austríaco, o con el acuerdo en Finlandia entre el Partido Socialdemócrata y la liberal Coalición Nacional para frenar el ascenso del ultraderechista Verdaderos Finlandeses, que obtuvo más del 19% en las elecciones de 2011. Este debería sin duda ser el camino, incluso cuando la aritmética parlamentaria no lo exija. Los partidos democráticos deben estar unidos, y claramente separados de los que no lo son. Con independencia de su color político, comparten unos valores que son incompatibles con ciertos planteamientos, y deben ser firmes en defenderlos.

Pero, lamentablemente, lo que puede pasar, lo que está pasando en ciertos casos, es que partidos conservadores se alían con partidos de extrema derecha, incluyéndolos en el gobierno, como pasó en Austria e Italia, o dependen de su apoyo parlamentario, como en Dinamarca entre 2001 y 2011, o en Holanda hasta la semana pasada, en la que la negativa de Geert Widers, líder del PVV, a apoyar el límite de déficit impuesto por Bruselas, ha hecho caer al gobierno. Es evidente que esa dependencia tiene su influencia en las políticas que se adoptan. Más peligrosa aún, por más sutil, es la influencia indirecta que estas formaciones, o sus planteamientos, tienen en gobiernos conservadores, radicalizando su política, en mayor o menos grado, hasta llegar en el límite a escorarlos hacia la extrema derecha, como es el caso del gobierno de la Unión Cívica Húngara, en el borde de la democracia, presionado por ascenso del ultraderechista Movimiento para una Hungría mejor.

El avance de la extrema derecha es un asunto importante, que puede poner en peligro la estabilidad política y la paz social en Europa, y debe ser tratado con firmeza. La única alternativa a la demagogia, es la dignidad y la sinceridad de la política democrática. La única alternativa al odio social, es la justicia y la lucha contra las desigualdades. Los sistemas políticos en los que vivimos se han ido alejando cada vez más de los ciudadanos en la toma de sus decisiones, hasta terminar reduciendo su contacto con ellos a unas elecciones preparadas por los expertos en mercadotecnia. La dureza de la crisis obligará a enfrentar las tendencias más reaccionarias de las sociedades europeas con democracias más transparentes, que faciliten la participación ciudadana en la gestión política. Las actitudes de comprensión o connivencia con las ideas más extremistas, adoptadas -sin duda con fines electorales- por algunos partidos conservadores de Europa, son un peligroso juego con el fuego, que no hace sino alimentar el huevo de la serpiente.

La seducción presidencial

Por: | 26 de abril de 2012

JULIO EMBID

Post 26.04.2012

El pasado domingo tuvieron lugar la primera ronda de las elecciones francesas donde ganó el candidato socialista François Hollande con un 28,6%, quedando segundo el actual presidente Nicolás Sarkozy con un 27,1%. La gran sorpresa han sido los terceros y cuartos candidatos: Marine Le Pen (con un 17,9%) y Jean-Luc Mélenchon (11,1%), obtniendo unos resultados muy superiores a sus predecesores en 2007.

Marine Le Pen ha logrado superar a su padre que logró ser el primer candidato de extrema derecha en pasar a segunda ronda de las presidenciales francesas en 2002 con el 16,8%. Esos fueron otros comicios: el voto de izquierda estaba atomizado en ocho candidaturas distintas por encima del 2% y se produjo el mayor fracaso del socialismo francés, con Lionel Jospin. Además, en aquellos comicios la extrema derecha se impuso en todas las regiones del país (Lorena, Alsacia, Franco Condado, Ródano-Alpes o Provenza-Costa Azul). El voto xenófobo y extremista se concentró en ciudades como Marsella, Lyon o Estrasburgo, donde no ha retrocedido desde entonces.

En 2007 apareció el fenómeno del centrista UDF y su candidato, François Bayrou, se convirtió durante la campaña en el político mejor valorado de Francia con unas expectativas de victoria en los sondeos claras... en la segunda ronda, si hubiera llegado. Si Bayrou hubiera quedado segundo, por encima de Sarkozy o Royal, hubiera podido ganar la segunda vuelta con los votos del otro. Sin embargo, Bayrou se quedó a las puertas de la segunda ronda y Sarkozy terminó ganando holgadamente.

Pues bien, las preguntas que hoy nos hacemos todos son: ¿Qué ocurre con los votantes en la segunda vuelta? ¿A quién votarán los votantes de izquierda? A ¿un candidato de centro-izquierda? A ¿un candidato de centro-derecha? O ¿más bien se abstendrán? Y... ¿a quién votarán los votantes de derecha? A ¿un candidato de centro-derecha o, por el contrario, no acudirán a las urnas? En Francia vamos a ver esta semana un proceso contrario al de las elecciones americanas. En EE.UU, en las primarias, los candidatos ofrecen sus propuestas más doctrinarias y agresivas para poder ganarse a sus votantes inscritos y que participan en su elección, y después en la campaña presidencial suelen ofrecer un perfil más moderado y conciliador para ganarse el voto independiente o de centro. En Francia ocurre lo contrario, y en el sprint final suele aumentar la tensión ideológica porque con los votos propios no se gana: Sarkozy necesita a los votantes del Frente Nacional y Hollande a los del Frente de izquierdas. Como en una partida de mus, debemos permanecer atentos a los guiños que hagan a sus compañeros de viaje, porque en una sociedad plural y democrática como la francesa, mal harían los socialistas por vender la piel del oso antes de cazarlo y que los buenos resultados en la primera ronda les cegasen completamente. En 1974, Mitterrand le barrió por once puntos y tres millones de votos al segundo candidato, Giscard d'Estaing, en la primera vuelta, y en la segunda terminó perdiendo por tan sólo cuatrocientos mil votos. Siete años después con la lección aprendida, la izquierda y Mitterrand supieron ganar la segunda vuelta.

El diario francés Le Monde advirtió este lunes que al menos un 20% de los votantes de Marine Le Pen votarán por Hollande, pues es un voto contestatario y de protesta contra la clase política que representa Sarkozy, subyugada a la canciller alemana Angela Merkel, contra los recortes sociales y contra la Eurozona, y no exclusivamente un voto xenófobo y ultranacionalista. Al resto, Sarkozy sabrá estas dos semanas hacerles suficientes guiños anti-inmigración para sumarlos a su proyecto conservador.

Hollande debe recordar todo esto y saber que más allá del PS francés, hay casi seis millones de votantes izquierdistas y casi cuatro millones de votantes centristas deseando ser seducidos por algo nuevo.

Sobre recortes, reformas y copagos

Por: | 25 de abril de 2012

JAVIER REY

Gasto sanitario

    Si hay una parte del gasto sanitario en España que se diferencia del patrón de gasto de otros países desarrollados, ésa es la destinada al pago de los productos farmacéuticos. Como de manera reiterada viene recogiendo anualmente los datos comparados elaborados por la OCDE para los países de su ámbito (OECD Health Data), el gasto español en productos farmacéuticos supera alrededor de diez puntos porcentuales sobre el gasto sanitario total el promedio de lo que supone esa parte del gasto en otros países de ese entorno, hasta alcanzar del 30% del mismo.

    Esa situación deriva de los patrones españoles de gasto y consumo farmacéutico, que es parte esencial de la atención sanitaria en cualquier país, no se explica por una utilización diferente de esa clase de productos. Ésta sigue pautas científicas establecidas de manera común por encima de las barreras nacionales. Tampoco se explica los patrones muy distintos de aportación directa a los usuarios (copagos) a esos consumos: los copagos en la prestación farmaéutica existen en todos los países en niveles semejantes, aunque quepan en esto pautas de aportación y formas de hacerla diferente. La diferencias en precios en proporción al nivel de riqueza de los distintos países en términos de PIB per cápita tampoco aportan una explicación significativa a esa desviación española del promedio del patrón proporcional de gasto farmaceutico más común.

    A falta de una explicación de ese patrón de gasto diferente por las razones indicadas, todo apunta a razones estructurales de la constitución de nuestro mercado farmacéutico para explicar esa situación. Se trata, en todo caso, como en otros países, de un mercado en el que el paciente consumidor final de los productos carece de información y criterio para ordenar su consumo, que le viene impuesto por la actuación de otros agentes, a cuyas condiciones se debe someter sin posibilidad de otra elección. Del mercado farmacéutico español, desde la producción al consumo, cabe, sin embargo, destacar dos condiciones específicas que lo distinguen de muchos otros países de nuestro entorno:

    - la primera, el peculiar régimen de propiedad de las oficinas de farmacia, que está restringido desde siempre a los farmacéuticos titulados; una condición que éstos consiguieron mantener en la Ley General de Sanidad de 1986 ( en los pactos de la Moncloa se propugnaba la dispensación de los productos en los centros sanitarios) sin haberse modificado hasta ahora, que se acompaña del establecimiento de un sistema de márgenes de beneficio para la oficina de farmacia fijados mediante norma. Para la mayoría de los productos, ese margen está ahora situado en el 27,9% del precio de venta de muchas de las especialidades registradas, con limitaciones para las de precio más alto. Ese sistema de monopolio compartido por un número limitado de profesionales, sólo los propietarios de las oficinas de farmacia, se complementa con la constitución por los propios farmacéuticos de sociedades cooperativas dedicadas al almacenamiento y distribución, sistema que dispone también a su vez de un régimen de márgenes fijado por norma, establecido ahora para buena parte de los productos en el 7,6%.

    El sistema se viene justificando por las ventajas en términos de proximidad a todos los pacientes-consumidores que supone la difusión del establecimiento de las oficinas de farmacia. Sin embargo, en paralelo a las medidas de reducción del precio de los productos farmacéuticos que se están tomando en los últimos años, ese sistema de márgenes garantizados está haciendo aguas por el lado de las oficinas de farmacia de las localidades más pequeñas, cuya viabilidad económica resulta más puesta en cuestión a medida que se adoptan más medidas de reducción de los precios. Por el contrario, el sistema permite mantener unos márgenes de beneficio significativos por las oficinas de farmacia urbanas de mayor tamaño, cuya aportación real a facilitar la igualdad de acceso a la dispensación resulta mucho más cuestionable, pero cuya situación e intereses no se han puesto ni se ponen en cuestión.

    - la segunda, es el sistema de compras que se han configurado en el sistema sanitario, que, más alla de las descentralización autónomica de los servicios llevada a cabo, ha superado ese nivel, permitiendo en muchos casos, o incluso fomentando, la fragmentación de los sistemas de compras de toda clase de productos sanitarios, también los farmacéuticos, hasta el nivel de los centros. Esa situación coincide ahora con la desviación del consumo de los productos farmacéuticos más innovadores y más costosos desde el nivel ambulatorio a los centros hospitalarios, que está haciendo desviarse el coste creciente de esos productos hacia esos centros, en los que no existe aportación de los pacientes, pero tampoco control homogéneo de la extensión de las indicaciones de nuevos productos.

    Esa fragmentación de los sistemas de compras supone la ruptura de las economías de escala que podrían lograse mediante un sistema común. Pero para la organización de éste, difícil de lograr a partir de la situación actual, que se ha generado sobre la base de una interpretación peculiar de las competencias sanitarias autonómicas con la descentralización, no sirve tampoco el modelo que se viene proponiendo, el de la adquisición de vacunas, que con éxito limitado se lleva utilizando desde hace tiempo, y no sólo, como parece sugerirse, en el caso de algunas situaciones epidémicas recientes: las vacunas son productos de utilización puntual y fácil de calcular sobre bases problacionales, cuyo consumo no tiene nada que ver con el de la multiplicidad de productos sanitarios sometidos a la decisión de cada prescriptor.

    Viene todo esto a cuento en relación con la medida en forma de aumento de los copagos farmaceuticos de algunos grupos de población que para la reducción del gasto sanitario parecen haberse adoptado por el Gobierno (cuando escribo estas líneas todavía no se ha publicado en el BOE el Decreto-Ley correspondiente). Dejando aparte los razonamientos en torno a la inequidad de las mismas, y a los costes no definidos de su implantación, ya resaltados en otros muchos comentarios, lo que se quiere subrayar aquí, es que, si bien la reducción del gasto farmacéutico español en términos tanto absolutos como proporcionales constituye un objetivo de eficiencia ineludible de nuestro sistema sanitario, la forma razonable de alcanzar ese objetivo es mediante medidas estructurales que modifiquen algunas de las situaciones que justifica un patrón de gasto excesivo en este ámbito conforme a las evidencias comparadas. Y que, por el contrario, adoptar medidas de aumentos de copagos como las que se han anunciado, además de su inequidad y de sus costes de implantación, por no aportar nada a la solución de las situaciones que subyancen esos patrones de gasto excesivo las mismas constituyen la mejor evidencia de que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, se trata de medidas "de recorte" social sin paliativos aplicados por razones de política económica inmediata, y de ninguna forma de reformas "obligadas" para hacer sostenible nuestro sistema de portección sanitaria.

    Las medidas adoptadas y las referencias que se están haciendo a las mismas dejan además abierto un flanco de inquietud: el que en un futuro más o menos próximo pudiera considerarse la implantación de otros copagos por el acceso o la prestación de ciertos servicios. La implantación de esa clase de copagos tendría consecuencias aún más perjudiciales sobre el acceso igualitario a la atención sanitaria establecido en nuestra norma constitucional y las sanitarias.

    Un último aspecto a considerar es que la ausencia de alternativas a las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de nuestro gasto farmacéutico, más allá de la crítica a las mismas, por parte de los partidos de izquierda, constituye una debilidad añadida para afrontar su adopción por el Gobierno con alguna posibilidad de modificación.

Innovación cultural

Por: | 23 de abril de 2012

MIGUEL SÁNCHEZ CALLE.

Post 23.04

Se cumplen ahora casi dos años desde que, en el marco de la Presidencia española de la UE, el Consejo acordara impulsar "la relación evidente entre cultura, creatividad e innovación como elementos que contribuyen al progreso económico y social" (según las Conclusiones del Consejo sobre la Contribución de la Cultura al desarrollo regional y local, mayo de 2010). Dos años después, el comportamiento de los gobiernos europeos en periodo de crisis está siendo muy desigual en este campo. La financiación pública en cultura está sufriendo severos recortes en Holanda de un 25%, Reino Unido 30%, Grecia 35%, o Italia del 25%. Por el contrario, países como Suecia, Alemania o Francia atienden a los beneficios que aporta la cultura al ciudadano, a la economía y al imaginario colectivo, y apuestan por mantener al menos la misma aportación presupuestaria, sin reducciones.

Así pues, y con estos datos, ¿de qué manera están afectando estos recortes al entramado cultural? En el Reino Unido, la encuesta realizada por el periódico Stage, de las 206 organizaciones que han perdido la financiación por parte del Arts Council, un 22% han cerrado o están en riesgo de cerrar y el 46% declaran que "simplemente intentarán sobrevivir el año en curso".

En España debemos lidiar con una desmantelación de las estructuras y algunas campañas de descrédito en algunos sectores, incluso avaladas por declaraciones como las de Cristóbal Montoro, reconvertido a crítico televisivo, -téngase en cuenta que será el responsable de determinar las reducciones fiscales que articulen la futura Ley de Mecenazgo-.

Se anuncia que "nada volverá a ser como antes". Aún sin conocer un avance de esta Ley, podemos sospechar que, en un país como el nuestro, sin cultura del mecenazgo en las artes, su efectividad será poco alentadora y más en un contexto de crisis que afecta incluso a los modelos con más recorrido y más consolidados, como es el caso del Reino Unido donde las donaciones individuales cayeron de un 17% a un 13% entre 2007 y 2010.

Ante esta situación y ante la ausencia de una estrategia de política para la cultura alternativa al "ajuste ponderado", algunos creadores y agentes culturales han decidido dar un paso adelante para autogestionar desde la independencia su capital creativo, y reagruparse al margen del apoyo de las estructuras oficiales, a través de redes multidisciplinares que no sólo funcionan como lugar de encuentro, sino con proyectos compartidos que buscan el compromiso, la colaboración y la participación de la sociedad civil.

El futuro de estas redes pasa por seguir sumando esfuerzos compartidos, pero a la vez deben articular y consolidar modelos que fomenten las relaciones entre las artes, la investigación y el tejido de las industrias culturales y creativas. En este proceso es especialmente importante el desarrollo de alianzas con redes internacionales que permitan crecer, innovar y obtener recursos estables en el tiempo.

Una vez que la "excepción cultural" agoniza, se abre camino, de momento desconocido, pero al menos es un punto de partida desde donde empezar la reconstrucción.

Argentina: dos ya no bailan el tango

Por: | 20 de abril de 2012

VICENTE PALACIO.

Post kirchner

La expropiación forzosa del 51% de las acciones de Repsol a YPF es la pesadilla más reciente del post-peronismo de Cristina Fernández de Kirchner. Después de esto, la gran pregunta es ¿toca a su fin la relación estratégica entre España y Argentina?

¿Qué ha empujado al Gobierno argentino a dar esta fatal paso adelante? Un vistazo a la situación política y económica del país nos puede aclarar muchas cosas. De un lado, la hegemonía política del Frente para la Victoria en las dos cámaras, sobre las que se erige el presidencialismo, algo solipsista, de la viuda de Kirchner. Ésta vive un momento político que le otorga un cheque en blanco que posiblemente le va a durar aún un tiempo. Dos instancias clave están intervenidas: el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec), célebre por falsear los de datos de inflación y de desempleo (oculto tras las subvenciones y la informalidad), y la Secretaría de Comercio, que fija a dedo los precios de los productos básicos, en una nueva versión de aquella "sustitución de importaciones" de los años sesenta del siglo pasado. Una economía subsidiada, sostenida, fundamentalmente, por la exportación de soja -que va comiendo el terreno a la ganadería- con la competitividad en caída libre; y un crecimiento para 2012 que caerá a menos del 4%, la mitad de la media de los años recientes de bonanza, el 8,5%. En suma, una "economía mágica" donde nada es lo que parece, y donde nadie entre los partidarios de la Presidenta se atreve a decir la verdad en voz alta para no ser tachado de antipatriota.

La cosa podría resumirse así: la Presidenta ha visto en la expropiación una manera de contener precios, a la vez que una manera de autoafirmarse en el cargo, agitando el fantasma de una empresa tan emblemática para el corazón de los argentinos como YPF, escondiendo el hecho de que fue el matrimonio Kirchner quien accedió a su privatización y la entrada de Repsol. Desde 2008 Repsol se afianzó como socio estratégico para el Gobierno argentino en su política energética. Todo parecía ir bien hasta que en noviembre de 2011 suceden dos cosas que ponen nervioso al Gobierno argentino. Una, que se aumentan la distribución de dividendos, llegando a los 1000 millones de dólares, un 25% de las regalías. Otra, que Repsol anuncia unas enormes reservas descubiertas en Vaca Muerta, que representan el 50% de las reservas argentinas de gas y petróleo, y valoradas en 250.000 millones de dólares. Un bocado demasiado sabroso como guardar las formas.

Parece que todo gobierno en Argentina ha de tener sus Malvinas: y en esto Cristina Fernández ha encontrado las suyas. El cóctel político-económico ha hecho explotar de la peor manera la controversia entre Gobierno y Repsol acerca de la inversión de la empresa. Las relaciones en estos años han pasado por el tira y afloja habituales, en relación al aumento de la producción o los precios. Pero la inversión de la empresa española se ha mantenido en estos años en la media de las petroleras presentes en suelo argentino. En los últimos meses se iban recrudeciendo las exigencias de la Casa rosada, que alegaba una producción insuficiente para una creciente demanda, o la re-inversión de las regalías. Finalmente, se ha hecho de manera ilegal y discriminatoria (para más sorna, Repsol ha sido expropiada con una ley de la dictadura de Videla de 1977, la 21499, la misma dictadura que, paradojas de la vida, el juez Garzón se afanaba en perseguir hasta no hace mucho), sin tocar a los otros accionistas argentinos, norteamericanos o chinos del sector energético, y ninguneando los acuerdos para la protección de inversiones recíprocas con España.

A corto plazo el Gobierno español no tiene demasiado margen de maniobra para revertir la situación. Las sanciones a la soja, la carne, o al biodiésel son insuficientemente disuasorias. Y, a diferencia de lo que esperaba el Ministro de Exteriores Margallo, Estados Unidos -con Exxon a salvo de la quema- no va a mojarse en esto, porque está más bien a sus problemas internos, y también porque no quiere abrir más frentes comerciales además del que ya tiene con su vecino, Brasil. En cuanto a China, con su petrolera Sinopec, que había llegado a un pre-acuerdo para invertir en YPF.

¿Fin, por tanto, de la relación especial entre ambos países? Aún hay alternativas a ese mal final. Pese a todo, no hay que bajar los brazos. La batalla -el Gobierno del PP se va dando cuenta ya- se libra a medio y largo plazo, en el ámbito político y jurídico. Después de las bravatas de ambos gobiernos, es un momento de prueba de la diplomacia económica española. Habrá que tejer con paciencia una tela de araña envolvente para desacreditar a ojos de sus socios latinoamericanos y europeos, de los socios del G-20, en la OMC, y también en los medios de comunicación económicos más influyentes en el ámbito de los negocios, al Gobierno de Cristina Fernández, efímero al fin y al cabo. En especial, supune una prueba de nuestra influencia en la UE, y de nuestra capacidad de movilizar a la Comisión y el Parlamento. Por el momento, el único apoyo firme es el de la UE, que va a suspender sus encuentros previstos con Argentina, y se plantea represalias de los 27. Ese ese el camino.

Si se hace con paciencia y transparencia, y se mantienen abiertos los canales de diálogo, a la larga podría haber un final no tan infeliz: se reparan los daños a Repsol, y a la relación entre los dos países; Argentina renuncia a ser un "estado gamberro" de la economía internacional, y retoma el buen camino; y España aprende a blindarse de este tipo de acciones para el futuro, y acaba saliendo de su crisis.

 

¿Soberanía autonómica?

Por: | 19 de abril de 2012

CARLOS MARAVALL.

Post 19.04

El señor Rajoy entiende perfectamente que el pueblo español puede perder su soberanía sobre el Estado si éste se sigue financiando con dinero de otros (en este caso, inversores extranjeros). Grecia lo ha aprendido de forma particularmente dura. Y ya lo hemos visto en unos cuantos países europeos como para creer que porque España sea más grande no se le vaya a aplicar el mismo principio.

Sin embargo, ni el señor Rajoy ni su gobierno parecen querer transmitir este mismo principio tan sencillo a sus barones autonómicos. No pueden seguir financiándose con el dinero de otros (como es obligarnos a asumir deuda generada con la burbuja inmobiliaria valenciana): para eso tienen unos presupuestos autonómicos. Valga como ejemplo el debate que está teniendo lugar en relación a la deuda sanitaria. No ministra Mato, no es herencia del anterior gobierno central (del PSOE), es herencia de los actuales gobiernos de las Comunidades Autónomas regidas por el PP (como usted sabe, la sanidad y la educación son las principales partidas presupuestarias cuya gestión ha sido descentralizada).

Pese a ello, parece que al señor Rajoy le molesta más amenazar a sus barones con quitarles una supuesta soberanía que nunca tuvieron, a que le amenacen los mercados con quitársela a España. Particularmente, teniendo en cuenta que no es una decisión que le corresponda a él. Es la Constitución española la que reconoce la soberanía del pueblo español sobre el Estado español. Y también ha sido el Tribunal Constitucional, al reformar los Estatutos, el que ha recordado que no hay pueblos autonómicos que ejerzan la soberanía en sus respectivas Comunidades Autónomas. El Partido Popular ha hecho bandera de este principio, con el señor Aznar al frente, abriendo la veda a diversos recursos de inconstitucionalidad para recordárnoslo a todos (si es que era preciso).

Así que, señor Rajoy, gobierne de acuerdo a los principios que definen el Estado en España. Haga lo necesario para que al pueblo español no le quiten la soberanía sobre su Estado, ya sean los inversores extranjeros o sus barones autonómicos. Y recuerde: no es una proclama del 15-M, es el Artículo 1 de la Constitución.

SANDRA LEÓN.

Post 18.04.2012

¿Dónde está la "transparencia" en el anteproyecto de Ley que el Partido Popular presentó hace unos días y que recibe tal nombre? Del texto de esta ley y de la manera en la que el Gobierno la ha presentado se deduce que su principal objetivo no consiste en regular el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, sino en establecer procedimientos de sanción a quienes cometan infracciones en la gestión económica. El texto se parece más a una ley de acompañamiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que a una ley de transparencia equiparable a las de otros países europeos.

Las leyes de transparencia conciben el acceso a la información como un derecho fundamental. Éste contribuye a mejorar la democracia al fortalecer los controles de abajo a arriba: desde la ciudadanía, que amplían su capacidad de escudriñar la actividad pública, hacia las administraciones. En la propuesta del Gobierno, los aspectos relacionados con el acceso de los ciudadanos a la información pública han quedado en un segundo plano. El catálogo de excepciones de aplicación del derecho es excesivamente amplio (ver Acces Info Europe y Coalición Pro Acceso), sigue sin reconocerse el silencio positivo y se excluye del acceso público un gran volumen de información, como los informes, notas o borradores de los organismos públicos, lo que impide conocer las bases sobre las que estos órganos toman las decisiones.

En cambio, en consonancia con el principal objetivo de la ley, la propuesta del PP desarrolla profusamente todo lo relacionado con el fortalecimiento del "buen gobierno", entendiendo como tal el establecimiento de controles de la gestión económica desde arriba. La ley otorga al Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el poder sancionador sobre los cargos públicos que cometan infracciones en materia presupuestaria. Sin embargo, el texto no contempla sanción alguna para los cargos públicos que impidan injustamente el acceso a la información pública.

Por último, el Gobierno trata de manera diferenciada la transparencia y el buen gobierno, aunque son aspectos complementarios. Quizás podrían haberse ahorrado algunas de las sanciones corregidas en la sección de "buen gobierno" si se hubieran tomado más en serio la transparencia y el acceso a la información pública. Una buena ley de transparencia puede mejorar los procedimientos de alerta y prevenir las prácticas corruptas, reduciendo la necesidad de contar con un amplio catálogo de sanciones, cuya implementación suele ser más costosa y además no redunda en un mayor compromiso social. Esto nos hubiera equiparado a los países más avanzados en políticas de transparencia aunque, claro está, de esta manera hubiéramos perdido una oportunidad de mostrarle a Europa que seguimos haciendo los deberes.

Apoteosis de la autoflagelación

Por: | 16 de abril de 2012

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN.

Colas_prado

¿Tan descontentos con nuestra tarea están las gentes de la cultura que antes de que se pronuncien los cargos ya se van declarando culpables? ¿O es que de todo lo hecho en estas décadas en España solo hay despilfarro, corruptelas y megalomanía? Porque, leyendo las ùltimas informaciones y comentarios al respecto, se diría que las políticas culturales forman parte de una red mafiosa que se entrega a nuestra Interpol del pensamiento.

Tres décadas largas de políticas culturales en España parecen haberse ido al garete, por la peculiar mezcla de exceso y sensacionalismo con la que habitualmente se tratan los asuntos pasionales. Y la cultura, paradójica y conflictiva, lo es sin duda. Pero solo hay que volver la vista atrás para darse cuenta de que, más allá de la pornografía visual de nuevos ricos ejecutada con dinero público por algunos, nuestros servicios públicos de la cultura han hecho en este período democrático un trabajo extraordinario que no puede ser borrado, sin más. Y que los culpables de los excesos tienen nombre y apellidos. ¿O acaso, abrumados por la vergüenza, iremos a devolver la inversión de los túneles del AVE ( el precio de uno de ellos supera seguramente todo el gasto razonable en equipamientos culturales en 20 años) o las ayudas agrarias?

Lo que está en juego, de verdad, es la legitimidad del derecho a la cultura como un bien público. Aunque no lo estén menos los derechos a la sanidad o a la educación o al empleo, atacados con la misma irresponsabilidad por quienes hoy nos gobiernan, heraldos inconscientes de la banalidad del mal.

La cultura ¿es un derecho? Eso dice la Constitución española, los tratados internacionales, las instituciones globales. En la confianza de ese derecho y en la legitimidad del papel transformador de esas políticas, miles de profesionales en los mundos de la creación, la intermediación y los servicios y las industrias culturales han desarrollado un esfuerzo fenomenal, con recursos limitados en casi todas las ocasiones, para cumplir con su tarea de aportar valor añadido a España. Capital Cultural que construye identidad simbólica, facilita la lectura pública en miles de bibliotecas, abre puertas al conocimiento y el intercambio en centros culturales y museos o genera participación en la experiencia de la creación. Y ese capital se construye sin demasiados focos ni notoriedad, sin estrellas mediáticas ni reconocimientos públicos. Hacerlo hoy visible es un primer paso, necesario, para hablar con propiedad de lo que hay que defender y de su verdadera importancia.

El País

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