Mejorar la democracia en su viaje (ida y vuelta) a Bruselas

Carlos Carnero

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)

El desarrollo de la crisis comenzaba a evidenciar hace tiempo lo que el Informe sobre la Democracia en España 2012 de la Fundación Alternativas ha elevado a conclusión a partir de la encuesta cualitativa a 200 expertos consultados: nuestro mayor déficit democrático es que la UE adopta acuerdos que afectan de lleno a nuestra vida como país sin que se apliquen procesos de toma de decisiones asimilables al Estado de derecho.

Frente a lo que se afirma habitualmente, los países que la componen no ceden a la UE soberanía, sino competencias. La explicación es sencilla: a partir del Tratado de Lisboa (herencia de la Constitución Europea), cualquier socio comunitario mantiene siempre la capacidad de abandonar la Unión si así lo desea, ejerciendo plenamente su soberanía, y mientras permanezca en su seno, lo hace junto con el resto de las instituciones comunitarias, que se limitan a aplicar las competencias que les han atribuido los Estados miembros; es más, tales competencias se aplican a través de mecanismos en los que los socios son siempre decisivos.

Es evidente que España, como cualquier otro socio europeo, es más soberana por estar en la UE. Pero también es verdad que muchos gobiernos tratan de evadirse del control y el proceso de toma de decisiones democráticas propias de los Estados nación a través de la Unión. Así, se dice "los ajustes se deciden en Bruselas y desde allí nos los imponen; de forma que: uno, olviden que yo los he votado a muchos kilómetros de nuestra capital; dos, me limito a aplicarlos o como muchos a trasponerlos, como si de un reglamento o una directiva se tratara; tres, no me impongan antes lo que he de decir o después lo que debo hacer desde el parlamento nacional porque sus poderes para lo primero no existen (me limito a informarles) y para lo segundo los límites son estrechos".

Por esta vía vamos muy mal y sólo conseguiremos dos cosas: deslegitimar a la UE hasta en los países más europeístas y degradar la democracia en el nivel nacional. Y, ante ello, la alternativa es clara: el juego democrático no puede ser de suma cero, sino todo lo contrario: sin rebajar la democracia nacional hay que aumentar la europea, que forman el mismo ordenamiento jurídico. Eso significa mejorar la democracia en su conjunto, sin que se debilite en el viaje de ida y vuelta a Bruselas.

¿Cómo? Por ejemplo: el traspaso de competencias a la UE no puede hacerse quitando el poder de decidir en los terrenos que abarcan al legislativo nacional sin aumentar al tiempo el del Parlamento Europeo; además, los gobiernos, antes de acudir a reuniones del Consejo Europeo o del Consejo sobre temas especialmente relevantes deben informar al Parlamento nacional y recabar del mismo un mandato explícito, aunque sea flexible para mantener su capacidad de negociación; los electos nacionales, en fin, deberían poder analizar políticamente lo acordado en Bruselas para sancionar o no lo hecho por su gobierno.

Una verdadera Constitución Europea y una ley específica que regule en España la actuación de nuestro país en Bruselas para hacerla más controlable y transparente se hacen cada vez más necesarias. Por el bien de la democracia y de la unidad europea.

¿Nos están perdiendo el respeto?

Nicolás Sartorius

I.- Una serie de hechos sucedidos en las últimas semanas me han producido una sensación desagradable que me gustaría compartir y encontrarles algún sentido. Me refiero, por un lado, a declaraciones de jefes de Estado o de gobiernos de países europeos poniendo a España como ejemplo negativo o culpable de los que está sucediendo en la Unión Europea, comparándola incluso con Grecia. Así, en la campaña electoral francesa, España se ha convertido en el muñeco del pin, pan, pun para los candidatos de la derecha Sarkozy y Le Pen; el premier italiano Monti nos culpa de sus dificultades con la deuda y, en otro orden de cosas, en Argentina se arremete contra empresas españolas. Un día sí y uno no la prensa extranjera nos pone como el socio enfermo de Europa y hasta un embajador americano, en una reunión internacional, ha comparado la situación de la juventud española con la de los países del norte de África, señalando que seguíamos siendo el país del vino, el flamenco y los toros.

II.- Lejos de mí la idea de que haya una conspiración contra España "del extranjero que tanto nos envidia", como se decía durante la dictadura. O de adoptar una reacción patriotera ante estas declaraciones. Pero creo que nos tiene que hacer reflexionar y sacar algunas conclusiones. En mi opinión, España pasa por un momento de vulnerabilidad que deberíamos corregir cuanto antes. Debilidad económica obvia, mirando más a los mercados que a los ciudadanos; malestar social con reformas que chocan con el sentir de amplios sectores ciudadanos; flojera de nuestra cohesión territorial, con puesta en cuestión de las autonomías -véase el petardo lanzado por Esperanza Aguirre- o las posiciones soberanistas de los nacionalismos catalán y vasco; un aumento del euroescepticismo a pesar de que la UE es una seña de identidad de nuestra democracia y garantía de nuestro porvenir. No obstante, España sigue siendo una de las 10 primeras economías del mundo, primer inversor en Gran Bretaña, segundo en los EE.UU, de los tres primeros en América Latina y en algunos países del Magreb; líder en algunos sectores económicos relevantes y hay un gobierno, en principio estable, que goza de mayoría absoluta.

III.- ¿Qué está, pues, pasando?. En mi opinión, que en las condiciones actuales de la integración europea, la globalización y, sobre todo, en medio de esta gran crisis la legitimidad parlamentaria nacional no es suficiente para ser un gobierno fuerte, por cuanto una parte importante de las decisiones que nos afectan no se toman en el marco del "Estado nación" sino en ámbitos superiores donde juegan también otros factores. Porque ante los grandes retos que tiene que afrontar España: salir de la crisis, manteniendo el Estado de bienestar; construir un modelo económico más avanzado; tener más peso en la soberanía compartida en el espacio público europeo, no se deben abordar sólo desde la mecánica mayoría parlamentaria. Esto era antes; ahora son necesarios consensos básicos, grandes acuerdos que den lugar a esfuerzos colectivos como nación, entre otras cosas porque es inoperante imponer reformas contra los que las tienen que aplicar y porque las reformas impuestas son efímeras. A los españoles nos iría bien un gran acuerdo contra la crisis y por el crecimiento. Si lo consiguiéramos nos respetarían más y tendríamos fuerza para plantear en la UE otra política más sensata, pues la actual de recortes y más recortes, impuesta desde gobiernos conservadores, nos está perjudicando gravemente a todos.

¿Reaccionamos?

Rubén Ruiz - Rufino

    Desde 2008, el Informe de la Democracia en España (IDE) que anualmente publica la Fundación Alternativas ofrece una encuesta a expertos para valorar de forma cuantitativa el funcionamiento de nuestro sistema político*. La encuesta es original al ser la única fuente disponible que existe para medir la salud de nuestra democracia. El cuestionario, que se repite año a año, pregunta sobre cincuenta y siete indicadores que se agrupan en doce esferas y, éstas a su vez, en cinco grande áreas: ciudadanía, leyes y derecho, representación política, gobernabilidad, y rendición de cuentas, sociedad civil y participación y, finalmente, relaciones internacionales. Tras cinco años repitiendo la encuesta aparecen algunos resultados que son relevantes. En este post me voy a centrar en uno que, en mi opinión, es interesante: la relación entre la movilización ciudadana y la injerencia de los organismos internacionales en la política doméstica ¿Ha aumentado o disminuido la voz de los ciudadanos como consecuencia de las interferencias internacionales en nuestro país?. El gráfico que aquí muestro ofrece una respuesta.

    Como se puede ver, año tras año, la opinión de los expertos consultados ha ido disminuyendo con respecto a si España está libre de interferencias internacionales (0 indica máximo desacuerdo y 10, totalmente de acuerdo). Si en 2008, la valoración de este indicador era de casi 4,5, en 2012 se reduce a casi  la mitad, 2,4. Esta opinión, refleja una percepción que también existe entre la ciudadanía y que refleja el alejamiento de los representantes políticos con respecto a los ciudadanos. Que se crea que las decisiones que toman nuestros políticos están condicionadas por factores externos, por ejemplo imposiciones del Banco Central Europeo, podría entenderse como un signo de debilidad de nuestros políticos. O dicho con otras palabras, la brecha entre el representante político y el ciudadano se agranda en cuanto el primero podría estar alejándose del segundo al tener más en cuenta a miembros de instituciones contra-mayoritarias, como la Comisión Europea, que no responden de forma directa ante ningún control ciudadano. Ante situaciones como ésta ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad civil? Tal y como muestra la segunda línea del gráfico, conforme las injerencias internacionales han aumentado (valores más bajos), también lo ha hecho la movilización ciudadana. Si en 2008, los expertos valoraban la participación política de los ciudadanos con 4,1, en 2012 dicha estimación es de casi 4,5 puntos.

    Este incremento de los movimientos sociales tiene su pico más algido en 2012 y refleja los episodios de gran movilización ciudadana que se produjeron durante 2011 con el movimiento 15-M a la cabeza además de las manifestaciones organizadas por los sindicatos. En uno y en otro caso, el malestar ciudadano tiene que ver con la incapacidad de los políticos para haer frente a las demandas ciudadanas en tiempos de crisis, en parte, por estar sometidos a las duras exigencias de organismos internacionales. Este malestar no debería pasar desapercibido por los partidos socialdemócratas. Sobre todo porque estos partidos siempre han hecho una defensa radical de la democracia y lo que los ciudadanos parecen estar diciendo constantemente desde 2008 es que los representantes políticos cada vez se alejan más de sus votantes. O mejor, que esta crisis no sólo se está saciando con las condiciones sociales de los ciudadanos sino que está mermando la esencia básica de la democracia.

* El IDE se presentó el 11 de Abril de 2012 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

 

Modelo ineficiente y presupuesto posible

Fernando Rueda

Un hombre fotografía una de las obras de la instalación sobre el 'Guernica' de José Ramón Amondarain en el Artium. / L. RICO

Estos son los dos principales argumentos utilizados por el Secretario de Estado de Cultura, para explicar el ajuste en cultura de los presupuestos generales del Estado para el año 2012. Debemos reconocer que no está exento de razón.

Es un presupuesto posible debido a la situación de catástrofe que nos ha instalado en el pensamiento único, -en el que sólo existe una única manera de solucionar la crisis-, en una lógica de mercados a quienes debemos tranquilizar porque "están nerviosos". Pero al margen de este discurso, la realidad es que la reducción del gasto público en cultura es posible, quizá porque los podere públicos no han llevado a cabo políticas de demanda suficientemente eficaces, de manera que los ciudadanos perciban que los servicios culturales son parte prioritaria de sus necesidades sociales básicas. Es decir, se pueden reducir drásticamente los presupuestos en cultura, porque no provoca ningún tipo de alarma social, ni forma parte de una demanda ciudadana clara, ni se defiende desde la política como un derecho de "línea roja". Incluso se podría reducir aún más.

Ciertamente, los recursos públicos destinados a cultura en España no han sido especialmente significativos, siempre por debajo de la media de la Unión Europea y muy lejos de los recursos destinados por Francia o Reino Unido, por ejemplo. Esto no es impedimento para que nuestra cultura se reconozca en el mundo como un elemento fundamental de nuestro potencial de riqueza y creatividad, vinculando a comunidades culturales más amplias, con Latinoamérica y Europa como referentes.

Agentes culturales, creadores, cineastas, artistas, productores, autores, reivindican especialmente este potencial, que si es reconocido por la ciudadanía y por los poderes públicos. En realidad sí existe una demanda clara y argumentada para que se mejoren las condiciones de una política industrial más contundente y eficaz para el sector cultural, que tiene un peso importante en la economía, con un aporte al PIB del 4,1% de media en la última década y de un crecimiento anual cercano al 5%, incluidas las actividades relacionadas con la propiedad intelectual, cifras que están por encima de las del sector de la energía o el de la agricultura, ganadería y pesca.

Se argumenta también para recortar el presupuesto que el modelo de financiación de la cultura es ineficiente, en términos también de lógica de mercado. Pero la solución no consiste en reducir los presupuestos a la mínima expresión. En el último Informe sobre la Cultura española (ICE, 2011), publicado por la Fundación Alternativas, dedicado a su proyección global, encontramos un gran número de datos que acreditan esta ineficiencia, como por ejemplo que apenas 10 de cada cien producciones audiovisuales españolas se ven fuera de nuestras fronteras. En la encuesta realizada a los principales agentes y publicada en el ICE 2011, la esfera peor valorada, de forma casi unánime, es la cooperación y la proyección exterior de nuestra cultura, y el peor lugar lo ocupa sin duda el de las estrategias privadas para la expansión exterior. Entre las demandas del sector, destaca de manera clara la necesidad de internacionalizar nuestra industria cultural y actuar en un entorno global, que nos permita exportar nuestros productos, reorientar estratégicamente hacia el mercado exterior a los creadores y al tejido empresarial de grandes, pequeñas y medianas empresas del sector cultural. Para ello debemos constituir un lugar de encuentro y colaboración, en forma de plataforma de conocimiento, entre los agentes culturales, decisores públicos, creadores, multinacionales y PYMES, que permita una mayor integración de estas últimas en los circuitos internacionales y un mejor posicionamiento de las empresas del sector en general. Así, al menos lo ha entendido la Unión Europea, promoviendo nuevos programas y un significativo incremento presupuestario a partir de 2014, para liberar el potencial de las industrias creativas y culturales europeas.

Ojos que no ven...

Kattya Cascante

José Manuel García-Margallo. / Paco Campos (EFE)

Desde la vocación que como política pública tiene la cooperación española internacional, hace tiempo que se demanda también más y mejor acceso a la información pública. El hecho de que nuestros niveles de transparencia en esta materia nos alineen en la UE con Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, no parece haberle importado ni al anterior gobierno y me temo (según el anteproyecto de la reciente Ley de Transparencia) que tampoco éste.

La excelente noticia de equiparar nuestros niveles de transparencia con las sociedades más avanzadas fueron aspiraciones contempladas ya por el anterior gobierno, que se quedaron en intentos y, sin embargo, fracasos. El más reciente, hace un año, se enredó en alegaciones sobre las dificultades de "información sensible" de los distintos ministerios. Secretos que por otro lado, sólo se dan en circunstancias muy extraordinarias y que en general son excusas para actuar sin oposición ni control, es decir, arbitrariamente y con total impunidad. Algo bastante peligroso para el Estado de Derecho.

El actual anteproyecto, propone mantener el silencio como respuesta administrativa y restricciones en temas ...de seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Al mismo tiempo, se muestra ambiguo con los "regalos y cortesías" a cargos públicos y conciso con las obligaciones en el ámbito laboral, y de gestión económica y presupuestaria de todas las administraciones.

Una maniobra de "transparencia" que mantiene a nuestro ordenamiento jurídico sujeto a decisiones discrecionales de la Administración. Una arbitrariedad que sin embargo se critica en otros ámbitos, incluido el sistema de la Ayuda al Desarrollo y que sin reparo argumentamos para priorizar en los recientes recortes de fondos.

La desinformación a la ciudadanía amplifica el sentimiento ambiguo sobre la Ayuda, ya que la falta de transparencia impide a su vez que haya una rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo, provocando un mayor desentendimiento en los problemas de la pobreza y hambre en el mundo. Sin información, tampoco habrá la necesaria comprensión de las interdependencias entre las diferentes políticas, ni la obligación de asumir la parte de responsabilidad que corresponde a ciudadanos e instituciones.

Si este anteproyecto no permite modificaciones sustanciales se habrá perdido de nuevo la oportunidad de legitimar una política pública de desarrollo con una implicación social más activa y sensible en los temas de reducción de la pobreza. Sin garantías de ejercitar plenamente el derecho a la información pública no se podrá responder sobre la eficacia de la ayuda. Seguiremos ciegos, confundiendo el resultado de una acción con los recursos empleados en ella, asumiendo erróneamente que el medio es un fin y el gasto realizado, el centro del discurso. Y esto, en el mejor de los casos porque ya se sabe, ojos que no ven...

Sanidad y crisis económica en España

Javier Rey

No es extraño que todos los ajustes y recortes del gasto público para lograr el control del déficit incluyan medidas dirigidas a reducir el gasto en los servicios de salud: el crecimiento del gasto sanitario español por encima del PIB venía siendo una constante desde hace años. Es una pauta que no resulta diferente en lo esencial de la que se da en otros muchos países desarrollados.

Las razones de ese crecimiento se deben principalmente al uso creciente de nuevos recursos sanitarios, incluidos los medicamentos, cada vez más costosos, sin una evaluación adecuada de sus beneficios en términos de coste-efectividad respecto a los productos ya disponibles. Una situación derivada de la enorme capacidad de las industrias de tecnologías sanitarias, en la actualidad el sector de la economía productiva con mayores niveles de beneficios de todos los sectores industriales, para inducir el consumo de sus productos por cuantos reciben o intervienen en la actividad sanitaria.

Por esa razón, las medidas adoptadas por otros países, que van dirigidas a controlar y reducir esa tendencia al aumento sin control del gasto sanitario, incluyen cada vez más procedimientos técnicos de valoración de las ventajas añadidas de los nuevos productos antes de su incorporación al arsenal diagnóstico y terapéutico de cada servicio de salud, y la creación de estructuras adecuadas para llevar a cabo esta función.

En ese panorama general el sistema sanitario español se caracteriza por una peculiaridad diferencial añadida: España es uno de los países del mundo con una gestión de los servicios sanitarios más descentralizada, que recae sobre las CCAA. Esta situación coincide con que las partidas sanitarias, que constituyen una parte sustancial (el 40% en promedio) del gasto autonómico, se han convertido en corresponsables importantes del déficit y la deuda de diferentes CCAA, que han provocado los planes de ajuste del actual Gobierno.

En el terreno sanitario esos planes prevén medidas, todavía pendientes de concreción, que pretenden la reducción del gasto sanitario interviniendo de una u otra manera (copagos más amplios que los que ya existen; reducción de prestaciones y recursos disponibles; aumento de las esperas para acceder a los servicios) sobre los pacientes, que son los que menos capacidad tienen de modificar los determinantes del gasto. Se corre con ello el grave riesgo de provocar desigualdades manifiestas en función de la capacidad económica de cada cual en el ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido a una protección sanitaria en condiciones de igualdad para toda la población. Por el contrario, nadie ha planteado la posibilidad de modificar la estructura de nuestro sistema sanitario descentralizado, de manera que se haga más eficiente. Y ello pese a que la forma concreta en que se ha llevado a cado la descentralización sanitaria es una de las causas principales, aunque no la única, de su ineficiencia.

Algunos piden una mayor financiación para los servicios sanitarios, irreal ahora y discutible en las condiciones descritas de ineficiencia del sistema. Globalmente, las actuales alternativas de la izquierda sólo llegan a oponerse a la introducción de los copagos, hasta ahora sólo implantados en forma de una tasa por receta en Cataluña. Pero tampoco nadie en la izquierda ha aportado idea alguna de cambio estructural -no una recentralización, pero sí nuevas formas de financiación y control del gasto sanitario autonómico, como se hace en otros países federales, como Canadá, además de otras reformas en el aseguramiento y la provisión de la atención sanitaria-, que permitiera obtener ventajas en términos de economías de escala, y reducción de ese gasto de una nueva regulación del sistema sanitario con una nueva Ley.

Por su parte, hay sectores financieros interesados en ampliar su participación en la gestión del sistema sanitario público que han constituido un lobby para ello -el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS)-, que está presionando activamente para lograrlo; una situación de la que se derivaría un aumento del gasto sanitario, además de una desigualdad creciente en el acceso y la provisión universal de la atención.

La crisis económica profunda que vivimos proporciona una oportunidad manifiesta para tomar medidas que permitan romper las ataduras para el funcionamiento eficiente del Sistema Nacional de Salud, que suponen intereses corporativos de grupos muy diversos que actúan sobre el mismo. Que no se estén proponiendo esas medidas de reforma estructural del Sistema es una demostración añadida de que la falta de capacidad alternativa de la izquierda a la hora de tomar medidas frente a la crisis ha sido el determinante principal de su pérdida de apoyo electoral, y de las dificultades de su recuperación.

Un presupuesto para los patriotas

Nicolás Sartorius

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los Presupuestos para 2012. / GORKA LEJARCEGI

I.- Como se ha dicho que son unos Presupuestos de "guerra" es lógico que estén pensados para los "patriotas", es decir para todos aquellos que han hecho del patriotismo su bandera y de la evasión fiscal su práctica habitual. A menudo me he preguntado, en este tiempo de tribulación e indigencia de liquidez nacional, dónde estarían todos esos cientos de miles de millones de euros que algunos habían ganado en los tiempos del prodigio, cuando España iba a superar a Italia, Francia e incluso Alemania, hasta que el tinglado de cartón (mejor ladrillo) piedra se vino abajo. Ahora ya lo sabemos porque el gobierno nos lo acaba de desvelar: en los paraísos fiscales o en las cajas de los bancos suizos y de otros países. Calcula el Ejecutivo en 25.000 millones de euros lo que se podría recuperar del expolio, cuando fuentes que se supone bien informadas sostienen que sólo en la Federación Helvética hay más de 40.000 millones de euros evadidos por "patriotas" españoles. Un auténtico hurto, pillaje o botín, -¿o es que no lo es cuando se trata de la Hacienda "que somos todos"?-, que si hubiera justicia en el mundo sería de inmediato confiscado como producto de un acto delictivo de la peor especie cuando el país está al límite de sus fuerzas. Sólo con esa medida, o si se prefiere con que pagasen el 30% de lo defraudado, España no tendría que hacer los brutales recortes sociales que contiene el Presupuesto 2012.

II.- El gobierno, no obstante, ha optado por el "realismo penal" y les ha dicho a los amigos de los ajeno: si me devolvéis el 10% de lo que me habéis quitado os perdono el resto, no os meto en la cárcel, guardo vuestro anonimato y volvéis a ser ciduadanos ejemplares e incluso buenos patriotas. En el fondo, se trata de concederles una amnistía fiscal "preventiva", cuando uno, ingenuo de mí, pensaba que las amnistías e indultos generales estaban prohibidos por nuestra santa Constitución. Todos iguales ante la ley pero, por lo visto, unos más iguales que otros. El mensaje es demoledor: si hurtas al fisco te detraen el 10%; si pagas cívicamente (iba a poner religiosamente pero me he contenido al pensar en lo que paga la Iglesia por su patrimonio), el 20, 30 ó 40% según y quien. Para redondear la faena, las empresas que han colocado "legalmente" sus beneficios en paraísos fiscales se les propone repatriar (ah! siempre la patria)  dichas ganancias pagando sólo el 8% en vez del 30% que es el tipo nominal del impuesto de sociedades.

III.- El efecto de este latrocinio, al que se llama púdicamente "regularización fiscal", es devastador: reducción del 36% en inversiones en infraestructuras; a la mitad en ayuda al desarrollo; 1.500 millones menos en formación profesional; menos 42% en ayuda de acceso a la vivienda; 21% menos para el Ministerio de educación; 85% menos para el desarrollo rural; 15% menos para dependencia... Subida del 7% de la electricidad de los hogares; 5% del gas; al doble las tasas judiciales...

IV.- La conclusión es que se trata de una soberana mentira, envuelta en bazofia ideológica, cuando se dice que el único remedio es recortar gastos e inversiones, cuando en realidad hay dinero a punta de pala que hay que saber recaudar y no eliminar impuestos como el del Patrimonio, el de Sucesiones y haciendo regalos fiscales aquí y allá. Porque la consecuencia de estos recortes en consumo público y privado, en inversión pública y privada -por la "huelga" de crédito-, no puede ser otra que la caída del PIB, en consecuencia, más desempleo, salvo que se sea tan ignorante que se desconozca la composición del PIB o se crea que las exportaciones españolas -no las alemanas- pueden contrarrestar las anteriores caídas.