Ingresos de petróleo, corrupción y paraísos fiscales

JOSÉ LUÍS ESCARIO

Una reciente noticia "Destapados los testaferros del clan Obiang", ha vuelto a sacar a la luz uno de los temas más "oscuros" del panorama internacional de nuestros días: la relación entre la opacidad en el manejo de los ingresos provenientes del petróleo y la utilización de paraísos fiscales.

La policía judicial y el Banco de España ha destapado una trama societaria cuyo objeto parece ser, según el informe policial, el traslado de fondos de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial a cuentas en paraísos fiscales.

Guinea Ecuatorial ha tenido uno de los incremetos del PIB más altos del mundo estos últimos años debido al descubrimiento de importantísimos yacimientos de petróleo en su territorio. Sin embargo, el 70% de la población vive con un euro al día ¿Dónde se ha ido el dinero?

Los ciudadanos guineanos tienen derecho a saber cuánto dinero ha ingresado el Gobierno de Obiang por la explotación y comercialización de sus reservas petrolíferas. Y para ello sería importante que se hiciesenn públicos los contratos firmados con las compañías petroleras. Pero tanto en Guinea Ecuatorial, como en la mayoría de los países del mundo, tales contratos son custodiados como auténticos secretos de Estado. Los ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos en la oposición no pueden saber cómo se reparte el pastel ( la renta petrolera) entre las "partes contratantes". Quizá las élites políticas de ciertos países no quieran que sea de dominio público su incompetencia (en el mejor de los casos) a la hora de negociar dichos contratos.

Pero la otra parte de la trama de la que se sirven estos amantes del dinero público es la opacidad de sus operaciones, amparada, sobre todo, por la utilización de paraísos fiscales. Estas "jurisdicciones no cooperativas", además de garantizar el sacrosanto secreto bancario, dictan leyes que permiten la ocultación del beneficiario real de los fondos y activos que se cobijan en su territorio. Ello da pie a que sofisticados asesores jurídicos creen complejas estructuras en cascada compuestas por sociedades pantalla (sin actividad real), fundaciones o por los llamados trusts ( similares a la figura de las fiducias en Derecho español) que hacen prácticamente innacesible a las autoridades fiscales de otros países la identidad de quien disfruta de tales fondos. Estos trusts suelen estar a la cabeza del entramado y se ubican en paraísos fiscales, que no exigen ni siquiera su registro público. La característica común en todos los casos es que el propietario legal, el que aparece en los documentos, no es más que una simple pantalla (testaferro u hombre de paja) tras la cual se oculta eficazmente la identidad de los beneficios económicos reales. Estos pueden así disponer y disfrutar de los fondos y activos sin tener que pagar ningún impuesto por ello.

Algunos datos nos pueden dar una idea de la proliferación de tales vehiculos intermedios destinados a ocultar identidades: en las Islas Caimán existen 70.000 sociedades registradas y 54.000 habitantes censados; en Isla Mauricio 9 personas administran 1.550 compañías, según una investigación llevada a cabo por el Parlamento Europeo.

Dado que la mayor parte de los depósitos resultantes de los flujos ilícitos de capital no están a nombre de personas físicas, la identificación del beneficiario real de los fondos cobijados en cuentas corrientes a nombre de este tipo de "entidades" debería ser una de las prioridades de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Y no sólo cuando el dinero provenga de actividades de corrupción, como la malversación de fondos públicos, sino también cuando estas estructuras sean el fruto de la ingienería fiscal (totalmente "legal" en ocasiones) destinada a reducir drásticamente los impuestos que pagan ciertas compañías transnacionales. Es esta aún una cuenta pendiente de las medidas que se están tomando a nivel internacional y comunitario para frenar la enorme pérdida de recursos públicos producida por prácticas fiscales nocivas.