Demoledor informe, preocupación creciente

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

El pasado mes de marzo, veinte organizaciones españolas del tercer sector hacían entrega al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de un documento sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en España. Este informe, preparado durante el pasado mes de mayo al Comité, es el quinto estudio periódico elaborado para tratar de elucidar el estado de la cuestión en nuestro país. Los resultados son cuando menos demoledores. Y la ausencia del sector cultural en el análisis a través de alguna de sus organizaciones representativas, es, como mínimo, preocupante.

Las recomendaciones ejecutivas del informe fueron realizadas con posterioridad al cambio de Gobierno de España y teniendo ya presentes los cambios normativos y presupuestarios, aunque aún sin poder calibrar el impacto y primeros efectos de los mismos en las garantías y derechos efectivos de la ciudadanía. Algunas de sus conclusiones no obstante merecen comentario y reflexión.

La primera de las propuestas hace mención al debilitamiento creciente de las garantías personales en cuanto a los derechos en la totalidad del territorio, ante cualquier administración y tribunales y con la preservación de los derechos legales de acceso a la justicia, mientras que la segunda nos recuerda que seguimos ¡desde 1996! pendientes de firmar la ratificación de la Carta Social Europea y el protocolo que permite la presentación de reclamaciones colectivas. Estos días estamos viendo como numerosas iniciativas ciudadanas de reclamación, ante la previsible vulneración de derechos (como en el caso de Bankia) vienen encontrando dificultades reales para su puesta en marcha precisamente por este incumplimiento.

Le recuerdan además al Gobierno, como primer representante del Estado, su obligación de mantener sus compromisos con los Derechos Humanos, a través de la aprobación del segundo Plan de Derechos Humanos que se traduzca en medidas concretas, tanto de política exterior como de política interior con indicadores y plazos medibles y razonables. La escabechina presupuestaria en nuestros programas de Cooperación Internacional deja poco espacio para la duda en cuanto al exterior. Y la acción represora que en los crecientes conflictos sociales provocados por los recortes está teniendo lugar, es motivo de una preocupación cada vez mayor entre muchos ciudadanos que, habiendo votado al actual partido en el Gobierno o formando parte de él, no comprenden su actitud, incluso la censuran sin medida.

Los datos incluidos en el informe son, en general y en detalle, enormemente preocupantes por la profundidad de los daños que la crisis ha llevado a las vidas de millones de familias en España. Y más por la densidad de daño creciente que, cada día, vemos en nuestro entorno, combinado con la inexistente respuesta y la aparente o real insensibilidad de la administración actual ante todos ellos.

Pero también es reseñable el hecho de que entre la veinte organizaciones que participan en la elaboración de este informe no haya ni una sola que pertenezca al mundo de la cultura. Mientras nos llenamos la boca con el crecimiento de las Fundaciones y sociedades del tercer sector cultural, resulta que no se ha encontrado ninguna con suficiente capacidad como para aportar datos respecto a los daños en el campo de los derechos culturales, casi inéditos por cierto en el informe. Un dato preocupante y significativo.