Una democracia intervenida

JOSÉ FERNÁNDEZ-ALBERTOS

Casi todas las propuestas concretas que se discuten como posibles soluciones a la crisis actual (devaluación interna, consolidación fiscal, creación de una unión bancaria o incluso fiscal europea) exigen, de manera más o menos explícita, un aislamiento de la política económica respecto de las demandas de la ciudadanía: Las reformas y recortes necesarios habrán de imponerse por muy impopulares que estos sean, y las decisiones de los gobiernos nacionales deberán ser supervisadas de manera más estricta por instituciones supranacionales sobre las que los ciudadanos apenas tienen capacidad de influencia.

Este progresivo aislamiento de la política económica respecto del control democrático ya lo llevamos practicando algún tiempo, y conocemos algunas de sus consecuencias: desafección de los ciudadanos, crisis de gobernabilidad asociadas al declive de los principales partidos, y aparición de tendencias populistas y extremistas. Como recientemente señalaba el politólogo James Alt parece que estemos siguiendo una versión adaptada del famoso consejo de los hermanos Marx: "si tienes un problema, contrata a un experto; esto hará que el problema se haga más grande, pero al menos tendrás experto".

Algunos argumentan que esta crisis política es pasajera. En el momento en que las políticas impopulares empiecen a dar sus frutos en términos de crecimiento, la gente olvidará que los gobernantes las adoptaron de espaldas a ellos. A la población, se dice, le importan los fines, no los medios.

Este razonamiento parte, como mínimo, de una premisa errónea: pensar que hay "una" forma óptima de resolver la crisis y para dar con ella lo mejor es "aislar" a los políticos de la influencia de los votantes. Es esta una visión ingenua que ignora el hecho de que cualquier resolución de la crisis actual pasa por un reparto determinado de los costes del inevitable ajuste al que se enfrentan nuestras economías.

Dicho de otra forma, el hecho de que toda solución a la crisis implique una distribución determinada de sacrificios entre países, entre grupos sociales, y entre individuos nos obliga como sociedad a responder preguntas de naturales puramente política: ¿Qué grupos han de ser los más castigados por los ajustes y qué grupos han de ser protegidos? ¿Deben pagar más los contribuyentes o los beneficiarios del Estado del bienestar? ¿Qué tipos de contribuyentes y qué tipos de beneficiarios?

Desengañémonos: no existen respuestas "técnicas" a estas preguntas, sino únicamente políticas. Y la mejor forma que tenemos para resolver los debates distributivos que subyacen a todas estas cuestiones es mediante métodos democráticos.

Usurpar al debate público estas cuestiones y obligar a los políticos a seguir los dictados de expertos o agencias supranacionales no sometidas al control democrático tiene, además, la indeseable consecuencia de hacer estas políticas más frágiles e inestables en el tiempo. Este es uno de los argumentos que defiendo en el libro "Democracia Intervenida": es precisamente el hecho de que los políticos tengan que someterse periódicamente al escrutinio ciudadano lo que hace que las políticas impopulares que adoptan sean inestables y generen incertidumbres en la economía.

Tengamos pues menor miedo a la democracia. Sólo adoptando políticas que gocen de amplio respaldo social lograremos que éstas sean percibidas como creíbles y sostenibles en el tiempo.

José Fernández-Albertos (twitter: @jfalbertos) es investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Acaba de publicar "Democracia Intervenida. Políticas Económicas en la Gran Recesión" (Alternativas - La Catarata), que presenta este próximo miércoles 27 de junio a las 19:00 en el Centro Cultural Blanquerna (c/ Alcalá, 44).