O vamos más rápido o el barco se hunde

J. ENRIQUE DE AYALA

Poco dura la alegría en casa del pobre. Hace apenas una semana, los resultados de la enésima cumbre decisiva del Consejo Europeo parecían marcar un nuevo rumbo en la política financiera de la eurozona, que, en un primer momento y a falta de detalles, relajaba la presión de los mercados financieros sobre los dos países con mayores dificultades: España e Italia. Siete días después, la prima de riesgo española ha cerrado en 563 puntos (30 más que el día previo a la cumbre), la italiana en 470 (seis más), mientras las bolsas de Madrid y Milán perdían el tres y el dos y medio por ciento respectivamente.

Ahora es más fácil observar que los resultados de la cumbre no eran tan excelentes como fueron valorados en un primer momento. Se aprobó el pacto por el crecimiento, propuesta prioritaria del presidente francés François Hollande, que incluirá inversiones por valor de 120.000 millones de euros (un 1% del PIB comunitario). Esta es una cantidad que, de repartirse equitativamente entre los socios europeos, sería poco más que una gota de agua en el desierto. Las conclusiones mencionan a “los países más vulnerables”, pero los detalles están por desarrollar. Por otra parte, se pone en marcha un mecanismo único europeo de supervisión bancaria, bajo la autoridad del Banco Central Europeo (BCE), que pretende ser el primer paso de una futura unión bancaria, para lo que las primeras propuestas se presentarán en diciembre. Cuando este supervisor se establezca efectivamente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podrá tener la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente, con lo que se logrará la deseada separación entre crisis bancaria y crisis de la deuda soberana. Pero esto, por ahora, no tiene fecha. Finalmente, se dan los primeros pasos para diseñar una unión económica y un calendario para su implementación, que tardará años en completarse.

Lo que sigue sin resolverse es el problema principal, y sobre todo más urgente: la desconfianza de los inversores en la capacidad de España e Italia para pagar su deuda pública (más importante en el caso de Italia) y privada (más importante en el caso de España), así como para cumplir los objetivos de déficit comprometidos, en un entorno de recesión económica. En el caso español, esta desconfianza se ve agravada por la vinculación del rescate bancario ya acordado (deuda privada) con la deuda pública, pues ésta se verá incrementada en la cantidad que la banca necesite, en tanto no exista la autoridad única de supervisión bancaria europea. La renuncia a que el MEDE sea acreedor prioritario (como lo es siempre el FMI), es desde luego una buena noticia para los inversores en deuda española o italiana, pero insuficiente a la vista de los resultados.

Madrid y Roma están pagando intereses de cerca del siete y del seis por ciento, respectivamente, por sus bonos a 10 años, lo que es insoportable en un plazo medio (meses), que cada vez se hace más corto. El coste de la financiación estrangula la actividad económica, reduciendo los ingresos del estado e incrementando los gastos sociales y el servicio de la deuda, con lo que ni el déficit - ni por consiguiente la deuda- pueden reducirse, a pesar de los duros recortes, que deprimen también el consumo interno y alimentan el problema. Ante esta situación, la desconfianza aumenta y la financiación se encarece aun más, en un círculo vicioso que puede conducir a un default, o a un rescate completo por parte de la UE, similar al de Grecia, Irlanda o Portugal, incluso en estados que en condiciones normales (pagando intereses similares a Alemania, por ejemplo) podrían hacer frente a sus obligaciones con cierta tranquilidad.

En este escenario, los fondos europeos apenas llegarían para financiar a España, si no pudiera financiarse en los mercados, pero serían absolutamente insuficientes para rescatar a España e Italia, y, si se diese este caso, la moneda única podría desaparecer en su forma actual.

La solución la conoce todo el mundo: mancomunar la deuda de los países de la eurozona. A pesar de estar incrementándose, la deuda pública de los países de la moneda única es todavía menor (en términos porcentuales sobre el PIB) que la de EUU y menos de la mitad que la de Japón. Pero estos dos países están pagando tasas de interés similares a las de Alemania ¿Por qué la Unión Europea, con una enorme fortaleza económica en su conjunto, pagaría más que ellos si solo existiera un tesoro europeo? Los eurobonos, en cualquiera de sus modalidades, acabarían con el problema de raíz. Pero como es sabido, se enfrentan con la oposición, no solo de la canciller alemana Ángela Merkel, sino desgraciadamente, de buena parte de la clase política y de la opinión pública alemana, y de otros países del norte de Europa, cuyo débil sentimiento solidario no llega tan lejos como para corresponsabilizarse de países que consideran poco fiables, al menos mientras no puedan controlarlos efectivamente.

Sin embargo, no se trata de que los alemanes, holandeses o finlandeses paguen la deuda española o italiana. Se trata de que la avalen, si es que confían en estos países y en el proyecto común, pues probablemente la mera existencia del aval mejoraría la situación hasta hacer su ejecución absolutamente innecesaria. Si no confían, ni tienen ningún interés en ayudar a salir juntos de la situación, el proyecto común está en serio peligro. Conjugar 28 intereses estrictamente nacionales es prácticamente imposible.

Otra posibilidad, que también se trató en la cumbre, sería la compra de deuda de los estados miembros por los fondos europeos de rescate, es decir el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), o el permanente MEDE cuando sea ratificado y entre en vigor. En la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona, de julio de 2011, se abrió ya esa posibilidad. Pero este uso tiene que ser aprobado por todos los miembros del fondo, caso por caso, en algunos países, como en Alemania, por los parlamentos nacionales. Y, por supuesto, está sujeto a condicionalidad, macroeconómica en este caso, que puede ser muy rigurosa dependiendo de la voluntad de los socios, cuyo objetivo sería siempre el cumplimiento estricto de los calendarios de reducción del déficit. En realidad, se trataría de un rescate parcial y continuado, a pequeñas dosis. Un rescate a cámara lenta. Implica la intervención de la troika en el país de que se trate, y requiere una petición formal, que ni Madrid ni Roma están dispuestas a plantear por ahora.

Una alternativa podría ser que el BCE, con un mandato claro del Consejo, estableciera un tipo máximo de intervención para los intereses de la deuda pública de los estados de la eurozona, de forma que cuando se llegara a ese tipo, el BCE comprara deuda en el mercado secundario sin límite, impidiendo que se rebasara. Aunque estuviera sujeto a una condicionalidad razonable, esto daría un marco estable a los estados en dificultades para su programación macroeconómica y les permitiría afrontar la situación con posibilidades de éxito.

A corto plazo, la medida más eficaz sería sin duda una reactivación de los programas de compra de deuda por el BCE en el mercado secundario, que están paralizados hace cuatro meses, lo que aliviaría rápidamente las primas de riesgo, y/o una nueva inyección de liquidez a los bancos como las que se produjeron en diciembre y febrero (más complicado ahora en España, dada la situación bancaria), que en parte revirtieron en compra de deuda, aunque en buena parte regresaron en depósito al BCE. Estos depósitos no serán retribuidos a partir de ahora, en un intento de que el dinero se desvíe hacia el crédito a empresas.

En su reunión del jueves, el BCE rebajó en un cuarto de punto el tipo de interés de referencia, hasta un nunca visto 0,75 por ciento (aún superior al de EEUU y Japón), en un intento de combatir el estancamiento que se abate de nuevo sobre muchos países de la moneda única, y promover una cierta reactivación. Tímida medida, que no fue acompañada por las que los inversores esperaban ansiosamente: la intervención en los mercados secundarios de deuda, o la inyección de liquidez al sistema bancario. El resultado, está a la vista: el problema está donde estaba.

Puede que el BCE haya considerado, tras un análisis técnico, que tomar este tipo de medidas no es conveniente en este momento para la estabilidad de la moneda única. Pero el perfecto parecido de su política con la de Berlín (tal vez deberíamos empezar a llamarlo Eurobundesbank), permite pensar que esta decisión de no hacer nada, no es ajena a la presión sobre los países implicados para que cumplan sus objetivos de déficit a costa de lo que sea. Por su parte, los mercados financieros parecen insensibles a las dolorosas medidas de recorte y reformas estructurales que se suceden desesperadamente. Si no hay aval europeo, en una u otra forma, simplemente no quieren esos títulos de deuda. España e Italia no pueden aguantar por mucho tiempo el elevadísimo coste de sus finanzas públicas, sin recibir algún tipo de ayuda, o respaldo, real y visible.

Una cosa es la independencia del BCE, que nadie discute y es un dogma para los alemanes, y otra su discrecionalidad, porque sus acciones u omisiones influyen en la vida de millones de personas, y no es una institución democrática. El Consejo Europeo, que sí lo es, aunque sea en circunscripciones nacionales, puede y debe decidir las líneas de acción más convenientes, en una situación excepcional como ésta. No sea que tanta prudencia nos vaya a estallar en las manos, y el guardián del euro, el BCE, termine siendo su destructor.