JORGE FERNÁNDEZ LEÓN
Las aguas de la financiación de la cultura en el futuro bajan revueltas. El anuncio de la aprobación en Consejo de Ministros del borrador de la futura ley de Mecenazgo, que vendría a sustituir a la hace años obsoleta ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, ha traído por un momento al primer plano, en medio de la crisis del modelo de financiación, el debate en torno a los mecanismo públicos de compromiso para con la cultura, y más específicamente lo relativo al patrocinio de las artes, las instituciones artísticas, la incentivación al coleccionismo.
Esta iniciativa, con el ambicioso nombre anunciado de Ley de Participación Social y de Mecenazgo, pasó hace más de un mes por la Comisión delegada de Asuntos Culturales, presidida por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y desde entonces, silencio. Las novedades anunciadas por el Secretario de Estado de Cultura que prometían ampliar las desgravaciones desde los límites del 25 % en el caso de particulares y el 35 % en el caso de empresas, hasta cantidades que rondarían el 60 % o 70 %, siguiendo el modelo de la ley francesa de 2003, cuyos resultados parecen querer imitar (en el país vecino pasaron de 150 millones de euros en 2004 hasta los 683 en 2011 obtenidos por esta vía).
Todo lo que sabemos del texto tiene que ver con la traída y llevada participación de empresas y profesionales en la financiación de proyectos artísticos o patrimoniales, tratando de animar esa participación a través de una mejor valoración de la misma a la hora de la tributación societaria o individual. Pero viendo en detalle los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados, llama la atención la continuidad, ampliada, del listado de los incentivos orientados supuestamente a la consecución de objetivos económicos y sociales, según reza el apartado correspondiente de la memoria de los Beneficios Fiscales. Un listado de celebraciones deportivas, patrimoniales, celebratorias y religiosas (ni un solo proyecto científico-técnico o creativo, ninguna mención por ejemplo a la Capitalidad Cultural Europea de 2016 ...) que permitirían a nuestras compañías desgravaciones que pueden llegar al 90% de la inversión, aplicada además a los gastos de publicidad, es decir casi íntegramente recuperable para las compañías en términos de comunicación comercial propia, al margen de los valores de prestigio asociados a estos eventos.
Buena parte de los destinatarios potenciales de la nueva ley de Mecenazgo (lo de la participación social es un bonito añadido sacado de la teoría de los marcos y del diccionario frases de los conservadores) ya tienen pues una vía para rentabilizar sus inversiones sociales. Y con un 90 % de desgravación. Y los contables del Ministerio de Hacienda, sea cual sea su nombre, llevan afilando sus lápices unos meses para no dejar escapar un 10 % por ningún sitio, cosa que con seguridad conocen en la Secretaría de Estado de Cultura. Son pues muchas las dificultades y más los mecanismos de desincentivación añadidos por le propio Gobierno a los interesados en los beneficios de ese Proyecto de Ley. Salvo que se trate de una nueva metáfora constituyente, una más de las imágenes sin contenido, confiadas en el poder hipnótico del lenguaje en la sociedad del espectáculo.
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