Reinstalando la política cultural

PAU RAUSELL KOSTER. Investigador y profesor de economía de la Universidad de Valencia

La justificación primigenia de las políticas culturales se sustenta, como para cualquier otra política pública - en el valor intrínseco de la cultura para maximizar nuestro bienestar. La cultura tiene capacidad de transformar nuestra dimensión individual, social, ciudadana, económica o política, influyendo en nuestro sentido de pertenencia, de identidad, construyendo nuestro capital social, alimentando el conocimiento que nos dota de autonomía, conformando nuestra sensibilidad y ampliando nuestras capacidades expresivas y comunicativas. Y todo esto tiene menos que ver con Bibliotecas Nacionales, Museos, grandes ciclos de Teatro, Òpera o cuotas de pantalla y mucho más con la participación, actitudes, acceso a Internet, usos de los espacios públicos, clases de prácticas artísticas, la formación creativa, alfabetización digital, circuitos de proximidad...

Las políticas culturales tradicionales son ineficaces, ineficientes e injustas. A pesar de ello la política cultural es ahora más necesaria que nunca. El tamaño de los sectores culturales son la variable más determinante para explicar las diferencias de renta per/cápita de las regiones Europeas. A modo de ilustración, la diferencia de la renta per cápita entre Madrid y la Comunidad Valenciana, de  10.000€ en 2010, viene principalmente explicada por la diferencia de 7 puntos entre la población activa dedicada a la creatividad y la cultura. Para quién no lo sepa, decir que la productividad de un empleado en el sector de la cultura casi duplica a uno del sector turístico.

Pero además, las empresas culturales tienen tasas de supervivencia superiores a la media de las empresas, requieren menos capital inicial, son intensivas en trabajo con elevados niveles de formación y usan más intensamente las TIC ¿No les parece que la cosa encaja bien con las necesidades de nuestro sistema productivo?

Pero la verdadera condición necesaria (aunque no suficiente) es dedicar al desarrollo de la política cultural el 1% del gasto del gobierno central, entre el 2% y el 3% de los gobiernos autonómicos y en los gobiernos locales alrededor del 5%. Aún con crisis se pueden aplicar porcentajes, ¿no?. Con un recorte del 20% del presupuesto global del Gobierno de Rajoy, estos porcentajes, aún supondrían multiplicar por tres los recursos destinados a los sectores culturales.

El incremento del IVA puede efectivamente tener cierto efecto sobre la demanda, especialmente en el ámbito de las manifestaciones culturales más transversales socialmente como el cine y la música moderna, pero los estudios en general nos dicen que la cultura es poco elástica ante variaciones de precio.

Pero la nueva política cultural no puede ser construida sobre el argumentario tradicional. Es necesario reinstalar una política cultural de nueva planta, cuyos objetivos principales sean la efectiva satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía y que tenga como efecto colateral la salida de la crisis. Si se planteara como objetivo que las actividades culturales y creativas ocuparan el 10% de la población activa en España ¿No lo ven?. La cultura es la luz a final de este túnel.

 

 

Deuda, olimpiadas y goleadas

CARLOS CARNERO

No deja de ser una hábil idea utilizar la visita de la delegación olímpica para hacer una declaración sobre la desesperada situación financiera por la que atraviesa España, como ha hecho Mariano Rajoy esta semana. Asegurada la amplia repercusión mediática, presentarse como un deportista lesionado que trata de recuperarse lo antes posible mueve a la simpatía y al apoyo. El único problema es que la comparación no es la más ajustada a la realidad.

La más ajustada sería otra: Rajoy es el entrenador de un equipo que va perdiendo por goleada a poco de empezar el partido cuya afición comienza a silbarle de manera atronadora porque es incapaz de reformular de forma coherente la actuación de sus jugadores ante la habilidad del contrario para poner en marcha diferentes fórmulas de ataque con las que se planta continuamente en el área y mete gol. Asediado por la situación, el míster sólo acierta a lamentarse de que él no puede hacer más y a pedir que vengan otros a solucionarle la papeleta. No está lesionado, simplemente es que no sabe por donde tirar. Y a cada lamento, más abultado se hace el marcador en contra.

Así no se puede seguir ni un minuto más, porque, a este paso, España será incapaz de financiarse a corto plazo hundida por el creciente peso de la deuda (capital e intereses, no lo olvidemos), las grandes empresas españolas estarán al borde de ser compradas por cualquiera a la vista de que sus acciones valdrán cuatro euros (no literalmente, claro) y las consecuencias las pagarán todos los ciudadanos en el contante y sonante de su vida cotidiana.

El rescate bancario de nuestro país era necesario, pero no suficiente. Así que, aprovechando la incapacidad de la UE para aplicar con urgencia sus propias decisiones, los especuladores de siempre (los que ya nos atacaban con el Gobierno anterior y lo siguen haciendo con éste) utilizan la situación para acrecentar sus beneficios especulativos astronómicamente. Y mientras, se tocan la lira como si el tiempo pudiera arreglar el desastre.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no prohibiera los movimientos especulativos de los tiburones financieros en la bolsa hasta bien entrado el lunes 23 de julio? ¿Por qué no antes? ¿Cuánto dinero han perdido los pequeños inversores por culpa de tal inacción?

Sobre la deuda: algunos nos quieren llevar al rescate total, ya lo sabemos. Pero no es el caso de Alemania o del Banco Central Europeo, entre otras cosas porque Berlín tendría que poner buena parte del dinero para llevarlo a cabo. Eso sí, entre el bueno, bonito y barato de que el BCE compre deuda pública sin mayor compromiso por parte de Madrid (y de Roma, claro) y tal rescate hay una solución intermedia hacia la que Merkel, Draghi y otros nos están empujando a ojos vista: solicitar que los fondos de rescate europeos la adquieran en los mercados primario y/o secundario (esto último podría hacerse de forma inmediata), eso sí, comprometiéndose a cumplir las exigencias de Bruselas en los procedimientos de déficit excesivo y por desequilibrios macroeconómicos que tiene abiertos España, no lo olvidemos.

Con una pequeña compra, los especuladores recibirían un fuerte correctivo y pondrían pies en polvorosa. Recordemos que este lines sólo se movieron 150 millones de euros en el mercado de deuda, frente a los 7.000 de algunos momentos de 2011. No sería necesario un bazooka, sino un simple revólver.

Puede que al Gobierno le cueste dar ese paso, convencido de que le supondrá un nuevo desgaste. Pero el tiempo apremia para el Estado y para los ciudadanos que ven cómo se esfuman sus ahorros actuales y futuros.

La metáfora del deporte sirve: esa es la nueva táctica que tendrían que poner en marcha el entrenador si no quiere que al final la goleada sea de escándalo.

Los empleados públicos: alguna precisión

JAVIER GÓMEZ DE AGÜERO

Tras la aprobación de los últimos recortes en la Administración Pública, paga extra de diciembre, días de libre disposición e incapacidad temporal; parece necesario hacer un ejercicio de precisión sobre quiénes son, qué hacen y cuántos son, los empleados públicos.

Lo primero que hay que aclarar es que en la Administración hay dos grandes categorías de empleados: los funcionarios y el personal laboral. Los funcionarios mantienen con la Administración una relación estatuaria basada en el Derecho Administrativo, mientras que el personal laboral tiene una relación basada en la legislación laboral.

Los funcionarios sólo pueden acceder a la Administración por oposición o por concurso-oposición (un proceso que suma a la oposición la valoración de otros méritos). El personal laboral accede a la Administración por oposición, por concurso-oposición, o por concurso de valoración de méritos.

Además de estas dos categorías hay una tercera: el personal eventual. Estos trabajadores llevan a cabo tareas de confianza o de asesoramiento. El nombramiento es libre y el cese se produce siempre cuando cesa la autoridad que les nombra.

¿Cuántos empleados públicos hay en España?

Según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, en toda España había 2.690.099 empleados públicos. De ellos 1,6 millones son funcionarios, 690.278 son personal laboral, y 346.323 están en la categoría de "otro personal". Dentro de esta categoría que utiliza el Boletín estarían, además del personal eventual, los funcionarios interinos y otros contratados y personal vario (la mayor parte de ellos dedicados a la enseñanza).

Distribución de empleados públicos por administraciones

Por lo que respecta a las funciones, cerca del 60% del conjunto de los empleados públicos en España se dedicaban directamente a la Educación, la Sanidad, la Seguridad o la Justicia, pilares básicos de cualquier Estado moderno.

Distribución de empleados públicos por funciones

También es interesante observar la evolución del número de empleados públicos en las distintas administraciones. Como fecha de referencia tomo el año 2002 porque ya se habían producido los traspasos de las grandes competencias de la Administración General del Estado a las CCAA.

Avances o metáforas

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Las aguas de la financiación de la cultura en el futuro bajan revueltas. El anuncio de la aprobación en Consejo de Ministros del borrador de la futura ley de Mecenazgo, que vendría a sustituir a la hace años obsoleta ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, ha traído por un momento al primer plano, en medio de la crisis del modelo de financiación, el debate en torno a los mecanismo públicos de compromiso para con la cultura, y más específicamente lo relativo al patrocinio de las artes, las instituciones artísticas, la incentivación al coleccionismo.

Esta iniciativa, con el ambicioso nombre anunciado de Ley de Participación Social y de Mecenazgo, pasó hace más de un mes por la Comisión delegada de Asuntos Culturales, presidida por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y desde entonces, silencio. Las novedades anunciadas por el Secretario de Estado de Cultura que prometían ampliar las desgravaciones desde los límites del 25 % en el caso de particulares y el 35 % en el caso de empresas, hasta cantidades que rondarían el 60 % o 70 %, siguiendo el modelo de la ley francesa de 2003, cuyos resultados parecen querer imitar (en el país vecino pasaron de 150 millones de euros en 2004 hasta los 683 en 2011 obtenidos por esta vía).

Todo lo que sabemos del texto tiene que ver con la traída y llevada participación de empresas y profesionales en la financiación de proyectos artísticos o patrimoniales, tratando de animar esa participación a través de una mejor valoración de la misma a la hora de la tributación societaria o individual. Pero viendo en detalle los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados, llama la atención la continuidad, ampliada, del listado de los incentivos orientados supuestamente a la consecución de objetivos económicos y sociales, según reza el apartado correspondiente de la memoria de los Beneficios Fiscales. Un listado de celebraciones deportivas, patrimoniales, celebratorias y religiosas (ni un solo proyecto científico-técnico o creativo, ninguna mención por ejemplo a la Capitalidad Cultural Europea de 2016 ...) que permitirían a nuestras compañías desgravaciones que pueden llegar al 90% de la inversión, aplicada además a los gastos de publicidad, es decir casi íntegramente recuperable para las compañías en términos de comunicación comercial propia, al margen de los valores de prestigio asociados a estos eventos.

Buena parte de los destinatarios potenciales de la nueva ley de Mecenazgo (lo de la participación social es un bonito añadido sacado de la teoría de los marcos y del diccionario frases de los conservadores) ya tienen pues una vía para rentabilizar sus inversiones sociales. Y con un 90 % de desgravación. Y los contables del Ministerio de Hacienda, sea cual sea su nombre, llevan afilando sus lápices unos meses para no dejar escapar un 10 % por ningún sitio, cosa que con seguridad conocen en la Secretaría de Estado de Cultura. Son pues muchas las dificultades y más los mecanismos de desincentivación añadidos por le propio Gobierno a los interesados en los beneficios de ese Proyecto de Ley. Salvo que se trate de una nueva metáfora constituyente, una más de las imágenes sin contenido, confiadas en el poder hipnótico del lenguaje en la sociedad del espectáculo.

Compás de espera en Siria

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO

El régimen sirio se encuentra en estado de shock. El atentado contra la sede de la Seguridad Nacional se ha cobrado la vida de elementos clave en el aparato de seguridad descabezando, al mismo tiempo, la célula de crisis que había dirigido la represión contra los manifestantes y activistas sirios. No se trata de un golpe de fortuna, sino de una operación minuciosamente planificada con meses de antelación y que demuestra que el Ejército Libre de Siria está cada vez mejor pertrechado y, además, cuenta con informantes dentro de la propia estructura de mando del régimen. Pocas horas después del atentado, los rebeldes bombardearon los cuarteles de la Guardia Republicana, la guardia pretoriana de Bashar al Asad que dirige su hermano pequeño Maher.

Estas dos acciones coinciden con la operación Volcán de Damasco, en la que el Ejército Libre de Siria ha llevado la guerra hasta la misma capital del país, tradicional feudo de los Asad. Con esta acción se pretende poner en evidencia la debilidad del régimen y, sobre todo, mostrar a la población que tiene las horas contadas. Para tratar de acallar los rumores que situaban al presidente en Latakia, población de mayoría alauí donde ahora trataría de rehacerse del golpe recibido y, sobre todo, recomponer la estructura de mando que ha sido descabezada, Bashar tuvo que posar con el nuevo ministro de Defensa en el palacio presidencial de Damasco. Aunque el nuevo titular de la cartera manifestó que la moral de las tropas era alta, su rostro parecía decir exactamente lo contrario. Debe tenerse en cuenta que el número de deserciones entre los altos mandos de las fuerzas armadas no deja de crecer desde la huida a París de Manaf Tlas, un influyente general de la Guardia Republicana que podría proporcionar información sensible sobre las interioridades del régimen.

Así las cosas todo parece indicar que el tiempo corre en contra de Bashar al Asad, que no sólo ha perdido a algunos de sus más preciados colaboradores, sino que además se ha visto obligado a pasar a la defensiva después de diecisiete meses a la ofensiva. Con un Ejército Libre de Siria en constante avance, el régimen parece estar cerca del colapso y las opciones de Bashar cada vez son más limitadas. En las últimas semanas se viene hablando de la posibilidad de que se refugie en la Montaña Alauí, una zona que se extiende a lo largo de la costa mediterránea y donde el elemento alauí es el predominante. Con ello podría ganar algo de tiempo pero no recuperar el terreno perdido, ya que la población siria parece haber llegado a la conclusión de que los días de los Asad están tocando a su fin y que sólo queda por esclarecer el cómo y el cuándo caerá.

¿Cómo queremos que se tomen las decisiones políticas?

JOAN FONT Y PAU ALARCÓN (IESA-CSIC)

¿Nos importa cómo se toman las decisiones políticas o lo único que cuenta son los contenidos de las mismas? El movimiento 15-M no ha sido el primero en reclamar una democracia con más componentes participativos, pero quizás sí ha sido el actor que con más rotundidad ha puesto esta demanda encima de la mesa de la vida política española. Los recientes gobiernos tecnocráticos de países como Italia y Grecia han contribuido también a poner encima de la mesa el debate del cómo de la política ¿cuánto importa el conocimiento experto y cuánto la legitimidad democrática de quienes deciden?

Este mismo debate lo abrió hace unos años un influyente libro estadounidense (Hibbing y Theiss-Morse, 2002), que ponía en cuestión que existiera una demanda ciudadana de mayor participación. Al contrario, el libro defendía que el ideal real de la ciudadanía de EEUU era que personas honestas, eficaces y expertas tomaran las decisiones, sin necesidad de intervención ciudadana, en un modelo que bautizaron como "democracia sigilosa".

¿Qué opina la ciudadanía española sobre el tema? El Estudio 2860 del CIS, nos muestra que la mayoría de la población española apuesta por soluciones moderadas, que incorporen un mayor protagonismo de la ciudadanía, pero otorgando también un papel importante a los representantes políticos. El gráfico 1 refleja una considerable distancia entre los procesos deseados por la población española (donde participación y representación están más equilibradas) y su percepción de cómo funciona el sistema político actual.

Gráfico 1: Procesos políticos deseados y percibidos en España

Fuente: CIS 2860

En el gráfico 2 aparecen reflejadas las puntuaciones obtenidas en la misma escala pero en referencia a distintos niveles territoriales (municipal, estatal y europeo) y respecto a tres temas diferentes. En general, la ciudadanía se sitúa en un punto intermedio de la escala pero con algunas variaciones. Hay una inclinación hacia procesos más participativos en el nivel municipal (4,4) y especialmente en relación al tema del aborto (3,7). Estas diferencias nos indican que la ciudadanía tiene preferencias específicas sobre procesos más participativos o más representativos, que se modulan para cada escala territorial y tema específico. El cómo decidimos debe depender del sobre qué decidimos.

Gráfico 2: ¿Procesos políticos iguales para todo?

Distribuciones de cada variable en la escala de procesos (0: la ciudadanía toma las decisiones, 10: las decisiones las toman los políticos)

Fuente: CIS 2860

Así, queremos procesos más participativos para aquellos temas que nos quedan más cercanos (municipio) o con un mayor componente moral-personal (aborto), mientras que se prefiere un mayor papel para los representantes a nivel europeo y para temas que parecen más técnicos como la economía o la inmigración. A nivel comparado, la apuesta española es algo más favorable a la participación de la que encontramos en Finlandia y EEUU, lo que puede ayudar a entender las simpatías de las que ha gozado el movimiento 15-M.

Apagón cultural

FERNANDO RUEDA

Desde la anunciada subida del IVA del 8% al 21% de la cultura, el sector no ha parado de expresar su preocupación y su completo desacuerdo con la medida. Las reacciones están llegando desde todos los sectores: las grandes distribuidoras, las asociaciones de productores, gestores culturales y creadores, también del sector independiente y por supuesto, de los consumidores. Se habla de ceguera, de hachazo, de muerte del sector. Se anuncia el cierre del 50% de las salas de cine, de pérdida de miles de empleos, de estrangulamiento.

Si echamos una mirada a nuestro entorno europeo, lo cierto es que la situación del gravamen de IVA de la cultura es muy desigual. El acceso a actividades culturales (entradas de cine, teatro, museos o espectáculos), salvo las exenciones a centros de titularidad pública en muchos países, va desde el 3% de Luxemburgo o el 6% de Suecia, hasta el 25% de Dinamarca, o el 20% en el Reino Unido. A partir del 1 de septiembre nos vamos a situar en el pelotón de cabeza de los tipos impositivos a la cultura. Así, de un día para otro.

El caso es que esta subida en España ni se ha hecho de manera progresiva, ni viene acompañada de leyes de incentivos a la creación y el acceso, como sí es el caso en Dinamarca o Reino Unido con una larga tradición de fomento y protección de su sector cultural. Estos desequilibrios en Europa dan una clara idea de lo mucho que nos queda por hacer para proteger y fomentar la idea de identidad cultural europea. En esto tampoco existe una política común.

Este mazazo a la cultura no deja de estar exento de ironía

1. El sector cultural comparte penas con el sector de la peluquería y estética. Este es el mensaje ideológico de nuestro gobierno: La identificación de la cultura como un bien de lujo, que solo puede consumir aquel que se lo pueda permitir, y del que en momentos difíciles se puede prescindir.

2. Esta subida se hace en medio de una negociación para un nuevo régimen de rebajas fiscales con la anunciada Ley de Participación Social y Mecenazgo para incentivar la aportación de recursos al sector de la cultura. Lo poco que sabemos es que esta ley pretende equilibrar la abundancia de fundaciones y la escasez de filántropos. Seguimos esperando detalle de esta iniciativa, pero todo parece indicar que pasará a dormir en el sueño de los justos.

3. La sugerencia de nuestro Ministro Wert de que parte de la subida no sea transladada al consumidor y sea asumida por el propio sector " de la forma más inteligente y más beneficiosa para la cultura española".

4. Al fin y al cabo, tal como declaraba el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro sobre la series de TV española, se trata solo de entretenimiento.

La cuestión es saber si incentivar e invertir en cultura es un accesorio y un lujo que ahora no nos podemos permitir. La coordinadora del Festival de Cine Independiente de Barcelona proponía hace unos días en su blog imaginar un apagón cultural total y pensar en las consecuencias. Si cerramos salas de cine, de teatro, museos, si quemamos los libros, o hacemos desaparecer cualquier tipo de herramienta de creación artística, instrumentos musicales, plumas, óleos y pinceles, si eliminamos de las escuelas la educación artística, si apagamos los televisores ¿que pasaría?.

Ni una sola medida de estímulo y protección acompaña esta debacle. No terminamos de ser conscientes de que las industrias culturales y creativas en español son un motor de crecimiento, expansión e impulso de primera magnitud, cuyo papel en la salida de la crisis puede ser más importante que el de la hostelería o el turismo de sol y playa (sectores que mantienen el IVA reducido).

El gobierno nos ha nutrido de un nuevo argumento más para reforzar la idea de que la cultura contribuye a la generación de riqueza, en este caso para tapar agujeros bancarios.

 

 

¿Quién responde de las siniestras medidas?

NICOLÁS SARTORIUS

El Presidente del Gobierno, al presentar en el Congreso las medidas que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros, ha hecho afirmaciones que merecen una reflexión, dada la gravedad de las mismas. La primera es que España no tiene libertad de escoger, es decir, no es libre de tomar decisiones en base a su soberanía y, por lo tanto, las decisiones adoptadas son las únicas que se pueden tomar, dando a entender que esto es así porque nos las impone la UE. En este caso, el pobre Gobierno español estaría prisionero de los malvados europeos que no se apiadan de nosotros y quedaría exonerado de toda responsabilidad sobre las siniestras medidas que acaba de adoptar. Lo curioso del caso es que de un lado y de otro, probablemente sin querer, se le hace el juego a Rajoy al insistir, con escaso rigor, que España está intervenida y, en consecuencia, no tenemos más remedio que hacer lo que nos dicen que hagamos. En puridad democrática, si esto fuera cierto, lo que tendría que hacer el Gobierno es dimitir y convocar elecciones, lo mismo que ocurrió en Irlanda, Portugal o Grecia. No es de recibo que a un Gobierno le impongan lo que tiene que hacer, en total contradicción con el programa con el que se presentó a las elecciones y siga gobernando como si tal cosa. Lo que ocurre es que, en mi opinión, España no está todavía intervenida en el sentido que lo fueron otros países, aunque sólo sea porque, que yo sepa, el Estado español aún se sigue financiando en el mercado, aunque a tipos de interés no sorpotables en el tiempo.

Si uno lee, con detenimiento, el Memorando de Entendimiento (MoU) sobre las condiciones que se le imponen a España para que los ciudadanos europeos le presten, a ciertos bancos españoles con el aval del Estado español, la friolera de 30.000 millones de Euros y hasta 100.000 millones de Euros, si lo necesita, no aparece ni una sola de las medidas que ha tomado el Consejo de Minsitros. De los 37 parágrafos que contiene, la inmensa mayoría se refiere a las condiciones que se deben aplicar al sector financiero que reciba las ayudas; alguna a fortalecer las competencias del Banco de España, casi todas bastante correctas en orden a aumentar la transparencia, proteger a los contribuyentes, a los pequeños inversores, a no salvar bancos inviables al tiempo que se garantizan los depósitos, etc. etc. Y desde luego, se somete a un estricto control a todos los bancos que reciban ayudas públicas, que repito es dinero de los contribuyentes europeos y que lo prestan a un plazo de 15 años y a un interés que es la mitad o menos que el del mercado. Es decir que si no fuese por la UE, Bankia y unos cuantos más entrarían en quiebra, arrastrarían a una parte importante de la economía y nos iríamos a un sitio que se llama el carajo. ¿Es que alguien cree que se presta una cantidad tan enorme como esa para que la gastes como quieras?. Y desde luego, ni la burbuja inmobiliaria, ni la incompetencia de parte de nuestros banqueros y de los europeos, ni de la no idoneidad de nuestros gobernantes tiene responsabilidad la UE. Ésta, en todo caso, es culpable de tomar decisiones con exceso de lentitud, de tener, en conjunto, una política económica no dirigida al crecimiento, de no acabar de crear los instrumentos necesarios para hacer frente a la crisis y crecer, pero no de las decisiones del Gobierno Rajoy.

Incluso, a partir del punto 29 del Memorando cuando se establece la relación entre los desequilibrios macroeconómicos y las finanzas públicas y privadas, en relación con el procedimiento de déficit excesivo tampoco obliga a medidas concretas. Lo que sí dice es que España tiene que llegar al 3% de déficit en relación al PIB en 2014 en vez del 2013, lo que supone liberar, más o menos, 10.000 millones de Euros, que sería bueno aprovechara, también, a las Comunidades Autónomas que soportan el gasto social. En el párrafo 31, al referirse a las reformas estructurales no propone nada preciso y en el tema fiscal dice "introducir un sistema fiscal que se compadezca con los esfuerzos de consolidación fiscal y que apoye más el crecimiento". Es decir, lo contrario de lo que propone Rajoy. En una palabra, los tajos al seguro de desempleo; la eliminación de las pagas extras a los funcionarios; la subida del IVA; la reforma de las pensiones, etc., es responsabilidad exclusiva de este Gobierno. La Unión Europea no te impide que recuperes los impuestos del Patrimonio o Sucesiones, o que impongas un impuesto sobre las grandes fortunas, o que elimines exenciones en el de Sociedades, o que equipares la tributación del capital y del trabajo o que castigues a los evasores fiscales y no les otorgues una amnistía, o que en el IVA no subas el reducido del 8 al 10% y, por el contrario, pongas en el 23% los artículos de lujo, que son los que más se venden en las crisis, así de perra es la vida. En conclusión, las medidas que se han adoptado son responsabilidad única de este Gobierno y no son esas medidas las únicas que se pueden adoptar para alcanzar los objetivos que nos hemos impuesto en Europa entre todos. Lo demás son cortinas de humo para eludir responsabilidades.

Participaciones preferentes y otros ¿Por qué ha ocurrido?

LUÍS BUSTILLO TEJEDOR

Asistimos en estos últimos meses con estupor al escandaloso fraude de las participaciones preferentes. ¿Cómo puede haber ocurrido esto en un Estado de Derecho, con una profusa normativa de protección al consumidor y al inversor? ¿Qué ha fallado?

En España, cuando una empresa desea financiarse puede acudir bien al mercado profesional de créditos, los bancos, o bien hacer un llamamiento público en general para que le presten el dinero. En este último caso, emite bonos u obligaciones. El inversor, al suscribir uno de esos bonos, está prestando dinero a la sociedad, que se compromete a pagar por ello un interés y a devolverlo pasado un plazo de tiempo. A su vez, el inversor puede vender ese bono en el mercado y liquidar su inversión.

Con el tiempo han ido surgiendo los llamados "híbridos". Presentan elementos propios de los bonos, pero también de las acciones. Uno de esos híbridos son las llamadas participaciones preferentes. El inversor, cuando adquiere una de esas participaciones, está entregando un dinero a la sociedad a perpetuidad, aunque puede venderlas en un mercado secundario restringido. No hay pues derecho a reclamar la devolución del capital. En contrapartida, recibe un interés que depende de que la sociedad tenga beneficios. Pero, al contrario de lo que sucede en las emisiones de deuda, no tiene ningún tipo de derechos políticos en la entidad.

Estas participaciones interesan a las sociedades (sólo pueden emitirlas sociedades cotizadas, aunque sobre todo las han utilizado las entidades financieras) porque la ley permite que se integren en sus fondos propios, que sean consideradas como capital. Pero, en caso de quiebra de la sociedad emisora, los suscriptores cobrarán en último lugar, después de los demás acreedores. Por lo tanto, estamos ante un producto financiero con muchas ventajas para el que lo emite.

¿Cuál ha sido el problema? Un producto de altísimo riesgo se ha vendido como una inversión segura, en ocasiones instrumentándolo en libretas bancarias para dar la sensación de que era "un plazo fijo".

¿Qué falló? ¿Cómo ha consentido esto la norma? La legislación de protección al inversor se basa en una idea: la información. Se trata de que quien emite valores, quien capta el ahorro privado, informe debidamente a los potenciales inversores de las características de los que adquiere. En esta tarea, se le supone honestidad, imparcialidad y profesionalidad, así como la no existencia de los conflictos de intereses.

El deber de información significa la emisión de un folleto informativo, que ha de ser aprobado por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Pero cualquiera que lea uno de estos folletos descubrirá que sólo pueden entenderse correctamente con un mínimo de conocimientos financieros y jurídicos. Son las entidades quienes debían proveer este asesoramiento, generándose un conflicto de intereses: a una de las partes en el contrato se le ha dejado la tutela de los intereses de la otra. Además, la legislación también impone a la entidad la obligación de comprobar la suficiencia de los conocimientos financieros del inversor.

Toda esta maraña legislativa, aparentemente protectora del inversor, encubre el clásico dogma liberal en el ámbito de la contratación: los contratantes se hayan en pie de igualdad siempre que dispongan de igual información. Nada más falso: el pequeño ahorrador-inversor está en las manos de la gran empresa, a la que se le imponen unos deberes formales y burocráticos, desentendiéndose luego el Estado del control de la consecución de los objetivos perseguidos, como si una vez establecida una supuesta simetría de información, el mercado funcionara de manera justa para todos los agentes. Además, se deja a uno de los jugadores del partido la función de árbitro, parece que presumiendo su honestidad.

En definitiva, el problema de las preferentes se basa en la falta de control estatal efectivo, y en último término, la desregulación. No sólo se ha fundamentado toda la legislación de los mercados financieros yuxtaponiendo normas, sino sobre todo, haciendo dejación del control estatal. Ha fallado el Estado, que no ha establecido mecanismos eficaces de protección de los derechos de los ciudadanos.

Luís Bustillo Tejedor. Notario

Economía de la cultura en Iberoamérica

FERNANDO VICARIO

En iberoamérica el sueño de construir un espacio geocultural, (amparado en sus dos lenguas con más de 700 millones de hablantes entre ambas, su derroche creatividad y su creciente capacidad de consumo cultural) parece todavía lejano. Los días 2 y 3 de julio, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) convocó a un grupo de expertos en los temas que deben ser objeto de revisión a fin de consolidar ese espacio y han dejado constancia de los caminos que quedan por recorrer. No existe una infraestructura legislativa capaz de facilitar la difusión y comercialización de los bienes y servicios culturales. No hay unas políticas culturales capaces de estimular a cada país un tejido industrial competitivo. No existen apoyos locales a la hora de los grandes negocios en la región. La cultura no se ha hecho un hueco en la política más allá del retórico.

Pero contra a todo esto también se ha dejado constancia de la creciente fuerza que van adquiriendo las redes juveniles, capaces de instalar nuevos códigos, de difundir bajo parámetros más participativos los productos culturales y de repensar los modelos a la luz de las nuevas tecnologías. Estas nuevas formas de organización de la sociedad civil están empujando a los gobiernos a repensar muchos de los viejos esquemas que venían frenando la construcción de una economía de la cultura sólida y eficaz en Iberoamérica.

Para ello se hace imprescindible democratizar el uso de la red. Pensar seriamente una ley de derechos de autor y propiedad intelectual que sea respuesta a las necesidades crecientes de consumidores y creadores, pensada para la defensa de los ciudadanos por encima de los intereses empresariales.

Parece que el tren anterior lo perdimos irremediablemente. Otro está por pasar en breve, y plantea muy buenas alternativas de crecimiento conjunto. Defender conceptualmente la neutralidad de la red, el desarrollo de tecnologías libres y cercanas a los ciudadanos y potenciar el crecimiento de todas las plataformas que surgen entre los creadores, no es tarea fácil, pero sí imprescindible si no queremos volver a perder otra locomotora de expansión y crecimiento, con lo que ello conlleva de beneficios y no sólo económicos. Los beneficios de una economía estructurada en torno a la cultura van mucho más allá del dinero que genera. China lo sabe y por eso la ha convertido en uno de sus ejes prioritarios de crecimiento para la próxima década.