Se acabó la sanidad universal

SANDRA LEÓN

Debido a la avalancha de recortes impulsados por el Partido Popular durante los últimos meses, nos está faltando tiempo para comprender e interiorizar las consecuencias a medio y largo plazo de algunas de las medidas aprobadas. Perdidos en la inmediatez que imponen a diario la prima de riesgo, la intervención financiera y la amenaza del rescate total, perdemos de vista el calado de las reformas que el Gobierno ha ido aprobando a golpe de decreto.

Seguramente la más importante de esas reformas sea la del sistema sanitario. No me voy a referir a la tan debatida ampliación del copago, sino a un cambio de mayor transcendencia, como es que se haya puesto fin a un sistema de acceso universal. El término "universal" ha sido tan cínicamente manoseado en las intervenciones de la Ministra de Sanidad, que resulta obligatorio clarificar qué teníamos con el antiguo sistema y denunciar lo que nos queda tras la reforma.

Para ello regreso a principios de los ochenta y a la cartilla de la seguridad social, una de las imágenes de mi infancia. Como a menudo tenía que ir al médico, recuerdo a mi madre comprobando en el bolso si tenía el papel plastificado en el que aparecía mecanografiado el nombre del cabeza de familia, mi padre, como trabajador y, por lo tanto, garante del derecho a la sanidad, y después los beneficiarios de ese derecho: mi madre, mi hermana y yo.

Ése era el sistema heredado del franquismo: el derecho estaba garantizado si se era trabajador y se contribuía a las cotizaciones a la seguridad social. Para el resto de la población sólo quedaba la beneficiencia. La Ley General de Sanidad de 1986 puso en marcha un Sistema Nacional de Salud que se financiaba con impuestos y que ampliaba el acceso a la sanidad a prácticamente toda la ciudadanía. El cambio en la naturaleza del sistema fue significativo: el acceso a la sanidad pasó de ser un privilegio de quienes cotizaban a la seguridad social a ser un derecho garantizado por ser ciudadanos.

La reforma de la Sanidad que ha aprobado el Partido Popular por decreto ha acabado con el sistema universal y ha vuelto a vincular el derecho a las cotizaciones a la seguridad social. A partir de ahora, el acceso está garantizado para los "asegurados": trabajadores, pensionistas y desempleados. Los ciudadanos mayores de 26 años que no hayan cotizado a la seguridad social deberán demostrar que no tienen ingresos si quieren acceder al sistema sanitario. Si los tienen, deberán pagarse ellos mismos las cotizaciones. También se quedan fuera del sistema los inmigrantes sin papeles.

Por estos motivos resulta insultante que la Ministra de Sanidad comenzara explicando esta reforma diciendo con ridícula solemnidad que "la sanidad en España es universal" y se empeñase en convencernos en que con el decreto "han universalizado la Sanidad para los españoles". La reforma acaba con el derecho a la sanidad como esencia de ciudadanía, excluyendo a los inmigrantes  sin papeles y a los jóvenes. A estos últimos no sólo se les condena a la precariedad y al paro, sino que además se les culpabiliza y castiga por esa situación, obligándoles a pasar por la humillación de demostrar que carecen de ingresos para que el sistema les acoja en su seno, como último acto de caridad sobre un sector de la población cada vez más castigado.