Cinco años después. Diego López Garrido

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

La crisis económica empezó siendo sólo financiera el 9 de agosto de 2007, cuando la explosión de las hipotecas-basura norteamericanas obligó a una intervención conjunta del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de los EEUU (FED).

El 9 de agosto de 2012 no ha sido un cumpleaños feliz. Las autoridades del Atlántico Norte, ni se han mostrado capaces de gobernar la crisis, ni han podido impedir las sucesivas "reencarnaciones" en crisis económica (recesión) y crisis de deuda soberana. Y cuando vivimos el verano más caluroso del que se tiene noticia, la economía está más recalentada que nunca (hacia abajo), porque no se ha logrado acabar con ninguno de los tres componentes (financiero, económico-social y de deuda) de esta megacrisis. Lo notamos especialmente en España, en donde la política unidimensional de recortes y de despido masivo del Gobierno -centrada en los estratos sociales más vulnerables- ha agravado aún más la situación, ahora alentada por las insensatas recomendaciones depresivas del BCE.

En medio de una segunda gran recesión, y con el interés de la deuda en niveles insoportables, sólo nos queda imprimir un giro neto a la política económica. Un cambio profundo, que tiene, naturalmente, dos vertientes: interna y externa, y dos protagonistas: el Estado y la Unión Europea.

La vertiente interna de una nueva política económica española ha de afrontar la asignatura pendiente de la tributación de los verdaderamente ricos -algo casi inédito en España- y de las transacciones financieras. La carga de una crisis fuertemente empobrecedora no puede distribuirse sólo en forma de paro, de peor sanidad y educación y de descenso de los salarios de los trabajadores (que convive con retribuciones obscenamente elevadas de los directivos de las grandes compañías, financieras o no). Ha llegado el momento de que la crisis la noten los más ricos, en forma de tributación directa más alta -sigamos el camino de Hollande y de los socialdemócratas alemanes-, de tributación mucho mayor al patrinominio y a las grandes rentas del capital, y de tributación sencillamente equitativa a los beneficios de las sociedades que tan fácilmente se escapan por los intersticios de las deducciones fiscales. Y, como antes decía, ha llegado también el momento de la imposición sobre las transacciones financieras en España, sin esperar a que así se acuerde en el seno de la Unión Europea.

Precisamente la UE es donde se localiza el otro gran resorte para romper con la lógica recesiva de la actual política económica. No tenemos ya más que dos elementos eficaces: la intervención del BCE en los mercados de deuda y las diversas modalidades de mutualización de la deuda pública, entre ellas la utilización de los fondos europeos de rescate para bajar drásticamente el peso de los tipos de interés, eso sí, sin condiciones que ahonden en más restricciones presupuestarias.

Esta es la única política europea que puede rebajar radicalmente los inasumibles intereses que los españoles, italianos y otros estamos pagando, y de los que se están favoreciendo los alemanes, austríacos y otros. Un beneficio, por cierto, sólo cortoplacista, porque la economía integrada europea es una unidad y la recesión de los países periféricos se proyectará indefectiblemente a los países centrales.

A partir de ahí, podremos empezar a crecer y crear empleo si el dinero obtenido o ahorrado a través de los mecanismos apuntados lo dirigimos -Gobierno y Parlamento- a inversiones productivas y a evitar la destrucción, ya en marcha, de los principios constitucionales del Estado social, que es a lo que se está dedicando, desgraciadamente, el actual gobierno español.