La atonía frente a los recortes sanitarios

JAVIER REY

Septiembre supuso la entrada en vigor de la pérdida del derecho a demandar la atención sanitaria pública gratuita, salvo la urgente, por parte de diferentes colectivos de población residente en España, prevista en el Decreto-Ley 16/2012. Lo que los medios destacaron fueron los efectos que esa medida tendría sobre los inmigrantes que en esa fecha se encontrasen en situación irregular en nuestro país, un grupo entre 150 y 200.000 personas, a la vez que recogían las posiciones contradictorias para no aplicarla adoptadas por diferentes CC.AA.

En los días previos a que entrase en vigor la situación era caótica: cada CC.AA, del PSOE o del PP, se disponía a adoptar medidas diferentes. Distintos colectivos profesionales se pronunciaron por la objeción de conciencia al rechazo de estos pacientes, aunque sin precisar la forma de hacer efectiva esta postura, de difícil organización. Algunas ONGs trataron de organizar su atención al margen del sistema sanitario público mediante iniciativas diversas, de igual difícil concreción. Unas semanas después de la entrada en vigor formal de la medida esa situación ha dejado de merecer la atención preferente de los medios.

Pero el alcance de la norma era mucho mayor que la medida citada. Su texto provoca una auténtica revolución en los mecanismos de cobertura sanitaria en España con la introducción del concepto de población "asegurada", que con la norma ha venido a sustituir la cobertura sanitaria universal, excluyendo de ésta también a diferentes grupos de población española.

Que la información publicada volviese a concentrarse en los problemas de la atención prestada a los inmigrantes en situación irregular tuvo efectos contradictorios. Aunque esa consideración resultase bienintencionada, urgente y necesaria, carecía de razón económica alguna (el consumo sanitario de esos grupos no supera el 1%). Su efecto principal fue distraer la atención que debería dirigirse a evitar la consolidación de las diferencias que ya existen en el acceso a la atención sanitaria por parte de los ciudadanos españoles: un informe reciente de la OCDE sitúa a España en los primeros lugares entre 19 países analizados en términos de desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios especializados según el sistema de cobertura sanitaria pública o privada de que disponen, con una tendencia a que esas desigualdades se incrementen. La situación es inversa en la atención primaria, que es puerta obligada de acceso al sistema "general", y no lo es en los sistemas privados de atención. La tendencia a configurar dos sistemas diferenciados, uno para la mayoría y otro para ciertos grupos "privilegiados", parece evidente.

El Real Decreto-Ley refuerza esas tendencias a la desigualdad preexistentes, consolidando como "Sistema Nacional de Salud" distintos sistemas especiales de protección (las mutualidades de funcionarios entre ellas) que se caracterizan por prestar la atención financiada públicamente a través de medios privados, a diferencia de la recibida a través del sistema público para la población sometida al sistema "general" de protección.

Por otra parte, igual que ocurre con la población de ingresos más elevados, también excluidos de la protección sanitaria en la norma, es la no disponibilidad de un "seguro" la que propicia la desatención de la población inmigrante irregular, y no esta condición por sí misma. Las soluciones para unos y otros en términos de reconocimiento y ejercicio de derechos, y no la "compra" de un "seguro", tienen que ser homogéneas, y la demanda de remedios urgentes para la situación de los irregulares no debe desvincularse de la recuperación de la protección sanitaria universal.

La ausencia de un debate político de estas cuestiones más allá del puramente "humanitario" por parte de los partidos de la oposición ha permitido que unas y otras medidas se consoliden. Esos partidos tampoco han formulado propuestas efectivas para evitar la descoordinación en el sistema sanitario. La imagen de un Ministerio que tolera la situación de caos autonómico en la aplicación de unas normas de efectos supuestamente generales, pero objeto de grandes diferencias en su aplicación real, no es soportable por más tiempo si se sigue invocando la universalidad de la protección.

La exclusión de las cuestiones sanitarias del debate político general es una peculiaridad de nuestro país. La atonía del debate sanitario aquí contrasta en estos días con el debate que se está planteando en este terreno en los Estados Unidos al inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, con diferencias manifiestas entre republicanos y demócratas. La desatención en el debate político español a uno de los problemas que más influencia tienen sobre la calidad de vida de los ciudadanos, como es su cobertura sanitaria, puede contribuir a su creciente distanciamiento de la política. La mayoría de la población creía garantizada tal cobertura. Puesta en cuestión para muchos por el Decreto-Ley citado, las encuestas más recientes demuestran que esa materia ha pasado a ocupar un lugar destacado entre sus preocupaciones. Los partidos de la oposición deben recuperar el debate y proponer alternativas sobre las opciones básicas de nuestro sistema sanitario como un elemento central de sus políticas si quieren tener posibilidades de recuperar en algún momento el gobierno de la nación.