El conflicto enquistado de la sanidad madrileña

Por: | 23 de enero de 2013

JAVIER REY

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En Madrid despedimos el año con una serie de manifestaciones y huelgas de los profesionales sanitarios , sostenidas a lo largo del mes de diciembre, unas y otras con gran participación. Las protestas pretendían parar la aprobación de las disposiciones de la ley de presupuestos de la Comunidad y su ley “de acompañamiento” que preveían la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y 27 centros de salud.
    Las normas que contenían las disposiciones en el sentido señalado se aprobaron sin ninguna modificación sustancial en la Asamblea de Madrid el 29 de diciembre con los solos  votos del PP. Pero esas protestas han conseguido otros efectos nada despreciables:
1) Han dejado al descubierto la ilegitimidad de esas medidas, carentes de referencia alguna en los programas central y autonómico del PP, y adoptadas por el gobierno de un presidente sustituto no elegido en las urnas, cuya renovación como candidato en las próximas elecciones parece menos que probable por sus problemas personales y en el seno de su  propio partido.
2) Han puesto de manifiesto la carencia de cualquier argumento razonable para justificarlas como instrumento para la reducción del gasto sanitario de la Comunidad de Madrid. A casi dos meses del inicio del conflicto, que comenzó tras la publicación de un “Plan de sostenibilidad” que incluía entre otras medidas dirigidas a alcanzar ese objetivo las privatizadoras citadas,   resulta patética la imposibilidad por parte de la Consejería de Sanidad madrileña de concretar siquiera el ahorro que se perseguiría  con las mismas. Por el contrario, los argumentos aportados por numerosos expertos, asociaciones y sindicatos que han planteado el conflicto, permiten deducir, a la vista de los resultados obtenidos por medidas similares en otras CCAA, singularmente en la Comunidad Valenciana, donde se desarrolló la primera experiencia similar en Alzira, extendida después a otros cuatro centros, que el efecto sería probablemente de sentido contrario. Las experiencia comparada de otros países donde se han aplicado medidas similares refuerza ese análisis. El apresuramiento y la falta de debate de medidas de efectos potenciales tan importantes diferencia también el desarrollo de las mismas en el caso madrileño de las normas de similar orientación que se han planteado en otros países.
3) Han servido para comprobar que las medidas  de ese carácter encierran siempre conflictos de intereses manifiestos.
De lo ocurrido en Madrid, como en otras CCAA donde se han adoptado medidas semejantes, en particular Cataluña y Valencia, se puede concluir que medidas “estructurales” en el sentido indicado sólo se producen cuando se da una confluencia de intereses entre los políticos que las proponen  y los de las entidades a las que se quiere ceder la gestión sanitaria; se puede observar también la frecuencia  con la que los mismos políticos que hacen esos planteamientos han mantenido alguna relación previa con esas entidades, o fomentado alguna relación posterior, como el caso del exconsejero Güemes ha permitido advertir.      

En el caso de la Comunidad de Madrid el ejemplo personal más evidente es el de su Director General de Hospitales, que trabajó previamente para algunas de las entidades que figuran entre las aspirantes más importantes a adjudicarse la gestión privatizada .
Pero esa colusión de intereses entre una y otra parte tiene también un carácter institucional más general. Puede servir de ejemplo la coincidencia casi milimétrica entre los planes de extensión de la gestión sanitaria privada a un número limitado de centros  de pequeño-mediano tamaño en la Comunidad de Madrid, y los niveles de atención que las entidades privadas que previsiblemente “competirán” por obtener la gestión de esos centros se han declarado en la actualidad capaces de asumir:  en ese sentido se pueden ver algunas declaraciones del Secretario del Instituto de Desarrollo e Innovación Sanitaria (IDIS), el “lobby” que actualmente reúne a las compañías de seguro y cadenas privadas de hospitales que están barajando participar en la operación.
De lo que cabe deducir que la posible extensión de las medidas privatizadoras a otras CCAA no depende tanto de los criterios ideológicos que sustenta de manera manifiesta el PP, sino, sobre todo, de las posibilidades e intenciones de las aseguradoras privadas para asentarse en otros territorios, algo para lo que en muchos casos no tienen por el momento capacidad ni interés (lo que explica que en determinados casos y territorios los “recortes” lo sean por sí solos, sin ninguna sustitución por servicios privados: véase, por ejemplo, el cierre de las urgencias rurales en otras CCAA).
d) Por otra parte, las medidas ya aprobadas por la Asamblea de Madrid parecen muy vulnerables desde el punto de vista legal: mas allá del cuestionamiento de su propia legalidad por distintas razones (entre ellas la consideración de los conflictos de intereses subyacentes a las mismas, o la ausencia de previsión de control legal alguno de las posiciones de oligopolio en el mercado privado que podrían propiciar) las normas aprobadas precisan para su aplicación de un desarrollo concreto en forma de convocatorias de concursos y adjudicaciones de los mismos a determinadas entidades, cuya legalidad sería también susceptible de análisis y posible recurso por razones similares ajustadas a ese desarrollo posterior. 

Tras las fiestas, la situación parece bloqueada: 
-el Gobierno madrileño está aplicando reducciones severas en las plantillas y los gastos de todos los centros sanitarios para facilitar la aplicación de las medidas privatizadoras, uno de cuyos obstáculos principales es el personal que trabaja en ellos. Pese a todo, el desgaste sufrido por el conflicto, que aumentaría si éste se prolonga ahora, aunque sea con formas más soportables  desde el punto de vista económico para quienes participen en el mismo, está provocando una actitud cautelosa por su parte a la hora de convocar los concursos necesarios para ejecutar la privatización. A la vez, no parece querer renunciar a aprovechar la mayoría de que dispone durante todavía dos años para consolidar con esas medidas, cuyos efectos se pueden prolongar durante muchos años más (los que esté previsto, quizás hasta treinta, que duren los contratos que se pretenden sacar a concurso) situaciones que de otra forma no sería posible alcanzar. Es también evidente que, pese al conflicto interno que mantiene con los órganos centrales del partido, de los que el recurso por el euro por receta es otra expresión manifiesta, no puede ceder sin más a las pretensiones de una protesta principalmente profesional de eliminar sus pretensiones privatizadoras, además hechas ya ley;  eso supondría cavar su tumba política, además de enterrar por un período de tiempo indefinido las posibilidades de atender los intereses de las compañías aseguradoras y otras entidades sanitarias privadas  que ha pretendido favorecer.
-por su parte, los colectivos profesionales y sindicales que pretenden mantener el conflicto tienen sus puntos débiles en la capacidad de sostener esa actitud por tiempo indefinido, y la evidencia de que sólo aquél no puede parar la aplicación de medidas que tengan el soporte legal que han logrado con su aprobación.
Así las cosas, una salida para el conflicto parece exigir la introducción de nuevos elementos en la confrontación. Uno de ellos podría ser la utilización de vías legales de recurso contra las leyes aprobadas y su posterior desarrollo, que, como ha ocurrido con el euro por receta, pudieran obligar al gobierno madrileño a la suspensión de su aplicación, en la seguridad de que, si eso se lograse, medidas similares no podrían aplicarse en las cercanías de un próximo proceso electoral.
En todo caso,  un complemento imprescindible para lograr que en el futuro no se produzcan situaciones similares a la actual es que los partidos de la oposición en Madrid tomen parte activa  en la oposición a la aplicación de esas medidas. Éstas sólo han sido posibles por la ineficacia  de la oposición que han realizado hasta ahora, e incluso la ausencia de diferenciación de sus proyectos de los del PP durante muchos años, en especial  en lo relativo a la organización y gestión de los servicios sanitarios. Y que comprometan de manera nítida de cara al futuro las alternativas en esa materia que ofrecen a una población madrileña  que viene castigando con su abstención esas carencias. Nada sería peor que, como consecuencia de la repetición de éstas, los próximos resultados electorales en Madrid dieran lugar a un nuevo gobierno que pudiera plantear la reiteración de medidas como las que han provocado la actual situación. 

Hay 1 Comentarios

Medidas y más medidas para tenernos a todos más controlados, me rio yo de la "Democracia" en que vivimos, no se como acabará todo pero desde mi punto de vista no ha hecho más que empezar lo que va a ser un desastre en toda regla.

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