Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

De la dación en pago a la ley de quiebra personal

Por: | 30 de octubre de 2013

HÉCTOR OTERO, JAVIER ANIBARRO y SERGIO PUERTO PAVÓN

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Tras una limitada presencia mediática a comienzos de la crisis, los desahucios saltan a la primera línea de las preocupaciones de la opinión pública a finales de 2010, cuando se pone en marcha la primera ronda de ayudas públicas a las entidades financieras (FROB 1) y se producen una serie de dramáticos suicidios de personas que habían sido desalojadas de su vivienda.
En ese momento, una parte del movimiento ciudadano, toma conciencia de la desigual respuesta que los poderes públicos dan a los problemas de solvencia de la banca y de los ciudadanos más vulnerables y hacen de los desahucios el emblema de su acción. Consecuencia de ello es la Iniciativa Legislativa Popular de regulación (ILP) de dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social de 2013, que básicamente proponía la dación en pago universal para las primeras y únicas viviendas para las deudas hipotecarias y la paralización de los desahucios para los colectivos vulnerables a cambio de una renta por el 30% de sus ingresos.
La situación actual es consecuencia del sobreendeudamiento de las familias y empresas  asociada a la burbuja inmobiliaria, que estalla con la propagación de la crisis financiera internacional en 2008. La crisis económica, con el desempleo masivo y una caída de los precios nominales de la vivienda en casi un 40% han colocado a muchas personas en situación de quiebra y sin ingresos para afrontar sus compromisos de pago periódicos de sus respectivas hipotecas.
La solución planteada en este artículo a la situación actual se articula sobre dos ejes, por una parte la reorientación radical de la política social de vivienda para centrarse en ayudas efectivas al alquiler de las personas verdaderamente necesitadas y por otra parte el abordaje de las situaciones de sobreendeudamiento de las personas físicas de una forma integral mediante una ley de quiebra personal que permita un “fresh start que permita en determinados casos a los ciudadanos liquidar su patrimonio (excepto algunos bienes inembargables) destinando el importe resultante a cubrir las deudas, quedando el deudor liberado por el saldo no cubierto.
La solución propuesta se dirige no sólo a dar respuesta a la coyuntura actual, sino a la creación de un marco jurídico e institucional más justo y que cree los incentivos adecuados para contribuir a un crecimiento equilibrado e inclusivo a largo plazo.
En este sentido la propuesta se separa de la ILP de dación en pago universal. Aunque existen argumentos de eficacia y estabilidad macroeconómica que recomiendan la aplicación en algunos casos de la dación en pago, su generalización retroactiva o prospectivamente podría incentivar comportamientos oportunistas, discriminar tanto a las personas que residen en alquiler como a las que no disponen de vivienda propia. Por otra parte, una parte importante del coste acabaría recayendo sobre el Estado y podría dificultar la recuperación del crédito a las familias a medio plazo.

En el camino a la propuesta alternativa formulada, se  realiza una revisión crítica de la política de vivienda y de la protección a las familias.
En materia de vivienda, una fiscalidad sesgada hacia la compra frente al alquiler, una ley del suelo que favoreció la acumulación de suelo con fines especulativos, y una política social de vivienda centrada en favorecer el acceso en propiedad a personas que no siempre eran las que merecían una mayor protección han conducido a la desprotección de muchas personas actualmente y a reforzar las inercias de la burbuja inmobiliaria.
En materia de apoyo a las familias insolventes, en el artículo se repasan los principales aspectos técnicos y jurídicos de la confusa proliferación de reformas normativas acometidas desde el inicio de la crisis. La definición subjetiva de los beneficiarios de las medidas, la limitación de los intereses de demora, la posibilidad o imposición de reestructuraciones de la deudas, las quitas y las ampliaciones de plazos, las reformas tributarias para facilitar la dación en pago, el reforzamiento de los umbrales de bienes y rentas inembargables, la participación de los propietarios en las plusvalías futuras del inmueble, las subastas judiciales y ejecuciones extrajudiciales, y los valores mínimos de adjudicación, son aspectos, todos ellos, revisados en el artículo. Concluyendo que la sucesión de medidas carecieron de rumbo claro y se definieron de forma demasiado cautelosa lo que limitó o anuló su posible efectividad. Todo ello podría ser abordado de manera más efectiva, justa y eficiente mediante un esquema “fresh start” como el que aquí se apunta.
Hay que señalar finalmente que una gran parte de la reorientación política que aquí se propone ha ido asumiéndose en las últimas reformas aprobadas. Si bien todavía no con el alcance deseable, producto, quizás, de que aún falta el coraje o la convicción políticas necesarias para abordar la solución del problema y reorientar el futuro ordenadamente.

 

Lectura recomendada (N.7 Colección ZOOM ECONÓMICO): De la dación en pago a la ley de quiebra personal. Una revisión crítica de la política de vivienda en la crisis hipotecaria

La nueva 'normalidad': ¿crecimiento con millones de parados?

Por: | 25 de octubre de 2013

CARLOS CARNERO

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Dicen los economistas que salir de la recesión significa romper la caída del PIB consecutiva durante al menos dos trimestres, y a eso andan agarrados como lapas algunos responsables políticos.

Arguyen, además, que el 0,1 % de crecimiento registrado en los últimos tres meses medidos viene acompañado de noticias positivas en las exportaciones o el crecimiento del número de turistas. Aunque olvidan, eso sí, que otros parámetros esenciales como la demanda interna siguen de capa caída o que continúa habiendo (más allá de las fluctuaciones de la última EPA) casi 6 millones de parados.

Pero la desmemoria selectiva referida a esas magnitudes no es la más grave. La más fastidiada se refiere a que muchos tienen en mente (porque todavía no lo verbalizan, ya tendrán tiempo para hacerlo) una salida de la recesión, primero, y de la crisis, después que nos lleve a otra normalidad (con cursiva) económica y social distinta a la que conocíamos.

Esa nueva normalidad sería la de un país en crecimiento que mantuviera una enorme cifra de paro de forma permanente. Es más, el crecimiento sería posible gracias a una cantidad de desempleados que se contaría por millones.

Gracias a ese paro, se conseguiría de la manera más simple y brutal alcanzar una competitividad en los costes de producción (con salarios y condiciones salariales a la baja) que nos permitiría exportar más sin necesidad de recuperar la demanda interna.

Por supuesto, los desempleados (cuyas prestaciones irían disminuyendo con el paso del tiempo) no serían siempre los mismos porque las modalidades de contratación y la facilidad para el despido terminarían provocando que un porcentaje cada vez mayor de trabajadores pasaran por las oficinas del paro periódicamente a la largo de su vida, como en una noria sin fin.

Un cada vez más lejano horizonte de jubilación (ahora hay quien ya habla de los 70 años) y un estado del bienestar cada vez más débil y progresivamente privatizado completarían la citada nueva normalidad a la que se verían condenados los países del sur de de la UE como España, pero que -nadie lo dude- terminaría extendiéndose como una mancha de aceite a otros estados ricos.

La pregunta se hace evidente: ¿es compatible esa nueva normalidad con el modelo social europeo que ha formado parte del pacto básico alcanzado en nuestros países en las últimas décadas? A mí no me caben dudas: NO.

Se me ocurre un segundo interrogante: ¿hasta qué punto la política de austeridad a palo seco impuesta por la derecha alemana al resto de la UE pervivirá en el Gobierno de gran coalición que empieza a negociarse en Berlín?

Mucho de lo que nos pase en el futuro está en manos del SPD alemán y de su capacidad para hacer entender a sus próximos futuros socios que el negocio más rentable no siempre es el que rinde beneficios a corto plazo, sino el que los asegura para siempre. La UE es de los segundos. La austeridad como un fin en sí mismo, de los primeros.

Porque ¿quién les asegura que la sociedad aceptará la nueva normalidad de algunos sin más?

 

* Artículo publicado originalmente en el Huffington Post (25-10-2013)

¿Velo, crucifijo?... Símbolos religiosos

Por: | 23 de octubre de 2013

FERNANDO AMÉRIGO y DANIEL PELAYO

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Aunque ahogado en la omnipresente preocupación actual sobre la situación económica, el debate sobre el uso y presencia de símbolos religiosos se reaviva de vez en cuando, al hilo de casos particulares y soluciones no menos particulares (Las escolares musulmanas tendrán que nadar aunque sea en ‘burkini’ el País, 11 de septiembre de 2013). Cierto es que el debate se encuentra polarizado por dos casos concretos, uno más actual, como es la vestimenta islámica (velo integral y parcial) y otro más recurrente, como es la presencia del crucifijo en estancias afectas al servicio público. Y cuando nos acercamos de manera superficial a ambos, la tendencia general es tratar de equipararlos, negando la posibilidad de su exhibición, o compararlos, justificando uno sobre otro por su relación con una suerte de elementos que lo identifican o contraponen con los valores de nuestra sociedad occidental.
Desde esta perspectiva nos planteamos estudiar el tratamiento jurídico que debe darse al uso y presencia de símbolos religiosos en el espacio público propio de un Estado aconfesional o de laicidad positiva (en palabras de nuestro Tribunal Constitucional -STC 46/2001-). A través del documento encargado por la Fundación Alternativas, presentamos nuestras reflexiones y sugerencias. Para acometer este análisis, procuramos atender a las soluciones legislativas, la jurisprudencia dictada y la doctrina que había tratado la materia, tanto en nuestro país como en su entorno más cercano, la Unión Europea. Por otra parte, consideramos que nuestra orientación fundamental era procurar ofrecer soluciones a los gestores públicos cuando se enfrentan a estas cuestiones.
Lo primero que consideramos es que existen notables diferencias entre los dos casos más debatidos. El uso del velo se encuadra en el ejercicio del derecho de libertad ideológica y religiosa por los individuos (ámbito personal), con sus propias características y limitaciones. Mientras que la presencia del crucifijo tiene una relación más directa con el modelo de relación entre el Estado y las diversas comunidades ideológicas y religiosas (ámbito institucional), donde el sistema elegido por cada Estado, y los principios que lo componen, tiene una notable influencia en su respuesta. Fue así como acertamos a distinguir dos clases de símbolos, los que denominamos símbolos personales y símbolos institucionales. Los símbolos personales son aquellos elementos que utilizan las personas para manifestar su adhesión a una determinada creencia ideológica o religiosa, mientras que los símbolos institucionales los concebimos como aquellos que identifican a una institución ideológica y religiosa y la diferencia de las demás. Cierto es que a veces coinciden, pero lo que los diferencia es su uso, lo que al fin y al cabo debe gestionarse por los poderes públicos. Por ese motivo, consideramos que la laicidad juega un papel relevante en la restricción a la presencia de símbolos institucionales en el espacio público, tratando de evitar que se produzca confusiones entre los fines propios de una entidad privada y los del Estado. En cambio, la restricción del uso de símbolos personales debe encuadrarse dentro de los límites fijados para el ejercicio de del derecho de libertad ideológica y religiosa, principalmente el orden público fijado en la salud, la seguridad y la moral pública (artículo 16 de la Constitución y 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa).
La segunda cuestión que detectamos es que en estos casos, aunque el eje principal es el ejercicio de un derecho, existen otros elementos que influyen notablemente en la respuesta que debíamos ofrecer. Nos referimos a cuestiones como las condiciones en las que se desarrolla el uso del servicio público, la inmigración, la multiculturalidad, el principio de igualdad y no discriminación, específicamente en materia de género, o su combinación con otros derechos, como el derecho a la educación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad y propia imagen, la libertad de expresión y manifestación, etc. Esto nos hizo reflexionar sobre la oportunidad de que no exista una norma específica que determine de forma taxativa los elementos que restringen su uso y que, cuando deba decidirse sobre ello, se tengan en cuenta otras normas como el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.
En definitiva, como la Unión Europea y el Consejo de Europa no somos partidarios de establecer una prohibición general al uso de los símbolos religiosos y apostamos por hacer una valoración en conjunto de las normas disponibles en el ordenamiento jurídico español para adecuar la respuesta de cada caso a la realidad jurídica. En todo caso, serán los Tribunales quienes refrendarán la adecuación de la decisión adoptada, en base a los límites aplicables al Derecho fundamental, o la rechazarán. Para aplicar estas limitaciones debe cumplirse una serie de requisitos: a) legalidad, debe estar prevista en una la ley, nosotros entendemos que en aquella que regula la libertad religiosa o, en el caso de que afecte al ejercicio de una derecho fundamental específico, en la norma que lo regule; b) finalidad legitima, como la protección de los derechos y libertades de los demás y el orden público; c) proporcionalidad, al ser medidas necesarias en una sociedad democrática. Por otra parte, en línea con la respuesta internacional apostamos por la educación como instrumento para permitir a las mujeres adoptar decisiones informadas y evitar actitudes contrarias a los derechos fundamentales y la igualdad.

El futuro de los espacios culturales y el apocalipsis zombi

Por: | 21 de octubre de 2013

RAUL OLIVÁN CORTÉS

Foto ZAC - Lared140 - by @Idar

Demasiadas veces España me recuerda a ese parque de atracciones abandonado que aparece en toda película de zombis que se precie. La orgía urbanística nos ha dejado en herencia cientos de macro centros culturales que hoy se erigen monumentales pero completamente vacíos de contenidos, y sobre todo, sin personas.

Conviene sin embargo que dejemos de lamernos las heridas y emprendamos planes de acción a corto plazo. Sólo hay un despropósito más grande que la construcción de un macro centro que no era necesario, y es dejarlo morir de inanición una vez que ya está terminado.

Al contrario que en las películas de zombis, nuestro país cuenta con un capital humano increíble, el recurso estratégico más importante de todos. Hoy además disponemos de tecnologías sociales que permiten explotar de forma eficiente las inteligencias colectivas.

Por ello debemos repensar los equipamientos públicos, trascender la lógica de edificios como meros mercados de consumo cultural, para transformarlos en centros de prosumo donde el ciudadano se convierte en productor y consumidor al mismo tiempo. Las claves nos las han dado las redes: Intercambio entre iguales (P2P, crowd), transparencia, democracia deliberativa y cultura abierta (open source, open goverment) y planificación de abajo a arriba (buttom up).

Una lección interesante de las películas de zombis y sus escenarios post apocalípticos, es el retrato de la vuelta a la vida comunitaria, donde los colectivos se auto organizan, reciclan las herramientas más rudimentarias con sorprendente eficacia y generan economías colaborativas y sostenibles. Hace ya unos años que a estos procesos les llamamos innovación social, un fenómeno que no deja de crecer y ha comenzado a crear verdadero valor económico, social y cultural, mucho más allá de la anécdota en nuestros power points.

Cuando aplicamos estas ideas a la gestión de los centros culturales nos viene enseguida a la cabeza el modelo de la autogestión, y personalmente pienso que es un paradigma que va avanzar de forma imparable. Sin embargo, no podemos pasar de una cultura dirigida y monolítica a una abierta y expandida sin un periodo de transición.

En esa transición se hace preciso generar espacios híbridos, donde confluyan programas tutelados al servicio de las estrategias globales de la ciudad, con otros completamente maleables y autónomos. En Zaragoza Activa lo estamos intentando con La Colaboradora, integrada dentro de La Azucarera.  

Quizá este retorno a la comunidad combinado con la poderosa inteligencia colectiva, solucione en parte el grave problema de desafección ciudadana. Al menos merece la pena intentarlo.

Raúl Oliván Cortés. Gestor público. Licenciado en Publicidad y diplomado en Trabajo Social. Especializado en participación y comunicación social. www.twitter.com/@raulolivan

 

Las razones de Rusia en Siria

Por: | 18 de octubre de 2013

JAVIER MORALES

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¿Por qué Moscú ha empeñado su prestigio internacional en defender a un régimen déspota y sanguinario como el de Bachar el Asad? Si aceptamos que éste era un aliado imprescindible para Rusia, ¿por qué impulsar después un plan para obligarle a deshacerse de su arsenal químico? ¿Ha caído Obama, al aceptar esta propuesta, en una trampa hábilmente tendida por Putin para hacerle renunciar a una intervención?
Las apariencias engañan: la posición rusa tiene más que ver con sus intereses globales que con su relación comercial o militar con Siria. Al igual que en la guerra de Kosovo (donde Yeltsin no apoyó a Milosevic por una supuesta “solidaridad eslava”, sino por la rivalidad con la OTAN y su propia debilidad frente a la oposición en la Duma), la partida que juega Moscú es mucho más amplia que su amistad con Damasco. También en este caso, los factores principales son tres: la competición con EE UU, la desconfianza hacia el bando insurgente y el complicado momento que afronta el Kremlin en política interna.
El debate en torno a Siria se ha centrado en la doctrina del “intervencionismo humanitario”, cuyos partidarios sostienen que las grandes potencias no pueden permanecer impasibles ante tragedias como ésta: tienen la responsabilidad de proteger a los civiles, incluso mediante una intervención militar no autorizada por la ONU. Como era de esperar, Rusia ha combatido esta tesis por todos los medios, ya que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad es uno de los pocos instrumentos con que aún cuenta para poner límites a sus rivales. El gran temor del Kremlin, pese a lo agresivo de su retórica, es convertirse en un país de segundo orden incapaz de hacerse escuchar por EE UU, muy superior en “poder duro” económico y militar.
Cierto es que Moscú suele recurrir al Derecho Internacional sólo cuando le beneficia: así, no tuvo reparos en justificar su guerra con Georgia en 2008 como una campaña para proteger a los civiles surosetios y abjasios. Pero aunque los argumentos rusos sean interesados, la experiencia invita a ser muy prudentes antes de emprender una “intervención humanitaria”, ya que la entrada de tropas extranjeras en una guerra civil puede complicar aún más el conflicto prolongando el sufrimiento de la población. Ésta parece haber sido inicialmente la posición de Obama, antes de verse arrastrado a lanzar un ultimátum tras cruzarse la línea roja del uso de armas químicas. 
El segundo factor que explica la reacción rusa es la presencia de yihadistas en el bando rebelde, que al igual que en otros casos tratan de secuestrar esta causa para sus propios fines. Como han explicado acertadamente quienes conocen ese país, la oposición al régimen es mucho más amplia que estos grupos; los cuales están emprendiendo, además, una guerra paralela contra los sublevados que no comparten sus ideas. Rusia va mucho más lejos al dar por seguro que los yihadistas acabarán dominando la insurgencia y dirigiendo un futuro gobierno post-Asad; un escenario posible, es cierto, pero tampoco el único. Para el Kremlin hay un claro paralelismo con los radicales llegados del exterior que se hicieron con el control de la guerrilla independentista chechena, y acabaron por desestabilizar toda la región; así, cuando respalda el uso indiscriminado de la fuerza contra civiles, Moscú está defendiendo realmente su propia respuesta en el Cáucaso Norte.
Al mismo tiempo, Siria es un instrumento propagandístico para Putin en un momento de creciente desafección ciudadana hacia el corrupto sistema consolidado bajo su mandato. Frente a una oposición todavía poco cohesionada, el Kremlin (más por inercia de otras ocasiones que por una estrategia calculada) intenta distraer la atención de los rusos apelando a sus sentimientos nacionalistas frente al “imperialismo” occidental; asumiendo también, por idénticos motivos, un discurso xenófobo y homófobo. Esta respuesta populista puede serle útil a corto plazo, pero no oculta la incapacidad del sistema para ofrecer un proyecto modernizador creíble.
Entonces, ¿por qué Moscú ha tendido la mano a EE UU ofreciendo un plan conjunto, en lugar de mantener su enfrentamiento diplomático o incrementar la ayuda a Damasco en caso de intervención? Aunque la tendencia habitual de los líderes rusos es resistirse a cooperar con Occidente (ya que se ven como la parte más débil, y por tanto la que más tendrá que ceder), son conscientes del desgaste para su “poder blando” o imagen exterior que supone limitarse a obstaculizar las iniciativas de otros. Una Rusia capaz de ofrecer propuestas constructivas en torno a Siria y atraer la colaboración estadounidense gana mucho más en influencia internacional que otra que juegue todas sus cartas al sostenimiento de Asad; más aún cuando el futuro de éste (con o sin apoyo ruso) no está ni mucho menos asegurado.
Las lecciones que debería aprender Rusia están claras: el apoyo incondicional a Damasco ha sido a la larga contraproducente para su propio prestigio, y ha contribuido a que el régimen sirio se sintiera amparado para emplear cualquier medio (incluido el químico) en su guerra con la oposición. Pero otros también deben sacar sus conclusiones. Como ha demostrado el plan de desarme, EE UU es más eficaz cuando actúa legitimado por Naciones Unidas y en coordinación con otras potencias: la amenaza de uso de la fuerza sólo ha logrado concesiones tangibles de Siria cuando se ha realizado en este contexto. En cuanto a la UE, si realmente queremos ser un actor relevante en Oriente Medio (como debatiremos dentro de pocos días en Madrid en una conferencia de Javier Solana), es imprescindible recuperar la iniciativa política y diplomática que en este caso, desgraciadamente, hemos dejado en manos de otros actores.

Javier Morales es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid.

Reformas electorales autonómicas: ¿El inicio de la avalancha?

Por: | 16 de octubre de 2013

PABLO SIMÓN

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La discusión sobre el sistema electoral entre el gran público es algo reciente. En las pocas preguntas que ha hecho el CIS sobre sistemas electorales en años pasados las importantes tasas de “no sabe/ no contesta” (entre el 20 y el 40%) señalan la tardía politización del tema. Solo a partir de los Indignados en 2011 vemos que las quejas de los partidos minoritarios ganan en proyección y que intelectuales (y ex políticos) se apuntan al carro de las reformas.

El clima de opinión pública parece haberse movido en consecuencia y, aunque la reforma a nivel estatal parece improbable en el corto plazo, por primera vez se están realizando o estudiando reformas electorales a nivel autonómico. Esta perspectiva es interesante por el laboratorio para la innovación institucional que permite el Estado de las Autonomías.

Las reformas electorales son raras avis en perspectiva comparada y es lógico que así sea. Los sistemas electorales manufacturan las mayorías políticas con capacidad de cambiarlas y, dado que la statu quo suele beneficiarlas, no tienen incentivos para variarlas. Sin embargo en España podría darse cambios por al menos tres razones.

Primero, porque ante un contexto de incertidumbre electoral y volatilidad creciente, determinados partidos con poder para acometer las reformas pueden cambiar el sistema a uno más restrictivo, que limite la fragmentación política y asegure mejor gobernabilidad. Esto fue lo que ocurrió en muchos países de Europa del Este tras sus elecciones fundacionales.

Segundo, porque en determinados contextos un partido mayoritario puede depender de uno minoritario perjudicado por el sistema electoral, el cual puede presionar para el cambio. Esto es semejante a lo que pasó en Alemania en 1987 cuando la CDU-CSU modificó el sistema por acuerdo con los liberales.

Por último, porque un descontento generalizado con el rendimiento del sistema político (y de calidad en la representación) facilita un clima de opinión proclive a las reformas. Esto es algo semejante a los casos de Italia o Japón, con corrupción rampante, o Nueva Zelanda, con el incumplimiento de programas electorales de los dos grandes partidos.

Si miramos a las Comunidades Autónomas, podemos ver estos tres factores interactuando, aunque no de manera exclusiva.

La reforma electoral que resulta casi imparable es la de Castilla La Mancha, aprobada en solitario por el Partido Popular con reforma estatutaria incluida. Según esta reforma los diputados de la asamblea regional pasarán a ser la mitad, de un promedio de 9.8 escaños por provincia a solo 5. Esto supone una reforma restrictiva ya que perjudica a las terceras y cuartas fuerzas. Con esta jugada estratégica el PP busca, ante un contexto de erosión electoral de los principales partidos, reducir la potencial fragmentación de la cámara y asegurar su preeminencia.

Una segunda reforma mucho más ambiciosa y que está a punto de discusión en Pleno es la del Principado de Asturias. Tras un acuerdo de legislatura, tanto IU como UPyD han condicionado su apoyo al gobierno socialista a una reforma electoral. La propuesta registrada por el “tripartito” es muy amplia y va en la dirección de incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, hacer debates obligatorios… La FSA ha supeditado su voto afirmativo a incorporar a algún grupo de la oposición, con lo que el destino de la ley queda en manos de la capacidad negociadora del ejecutivo asturiano. De eso, y de la presión que ejerzan sus socios minoritarios.

Finalmente, existen dos reformas en estudio, aún lejos de tramitarse.

La primera es la catalana, única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia y aplica de manera subsidiaria la LOREG. Hasta dos comisiones ha arrancado desde 2007 para crear una ley propia, con informe de expertos incluido. Ahora mismo no está claro el modelo hacia el que se propone avanzar aunque podría ser un sistema “alemán” por acuerdo CiU-PSC. En todo caso, dado que la consulta es ahora el centro de gravedad de la política catalana, está por ver su evolución.

La otra es la reforma de la Asamblea de Madrid,  donde el Partido Popular tiene claramente definido que quiere avanzar hacia un sistema mixto, dividiendo Madrid en 43 distritos uninominales pero con una lista proporcional para toda la comunidad. El principio que defienden los promotores es buscar una relación más directa entre los diputados y la ciudadanía, si bien dependerá mucho de si el PP estaría dispuesto a impulsar la reforma en solitario.

La reforma electoral es algo que se ha vuelto popular como remedio a problemas institucionales y de representación política. Aunque no conviene sobre-estimar sus efectos, también es verdad que jamás había habido una ventana de oportunidad semejante en España para su modificación, en especial en las comunidades autónomas.

La  pregunta entonces es si ante nuevos escenarios de mayor fragmentación partidista y posibles gobiernos de coalición estamos ante el inicio de una avalancha de reformas electorales. La respuesta a partir de 2015.

Ricos y famosos (¡Ya somos los séptimos!)

Por: | 14 de octubre de 2013

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Marcos Balfagon

Tal parece que al Ministro Montoro no le salieran las cuentas. Y que en su interpretación  del fiasco de nuestra economía, entregada a la troika y en parálisis permanente, son culpables unos pocos millones de sufridos compatriotas. Y al parecer unos cientos de miles están enrolados en el equipo de la cultura.

Por eso el cine español alguna culpa tendrá de su supuesto fracaso, el ivazo cultural ha venido para quedarse, mayormente, y de la quiebra una tras otra de las cadenas de nuestra delicada industria cultural tienen la culpa ellos mismos, sus propietarios y promotores. Son ricos y famosos. Y además de izquierdas. Y, presumiblemente, consumen cocaína. La tormenta perfecta, según nuestro particular “caféparty” cultural. Y tendrán que pagar tanta riqueza.

Así pues, qué nos importa que cierren los cines hasta dejarnos con más de la mitad de las capitales españolas sin una sola sala en los centros urbanos. Es al parecer materia de lujo, por tanto innecesaria en las actuales circunstancias,  la supervivencia de las librerías independientes, de los editores pequeños y medianos, de las galerías de arte, de los negocios de calle relacionados con la música, de las tiendas de divulgación del buen diseño, de las profesiones que irónicamente se incluían entre las llamadas liberales (arquitectura, diseño, música, artes  visuales, escritura creativa o investigadora, artes escénicas y escena en vivo y tantas otras).
O mejor, es hora de que les den lo que es suyo. ¿El resultado?: Una precarización y pauperización creciente se extiende sobre el conjunto del sector de la cultura española que, oficialmente y en menos de cuatro años, ha perdido al menos un 20% de su empleo, que en cifras ha retrocedido una década.

Las privatizaciones de la gestión de instituciones y equipamientos –aquellos que por el momento no han echado el cierre- van resultando en el empobrecimiento de los perfiles profesionales de quienes se encargan de las tareas, la temporalidad absoluta de sus contratos y los recortes constantes de sus expectativas salariales. 

Por eso las prácticas de supervivencia han conducido a los profesionales a reducir, voluntaria u obligadamente, sus ingresos productivos en porcentajes aún no suficientemente estimados, pero brutales. Como ejemplo mínimo significativo, los precios de contratación de la música se han recortado en ese período hasta en un 50%, pudiendo contar con artistas internacionales de prestigio en el campo de las músicas urbanas por cifras inferiores a los 300 euros. En un mercado que en 2009 no encontraría ofertas similares por menos de tres veces ese coste. Y hablamos de los ricos y famosos, no de la liga de los modestos.

Entre tanta miseria, estará el Ministro confortado por la noticia de que cada vez somos más ricos. Perdón, más millonarios. O al menos eso dice el recién publicado informe del departamento de investigación del banco Credit Suisse, en el que España, ¡por fin! Supera el G-8, inalcanzable para anteriores Gobiernos, y se convierte en el séptimo país en crecimiento de millonarios ¡en el último año! (47.000 nuevos miembros del selecto club entre 2011 y 2012) ¿Quiénes son? Seguramente muchos de ellos parecen ser gentes del mundo de la cultura, si atendemos a los comportamientos de nuestro astuto Gobierno. O a lo mejor son otros los que se quedan con el caviar y los fundos.

El espíritu del 45 en la España de hoy

Por: | 11 de octubre de 2013

MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ

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Hace unos días tuve la oportunidad de ver ¨El espíritu del 45¨, la última película de Ken Loach, uno de mis directores favoritos. De estilo documental y rodada en blanco y negro se sitúa en la Gran Bretaña de 1945, al término de la segunda guerra mundial. Se celebraron elecciones parlamentarias en ese año a las que concurría Winston Churchill, el héroe nacional vencedor de la guerra, pero que sin embargo sufrió una derrota aplastante a manos del partido laborista.

La película nos cuenta a través de imágenes históricas, discursos de la época y entrevistas actuales, cómo el partido laborista, liderado por Clement Atlee, se presentó y ganó las elecciones con su primer programa nítidamente socialdemócrata, centrado en la creación de un verdadero estado del bienestar. Así se creó el Nacional Health System, que ofreció por primera vez sanidad pública gratuita para todos, se implementaron programas de vivienda social para las masas trabajadoras, y se nacionalizaron grandes sectores industriales como las minas, o los ferrocarriles. Sorprende al principio el enorme nivel de pobreza y las condiciones deplorables en las que vivían la mayoría de las clases trabajadoras en el Reino Unido. Pero se vuelve emocionante escuchar después a los protagonistas, ya ancianos, antiguos obreros, mineros, gente humilde, hablando de cómo el partido laborista mejoró sus vidas y les hizo sentir por primera vez ciudadanos dignos. Fue efectivamente una agenda inclusiva y transformadora, la que presentaron los laboristas y que llegó al alma de la mayoría de ciudadanos, generando el ¨Espíritu del 45¨.

El film salta entonces desde los años cuarenta hasta el año 1979, el de la victoria electoral de Margareth Thacher, que dio inicio a un periodo de hegemonía neoliberal, que dura hasta hoy y en el que se van desmantelando pieza a pieza los servicios públicos. Queda el Nacional Health System, la joya de la corona y orgullo de los británicos, que aunque debilitado por recortes y externalizaciones, resiste en manos públicas. Los mismos ancianos de antes, muestran entonces su tristeza y decepción por el derrumbe del estado social a manos de una sociedad cada vez más individualizada, desigual y competitiva.

La película no pretende ser un documento histórico, no muestra un análisis más o menos imparcial de los hechos, ni reclama que se vuelva a las nacionalizaciones de la industria. En absoluto. Lo que a mi juicio busca el director y creo que consigue, es lanzar un grito, sacudir las conciencias de los ciudadanos para que despierten de este letargo de indignación y pasividad en el que muchos se encuentran.  Ken Loach nos muestra el valor de la política como motor de transformación social, refrescándonos la memoria acerca de qué partidos, y qué ideología produjeron los mayores avances sociales en su país, algo en buena medida extensible a toda Europa. Qué bien sienta mirar a la historia, en estos tiempos que corren por el viejo continente y especialmente en España, donde muchos nos quieren hacer creer que no hay diferencias entre unos y otros, que solo hay una política posible, la que dictan los mercados y poderes financieros, y que es necesario acabar con los servicios públicos para poder competir y crecer. Es muy necesario recordar, pues como decía Tony Judt "Gracias a medio siglo de prosperidad y estabilidad, en Occidente hemos olvidado el trauma social y político que representa la inseguridad económica de las masas, y en consecuencia no recordamos las razones que llevaron en primer término a la creación de los Estados del bienestar de los que hoy disfrutamos".  Por eso esta película es tan recomendable, sobre todo para los jóvenes.

En 1945, España estaba comenzando su larga etapa de oscuridad franquista, lejos del modelo social que se construía en nuestro continente.  Algún columnista de El Mundo con muy poca vergüenza y gran dosis de cinismo, ha querido comparar el Espíritu del 45 de Loach, con el 39 en España (Arcadi Espada, ¨El del 39¨, 24/9/2013). Pero me temo que ni los más ardientes falangistas pueden evitar sonrojarse ante argumento tan falaz. Si hubo un momento comparable en España, ese fue el año 82, el de la primera victoria socialista tras la recuperación de la democracia, que supuso la puesta en marcha de un estado del bienestar, de corte europeo con 35 años de retraso respecto al resto del continente. Felipe, Guerra y los suyos sí lograron generar la ilusión colectiva, el entusiasmo ciudadano que llevó a más de diez millones de españoles a votar por los socialistas.

Treinta años después, la socialdemocracia vive sus momentos más bajos. Pese al aumento pavoroso de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en muchos países, no logra recuperar la credibilidad, ni el favor de los electores. Es, probablemente, resultado de años de gobernar como meros gestores y de tantas concesiones ideológicas al neoliberalismo, ejecutadas a menudo desde gobiernos de izquierda.
Por eso, para volver a ser la opción mayoritaria, los partidos socialdemócratas deben ante todo recuperar la primacía de la política democrática sobre las fuerzas del mercado, subordinándolas a los intereses colectivos. Se trataría de ofrecer un proyecto político alternativo y transformador, enmarcado de una cierta épica idealista: la creencia en una sociedad mejor, más decente y más justa para todos. 

Desde muchos cuarteles mediáticos se caricaturiza el ¨Espíritu del 45¨ de Loach, como algo caduco y superado. Tal vez, y aún así, parece claramente preferible al espíritu de nuestros días, el de la austeridad en los servicios públicos, pero dinero a raudales para los rescates bancarios. O como dijo no otro que el mismo Milton Friedman: ¨socialismo para ricos y libre mercado para los pobres¨.

El aumento de la desigualdad en contexto histórico

Por: | 09 de octubre de 2013

KIKO LLANERAS y JORGE GALINDO

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http://www.bubok.es/libros/222894/

Uno de los efectos perniciosos de la crisis económica está siendo el aumento de la desigualdad. La recesión no solo ha contraído la renta media de los españoles, también ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres.
Una forma de estimar la desigualdad es calcular la relación entre la renta de los hogares con más y menos recursos (percentiles 80 y 20). Ese ratio era del 5.3 en 2006 —los hogares ricos disfrutaban de cinco veces más riqueza que los pobres—, pero durante la crisis las diferencias se han ensanchado hasta llevar el ratio al 6.8 en 2011. Otra métrica para cuantificar las diferencias en renta, el índice Gini, ha pasado del 31% al 33,4% en ese mismo periodo.
Estas cifras evidencian un aumento de la desigualdad en nuestro país, pero es difícil juzgar su magnitud sin más contexto: ¿el aumento supone retroceder diez años o no tiene precedentes? ¿cuál es la situación en otros países? Para responder esas preguntas usaremos los datos de la Standardized World Income Inequality Database, que acaba de actualizarse. El siguiente gráfico muestra la evolución de la renta y la desigualdad desde 1976.

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El gráfico muestra parte del salto enorme que dio la renta española desde los sesenta. Entre 1970 y 2007 la renta media se triplicó, pasando de 9.500$ a 28.000$ (ambas cifras ajustadas por inflación y poder adquisitivo). Ahora España enfrenta la peor recesión desde la guerra civil y es posible que nuestra economía vaya a retrotraerse diez años. Un retroceso que está teniendo consecuencias graves, que debemos combatir y atenuar en lo posible, pero sin olvidar que aunque regresemos al nivel de 2003, nuestra renta sería aún superior a la de cualquier momento anterior.
Mientras tanto la desigualdad ha fluctuado, pero sin abandonar nunca la horquilla entre el 30% y el 35%. En términos históricos son buenas noticias: la renta se multiplicó y la desigualdad se mantuvo constante. El crecimiento español no parece haber generado una mayor inequidad en el largo plazo. Aún más, las épocas de mayor aumento en la renta per cápita son también los momentos de reducción de la desigualdad. Sin embargo, esto no permite afirmar que el modelo de crecimiento español favorezca a todos por igual. Al contrario, la dinámica de nuestra desigualdad es considerablemente procíclica: es evidente que los dos periodos de recesión dispararon la desigualdad. Ocurrió en los noventa y está ocurriendo ahora. La recesión de 1993 llevó la desigualdad desde su mínimo (30%) hasta su máximo (35%). Un daño que tardó una década en revertirse. Ahora la desigualdad vuelve a aumentar, alcanzando el 33,4% en 2011, sin que sepamos el nivel exacto hoy.

Cabe preguntarse por qué sucede esto, qué aspectos de nuestro modelo productivo o de nuestro sistema institucional favorecen tal dinámica, y si ésta es una característica propia o algo típico de las recesiones. También cabe analizar si efectivamente todo lo perdido es recuperado después. O, aún más importante, si los perdedores de las crisis coinciden con los ganadores de las recesiones. Es posible que cada pico de desigualdad deje en la cuneta a una parte de la sociedad y que la recuperación posterior se centre en la incorporación de nuevos individuos al mercado, reduciendo la desigualdad en agregado pero dejando atrás a un colectivo que nunca podrá reincorporarse. Esta hipótesis es más plausible en crisis como la actual, de tipo estructural y que cuestionan un modelo de crecimiento.
Otro aspecto a tener en cuenta para evitar el optimismo excesivo es, por supuesto, la comparación con nuestro entorno. Nuestras cifras de desigualdad nos sitúan junto a países como Grecia, Italia o Portugal (en torno al 33%), y nos alejan de Francia (30%), Alemania (29%), Suecia (26%) o Noruega (22%), el país más igualitario. Además, si la escalada actual se mantiene nos llevará hacía los países occidentales más desiguales, como Reino Unido (35%) o Estados Unidos (37%).

Por último, hay dos razones que aumentan la preocupación por la desigualdad. Por un lado está la tendencia: la crisis está haciendo que las diferencias en España crezcan más que en la mayoría de países. Además a eso se suma un elemento a largo plazo. Desde los años ochenta existe una tendencia global al aumento de la desigualdad que afecta a muchos países occidentales, como Estados Unidos, Suecia o Alemania (ver gráfico, o leer pdf, pdf, pdf). Los factores detrás de esa tendencia aún se discuten, pero la mayoría de académicos apunta a una carrera entre educación y tecnología y a la globalización como factores importantes, sin olvidar otros como el papel de la instituciones laborales o la habilidad de los ejecutivos para fijar sus propios salarios (astronómicos). En España esa tendencia no domina, pero es razonable pensar que las fuerzas que la motivan ya actúan o puedan hacerlo pronto. La combinación de ese fenómeno con los posibles problemas propios que ya apuntamos puede resultar en una mezcla peligrosa para nuestra sociedad y su sistema de bienestar.

En resumen, la crisis económica está haciendo aumentar la desigualdad. El aumento es todavía moderado y nos mantiene en terreno conocido: no hemos superado el máximo de 1995 y seguimos en cifras semejantes a las de países afines. Sin embargo, nos alejamos de los países de referencia y nos acercamos a los peores. Esa dinámica de crisis a corto plazo, unida a la tendencia global que se observa en otros países, hacen de la desigualdad un problema de especial importancia para el futuro de nuestro país.

¿El festín de Babette?

Por: | 08 de octubre de 2013

MIGUEL SÁNCHEZ

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Los presupuestos generales del Estado de 2014 para la inversión en Cultura, no nos ha sorprendido. Las últimas consecuencias de los recortes emprendidos se reflejan en las constantes noticias a cada cual más desoladora. Esta misma semana conocíamos el cierre de los cines Renoir, unos de los más emblemáticos de la capital, y pocos días antes se presentaba en el marco del  Festival de San Sebastián, la crítica situación de la industria del cine por la Federación de productores (FAPAE). La facturación del cine español en 2012 ha sufrido una caída del 15%, una pérdida de empleo del 12% y una caída del 28,7% de los rodajes emprendidos. La directora del ICAA adelantaba la imposibilidad de hacer frente a las deudas de amortización con las películas estrenadas desde 2012. Susana de la Sierra intentaba paliar esta situación anunciando la propuesta de avanzar en el incentivo fiscal del 18% actual al 25%, aunque matizaba que "solo puede ser presentada si cuenta con el visto bueno del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro" lo que hace sospechar que pasará  a formar parte del cajón donde aguarda la revisión del IVA cultural o la ley de mecenazgo.

Esta debacle no es una situación exclusiva del cine. El apagón lo sufren todos los sectores de la cultura, desde las  artes escénicas, pasando por la música, o los archivos, museos o bibliotecas. Incluso el Museo del Prado, buque insignia de la cultura española y hasta ahora casi  intocable, sufre unas pérdidas que  “obedecen fundamentalmente a que las  transferencias del Estado fueron minoradas en el 25,24%” en el último año y ya acumula  una disminución de las aportaciones públicas de en torno al 50% desde 2009.

Es cierto que estos problemas no afectan solo a España.  El modelo británico de financiación -que se nos ha marcado como el mejor camino a seguir y la panacea sostenible-  también está sufriendo los efectos devastadores de la crisis. La Asociación de museos Británicos presentaba algunos  datos  reveladores de este modelo liberal aplicado: un 37% de reducción de personal,  del 28% en las actividades gratuitas y en un 31% de las visitas escolares.  Su director, Mark Taylor, ya anunció que “los esfuerzos filantrópicos nunca van a sustituir a la pérdida de financiación pública".

La política cultural en España se ha caracterizado a lo largo del periodo democrático por una ausencia de interés real y una falta de política de Estado,  pero ahora se ha convertido en una fijación extrema para este Gobierno con un continuo ataque verbal y presupuestario que la dirige hacia la banalización, el entretenimiento y lo superfluo.
 
El sector cultural ha intentando defenderse argumentando su supervivencia desde sus dimensiones más visibles: la cultura es un derecho, elemento básico de la sociedad del bienestar y herramienta fundamental para la  cohesión social,  pero también, por si era más efectivo desde  el punto de vista económico, reiterando una y otra vez el manido 4% del PIB y 3% del empleo total. De nada  sirven estos argumentos en estos tiempos, y las respuestas siguen siendo las mismas. La cultura es mero entretenimiento y por tanto  debe aplicarse austeridad y  puritanismo fiscal.

El Forum de Avignon, foro de referencia impulsado desde el ministerio de cultura francés publicaba a principios de año una guía que plantea cuatro grandes líneas de política cultural a desarrollar. Destaca entre estas líneas, la movilización de la sociedad y de sus creadores como inversión colectiva esencial del Estado de bienestar.
La movilización,  la visualización y las alianzas de la sociedad civil , comienzan a dar ciertos frutos de manera simbólica, como algunas propuestas que llegan desde el Reino Unido con las artes escénicas o incluso desde Italia donde el Teatro Valle Occupato, el teatro más antiguo de Roma que acaba de recibir el prestigioso  ECF Princess Margriet Award, ha sido “ocupado” por un colectivo de creadores, impidiendo así su privatización, y ha conseguido el reconocimiento de “bien común” convirtiéndose en uno de los espacios culturales más importante de la ciudad.
Frente al puritanismo de la austeridad, llega la hora de servir  la mesa de Babette! Ciertamente las viandas no llegarán de la filantropía privada, de una tasa sobre las loterías, o de un tratamiento fiscal favorable, pero puede que la movilización directa de creadores con estrategias de visibilidad al servicio de los ciudadanos logre recuperarla como pilar del Estado de Bienestar. O bien, cuando queramos darnos cuenta, nada quedará para salvar.



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