Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Ultraderecha: amistades peligrosas

Por: | 29 de noviembre de 2013

ANA MARTÍNEZ GARCÍA-MORENO

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“Hoy comienza la liberación de la élite europea, el monstruo de Bruselas”, anunció orgulloso Geert Wilders –líder del Partido por la Libertad (PVV) de los Países Bajos– tras sellar un acuerdo con el Frente Nacional (FN) francés de Marine Le Pen. El propósito, forjar un nuevo bloque euroescéptico que les permita concurrir a las elecciones del Parlamento Europeo y devolver así “la libertad a nuestra gente”, según proclamó Le Pen.
La creciente popularidad de los partidos políticos que pretenden aniquilar al “monstruo de Bruselas” ha sido noticia en muchos medios de comunicación tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La opinión generalizada es que los grupos de extrema derecha han conseguido encabezar las listas electorales debido a la crisis económica. Sin embargo, abundan los estudios que desmienten el papel central de la crisis económica en el mayor respaldo a estos grupos políticos.
 
Matthew Goodwin, experto en la extrema derecha de la Universidad de Nottingham –Reino Unido–, sostiene que estos partidos pueden emerger en todo tipo de países, tengan una solvencia crediticia impecable o estén al borde de la banca rota. Pippa Norris, autora de La Derecha Radical, explica los cambios que ha sufrido la sociedad durante la última etapa del siglo XX: la globalización y la reducción de los obstáculos a la circulación de trabajadores, bienes y capitales. Debido a estos cambios, añade la autora, lo que moviliza a algunos ciudadanos es la amenaza que supone “el otro”. Según Goodwin, para que un grupo político de extrema derecha medre basta con que sea capaz de sacar provecho de la creciente preocupación de los ciudadanos por mantener su identidad y su cultura nacional intactas.
 
Más allá de las razones que puedan explicar el aumento de la popularidad de la derecha radical, también es importante saber quiénes votan a estos partidos. Kai Arzheimer, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Maguncia –Alemania– destaca una de las variables más importantes a la hora de identificar el perfil de los votantes de la extrema derecha: el género. La mayor parte de los estudios demuestran que los hombres son más propensos que las mujeres a votar a dichos grupos políticos. La educación, según Arzheimer, es también un factor que debe tenerse en cuenta. Diversas investigaciones demuestran que aquellos que tienen educación universitaria tienen menos tendencia a dar su voto a partidos radicales. Sin embargo, el mismo Arzheimer advierte de que ésta no es una relación que se dé en todos los casos. Además, Matthew Goodwin explica que estos sujetos suelen tener una situación laboral y económica precarias. Se trata de un grupo social que se siente amenazado por la globalización y la inmigración. Entre los hombres, el experto subraya que los de raza blanca son más propensos a apoyar a estos grupos. A pesar de estos hallazgos, Pippa Norris advierte de que en este contexto es extremadamente difícil identificar un grupo social. No debemos dejarnos llevar por los estereotipos que consideran a la clase baja como la única culpable del incremento de la popularidad de la extrema derecha europea.
 
La alianza que Le Pen y Wilders anunciaron en la Haya el pasado 13 de noviembre ha puesto a muchos la carne de gallina. Sin embargo, no hay que olvidar que la extrema derecha carece de un plan económico concreto. Según Demos, un think tank del Reino Unido, ninguno de estos dos partidos ha conseguido transmitir un proyecto económico coherente. Alcanzar una cooperación internacional entre partidos políticos no es tarea fácil, menos aún si el único denominador común es la destrucción de la UE.

El mecenazgo como providencia

Por: | 27 de noviembre de 2013

DAVID MÁRQUEZ MARTÍN DE LA LEONA

Troyanas

Hace ya años que se reclama y casi tantos que se anuncia una futura ley de mecenazgo. Y parece que por fin llega el momento. El actual Gobierno del Partido Popular hace de esta ley su principal propuesta legislativa en materia de cultura. Pero la legislatura está a punto de cruzar su ecuador y el nuevo texto legislativo ni está, ni se le espera, y si llega será de sopetón.

Dada la importancia que tiene para el Gobierno este proyecto, cabría entender que al cabo de casi dos años de trabajo tendría ya algún texto que proponer. Pues a día de hoy, finales de octubre 2013, aún no hay ningún texto público, o al menos accesible (el autor ha solicitado la información allá donde debería estar: Secretaría Estado de Cultura y Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados). Si ustedes han seguido en prensa el sainete de la ley habrán podido seguir también el papel de su actual principal mentor, el Secretario de Cultura, José-María Lassalle. Parece pues, que Lassalle aún se encuentra en alguna parte de ese largo camino legislativo: subir a Hacienda, negociar con los servicios jurídicos del Gobierno, bajar con el pdf de la ley, identificar y agregar a sus seguidores de las Cámaras y liderar a sus gobernados, a los maltratados sectores culturales, por el desierto hacia la tierra prometida de una mejor financiación.

A estas alturas cabe reclamar al Gobierno impulso, transparencia y diligencia. Pero también es necesario reivindicar debate y reflexión entorno a la futura norma porque sencillamente nos van muchos intereses en ello. No podemos dejar que la futura ley de mecenazgo sea cocinada en secretas e inaccesibles cocinas de Moncloa; la tenemos que sacar a la plaza del Rey (sede de la Secretaría de Cultura). Y a ser posible, allá donde haya capacidad y voluntad de discutirla. Un buen proyecto de ley se elabora con tiempo, pero ante todo se hace contando con estudios, con libros blancos, con la opinión del sector. Mucho me temo que nada de esto se está haciendo con la amplitud que requiere esta norma. La opacidad y la retirada del proceso de elaboración de algunos profesionales, metodólogos y especialistas no nos augura un buen resultado.

Los sectores que ya están activados y organizados son las industrias culturales, las fundaciones y las grandes instituciones culturales. Sin embargo todavía falta identificar los intereses de los pequeños agentes de la cultura: artistas, autores y sus pequeñas estructuras. Ellos también necesitan participar en la preparación de esta ley porque ellos son los que también tienen su futuro, en cierta medida, vinculado a una benigna redacción de la ley. Y es que queda debate por hacer, déjenme proponer:

-Diferenciar mecenazgo de patrocinio. No es lo mismo dar sin nada a cambio, que exigiendo imagen u otras prebendas.

-¿Qué garantías ofrece la ley a los pequeños (artistas y autores) para acceder a la búsqueda de ese necesitado mecenas?

-¿No podría aprovecharse la ocasión para crear fórmulas jurídicas más inherentes a la actividad cultural, (no recaudatorias de IVA, por ejemplo)?

-¿Qué relación se establece entre el mecenazgo y el acceso a las diferentes líneas de subvenciones de la Administración? ¿Se establecerán incompatibilidades o exclusiones?

-¿Será la ley exclusiva para la cultura o será extensiva a otros sectores como deportes u ONGs?

-Etc.

En definitiva, la bien deseada ley de mecenazgo, supongamos en proceso de elaboración, tiene depositadas en ella todo tipo de expectativas que corren el riesgo de no ser satisfechas. La interpretación que en estos momentos ha de hacerse en el redactado de la ley ha de ser generosa y abierta, para atender el mayor número de intereses. Su éxito depende de ello.

A veces parece que todos los afectados por esta deseada ley estuviéramos esperando al “Ángel Exterminador” de Buñuel. Parecen(mos) esos burgueses decadentes que disolutos en nuestras estériles conversaciones, padeciendo extraños sucesos, desprendiéndonos cada vez más de la noción del tiempo, pero todos, todos, atónitos, noqueados, esperando la inminente irrupción de una providencia que nos “salvará” a todos. Vuelvan a ver la película, quizá descubran la clave para salir de esta situación. ¡Ustedes primero!

David Márquez Martín de la Leona. Gestor y analista de cultura. @david_mml
Texto ampliado publicado en el blog del autor: www.etilem.org

 

FERNANDO RUEDA

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La semana pasada –por fin- el Parlamento Europeo dio el visto bueno a la nueva generación de programas europeos para la cultura, Europa Creativa.Cuya aprobación definitiva (codecisión del Parlamento y el Consejo Europeo, se espera para las próximas semanas y su puesta en marcha para enero de 2014. El programa, dotado con 1.800 millones de Euros para los próximos siete años, pretende “facilitar financiación” como mínimo a 250.000 artistas y profesionales de la cultura, 2.000 cines, 800 películas y 4.500 traducciones de libros. La novedad más destacada es el sistema de aval bancario para los pequeños u medianos productores y agentes, que deben argumentar en sus proyectos la sostenibilidad económica de los mismos.

Esperamos también para enero de 2014 el plan del Ayuntamiento de Madrid de “externalizar” la gestión de sus centros culturales, pues en las artes  “debe primar el objetivo de la rentabilidad económica y recuperación de la inversión”, lo que implica migrar desde un modelo de financiación mediante subvención, hacia un modelo empresarial de ingresos vía aportación de los socios del sector privado.

Desde América Latina nos seducen en estos días con la idea de la Economía Naranja que “con información y datos fiables”,  muestran el peso y la importancia de la economía creativa como motor de desarrollo económico en esa región.

Ha tomado también mucha fuerza en los últimos tiempos la idea de que el mecenazgo y la filantropía privada deben ser el elemento clave que permita hacer crecer la actividad cultural, y que sustituya la financiación publica. A pesar de que las aportaciones de las empresas a la cultura no paran de disminuir desde 2008 en todas las latitudes , y en particular  en Francia,  o en Estados Unidos o Reino Unido, con gran experiencia en este campo.
 
Efectivamente, en el imaginario colectivo se ha instalado con fuerza la idea de que la cultura genera riqueza y empleo, tiene un peso importante en el PIB y sus fuerzas creativas, basadas en el talento, generan un valor añadido por encima de la media.

Los principales impulsores de esta idea de asociar cultura y economía son los propios agentes del sector, los investigadores y analistas tanto de perfil progresista como liberal. Y la traducción de este “trending topic” en los últimos diez o quince años, se traduce  precisamente en esta ola de propuestas de corte neoliberal: privatización de lo público y financiación privada, avales bancarios y rentabilidad económica, cuestaciones y limosnas (crowdfundig), consumo de contenidos  culturales con valor de mercado, calidad del cine… Quizá conviene entonar un mea culpa, y redefinir el campo de estudios, focalizando en qué es lo que verdaderamente demanda la ciudadanía, qué servicios públicos culturales son imprescindibles, qué derechos culturales se deben garantizar y promover.

En un estudio de próxima aparición, la Fundación Alternativas, realiza un repaso de los modelos de financiación de las artes y de cultura en Europa, y cómo en cada uno de los países y modelos (continental, anglosajón, nórdico, latino) los impactos de la crisis, están abocando a caminos sin salidas claras para financiar la cultura. El estudio planteará propuestas para la definición de bienes públicos culturales y artísticos, y los consiguientes criterios de apoyo público, la participación en la vida cultural, los nuevos marcos regulatorios, o el valor –simbólico, social, comunitario, público- de la esfera cultural.

Cabe retomar un camino de reivindicación de la cultura como necesidad social básica, y para esto se debe preguntar al ciudadano cuál es su interés y en qué medida coincide –o no- con los intereses de la industria, de los creadores, de las administraciones.

La Nueva Mayoría de Bachelet

Por: | 24 de noviembre de 2013

CONSTANTINO MÉNDEZ. Consultor. Ex Secretario de Estado de Defensa

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El aún presidente Piñera cierra su mandato con el rechazo de su propia base política que considera no hizo honor a sus compromisos de clase y abandonó la agenda de la derecha. Deja además una coalición desarticulada, con graves problemas de liderazgo y fuertes fracturas internas que serán difíciles de resolver en el futuro. Y, como ya se expuso, deja un país injusto. Posiblemente con él se cierra un ciclo de gobiernos de transición basados en la superación de la negra etapa pinochetista en el que se posponía el futuro para garantizar el presente bajo aquella máxima de “consolidar la democracia y crecer en la economía”. El próximo gobierno está obligado a abrir las reformas hacia la modernización definitiva del país.
Cabe presumir que Michelle Bachelet, al frente de la Nueva Mayoría, ganará las elecciones en la segunda vuelta el próximo 15 de diciembre, en medio de grandes expectativas de cambio que son muy superiores a las que tuvieron que atender en el pasado inmediato los gobiernos de la Concertación. Ahora bien, la Nueva Mayoría no es una simple heredera de la Concertación y tampoco es tributaria de los equilibrios internos de los partidos que la integraban. La Nueva Mayoría es la expresión de un movimiento social que mira más allá de los partidos sin renunciar a la política. Un movimiento social que muestra su cansancio por la lentitud de las reformas, por la permanencia de las desigualdades y por la presencia de unas castas políticas autorreferenciadas y ensimismadas al margen de la realidad del sistema y de las demandas y preocupaciones de los ciudadanos.
La formación de una Nueva Mayoría social y política ha generado grandes expectativas entre la población chilena no sólo por lo acertado del contenido de la agenda de reformas que propone sino también por el liderazgo que ejerce Michelle Bachelet. La Nueva Mayoría formada en torno a Bachelet es algo más que una agrupación de partidos herederos de la Concertación y su programa de reformas tiene un gran interés. El proyecto toma buena parte de su crédito de la personalidad y el papel indiscutible de la candidata que, si bien se encuentra exenta de la crítica generalizada que los ciudadanos hacen al sistema político tiene ante sí el reto de romper  cualquier ligazón que subordine o postergue su agenda política a los intereses de los grupos dominantes y a las lógicas de poder de la clase política.
La Nueva Mayoría se ha comprometido a llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales que tienen como ejes principales la lucha contra las desigualdades (en sus múltiples formas) y la modernización del país, de su economía, de sus estructuras y del propio sistema constitucional y político. El programa es vigoroso tanto en materia de equidad y solidaridad (debates sobre igualdad, autonomía personal y universalidad), como en materia de empoderamiento a través de la redistribución (del poder, del conocimiento y de las rentas) y, de un modo transversal, en materia de revisión y adecuación del papel del Estado a las nuevas realidades globales y nacionales que es necesario atender con una acción más intensa, más efectiva y más eficiente, especialmente, en relación con aquellos servicios que como la educación, la salud, las prestaciones sociales o aquellas políticas sectoriales que, como las relativas al agua, la energía o la innovación, tienen la consideración de bienes públicos cuya provisión y acceso han de ser asegurados por el Estado.
Existe consenso sobre la fortaleza de la economía chilena, sobre su senda de crecimiento sostenido a lo largo de los años y su manejo virtuoso en términos macroeconómicos. Pero también hay un conjunto de debilidades y de disfunciones que son impropias de una economía moderna y de una sociedad inclusiva. Existe una opinión generalizada acerca de la persistencia de una grave desigualdad y exclusión social en Chile que se expresa palmariamente en su mercado de trabajo, en su inequitativa fiscalidad y en la injusta distribución de la renta.

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Las tres fases del proceso soberanista catalán

Por: | 21 de noviembre de 2013

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

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El proceso de soberanía al que se ha lanzado el Gobierno de la Generalitat desde hace algunos meses ha pasado por varias fases que se han ido acumulando y haciendo más complejas.

La primera fase, la del abstracto “derecho a decidir” de Cataluña. La segunda, la de la consulta a los ciudadanos de Cataluña sobre una pregunta por el momento desconocida, o no desvelada, pero que, por supuesto, encierra una intención de independencia. Y la tercera fase, en la que ahora estamos, es la de una propuesta consistente en que el Gobierno de España delegue en el de Cataluña la competencia de hacer consultas o referéndums, o como se le quiera llamar.

Uno de los problemas –no pequeño- de esas formulaciones sucesivas de un mismo objetivo político –la independencia− es que las tres chocan con la Constitución. De modo que lo que se pide al Gobierno español que haga, no lo podría hacer aunque quisiera.

La cuestión de fondo es, claro, la soberanía. El artículo 1.2 de la Constitución dice: “La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Entre esos poderes está, las Cortes Generales.

Ese artículo hace inviables las tres etapas por las que ha discurrido hasta ahora el proceso soberanista catalán. La primera, porque admitir un derecho a decidir sobre soberanía a una parte del pueblo español es negárselo al conjunto. Si una parte puede decidir –no importa cuál sea la decisión final−, ya tiene la soberanía; desde el instante en que se le atribuye esa capacidad.

La segunda fase –la consulta en Cataluña− tropieza con el mismo obstáculo, precisamente a causa del antes citado artículo 1.2. “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, dice el artículo 92 de la Constitución. De todos. No de una parte. No cabe duda de que la posible independencia de Cataluña es una “decisión política de especial trascendencia”.

La tercera fase del proceso soberanista –la delegación en la Generalitat de esa potestad de convocar consultas− es igualmente imposible. La Constitución, es verdad, permite que las Cortes Generales, por ley orgánica, puedan “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal” (artículo 150.2). Pero añade: “que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

Es bastante evidente que la potestad de hacer consultas sobre la independencia de una Comunidad Autónoma no puede ser transferida. Si lo fuese, el Estado estaría trasfiriendo a una parte de España la soberanía, que solo corresponde a todos los españoles.

No valdría siquiera una reforma constitucional que modificase el artículo 150. Eso no sería una reforma sino una ruptura de la Constitución.

Las demandas lícitas de Cataluña y su deseo de más autogobierno deben encontrar vías de diálogo que no transiten por territorios de inconstitucionalidad que ningún Gobierno ni Parlamento español puede aceptar, entre otras cosas, porque no está en su mano el admitirlo, ya que no tiene competencia para hacerlo si no es contando con la voluntad expresa del conjunto de los ciudadanos españoles. Así pues, la solicitud de que el Parlamento Español transfiera a la Generalitat la potestad de convocar consultas de esa naturaleza es un imposible que solo conduce a un callejón sin salida. Quizá en la voluntad de los proponentes está la intención de dejar en evidencia la “cerrazón de España” en este tema, cuando los partidos nacionalistas saben perfectamente que el Gobierno no puede transferir esa potestad.

El hundimiento del Prestige y las responsabilidades políticas.

Por: | 20 de noviembre de 2013

LUIS BOUZA

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La semana pasada se daba a conocer la sentencia del caso Prestige. Llega 11 años después de los hechos y absuelve a los imputados de casi todas las acusaciones. La reacción instintiva es que se produce una injusticia y que de nuevo existe una visible impunidad ante el mal comportamiento de las instituciones. Digamos de entrada que yo sé muy poco por no decir nada de derecho penal, por lo tanto quien espere una disección detallada de la sentencia se sentirá decepcionado. Pero me parece que el juicio tenía por objetivo desentrañar la responsabilidad por una parte de los oficiales del petrolero hundido en el estado del buque y en su hundimiento y por otra la del Director General de la Marina Mercante en la decisión de alejar el buque de la costa. Poco tengo que decir sobre la decisión en el primer caso. Me fío del juez y creo que debemos cuidarnos mucho de pedir inmediatamente la cárcel para quien tiene un accidente en su trabajo, en parte por la irresponsabilidad de sus jefes.

Veamos qué pasa con la segunda cuestión. El gobierno tuvo que elegir entre conducir el barco a un puerto o una ensenada para limitar el área afectada o alejarlo de la costa en la esperanza de que su hundimiento en aguas de gran profundidad facilitase la congelación del fuel evitando el vertido. Una decisión como esta no puede ser en ningún caso de carácter solamente técnico. Tiene que ver con la aversión al riesgo de los decisores, con los condicionamientos institucionales – está por ver que fuese legal haber acercado el barco a la costa – y en último término con una visión de la justicia distributiva – es decir, si era más justo contaminar un área pequeña de manera muy intensa o repartir el daño en un área mayor. El gobierno decidió alejar el buque de la costa, sin duda en un cálculo político tendente a evitar el impacto mediático de una gran marea e intentando que el vertido se repartiese entre la costa española y la portuguesa. Como es bien sabido el efecto fue el contrario al esperado, al alejarse el barco de la costa la marea se extendió afectando a la mayor parte de la costa atlántica y cantábrica. Fue una mala decisión y una mala gestión, acompañada de un comportamiento prepotente por parte de algunos responsables políticos que optaron por acudir a una cacería mientras se producía el vertido y culminado por el insulto del presidente Aznar a los críticos, a quienes se refirió como “perros que ladran su rencor por las esquinas”.

Evidentemente la justicia debe perseguir a quienes gestionan mal los servicios públicos en interés propio o en favor de amigos o clientes. Sin embargo en este caso el juez no ha apreciado que las decisiones que se tomaron fueron dolosas o gravemente imprudentes. La cuestión de fondo es por lo tanto si la mala gestión, es decir, la simple incompetencia, son susceptibles de reproche penal. La respuesta tradicional en una democracia es que los responsables de enjuiciar la competencia de un representante son los ciudadanos en las urnas. Quizá la continua reivindicación de castigos ejemplares para los malos gestores sea más bien sintomática de la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia.

¿Incita esta sentencia al delito medioambiental? Más bien deja claro que los instrumentos jurídicos de los que dispone el Estado para defender el medio ambiente son bastante limitados en un contexto global en el que la responsabilidad choca con empresas residenciadas en paraísos fiscales y en normas internacionales defectuosas. Es llamativo que los armadores, responsables entre otras cosas del estado del barco, no hayan comparecido. En este como en otros casos este desastre debería sobre todo animar una mejor gobernanza global.

Luis Bouza ( @luisbouzagarcia ) es Profesor Asociado de CC.Políticas de la Universidad Carlos III

AECID: 25 años de relación y sin compromiso

Por: | 15 de noviembre de 2013

KATTYA CASCANTE

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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) celebra su primer cuarto de siglo de existencia. Nació seis años después de que nuestro país comenzara a ser donante neto y lo hacía precisamente para poder gestionar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que desde nuestro país llegaría a aquellos que lo necesitaran. Tras 25 años de recorrido, ¿se puede afirmar que ha cumplido y cumple con su objetivo? ¿Y si así fuere, lo hace con la calidad y el impacto suficiente para la erradicación de la pobreza?

En primer lugar resulta complejo responder positivamente sobre la consecución del objetivo de gestionar la AOD española, cuando en la etapa expansiva del presupuesto del Gobierno de Zapatero, la AECID apenas superó la canalización del 20% del total de fondos de la AOD española. Así que, poco o nada sorprende el anuncio de que esta gestión, con las restricciones actuales, apenas vaya a llegar en 2014, al 14%. Con independencia de la disposición de fondos por tanto, la AECID ha presenciado siempre como el 80% de los recursos se gestionaban fuera de sus instalaciones (y de su control).

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Esto nos lleva, en segundo lugar, al bucle institucional de las asimetrías entre capacidades, recursos humanos y financieros. La AECID como alcanzaba a gestionar poco, se profesionalizó en consonancia, o como había poca capacidad y recursos humanos para gestionar la AOD, se reconoció solo un papel subsidiario. Lo cierto es que a pesar de estar sobrediagnosticado este mal endémico de nuestra Administración, 25 años más tarde no hemos encontrado la fórmula que nos equipare al resto de agencias de desarrollo europeas o de donantes con los que las estadísticas nos comparan.

Incompatibilidades derivadas de una reforma de la AGE inconclusa, indefiniciones de una reforma del servicio de acción exterior español, discrecionalidad e ideologización de los cuadros de toma de decisión, reformulaciones de la cooperación financiera, etc.; han formado siempre parte de las excusas de los distintos gobiernos para postergar el desarrollo de una carrera profesional del personal de la AECID que, desde el exterior (en las OTCs) y en la propia sede en Madrid (con un cuerpo diplomático a veces ajeno pero siempre itinerante) solo medio se resolvió en los cuerpo de nivel técnico, pero nunca contemplaron una solución completa.

En tercer lugar, la AECID, al igual que el resto del sistema de cooperación español carece de un sistema de rendición de cuentas que permita valorar la calidad de sus acciones (idoneidad política, rentabilidad económica, sostenibilidad financiera y medioambiental, resultados de desarrollo, etc.). La incorporación a lo largo de estos años, de indicadores cuantitativos han permitido incluir, en el mejor de los casos, cifras pero nunca resultados. Si bien, por otro lado, hablar de resultados es algo osado cuando estos solo son perceptibles en años y además casi imposibles de atribuir en exclusividad, dada la multitud de actores que han contribuido a ello.

Todo lo anterior culmina en una pésima capacidad de comunicación, algo que se recrea especialmente en la confusión maniquea, desatada por la propia crisis financiera. La falta de información sobre el trabajo que lleva a cabo la AECID, unido a las acciones que no persiguen exactamente el alivio de la pobreza en los países de renta media (algunas economías emergentes) y las dificultades para demostrar la eficacia, han provocado el rechazo de la ciudadanía española a la política de Ayuda. Al mismo tiempo, fomentar la opción dual de la pobreza (dentro y/o fuera) como concepto excluyente no ha mejorado la situación.

En definitiva, si la AOD sobrevive (reconceptualizada) a esta crisis financiera y a este Gobierno,  España necesitará una Agencia para el Desarrollo comprometida y con la capacidad suficiente para enfrentar los retos que la globalización y el desarrollo imponen. La AECID por lo tanto, debe replantearse su futuro y qué la voluntad política nos acompañe!

Una recuperación que es parcial

Por: | 13 de noviembre de 2013

CARLES MANERA

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La derecha ha puesto en funcionamiento sus resortes económicos con un objetivo claro: describir que estamos en pleno proceso de recuperación. La recesión, se dice, ha concluido. El Banco de Santander, el Instituto de Estudios Económicos, los empresarios de la Empresa Familiar, el Consejo Empresarial para la Competitividad, la CEOE, todas estas instituciones –con la aquiescencia del Banco de España– lanzan una proclama nítida: se exporta más y mejor, somos más competitivos, España es un país de oportunidades y la inversión llega. El corolario: crecemos ya al 0,1 por ciento, en un trimestre. El horizonte: creación de empleo neto en 2014. De nada sirve invocar las cifras del INE para años anteriores, que señalan cifras positivas de crecimiento para todo 2010, fruto de las políticas de estímulo impulsadas entonces. O que esos augurios de recuperación –fallidos– ya se realizaron en 2011 y 2012, siempre para el año siguiente, claro.   

Se trata ahora de apuntalar la política económica conservadora, en la que la reducción drástica del déficit, la reforma laboral y los cambios extremos en la Educación constituyen sus señas de identidad. El relato empresarial aparece en paralelo, casi al mismo tiempo: una casualidad que levanta sospechas. El gobierno de Rajoy tiene así un espaldarazo enorme, apoyo que rara vez –por no decir nunca– se apreció en la etapa de Zapatero. Pero fíjense: lo curioso es que los datos, de gran fragilidad, pueden ser leídos con prismas muy diferentes. El saldo comercial mejora, sin duda; pero porque igualmente caen las importaciones. Las entradas por turismo aumentan, es cierto; pero las contrataciones laborales no crecen sustancialmente. Los empresarios aducen mejoras de competitividad, y es verdad; pero la causa no son avances en I+D+i, sino en la reducción de los costes laborales unitarios. La rebaja salarial, vaya. Es más: las patronales ya han advertido que ésta se debe acentuar, para mantener tal competitividad. Así, se dibuja un modelo de crecimiento sustentado sobre reducidos salarios, flexibilidades contractuales y una mayor precariedad. La conquista aducida por los patrones: la productividad crece. Evidente: menos gente trabajando, dedicando más horas. Un aumento tangible de la explotación.   

Dejarse llevar por los repuntes en las variables macroeconómicas no puede eludir que la economía social se resiente de todo este proceso, visto con tanto jolgorio por el gobierno y las organizaciones empresariales. Éstas exigen más, al calor del luteranismo económico de Berlín: el gasto social debe recortarse para cuadrar los déficits; la jubilación se ha de alargar y aumentar los años cotizados (la cuadratura de un círculo imposible, con la eventualidad del mercado laboral) y los salarios no deben crecer.    

Con todos estos mimbres, un problema se cierne sobre ese cesto: los precios se van contrayendo y se perfila un escenario de deflación, que el Ministro de Hacienda minimiza. Estas políticas regidas por una austeridad extrema conducen a la depresión. Mientras los empresarios las abrazan con fervor y el gobierno se siente respaldado, la población sucumbe. Y ahí los datos sí son irrebatibles.

Madrid ¿capital o drenaje cultural?

Por: | 11 de noviembre de 2013

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

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Poco o nada ha llegado al debate cultural español un factor determinante en todo el mundo del estado de salud de la cultura de un país: El balance de la distribución de los recursos culturales en el territorio y, conforme a éste, el peso de la dominancia de la ciudad capital en esa salud cultural. Y aunque no me consta publicación alguna analítica al respecto en España, la publicación de un detallado informe que desgrana los resultados de un estudio comparado de las cifras culturales británicas, es una fuente inmediata de sugerencias y oportunidades.

En efecto, saboreando los párrafos introductorios del informe que tres reputados investigadores culturales han elaborado con sus propios recursos, y que ya ha sido respondido, cautelosamente por cierto, por la autoridad cultural británica, el Arts Council of Britain, podemos, sin demasiada dificultad, traducirlos a nuestra realidad más cercana. Para muestra, un ejemplo: “Compartimos una visión de una Gran Bretaña de múltiples culturas, policéntrica y conectada internacionalmente, con recursos autónomos dispersos para la producción cultural y artística apoyados por y reconocidos en una ciudad capital que “riega más que drena”, tanto en las artes como en otros campos de la vida nacional.  Vemos el predominio excesivo de Londres en la vida cultural nacional como poco saludable para la capital misma y para la nación. Nos entristece el fracaso de los procedimientos de control de aquellas personas de los servicios públicos responsables del desarrollo y provisión de políticas culturales nacionales, que han mostrado su aquiescencia más que señalado el crecimiento de este desequilibrio”.
Disculpada la apresurada traducción, ¿no nos suena la música y la letra? Lo cierto es que, siguiendo por encima las cifras de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos tres años, parece confirmarse una peligrosa tendencia a una cada vez mayor centralización de los recursos culturales públicos en las grandes instituciones simbólicas (Museos, Centros de Arte, Teatros, Bibliotecas, Orquestas nacionales) en detrimento acelerado de los destinados al territorio, tanto en otras instituciones de referencia (los mismos museos, centros de arte, teatros, orquestas o bibliotecas en distintas ciudades españolas) como en las ayudas al tejido productivo cultural o a la industria del sector.
Madrid, en lugar de actuar como receptora, selectora y distribuidora, se convierte en el vórtice que absorbe la mayoría de los recursos que habrían de tener como función, en el caso español, la de actuar en los procesos de redistribución y reequilibrio. Y el proceder de los Gobiernos para con nuestra capital no parece aspirar a otra cosa que a la emulación del proceder de otras capitales internacionales: Ese modelo de la competición cultural desaforada, que renuncia a los valores diferenciales de nuestra reputación y a nuestras posibilidades competitivas reales como comunidad de tradición y producción creativas sustentadas en la riqueza híbrida de nuestra propia diversidad.

El problema de la distribución espacial de los recursos culturales de un país es, sin duda, de una complejidad suficiente como para no simplificar ni su formulación ni sus posibles soluciones. De hecho, por la torpeza o la ceguera política, la falta de una fórmula inteligente para diseñar y llevar adelante esta tarea, ha contribuido seguramente bastante a la insatisfacción y la crispación en distintos territorios peninsulares. En cualquier caso, la salud cultural de un territorio no puede ser muy distinta de la salud social o del índice de bienestar general de un país. Y para su adecuada protección no puede entenderse como otra cosa que un sarcasmo que las iniciativas de apoyo territorial que con tanto bombo se anuncian consistan en repartir seis millones de euros entre los productores de espectáculos en vivo para que, una vez al mes, abran los teatros de algunos Ayuntamientos, mientras los escasos recursos para la cultura se van por el sumidero de una política tardoimperial de capital malentendida.

Espionaje: Quería saber si aún eres mi amigo

Por: | 08 de noviembre de 2013

ANTONIO DÍAZ. Profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Cádiz y colaborador de la Fundación Alternativas.

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Snowden, como antes hicieron Manning o Daniel Ellsberg, la persona que filtró los papeles del Pentágono en 1967 sobre la guerra de Vietnam, por cierto, con argumentos similares como que “los documentos demostraban un comportamiento inconstitucional por una sucesión de presidentes, la violación de sus juramentos y la violación del juramento de sus subordinados”, sólo han puesto de manifiesto algo que ya sabíamos que sucedía y que seguirá sucediendo. Y es que el espionaje es una parte consustancial de la acción exterior y de defensa de los países, desde los más a los menos democráticos, probablemente, en la misma medida en la que estos países colaboran activamente frente a amenazas comunes.

De los múltiples y jugosos asuntos que nos sugieren los documentos de Snowden publicados por The Guardian, hay uno que nos interesa sobremanera puesto que nos afecta directamente y es la “relación” entre la NSA y el CNI. Un gráfico de los filtrados por Snowden muestra cómo España recopilada metadatos de zonas calientes; pero de él se colige que también era un objetivo de la inteligencia estadounidense. Obtener datos fuera de España y pasárselos a la NSA para que los analizase en un vertiginoso software desarrollado para establecer relaciones entre datos dispersos y parciales, unirlo a reconocimiento facial de los trillones de fotografías, vídeos y sonidos que circulan por Internet podría entenderse como una externalización puesto que el CNI no tiene dicha capacidad: nada que objetar entre aliados.

Pero lo interesante es que los Estados Unidos no sólo ponían su poderoso software al servicio de sus “amigos” sino que fue más allá obteniendo información directamente de los países aliados. La airada reacción de muchas cancillerías desde Brasil a Alemania ha provenido del hecho de que, al tiempo que éramos amigos, éramos espiados. No creo que la NSA quisiera cotejar la calidad de la información contraterrorista que suministraban sus amigos y ver hasta qué punto le transmitían el 100% de lo que sabían, algo que evidentemente ningún servicio hace. En la embajada francesa en Washington no se preparan atentados, pero sí circula información de enorme valor sobre el futuro del euro y es ahí de donde proviene el enfado tan mayúsculo, por ejemplo, de la canciller Merkel, a la que habría que preguntar qué hacía su contraespionaje. Y es ésta la información que la NSA buscaba, si bien los papeles de Snowden mezclan parcialmente todo.

Ya sabíamos y escribimos que la sobrerreacción de la inteligencia tras el 11-S iba a ser gigantesca, algo que ha venido a confirmar el secretario de Estado, Kerry, al afirmar que hayan ido demasiado lejos y que posiblemente no hay que hacer todo aquello que podemos. Prácticamente todas las cancillerías que aparecían en estos documentos se han apresurado a afirmar que los datos con los que se alimentaban los nuevos sistemas de análisis como PRISM, eran obtenidos en el exterior. Pero, claro, si todos espían hacia el exterior, ¿quién es el exterior? La respuesta es sencilla, todos nosotros somos “el exterior” para los Estados Unidos.

La cuestión es hasta qué punto conocíamos y teníamos que aceptar dócilmente este espionaje. La reacción del ministerio de Asuntos Exteriores español no podía haber sido otra. Tirar de manual y pedir explicaciones al embajador quien, como cabeza de la legación, es también el responsable de los espías que actúen en nuestro territorio. De las declaraciones de los miembros de la comisión de gastos reservados tras la comparecencia del director del CNI ante el Congreso parece deducirse que fuimos espiados al igual que otros países y que quizá poco podía hacerse. Así que, ¿Podemos evitar que nos espíen los Estados Unidos? ¿Cómo podemos actuar frente a un software tan abrumador como el que han desarrollado en los últimos años?

El anterior CESID bebió en gran medida de la tecnología que podía recibir de Estados Unidos, Alemania e Israel, si bien intentó modificarla para no ser preso de sus patrocinadores. Cuando los presupuestos de nuestra inteligencia eran más desglosados (hasta 2002) se pudo saber que entre 1990 y 2000, el 52% de sus programas plurianuales estaban dedicados a la adquisición de alta tecnología y equipos de comunicaciones, lo que refleja con claridad el interés en la inteligencia de señales SIGINT. A partir de entonces, no es difícil pensar que la inversión en equipamiento técnico ha seguido siendo grande, si bien no tenemos datos, pero poco comparable con la masiva inversión estadounidense.

Los imperiosos esfuerzos de nuestro Centro Criptológico Nacional por mantener la seguridad de nuestras comunicaciones es encomiable con el presupuesto y recursos humanos que pueden manejar. Hace poco el responsable de una importante empresa de las citadas en los papeles de Snowden me indicaba que para poder garantizar la seguridad de la información en una empresa como la suya, la partida debería alcanzar al menos el 10% de su presupuesto global: algo impensable hoy en día tanto para el Estado como para la práctica totalidad de las empresas y centros de investigación.  

Me parece estéril el centrarnos en cuál es la procedencia de estos datos. Por los cables que cruzan el planeta –y uno de los cuáles pasa por el estrecho de Gibraltar– circulan petabytes de datos sin territorialidad. Sostener que captamos metadatos fuera de España es algo falaz, legalmente aceptable, pero falaz. El dato es un haz de luz que sale de Sidney y llega a Chicago, es intangible, son paquetes, durante un tiempo nos podremos hacer ilusiones con que nuestro anterior marco legal sigue siendo útil, pero el hecho es que no. Países muy garantistas como Canadá o Australia han flexibilizado sus legislaciones hablando de “poderes extranjeros” lo que permite investigar a grupos como Anonymus o Wikileaks, en los que la participación de sus nacionales es activa y la barrera interior-exterior simplemente ya no existe.

Esta captación de datos está en relación con la libertad de movimiento de agentes de la inteligencia EEUU por nuestro territorio. Pero a ésta, se une la habilitación que, en su trabajo de 2006 para la Fundación Alternativas, entendía la profesora Inmaculada Marrero que realizaba el protocolo de 2002 que enmienda el convenio de Cooperación para la Defensa España-EEUU. Para la profesora Marrero, su artículo 17.6 “ofrece una base jurídica para que los servicios de inteligencia criminal puedan moverse con libertad en el territorio español”.

La capacidad técnica de procesamiento ya existe y se perfeccionará, y eso no tiene vuelta atrás. Lo esperanzador de los escándalos relacionados con los servicios de inteligencia es que siempre, siempre, han conllevado serias reformas. De aquí podríamos aprender que el control de la inteligencia no debe ser sólo nominal sino también ético ya que las capacidades técnicas han transformado la inteligencia en apenas un lustro. Esperanzador por tanto que los británicos hayan habilitado a su comité parlamentario para realizar un escrutinio sobre el comportamiento ético de sus agentes. Por esto, y a la espera de grandes declaraciones internacionales, ahora sólo cabe esperar comprobar si la promesa estadounidense de que no volverá a suceder se refería a que no volverían a espiarnos o a que no volveríamos a enterarnos de que lo hacen.


El País

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