Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Una España Federal para una Europa Federal

Por: | 28 de noviembre de 2014

FederalismoNICOLÁS SARTORIUS

I.- Hace tiempo que muchos de nosotros, federalistas europeos, venimos sosteniendo que la construcción de la Unión Europea está llegando a un punto de madurez en el que es necesario dar, de una vez, el paso hacia la unión política.  Ello es así por imperativo democrático. Cuando el proceso se situaba en la esfera de las Comunidades Europeas, cuando nos movíamos en el terreno del Mercado Único, la unión política no era imprescindible. Pero ahora estamos en una nueva fase, en la que estamos decidiendo, cada vez más, sobre cuestiones que afectan al núcleo duro de la soberanía de los estados y, en consecuencia, esas cuestiones tienen que residenciarse en instituciones de soberanía compartida, de naturaleza política, constitucionalmente acordadas y precisadas. Cuando el Tratado de Maastricht creó el euro- gran avance- la política monetaria dejó de estar en manos de los Estados y pasó a incardinarse, esencialmente, en el BCE. Pero se cometió el error de no caminar con igual diligencia hacía la unión económica y esto ha provocado graves disfunciones –especialmente durante la crisis- en el funcionamiento de la Unión y de cada uno de los Estados miembros, si bien más en unos que en otros. Ahora, se da un paso más y desde la Unión( no se sabe muy bien quien) se condiciona nada menos que el nivel de déficit y de deuda de cada Estado e incluso se pretende controlar el presupuesto de cada país, cuando es sabido que el Presupuesto general de cada Estado es la norma que refleja el conjunto de las políticas de una nación. Pues bien, a mí me parece muy bien que esto sea así siempre y cuando el reparto del poder entre la Unión y los estados  esté fijado en una Constitución Federal, elaborada entre todos y votada por el conjunto de los europeos. Si no es así, no estoy de acuerdo. Por eso creo que hay que ir situando en el centro del debate político europeo la cuestión de la necesidad de ir hacía la unión política, es decir un proceso constituyente que establezca una Europa Federal. Ya sé que algunos dirán que esto está muy lejos. La cuestión no es si está lejos o cerca. El problema es que no debemos seguir pasando elementos centrales de la soberanía política de los Estados a una Unión que no sea una unión política, de naturaleza federal, establecida en una Constitución, en la que el centro del poder radique en la soberanía de los ciudadanos europeos en su conjunto.

II.- Este proceso se compadece, plenamente, aunque a otro ritmo y con otras características, con el que necesita España. También entre nosotros necesitamos, como el comer, una reforma de la Constitución; uno de cuyos capítulos debería ser la transformación de la España de las Autonomías en una España Federal. Hablo de otro ritmo porque creo que, en nuestro caso, deberíamos ir más deprisa y, desde luego, no tendríamos porque esperar a que Europa fuese federal para abordar y resolver nuestros problemas. Y hablo de otras características porque en el supuesto europeo se trata de un conjunto de estados independientes, desde hace siglos, que se federarían, mientras que en el caso español no se trata de estados preexistentes sino de la culminación lógica de una descentralización del poder político entre comunidades que hemos caminado juntas durante siglos.

Recientemente, en un documento sobre Estrategia de Acción Exterior de España, preparado por el actual gobierno, se apuesta con acierto por una Europa Federal. No sería coherente defender la federación para la Unión Europea y negarla para España. Porque si tenemos en cuenta las características de nuestro Estado, habría de reconocerse que el mejor encaje de una España Federal sería en una Europa, también, Federal.

 

*Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

El PSOE y la reforma del 135: ¿justicia o incoherencia?

Por: | 26 de noviembre de 2014

Pedro2

AURORA NACARINO 

“Quiero anunciarles que el PSOE está elaborando una propuesta de redacción alternativa del artículo 135 de la Constitución, una reforma que en lo esencial señala que no renunciamos al principio de estabilidad presupuestaria, pero la prioridad es defender el Estado de bienestar”. Estas palabras, pronunciadas por Pedro Sánchez, parten de un supuesto cuestionable: que la inclusión de un techo de déficit en la Carta Magna vulnera, o entra en conflicto, con los fundamentos del Estado de bienestar. 

Una parte de las políticas públicas de un Gobierno se costean a través de emisiones de letras y bonos de deuda. Aquellos países que muestren mayor solvencia en el pago de las deudas contraídas encontrarán más facilidades para financiar su Estado de bienestar. Por contra, los países que generen incertidumbre sobre su capacidad de pago hallarán reticencias entre los acreedores y se financiarán a un precio más elevado (recuerden la temible prima de riesgo). Establecer por ley la estabilidad presupuestaria, por tanto, proyecta una imagen exterior de credibilidad y confianza que permite financiar y dar continuidad al Estado de bienestar.

Prosigue Pedro Sánchez argumentando que el artículo 135 de la Constitución permite que “el PP tenga cobertura legal para recortes en sanidad, educación y pensiones”. También aquí parecen inexactas las palabras del líder de los socialistas: la exigencia que plantea la reforma constitucional no entrará en vigor hasta 2020 y, por tanto, el Gobierno de Rajoy no puede excusar sus políticas actuales en su cumplimiento. Pero, incluso aunque la ley de equilibrio presupuestario estuviera vigente, cabe recordar que un techo de déficit no implica un límite de gasto, sino que obliga a que los ingresos estatales compensen este gasto. Tampoco debemos olvidar que el artículo 135 pactado entre el PSOE y el PP no contempla el cumplimiento del equilibrio presupuestario “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria”. Por último, es muy loable que los socialistas tengan como prioridad garantizar políticas públicas básicas, que pueden ser blindadas a través de una reforma constitucional sin afectar la situación actual del artículo 135.

Pedro Sánchez considera que la reforma constitucional aprobada entre los dos grandes partidos fue un “error”. No hay duda de que la tramitación de la medida y su presentación ante la ciudadanía se hizo de forma manifiestamente mejorable, aunque también cabe imaginar la presión exterior que se cernía sobre el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la urgencia de la situación. En ese sentido, la reforma constitucional no pudo ser un error porque no constituía una opción, sino poco menos que una imposición. Del mismo modo, conviene señalar que el Pacto Fiscal Europeo, que tiene carácter vinculante y entró en vigor en 2013, obliga a los Estados miembros a mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB bajo amenaza de sanción, así como a “transponer la regla de equilibrio presupuestario en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional”.

Elpais.750Por tanto, los tratados europeos ya obligan a España a cumplir un techo de déficit, lo cual resta sentido a una iniciativa para alterar el artículo 135 de la Constitución. Una norma con la que, por otro lado, ya contaban países tan prósperos como Suiza, Alemania o Suecia. Fueron precisamente los socialdemócratas de este país escandinavo, muy poco sospechosos de querer acabar con el Estado de bienestar, quienes impulsaron la contención del déficit público en 1932. Sí, el equilibrio presupuestario es de izquierdas. Y es, además, una herramienta de negociación: Rajoy tiene (y está desperdiciando) la oportunidad de presentar el compromiso que supone la regla de oro del déficit junto con un paquete de reformas creíbles como aval negociador. Con estas garantías, el PP podría, de la mano de otros actores gubernamentales, ser un interlocutor de la Unión Europea para pactar una reforma del diseño institucional del euro y modificar la política monetaria en interés de los países deudores. Y el PSOE puede desperdiciar la misma oportunidad si envía a Bruselas mensajes equívocos que ponen en duda el compromiso europeo de los socialistas españoles y apuntan a la prima del electoralismo de clave interna.

A pocos meses de las próximas elecciones municipales, es comprensible que los candidatos hayan dado por comenzada la campaña y se lancen a competir por los votos en juego. No obstante, es posible que el Pedro Sánchez no haya calculado bien la oportunidad electoral de plantear la reforma del 135.  Se trata de una norma que en su momento fue aprobada con el respaldo de más del 90% de los diputados y senadores, y que hoy en día no constituye una gran fuente de movilización política. Además, el debate puede exponer ante los ciudadanos a un PSOE enfrentado a sus propias contradicciones y que incurre en faltas de coherencia. Y, si hay algo que en política se paga, es la falta de coherencia.

 * Aurora Nacarino es periodista y doctoranda en Ciencia Política en la Fundación Ortega y Gasset. 

 

 

¿Dónde quedan las políticas activas de empleo?

Por: | 24 de noviembre de 2014

EmpleoEn un contexto como el actual, las partidas dedicadas al desembolso en prestaciones por desempleo y otras políticas pasivas han provocado una reducción importante de los recursos destinados a políticas activas de empleo.

A este impacto negativo para la financiación de las políticas activas de empleo hay que sumar el efecto de las medidas dirigidas desde 2012 a la reducción del gasto público, tanto a nivel estatal como en las distintas comunidades autónomas.

Como resultado de estos dos factores, el presupuesto estatal para el desarrollo de políticas activas ha pasado de 7.322 millones de euros en 2011 a 3.803 millones en 2013, lo que supone una reducción de la financiación en un 48,06%, afectando principalmente a ámbitos como la orientación profesional, los fondos destinados a las oportunidades de empleo y fomento de la contratación, el fomento de la movilidad o el desarrollo de planes y programas integrados.

La Fundación Alternativas publica un estudio sobre la eficacia de las políticas activas de empleo con un análisis comparado de las comunidades autónomas a partir de la puesta en marcha en 2011 de la Estrategia Española de Empleo que materializó una de las principales demandas a nivel territorial de los distintos agentes implicados, al otorgar la posibilidad a las comunidades autónomas de adaptar y flexibilizar las medidas a desarrollar, dentro de cada ámbito de actuación, a las características específicas de su mercado laboral.

Nos encontramos en la actualidad ante una situación en la que, a pesar de tener que hacer frente a los niveles de desempleo más elevados de nuestra historia, se está destinando progresivamente un menor volumen de recursos precisamente a aquellas políticas concebidas para hacer frente a este fenómeno de forma directa.

Según datos de la OCDE, el gasto relativo en Políticas Activas por persona en España es muy inferior al de la mayor parte de los estados de la Zona Euro.

Politicasactivas
Comparativa del Gasto en Políticas Activas por persona desempleada y activa (España=100)

La concentración en la distribución de recursos de políticas de empleo hacia las partidas correspondientes a políticas pasivas se ha visto acentuada a lo largo de los últimos años debido al crecimiento del desempleo, lo que ha motivado que, únicamente un 22,5% del presupuesto total para políticas de empleo estuviese destinado al desarrollo de políticas activas.

En la medida en que las distintas administraciones no sean conscientes de la importancia estratégica de las Políticas Activas de Empleo y se frene la paulatina reducción de su financiación, como consecuencia de las medidas para la reducción del Gasto Público y la “paradoja de la caja única”, por la cual se financian de forma conjunta las Políticas Activas y Pasivas, no se empezarán a sentar las bases para el establecimiento de un sistema que realmente esté dirigido de forma efectiva a la activación laboral de la población y la optimización del mercado de trabajo.

Por qué los franceses no quieren ni oír hablar del TTIP

Por: | 21 de noviembre de 2014

HOLLANDEJUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA

Aunque el gobierno de EEUU y la Comisión Europea predicen que el acuerdo podría generar cinco  billones de dolares y que incrementará un 0.5% el PIB de los participantes del acuerdo, el gobierno francés, entre otros, ya ha anunciado que no firmará ningún acuerdo donde se incluya el sistema de resolución de conflictos Inversor contra Estado (ISDS ,según sus siglas en ingles). La negociación tiene aún más importancia debido a que su resultado final serviría como molde para el resto de acuerdos de libre comercio a lo largo y ancho del mundo. Nadie duda de que los convenios comerciales adecuadamente diseñados e implementados actúan como una fuerza de progreso; sin embargo,los negociadores se están encontrado una inesperada resistencia por parte de países como Francia y Alemania, motores ideológicos y económicos de Europa. 

Las posturas más enfrentadas al TTIP, provenientes de la izquierda europea y organizaciones de la sociedad civil, califican al ISDS como un nuevo sistema de corrupción institucionalizada que permitiría a las grandes corporaciones eludir el escrutinio democrático de millones de  ciudadanos e ir en contra de los propios Estados de los que extraen sus beneficios. Por otro lado, desde los sectores más liberales se destaca la imparcialidad de este sistema de resolución de conflictos, necesario para incentivar y proteger la llegada de inversiones y comercio.

Esta misma semana, el secretario de estado francés para el comercio exterior Mathias Fekl declaró ante el senado de su país que "Francia no quiere que el ISDS sea incluido en el mandato de negociación, tenemos que preservar el derecho del Estado de establecer y aplicar sus propias normas, para mantener la imparcialidad del sistema de justicia y para permitir que el pueblo de Francia y el mundo, haga valer sus valores", añadió.

De cualquier modo, el Investor State Dispute Settlement (ISDS) se define como un sistema que permitiría a las empresas inversoras de ambas regiones, pero especialmente a las estadounidenses (dado que los EEUU tienen una legislación menos restrictiva en estas materias que las de la UE) evitar los tribunales de justicia Europeos y nacionales para desafiar e intentar gravar a los Estados ante arbitrajes internacionales privados, en caso de que los sistemas legales -protección del consumidor, medio-ambiente o trabajadores entre otros- interfiriesen en las previsiones de beneficios.

Este sistema plantea tres puntos especialmente controvertidos:

1) Según la experiencia en otras regiones del mundo, como el sureste asiático, los Estados se lo pensarán dos veces antes de desarrollar nueva legislación para la protección social y medioambiental que pudiera entorpecer las actividades de los inversores extranjeros. Las empresas buscarían el arbitraje rápidamente si sintieran que sus intereses están comprometidos. Como consecuencia, los gobiernos solo impulsarían legislación con la garantía de que las leyes no conllevan sanción.

2) Como consecuencia: si el arbitraje encontrara al gobierno responsable, podría gravar al Estado con una sanción proporcional a la previsión de perdida de beneficio. Es decir tendría que compensar a la compañía por perdidas que no se hayan producido. Países pequeños cederían soberanía a las multinacionales en tanto en cuanto que las multas podrían ser iguales a partes de su PIB.

3) Teniendo en cuenta que la legislación europea ya esta supervisada por una infinidad de jurisdicciones, e incluso por la Corte Europea de Justicia establecida y protegida bajo el amparo de los tratados mismos. ¿Para qué tanto interés en establecer un sistema paralelo de control? 

La experiencia demuestra que este mecanismo de arbitraje socializa incluso las previsiones de perdidas de inversión y que hace tornar a gobiernos débiles en contra de los derechos de sus propios ciudadanos. Como ejemplo, a principios de 2014, como respuesta a unas protestas pacificas que reclamaban el aumento del salario mínimo en el sector textil a 160 dólares (que provee a marcas como H&M, Levis, Gap o el grupo Inditex), el gobierno camboyano envió al ejercito a sofocar las protestas provocando el siguiente Resultado: cinco muertos, un desaparecido y 23 lideres sindicales que podrían dar con sus huesos en la cárcel unos 14 años.

Dentro de las fronteras de España y la UE y teniendo en cuenta las recientes reformas en materia de negociación colectiva, derechos civiles y laborales, el riesgo de los Estados deberían a perder su propia soberanía parece inasumible, incluso para los pilares de la Unión. La Comisión Europea, a cargo de la negociación, se encuentra ante una nueva encrucijada: de un lado, una oportunidad de oro para reconciliarse con los ciudadanos, luchar contra la crisis social, económica y de confianza en que se encuentra sumidos o, por el contrario, reconciliarse con las grandes corporaciones y seguir profundizando en todo tipo de crisis.  

Juan Antonio Pavón Losada es diplomado en Relaciones Laborales y Master en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht de la UE, miembro del consejo de dirección del Blog sobre inteligencia europea www.europeanpublicaffairs.eu

 

Podemos y los referéndums con preguntas sesgadas

Por: | 19 de noviembre de 2014

RefereBRAULIO GÓMEZ FORTES

En la entrevista del pasado domingo en La Sexta, Pablo Iglesias volvió a manifestar su apuesta incondicional por la participación popular en la toma de decisiones: “Si nosotros gobernamos, vamos a preguntar muchas veces. No nos asusta que la gente vote”. Esta apuesta por la democracia participativa de Podemos no solo refleja una de las demandas más intensas del movimiento social y político que surgió del 15-M, sino que conecta con una mayoría que expresa en las encuestas su deseo de aumentar su participación en la toma de decisiones. Los españoles, después de los chipriotas, son los europeos que más identifican la celebración de consultas populares con una democracia de calidad.

En este post no voy a entrar en las virtudes, muchas, o los problemas, también unos cuentos, asociados a la utilización de los referéndums como mecanismo ideal para la toma de decisiones políticas. En nuestro libro “¿Cómo votamos en los reférendums(Catarata/Alternativas) nos ocupamos de ello. Aquí y aquí  podéis encontrar un buen resumen de algunos de los elementos que caracterizan esta herramienta participativa. Me interesa más el tipo de referéndums que defiende el líder de un partido que tiene opciones reales de poder implementarlos en un futuro cercano.

Durante la primera parte de la entrevista dominical, Pablo Iglesias parecía manifestar un deseo sincero de delegar en los ciudadanos la puesta en practica de sus medidas económicas, incluida la limitación de los sueldos más altos de todas las empresas e instituciones. No deja de ser una medida similar al referéndum celebrado en Suiza sobre el mismo tema este mismo año. Consciente de la incertidumbre asociada a los referéndums, los gobiernos han perdido el 48% de los referéndums que han convocado en Europa desde la segunda guerra mundial como contamos en nuestro libro, reconocía que no sabía el resultado que saldría en España y que la única forma de averiguarlo era preguntándoselo directamente a los ciudadanos.

También defendió con entusiasmo los referéndums revocatorios. Una práctica desconocida en las democracias más ejemplares, quizá por los peligros que supone su utilización perversa por parte de grupos de poder que no tienen nada que ver con el interés general como sucedió, por ejemplo, en el referéndum revocatorio de la alcaldesa izquierdista de Lima en 2013. Pero lo que realmente me dejó estupefacto fue su respuesta ante la posible convocatoria de uno de los referéndums que cuenta con mayor respaldo ciudadano: la consulta popular sobre la forma de Estado.  Primero, mostró su rechazo y desdén por las opciones de respuesta que sugería la entrevistadora: Monarquía o República. A continuación, reivindicó su derecho como gobernante a elegir  y diseñar una pregunta: “Puestos a hacer un referéndum, podemos elegir la pregunta, ¿no?”.

El interrogante que surge es: ¿Qué pregunta tiene en la cabeza el líder de Podemos? Les sugiero que vean el vídeo de la entrevista (minuto 51), porque gracias a la controvertida personalidad requetepreguntadora de Ana Pastor nos podemos hacer una idea de cómo diseñaría Pablo Iglesias un referéndum desde el poder. Hasta en dos ocasiones confirma que le gustaría preguntar por la forma de estado preferida por los españoles de esta manera: “¿En una democracia normal al jefe de estado se le elige en las urnas o es por sangre azul y razones hereditarias?”. Esta forma de entender los referéndums me parece inquietante e introduce dudas sobre el buen uso de las consultas ciudadanas en todos los ámbitos posibles, como plantea Podemos.

En primer lugar, Pablo Iglesias no parece partidario de las preguntas simples para favorecer su comprensión por los ciudadanos con menos recursos educativos, lo que es una señal de que nos es prioritario en su partido incorporar a la toma de decisiones a todos los sectores de la población, incluidos los más desfavorecidos económica y socialmente. Pero, en segundo lugar, todavía más grave es su renuncia expresa a la neutralidad gubernamental que debe acompañar la puesta en marcha de un referéndum con todas las garantías democráticas, incluida la redacción de la pregunta sometida a votación. El líder de Podemos debería de saber a estas alturas que el texto de las preguntas de un referéndum no debe favorecer ninguna de las posiciones enfrentadas para no manipular desde el gobierno el voto de los ciudadanos. Denominar a una de las opciones de respuesta “lo normal” supondría llamar anormales desde el gobierno a los ciudadanos que eligieran la otra opción. Un buen ejemplo de pregunta simple y neutra lo puede encontrar a la vuelta de la esquina en el referéndum escocés del pasado septiembre: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”.

Evidenciar esa despreocupación por las reglas democráticas que deben de acompañar el buen uso de los referéndums me recuerda a la vieja política de la que en teoría el nuevo partido Podemos no forma parte. Me trae a la cabeza la pregunta que Felipe González utilizó en el Referéndum de la OTAN de 1986 para intentar arrimar el ascua a su sardina, un ejemplo de manual de lo que no debería ser una pregunta ideal. Esto es lo que ponía en aquellas papeletas de votación:

El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirásu incorporación a la estructura militar integrada.

2.º Se mantendrála prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.

3.º Se procederáa la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”. 

* Braulio Gómez Fortes es investigador de la Universidad de Deusto. Ha desarrollado su carrera investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, el IES, Cesic y la Universidad de Edimburgo. Es el director del Regional Manifestos Projet. Sus investigaciones se han centrado en la opinión pública, la calidad de la democracia y el comportamiento electoral. Entre sus publicaciones destacan La calidad de la democracia en España (2010) y Análisis de contenido de textos políticos (2013). Acaba de publicar junto a Joan Font Cómo votamos en los referéndums (Libros de la Catarata, 2014) editado por Fundación Alternativas.

* Cómo votamos en los referéndums se presenta este viernes 21 en Bilbao, con la presencia de Braulio Gómez Fortes. 

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España y el Estado palestino

Por: | 17 de noviembre de 2014

PalestinaIGNACIO ÁLVAREZ-OSORIO

El Congreso de Diputados aprobará este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a “impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado, sujeto de derecho internacional”. Esta medida guarda coherencia con la tradicional política exterior española hacia la cuestión palestina. Desde la transición, todos los gobiernos, independientemente de su orientación política, han respaldado la autodeterminación palestina y han condenado la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Este apoyo arranca con el histórico abrazo entre Adolfo Suárez y Yaser Arafat en 1979 y culmina con el apoyo español a la candidatura de Palestina como Estado observador de la Asamblea General de la ONU en 2012.

La declaración confía en que palestinos e israelíes sean capaces de alcanzar un acuerdo negociado, pero advierte de que “si esa negociación se revela imposible o se demora injustificadamente, reconocer a Palestina será la manera de avanzar la causa de la paz”. Dicha medida pretende evitar que el proceso de paz, que se inició oficialmente en la Conferencia de Madrid de 1991, se perpetúe intencionadamente. De manera retrospectiva parece claro que uno de los principales errores del denominado Proceso de Oslo fue supeditar un acuerdo definitivo al visto bueno de ambas partes, lo que ha permitido a Israel torpedear las iniciativas lanzadas en el curso de las últimas dos décadas.

La bilateralización del proceso de paz fue interpretada por los mandatarios israelíes como un cheque en blanco para proseguir su política de hechos consumados destinada a hacer inviable un Estado palestino con continuidad territorial. Desde 1991, los gobiernos del Partido Laborista, el Likud o Kadima no han cesado de construir o ampliar los asentamientos multiplicando por tres el número de colonos, que ha pasado de 200.000 a 600.000 ante la indiferencia de la comunidad internacional. Muchos de estos colonos se concentran en el perímetro del Gran Jerusalén con el objeto de desconectar a la Ciudad Santa de su entorno palestino e impedir que Jerusalén Este se convierta algún día en capital de un eventual Estado palestino.

Veinte años después de los Acuerdos de Oslo podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que el proceso de paz ha fracasado de manera estrepitosa y que la solución de los dos estados corre el peligro de diluirse definitivamente en el caso de que se permita a Israel parapetarse en sus tácticas dilatorias. Por esta razón, muchos países europeos, entre ellos España, consideran que ha llegado el momento de buscar la salida a este círculo vicioso reconociendo unilateralmente un Estado palestino.

El tiempo se agota para la solución de los dos estados –Israel y Palestina-, que convivan en paz y seguridad. Los dos próximos años serán, por lo tanto, cruciales. Por ello es fundamental que la UE adopte una posición enérgica y abandone su política de la avestruz que tan escasos réditos le ha deparado hasta el momento. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, también está llamado a jugar un papel esencial en el caso de que el presidente Barack Obama sea capaz de plantar cara a las presiones israelíes. A pesar de haber perdido el control del Congreso y el Senado en manos de los republicanos, Obama todavía dispone de dos años de mandato presidencial. Sus crecientes desencuentros con Netanyahu podrían llevarle a revisar algunos de sus privilegios, entre ellos el paraguas diplomático que le ofrece en el Consejo de Seguridad.

Es aquí donde de nuevo entra en escena España que, a partir de 2015, se incorpora al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Ante el bloqueo de las negociaciones, Mahmud Abbas pretende proponer una resolución que establezca un calendario para el fin de la ocupación y fije las fronteras del futuro Estado. Altos responsables palestinos ya han anunciado que un nuevo veto norteamericano les abocaría a recurrir a la última carta que guardan en su manga: la ratificación del Estatuto de Roma. Tal medida permitiría que la Corte Penal Internacional abra investigaciones para perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la reciente ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que dejó 2.200 muertos (el 75% de ellos civiles), lo que a su vez intensificaría el aislamiento internacional de un Israel cada vez más encerrado en su propio laberinto. 

* Ignacio Álvarez-Osorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador del Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas.

OngdERIKA RODRÍGUEZ Y KATTYA CASCANTE 

La crisis económica y financiera que hemos vivido en los últimos años ha servido de justificación para implementar una serie de recortes en las políticas sociales que, más que aliviar las esquilmadas arcas públicas, tiene un trasfondo ideológico.

La política de desarrollo no ha sido una excepción, pero con un agravante, además de un recorte del más del 70% de los fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se establece, por parte del Gobierno, un discurso que desvía la atención de los problemas esenciales del desarrollo y debilita uno de los canales básicos de la participación social.  

La política de desarrollo, así como el trabajo de las organizaciones de tercer sector tiene importantes funciones en el marco de la construcción de una sociedad cohesionada. Se promueven los valores de la solidaridad y la justicia, en los cuales los españoles han demostrado creer, un 81% la apoya como un deber moral, tal como demuestra la encuesta de Planeta Futuro.  Por otro lado, porque facilita los canales de la participación social y muy especialmente porque presiona y apoya la presencia internacional de España en los principales foros de toma de decisiones globales sobre el desarrollo, esto significa una política exterior más fuerte y coherente. Las organizaciones no gubernamentales son un actor indispensable en la construcción de vínculos entre la sociedad y los temas que esta valora y la administración pública.

En la actual situación, el discurso del Gobierno menosprecia a las organizaciones sociales y promueve la idea de que la Cooperación Internacional al Desarrollo compite con la atención de las crecientes necesidades de las personas que se encuentran en riesgo social en España. La política actual  transmite la idea de que hay una competencia por los recursos. La pobreza y la desigualdad, sin importar la nacionalidad de las personas que las sufren en todo el mundo, son expresión de un problema global,  que requiere acciones internacionales y el compromiso firme de los gobiernos, no un discurso basado en el egoísmo y la diferenciación. A su vez, intentan sostener que el escaso 0,5% del PIB que represento la AOD –en sus mejores días- es una cantidad de dinero insostenible, como si una cifran tan pequeña pudiera solucionar la crisis. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se ha invertido en los rescates bancarios o que se ha perdido por la vía de la corrupción.

Frente a este panorama tan poco alentador las ONG han explorado nuevas vías de financiación y el aumento de los recursos privados, proveniente de sus socios y de donaciones, entre 2007 y 2014 respalda la utilidad de sus estrategias.

España, a pesar de contar con un tejido social solidario frágil, dispone de organizaciones ágiles y con una sociedad comprometida, que se moviliza y que construye redes. Este es un activo que se debe fortalecer y aprovechar porque es la auténtica base de las políticas públicas. Sin embargo, incluso las ONG tienen problemas asignándole la relevancia que necesita la educación para el desarrollo y la incidencia política como motor de la participación social.

El reciente informe publicado por Fundación Alternativas plantea estas cuestiones y profundiza en la forma en la que ha evolucionado la situación del sector social solidario en España en los tres últimos años. La evidencia de los recortes económicos es demoledora, pero también la resilencia del sector y la importante tarea que aún tiene por delante y que se muestra dispuesto a emprender a pesar de todas las dificultades.

 * Erika Rodríguez y Kattya Cascante son coautoras de El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis (Fundación Alternativas y Fundipax, 2014) y coordinadoras, respectivamente,  de los paneles Cooperación al Desarrollo y América Latina de la Fundación Alternativas. 


 

EbolaJAVIER REY

En el contexto de la alegría lógica y generalizada que generan en estos días la curación de la única paciente afectada en España y el alta de quienes tuvieron contacto con ella, cerrando esta crisis, fue el presidente de la Comunidad de Madrid quien dio una primera respuesta a esa cuestión. Según su criterio, el problema se ha resuelto como era de esperar en un país como el nuestro, dotado de uno de los mejores sanitarios del mundo y gracias a la actuación de unos profesionales que merecen también las más altas calificaciones.

Junto a ello, manifestaciones de otro carácter se han ido sumando en los últimos días para crear una línea de opinión similar a la siguiente: han sido errores y fallos en la comunicación y la gestión de la crisis por personas concretas, y no un “fallo sistémico”, los que han dado lugar a la misma. Se pueden incluir entre ellas las de quienes demandan la dimisión o el cese de la ministra de sanidad y el consejero de la Comunidad de Madrid como consecuencia de sus actuaciones. También los familiares de la auxiliar de enfermería afectada planean demandar al Consejero de sanidad madrileño por sus declaraciones primeras atribuyendo la responsabilidad de su contagio a la propia auxiliar. Y se han conocido las demandas que se están planteando desde diferentes instancias (colegios de enfermería, médicos de La Paz; CSIF) contra quienes  puedan resultar responsables en el ámbito laboral, civil o penal por el defectuoso diseño de los protocolos de actuación y formación dirigidos a los profesionales que han tenido que actuar este caso.

Por el contrario, han sido escasas las excepciones que han apuntado a ciertos defectos estructurales de nuestro sistema sanitario que, al margen de las responsabilidades personales de las autoridades sanitarias citadas por esas actuaciones, han podido contribuir a la forma en que se ha presentado la crisis. Entre ellas cabe citar las de dos sociedades sanitarias (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y Asociación Madrileña de Administración Sanitaria), que denunciaron hace ya un mes las condiciones de desventaja en que se encontraba la Comunidad de Madrid para afrontar una crisis como la actual, tras haber suprimido de su organigrama la Dirección General de Salud Pública en 2008.

En un sentido similar, la Organización Médica Colegial (OMC) se ha pronunciado en fechas más recientes por la recuperación de una autoridad central en materia de salud pública. Una opinión que fue inmediatamente contestada por el portavoz de PSOE en el Congreso, por considerar que no había que confundir la nefasta gestión de la crisis por la actual ministra de Sanidad con un funcionamiento inadecuado del Estado de las autonomías en este terreno. Según su opinión, disponemos de instrumentos adecuados y suficientes, incluidos los de carácter legal, para afrontar una crisis como ésta.

De entre todas las posiciones citadas, es esta última la que llama más la atención.  Es llamativa la insistencia de los portavoces del PSOE en esta materia en  defender la constitución actual del SNS, que el propio partido creó mediante la LGS en 1986, como si no precisase mejora estructural alguna. Una posición que, coincidiendo con el escaso interés del PP en plantear cualquier reforma del mismo que no signifique un camino hacia su privatización, con el fin supuesto de reducir el gasto público que significa, está abocando en la práctica a una crisis profunda al propio Sistema, que pone en cuestión su sostenibilidad, tanto económica como organizativa.

Algunas observaciones relacionadas con esta crisis, permiten, sin embargo, poner en cuestión que no sea necesario abordar transformaciones esenciales en el mismo si se quiere que no sólo permita una respuesta más adecuada a crisis como ésta, sino que pueda seguir contribuyendo a las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria en nuestro país:

1) Siguiendo un criterio secuencial, la decisión de repatriar a los dos misioneros españoles cuya atención dio lugar al contagio posterior correspondía con toda claridad al Gobierno de la nación, que es responsable único de la "sanidad exterior". Y así se hizo por un dispositivo militar, que es también de competencia única del mismo Gobierno.

Que la decisión de repatriar fuera o no adecuada o excesiva, lo que se ha puesto en cuestión por algunos, lo mismo que las razones clientelares por las que pudo haberse adoptado (por otra parte contradictorias con las restricciones a la cobertura sanitaria universal que viene aplicando el mismo gobierno desde el Decreto-Ley 16/2012), no pone en todo caso en cuestión el hecho de que la decisión se adoptó por quien podía hacerlo, incluso aunque se hiciese por un nivel de gobierno inadecuado (hay muchos indicios de que se indujo desde la propia Presidencia del mismo, y no por el Mº de Sanidad).    

2) Pero una vez los misioneros pusieron pie en suelo español, era el Gobierno de la Comunidad de Madrid el que tenía la capacidad y la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes, tanto en el terreno de la salud pública para evitar el contagio como en el de la atención sanitaria de los propios afectados.

Esa responsabilidad exclusiva es el resultado de las transferencias efectuadas a esa Comunidad Autónoma en materia de salud pública. Por la forma en que se llevaron a cabo esos traspasos, la situación actual no permite la adopción de medidas de carácter colectivo (aislamientos, vacunaciones, etc) por el Gobierno central, salvo que el riesgo supere los límites de un territorio autonómico concreto. Cosa que, por las circunstancias, de escasa extensión y transmisibilidad de la enfermedad que se daban en este caso, y a diferencia de la amenaza en el caso de la gripe A de 2010, utilizada por el PSOE para su argumentación respecto a la crisis actual, no ocurría aquí.

Como en el caso de la salud pública, los gobiernos centrales, tanto socialistas como del Partido Popular, que se han sucedido hasta ahora en el gobierno de la nación,  han renunciado también de hecho a cualquier intervención en el ejercicio del gobierno de la asistencia sanitaria por cada CA una vez efectuado el traspaso del mismo a cada una. Lo que, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha permitido el desmontaje del dispositivo asistencial que permitía la atención en casos de enfermedades infecciosas como el ébola en un hospital especializado en su tratamiento, como el Carlos III que, por decisión de la propia Comunidad en el contexto del plan de viabilidad económica y privatización que enunció en 2012, estaba pasando a convertirse en un centro de larga estancia.

La renuncia a poner en activo medidas que permitan la coordinación de las actuaciones sanitarias de las comunidades autónomas en uno y otro campo no es consecuencia de la distribución constitucional de unas y otras competencias, sino de una forma determinada de interpretarlas. De hecho, esta falta de coordinación ha dado lugar a consecuencias negativas en distintos terrenos: desde la existencia de distintos calendarios de vacunación en diferentes territorios autonómicos, a rechazos en la atención de pacientes de unas comunidades autónomas por otras, o la generación de déficits económicos muy distintos entre ellas. Unos efectos que tienen en común los perjuicios de distinta naturaleza que provocan al objetivo de una protección sanitaria universal y sustancialmente igual para todos los ciudadanos españoles, y la necesidad de evitar, mediante mecanismos de coordinación eficaces, que esos efectos se sigan produciendo en el futuro, a cuyos efectos no es útil siquiera la regulación legal actual.

3) La crisis del ébola permite también llamar la atención sobre  la forma en que se ejerce la dirección de los centros sanitarios de propiedad pública, en especial los del antiguo INSALUD. De manera uniforme en todo el sistema, esa dirección se atribuye mayoritariamente a personal de la confianza política del Gobierno autonómico de turno, que cambia cuando cambia éste, o incluso con una periodicidad aún mayor. El efecto es la desprofesionalización de la gestión, con la ineficiencia consiguiente, sustituida por la docilidad para seguir las pautas que se les indican desde la dirección política de cada CA en cada caso.

En este sentido, es paradigmático el caso de la dirección del Hospital La Paz en esta crisis, que, de estar gestionando la desaparición práctica del Hospital Carlos III, pasó en pocos días a recuperar las funciones de éste como centro de referencia para el ébola. Un cambio de orientación asumido sin ninguna reticencia conocida, que está probablemente en la base de los numerosos errores e insuficiencias cometidos en el diseño de los protocolos de actuación y formación de los profesionales destinados a prestar la atención en este caso.

La dependencia política de la designación efectuada en el Hospital La Paz es aún más evidente: su actual director pasó a serlo de manera inmediata desde el cargo de secretario general de Sanidad en ese Ministerio cuando cesó en este cargo tras las elecciones generales que dieron el acceso al Gobierno al PSOE en 2004. Que formase parte del equipo de la ministra Ana Pastor, incorporando al mismo a diferentes cargos de procedencia gallega, permite también  poner en relación la facilidad con que desde la dirección del hospital citado se pusieron en marcha en esta crisis, con  preparación probablemente insuficiente,  medidas que eran consecuencia inmediata de las adoptadas previamente y de manera apresurada por el Gobierno de la nación.

4) La precariedad de las políticas de personal llevadas a cabo en el SNS ha sido también puesta de manifiesto en el desarrollo de esta crisis. Sin necesidad de recurrir a explicaciones más amplias, puede bastar para representarlo el titular reciente de un diario madrileño, en el que se indicaba de manera literal que "cuatro  de los seis médicos que tratan a los enfermos de ébola son eventuales". No parece exagerado suponer que un sistema que presenta situaciones como ésa, que se estima por algunos que se extienden a más del 30% del personal del SNS, no está en disposición de ofrecer las condiciones de seguridad y calidad adecuadas en la prestación de los servicios sanitarios a toda la población.

Por todas esas razones, derivar de la solución de la crisis del ébola que, pese a una magnificación excesiva a la que tienden siempre los medios de comunicación en casos semejantes en todos los países, la misma no ha sido para nuestro sistema sanitario más que una especie de tormenta de verano en un panorama estable y sin problemas, no parece la interpretación más adecuada.

Dejando al margen los aspectos que se refieren a la consideración de los problemas que genera la extensión del ébola en los países africanos y cómo deben abordarse los mismos desde un país como el nuestro,  la propia crisis ha puesto de manifiesto enfermedades crónicas como las citadas que afectan a nuestro sistema sanitario y requieren una solución si se quieren mantener las condiciones de universalidad, equidad y seguridad en la protección que el mismo ha venido ofreciendo hasta hace poco. Que esa solución no sea posible en un plazo inmediato, y que requiera probablemente cambios en profundidad en su regulación, no impide considerar que empezar a definir qué cambios son necesarios y de qué forma se deben llevar a cabo debe ser una de las tareas más urgentes que deberían ser abordadas por quienes aspiren a gobernar el país en el futuro. Una labor que no debe ser contradictoria, sino complementaria, con la demanda de responsabilidades a quienes hayan podido incurrir en ellas en la gestión de esta crisis.  

*Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología y exsecretario del CISNS.

Túnez decide

Por: | 03 de noviembre de 2014

TunezIGNACIO ÁLVAREZ OSORIO

Las primeras elecciones legislativas libres y democráticas de la Segunda República tunecina han deparado no pocas sorpresas. La primera de ellas ha sido la holgada victoria de Nida Tunis (85 de los 217 escaños), una formación secular y centrista, que se ha presentado como la única alternativa posible frente a los islamistas atrayendo el voto anti-Ennahda. La segunda, la derrota del partido islamista (69 escaños frente a los 89 de 2011). La tercera es la fragmentación de la Asamblea: la Unión Patriótica Libre del millonario Slim Riahi (16 escaños), el izquierdista Frente Popular (15 escaños) y Afak Tunis (8 escaños) han obtenido más votos que el Congreso por la República y Ettakatol, los dos aliados gubernamentales de Ennahda, que han sido fuertemente penalizados por su electorado obteniendo tan sólo cinco escaños (frente a los 49 de 2011). La cuarta sorpresa ha sido la elevada participación, que ha superado en más de 10 puntos la registrada en 2011, todo ello a pesar del hartazgo de la población hacia la clase política. Observadores internacionales han refrendado la limpieza del proceso y la falta de incidentes reseñables a lo largo de la jornada electoral.

La gran vencedora ha sido, por lo tanto, Nida Tunis, una formación de nuevo cuño establecida en 2012 como un frente anti-Ennahda. El partido es dirigido de manera personalista por Beji Caid Essebsi, un político de 88 años que, bajo las presidencias de Bourguiba y Ben Ali (las únicos que han dirigido el país tuvo desde su independencia en 1956 hasta la Revolución de los Jazmines en 2011) desempeñó importantes cargos (ministro de Interior, Defensa y Exteriores con el primero y presidente del Parlamento con el segundo). Nida Tunis ha obtenido el respaldo de las clases medias seculares, que le han dado su voto a pesar de contar en sus filas con destacados dirigentes de la época benalista y varios cuadros del ilegalizado Reagrupamiento Constitucional Democrático.

Ennahda, por su parte, ha sido incapaz de rentabilizar el que probablemente fuese su principal activo: la relativa estabilidad que ha vivido el país en el curso de los tres últimos años, sobre todo si lo comparamos con otros países del entorno como Libia o Egipto. Esa era la carta que precisamente destacaba su líder Rashid Ganushi en un artículo en The Washington Post: “Mi país ofrece un marcado contraste con los casos extremos de terrorismo e intervención militar de otros lugares en la región. Túnez evidencia que el sueño de la democracia que estimuló la Primavera Árabe todavía sigue vivo” y que “el mundo árabe puede lograr la estabilidad y la paz a través de un proceso de reconciliación democrática y de consenso”.

No cabe duda que la labor de gobierno ha pasado factura a Ennahda, ya que los tres últimos años no han estado exentos de tensiones. Muchos de sus detractores consideran que tenían una agenda oculta para islamizar el país y que han sido excesivamente tolerantes ante la proliferación de grupos salafistas. Los asesinatos de dos destacados dirigentes del Frente Popular (Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi) marcaron un antes y un después obligando a Ennahda a abandonar el poder y aceptar la formación de un gobierno tecnocrático. La presión popular también le llevó a recular y negociar el texto final de la Constitución, que presume de ser la más respetuosa con las libertades de todo el mundo árabe. Los propios dirigentes de Ennahda han reconocido sus dificultades a la hora de pilotar la transición del autoritarismo a la democracia. Como reconociese Ahmed Gaaloul, miembro del Consejo Consultivo de Ennahda, “la mayoría de los gobiernos post-revolucionarios tienen que afrontar mayores dificultades porque las expectativas de la población son más elevadas tras la revolución”.

Además de la polarización ideológica, el estancamiento económico también ha tenido un peso notable a la hora de decantar el voto de los tunecinos. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, el 88% de los tunecinos considera que la situación económica es mala o muy mala. A ello contribuye el lento crecimiento (un 2,7% del PIB en 2013, la mitad del registrado en la década precedente). La tasa de desempleo ya supera el 15,7% (frente al 14% de 2010), porcentaje que se duplica entre los jóvenes. Un reciente informe del Banco Mundial resalta que Túnez está «encerrado en un ciclo de políticas inadecuadas que impiden que la economía conozca un crecimiento duradero». Además señala que «el crecimiento es débil y no genera empleo» y «constata que el exceso de burocracia y de control estatal sobre el mercado de trabajo provoca que muchos ciudadanos opten por la economía sumergida».

Por esta razón, una de las prioridades del nuevo gobierno será volver a la senda del crecimiento, pero antes deberá establecer una coalición de gobierno lo suficientemente amplia. Sus dirigentes ya han indicado sus preferencias inclinándose por un frente secular y rechazando, con ello, la mano tendida de Ennahda para integrarse en el nuevo gobierno. De hecho, una coalición de las dos fuerzas más votadas sería vista como una traición por una parte significativa de los votantes de Nida Tunis.

Por último no debe pasarse por alto que el próximo 23 de noviembre se celebrará la primera ronda de las elecciones presidenciales, en la que Beji Caid Essebsi parte como favorito, sobre todo si tenemos en cuenta que Ennhada no presentará ningún candidato. De obtener nuevamente el respaldo de las urnas, como todo parece indicar, Nida Tunis podría concentrar en sus manos un inusitado poder legislativo y ejecutivo. Está por ver si empleará dicho respaldo para tratar de aislar a Ennahda y lanzar políticas anti-islamistas, similares a las adoptadas por Sisi en Egipto, lo que provocaría una mayor polarización política.

La asignatura pendiente de Túnez sigue siendo conciliar la conquista de las libertades con el crecimiento económico y la paz social. Ennahda no tuvo excesivo éxito a la hora de lograrlo, ahora le toca el turno a Nida Tunis. En todo caso resulta cuanto menos paradójico que los jóvenes, los verdaderos protagonistas de la revolución tunecina, hayan quedado en un segundo plano y que el gran beneficiado sea un político octogenario de la época benalista. 

* Ignacio Álvarez-Osorio es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas (Opex).

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