Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Venezuela en su laberinto

Por: | 27 de febrero de 2015

Venezuela
ERIKA M. RODRÍGUEZ

La situación de Venezuela en las últimas semanas ha dejado de ser la de la habitual confrontación dialéctica de su presidente con todo aquel que  disienta de alguno de los aspectos de su régimen, a convertirse en una olla de presión a punto de explotar.

Las acusaciones de intento de golpe de Estado, eran rutinarias en el régimen de Maduro que se servía de ellas para consolidar su discurso antiimperialista y de víctima de los complots internacionales, que sin duda despertaban el apoyo de importantes sectores sociales. La última de ellas fue la denuncia del eje Bogotá-Madrid-Miami como instigadores de un nuevo intento de toma violenta del poder. Ciertamente los sectores de la derecha de los tres países se lo han puesto fácil. La situación de Venezuela se utiliza continuamente como arma arrojadiza para criticar a la oposición acusándoles de querer importar el “tenebroso” régimen bolivariano. Desde luego, una visión simplista, y que minusvalora la propia calidad de la democracia española o colombiana y que en especial le hace el juego a Maduro dotándole de argumentos.

Pero más allá de las acusaciones la creciente inestabilidad social, las protestas y las recientes maniobras políticas de Maduro ponen el foco sobre un régimen que parece empezar a tambalearse sin que podamos tener certeza de cuánto podría tardar en derrumbarse del todo.

Por un lado, tenemos la resquebrajada economía venezolana, el mal manejo macroeconómico, las reformas sin una estrategia coherente de acción han llevado a que Venezuela haya perdido los últimos años, encerrándose en una espiral de devaluación, inflación, incapacidad productiva y desabastecimiento que ya no solo preocupa a los inversores internacionales sino que ha empezado a afectar a aquellos que se habían constituido en el sustento del régimen bolivariano, las clases populares y medias que se vieron compensadas con la política social financiada con los recursos petroleros. 

El régimen Venezolano se ha mantenido a través del uso de recursos tácticos muy hábiles que se sumaron a una política social que le permitía ganar elecciones con relativo margen a pesar de que la sociedad se fuera polarizando cada vez más. Pero el crédito concedido por la ciudadanía tiene un límite, la escasez y la inflación, se suman a la creciente inseguridad en un país con un 90% de impunidad. Cuando la vida diaria se hace difícil, los votos son también más esquivos.

Al sombrío panorama económico, se suma el bajo precio del petróleo, sin que se cuente con recursos ni políticos ni económicos para compensarlo. La economía rentista está pasando su factura.

Por otro lado tenemos las limitaciones políticas de Nicolás Maduro, que por mucho que lo intente no es Hugo Chávez, no tiene la legitimidad sobre el mando militar que tenía su antecesor, no aglutina a los diferentes sectores del bolivarianismo y no cuenta con el carisma internacional que le permitió a Chávez consolidarse como un líder regional, querido o no, pero líder a fin de cuentas.

Su necesidad de mantener el control le lleva a una apuesta desesperada, intenta mantener el control desincentivando a los críticos a través de la manipulación de la justicia y del recurso al control armado de la inestabilidad social. Una apuesta con demasiado riesgo porque el abuso puede terminar de convencer a los desencantados de pasarse a la oposición, y porque le pone en el punto de mira internacional. La ausencia de margen de maniobra económico, le obliga a actuar exclusivamente en la esfera política, echando mano de un poder supra-constitucional.

Por supuesto las condenas internacionales a los recientes abusos de fuerzas armadas y policiales y al encarcelamiento injusto de los líderes de la oposición son de nuevo usadas por Maduro como justificantes de su cruzada, de hecho, llego a calificar al movimiento scout al que pertenecía el joven asesinado recientemente en medio de una protesta, como secta de derechas . Pero las voces que se unen para condenarles son dispares y eso las legitima. No son los críticos habituales de la derecha y el conservadurismo, no, ahora le llaman la atención las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía internacional, y hasta UNASUR se conduele de la situación. Por su parte, los socios del Alba mantienen el apoyo discursivo pero poco pueden aportar sin condenarse ellos también.

Así pues, el futuro del país es más incierto que nunca y por ahora no podemos más que hacer cálculos de las posibles vías de evolución de esta crisis.  La escalada de la protesta violenta y de las acciones para desestabilizar el régimen es una posibilidad que debe contemplarse. Inclusive el intento de toma del poder, aunque esto signifique una decisión casi tan absurda como las acciones de Maduro, toda vez que significaría intentar controlar un país dividido, en un marco internacional que no se puede permitir aceptar este tipo de acciones (por muy malo que sea el dirigente afectado) y en plena crisis de los precios del petróleo.

Otra opción es el aumento de la tensión social que vaya rompiendo el régimen hasta que este termine por desmoronarse, bien porque el mismo bolivarianismo opte por defenestrar a Maduro o bien porque obligue a unos comicios en los que el saldo electoral se le haya agotado por completo.

Sin duda el panorama es incierto y mucho me temo que la población civil siga pagando un alto precio del que no debe desentenderse la comunidad internacional. Es necesario evitar el populismo facilón antibolivariano, dejar los cálculos de la política interna a un lado y unirse y centrarse en exigir el respeto y garantías propias del Estado de derecho para que sean los venezolanos los que decidan su futuro por vía de las urnas y evitar echar más leña a una hoguera que nadie sería capaz de controlar. 

 

* Erika M. Rodríguez es analista política y coordinadora del panel América Latina de la Fundación Alternativas.

Grecia: liquidez, solvencia y apalancamiento

Por: | 25 de febrero de 2015

Grecia

TOMÁS GIMENO LÁZARO

El principio de acuerdo al que han llegado el Eurogrupo y el ministro de economía griego, Yanis Varoufakis, no ha supuesto per se el reconocimiento y aceptación por parte de Grecia de los postulados económicos de la austeridad frente a políticas financieras y monetarias expansivas que en otros países, como en Estados Unidos, han permitido una recuperación más temprana de la crisis financiera global y que, en el contexto europeo han sido las que el Banco Central Europeo ha intentado implementar a través de sus medidas no convencionales, cómo el conocido Quantitative Easing. Antes bien, lo que representa el citado acuerdo, es la aceptación de los problemas y realidades a los que se enfrenta la economía griega por parte de todos los actores involucrados.

Económicamente podría decirse que Grecia presenta tres problemas de diversa índole, los cuales tienen una solución diferente y consecuencias diversas para su ciudadanía. Siguiendo la terminología que Basilea III utiliza para las Entidades Financieras, podría decirse que Grecia presenta problemas de liquidez, solvencia y apalancamiento.

Este principio de acuerdo, que está pendiente de definirse en medidas concretas, intenta solucionar el problema más urgente, la liquidez, que no es otra cuestión que  la imposibilidad de la hacienda griega de atender en el corto plazo a sus compromisos financieros. En el caso heleno, las dificultades de liquidez no se restringen a la devolución de los manidos intereses de la deuda, cuyos principales vencimientos se producen en esta primavera, sino al pago de las retribuciones y remuneraciones de un sobredimensionado y anquilosado sector público con unas características que difieren mucho de las del resto de los Estados miembros.

Es habitual escuchar que el principal problema al que se enfrenta Varufakis, es la falta de solvencia de su economía. Si entenderemos solvencia como la capacidad de responder a todos sus compromisos contingentes, Grecia tiene un serio problema al respecto, pero si nos centramos en su deuda soberana este no es tan grave como aparenta.

El propio mecanismo de endeudamiento de las economías modernas garantiza que nunca llega a afrontarse el pago total de la deuda. Esta cuestión que a priori puede parecer ficticia y difícil de entender, se explica de la siguiente manera: cuando la deuda emitida está a punto de vencerse se vuelve a emitir deuda por el importe que va a vencer, al precio o coste que percibe el mercado. En la teoría económica, se conoce a este tipo de deudores como deudores especulativos, pues realmente sólo devuelven los intereses y nunca llegan a devolver el principal de lo que deben.

Es fácil ver dónde está el quid de la financiación de un Estado, que no es otro que saber cuál va ser ese coste de fondeo. Si el mercado percibe que Grecia no va a hacer frente a sus compromisos, el mercado le va a exigir un mayor coste, una mayor prima de riesgo, por lo que la deuda a devolver (principal más intereses) va a ser mayor. Este problema puede resolverse con gestos como los del pasado viernes, demostrando que el proyecto europeo es un proyecto común, en el que las Instituciones europeas no van a dejar caer, ni tampoco salir, a ninguno de los miembros.

 El tercer problema, el del apalancamiento, es el más importante en cuanto a su volumen, complejidad y contenido político. Grecia debe en torno al 175% de su producto interior bruto, lo cuál implica que para cancelar toda su deuda necesitaría destinar toda la riqueza producida en toda la nación durante casi dos años. Cancelar toda la deuda soberana, como he comentado anteriormente, en la economía de mercado actual carece de sentido, por la posibilidad existente de refinanciarla a precios de mercado. Pero estos niveles de deuda implican altos niveles de apalancamiento; Grecia está altamente expuesta a fluctuaciones en el coste de fondeo. Incluso pequeños aumentos en el valor de mercado de su deuda se traducen en grandes aumentos en el coste de los intereses a pagar, lo cual constituye un lastre para el crecimiento y la recuperación helena. Este último problema todavía no ha sido abordado y dependiendo del planteamiento  que se le dé, será muy distinto el margen de maniobra que tendrá el ejecutivo heleno, limitando ampliamente el espectro de políticas sociales y económicas que se podrá poner en marcha el ejecutivo heleno.

En todo caso, con todas sus vaguedades y limitaciones, el acuerdo aprobado el viernes pasado, que todavía se encuentra pendiente de definir, sirve como un puente de entendimiento. Al parecer, se está desactivando el Game of Chicken de los meses pasados entre impago de la deuda propuesto Tsipras y los planteamientos iniciales de austeridad defendidos por la Troika.

* Tomás Gimeno Lázaro es especialista en en regulación y economía financiera.

 

El mito del empleo digital

Por: | 23 de febrero de 2015

Culturablog
OBSERVATORIO DE CULTURA Y COMUNICACIÓN

En el reciente Informe sobre el estado de la cultura, publicado por la Fundación Alternativas, dedicamos capítulo al análisis sobre las condiciones del empleo cultural, que hacemos extensivo al mercado digital. La situación es ciertamente crítica, pues el comportamiento del sector durante la crisis, muestra indicadores devastadores, como la discriminación por género, el alto nivel de precarización, la no incorporación de nuevas generaciones, la sobrecualificación y los salarios ínfimos…

En general, según los datos de la cuenta satélite de cultura y el anuario de estadísticas cultuales, los trabajadores culturales viven de unos ingresos por debajo de las expectativas de su alto nivel de formación y  continúan toda su vida ejerciendo como pueden, debido a la dificultad para alcanzar las cuotas mínimas para su jubilación. La incorporación de nuevos trabajadores en el sector casi ha desaparecido, produciéndose en el último año un abandono importante de la generación más avanzada y aumentando significativamente, desde 2012, el peso en el conjunto del empleo del tramo de los ingresados en el sector durante los años ochenta.

Lo mismo ocurre con el sector empresarial. En 2012 contábamos con 110.619 empresas culturales, y en 2013 desaparecen más de 2.000 de ellas. Más de la mitad de esas empresas no tiene asalariados y en el transcurso de un año se han reducido en 3.337.  Crecen levemente en el último año las compañías de entre uno y cinco empleados (32.963 en 2012 y 34.681 el pasado año), pero no se consolida ni una sola nueva gran empresa de nuestra industria en el sector (pasamos de contar con 28 compañías de más de 500 empleados a 27).

El mercado de empleo cultural y comunicativo está formado en su gran mayoría por cohortes de trabajadores con un alto grado de motivación, alta cualificación profesional, bajos salarios y empleos cada vez más precarios, sin protección sindical ni mecanismos de defensa de derechos colectivos. Sus promotores califican a sus trabajadores como colaboradores voluntarios, evitando el ofrecimiento de cualquiera de las garantías propias del trabajo decente. A ello añaden el argumento  y los beneficios para su cuenta de resultados del trabajo gratuito, enmascarado tras la fórmula del conocimiento compartido y colaborativo.

El mercado digital es un campo de ensayo en que se prueban perfiles que han de convertirse en socialmente aceptables para la ciudadanía en el corto plazo, a la vista del creciente número de autoempleados y de microemprendedores. Con un creciente trabajo de aprendizaje no pagado, o abonado muy por debajo de los precios de mercado, parece reflejar cada vez más un precariado integral, que acepta casi disciplinadamente condiciones éticamente inaceptables de prolongación de tarea y jornadas que avergonzarían a cualquiera que defienda unas condiciones dignas de trabajo en cualquier sector. Un mercado que también certifica la discriminación de género y santifica la discontinuidad y deslocalización permanentes. Un trabajo sin perspectivas o previsiones de mejoras salariales, con ingresos que difícilmente permiten pensar en formar familias o tener un futuro estable a la vista.

Existe sin duda un potencial extraordinario en el mercado laboral digital que debemos aprovechar. Pero las preguntas respecto a su desarrollo y la experiencia ya conocida del mismo en las economías avanzadas, revelan cuán necesaria resulta una regulación adecuada de esta oportunidad de riqueza, para evitar que consolide en el futuro nuevas formas de explotación, empleo precario y empobrecimiento de un sector emergente, con valores y utilidades públicas nada desdeñables.

 

* II Informe sobre el estado de la cultura en España: La salida digital, disponible en la web de Fundación Alternativas

Grecia: realidad y deseo

Por: | 20 de febrero de 2015

Finanzas
DOMÈNEC RUIZ DEVESA

No hace tantos días, el nuevo gobierno griego se aprestaba a iniciar una dura negociación sobre la extensión del programa de ayuda financiera orquestado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Extender el actual plan o cuanto menos diseñar un nuevo programa era un imperativo, toda vez que el estado griego no puede obtener financiación en los mercados a tipos de interés razonables, lo que en la práctica supone que a partir del 28 de febrero no se dispondría de dinero para pagar salarios públicos, pensiones y el gasto corriente de las administraciones públicas.

De ahí que en Bruselas se recibiera con estupor los primeros gestos del nuevo ministro griego de finanzas, declarando no reconocer a la llamada Troika (que es como decir que un deudor no reconoce a su acreedor) o exigiendo, entre aspaviento y bravata, una quita parcial de la deuda pública griega.

Al momento de escribir estas líneas, varios medios de información dicen que Grecia ha pedido ya una extensión del programa actual, y acepta que los tres acreedores más arriba mencionados continúen supervisándolo.  De la quita ya no se habla. No parece que la política de gestos cara a la galería tras la resaca electoral, tan celebrada en nuestro país por la muchachada empachada de lila, haya sido de ninguna utilidad a la posición negociadora de Grecia. Y es que entre diatriba y ditirambo en las fallidas reuniones del Eurogrupo el sistema bancario griego se desangraba por una creciente fuga de depósitos.

No quiero decir con esto que Syriza no tenga una buena parte de la razón. Desde luego, condicionar el préstamo multilateral a implementar privatizaciones a precio de saldo o a desregular el mercado de trabajo, es pura ideología, rescoldo de la peor tradición multilateral que bien conocen los países latinoamericanos y africanos que en los años ochenta y noventa tuvieron que pedir créditos al Fondo Monetario Internacional. También es lógico que el objetivo de superávit presupuestario primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) sea menor para dar más margen al gasto social.

Grecia empezó esta negociación con bravuconadas, ignorando que el tiempo jugaba en contra suya, al tiempo que enconaba la posición alemana, ahora más enconada que nunca. Tengo la impresión de que hubiera sido más fácil renegociar la condicionalidad política del préstamo de haber actuado el gobierno griego desde el principio con mayor seriedad y claridad en sus objetivos. Confundir la realidad con el deseo puede acabar en aquello de ir a por lana y salir trasquilado.

 

Domènec Ruiz Devesa es vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

 

Ciudadanos contra ciudadanos

Por: | 18 de febrero de 2015

Images
ANTONIO QUERO

El pulso entre Grecia y el Eurogrupo (el consejo de ministros de finanzas de la zona euro) esconde una realidad más prosaica: contribuyentes de un país deben dinero a contribuyentes de otros países. Los contribuyentes del país deudor esgrimen el sufrimiento social que le causan sus deudas. Los contribuyentes de los países acreedores recuerdan que han destinado recursos públicos a otro país cuando no faltan las necesidades que atender en el suyo propio. ¿Cómo arbitrar democráticamente y encontrar un acuerdo justo para los dos?

La voluntad de los contribuyentes griegos ya ha sido expresada en las urnas el pasado 25 de enero. Vamos a fijarnos aquí, por lo tanto, en la representación de los contribuyentes de los países acreedores, en particular de la de países como España en los que, al igual que en la mayoría de los países de la zona euro y a diferencia de Alemania, el sentimiento de rescatar a otros países con "nuestro dinero" ha sido menor y, consiguientemente, menos debatido desde esa perspectiva.

En España, gran parte de la opinión pública ha descubierto ahora que Grecia nos debe 26.000 millones de euros. Para tomar la medida de lo que representa dicha cantidad, el ministro De Guindos no ha tardado en apuntar que es el mismo importe que dedica España cada año al subsidio de desempleo. Planteado de manera tan somera, no sería sorprendente que la opinión mayoritaria española estuviera a favor de reclamar su devolución íntegra sin más discusión, que es la postura del Gobierno del PP.

La cuestión no se puede despachar, como hacen Podemos o el PSOE, remitiéndose a un proceso europeo de reestructuración o mutualización de la deuda. De hecho, que el resto de los países de la zona euro no acepten una quita de la deuda griega no impide a un país renunciar por su cuenta a parte de sus derechos para aliviar a la sociedad griega o defender la búsqueda de mecanismos asumibles de devolución de la deuda.

La cuestión merece un debate serio y en profundidad puesto que afecta al dinero de todos y a la escasez del mismo frente a la acumulación de necesidades sociales. Para ello deberían abordarse aspectos hasta ahora ignorados en el debate, entre los que incluiría los siguientes.

En primer lugar, la ausencia absoluta de debate cuando España aceptó conceder préstamos a Grecia. No vale despejar fuera el balón escondiéndose detrás del hecho de que habría sido una decisión europea a la que teníamos la obligación de sumarnos. El parlamento finlandés, por ejemplo, exigió que no se concediera ningún crédito sin obtener bilateralmente por parte del país beneficiario garantías en caso de impago. España, sin ir más lejos, ha debido depositar en una cuenta bloqueada 500 millones de euros para recibir la contribución finlandesa de 1.200 millones al rescate bancario español de 43.000 millones. En caso de impago español, Finlandia, a diferencia de los demás países, tiene garantizada la devolución parcial del dinero comprometido.

Del mismo modo que el parlamento finlandés decidió una condicionalidad extrema, el Parlamento español podría haberse preguntado, en el otro sentido, si prestarle dinero a un país con las dificultades que arrastraba Grecia y que había llegado a dicha situación precisamente por la ausencia de fiabilidad del Estado griego en la gestión de sus cuentas, era lo más indicado. O podría haberse planteado si la concesión del crédito debía acompañarse de una condicionalidad estricta, en cuyo caso debería haber debatido qué tipo de condicionalidad era la más apropiada puesto que, en aquel momento, no faltaron voces cualificadas que pusieron en cuestión las condiciones exigidas a Grecia, susceptibles de empeorar su economía y, por tanto, su capacidad de devolución de la deuda.

Todo prestamista que no lleva a cabo un análisis diligente debe aceptar los riesgos en los que incurre, incluido el de impago.

En segundo lugar, a través del caso griego se plantea el sentido del proyecto europeo y de una moneda única. Grecia no es un país tercero cualquiera con el que tengamos una simple relación financiera. En el corazón del proyecto europeo está el concepto de solidaridad. Los europeos han dado muestras de la misma con Grecia al no abandonarla a su suerte frente a los mercados, sería incoherente ahora desentenderse de una parte de la ciudadanía griega que se encuentra en una pobreza extrema o al borde de ella.

Por último, y sin pretender ser exhaustivo, es legítimo esperar un compromiso por parte de Grecia de uso responsable de los fondos que recibe. La pregunta es qué tipo de compromiso se exige y cómo se verifica su cumplimiento. En este punto conviene atender tanto el fondo como la forma. El fondo debe ser acordar unos objetivos con Grecia respetando su soberanía democrática para decidir el modo de alcanzarlos. La forma debe superar el trato estigmatizante de la supervisión arrogante por parte de organismos tecnocráticos.

En resumen, al aceptar convertirnos en país acreedor hemos asumido una responsabilidad que no estamos ejerciendo. La troika es el chivo expiatorio fácil, pero la troika es el mero cobrador del frac que hemos contratado los países acreedores. En la raíz de muchos de los problemas de esta crisis está la ausencia de un debate democrático de calidad sobre los fines y los medios. El pueblo griego y el contribuyente español se merecen ese debate.

 

* Antonio Quero es economista y autor del libro La reforma progresista del sistema financiero (Libros de La Catarata, 2014). 

CubiertaICErecortadaENRIQUE BUSTAMANTE

El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC) de la Fundación Alternativas presenta este jueves, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Informe sobre estado de la cultura en España 2014 (ICE, 2014). Tras el Informe sobre el estado de la cultura en España, publicado en 2011, la nueva edición permite realizar un balance comparativo de la situación de la cultura española tres años después y orientar especialmente su análisis hacia la transición digital. En palabras de Nicolás Sartorius en el Prólogo, (vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas), "España sigue siendo una potencia cultural y la cultura puede cumplir un papel esencial en el cambio político y del modelo de crecimiento".

Coordinado por Enrique Bustamante (catedrático de la Universidad Complutense) y Fernando Rueda (director del OCC), el informe reúne a una quincena de autores expertos en cada campo que concluyen unánimemente que la cultura española está sufriendo duramente por la crisis económica y el desplome de las políticas culturales, aunque se han dado pasos importantes hacia la transición digital que permiten albergar serias esperanzas de salida en el futuro. Con propuestas concretas que complementan las esbozadas en 2011, los diversos capítulos coinciden en reclamar una nueva política pública imprescindible, orientada a la diversidad y al futuro digital.

Manteniendo siempre su perspectiva central sobre la diversidad cultural en consonancia con la doctrina de la UNESCO, el informe realiza primero, un análisis sistemático de las fortalezas y debilidades de nuestra cultura y nuestras industrias culturales (artes escénicas y museos, libro, disco, audiovisual) y creativas (creatividad publicitaria), calibrando al mismo tiempo su sostenibilidad económica y sus retos actuales. En la segunda parte del ICE 2014, se abordan en profundidad estudios transversales sobre cuestiones axiales de la cultura española, como el empleo o el consumo digital, el papel de la cultura en las relaciones internacionales y de cooperación de España hacia el exterior, o el panorama actual de las plataformas digitales culturales españolas en todos los campos.

Cierra el contenido del ICE 2014, como en 2011, una encuesta original y sistemática de 54 preguntas realizada on line con un centenar de agentes culturales españoles de todos los sectores, cuya realización permite efectuar ilustrativas comparaciones de sus percepciones durante estos tres años transcurridos. Su síntesis queda expresada por una nota media de 4,5 para la cultura española (frente al 5,1 de 2011), es decir un suspenso alto frente al aprobado raspado de entonces. En particular, las caídas más pronunciadas de calificación y el top ten inverso, de notas más bajas se centra en las cuestiones relativas a las políticas públicas culturales internas y de proyección y cooperación internacional, mientras las puntuaciones más optimistas recaen en la respuesta al reto digital y en el papel de las pymes en los nuevos escenarios. Sobre el IVA cultural y el mecenazgo, los agentes culturales expresan un pesimismo realista pronunciado.

 * Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación y coordinador del Informe sobre el estado de la cultura española 2014

Alto el fuego en Ucrania

Por: | 13 de febrero de 2015

UnknownJAVIER MORALES

El acuerdo negociado en Minsk el 12 de febrero de 2015 entre los presidentes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia representa la única oportunidad de poner fin a la guerra que ya se está produciendo desde que comenzaran los levantamientos separatistas en abril de 2014. Este conflicto armado ha causado ya más de cinco mil víctimas, casi un millón de desplazados internos y más de medio millón de refugiados, la mayoría de ellos hacia Rusia. 

Claves del acuerdo

. Alto el fuego en la medianoche del 14 al 15 de febrero. Este plazo entre la firma del documento y el cese de los combates supone conceder a ambos bandos la oportunidad de aprovechar esas ultimas horas para ganar territorio, condicionando el statu quo sobre el que negociar posteriormente. Así, los ataques han continuado por ambas partes. Es un punto débil del acuerdo, que puede hacer muy difícil la desescalada militar.

. Retirada del armamento pesado dejando una zona de separación entre los dos bandos. Dicha zona —mucho mayor que la de 30 km. establecida por el acuerdo fallido de septiembre— debe tener una amplitud de 50 km. para sistemas de artillería de 100 mm. o más; 70 km. para lanzadores múltiples de cohetes; y 140 km. para los cohetes y misiles más pesados. Para este proceso, que debe comenzar el día 16, existe un plazo de dos semanas.

. Observación y verificación de los puntos 1 y 2 por observadores de la OSCE. Esta es la clave de la implementación real del acuerdo: que se permita el acceso de los organismos internacionales para detectar violaciones del mismo. Por ejemplo, los drones utilizados por la OSCE para verificar el cumplimiento del protocolo de Minsk firmado en septiembre fueron atacados por los prorrusos, que llegaron a derribar uno de ellos.

. Comienzo de un diálogo político entre Kiev y los separatistas para la celebración de elecciones locales en el territorio en disputa. Los comicios se realizarían de acuerdo con la legislación ucraniana. Para que esto sea posible, tendrá que haberse cumplido el alto el fuego y la retirada de armamento; de no ser así, los dos bandos podrían utilizar el riesgo de violencia como excusa para no permitir la celebración de las elecciones.

. Amnistía por parte de Ucrania para los participantes en la insurrección separatista. La primera consecuencia de la misma sería que los líderes de las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk se convertirían en actores políticos dentro del futuro de sus regiones, pudiendo concurrir a los distintos procesos electorales. Sin esta posibilidad de acceder al poder por medios pacíficos, hubiera sido imposible que apoyasen el acuerdo y aceptasen abandonar los combates. El derribo del avión de pasajeros MH17, sin embargo, no está incluido en esta amnistía; pero será prácticamente imposible localizar a los culpables y demostrar su responsabilidad.

. Liberación de rehenes y personas ilegalmente detenidas, lo cual debe finalizarse en un plazo de cinco días tras la retirada militar. El principio es de “todos por todos”, con lo cual no se trata sólo de un intercambio puntual del mismo número de prisioneros. Sin embargo, habrá que comprobar cómo se aplica esta cláusula a la oficial de la fuerza aérea ucraniana Nadia Savchenko, a la que Moscú se niega a considerar como prisionera de guerra con el argumento de que cruzó ilegalmente la frontera adentrándose en su territorio. El simbolismo de este caso hará más difícil que la opinión pública ucraniana apoye el acuerdo si Savchenko permanece encarcelada en Rusia.

. Acceso sin restricciones de ayuda humanitaria a la zona del conflicto, bajo supervisión internacional. También este punto dependerá principalmente del cese efectivo de los combates.

. Restablecimiento de las relaciones sociales y económicas del territorio en conflicto con el resto de Ucrania. Así, Kiev retomará el mantenimiento de los servicios públicos, el pago de pensiones y otros subsidios; y permitirá el funcionamiento de servicios bancarios. Con ello se asumirá el compromiso de la reconstrucción de la zona para paliar las consecuencias materiales de la guerra.

. Control total de la frontera estatal por parte del gobierno ucraniano. Es el hito fundamental que determinará si el cese de los combates es definitivo o no, ya que ha sido precisamente la pérdida del territorio fronterizo con Rusia —por el que ha llegado la ayuda y los combatientes extranjeros que han apoyado a los separatistas— lo que ha impedido a Kiev reconquistar esta zona con su ofensiva militar. Sin embargo, el control pleno no se recobrará antes de final de año; con lo cual persistirá en los próximos meses el riesgo de reanudación de la violencia, y la tentación de que Moscú continúe enviando tropas o suministros a los rebeldes. Esta cláusula está condicionada además al acuerdo político sobre el futuro del Donbass al que se refiere el undécimo punto.

. Retirada de todos los grupos armados, armas y combatientes extranjeros. Los que luchan en el bando separatista —voluntarios, mercenarios y también tropas del ejército ruso—, abandonarían sin duda el país en dirección a Rusia antes de que la frontera vuelva a ser controlada por Kiev; mientras que los combatientes extranjeros de los batallones progubernamentales deberían hacerlo por su lado. También se ha acordado el  “desarme de todos los grupos ilegales”, lo que afectaría en teoría a las milicias separatistas pero no a los batallones de voluntarios —algunos creados por grupos de ultraderecha— que luchan a favor de Kiev, ya que están oficializados como unidades de la Guardia Nacional. No obstante, la descentralización prevista el punto 11 incluye expresamente el mantenimiento de “milicias populares” con tareas de orden público por los gobiernos locales del Donbass; con lo cual los separatistas conservarían parte de su capacidad actual.

. Reforma constitucional que descentralice el Estado y conceda una autonomía especial a Donetsk y Lugansk. Esta es una de las condiciones reclamadas por Moscú y los separatistas desde el comienzo del conflicto; pero a la que Kiev —pese a algunas promesas de Poroshenko— se había mostrado muy reacia, argumentando que un Donbass autónomo estaría en la práctica bajo la influencia rusa con gobiernos locales afines. Sin embargo, se trata de un paso imprescindible para hacer viable el encaje de estos territorios dentro del Estado ucraniano, especialmente después de que el Euromaidán y la pérdida de Crimea hicieran muy improbable la perspectiva de que Ucrania vuelva a tener un presidente procedente de las regiones orientales, que les pudiera hacerse sentir representadas en Kiev. La autodeterminación lingüística, que proteja el derecho a utilizar el ruso como idioma cooficial —cuya eliminación fue uno de los principales temores tras la victoria del Euromaidán—, está expresamente reconocida.

. Discusión de las condiciones para celebrar las elecciones locales entre Kiev y los separatistas, en el marco de la OSCE y con observadores de esta organización en los comicios que garanticen la limpieza de los mismos.

. Intensificar las actividades del Grupo de Contacto trilateral, formado por la OSCE, Ucrania y Rusia, para asegurar el cumplimiento del acuerdo.

Se trata, por tanto, de un documento que aún es impreciso en numerosos puntos —como el grado concreto de autonomía que se concederá a Donetsk y Lugansk en la reforma constitucional prevista—, y que dependerá en primer lugar de que se realice de forma completa el alto el fuego y retirada de armamento previstos en los puntos 1 y 2. Las posibilidades de éxito del acuerdo tendrán que evaluarse a lo largo de los próximos meses, especialmente mientras la frontera oriental con Rusia permanezca todavía fuera del control de Kiev; y por tanto, con la posibilidad de reanudar de nuevo los combates.

* Javier Morales es coordinador del panel Eurasia en la Fundación Alternativas y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid

La crisis de la hepatitis C: ¿qué crisis?

Por: | 11 de febrero de 2015


Unknown
PEDRO REY BIEL Y JAVIER REY DEL CASTILLO 

La industria farmacéutica es el principal inductor del aumento descontrolado del gasto sanitario en la mayoría de los países desarrollados, lo que se debe fundamentalmente a la introducción de nuevos medicamentos en el mercado, de precio cada vez mayor. Esta tendencia se había moderado en los últimos años, por agotamiento del desarrollo de nuevos productos por síntesis química, pero los nuevos productos biotecnológicos la han reactivado.

Gracias a los altos ingresos y a las asimetrías de información, los laboratorios farmacéuticos tienen amplia capacidad de inducir la demanda de sus productos mediante su influencia sobre prescriptores y pacientes. Esta influencia se extiende también sobre quienes deben autorizar y financiar su prescripción y consumo, a precios en cuya fijación los laboratorios tratan ante todo de evitar la capacidad de negociación de los consumidores colectivos más importantes, como son los servicios públicos de salud.

Por otra parte, ante la extrema dificultad de conocer de forma no sesgada los verdaderos costes asociados a la investigación y el desarrollo de los nuevos productos, en especial los biotecnológicos, existe amplio consenso en considerar que la causa principal de su elevado precio es la escasez de competencia en el momento en que sale el primer medicamento para cualquier enfermedad que, debido al fuerte sistema de protección de patentes, influencia de forma clara la evolución de los precios de productos similares y derivados cuando aumentan las condiciones de competencia.

Ambos factores han contribuido a la actual crisis desencadenada por la utilización de un nuevo fármaco, caro pero efectivo contra la hepatitis C, el sofosbuvir (Sovaldi):

– Como se ha publicitado extensamente, Gilead -el laboratorio que comercializa el medicamento que centra la polémica- no participó de forma activa en su investigación ni, por tanto, en sus costes de desarrollo, y se limitó simplemente a anticipar las posibilidades de negocio y comprar la empresa y los derechos de patente de Pharmaset, empresa que había desarrollado el producto (en la que participaba Roche),  a un precio de alrededor de 11.000 millones de dólares (8.000 millones de euros). Sin embargo, ese precio se considera ahora bajo en relación con las perspectivas de negocio que sugieren los 1.100 millones de euros conseguidos por Gilead en el primer año de comercialización del producto, aún en condiciones de uso limitado en la mayoría de los países que lo han autorizado, a precios muy elevados (62.000 euros por tratamiento de 12 semanas en los Estados Unidos; 55.000 en Francia).

– Los altos precios del medicamento impuestos en todos los países son una muestra de hasta qué punto se puede descontrolar el gasto de los servicios sanitarios, ya comprometido, si en la formulación de la demanda (inducida), determinada por las indicaciones del uso del producto, y en la fijación de los precios, el poder de monopolio del laboratorio productor se impone al (potencial) poder monopsonista de quien sea en cada caso el principal comprador, sea el servicio público de países como el Reino Unido, Francia o Alemania, o privado, como es el caso de las aseguradoras privadas norteamericanas .

Unos y otros países han reaccionado de maneras diferentes para afrontar el problema: desde una delimitación de las indicaciones de uso del tratamiento, acompañada de medidas fiscales aplicables al laboratorio productor, como ha ocurrido en Francia, al intento de introducir mecanismos de competencia que hagan que el precio se reduzca. Ejemplos de esto último son los convenios de uso exclusivo de nuevos medicamentos de eficacia curativa similar a la del sofosbuvir, ya autorizados y a punto de lanzarse al mercado, firmados por algunas aseguradoras americanas con los laboratorios correspondientes . Una actitud similar parece subyacer al acuerdo adoptado hace pocos días por el NHS británico para demorar hasta el mes de julio la autorización del uso del producto, que, tras los informes del NICE (National Institute of Clinical Excellence, su agencia de evaluación tecnológica), estaba previsto comenzar a utilizarse en abril .

Las peculiaridades de la situación en España

En el caso de España, a estos factores generales se han añadido algunos específicos, que han hecho que la crisis haya alcanzado aquí una relevancia pública mayor:

1) La extensión de la enfermedad: a falta de datos oficiales consolidados, la prevalencia de la hepatitis C en los países del Sur de Europa parece mucho mayor (del 0,5% de la población en países escandinavos al 5% en países mediterráneos). En España se estima que hay hasta unos 300.00 afectados “reconocidos” (cifra que podría alcanzar los 900.000 si se incluyen los portadores no detectados), para una población de alrededor de 46 millones de habitantes, mientras que en Francia, donde el número de afectados ronda los 200.000 para una población total de alrededor de 70 millones. La ausencia de datos fiables de la extensión y grados de la enfermedad en España constituyen en todo caso una carencia incomparable con el conocimiento de la situación en otros países, de los que el Reino Unido es un buen ejemplo, y constituye una base imprescindible para abordar la situación en cualquier país.

2) El mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos. Esta función corresponde en España a una Comisión Interministerial presidida por el Mº de Sanidad, de la que también forman parte los ministerios de Hacienda e Industria, cuyos objetivos recaudatorios y de desarrollo de determinados sectores industriales pueden diferir de los sanitarios. Sin embargo, dicha Comisión fija los precios para su uso por el Sistema Nacional de Salud (SNS), que no participa directamente en la negociación.

En la inclusión de medicamentos en la financiación del SNS y la determinación de los precios para el uso de los mismos en este ámbito, la Ley 29/2006, de 26 de julio, en distintos artículos (89, 89 bis, y 90) de su redacción actual, dice que la Comisión debe tener en cuenta distintos criterios sanitarios y no sanitarios, incluidas valoraciones de su coste-efectividad e impacto presupuestario, antes de fijar el precio “de manera motivada y conforme a criterios objetivos“, sin cuya fijación no es posible su prescripción en el SNS.

La reiteración legal de la necesidad de justificar las razones que han llevado a establecer el precio fijado para el uso de cada medicamento por el SNS, no se acompaña, sin embargo, del establecimiento legal de una obligación taxativa de hacer pública la justificación mencionada, de manera que el precio fijado pudiera ser recurrible en su caso por quien se pudiera ver afectado por el mismo en sus intereses. La ausencia de una clausula legal que lo establezca así se ha venido acompañando, por el contrario, de una práctica sistemática en la que el conocimiento del precio, siquiera el industrial de referencia, se oculta, o se dificulta sistemáticamente, en especial en el caso de los medicamentos de uso hospitalario. Por otra parte, los precios industriales tienen el carácter de “máximos” y no tienen por qué ser los aplicables por igual en todas las instituciones y servicios, que tampoco son conocidos públicamente. La existencia de diferentes sistemas de compra descentralizados facilita, por el contrario, que el precio real aplicado a instituciones y servicios distintos del SNS responda a las políticas de precios diferenciales que más convenga a los intereses del laboratorio implicado.

Esta manera de actuar dista mucho de ser una negociación en la que un comprador, el SNS, pueda ejercer su poder monopsonista para negociar un precio bajo. Aunque en apariencia la fijación de precios unilateral por parte del comprador le daría aún más poder de mercado, en la práctica la falta de trasparencia en el proceso y la descentralización de los sistemas de compra provocan que el regulador se adapte en gran medida a las demandas de los laboratorios, que ejercen presión a través de asociaciones de pacientes y de médicos, informados de forma obviamente interesada sobre la benevolencia y novedad de sus medicamentos.

En el caso del Sovaldi, la reciente creación de una nueva comisión, dependiente únicamente del Ministerio de Sanidad, para analizar los aspectos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad, y proponer las medidas de utilización más adecuada del producto desde el punto de vista médico, confirma que su labor en este caso, que legalmente debería haber correspondido a la Comisión Interministerial citada antes de la fijación del precio, no se ha cumplido, sin que, como se ha indicado, existan siquiera vías establecidas para recurrir el acuerdo que se haya adoptado; en esas condiciones, el mismo puede, sin embargo, ser revocado por el propio órgano, la Comisión Interministerial que lo adoptó. Como consecuencia, hasta el momento, el precio máximo que parece se ha fijado para ese tratamiento (25.000 euros por tratamiento de 12 semanas) es muy elevado.

3) La demora en la fijación del precio ha tenido efectos secundarios muy importantes en la manifestación y la extensión del problema ante la opinión pública.

La autorización del medicamento por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se produjo en noviembre de 2013, aunque la fijación del precio para el SNS no parece haberse hecho hasta un año después. A su vez, el Mº de Sanidad hizo pública en octubre de 2014 la previsión de los pacientes a los que se podría aplicar en función del precio y el presupuesto disponible fijados, y no a la inversa. El criterio era el de incluir a los pacientes afectados en fases más avanzadas (fase 4 descompensada), de manera aún más restrictiva que en otros países (que incluyen la fase 4 no descompensada) hasta un total de entre 5.000 y 6.000.

Durante el año trascurrido entre autorización y fijación de precio, el conocimiento por parte de los profesionales médicos de la existencia de un producto más eficaz para el tratamiento de la infección que los disponibles, sin que, sin embargo, fuera posible su uso por no estar establecido su precio, creó suspicacias frente al Ministerio de Sanidad. Esas razones llevaron finalmente a que, cuando el Ministerio hizo públicas las pautas de uso indicadas adaptadas al precio fijado, estas fueran contestadas mediante un comunicado un tanto insólito de la Asociación Española de Estudio del Hígado, invitando expresamente a que los profesionales del SNS no siguieran las pautas indicadas.

Son esos fundamentos los que dieron lugar a la protesta de distintas asociaciones de pacientes, que, de manera comprensible pero no necesariamente compartida, demandan el uso inmediato y generalizado del producto, sin referencias a las indicaciones en que se debería utilizar, ni al precio aplicable para su utilización .

Pero no sólo es peculiar la situación de la crisis en España. También lo son las propuestas que se están planteando para su solución desde distintos ámbitos.

 Propuestas de actuación frente a la crisis realizadas hasta ahora

1) Entre las propuestas más populares se encuentra la aplicación de excepciones previstas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Doha para, en casos de “emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”, saltarse la patente y fabricar el producto por laboratorios de genéricos (¿españoles?) habilitados al efecto. Esto ya lo hicieron India y Brasil a principios de los años 90 para fabricar antirretrovirales (no susceptibles de suministrarse a países desarrollados) para el tratamiento del SIDA. Pero también Estados Unidos en 2001 con la producción de Ciprofloxacino cuando se extendió allí el temor a un ataque terrorista masivo con el bacilo del ántrax por vía postal. India acaba de rechazar ahora la concesión a Gilead de licencias condicionadas a laboratorios de ese país, que había sido solicitada por el laboratorio  para fabricar el Sovaldi y venderlo a bajo precio allí y en otros países en desarrollo. La negativa supone un nuevo intento de aplicar en este caso la excepción citada.

La inconveniencia principal de difundir este tipo de propuestas para España es que las expectativas que pueden generar para una solución inmediata del problema no se pueden cumplir: la aplicación de la excepción citada por un solo país miembro de la Unión Europea es inviable, pues el cumplimiento de los derechos de patente forma parte esencial de las condiciones de adhesión a la Unión, y la declaración unilateral de esa excepción constituiría una infracción importante de esas condiciones, que sería sin duda demandada por la Unión o alguno de sus países miembros, en especial por aquéllos que disponen de una industria farmacéutica propia desarrollada, lo que no es el caso de España . Por otra parte, el apelar a razones de excepción, que son más económicas que realmente sanitarias, se ve además dificultado por la carencia de una industria farmacéutica propia, que pudiera afrontar la fabricación del medicamento con las suficientes garantías.

Esto no quiere decir que no exista necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre los países de la Unión para afrontar el coste de los nuevos medicamentos biotecnológicos. Esto ya fue planteado por Francia y aceptado por otros 14 países miembros, entre los que no se encontraba España, en Julio de 2014. Pero el logro de avances en esta materia, que deberíamos reimpulsar, tiene dificultades manifiestas, que no permiten pensar que se pueda contar con ellas como una solución inmediata al problema antes de un medio plazo, si no más largo.

2) La segunda propuesta que se ha discutido es crear un fondo especial que financie de manera específica el tratamiento de esta enfermedad. Dicha medida, que no sólo no reduciría los precios, sino que obviamente no sería neutral desde el punto de vista presupuestario, supondría en la actual situación de reducción del presupuesto público, la reducción de otras partidas generales en beneficio de los pacientes de esta enfermedad. Crea además el problema adicional de credibilidad derivado de que su aprobación no garantizaría, sino al revés, que no se debieran crear fondos semejantes en el futuro para cubrir el uso de nuevos medicamentos biotecnológicos con precios similares , o incluso más elevados , muchos de ellos ya autorizados en nuestro país para el tratamiento de otras enfermedades incluso más graves y de evolución más rápida que la hepatitis, y cuya diferencia principal con ésta es el número de pacientes afectados.

La indefinición de la cuantía de ese fondo, derivada de que no se han especificado las indicaciones prioritarias de tratamiento con este medicamento, ni la población que sería susceptible del mismo, hace además que esta propuesta sea de difícil aceptación sin mayores especificaciones. En un cálculo extremo, la cuantía de este fondo podría alcanzar una cifra de entre 7.500 y los 22.000 millones de euros (25.000 euros x 300.000 ó 900.000 pacientes), esta última una cantidad equivalente a la del rescate de Bankia, o la tercera parte del presupuesto anual del SNS (65.000 millones de euros) .

Definición de la crisis y propuestas alternativas

La situación descrita nos permite decir que, en nuestra opinión, la situación en la que nos encontramos no se puede definir, al menos de manera principal, como una crisis sanitaria, que precise de soluciones extraordinarias de ese carácter, incluídos procedimientos de detección de casos desconocidos, cuya indicación cabe poner en cuestión.

Una parte de la solución necesaria de la crisis es, de manera indudable, definir de manera similar a lo fijado en otro países, que incluyen al menos casos de cirrosis no descompensada, las indicaciones del tratamiento con el sofosbuvir, dotar la financiación de esos casos de presupuestos suficientes, y garantizar que el tratamiento prescrito con arreglo a esas pautas llegue a todos los pacientes sin retrasos y en condiciones de igualdad, lo que, según las primeras informaciones que se van difundiendo por las CCAA, no se corresponde con la actual situación. Las mismas desigualdades entre CCAA parecen existir en cuanto a la definición de los casos susceptibles de aplicación del tratamiento incluso con los criterios previos, lo que podría ser un intento por parte de algunas de ellas de obtener financiación adicional en el caso que ésta se pudiera plantear    

Sin embargo, lo que creemos que está realmente en cuestión es el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos en España, en especial para su aplicación y uso homogéneo por el SNS; un mecanismo que había venido funcionando hasta ahora en equilibrio aparente, incluso en casos de medicamentos de precio más elevado pero menor afectación poblacional de la enfermedad correspondiente, hasta la fijación del precio del Sovaldi, sin que ni los laboratorios ni la Administración la hubieran puesto puesto en cuestión. El resultado era, por esa razón junto con otras, que el gasto farmacéutico en España  en proporción a su renta  ha venido estando por encima del de otros países de nuestro entorno más ricos. La “crisis” del Sovaldi ha puesto en evidencia que esos mecanismos opacos que evitan que el SNS ejerza su poder de compra  no son sostenibles en el futuro si se quiere que la prestación farmacéutica siga siendo viable en condiciones de equidad y que, en consecuencia, deben cambiarse, más aún en previsión de la aparición inminente de nuevos medicamentos de características similares, incluso para esta enfermedad, que ya han empezado a aparecer.  

Propuestas alternativas a corto plazo

Frente al problema más inmediato en los términos que lo hemos fijado, creemos que no existe otra salida razonable que la creación de una Comisión como la que ha creado el Ministerio de Sanidad, que lleve a cabo lo que la Comisión Interministerial debió hacer antes de la fijación inicial del precio, todavía desconocido, del Sovaldi. Que ésa sea la solución más razonable no debe, sin embargo, suponer que a esa Comisión se le conceda un cheque en blanco.  Por el contrario, creemos que se le debían exigir determinadas condiciones para apoyar su labor:

1.- La primera, la aclaración de los conflictos de intereses que pudieran afectar a varios de sus miembros que, como han destacado los medios de comunicación, pueden tener relaciones estrechas con el propio laboratorio Gilead. La intervención de personas financiadas o con relaciones con los laboratorios en la publicación de trabajos científicos o en la participación en grupos de trabajo que realizan recomendaciones para el uso de sus  medicamentos es un instrumento habitual de trabajo de la industria farmacéutica, que también se ha utilizado en otros países en el caso del Sovaldi. Se trata de una cuestión central que podría poner de nuevo en cuestión los trabajos de esta Comisión, por lo que su aclaración es imprescindible, con las consecuencias que se pudieran derivar de la misma, incluso en términos de modificación de su composición, si se confirmasen esos vínculos.        

2.- En segundo lugar, el diseño de una política clínica global de aproximación al  problema concreto, que incluya no sólo la definición de los casos prioritarios a tratar con el nuevo medicamento, sino también las pautas a seguir en el tratamiento de los pacientes afectos en un grado menor de desarrollo de la infección, con repercusiones de afectación hepática más reducidas, con la posible utilización o no de otros tratamientos de eficacia menor, pero también significativa, y precio también menor .

3.- En tercer lugar, la puesta en marcha de mecanismos de participación profesional que permitan evitar que las recomendaciones adoptadas por la Comisión puedan ser contestadas de manera colectiva por las asociaciones profesionales, como ya ha ocurrido en este caso, lo que, siendo una situación anómala por completo por parte de la sociedad profesional correspondiente, no se debe repetir. En todo caso, se deben obviar afirmaciones estériles, como las que recientemente realizó el Presidente del Gobierno: “Ningún enfermo se quedará sin el medicamento que le prescriba su médico”. Es fácil ver la amenaza velada que podrían encerrar estas palabras de incidir por criterios económicos en la libertad de prescripción del médico para que al gobierno le cuadren las cuentas. Por otra parte, su inutilidad ha quedado ya de manifiesto si no se consigue la participación y el compromiso profesional con el respeto a las recomendaciones que emanen de la Comisión.       

4.- Por último, que la definición de las condiciones de aplicación de los distintos tratamientos se acompañe del compromiso por parte del Ministerio de Sanidad de la negociación de un nuevo precio del medicamento para su aplicación en el conjunto del SNS en función de los criterios de utilización prioritaria establecidos y el cálculo de la población a la que resultasen aplicables. Esta nueva fijación del precio del producto (acompañada de la del daclastavir, un nuevo producto para el tratamiento de la misma infección que acaba de ser aprobado en estos días sin que se conozca el precio industrial fijado) debe acompañarse del compromiso añadido de la compra inmediata de estos productos al precio acordado, a través de los mecanismos de compra centralizada en el SNS que se están utilizando ya de manera parcial para otros. Este mecanismo de compra es el único que puede evitar en este momento las diferencias en la utilización de los productos  y el incremento de costes para el conjunto del SNS que se pueden derivar  de su compra descentralizada por distintas Comunidades Autónomas o servicios y centros sanitarios.

Si se cumplieran esas condiciones por el Ministerio de Sanidad, su cumplimiento debería, a su vez, acompañarse del compromiso por parte de  los restantes partidos de renunciar a otras medidas  de oposición actual al Mº en esta crisis (querellas personales, apoyo a las demandas de grupos de pacientes sin mayores matizaciones, y otras) cuyo resultado final, sea cual sea la intención con la que se formulan, no es otro que el de reducir el poder de compra que puede poner sobre la mesa el Ministerio de Sanidad  en cualquier negociación. 

El futuro de la financiación de los medicamentos

Por otra parte, la crisis que consideramos principal que se ha puesto de manifiesto en este caso, la de los mecanismos de compra de medicamentos vigente en el SNS, debería derivar en la exigencia de que los distintos partidos, que afrontan un período electoral prolongado, formulen sus propuestas sobre distintas cuestiones que afectan profundamente a la compra y el gasto en medicamentos por el SNS, si se quiere evitar su colapso financiero como consecuencia de este último. Entre esas cuestiones se deberían incluir:

1) Las de  posible modificación de los mecanismos legales previstos para la fijación de precios de los medicamentos aplicables a la compra de los mismos por el SNS, así como los mecanismos de compra utilizados por éste, y las condiciones para la utilización de mecanismos de compra centralizada por los servicios autonómicos de salud, hasta ahora utilizados sólo de manera parcial y voluntaria por cada una de las Comunidades Autónomas.

2) Los mecanismos de financiación adicional para la compra de los nuevos productos biotecnológicos por el SNS que puede ser necesario establecer para afrontar los costes de estos últimos, en tanto se alcanzan medidas a nivel europeo que permitan conseguir una reducción general de los precios de los mismos en el conjunto de los países europeos.

Creemos que es inaceptable dedicar una parte mayor del presupuesto farmacéutico a la financiación de estos nuevos medicamentos a cambio de reducir aún más la financiación pública de los medicamentos de uso más general, en los que los recortes y los copagos han llegado a un límite extremo.

Planteamos por ello que entre estos mecanismos de financiación adicional cabría incluir la posibilidad de un impuesto finalista dedicado a la financiación de los nuevos medicamentos, de forma que el contribuyente fuera plenamente consciente del elevado coste de los mismos y por ello adecuaran sus demandas de cobertura sin dejarse llevar por el chantaje sentimental que genera el debate mediático. De esta forma, el político estaría también sometido a la presión adicional de saber que sus decisiones sobre precios tienen costes para sus electores y anticiparían mejor los efectos de permitir precios altos antes de establecer criterios médicos claros sobre la idoneidad de los medicamentos. Proponemos por tanto, fortalecer la conciencia del gasto frente a la demagogia compasiva.

3) Por último y ante las evidencias de que la reducción de los precios de estos nuevos medicamentos, no es posible de manera significativa de manera aislada por ningún país europeo solo, se debe también exigir que los distintos partidos se pronuncien acerca de las propuestas que se podrían llevar al ámbito de la Unión Europea para colaborar en el sentido indicado, así como las formas que podría adoptar esa colaboración.

Esta exigencia se debe extender a solicitar explicaciones precisas al partido del gobierno para que se justifiquen las razones que llevaron a éste último a no sumarse en Julio de 2014 a la iniciativa apoyada por hasta catorce países europeos  en el sentido indicado, cuyo desarrollo, pese a la realidad contrastada de los mismos, se pretende ahora negar. Las incoherencias mencionadas constituyen ahora una importante hipoteca para la credibilidad y la eficacia de los propósitos enunciados por el actual ministro de Sanidad de llevar estas cuestiones al ámbito del debate europeo.

Conclusión        

En el actual contexto, y dados los errores cometidos, es prioritario un estudio médico serio sobre las indicaciones para las prescripción del fármaco. Quizá además con el tiempo ganado mientras se establecen dichos criterios y al igual que está ocurriendo en otros países europeos, la competencia entre laboratorios ayude a bajar los precios. En todo caso, plantear ahora conflictos entre pacientes y médicos prescriptores, entre criterios profesionales médicos, o entre comunidades autónomas, todos ellos actores sometidos a las influencias de los laboratorios que, bajo el amparo de las competencias sanitarias respectivas, rompan el consenso sobre los criterios de prescripción y creen conflictos y desigualdades entre ciudadanos de distintas condiciones y territorios, es lo último que necesitamos. Todo ello contribuiría a romper la relación de confianza que es necesario mantener en nuestro SNS, que es el único que, pese a sus defectos, y con las modificaciones que sean necesarias, permite acceder en las mejores condiciones de igualdad posibles a la atención sanitaria en general, y también a estos productos, por la mayoría de la población.

NOTA: Una versión previa más reducida de este artículo fue publicada por los mismos autores en dos partes en el blog Nada es Gratis  el 28 de enero de 2014 con el título Nuevos medicamentos para la hepatitis C, ¿valen lo que cuestan? (I: Análisis)  (II: Propuestas) .

* Pedro Rey es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología, secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

¿Un año de cine?

Por: | 09 de febrero de 2015

650_1000_rovira-goyaFERNANDO RUEDA

La curiosidad mediática por analizar el perfil más político y reivindicativo de la fiesta del cine español ha sido este año menos estridente que otros y ha dado lugar a informaciones con algunos mensajes esperanzadores. Los protagonistas se dan un respiro por el buen dato de la cuota de pantalla de cine nacional, por el incremento del número de espectadores respecto de 2013 -año del Ivazo-, y por la buena acogida de algunas producciones españolas, comenzando por ocho apellidos vascos, que recaudó casi la mitad del total de las películas españolas.

El cine español mejora sus datos en 2014, pero ¿es debido a una buena cosecha de películas de calidad?, ¿es porque resurge la buena conexión entre público y creadores? ¿Es el cine una industria que ha salido de la crisis?

Lo cierto es que las ayudas públicas y las inversiones en la industria cinematográfica se han reducido a la mitad desde el inicio de la crisis. La inversión de las televisiones en producción audiovisual también se ha reducido a la mitad. La drástica caída de la publicidad junto con el paulatino descenso de las subvenciones de las televisiones públicas son los responsables.  Las consecuencias han sido la destrucción de empleo y la desaparición de muchas productoras, así como una pérdida de competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional, donde los costes de producción son fundamentales para competir. 

Si se observan los datos de producciones y estrenos de películas españolas en los últimos cinco años, se constata que si bien se ha recuperado el ritmo de producción media, existen dos tendencias especialmente significativas que aconsejan ser prudentes a la hora de hablar de recuperación.

Por una parte se rompe el equilibrio entre el número de películas producidas y el de películas estrenadas. Si en 2010 se produjeron en torno a 200 largometrajes  y se estrenaron en torno a 140, en 2014 tan solo se han estrenado unos 60, por otras 200 producciones.

Por otra parte, la mayoría de las películas tienen una producción artesanal que las deja fuera de los circuitos comerciales.  Las películas de los nuevos realizadores tienen un coste medio de un millón de euros, cantidad que se multiplica por cuatro para las producciones de éxito.

  Captura de pantalla 2015-02-09 a la(s) 12.36.01

La cinematografía en España 2010-2014 (datos del ICAA)

El cine español se encuentra en una encrucijada difícil, con unos recursos que se han dividido por dos, lo que ha destruido gran parte de su tejido productivo y no termina de encontrar su espacio en los nuevos canales de distribución como las plataformas televisivas y las plataformas de Internet, lo que hace más difícil, si cabe, la competencia en los mercados internacionales.

La Fundación Alternativas presentará este mes su informe sobre el estado de la cultura en España, del que se han recogido algunos de los datos presentados, y en el que se establece que si hay una salida de futuro para la industria del cine, ésta pasa irremediablemente por el entorno digital. 

Cabría vertebrar una política cinematográfica pensando en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en el fomento de la distribución en la red, como  la mejor herramienta para mejorar la posición del audiovisual español en todos los mercados.

 * Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

España y el Consejo de Seguridad

Por: | 06 de febrero de 2015

Unknown
NICOLÁS SARTORIUS

I.- Es sin duda un hecho positivo el que nuestro país forme parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en un momento tan trascendente de las relaciones internacionales. Mi primera reflexión se refiere al periodo 2015/2016 en que seremos miembros de dicho Consejo. Pues si tenemos en cuenta que a finales del primer año celebraremos elecciones generales  y es de prever un cambio de Gobierno, lo más positivo sería establecer algún mecanismo -parlamentario- con el fin de consensuar la posición de España en los temas importantes que se vayan planteando. Sería la manera de dar continuidad y coherencia a nuestra política en Naciones Unidas.

II.- En mi opinión, España debería apostar por un papel más activo del Consejo, más intervencionista, si tenemos en cuenta la creciente globalización de las crisis y queremos evitar actuaciones unilaterales. Intervención que debería buscar la más amplia participación, en especial con los países de la región  donde se origine el conflicto. De otra parte, hay que superar la idea de Naciones Unidas como  una especie de bombero universal que acude, como puede, a los  incendios que se declaran  e, insistir, por el contrario, en una labor preventiva mediante los instrumentos adecuados de análisis e incidencia diplomática y asistencial. La Unión Europea, por su parte, se debería coordinar más y mejor en el seno del Consejo creando una especie de  Eurogrupo ONU, aunque fuese informal. Por último y en todos los casos, los principios que deberían informar nuestra posición tendrían que ser la búsqueda y restablecimiento de la paz, la defensa de los derechos humanos sin excepción y el desarrollo sostenible.

III.- Ahora bien, España debe intentar, conscientes de que no será fácil, un perfil propio durante su mandato. Por ejemplo y por abordar algunas cuestiones: En la  lucha contra el  terrorismo yihadista deberíamos incidir en un acuerdo internacional, con sanciones incluidas, tendente a estrangular la financiación del mismo, pues es aberrante que haya estados o empresas que, de manera directa o indirecta, lo estén financiando. Deberíamos jugar fuerte en encontrar una solución al conflicto israelo-palestino con una resolución aceptada por las partes, en especial después de las elecciones en Israel. Por razones históricas y de cercanía no podemos desentendernos de buscar la descolonización del Sahara y de insistir en el levantamiento del bloqueo a Cuba. Ahora que Estados Unidos ha iniciado el deshielo y todos toman posiciones, España debe entrar a fondo en la ayuda a Cuba y abandonar la desastrosa política de la “ posición común” que el gobierno Aznar vendió en la Unión Europea y que tanto daño nos ha hecho. En mi opinión, debemos ser prudentes en el conflicto de Ucrania, que puede desestabilizar Europa entera , metiéndonos en una especie de “guerra fría(y/o caliente)” con Rusia en la que todos saldremos perdiendo. Deberíamos empujar en el sentido de lograr un acuerdo con Irán, que es clave en toda la zona. No tiene lógica ser aliados de Arabia Saudita y “ enemigos” de Irán.

IV.- En temas transversales, España tiene posiciones y experiencia solida en la lucha contra el terrorismo de género y deberíamos colocar como prioridades en la agenda ONU la protección del medio ambiente, el tráfico de persona y armas, el narcotráfico y la delincuencia financiera( paraísos fiscales) gran desestabilizador de las sociedades modernas.

Es evidente que España deberá tomar posición en otros muchos temas, sensibles para nosotros, como pueden ser la seguridad en el Sahel, todo lo referente a Oriente Medio- Irak, Libia, Siria, África subsahariana, en donde ya estamos presentes, mas en todos estos casos nuestra acción tiene que estar necesariamente consorciada con nuestros aliados europeos.

V.- Por ultimo, un apunte sobre el funcionamiento del Consejo. No es nada fácil modificarlo, pero resulta una antigualla el derecho de veto de los cinco “ grandes”, residuo de la Segunda Guerra Mundial. Se debería limitar este veto solo a las cuestiones de la guerra y la paz. De otra parte, no tiene sentido que países como la India, Brasil, Japón no sean miembros permanentes o por lo menos con mandatos prolongados. Me parece bien que Lituania, Nueva Zelanda o Senegal sean miembros del Consejo pero que no esté, en la actualidad, la India con más de la sexta parte de la humanidad resulta un contrasentido. Hay que democratizar y transparentar a las Naciones Unidas, colocándola en consonancia con la actual situación del mundo y no con aquella que había al finalizar la II Gran Guerra.

 

* Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

El País

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