Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Las tertulias políticas: ¿participación plural o elitista?

Por: | 29 de abril de 2015

Unknown¿Quién participa en las principales tertulias políticas televisivas de la mañana? ¿Políticos? ¿Periodistas? ¿Qué medios participan más?  

La reciente destitución hace un mes del presentador estrella de la tertulia política televisiva las mañanas de Cuatro, Jesús Cintora, ha creado un pequeño revuelo especulándose sobre las razones del apartamiento del presentador que consiguió que se duplicaran las audiencias del programa frente a una fuerte competencia. ¿Razón política? ¿Estrategia comercial? ¿Diferentes entre presentador y superiores? El caso es que las tertulias televisivas han triunfado en la programación de la mañana de los principales canales por su gran éxito. Por lo que tienen una cierta capacidad para formar una opinión sobre los temas políticos más actuales y candentes. La peculiaridad de dichos programas es que el presentador está rodeado por una mesa de contertulios. Tras un seguimiento diario durante tres semanas laborables (entre el 23 de marzo y el 17 de abril, con la interrupción de la Semana Santa) de los contertulios presentes en las diferentes mesas políticas de las principales tertulias televisas de la mañana, sumando así casi 400 participantes. A partir de esos datos, ¿qué perfil tienen las personalidades más influyentes?. Los programas en cuestión han sido, Los desayunos de TVE de la 1, Espejo Público de Antena 3, Las mañanas de Cuatro, El programa de Ana Rosa de Telecinco, y Al Rojo Vivo de La Sexta. 

Las tertulias suelen organizar debates invitando a periodistas de varios medios, que debaten en torno a un tema de actualidad o la entrevista de una personalidad política. Ese formato explica la composición de las tertulias en las que se puede observar que los invitados son en gran mayoría periodistas (64%), y políticos (33%). El resto de invitados a las mesas políticas suelen ser profesional del sector en el que se centra el debate: abogados, jueces, profesores, empresarios… 

Gráfica 1 : Ocupación de los invitados de los invitados 

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De manera general, dichos invitados suelen ser hombres (69%), de entre 43 y 64 años (63%). Que domine esta franja de edad no parece llamativo, tratándose de la franja en la que los individuos, en edad de trabajar, se puede suponer alcanzan una madurez, una experiencia, y unos contactos que les permiten estar presentes en esos programas para tratar de influir en la opinión pública. Las personas de más de 65 años siguen siendo bastante influyentes, representando el 11% de los participantes. Las personas de menos de 42 años representan sólo el 26%, y la proporción es aún más baja si sólo consideramos a los que tienen menos de 32 (8%). 

 

Gráfica 2 : edad de los invitados y contertulios 

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Los periodistas que colaboran en las tertulias televisivas proceden de la prensa escrita, siendo la proporción de periodistas televisivos ínfima (6%). Por otra parte, la diversidad de medios representados es significativa. Pues, si podría pensarse que la mayoría de colaboradores proceden de los principales medios de información, se puede observar que sólo representan el 35% de los participantes. La mayor parte de contertulios procede de numerosos otros medios de información (prensa digital, etc.), aunque son sobre todo periodistas independientes que colaboran con varios medios de información y no se les puede vincular a uno en particular.  

Gráfica 3: medio de información del que proceden los contertulios

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¿Encajan en este perfil los invitados que más apariciones tuvieron durante este mes de observación? La persona con más apariciones ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Rivera, de 35 años, entraría en la segunda franja más representada, la de los 33-42 años (18%). Por otra parte, el líder de Ciudadanos, es la cabeza visible del partido, en el que éste basa casi toda su comunicación. Intentando asentarse como un partido nacional, como una alternativa a Podemos dentro del campo de los nuevos partidos, esta gran exposición y presencia mediática de Albert Rivera no resulta sorprendente. Por otra parte, es muy influyente en Twitter, con un número creciente de seguidores (249 000 a principios de abril, 264 000 a principios de mayo). En cuanto a periodistas José María Calleja y Francisco Marhuenda (La Razón) son los que más apariciones han acumulado. Ambos entran en la franja de edad más representada con 59 y 54 años respectivamente. Si el primero centra su trabajo en su participación en las tertulias televisivas, y en particular en La Sexta, el segundo es el director del diario La Razón, sin embargo se hace también muy presente en pantalla. Francisco Marhuenda tiene una notoriedad Twitter algo menos importante, con un poco menos de 80 000 seguidores. 

Los participantes en las tertulias políticas televisivas presentan entonces un perfil particular. A pesar de la relativa diversidad del origen de los contertulios, estos suelen ser varones, de mediana edad (43-64 años), y, periodistas en grandes medios de información o periodistas independientes influyentes que son colaboradores habituales de las tertulias televisivas. 

 

6a00d8341bfb1653ef01bb08218379970d-120wi Adrian Eghbali es estudiante en SciencesPo Bordeaux y en la Universidad Autónoma de Madrid.

 

Empobrecimiento del periodismo cultural

Por: | 27 de abril de 2015

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ENRIQUE BUSTAMANTE 

La asfixia de la cultura en España parece incontestable como han mostrado estudios recientes (Ver Informe sobre la Cultura Española. Fundación Alternativas, 2014). Sin embargo, se ha debatido poco en nuestro país sobre el papel del periodismo cultural, especialmente el televisivo, que podría haber jugado un papel vital en este ambiente para promover la creatividad y la innovación de las culturas españolas, especialmente de las PYME,  y, en consecuencia, para apoyar la diversidad de la oferta y del consumo cultural.

Pero las cadenas televisivas, públicas y privadas, han ido mutando en estos últimos años su función cultural justamente en sentido contrario, con un periodismo cultural en trance de desaparición como tal en la programación general e incluso en los informativos diarios.

Las cadenas privadas, movidas por su búsqueda del espectáculo que atraiga audiencias masivas, ha ido trastocando la costumbre de situar las noticias culturales nacionales como happy end del telediario, para incluir en ellos cada vez más el star system global, ampliando su cobertura a cualquier campo creativo internacional, desde los éxitos estadounidenses de las majors hasta los desfiles de la alta moda, con especial predilección por la lencería, la cocina o la moda de lujo. Como precedente, resulta iluminador constatar la desaparición de la crítica cultural estadounidense, en beneficio de la dictadura del ranking de los más vendidos, cuya oposición por un crítico o un medio de comunicación sería tachado de traición intelectual a la democracia americana, como constataba Frederic Martel en su obra Cultura mainstream. Pero ese efecto es cada vez más visible en España, en las cadenas privadas de radiotelevisión pero también en la televisión pública en los últimos años, en medio de su desvarío respecto a las misiones del servicio público.

Recordemos que en febrero de 2013 se desató una viva polémica por la decisión de eliminar programas culturales tradicionales, minoritarios pero afianzados en RTVE como Programa de mano ( música), Mi reino por un caballo (teatro) o Miradas, ya previamente desplazados a peores horarios, y su sustitución por un magacín que supuestamente los englobaba, Atención obras (programado a las 23,45 horas). Y en los informes oficiales de RTVE sobre el cumplimiento del servicio público se incluyen los programas y contenidos más dispares: de la primera cadena se destacaba su cobertura de los Premios Príncipe de Asturias y la Gala de los Goya, pero también la amplia cobertura de los encierros de San Fermín. De La 2, se resaltan concursos culturales como Saber y ganar e incluso realities gastronómicos como Master Chef, patrocinado por “su interés cultural”. En ambos canales, se incluyen además los abundantes programas para empleo y emprendedores que han poblado la programación desde 2012 hasta hoy y, de la misma forma, respecto a RTVE Internacional, se incide en contenidos sobre empresa y empoderamiento, gastronomía, deporte, diseño, turismo y… cultura, que juega un papel crecientemente marginal en la Marca España (RTVE, 2013-2014). 

A este apretado balance, cabría añadir que las televisiones autonómicas han retrocedido seriamente en su empeño cultural regional, por su crisis presupuestaria y de audiencias. 

En plena crisis, la cultura brilla cada vez más, por ausencia, en la programación televisiva. Un factor cualitativo y no cuantificable, pero que contribuye notablemente a agravar la crisis general de nuestra diversidad y sostenibilidad cultural. 

* Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual en la UCM, miembro del Patronato del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

 

 

La UE ante el desafío migratorio en el Mediterráneo

Por: | 24 de abril de 2015

Unknown-1JOSÉ MANUEL ALBARES

La Unión Europea tiene, actualmente, ante sí la gestión de fenómenos migratorios de muy distinto signo que abarcan lo político, lo económico, las situaciones de asilo y refugio y la necesidad de garantizar la seguridad ante la amenaza yihadista. Todos los fenómenos están interrelacionados y en ocasiones se solapan. Sin embargo, responden a lógicas distintas, tienen países de origen y rutas de tránsito diferentes y plantean desafíos no siempre coincidentes. Asimismo, los movimientos migratorios en torno al Mediterráneo, que son los que mayor atención concentran en estos momentos, engloban a muchos países del África Subsahariana, como países emisores de emigración y no sólo a países estrictamente mediterráneos. 

Este fenómeno, en un eje que une África y la Unión Europea del sur hacia al norte no representan en absoluto un fenómeno nuevo. Es un punto fijo de la agenda común que la Unión Europa y África tienen desde hace una década. Sin embargo, a lo largo de los pasados 12 meses, los movimientos migratorios en la frontera sur de la Unión Europea han sido especialmente intensos y dramáticos, teniendo gran cobertura mediática. Ceuta, Melilla, Lampedusa han puesto de relieve la importancia de un fenómeno que no sólo persiste, sino que se plantea cada vez más con mayor crudeza. Las imágenes de barcos a la deriva atestados de emigrantes irregulares son, por el momento, el nuevo umbral que se ha traspasado por parte de las mafias que trafican con seres humanos. El Mediterráneo ha sido el principal escenario de la llegada de numerosos inmigrantes y refugiados al Sur por vía marítima en el último año y medio en condiciones humanitarias dramáticas. Ha sido un nuevo salto cualitativo y cuantitativo del fenómeno migratorio en el Mediterráneo y ha supuesto un incremento del 25%  respecto de las personas que hicieron el mismo viaje en esa ruta en el año 2013. La mayoría proceden de Eritrea, Siria y Mali, y el punto de partida privilegiado ha sido el norte de África, muy especialmente Libia que por su situación interna de ausencia de un gobierno que controle eficazmente todo su territorio y sus fronteras, ha sido terreno propicio para el surgimiento de mafias y grupos que trafican con seres humanos. Las guerras civiles en Libia, Siria o Irak que han llevado a una ausencia de control de esos Estados sobre su territorio y fronteras nos hace esperar que las rutas migratorias con origen en esos países continúen intensificándose en los próximos años, así como los dos nuevos fenómenos migratorios que han aparecido en los últimos meses: los barcos a la deriva atestados de emigrantes irregulares y los viajes de ida y vuelta, supuestamente turísticos, de ciudadanos europeos a escenarios de guerra yihadistas y su regreso a Europa profundamente radicalizados.

Para hacer frente al desafío compartido de los movimientos migratorios, muy especialmente los irregulares, la Unión Europea ha desarrollado una batería de convenios, acuerdos y estrategias en materia de migración, a nivel regional, bilateral y multilateral. Estos acuerdos e instrumentos tienen como principal objetivo la canalización de esos flujos migratorios y la lucha contra las mafias el crimen organizado y la trata de seres humanos que conllevan graves violaciones a los derechos inherentes a las personas. Así, la Unión Europa se apoya en tres grandes formatos. Las asociaciones de movilidad que son acuerdos formales con países específicos como Marruecos, Túnez y Jordania en los que los Estados Miembros pueden sumarse y participar en proyectos específicos. Las agendas comunes de movilidad, como es el caso con Nigeria y Etiopía, que son instrumentos más flexibles y centrados en el diálogo. Por último, encontramos los diálogos migratorios como tales: el Proceso de Rabat y el Proceso de Jartum. El primero está centrado en la mejora de la cooperación y el diálogo en el campo migratorio de África Occidental, y el segundo en el Cuerno de África. Participan en ambos procesos los países de origen, tránsito y destino de esas regiones y rutas migratorias. 

¿Qué planteamiento podemos esperar de la UE en los próximos años ante estos retos? Un enfoque con tres vertientes. Por un lado, la canalización de los flujos migratorios regulares en las mejores condiciones posibles. Se trata de que las personas que acceden al territorio de la UE lo hagan legalmente y con garantías y condiciones suficientes por parte del Estado receptor para integrarse. Por otro lado, la lucha contra las mafias y redes que trafican con seres humanos, sea trata de mujeres o de emigrantes irregulares. En este capítulo, la cooperación de los países de origen y tránsito es fundamental. Por último, el codesarrollo, entendido como un trabajo también conjunto entre la Unión Europea y los países de origen de los movimientos migratorios para ofrecer oportunidades de trabajo y subsistencia a esas poblaciones. Como corolario a todo lo anterior, será necesario un reparto equilibrio y homogéneo de la acogida de solicitantes de asilo.El objetivo último es que la emigración sea una opción y no una obligación ante la falta de oportunidades de todo tipo en origen. 

 * José Manuel Albares es diplomático.

ImagesADRIÁN EGHBALI

El próximo 24 de mayo, se celebrarán al mismo tiempo que elecciones autonómicas en ciertas Comunidades Autónomas, elecciones municipales en todo el territorio español. Después de las elecciones andaluzas que confirman la subida de Podemos y de Ciudadanos, las elecciones municipales son el último sondeo real a nivel nacional antes de las elecciones generales que deberían celebrarse a finales de este año. La peculiaridad de estas elecciones municipales es la no participación de Podemos, aunque en algunas ciudades se presenta bajo distintas marcas como Ahora Madrid o Barcelona en Comú. No será entonces fácil sacar conclusiones sobre el respaldo a la formación liderada por Pablo Iglesias en estos comicios.

Este análisis trata de los candidatos a alcalde, o sea las cabezas de lista, de los principales partidos que se presentan en las 50 capitales de provincia (a excepción de Ceuta y Melilla). Los datos analizados comprenden la edad, el género del candidato, su ciudad de origen, su notoriedad en las redes sociales, su formación, su profesión, sus mandatos anteriores, su antigüedad en política y su modo de designación. La recopilación de los datos, a pesar de tratarse de los principales candidatos a la alcaldía de las capitales de provincia, no ha sido sin dificultades. Existe una gran desigualdad entre candidatos en lo que a facilitación de información se refiere. Algunos candidatos ofrecen su biografía, o incluso currículum completo, en su página o blog de campaña, cuando en el caso de otros, es casi imposible conocer aunque sea la fecha de nacimiento.  

La primera característica que queda clara es que los  candidatos son sobre todo varones de entre 43 y 64 años. Si comparamos este dato con la edad media de los eurodiputados españoles (57) o de los diputados del Congreso (53), entraría en la mitad de la franja de edad que agrupa al 71% de los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de las 50 capitales analizadas. El 87% de los candidatos son hombres.  

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La madurez de los candidatos se explica en parte por la necesaria experiencia para llegar a lo alto de la lista. Se podría pensar que las elecciones municipales sirven de trampolín para la posterior conquista de mandatos regionales o nacionales, sin embargo, nos encontramos con candidatos que tienen un currículum político bastante denso. La gran mayoría de candidatos a alcalde ya ha sido concejal en ese mismo ayuntamiento o asumió ya un mandato autonómico. La proporción de candidatos con ningún mandato anterior no es tan baja, sobre todo debido a las candidaturas de los nuevos partidos. Los candidatos que únicamente tienen experiencia nacional son los que menos consiguen llegar a la cabeza de las listas, mostrándose así la importancia de una implantación local o regional. Dicha importancia se confirma con el origen de los candidatos : un 96% se presenta en su ciudad de origen. Los candidatos suelen basar en ello su campaña, intentando enfatizar un amor por lo local. Ejemplo de ello, la declaración de la candidata PSOE a la alcaldía de Ciudad Real : “He nacido en Ciudad Real, he jugado en sus calles, […]. He paseado sus parques, he visto cambiar sus calles y, sobre todo, he compartido mi vida con sus vecinos y vecinas. Poder llegar a ser la alcaldesa de la ciudad que tanto quiero me llena de responsabilidad, de ilusión y me da fuerzas para hacer de esta ciudad la ciudad en la que quiero que crezcan mis hijos. Quiero hacer de esta ciudad la Ciudad Real que nos merecemos”. Por otra parte, los candidatos han cursado casi todos estudios universitarios, con una preferencia por las carreras jurídicas. Le siguen las carreras científicas y económicas. Como consecuencia, fuera de la vida política, las profesiones de los candidatos son sobre todo profesiones de justicia y de docencia. También son numerosos los funcionarios técnicos, que dan así el salto a la faceta política de la vida pública.

Es necesario completar este panorama general con las características de los candidatos según su etiqueta. Entonces, cabe destacar que los candidatos del Partido Popular son los más veteranos en política, con más del 50% que lleva más de 20 años comprometido en política. En el caso del PSOE, la proporción de candidatos con una antigüedad media, entre los 10 y 20 años es la más importante, representando más de un 40% de sus candidatos a alcalde. Los nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos son los que sin sorpresa presentan las candidaturas más novatas en el mundo de la política. 

Gráfica 2 : Veteranía de los candidatos en función del partido

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 De manera análoga a la veteranía, el PP es el partido con los candidatos de mayor edad, siguiéndole los candidatos de los partidos nacionalistas analizados (CiU, Esquerra, PNV y Bildu). Los candidatos más jóvenes representan a los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos. Otro dato interesante es el género, con los actuales debates sobre la generalización de las listas cremallera. El PSOE por ejemplo, dejó clara su intención de presentar listas cremallera para asegurar una paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, si nos ceñimos a las cabezas de lista, tanto para el PP como para el PSOE se trata de hombres en más del 70% de los casos.  

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Fuente : elaboración propia

Los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de las 50 capitales de provincia analizadas, nos muestran un perfil que podríamos considerar bastante clásico: varones, de entre 43 y 64 años de edad, y con bastante experiencia y antigüedad política. Queda claro que el mandato de alcalde no es un mandato para dar un salto en política, sino que demanda ya cierta experiencia, y resulta más bien ser en algunos casos un mandato de jubilación política, como para Esperanza Aguirre que quiere coronar sus más de 30 años de carrera política con la alcaldía de la capital.

Es difícil sacar conclusiones acerca de la diferencia entre viejos y nuevos partidos, ya que estos últimos conocen dificultades para presentarse en todo el territorio nacional, pero, en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, presentan un perfil diferente, siendo candidatos más jóvenes y con poca o incluso ninguna experiencia política. 

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* Adrian Eghbali es estudiante en SciencesPo Bordeaux y en la Universidad Autónoma de Madrid.

El TTIP y la cultura: Un reto para las políticas de progreso

Por: | 21 de abril de 2015

6a00d8341bfb1653ef01a3fcdcc68d970b-320wiJORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Acaban de celebrarse en distintas ciudades españolas y europeas las manifestaciones de repulsa a la firma por parte de la Unión Europea del Tratado conocido como TTIP, sus siglas en inglés, o Negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), según la jerga del Parlamento Europeo, que también lo denomina en otros documentos en español, para mayor confusión, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. La manifestación transnacional conjunta del pasado sábado muestra la preocupación de numerosos colectivos y activistas del continente respecto a las consecuencias de un tratado comercial  que, junto con el firmado inicialmente el pasado septiembre por la UE con Canada (CETA), marcará un poco del futuro de buena parte de la industria española en el mercado global

La US Coalition of Services Industries (CSI),un importante lobby de las entidades financieras de Estados Unidos (Microsoft, IBM, UPS, AT&T, FedEx, Aflac, MetLife, Citi...), creada en 1982 para obtener contratos de servicios resultantes de los acuerdos GATT de privatización, es la principal impulsora de este acuerdo. Las negociaciones, cuyas primeras rondas se mantuvieron secretas, han alcanzado gran notoriedad tras las filtraciones de varias de las propuestas, y la UE se ha visto obligada a publicitar en los últimos meses diversos materiales en torno a la misma, incluyendo detalles de los contenidos sectoriales en debate. Se trata del más amplio acuerdo de circulación de bienes y productos de las últimas décadas, de importancia crucial para la Unión Europea y su economía productiva. Y ello incluye de forma relevante al sector de la cultura y la creatividad, aunque en apariencia este no sea uno de los asuntos centrales del contenido del mismo. Un análisis de lo que puede afectar a este sector figura ya en el documento del Instituto Elcano del pasado verano "El TTIP y la cultura. Algunas notas provisionales".

El proceso para la aprobación del tratado es complejo. Si bien es la Comisión Europea la encargada de su debate y aprobación inicial, el Parlamento Europeo, que debe ratificar su firma, mantiene una cada vez más compleja tensión entre defensores y críticos. La tradicional diferencia entre conservadores y progresistas era hasta hace unos meses favorable a los primeros, partidarios del libre mercado, frente a quienes defendían una mayor regulación y control públicos del proceso. Pero los movimientos en el seno de los grandes grupos parlamentarios son constantes en torno a este acuerdo, tanto que las previsiones ahora hablan de nuevas negociaciones y condiciones (acaba de comenzar la novena ronda en Nueva York) y un largo debate que puede no finalizar este año.

El pasado jueves 16, la Comisión de Cultura del Parlamento votaba favorablemente una recomendación a la Comisión de Comercio, con la intención de trasladar a la delegación negociadora de la UE, presidida por el funcionario español Ignacio García Bercero, la incorporación de nuevas precisiones relativas a la protección de los derechos culturales. Es bien sabido que la excepción cultural no tiene lugar en la normativa legal de la UE. Su mejor aval hasta ahora es la posición francesa de defensa de su espacio cultural, presionado primero para que el sector audiovisual no apareciera incluido en las negociaciones (conseguido), y ahora la reclamación de numerosas organizaciones y personalidades de la cultura europeas ha llegado al Parlamento a través de una Opinión emitida el pasado jueves por la Comisión de Cultura y Educación, a partir de la propuesta de su Presidenta, Helga Trüpel, con recomendaciones que incluyen la reclamación de garantías de los derechos recogidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad, que el acuerdo no pondrá en peligro los servicios con un fuerte componente cultural, que no afectará a los sistemas de precio fijo de los libros ni tampoco a las subvenciones o apoyo público en relación con la cultura, la educación y el audiovisual, solicitando además la creación de una lista positiva de sectores afectados. En la opinión, votada favorablemente por la gran mayoría de asistentes, se solicita además la eliminación del ISDS del texto del acuerdo posible.

La preocupación de la Comisión Europea con los asuntos culturales en el marco del tratado quedó patente desde el pasado año, primero con la publicación en julio del documento el TTIP y la cultura, exponiendo su posición en las negociaciones al respecto, con la intención de tranquilizar al sector cultural. Pero a pesar de todas las supuestas garantías, las recomendaciones de la Comisión del Parlamento contradicen la visión optimista de ese informe de la Comisión Europea.

En un asunto de esta importancia las posiciones de los grupos progresistas en el Parlamento Europeo serán extremadamente relevantes. Ya fue así hace tres años en el rechazo al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Piratería (ACTA) y lo será seguramente también en esta ocasión. Los grupos de Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes han mostrado ya su posición de rechazo y preocupación por la cultura al respecto. Pero será el grupo socialdemócrata quien tendrá un papel crucial en el equilibrio de la balanza. 

A fines del pasado año los socialistas españoles propusieron sin éxito en el Congreso de los Diputados una enmienda para incorporar algunas prevenciones que incluían genéricamente los derechos culturales. Aclara más las cosas la posición reciente de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, manifestada por la eurodiputada socialista belga Marie Arena, estableciendo líneas rojas, en especial las relativas a la cláusula ISDS  (Investor-State Dispute Settlement, Solución de Controversias entre Inversores y Estados), mecanismo que permitiría a las empresas demandar a los estados no ante los tribunales de los países sino ante tribunales privados de arbitraje. Pero queda mucho trabajo por hacer, si las voces que dicen defender el progreso y los derechos tardan tanto en percibir la opinión de sus votantes como los hicieron en 2012 con el ACTA, tarde y mal.

Las opciones parece que mejoran al saberse que esta vez los europarlamentarios laboristas británicos están a favor de marcar esas líneas rojas; pero en cambio el SPD alemán está lejos de haberse pronunciado con rotundidad. Massimo Alema afirmaba recientemente en un debate sobre el TTIP celebrado en Washington que las esperanzas en el valor del futuro tratado están en la inclusión en un acuerdo comercial de esta importancia de factores y garantías de crecimiento sostenible y armonización de derechos. Esperemos que esta vez las razones valiosas de las mareas de protesta se traduzcan en decisiones parlamentarias claras, también en el campo de lo que afecta a la cultura, en el curso del debate.

 

* Jorge Fernández León es director de Programas en el Ayuntamiento de Gijón, gestor y comentarista de políticas culturales. 

 

Eje Miami-La Habana-Caracas

Por: | 17 de abril de 2015

PANAMÁ CUMBRE AMÉRICAS-2


VICENTE PALACIO

El presidente venezolano Nicolás Maduro no lo tiene fácil. Resulta que aquel presunto eje del mal - Miami-Madrid-Bogotá - que se cernía sobre la revolución bolivariana, no existe. Lo que se ha visto en Panamá en la Cumbre de las Américas es que para Obama, Raúl y Maduro, el verdadero eje que va a determinar el resultado de esta partida es el de Miami, La Habana y Caracas.

Y ahí nadie está del todo cómodo. La situación tiene mucho de alta política, pero también un punto de culebrón. Hay formalismo, histrionismo, contentos y descontentos a cada bandazo. De momento no ha aparecido ningún graffiti en el malecón de la Habana con un beso entre Obama y Raúl Castro (al estilo de aquél memorable entre los comunistas Breznev y Honecker). Pero seguro que la guasa cubana nos dará una sorpresa pronto. Es curioso que mientras Raúl se Obamiza, como en un tímido idilio primaveral, Maduro se Fideliza y endurece el discurso. ¿Y entre La Habana y Caracas? Continúa un importante trueque de médicos por petróleo, aunque a la baja. Y el suministro de discurso anti-imperialista de La Habana se agota por momentos. Caracas hace tiempo que se ha convertido en una patata caliente incluso para sus mentores caribeños.

Hay que mirar bien qué está pasando en Estados Unidos. De un lado, el aumento de los partidarios del fin del embargo parece imparable entre los cubano-americanos, especialmente Demócratas,  independientes, y sobre todo los jóvenes. La mayoría de éstos van a aplaudir rabiosamente la decisión de Obama de sacar a Cuba de la lista de países terroristas del Departamento de Estado. Esos porcentajes favorables a todo el proceso de apertura muy seguramente van a aumentar rápido.

Pero al mismo tiempo, la emigración venezolana en Estados Unidos plantea incógnitas. Ésta creció exponencialmente hasta alcanzar 250.000 mil personas, de las cuales casi la mitad reside en La Florida. La mayoría de los que están llegando a La Florida y a Miami son antichavistas: grandes empresarios y muchos profesionales huyendo en busca del sueño americano. Se concentran en enclaves del sur de La Florida, y van ocupando alcaldías o medios de comunicación que mantienen una línea dura hacia el régimen. Incluso pueden verse chavistas no-maduristas haciendo business por Miami y alrededores. Pero pese a ello, hay que evitar la paranoia de una nueva diáspora “a la cubana”. Para Washington, la comunidad venezolana es poco relevante electoral y políticamente, si se compara con otras comunidades hispanas como la cubano-americana, y no digamos la mexicana.

De todos modos, si quiere obtener buenos resultados de todo esto, Obama se lo tendrá que poner más fácil a La Habana, cambiando su estrategia respecto a Caracas. Ya lo está haciendo, y también está rebajando el tono: como prueba, la providencial visita a Maduro del bueno de Tom Shannon, gran conocedor de todo lo venezolano, y que como Consejero en la Embajada norteamericana entre 1996 a 1999 fue testigo del ascenso de Chávez. La torpeza de señalar a Venezuela como “amenaza a la seguridad nacional” – que quizá pretendía desviar la atención de los Congresistas contrarios a la normalización con Cuba – fue rectificada a tiempo y se salvó la Cumbre.

Obama ha entendido que Venezuela no debe convertirse por años  - o peor,  décadas - en la nueva manzana de la discordia de las Américas, y que no conviene engordar artificialmente una diáspora venezolana en Florida que podría dar un pretexto a malas prácticas por parte de Caracas. Se está en la línea de llamar al diálogo, exigiendo garantías procesales y respeto a las libertades de los opositores, y fijando unas elecciones parlamentarias limpias. Una diplomacia paciente, y no una máquina propagandística para cambiar el régimen. Posiblemente en Washington queda bastante sentido común y, como en el caso cubano, se va a priorizar la estabilidad y los cambios graduales. También Madrid debería mantener la calma, apaciguar estos nervios típicos de cambio de época, y mostrarse constructiva.  

Después de Panamá, las Américas tienen por delante reinventarse un nuevo discurso. Hay que evitar nuevos enfrentamientos estériles: UNASUR y CELAC frente la OEA, Amnistía Internacional o Human Rights Watch; o presidentes frente a expresidentes. Un continente no se puede bloquear en torno a un país como Venezuela, con una economía diez veces menor que la brasileña y una población siete veces menor. Hay que salir de ahí rápidamente. Como Obama hizo en un espectacular discurso en la Cumbre, todos tienen que reconocer sus errores. Existe la oportunidad de construir una América de los derechos civiles y políticos, del bienestar económico y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los protagonistas aún están a tiempo de rectificar.

 

* Vicente Palacio es director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas

 

 

Teología neoliberal y radicalismo económico

Por: | 15 de abril de 2015

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CARLES MANERA

Eric Maskin, premio Nobel de Economía 2007, en declaraciones a la prensa internacional: “La política de recortes de España empeorará la situación. España sigue sumida en depresión económica, y la ya mínima demanda de empleo irá a menos con la reducción del gasto público”. Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía 2010, en conversación en la London School of Economics: "La política de austeridad tiene límites, y no se ven salidas con su aplicación tan estricta. Son las opiniones de dos importantes economistas que no profesan un keynesianismo militante".

Otros expertos van en la misma dirección. Jorg Decressin, economista responsable de la zona euro del FMI, ha indicado que sin los estímulos que se aplicaron en su momento, hasta mayo de 2010, el déficit español sería mucho más elevado a causa de la pérdida brutal de la recaudación tributaria. Robert Kuttner, fundador del Instituto de Política Económica de Washington y director de la revista Prospect, es mucho más elocuente: “España no tiene un Estado de bienestar caro; sufre las consecuencias de una caída de ingresos que se achaca a la recesión. ¿Por qué castigarla con duchas frías?”. El pánico financiero, dice, tiene raíces totalmente independientes de las cuestiones fiscales. Más que dar bandazos, de lo que se trataría es de imprimir sosiego a los mercados, concluye.

Fíjense: profesionales de gran prestigio inciden en un tema que, en España, apenas se ha enfatizado por parte de los gobernantes: nuestro problema radica, en esencia, no en un incremento del gasto (como han dicho los conservadores, con claros objetivos ideológicos), sino en un desplome de los ingresos. Eso no quita que no sean criticables algunas opciones inversoras, desarrolladas a partir de gasto público. Pero no es el meollo del problema. Sin embargo, las vías de solución han pasado por reducir partidas cruciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales, I+D+i. 

Los mercados, que no son abstractos, imponen a los gobiernos exigencias harto contradictorias: reducir el déficit pero, a su vez, mantener el crecimiento. Eso es imposible, en los momentos actuales. En etapas contractivas, las estrategias de consolidación fiscal lo único que están consiguiendo es lo opuesto a lo que se persigue: el estancamiento de la economía. Se nos pide cuadrar los déficits y, al tiempo, generar crecimiento y empleo en el marco de la moneda única ¡en muy pocos años! La obstinación en este punto resulta letal para la economía. 

Europa se ha convertido, desgraciadamente, en un laberinto casi imposible para articular una política común. Y en este punto de desencuentro, lo que se antoja como razonable aparece a su vez como radical, tal y como se ha recogido en distintas aportaciones el Financial Times desde 2012. Sí, no se espanten: según el prestigioso rotativo, los sacrificios exigidos a Grecia no aportan resultados plausibles y afirmar eso y plantear otras vías supone un radicalismo del mensaje. Y un exponente de una subversión que coloca a los economistas que defienden esos postulados en el rincón del olvido y la marginación. 

 * Carles Manera es catedrático de Historia Económica de las Islas Baleares y exconsejero de Economía en el Gobierno Balear.

La grandilocuencia del juego de manos de Juncker

Por: | 10 de abril de 2015

1426444151_995855_1426444359_noticia_normalJUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA

A través de su nuevo presidente, Jean-Claude Juncker, la Comisión Europea anuncio su nuevo y espectacular plan de inversiones para la Unión Europea. Con él, se anunciaba a bombo y platillo una inyección de 315.000 mil millones de euros para la reactivación de la economía europea. Además, con dicho plan, Juncker y sus comisarios pretenderían acallar las voces contra las exhaustas políticas de austeridad, movilizar a pymes y start-ups para manera encender los motores económicos de una nueva Europa moderna, global e incluso imperial. 

El pasado mes de marzo, los ministros de Economía de la UE dieron luz verde a la creación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI por su siglas en inglés). En él se decidió de donde provendría el dinero para dicho plan de inversiones. Todo quedó en una reasignación de 21.000 millones de euros de otras partidas presupuestarias ya existentes: 5.000 millones provenientes del Banco Europeo de Inversiones (EIB) añadidos a 8.000 millones de otros proyectos de la UE, diseñados para asegurar una contribución adicional final de 16.000 millones de euros de las instituciones. La garantía de 8.000 millones de euros vendría en un período de tres años desde el proyecto Conectar Europa (3.300 millones de euros); del programa europeo de investigación Horizonte 2020 (2.700 millones de euros) y el llamado margen presupuestario, o fondos no utilizados, por valor de 2.000 millones. El magnifico truco de prestidigitador, el magnifico tónico mágico, la panacea a todos los males del mundo, empezó a descubrirse como simple juego de manos de trilero de feria a las primeras de cambio. 

Mediante este EFSI de 21.000 millones, además de un buen puñado de trucos de ingeniería financiera, apalancamiento, inversión privada y publica adicional, se convertirían por arte de magia en unos prístinos y relucientes 315.000 millones que en parte esperaban como agua de mayo pymes y start-ups para suplir al muy deficiente sector bancario -estos sí que saben hacer desaparecer las cosas por arte de magia- que ha demostrado ser, una vez más, un negligente agente de liquidez, siendo codicioso e incapaz de asumir cualquier tipo de riesgo ni responsabilidad para con algunas de las sociedades que incluso llegaron a rescatarlos a costa de la propia protección social y representando otra barroca función donde solo se obstaculiza aun más la carrera por la recuperación económica de la UE.

De los 21.000 millones reales a los 315.000 millones anunciados hay un gran vacío relleno de delirios de grandeza y gestos grandilocuentes de cara a la galería, que acerca a Jean-Claude a presidente de república bananera en lugar de a un jefe del ejecutivo de una de las áreas mas prósperas del mundo. Ya no solo por la tendencia a la inocente tergiversación de las cifras en pos del espectáculo -o plantear la duda de si el nuevo propósito de los fondos estará por encima del retorno de la inversión que hubiera producido su asignación inicial- sino por la creación de facto de un presupuesto paralelo, controlado por un comité conjunto de seis miembros elegidos de entre instituciones de escaso valor democrático -como son el Banco de Europeo de Inversiones y la propia Comisión Europea- decidiendo sobre que proyectos merecen vivir y cuales morir, a través de un sistema de mayoría simple. 

Además este plan de inversiones que alarga la vida y hace crecer de nuevo el pelo, nace viciado, y reconocido por sus propios creadores, no funcionaraa por si solo. La Comisión planea acompañarlo de varias baterías de medidas con el objetivo de facilitar el impulso definitivo a la actividad empresarial como generador de empleo y crecimiento:  el Mercado Unico Digital (DSM), medidas para el florecimiento del emprendimiento, y la única estrategia concreta anunciada hasta ahora, en la que además se apoyan las otras dos, la continuidad de la estrategia Better and Smart Regulation para legislar mejor.

Es innegable que la economía de la UE necesita inversión pública y que las diferencias en los regímenes nacionales sean abordados y reformados, con el fin de completar el mercado único europeo justo y sostenible, que produzca retribuciones justas y empleo de calidad. Sin embargo, con el argumento de que la innovación y la competitividad no debe ser sofocado con regulaciones demasiado estrictas y detalladas, la Comisión actual está intensificando el trabajo que inició Barroso cambiando o incluso retirando muchas propuestas de ley que presentan cualquier tipo de sobre-coste para los empresarios –y que de paso protegen al medio-ambiente, a los trabajadores y a los consumidores. Por ejemplo, en el punto de mira está la nueva legislación sobre reciclaje de residuos y aire limpio, o la directiva europea de diseño ecológico, directiva que según las cifras oficiales, garantiza un ahorro anual en todos los dispositivos incluidos para 2020 equivalentes a más del 12% del consumo eléctrico de la UE en 2009.

Para añadir otro giro al argumento de este espectáculo, la estructura de la Comisión de Juncker, sus orígenes, y la designación de un vicepresidente para la estrategia Legislar mejor, Frans Timmermans- un nuevo dios de la burocracia, con derecho a veto sobre cualquier proyecto de ley que grave la actividad empresarial- son motivos para la preocupación. 

Por todo esto se podría entender este plan de inversiones como una cortina de humo, para marear la perdiz, justificando la verdadera agenda de Juncker, el EPP y los grandes empresarios europeos. El truco en el que se corta con una sierra a la señorita de la caja, con la diferencia de que la señorita es la democracia y de la caja no sale intacta. Otro truco de recorte a las leyes de todos. De hecho, en muchos sectores de la sociedad civil se entiende esta estrategia como una facilitación encubierta para eludir la fuerte oposición de algunos partidos y la mayoría de movimientos sociales europeos al acuerdo transatlántico de Comercio e Inversión, rebajando los estándares de protección al nivel estadounidense, en una carrera rápida carrera a la baja, pavimentando el terreno para el aterrizaje del controvertido acuerdo en Europa. 

Con el tiempo, este plan, impulsado por lobistas como Friends of the European Commission, con el pretexto de dar un nuevo impulso al empleo, crecimiento y la inversión pone un énfasis desproporcionado en la reducción de la burocracia y la eliminación de las barreras normativas que ellos consideran innecesarias, que es difícil entender como accidental. Por su naturaleza cíclica, la economía volverá a crecer, e independientemente de la eficacia de este plan a la hora de solucionar el rompecabezas económico europeo, el problema seguirá siendo a que precio. Quizás para cuando nos demos cuenta la agenda desregulatoria deje a los ciudadanos sin recursos legislativos para defenderse y la democracia salga desmembrada de la caja.

 

* Juan Antonio Pavón Losada es diplomado en Relaciones Laborales y Master en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht de la UE, miembro del consejo de dirección del Blog sobre inteligencia europea www.europeanpublicaffairs.eu.

* Documento relacionado: Mercado único digital, pymes y el plan de inversiones de Juncker para la Unión Europea, un trabajo de Juan Antonio Pavón Losada. 

 

Definitivamente amordazados

Por: | 08 de abril de 2015

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Como si de un regalo de Pascua se tratase, el Congreso de los Diputados acaba de dar su visto bueno (con los exclusivos votos del grupo parlamentario del Partido Popular) a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, coloquialmente conocida como la Ley mordaza. Ciertamente, se trata de algo muy distinto al batiburrillo de muy dudosa constitucionalidad que el ministro Jorge Fernández Díaz presentó en su día en sociedad, al calor de los disturbios del 15-M, y que, como se recordará, fue merecedor de todo tipo de reproches, incluido el de jueces y fiscales, por tratarse de un insólito cercenado de derechos fundamentales, una reedición del palo y tente tieso de la Ley de Vagos y Maleantes que rezumaba autoritarismo e iba destinada a impedir todo tipo de protesta social. A tal grado que, como se recordará, fue calificada incluso de "Ley de la patada en la boca", pese a incluir algunas de las recomendaciones de diferentes órganos consultivos y de distintos juristas con objeto de salvar su constitucionalidad. 

En cualquier caso, hay que admitir que han desaparecido algunas de las cuestiones más delirantes y espinosas que obraban en el anteproyecto: las identificaciones por meras faltas administrativas, los cacheos mediante desnudo integral, la imputación de algaradas a los promotores de manifestaciones (incluso legalmente autorizadas) o la disolución de reuniones ante cualquier atisbo de riesgo de alterar la seguridad ciudadana.

Pero siguen habiendo razones que explican el amplio rechazo que suscita la definitiva Ley en muchos Vagos y maleantes ámbitos. Regular la seguridad ciudadana es un ejercicio harto complejo que no puede dejarse al albur de determinados acontecimientos o ideologías: es preciso conseguir, con la delicadeza de un orfebre, un equilibrio entre la protección de la seguridad pública, aparentemente el objeto primordial de la Ley, y el deseado respeto a los derechos fundamentales, en especial aquellos relativos a la libertad de expresión o a los derechos de reunión y manifestación, entre otros.

Además, es necesario ser siempre especialmente riguroso con el lenguaje en normas como ésta que incorporan sanciones administrativas (como es el caso) o penas (como sería el caso del Código Penal): la precisión en la descripción de las conductas son una exigencia que deriva del principio de seguridad jurídica, consustancial a un Estado de Derecho como el nuestro.

En efecto, ¿cómo puede saber si no un ciudadano si una conducta que quiere desarrollar está o no sancionada, si la norma aplicable es ambigua? En tal caso el ciudadano no tendría ninguna forma de prever cabalmente las posibles consecuencias derivadas de sus actos. Además hay otros requerimientos que este tipo de normas deben respetar: la proporcionalidad entre la conducta que se quiere castigar y la sanción (o la pena, si nos movemos en el ámbito penal) que se impone. Por ejemplo, no sería de recibo, por desproporcionado, que se sancionara a alguien con 10.000 euros de multa por escupir en el suelo, por poner un ejemplo extremo e impensable. 

Así las cosas, es muy dudoso que la nueva ley cumpla con todas estas exigencias. Se añaden conductas muy genéricamente descritas con sanciones que pueden llegar a ser muy cuantiosas desde el punto de vista económico. Además, contiene una amplia panoplia de conductas que antes eran consideradas meras faltas penales y que, por lo tanto, eran objeto de intervención judicial para determinar sus consecuencias y que ahora pasan a ser infracciones administrativas, donde quien impone la sanción no es el juez, sino la Administración, de modo que si el sancionado desea que un juez lo revise, se verá obligado a recurrir ante los jueces, con el coste y el tiempo que ello requiere.

El abanico de sanciones da lugar a espacios demasiado amplios para la interpretación libérrima de las autoridades: no es el caso de las infracciones leves (de cien a 600 euros), pero sí el de las graves (de 601 a 30.000 euros); y no digamos de las muy graves (de 30.001 a 600.000 euros). Por mucho que la Administración deba tener en cuenta circunstancias como la reincidencia, las características del hecho, sus consecuencias, etcétera, y que las sanciones se subdividan a su vez en grado mínimo, medio y máximo, y que eso sirva para imponer unas u otras cuantías, el espectro existente es de todo punto abismal, en especial en estos últimos casos. Por ejemplo: el grado mínimo en las faltas muy graves permite imponer una multa de 30.001 a 220.000 euros: casi 200.000 euros de margen de maniobra. 

El examen del contenido de la ley daría para mucho. Por ello, me limitaré a traer a colación dos cuestiones, de las muchas que hay en la Ley que llevan aparejadas problemas. 

En primer lugar, se considera falta grave "la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones ante las sedes del Congreso los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas. Aunque se ha dulcificado el tratamiento previsto inicialmente a iniciativas como Rodea el Congreso o el cerco al Parlamento de Cataluña, puesto que sólo serán faltas graves las protestas ante las Cámaras si provocan una perturbación grave, hay que fijar la atención en el último inciso del precepto en cuestión: da igual que no haya nadie dentro y que no se esté perturbando de ninguna manera la normal actividad parlamentaria. La pregunta es: ¿se está protegiendo la tranquilidad de los leones que guardan las columnas a la puerta del Congreso? Además no parece que tenga que ser una ley administrativa la más adecuada para ponderar las molestias que comporta el derecho de manifestación ante un Parlamento. El Código Penal ya castiga los mismos hechos "si se altera el normal funcionamiento de la Cámara", como sabemos, especialmente después del polémico enjuiciamiento de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos en el barcelonés Parque de la Ciudadela.

En segundo lugar, ya durante la tramitación en las Cortes Generales del texto del Proyecto de ley definitiva (soslayando así el posible informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado), el Grupo Parlamentario del Partido Popular introdujo la "devolución en caliente" de los inmigrantes que sean atrapados en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla mientras intentan cruzarla, lo cual hasta ahora no era posible. Es decir, nos hallamos ante un supuesto de devolución inmediata, sin que la persona aprehendida tenga la más remota posibilidad de demostrar que puede optar al asilo político, que es menor de edad, y sin que pueda ser asistido legalmente. A reglón seguido, la Ley afirma que dicho rechazo debe hacerse respetando la normativa internacional sobre derechos humanos lo cual no deja de provocar cierta perplejidad. Resulta una contradicción en sus términos, y algo tristemente hilarante, que la norma asevere una cosa y prevea todo lo contrario.

Por supuesto hay muchas otras cuestiones discutibles en la ley, lo cual demuestra que no se ha logrado satisfacer el mínimo de exigencias que hemos señalado al principio. Así que no hay más remedio que el Tribunal Constitucional acabe pronunciándose, puesto que la oposición ya ha anunciado que va a interponer recurso de inconstitucionalidad. No será la primera vez: la hasta ahora vigente Ley Orgánica 1/1992, de protección de la Seguridad ciudadana (La célebre Ley de la patada en la puerta, impulsada por el ministro Corcuera), y aprobada a la sazón con los votos de la mayoría socialista, ya fue objeto de pronunciamiento por parte del TC (STC 341/1993). 

En cualquier caso, y pese a los cambios, la futura Ley falla por la base: se trata de un nuevo intento, como la Ley Corcuera (1992), de huir del Derecho Penal "administrativizando" la seguridad ciudadana y no de despenalizar los ilícitos menos graves. Además de la desconfianza que supone para con la Justicia, esto va a comportar, a la larga, que tenga que ser el ciudadano, y no el Estado, el que demuestre su inocencia ante los mismos «denostados» tribunales. Ya se verá.

* Joan Ridao es profesor titular acreditado de Derecho Constitucional. 

 

Los museos se adaptan al entorno digital

Por: | 06 de abril de 2015

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FERNANDO RUEDA

El anuario sobre cultura digital que publica AC/E, ha dedicado un especial a la transformación y adaptación de los museos y centros de arte a las tecnologías digitales en su edición de 2015.

Una interesante actualización de las principales tendencias digitales en los museos en el mundo, nos aporta datos sobre experiencias concretas en narrativas transmedia, en usos de big data y la relación del museo con su público, en la generación de nuevos espacios interactivos o el desarrollo de apps y webs especializadas con contenidos educativos.

Los museos más innovadores y precursores, como el Brooklyn Museum, el MOMA,Tate Galery o el Museo de Arte de  Los Ángeles,  han ido ampliando progresivamente sus contenidos digitales on line y, sobre todo, han favorecido la relación con el visitante, y muchos siguen esa estela. 

Efectivamente, los museos en España también comienzan a darse cuenta de la importancia de gestionar adecuadamente su presencia en el entorno digital y en las redes sociales y de que es responsabilidad de toda la organización. Aunque siguen existiendo bastantes reticencias por parte de los museos a incluir las TIC dentro de su ADN, por suerte esto está cambiando.

Y el esfuerzo cabe realizarlo en la formación técnica de gran parte de sus gestores, a la incorporación de profesionales cualificados dentro de las instituciones -¿existen los comisarios, conservadores y restauradores digitales?- y a la superación de prácticas desarrolladas en el pasado, que han dejado miles de kilos de cacharros tecnológicos abandonados en los almacenes y redes sociales abandonadas a su suerte. 

Sólo mediante el conocimiento y el uso de las tecnologías dentro de las propias instituciones será posible sacar todo el partido a las plataformas y canales digitales y proporcionar un contenido de interés para los usuarios. Será un proceso complejo y largo, pero al final del mismo veremos unos museos muy diferentes a los actuales, donde se establecerán nuevos modelos de relación con el usuario.

Las TIC ya ocupan un espacio relevante como elemento clave de difusión cultural, y habrá que superar la visión de un gran número de directores y conservadores -que no son precisamente nativos digitales- que veían con preocupación las consecuencias no deseadas de la desmoralización de sus espacios.

 * Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

 

El País

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