Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Del referéndum británico a una III Convención Europea

Por: | 29 de mayo de 2015

Carlos Carnero, Luis Bouza y Susana del Río

Es una obviedad decir que la crisis fundacional del euro se ha gestionado en la urgencia. Además,  aunque los llamados Estados acreedores tenían en cualquier caso las mejores bazas en la negociación que estaba por venir, no cabe duda que más allá de la presión de los mercados, la poca rendición de cuentas tras los debates en la cumbre y las cartas con condiciones secretas no son neutrales sino que más bien contribuyen a desequilibrar aún más la balanza.

El  primer ministro británico, David Cameron, parece haber comprendido la oportunidad que ofrece la urgencia a quien quiere establecer la agenda y pretende convocar en 2017 el referéndum sobre la permanencia británica en la Unión para mejorar su posición negociadora y minimizar las divisiones en el Partido Conservador. Muchos sospechan que no busca que el Reino Unido evite participar en algunas políticas comunitarias - un compromiso ya en vigor en materias como Schengen o el euro -,  sino conseguir un nuevo compromiso de Luxemburgo que le otorgue al una capacidad de veto más o menos permanente sobre las grandes cuestiones. Influencia que ganaría a costa de los demás Estados y fruto de la  presión por alcanzar un acuerdo.

Cameron 1

Negociar en la urgencia, a altas horas de la madrugada y pendientes de una llamada o una reunión que desbloqueen la negociación, son prácticas tan clásicas de la UE que casi han adquirido un carácter constitutivo. Pero la UE también ha tomado conciencia de los "monstruos de Frankenstein" que pueden salir de negociaciones en estas circunstancias y ha usado con éxito en el pasado la fórmula de la Convención para definir una Carta de Derechos Fundamentales (2000-2001) y para  redactar su primera Constitución  (2003-2004). A diferencia de las negociaciones intergubernamentales, estas convenciones han contado también con representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, además de haber establecido mecanismos de consulta con la sociedad civil.  Muy importante: se han reunido en público, con una agenda negociada de antemano entre sus miembros y con plazos relativamente extensos. Los gobiernos siguen teniendo la última palabra, pero este método de trabajo cambia las condiciones de negociación. Se facilitan reformas de los tratados apoyadas en un debate más o menos amplio - en el cual los participantes tienen que argumentar sus posiciones más allá de sus legítimos intereses particulares- y no sólo en transacciones cruzadas cada vez más complejas. 

Los menos partidarios de un amplio debate político sobre el futuro de la UE, en especial el gobierno alemán, argumentan que una Convención fomenta la  “desmesura”  de los europeístas y que la Constitución Europea redactada por la Segunda Convención fue ampliamente rechazada en referéndum en Francia y Holanda (olvidando que también fue aprobada por igual método en España y Luxemburgo). Afirman que debido a la confusión en torno al proyecto europeo - en algo más de un año desde hoy la posición del Reino Unido y Grecia en la UE podría verse significativamente alterada - y el escepticismo de la opinión pública un nuevo rechazo  podría sumir a la UE en una crisis aún más profunda. Ignoran el contenido del Tratado en vigor, que obliga a que las siguientes reformas sean objeto de una Convención a no ser que el Parlamento Europeo renuncia a la misma, lo cual es improbable. El miedo al referéndum también parece confirmar que entienden que la urgencia favorece la adopción de decisiones impopulares. Pero la única manera de que los ciudadanos que hoy desconfían de la UE acepten las transferencias de soberanía a una unión política  que garantice una gobernanza federal y democrática es que las reformas del tratado que implica este proyecto sean objeto del debate amplio, transparente y representativo que  aseguraría una tercera Convención. Convención que sería una garantía para los propios  británicos de que las posiciones de toda la sociedad  y no sólo las del gobierno  estuvieran representadas a través de la presencia de diputados de distintos partidos en la  misma.

La Convención permitiría plantear si algunos de los compromisos que conlleva  la unión política necesaria a medio plazo para la estabilidad del euro son tan impopulares como piensan los Ejecutivos. Y si para disgusto de los que somos europeístas se constatase que la solución "más Europa y más democracia" no tiene suficientes apoyos, la Convención también es un foro más amplio para que se expongan reflexiones meditadas sobre en qué terrenos la integración ha ido demasiado lejos y qué pueden hacer de manera más eficaz y legítima otros niveles de gobierno. 

Por estrategia europeísta, por convicción democrática y por respeto a la letra de los Tratados que nos unen, la decisiones fundamentales sobre el futuro de la Unión que se van a adoptar en los próximos meses no deben  prepararlas los gobiernos en reuniones opacas. El avance de la UE pasa por una nueva Convención cuyo método, legitimador en sí mismo, ayudaría a recuperar la confianza ciudadana en el proyecto europeo.

Carlos Carnero fue eurodiputado y miembro de la II Convención Europea. Director gerente de la Fundación Alternativas

Luis Bouza  es Profesor del Colegio de Europa en Brujas 

Susana del Río es miembro del Comité de Expertos de la UE

 

1382547514_107208_1384356724_noticia_normalJAVIER REY

Hace algo más de un año un grupo heterogéneo de profesionales, médicos, juristas, economistas y gestores sanitarios, hasta un total de trece, sin ninguna vinculación formal ni relación política entre nosotros, nos reunimos con el apoyo y bajo la convocatoria de la Fundación Alternativas para buscar propuestas de solución a un problema que constituía y constituye una profunda preocupación para todos: el Sistema Nacional de Salud (SNS), que todos consideramos un instrumento esencial de cohesión social y territorial, ha sufrido un proceso de profundo deterioro que pone en grave riesgo su intervención como tal y que, por el contrario, amenaza con convertirlo en un elemento de desigualdad en nuestra sociedad a añadir a las que ya existen en el terreno social y económico, que se están agravando en los últimos años.  Un deterioro que no es discutido por nadie aunque se propongan por el actual Gobierno modificaciones “paliativas” del mismo, que no son más que  una forma más de reconocerlo.

Nuestros criterios comunes coincidían también en la escasa importancia dada a la sanidad en el diseño de las políticas generales de todos los gobiernos habidos desde la instauración de la democracia en nuestro país, incluídos los primeros períodos, pese a que éstos vieron la creación del SNS.  Una importancia reducida en el nivel político general, que contrasta con el interés de cada ciudadano por garantizar  su propia protección sanitaria. Esa preocupación, expresada en repetidas encuestas del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), que se ha acrecentado con la crisis económica como consecuencia de los efectos de ésta, no alcanza, sin embargo,  el nivel político. 

Disponer de protección sanitaria para todos y de un acceso igual a los servicios sanitarios forma parte de la definición de sociedad civilizada en todos los países desarrollados, con la excepción de los Estados Unidos, donde con sucesivas reformas, la última la del Presidente Obama, pretenden acercarse a ese objetivo. En algunos países la protección sanitaria universal e igual para todos sus ciudadanos alcanza incluso el grado de elemento constitutivo esencial de la identidad nacional: ocurre así en Canadá (ver, por ejemplo,  la película Bowling for Columbine, de Michael Moore) o el Reino Unido (en este último se he llegado a decir que la sanidad pública “es lo más parecido que un inglés tiene a una religión”

Por el contrario, en España ese interés no alcanza a comprender que la protección sanitaria de cada ciudadano español sólo es posible si se garantiza y se ponen los medios para hacer posible la protección sanitaria de todos, de manera que ésta se convierta en un derecho universal de ejercicio accesible a  todos por igual; una situación que probablemente deriva de la multitud de sistemas diferentes de protección diferenciada que, 29 años después de la Ley General de Sanidad (LGS), todavía persisten.

En el punto de partida de nuestro trabajo alcanzamos también un último punto de acuerdo: el deterioro actual de la sanidad pública, que es el único instrumento que consideramos capaz de garantizar por igual la protección sanitaria de todos los ciudadanos españoles y hacerlo en cualquier lugar del territorio, sea cual sea el lugar de residencia de cada uno, no es, sin embargo, sólo el resultado de las políticas más recientes del Partido Popular, en concreto del Real Decreto-Ley 16/2012. Ni tan siquiera de otras normas más remotas, como la Ley 15/1997, que abrió la posibilidad de “nuevas formas de gestión en el SNS”, cuya aplicación sesgada provocó de hecho una amplia brecha hacia la privatización del Sistema. En nuestra opinión, revertir uno y otra, como han propuesto recientemente los representantes de algunos partidos de la oposición, no  bastaría en ningún caso para recuperar el Sistema de su deterioro profundo, ni tampoco para hacer posible la protección sanitaria universal e igual, en especial en términos de igual acceso a los servicios sanitarios, y en todo el territorio, para todos los ciudadanos españoles.

La razón principal que justifica una posición tan rotunda, que contrasta con la de muchos de quienes aspiran  a sustituir al Partido Popular en el gobierno de la nación, es que, consideramos que existen serios problemas estructurales en la configuración y el funcionamiento actual del SNS debido a la evolución producida en el mismo por las medidas y reformas adoptadas en el Sistema por los sucesivos gobiernos, desde su constitución en la Ley General de Sanidad, en 1986.

Situaciones generales que provocan el deterioro y la ruptura de la universalidad e igualdad de la protección sanitaria en España.

1) Entre esas situaciones incluímos las condiciones y formas adoptadas en el proceso de descentralización sanitaria que ha tenido lugar en España, con una extensión y profundidad sin parangón con ningún otro país del mundo. Un proceso llevado a cabo, sin que, por el contrario, se haya dotado al Sistema de los instrumentos de coordinación precisos para mantener la universalidad y “portabilidad” de la protección que exige la descentralización de la gestión de los servicios sanitarios que ha tenido lugar.

2) Muchas de esas medidas han sido, además, el resultado de las presiones corporativas de distinto carácter (económicas, incluyendo entre ellas los criterios parciales de quienes gobiernan las haciendas central y autonómicas; profesionales; sindicales; de las industrias farmacéutica y tecnológica; de las compañías de seguro sanitario y las cadenas privadas de hospitales que operan en España) para lograr una evolución del Sistema que respete y potencie de manera preferente los intereses de cada uno de esos sectores.

3) Esas presiones corporativas han venido encontrando hasta ahora un caldo de cultivo adecuado en la coincidencia progresiva en las políticas esenciales relativas al SNS (sobre personal, gestión, financiación, o relaciones con la industria farmacéutica y los farmacéuticos) entre los dos partidos mayoritarios que han ejercido hasta ahora el gobierno de la nación. Una coincidencia que, en el terreno legal, comenzó con el apoyo común a la Ley 15/1997, y continuó manifestándose con el apoyo a las leyes sanitarias más importantes en los terrenos citados, hasta el Real Decreto-Ley 16/2012. El sentido de esa convergencia encuentra una razón principal en evitar la supuesta pérdida de apoyo electoral para cada partido que hubiera conllevado que por alguno de ellos se hubieran planteado de manera unilateral medidas que pudieran poner en cuestión los intereses de cualquiera de los grupos corporativos  mencionados; lo que ha llevado al final al inmovilismo y el mantenimiento de un statu quo que esen buena parte causa del deterioro actual del SNS.

4) Por último, nuestro sistema sanitario, como el de otros países europeos, en especial los más afectados por la crisis económica, ha sufrido las consecuencias de un cambio profundo en las posiciones europeas, y en particular las de algunas de sus instituciones,   respecto a los estados de bienestar y los servicios sanitarios: de ser un elemento diferencial de la constitución europea no escrita, la crisis económica ha llevado a que los  primeros, y en particular los servicios sanitarios, se hayan convertido ante todo, por su importancia económica y presupuestaria principal y creciente, en un instrumento preferente de reducción del gasto público. Una reducción que se ha llevado a cabo mediante el “recorte” de la extensión personal y material de la protección sanitaria, que tiene efectos más inmediatos sobre la reducción del gasto público que los recortes que se pudieran  llevar a cabo en cualquier otro sector. 

Por su parte, esa evolución ha llevado a que algunas posiciones que plantean que los problemas nacionales de los países de la Unión Europea sólo tienen solución al nivel supranacional, y cediendo mayor capacidad de decisión a las instituciones europeas, no parezcan aplicables a los servicios sanitarios. A juzgar por la evolución descrita, los problemas de éstos, en ausencia de una regulación común de estas cuestiones, cuyo horizonte parece muy lejano, se deben seguir resolviendo a nivel nacional, aunque esas soluciones se deban enmarcar y encuentren límites precisos en las políticas, en especial los pactos económicos, que sustentan  la arquitectura comunitaria.

El análisis específico de los servicios sanitarios y las propuestas de "regeneración de la sanidad pública" planteadas

Son esas posiciones de partida, y en particular la necesidad de resolver a nuestro nivel nacional los problemas constitutivos y organizativos específicos de nuestro sistema  sanitario que ponen en cuestión la eficiencia de su funcionamiento actual, las que nos llevaron como grupo a plantearnos como objetivo prioritario llevar a cabo un análisis en profundidad de la evolución y la situación actual del Sistema Nacional de Salud en cada uno de los aspectos que consideramos esenciales del mismo. Se trataba también de evitar así que medidas sugeridas directamente desde los niveles de gobierno europeos, o compromisos adquiridos con ellos desde los ministerios económicos, se siguieran aplicando de esa forma,  dejando al margen y sin considerar las consecuencias  añadidas que unas y otros pudieran provocar sobre la eficiencia y la equidad de nuestro sistema sanitario universal. Nuestro análisis se concentró, por eso, en los siguientes aspectos principales del Sistema, cada uno de los cuales corresponde a un capítulo del informe: 

1) El ejercicio del derecho a la protección sanitaria.

2) La organización y la gestión descentralizada del mismo, y los instrumentos de gobierno común y coordinación  de que dispone.

3) Sus instrumentos de financiación y la distribución de los recursos financieros a las CCAA que lo gestionan.

4) La situación de la gestión de los centros y servicios sanitarios y el grado progresivo de  introducción de la iniciativa privada en la gestión del SNS que se está produciendo.

 5) Las políticas de personal que se están aplicando en el SNS, y su relación con una organización corporativa de las profesiones sanitarias que se mantiene sobre bases preconstitucionales. 

 6) Por último, las relaciones del SNS con sus proveedores, principalmente la industria farmacéutica, y quienes llevan a cabo la distribución y dispensación de los productos, en particular los farmacéuticos, propietarios exclusivos y excluyentes de las oficinas de farmacia.

Por su parte, los análisis previos sobre los puntos citados, ampliamente compartidos en sus aspectos principales por quienes constituímos el grupo,  han dado lugar en nuestro informe a propuestas de solución de los problemas más importantes detectados en cada caso. Esas propuestas, no necesariamente unánimes, pero sí mayoritarias entre quienes constituímos el grupo, forman parte esencial del informe, titulado Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España: se trataba de demostrar que no sólo se deben diagnosticar los problemas más allá de los enfoques parciales o interesados habituales, sino que es igualmente esencial y posible proponer soluciones a los mismos, por más que éstas puedan requerir, conforme a los diagnósticos previos, medidas radicales, que pueden afectar a muchos de los grupos de interés que operan sobre nuestro sistema sanitario público. He aquí algunas de esas propuestas que, como su justificación, pueden ser mejor conocidas en el propio informe, por otra parte accesible de manera resumida y por capítulos: 

- Integración de las mutualidades de funcionarios en el régimen general del Sistema Nacional de Salud y reconocimiento y gobierno del derecho a  la protección sanitaria desde un único órgano situado en el Ministerio de Sanidad.

- Establecimiento de una condiciones básicas del Sistema sanitario público que deban ser respetadas por todas las comunidades autónomas en su gestión sanitaria.

 - Constitución de un órgano de gobierno y coordinación  del Sistema Nacional de Salud, que sustituya al actual Consejo Interterritorial, carente de cualquier capacidad ejecutiva real.

 - Separación de los fondos destinados a la sanidad de los restantes que reciban las comunidades autónomas, de manera que sea posible el control específico de su gestión, y la reducción de los elevados déficits que ésta  puede generar.

- Dotar de autonomía de gestión, a la vez que de control externo de la misma, a los centros propios del SNS, y establecer límites expresos y precisos para la gestión privada de la sanidad pública.

- Declarar a extinguir el actual Estatuto Marco y promover otro que establezca una relación de carácter laboral específica del personal sanitario (médicos y enfermería).

 - Modificar y dotar de transparencia la fijación de los precios de los medicamentos, que son parte fundamental del gasto elevado y creciente en éstos.

- Establecer medidas específicas  para reducir y controlar la influencia de las industrias farmacéutica y tecnológica sobre los profesionales, cargos y altos cargos del Sistema Nacional de Salud. 

Hay, naturalmente, más propuestas complementarias de éstas en el informe. Además, en éste hemos tratado especialmente de hacer acordes unas con otras, de manera que, en su conjunto, constituyan un proyecto de reforma global que, por otra parte, no tiene otro sentido que ser objeto de debate. Cada una, y el conjunto de ellas, encierran en todo caso un único deseo de regenerar  la sanidad pública, que entendemos es el único instrumento que puede hacer realidad la protección sanitaria universal y en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos españoles, y convertirse así en elemento constitutivo esencial de la ciudadanía española, y en instrumento global de cohesión social y territorial.   

El momento del informe

La presentación de este informe en este momento concreto (el 28 de abril) tiene que ver de manera deliberada con la situación, inédita en el panorama político español, de perspectiva de ruptura del bipartidismo en España como forma casi exclusiva de representación. 

Como se ha indicado más arriba, los resultados de esa situación en el terreno sanitario se han traducido en consecuencias diversas: en primer lugar, en el bloqueo efectivo de cualquier modificación real de la organización del sistema sanitario, cristalizada en sus grandes líneas no sólo en lo que estableció la LGS, sino también en muchas de las situaciones que se daban en el momento de su promulgación  que la ley no cambió de manera inmediata. Pero también, en segundo lugar, en un desarrollo de la ley que, con un amplio grado de acuerdo de los dos partidos que han ejercido el gobierno del Estado, ha llevado al deterioro y la fragmentación que en la actualidad caracterizan al SNS, con consecuencias negativas claramente perceptibles sobre el ejercicio de la protección de la salud de los ciudadanos españoles en términos de universalidad e igualdad de la protección.  

Mientras se ha dado esa situación de bipartidismo efectivo, los mecanismos de actuación de los diferentes grupos de interés a que se ha hecho alusión han logrado evitar, con argumentos y actuaciones sobre quienes han gobernado con el apoyo de  ambos partidos, pero también sobre los “aparatos” de estos, que han opuesto una resistencia cerrada a que sus actuaciones partidarias se pusieran en cuestión, cualquier intento de cuestionamiento y reforma  de aspectos parciales o globales de la organización y el funcionamiento del sistema sanitario español que pudiera afectar a sus intereses. 

Nuestro interés se centra, por el contrario, en que las líneas de ruptura del bloqueo bipartidario que suponen también en sanidad las expectativas electorales de otros grupos, permita colocar en el centro del debate  político y poner en cuestión la forma de “regenerar” nuestro sistema de protección sanitaria, de manera que garantice las condiciones universales e igualitarias que debe alcanzar, más que recuperar, pues nunca las alcanzó, un sistema cuyas prestaciones resultan prioritarias para la vida de todos los ciudadanos españoles.  

No quiere decir que los nuevos partidos estén dotados de propiedades milagrosas, o de una sensibilidad especial que les hagan más afines a nuestros análisis. Creemos, sin embargo, que el espíritu crítico que está en sus orígenes, con el que deben abordar el conjunto de situaciones que afectan a la vida política de este país, genera por sí mismo una oportunidad única para analizar en profundidad, y no sólo en forma de respuesta a las demandas de grupos o intereses concretos, incluidos los de grupos de pacientes (el ejemplo más próximo el de los de las hepatitis C), o sectores de concretos de población (los funcionarios; los inmigrantes), por rentables que puedan resultar desde el punto de vista electoral, los problemas más cercanos a la totalidad de los ciudadanos, entre ellos el de la protección sanitaria. Más allá del análisis, es también una oportunidad para alcanzar los acuerdos necesarios para resolver sus problemas sobre bases estructurales más sólidas y dar estabilidad y perspectiva de futuro a nuestro sistema sanitario. 

* Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España, (Fundación Alternativas, 2015)

 * Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología y secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Colaborador de la Fundación Alternativas.

El 24-M en tres gráficos y una pregunta

Por: | 26 de mayo de 2015

 BELÉN BARREIRO

  • El bipartidismo sí está en crisis

El voto al PP y al PSOE en los comicios municipales suma el 52,1%, el porcentaje más bajo que se registra en la serie histórica desde 1987 y lejos del 70,5% que alcanzó en 2007, el año en el que se produce una mayor concentración de voto a los dos grandes partidos. En el caso del PP, con el 27% del voto municipal en el ámbito estatal, hay que remontarse a los ochenta y principios de los noventa, cuando la derecha no se había convertido aún en una alternativa real de gobierno para la ciudadanía, para dar con un porcentaje tan bajo. Pese a la recuperación de poder territorial, las bases sociales de apoyo al PSOE también están seriamente dañadas: con el 25% del voto en las elecciones municipales, logra el peor resultado en la historia de las elecciones locales. 

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  • España gira a la izquierda 

Pese a que las variaciones ideológicas de los ciudadanos son siempre pequeñas, desde el inicio de la legislatura de Mariano Rajoy se viene observando un ligero movimiento a la izquierda de los españoles: si a finales de 2011, según el CIS, la media ideológica era de 4,9, en el último barómetro de abril estaría en el 4,6 de una escala en la que 1 representa a la izquierda y 10 a la derecha. 

Los resultados del domingo confirman esta tendencia. En estas elecciones autonómicas, la suma de votos al PSOE, IU y Podemos supera en 1,6 millones los votos al PP y en casi algo más de 185.000 si se añaden las candidaturas ‘centristas’, como Ciudadanos y UPyD.  

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  • La España analógica amortigua la caída del PP

He comentado en multitud de ocasiones que en España se está abriendo una brecha entre generaciones, que afecta, sobre todo, al PP. En el barómetro del CIS de enero de 2015, la intención de voto a los populares entre los jóvenes de 18 a 24 años cayó incluso por debajo del 5%. Las encuestas vienen mostrando que el PP se mantiene como primera fuerza política únicamente entre las personas con 65 años o más, es decir, entre los que forman parte de la España analógica, pues la penetración de Internet cae dramáticamente a partir de esa edad. 

Análisis muy preliminares de los resultados del domingo confirman que la caída del voto al PP decrece conforme más personas de 65 o más años residen en cada autonomía. Es decir, según muestra el gráfico, el PP pierde más en los municipios menos avejentados.  

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  • ¿Cuáles son las implicaciones para las elecciones generales?

Estas elecciones podrían tener más implicaciones para el PP que para el PSOE. Históricamente, el voto al PP ha seguido una misma pauta de evolución en elecciones autonómicas, municipales y generales: en algunas comunidades este paralelismo se da siempre, mientras que en otras sólo es parcial. Sin embargo, el voto al PSOE sigue distintas pautas según el tipo de elección. Es posible que lo que explique esta diferencia sea la propia estructura interna de los partidos: la centralización del PP le lleva a nacionalizar la política autonómica y local en mayor medida de lo que lo puede hacer el PSOE, cuya descentralización le hace, para bien o para mal, más permeable al entorno, tanto a los problemas de cada territorio como a las características de los candidatos locales. Estos comicios, por tanto, deberían haber sido  en mayor medida un termómetro de lo que piensan los españoles del Gobierno que de la oposición socialista. 

 

* Belén Barreiro es directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas.  

La nueva era se llama internet móvil

Por: | 22 de mayo de 2015

ThSORAYA PANIAGUA

La nueva era de la economía y la sociedad digital se llama Internet móvil. Más allá de su impacto económico, tanto en negocio como en empleo, la movilidad está  impulsando el desarrollo de los modelos colaborativos o las nuevas industrias de tecnológicas. Con un smartphone el ciudadano es más productivo e inteligente pero a la vez menos libre y anónimo. Para analizar y reflexionar sobre el impacto del Internet móvil la Fundación Alternativas organiza el jueves 28 de mayo  un foro de debate en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. 

Según Boston Consulting en 2017 el volumen de negocio de Internet móvil, en las principales economías europeas, será de 230.000 millones de euros. Un negocio repartido entre proveedores de accesos, plataformas, desarrolladores de apps, contenido y servicios. Hemos entrado de lleno en la nueva era de la economía y la sociedad digital basada en Internet móvil. Los modelos colaborativos como Uber, Blablacar o Airbnb son un buen ejemplo de esta transformación. Además, los smartphones que llevamos en los bolsillos, son computadoras repletas de sensores que va a permitir el desarrollo y expansión de Internet de las Cosas y Big Data, las industrias de la Inteligencia. 

El 21 de abril Google comenzó a penalizar las webs no optimizadas para dispositivos móviles, una decisión que refleja el comportamiento social. Los principales diarios en inglés ya reciben más tráfico móvil que web, y en España la búsqueda de pisos a través de dispositivos móviles ha crecido un 45% en dos años. La conexión en movilidad es lo habitual, la cabeza gacha y la pantalla es el denominador común en los espacios públicos.  El móvil nos hace más productivos, eficientes y listos pero quita el contacto humano, el sosiego, la libertad y, sobre todo, la privacidad. También hace que nuestra vida laboral se extienda hasta el ámbito personal.  Queremos estar permanentemente unidos al móvil y eso ya tiene nombre, se llama nomophobia.

Internet móvil  sitúa a los ciudadanos como protagonistas de la generación y distribución de contenidos. Además de textos, fotos o  vídeos  asistimos al auge de las transmisiones en directo con aplicaciones hipersencillas como Periscope o Meercat, pero también las protestas y denuncias por piratería. Desde la llegada de los medios sociales hay  un debate candente en torno al ser o no ser del periodismo ciudadano. Con la expansión de Internet móvil  ese debate cobra más fuerza  que nunca.

Para conocer y reflexionar sobre estos temas, el próximo jueves 28 de mayo la Fundación Alternativas organiza un foro de debate en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Un debate abierto a todos los asistentes que contará con la participación de Hernán Rodríguez, consultor de negocios móviles y director de la Asociación Española de Comunicaciones Móviles, Francesco D. Sandulli, doctor en Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Rueda, director de Cultura  de la Fundación Alternativas y  Soraya Paniagua, periodista, consultora independiente. 

* Soraya Paniagua es periodista y consulta independiente.  

 

 

Adiós a la justicia universal

Por: | 20 de mayo de 2015

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JOAN RIDAO

Como es sabido, el llamado principio de jurisdicción universal es el instrumento de que disponen los jueces en cada país para investigar crímenes de derecho internacional perpetrados por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si los Estados lo aplican, sus tribunales pueden admitir acciones penales contra los delitos efectuados fuera de sus fronteras, incluso en el caso de que los acusados y las víctimas sean extranjeros. No en vano, se considera que esos crímenes, por su gravedad, deben ser protegidos por la comunidad internacional, pues se trata de actos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzosa.

Hasta hace muy poco, España fue un Estado de referencia en la aplicación de ese principio. Antes de reformarse por vez primera el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esa Ley establecía que los jueces españoles eran competentes «para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional», y que estuviesen tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, terrorismo, piratería, etcétera) según la ley penal española. 

Sin duda, el arresto del dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres, por la masiva violación de derechos humanos en su país, después de ser procesado por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional española, supuso un hito en la aplicación de dicho principio. Pero, ya en 2009, durante la última etapa de gobierno socialista, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV (y el rechazo de ERC, IU, ICV, entre otros), la primera  reforma de la justicia universal en España. Como se recordará, dicha modificación fue impulsada después de que la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa del exministro español Miguel Ángel Moratinos de modificar la Ley para archivar la causa abierta contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el  bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.  

A partir de entonces, no se olvide, la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encontraban en España (algo harto difícil, por tratarse de crímenes internacionales), y en el caso de que alguna de las víctimas tuviera nacionalidad española, o existiera algún «vínculo de conexión relevante en España». 

Con todo, este último inciso del artículo 23 LOPJ dejaba aún una vía abierta, aunque muy angosta, que fue utilizada para aplicar el principio de justicia universal en algunos casos en los que podría haberse archivado. En otras palabras, no podía abrirse una causa si otro Estado o tribunal internacional había iniciado una investigación «efectiva» al respecto con anterioridad. 

Pero hace tan sólo unos días, dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) han dado un mazazo definitivo a lo que eufemísticamente ha venido a denominarse como reducción de la operatividad del principio de justicia universal en España a partir de 2009. En puridad, esa reducción ya había sido rematada con la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, nuevamente de reforma de la LOPJ, operada esta vez por el Gobierno del PP. Lo decisivo es que, como las resoluciones del TS crean jurisprudencia en relación a la aplicación de la reforma, ahora sí puede afirmarse, sin ningún género de duda, que los jueces españoles han dejado de ser competentes, en la práctica, para perseguir delitos cometidos en otros países. 

En efecto, la citada reforma de 2014 se aprobó con el fin de reducir todavía más la justicia universal en nuestro sistema, esto es, para evitar la posibilidad de que los jueces españoles pudieran perseguir hechos ocurridos fuera de España, ya fuera contra españoles o contra extranjeros. En este caso, el punto de ignición de la modificación legal fue la investigación y procesamiento, a partir de 2012, de distintas autoridades chinas (entre ellas un ex presidente y un ex primer ministro) por parte de la Audiencia Nacional, acusados todos ellos de distintos ilícitos durante el genocidio del Tíbet (de las décadas de 1980 y 1990). Eso fue lo que motivó todo tipo de presiones de la República Popular sobre el gobierno español, que se apresuró, para complacerle, a impulsar ante las Cortes una reforma que desactivara todo este tipo de casos. 

Para acelerar aún más el proceso, el Gobierno del PP no presentó siquiera un proyecto de ley. Fue el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados el que presentó una proposición de ley, de modo que no sólo el Gobierno ganaba tiempo sino que se ahorraba los dictámenes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, siempre enojosos por preceptivos e inciertos.

La LOPJ establece ahora una serie acotada de supuestos en que pueden seguir persiguiéndose delitos tan graves, pero con una serie de rígidos requerimientos que han sido concebidos ​​para impedirlo en realidad. Además, la disposición transitoria única dispone que las causas abiertas en el momento de entrar en vigor la ley deberán quedar archivadas en tanto no se acredite que se dan las condiciones para continuar con ellas.

En un primer momento, la reforma recibió una respuesta inesperada de la mano del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que estaba conociendo de casos afectados por la reforma, y que decidió no aplicar el nuevo art. 23.4.a LOPJ. Este artículo, según el magistrado, vulneraba la IV Convención de Ginebra de 1949, de la que España es parte, relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, y que dispone, en su art. 146, la obligación de las partes firmantes de buscar y hacer comparecer ante sus tribunales a los causantes de cualquier infracción grave prevista en el convenio, sea cual sea su nacionalidad. 

Entre dichas infracciones graves se encuentra el «homicidio intencional» (art. 147), definición que se correspondía con algunos casos que llevaba el propio juez, como la muerte de un periodista a consecuencia del disparo efectuado desde un carro de combate estadounidense contra un hotel habitado en Bagdad, durante la ocupación de Irak en el 2003. De ahí que, según su parecer, existía una eventual contradicción entre el restrictivo art. 23.4.a) LOPJ y la mencionada Convención, que Pedraz resolvió continuando con la fase de instrucción, con lo que se rehusaba a aplicar no sólo el artículo de la LOPJ sino también la citada disposición transitoria única de la Ley Orgánica 1/2014, que ordenaba el archivo de este tipo de causas. Pero, una vez instruidas las causas, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acabó resolviendo: según la Ley, no se daban los requisitos para proseguir, es decir, que los autores del delito fueran españoles, extranjeros residentes habituales en España o extranjeros que se hallasen en España con extradición denegada.

En algunos casos (entre ellos los vinculados al genocidio en el Tíbet -que fue el motivo de la inusitada celeridad adoptada por el Gobierno para reformar la LOPJ- y a la represión por parte de las autoridades chinas contra el movimiento religioso Falung Gong) se presentaron por parte de las acusaciones populares recursos de casación ante el TS. Por lo que ha acabado siendo éste el que hace pocos días ratificase la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de archivar las causas abiertas contra varios dirigentes chinos. Según el TS, ni son españoles, ni residentes habituales en España, ni están en España con una petición de extradición denegada. Por lo que, según el alto tribunal, la nueva regulación no permite actuar contra ellos.

Sin duda, con reformas como la de la LOPJ en 2014 (y también, cómo no, la de 2009), el principio de justicia universal, que en las últimas décadas se había ido abriendo camino paulatinamente en la esfera internacional ha dado un paso atrás. Las exigencias o intereses de política internacional y económica (en diplomacia, dicen, no hay amigos sino intereses) parecen haberse impuesto triste e inexorablemente sobre la protección de los derechos humanos a nivel global. 

* Joan Ridao es profesor titular acreditado de Derecho Constitucional.

 

Cameron no se suicidará

Por: | 18 de mayo de 2015

1333209620_118416_1333211577_noticia_normalVICENTE PALACIO

Parece un fantasma salido de un cuento gótico. Europa tiembla frente a Brexit: la salida de Reino Unido de la UE a resultas del referéndum prometido por el ahora todopoderoso primer ministro David Cameron. Es el mismo juego británico de siempre, un punto caprichoso y algo perverso. Quieren repatriar competencias para el Parlamento de Westminster, todo en nombre de una soberanía nacional que se afirma por un lado, mientras que por otro hablan de la globalización, del orden mundial posmoderno y demás. Bien. 

Se dirá que tampoco esta vez pasará nada, que Europa lo aguanta todo. Pero en Bruselas se han encendido las luces de alarma: es lo que le faltaba a una Europa que trata de recuperarse de tanta desgracia: desempleo, estancamiento, desafección ciudadana, o de ese otro fantasma más desagradable aún: Grexit. 

Es normal que en estos primeros momentos haya cierto descontrol: el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker se ha mostrado un punto conciliador, mientras Hollande y Merkel enseñaban los colmillos: esta vez no se van a arredrar frente al espectro de siempre. A partir de ahora y hasta la mitad de 2016 vamos a presenciar una de las más duras negociaciones con Bruselas que se hayan visto desde los tiempos del cheque británico de Margaret Thatcher.  También es la hora de la verdad para ver si en la eurozona - que ha dado pasos importantes de un cierto federalismo fiscal en medio de la gran tempestad de los últimos cuatro años -  hay alguien con liderazgo político para enderezar el rumbo económico y político del motor euro de la Unión. 

La pregunta ahora es: ¿cómo usará Cameron su nueva mayoría? ¿De qué lado se decantará? En política, como en el fútbol, nunca hay que descartar nada. Pero existen al menos tres elementos que podrían tranquilizarnos, aunque sea un poco, a los europeístas que no queremos ni oír hablar de Brexit:  

. Lo primero: con la excepción de los UKIP (de ridícula presencia en el nuevo Parlamento: un escaño) y los tories más recalcitrantes, las propias élites económicas y financieras (empresarios, bancos, parte de la City) junto a la oposición laborista, no quieren irse, por una cuestión sea de pragmatismo, o de principios, que lo mismo da para el caso. Cameron, que obviamente quiere permanecer en la UE en las condiciones más ventajosas posibles - o sea, más todavía que ahora - tiene autoridad más que suficiente como para imponerse en una campaña a favor del sí condicionado frente a los eurófobos de UKIP y los tories más recalcitrantes que quieren irse. 

. Segundo, está Escocia. Quizá se ha subestimado mucho hasta ahora el poder disuasorio que el independentismo escocés tendrá en este proceso. Cameron no puede ir demasiado lejos en sus planteamientos ni sus amenazas a Bruselas. Con una presencia notable de 56 escaños en Westminster, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon puede agitar el espantajo de la propia independencia de una Escocia que sí quiere estar en la Unión Europea, como hizo en el reciente referéndum escocés que casi le da la victoria. Sin duda, alguien en Bruselas sabrá utilizar esto también. Una campaña tory muy agresiva contra Europa podría resultar la puntilla para Londres. ¿Resultado? Con independencia de lo que consiga en la negociación, Cameron tendrá probablemente que optar entre un Reino Unido dentro de la UE, y un Reino Des-Unido: fuera de la UE pero seguramente sin Escocia. 

. Y tres: el calendario podría jugar en contra de Cameron. El timing de la negociación que se avecina se juega de aquí a no más del primer semestre de 2016. De un lado, el referendum podría convertirse en un fardo que Cameron no quiere arrastrar por demasiado tiempo, porque una vez ganadas las elecciones, no le aporta mucho más que ganar unos cambios que serán sobre todo cosméticos, frente a Bruselas. La barrera temporal la ponen las elecciones presidenciales en 2017 en Francia y Alemania. Cameron sabe que tiene que arrancar a sus socios muchas cosas en muy poco tiempo, apenas unos meses, porque más allá de la mitad de 2016 aquéllos no le van a dar casi ni agua. Por su parte, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, ha dejado claras dos líneas rojas: una, la libre circulación de personas en el territorio de la Unión: nadie puede convertir la Unión en una cárcel. Y dos,  nadie puede impedir que se avance en el principio del Tratado de Lisboa de la “ever closer Union”: a nadie se le va a permitir que ponga trabas a la integración de los demás.  

Todo lo anterior es una variación del cuento del fantasma Brexit. No tiene por qué ocurrir así necesariamente, claro. Pero a Cameron ya “le suenan las cadenas” (del fantasma). ¿Se va  a suicidar Reino Unido? No creo. 

 * Vicente Palacio es director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

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 . La UE ha tratado de incrementar su legitimidad complementando la débil democracia representativa europea con herramientas participativas.

  • . Los mecanismos participativos han fracasado rotundamente a la hora de interesar a los ciudadanos por la UE pero sirven de contrapeso a las organizaciones que promueven intereses económicos y para diversificar la agenda de las instituciones europeas.
  • . Este post se basa en Participatory Democracy and Civil Society in the EU. Todos los lectores del blog de Alternativas están invitados a la presentación del libro esta semana en Madrid.

La web EUROPA - el portal oficial de la UE en la Internet - todavía contiene una serie de argumentos destinados a convencer a los europeos de los méritos del Tratado de Lisboa (que entró en vigor en noviembre de 2009). Le dedica toda una sección a una Europa más democrática y transparente, y uno de los argumentos centrales es que el Tratado facilitará la creación de una democracia europea más participativa a través de nuevos mecanismos de interacción con los ciudadanos y la sociedad civil. Sin embargo en el Tratado de Lisboa no aparecen por ninguna parte los términos democracia participativa. Esta anécdota revela algunos elementos interesantes sobre la agenda de la UE en relación con la sociedad civil. En primer lugar, señala que la UE ha tratado de incrementar su legitimidad complementando la democracia representativa - los ciudadanos están representados directamente en el Parlamento e indirectamente a través de sus Estados en el Consejo -con herramientas participativas dirigidas a la sociedad civil organizada y al conjunto de los ciudadanos. Además también demuestra la importancia que otorgan las instituciones europeas a la construcción de marcos interpretativos -construcciones discursivas sobre el mundo político y social que compiten con marcos alternativos por la definición de la agenda política- al utilizar referencias connotadas positivamente tales como participación y sociedad civil para hablar de sus relaciones con los grupos de interés. Finalmente, esta anécdota nos habla de la relativa inestabilidad de dichos marcos interpretativos a lo largo de los últimos años.

El interés de la UE por el discurso participativo tiene casi dos décadas. Desde la problemática ratificación del Tratado de Maastricht en 1992 -con un primer rechazo en Dinamarca y un resultado muy ajustado en Francia -las instituciones de la UE promueven la idea de que los límites de la democracia representativa a nivel europeo -debidos, entre otros, a la ausencia de partidos o de un espacio público supranacionales- podrían remediarse fomentando la participación de los ciudadanos a través de sus organizaciones o de forma directa. La primera referencia de la Comisión al potencial legitimador de sus contactos con los grupos de interés es de 1992, y desde 1996 la Comisión promueve la organización de la sociedad civil a nivel europeo fomentando entre otros la organización de la Plataforma Social Europea. Entre 2000 y 2001 se formula la idea de que la consulta a las organizaciones es una forma de democracia participativa y que dichas asociaciones son un actor más dentro de la gobernanza de las políticas públicas europeas. Entre 2003 y 2004 se introduce un artículo sobre la democracia participativa en el Tratado Constitucional y a pesar del rechazo de dicho tratado en el referéndum de 2005 en Francia el contenido del artículo - pero no el título "democracia participativa" - se ha mantenido en el Tratado de Lisboa (actual artículo 11). 

Sin embargo, en esta historia se ha enfatizado con demasiada frecuencia la estrategia de legitimación por parte de la Comisión europea olvidando la capacidad de las organizaciones de influir en la agenda a lo largo de casi una década y ante diferentes instituciones. Con todo, el proceso descrito más arriba también es de  reconocimiento de la sociedad civil europea y de institucionalización de su derecho acceso a la agenda: 

Artículo 11:

1. "Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión".  

2.  "Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. "

El siguiente gráfico reproduce las relaciones entre las organizaciones más implicadas en el debate sobre la consulta a la sociedad civil y demuestra que fueron las principales organizaciones ciudadanas de Bruselas las que tuvieron mayor centralidad, mientras que grupos a priori más influyentes como las organizaciones patronales (UNICE, Eurocommerce y UEAPME) o los representantes de las regiones de Europa (Eurocities, CPMR, CEMR) tuvieron un papel secundario.  

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Gráfico 1: Grado de centralidad de las organizaciones implicadas en el debate sobre la sociedad civil.

Como se ha señalado más arriba, sin embargo el marco interpretativo ha evolucionado junto con los vaivenes de la UE en las últimas dos décadas. A finales de los noventa se produce la primera transformación significativa del marco cuando la comisión deja de hablar de grupos de interés para hablar de ellos como la sociedad civil europea. La segunda transformación consiste en la adopción del discurso de la gobernanza y la democracia participativa a principios de los 2000, mediante el cual se reconoce a los grupos como partes casi a título propio del proceso de toma de decisiones. Sin embargo es cuando dichos grupos obtienen el reconocimiento con el artículo en el tratado cuando vuelve a cambiar el discurso de la UE, comenzando a alejarse del discurso sobre la sociedad civil organizada para promover discursos en torno a la transparencia y el buen gobierno, al mismo tiempo que se enfatiza la importancia del debate en un espacio público amplio más que en la contribución de las organizaciones representativas. La adopción de la iniciativa ciudadana europea en 2012 confirma el actual interés de la UE por formas de participación que vayan más allá de los ya representados en Bruselas

Si bien todos estos discursos tienen capacidad de legitimación -baste como ejemplo su actualidad en España tanto en el discurso regeneracionista como en el del 15M - son diferentes entre sí y en los requisitos para los participantes. Por poner un ejemplo, es muy distinto crear un mecanismo de acreditación de las organizaciones en el que se establezca la representatividad como requisito para participar que proponer un sistema abierto en el que solo se solicite la declaración del interés representado y las fuentes de financiación. El resultado de estos cambios de marco en tan pocos años es que los mecanismos participativos han servido de poco para legitimar a la UE para la mayor parte de los ciudadanos: baste con el ejemplo que la Comisión ha rechazado el registro de casi todas las iniciativas relacionadas con temas de tanta importancia para los ciudadanos como la posibilidad de secesión de regiones de los Estados miembro o la gestión de la crisis del euro. En todo caso el juicio sobre la contribución de este debate a la democratización de la UE no debería darse por concluido todavía. Aunque su fracaso parece rotundo a la hora de interesar a los ciudadanos por la UE, la existencia de estos mecanismos sirve para establecer contrapesos a la fuerza de los intereses económicos y para diversificar la agenda de las instituciones europeas (que por ejemplo tuvieron que enfrentarse por primera vez al debate sobre el aborto gracias a una iniciativa ciudadana). 

En todo caso quedan todos invitados a hablar de ello el jueves 14 de mayo. 

 * Luis Bouza García es autor del libro Participatory Democracy Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalisation y profesor del Colegio de Europa y de la Universidad Carlos III.

***

Participatory Democracy Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalisation se presenta el jueves 14 de mayo, a las 19:00 en la Representación del Parlamento Europeo en Madrid (Castellana 46, Metro Rubén Darío).

Intervendrán:

. Susana del  Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea sobre Ciudadanía y Gobernanza en la sociedad del conocimiento.

. Carlos Carnero, director gerente de Alternativas, miembro de la Convención sobre el futuro de Europa.

. Luis Bouza García, autor, profesor del Colegio de Europa y de la Universidad Carlos III.

Partidos-politicos-redes-socialesJAVIER LORENZO RODRÍGUEZ y AMUITZ GARMENDIA MADARIAGA

A medida que el número de usuarios conectados a la red aumenta, los partidos políticos parecen haber incorporado de manera generalizada el uso de las redes sociales a sus estrategias de campaña. Una muestra compuesta por 148 partidos en 27 países miembro de la Unión Europea así lo atestigua.

En un documento de Estudios de Progreso publicado por la Fundación Alternativas examinamos la posible existencia de estrategias diferenciables en la red entre aquellos partidos políticos que compitieron en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo de 2014 en toda Europa. Utilizamos para ello una base de datos única en la que combinamos su presencia, actividad e impacto en las dos principales redes sociales del momento, Facebook y Twitter, con características institucionales de acceso a la sociedad de la información y perfiles sociodemográficos de los usuarios de estas comunidades. 

En el contexto de crisis económica y euroescepticismo creciente en el que se celebraron estas elecciones de segundo orden, nuestro análisis demuestra que los partidos niche (organizaciones con posiciones ideológicas no centristas o focalizadas principalmente en asuntos no económicos) desplegaron presencias significativamente más activas y de mayor impacto que los partidos moderados mayoritarios en estas redes sociales.  

En España, donde la actividad online de los partidos y usuarios está por encima de la media europea, este patrón de comportamiento se repitió: tanto Podemos como la Izquierda Plural desarrollaron presencias más intensas y efectivas que el PP o el PSOE.  

A pesar de que las elecciones al Parlamento Europeo se caracterizan por condiciones específicas que las diferencian de las elecciones generales nacionales, un examen en detalle de la población de ambas plataformas en nuestro país da cuenta del reto al que se enfrentan las formaciones mayoritarias en la red; estas comunidades evidencian un claro sesgo ideológico hacía la izquierda viéndose sobrerrepresentadas aquellas opciones minoritarias o niche. En cualquier caso, la velocidad con la que la red se está expandiendo, y el dinamismo con el que se transforma, unidos al hecho de que los usuarios mayoritarios de estas redes sean jóvenes con una corta socialización política, hacen de la competición política en la red un escenario determinante en el futuro de las democracias desarrolladas.

*Javier Lorenzo Rodríguez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y Amuitz Garmendia Madariaga es investigadora y becaria Fulbright y en la Binghamton University.

* Enlace al trabajo.

  UnknownDOMÈNEC RUIZ DEVESA

Los sondeos a pie de urna del jueves por la noche se han visto confirmados por los resultados parciales con más de 400 escaños, de 626, asignados en la Cámara de los Comunes: Cameron se acerca a la mayoría absoluta, mientras que el laborismo pierde diputados respecto a las elecciones de 2010, y se queda muy lejos de poder formar una coalición alternativa con el Partido Nacional Escocés (que barre al norte de la muralla de Adriano) y los Liberal Demócratas, quienes se hunden tras cinco años de coalición con los conservadores.

Dado que ninguna encuesta pre-electoral había dibujado este panorama para Tories y laboristas, a los que se suponía empatados en intención de voto, la más que garantizada permanencia de David Cameron en el número 10 de la Calle Downing de Londres supone un importante vuelco en las expectativas que merece un análisis siquiera de urgencia, más allá de la embarazosa situación en la que quedan las empresas demoscópicas. 

En primer lugar, los conservadores tenían dos puntos fuertes a su favor, uno de los cuáles los sondeos sí que detectaron: la capacidad de liderazgo de Cameron aparecía como muy superior a la del aspirante socialista Ed Miliband. El otro gran activo del que disponían los Tories es una economía en crecimiento y una tasa de paro más contenida que en muchos Estados miembros de la Unión Europea, lo que suele ser uno de los elementos determinantes a la hora de ganar y perder elecciones. Que la recuperación económica se haya hecho a costa de priorizar el ajuste presupuestario (lo que generó una recesión en la primera parte del mandato del gobierno de coalición) y de un estancamiento de los salarios no ha sido suficiente para propulsar al Partido Laborista, formación que ha perdido todos sus escaños menos uno en Escocia por el auge de los también izquierdistas nacionalistas escoceses, y que no ha logrado compensar esta hemorragia con ganancias en Inglaterra, Gales o Irlanda Norte. 

En una sociedad como la actual, donde la ideología y el sentimiento de pertenencia a la clase social pierden peso en favor de la comunicación y la política espectáculo, las nociones de carisma, liderazgo y buenos datos macroeconómicos aparecen como factores electorales determinantes. Los de Cameron no han negado que los salarios no han crecido, pero han puesto en valor que a cambio se han creado nuevos puestos de trabajo. Este mensaje parece haber calado, lo que hay que tener presente también de cara a las próximas elecciones generales en España.

Desde el punto de vista de la ejecución de la campaña, el Partido Conservador ha sido muy eficaz y disciplinado en centrarse en estos dos temas, a pesar de las críticas internas: el liderazgo de Camerón y la buena marcha de la economía. En cambio los laboristas han recurrido a una multiplicidad de temáticas que ha ido variando en los últimos meses y que no parece haber salido a cuenta: el aumento del coste de la vida, los recortes al Estado del Bienestar, el control del déficit público, la preservación del Sistema Nacional de Salud, etcétera. Tan es así que tanto el director de la campaña laborista como el responsable económico del partido no han logrado renovar su escaño en los Comunes. Al mismo tiempo, la candidatura a primer ministro de Ed Miliband no ha sumado, mientras que el anunciado hundimiento de los Liberal Demócratas de Nick Clegg ha beneficiado mayormente a los conservadores y no a los laboristas. 

El 12% del voto popular obtenido por el antieuropeo Partido por la Independencia del Reino Unido, que no le permitirá obtener más de dos o tres escaños, tampoco ha mermado significativamente el voto Tory, el cual ha subido medio punto porcentual respecto a 2010 (obteniendo un 35% frente al 31 por ciento logrado por el Labour, un punto y medio por encima en comparación con las últimas elecciones). 

David Cameron en todo caso se enfrenta a un reto de enorme envergadura: mantener la cohesión del Reino Unido, a la vista del éxito del Partido Nacional Escocés, el cual ha obtenido más del 50 % del voto ciudadano en el país que vio nacer a Sean Connery, y modificar la relación con la Unión Europea con vistas a un referéndum sobre la permanencia en la misma. 

Desde el punto vista europeo, el resultado electoral en las elecciones británicas del 7 de mayo de 2015 no es muy positivo. Si bien Cameron parece un euroescéptico moderado en comparación con el ala dura de su partido, el primer ministro considerará vindicada por las urnas su política europea de bloqueo (veto del Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Cooperación, intento de veto a Juncker como presidente de la Comisión, etcétera). Si el "no" a seguir siendo un Estado miembro de la Unión gana en la consulta planeada para 2017, el proyecto europeo se debilitará gravemente, pues se establecería un primer precedente de salida del mismo, justo cuando Europa debe culminar la ampliación de la Eurozona a los países que todavía no han adoptado la moneda única, así como plantear las reformas institucionales necesarias para convertirse en una auténtica federación.

Con todo, las cuestiones escocesa y europea están relacionadas, ya que los nacionalistas escoceses no quieren ni oír hablar de una salida del Reino Unido de la Unión Europea. La victoria del "no" en la anunciada consulta popular supondría casi automáticamente un nuevo referéndum en Escocia sobre la permanencia en Gran Bretaña, donde los secesionistas tendrían una probabilidad alta de ganar, a la vista de su empuje electoral y del dato cierto de separación del resto de la Unión.  

Por tanto, como acertadamente señala mi colega y amigo Juan Fernández Carnicer, la Unión Europea puede ser el factor que mantenga unido al Reino ídem, pues en el referéndum de 2017, si Cameron cumple su promesa de celebrarlo, todos aquellos que en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, quieran mantener a Escocia bajo la bandera de la Union Jack, deberán tener muy en cuenta el sentimiento positivo de la mayoría de los escoceses sobre la pertenencia a Europa a la hora de votar sobre la permanencia en el proyecto comunitario. De lo contrario el portazo a Bruselas supondría reventar Gran Bretaña desde dentro. Veremos. 

 * Domènec Ruiz Devesa es vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

¿Estancamiento secular?

Por: | 06 de mayo de 2015

1414786101_588175_1414786770_noticia_normalLUIS FERNANDO MEDINA

Dijo el ministro de Economía en días pasados que se acabó la recesión y que ahora falta salir de la crisis. Los datos de empleo ya no muestran las hemorragias de puestos de trabajo de años anteriores. Sin embargo, el hecho es que, bajo un escenario optimista, tocará esperar hasta el 2016 para que el desempleo en España se coloque en el 20% (hoy ronda el 24%). Han transcurrido ya seis años desde aquel aciago 2009 en que el desempleo se disparó por encima del 15% de modo que es de esperar que dure una década, de pronto más, en esos niveles.

En abstracto, es fácil referirse a una década como a una coyuntura pero diez años son una porción muy significativa en la vida laboral de una persona. Niveles de desempleo tan elevados durante tanto tiempo quieren decir que hay un grupo muy nutrido de ciudadanos para los que se ha vaciado de contenido el pacto social tácito según el cual si cumplen con las reglas pueden aspirar a sostenerse gracias a su trabajo. 

Por eso adquiere tanta relevancia el debate aparentemente arcano sobre la hipótesis del “estancamiento secular” desempolvada de los anaqueles de la teoría económica por, entre otros, Lawrence Summers. De acuerdo con esta hipótesis, la atonía económica de los últimos años, lejos de ser una excepción, va a ser la nueva norma, solo interrumpida por periodos de especulación febril espoleados por alguna burbuja de activos, generalmente inmobiliarios. En su versión más caracterizada, la hipótesis del estancamiento secular sostiene que, debido a un síndrome de cambios en la economía (tecnológicos, demográficos...), la demanda de recursos de inversión generada por el aparato productivo no es capaz de absorber la oferta de ahorro total de la economía. En condiciones normales, el ajuste entre oferta y demanda en cualquier mercado se produce mediante cambios en el precio, en este caso la tasa de interés. Pero, y esta es una de las observaciones que más favorece a la hipótesis en cuestión, en los últimos años las tasas de interés en los países desarrollados se encuentran en niveles prácticamente iguales a cero a pesar de lo cual sigue existiendo un exceso de ahorros respecto a los requerimientos de inversión. 

Hay razones para tomarse en serio esta hipótesis, especialmente en el caso de España. Los síntomas parecen coincidir: altos niveles de desempleo, bajos niveles de inflación y de tasas de interés, periodos de crecimiento vigoroso basados en burbujas especulativas. Entonces, ¿qué hacer? 

Una salida ortodoxa sería la de retomar la ya tradicional agenda de reformas para relanzar el crecimiento económico a partir del sector privado. Quienes prefieren este enfoque enfatizan, por ejemplo, reducciones a las barreras para crear y destruir empresas, unión bancaria europea y flexibilización de los mercados, incluido por supuesto el mercado laboral, todas ellas medidas que apuntan a reducir el costo de uso del capital para así alentar a los agentes privados a usar más de aquellos recursos de ahorro que de otro modo pesarán como un ancla sobre la economía. 

No es este el lugar para discutir en detalle todas estas propuestas y es imposible calificar a todas por igual. Algunas son prácticamente obvias; ningún economista, independientemente de su concepción ideológica, estaría en contra de aumentar la eficiencia del sector público y de eliminar trámites burocráticos superfluos. Pero en la práctica las cosas no suelen ser tan sencillas. Suele suceder que algunas regulaciones que para un economista puedan parecer un simple estorbo a la inversión, son en realidad el reflejo de un profundo consenso social que toma en cuenta otros factores no económicos. Por ejemplo, es dudoso que los ciudadanos europeos acepten, en aras de mayor inversión, las laxas normas de seguridad o de protección ambiental que existen en regiones menos desarrolladas. Las regulaciones al mercado laboral no existen como un mero capricho para fastidiar a los empresarios sino que son a veces el mecanismo más confiable y robusto para proteger el ingreso y las condiciones de trabajo de los empleados. Por muchos defectos que puedan tener, es comprensible que la ciudadanía mire con recelo intentos de desmantelarlas, máxime cuando estos intentos no vienen acompañados de un genuino esfuerzo por reemplazarlas por algo mejor. Por lo demás, llama la atención que los síntomas del estancamiento secular aquejan no solamente a España sino a países con mercados mucho más flexibles y sectores públicos más eficientes como Estados Unidos. 

La alternativa heterodoxa considera que si el estancamiento secular es un rasgo permanente de la operación de los mercados de factores en los tiempos actuales, la solución es complementar la acción de dichos mercados con una presencia vigorosa del sector público a la hora de absorber los ahorros que los inversionistas privados no demandan. Para tal fin, sería necesaria una auténtica batería de políticas anticíclicas. Déficits fiscales en tiempos de recesión, programas de empleo garantizado, políticas de ingreso tales como la renta básica universal o el ingreso de participación, son solo algunas de las ideas que entran dentro de esta categoría. En todo caso, no hay que olvidar que la arquitectura institucional del euro ha reducido el margen de maniobra anticíclica de los gobiernos nacionales por lo que, si se fuera a avanzar en esta dirección sería necesario dotar al gobierno de un mayor control sobre los recursos de ahorro bien sea mediante una mayor participación de la banca pública o mediante la creación de lo que se conoce como un banco ciudadano de depósitos, cuya función es centralizar el ahorro del país en una entidad regulada públicamente pero que suministre los recursos tanto a la banca privada como al gobierno. 

En cualquier caso, el estancamiento secular presenta un reto conceptual formidable ya que invita a repensar las relaciones entre sector público y privado en un contexto en que las certezas vigentes se desmoronan. La buena noticia es que, si la hipótesis es cierta y el estancamiento es verdaderamente secular, no hay riesgo de que el problema desaparezca antes de que termine el debate. 

 

* Luis Fernando Medina es investigador del Instituto Carlos III-Juan March y colaborador del Laboratorio de la Fundación Alternativas

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