Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

JAVIER REY (*)

 

Puig

Carles Puigdemont, en el Parlament 

El “proceso” independentista catalán se ha constituido en un asunto central de la política española y adquirido una dinámica propia. Es lógico que, en consecuencia, se hayan comenzado a formular diferentes propuestas para evitar su deriva hacia un enfrentamiento entre los poderes del Estado generador de perjuicios para todos. Sin embargo, algunas de las propuestas formuladas pueden generar efectos perversos sobre el funcionamiento del Estado en su conjunto, y de algunos de sus servicios en concreto. Se comenta aquí, por las repercusiones que su desarrollo podría tener sobre las organizaciones sanitarias catalana y la autonómica general, una propuesta formulada en por Xavier Vidal-Folch en el diario El País el 27 de enero (http://elpais.com/elpais/2016/01/22/opinion/1453467557_612033.html), consistente en el “blindaje” de las “competencias estratégicas (de Cataluña) tales como las económico-financieras, educativas, lingüísticas y culturales” (de Cataluña) incorporando una capacidad expansiva de alcance y ambición justamente a acordar” previo a una reforma en profundidad de la Constitución en su aspecto territorial, que permitiera abordar ésta con la tranquilidad necesaria. Se formulan dos comentarios sobre esa propuesta.

1) En Cataluña, desde 1981, año en que su gobierno asumió el traspaso de las competencias sanitarias “completas”, los gobiernos sucesivos han venido haciendo una interpretación expansiva de las mismas, convirtiéndolas de hecho en “exclusivas”. Tal interpretación, sin oposición real de ninguno de los gobiernos centrales que han sido hasta ahora, y pese a carecer de refrendo constitucional y jurisprudencial adecuado, ha llevado a lo que desde hace años se ha dado en llamar el “modelo sanitario catalán”.

Éste se caracteriza por integrar en un “Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña” (SISCAT), creado en 2010, centros públicos y privados, reunidos a su vez en tres agrupaciones de proveedores distintos: el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que reúne a los centros de la antigua red de la Seguridad Social, el Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC), que agrupa a los antiguos centros dependientes de las diputaciones y municipios catalanes, y la Unión Catalana de Hospitales, que reúne a los centros privados. El Sistema permite al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que gestiona la prestación de los servicios sanitarios, concertar en igualdad de condiciones y de manera indistinta con cada una de las tres redes citadas.

Ese modelo, desarrollado con el apoyo de CiU y el PSC, tiene sus raíces en la amplia tradición de hospitales municipales y mutualidades privadas dotadas de centros propios que existía en Cataluña desde más de un siglo antes, y en un nivel de pólizas de seguro sanitario privado que supera al del resto de las CCAA españolas, salvo Baleares y Madrid (http://www.unespa.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=hvWcjDI9F9kJfO4KEwJg9KHVnmPJBiJw7WLMoFZ_QKY), buena parte de ellas suscritas con mutuas privadas hasta hace poco exclusivas de su ámbito territorial. El “modelo sanitario catalán” ha alcanzado así a ser una verdadera estructura de estado sin Estado, a la espera de la constitución de Cataluña como tal.

Su funcionamiento genera un sesgo de inequidad en la prestación de los servicios, a favor de los grupos de ciudadanos (30% de la población catalana (http://www.caffereggio.net/2015/09/04/expolio-nacional-o-expolio-social-en-catalunya-y-en-espana-de-vicenc-navarro-en-publico/) que simultanean el derecho a la cobertura pública, disponible para todos, con una póliza privada. Inequidad que se expresa en facilidad para acceder a la atención, en particular la especializada, posibilidad de acceder a ventajas sanitarias u hoteleras en la prestación de los servicios, contrapuesto al apoyo que se ha dado a la obtención de desgravaciones fiscales por las cotizaciones a las aseguradoras privadas (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/30/barcelona/1275212737.html ).

Esa forma de organización de la atención sanitaria financiada públicamente ha propiciado además el desvío de pacientes con cobertura pública al ámbito de la atención privada a la vez que se reducía la dotación económica de los centros públicos. Facilitar la consolidación de esas formas de organización y funcionamiento de los servicios sanitarios en esa CA, mediante el "blindaje" de la forma en que han sido desarrolladas a partir de una interpretación unilateral no combatida de las competencias sanitarias asumidas, sería un flaco favor a cuantos ciudadanos catalanes, la mayoría de ellos, no se benefician de aquélla.

Sería además un error añadido hacerlo cuando desde algunos sectores que dan soporte y forman parte del actual gobierno independentista catalán, se han empezado a poner en cuestión algunos elementos centrales del modelo, en particular la participación de ciertos centros privados en la gestión de la asistencia pública. Una puesta en cuestión no exenta de contradicciones y oposición por los sectores afectados, y de resultados dudosos, que, en todo caso, no debería contribuir a acallarse desde fuera mediante un “blindaje” de ese Sistema.

2)El segundo comentario deriva de la propuesta de “otorgar garantías especiales a la autonomía económico-financiera catalana”, un eufemismo que parece encubrir la demanda permanente de la autonomía catalana de reducir sus supuestas balanzas fiscales negativas con la Administración central como consecuencia de sus aportaciones a la solidaridad con otras CCAA.

El derecho a la protección sanitaria figura en la Constitución Española (CE) vinculado a la condición de ciudadanía española, y no a la residencia o pertenencia ciudadana a cualquier entidad de nivel autonómico. A su vez, la financiación de los servicios sanitarios supone al menos el 40% del presupuesto de cualquier Comunidad Autónoma (CA), también la catalana.

En esas condiciones, establecer cualquier clase de limitación general a la “solidaridad” fiscal de Cataluña con el resto de las CCAA, sobre bases supuesta y falsamente comparables con lo que ocurre en otros países federales, no resulta razonable si en el cálculo se incluye de manera indiferenciada la financiación sanitaria. Hacerlo así impediría mantener un mismo nivel de protección sanitaria para toda la población española, dado que la mayoría de las CCAA carecen de capacidad fiscal para mantener los servicios sanitarios sólo con cargo a sus propios ingresos. Si se quiere mantener el derecho universal e igualitario a la protección sanitaria, la solución “federal” a ese problema pasa por la separación de la financiación sanitaria de la financiación autonómica general, estableciendo criterios específicos de distribución y control de la primera (http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/47a0bc83a71e121bef785c7c1d13e370.pdf ) y aplicar, en su caso, conforme a criterios asimétricos acordados, limitaciones a la transferencia de recursos de las restantes competencias asumidas, en especial la de aquéllas que caracterizan de una manera específica a la autonomía catalana como una nación cultural.

No hay tampoco argumentos que avalen una insuficiencia de la financiación sanitaria catalana diferente a la de las restantes CCAA de régimen común, y sí, por el contrario, niveles más altos de déficit y deuda sanitaria que los de la mayoría de éstas, que sugieren problemas estructurales y de gestión sanitaria específicos por parte de aquélla.

A esta última situación se le ha dado solución parcial con el recurso a financiación adicional proporcionada a través de los Fondos de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera   por el Ministerio de Hacienda (http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/actualidad/notas_de_prensa/notas/2016/01/28-01-16-NdP-PAGOS-FLA-ENERO-2016/28-01-16%20NdP%20PAGOS%20FLA%20ENERO%202016.pdf ), en cuyo reparto, como ha ocurrido cada vez que en diferentes ocasiones previas se han proporcionado fondos adicionales a la financiación sanitaria, Cataluña ha salido beneficiada de manera asimétrica (http://politica.elpais.com/politica/2015/07/29/actualidad/1438193812_953297.html).

Ampliar esas diferencias aceptando que se establezcan limitaciones a la solidaridad catalana en servicios sanitarios con otras CCAA supondría sentar las bases para la ruptura efectiva del Sistema Nacional de Salud. Por el contrario, la modificación constitucional que parece precisa para lograr un mejor acomodo de la sociedad catalana en España, y todas las propuestas previas que puedan conducir a ella, deberían utilizarse para adaptar el sistema sanitario a nuestra realidad constitucional y social mediante reformas directas del mismo y otras medidas complementarias. Entre éstas, una modificación del sistema de financiación autonómica, por otra parte demandada por todos los partidos y CCAA, que se adapte a la vez a las condiciones de la organización política federal, y a las universales e igualitarias de la protección de la salud.

 

(*) Javier Rey es Doctor en Medicina. Médico inspector de la Seguridad Socia y miembro del Consejo Asesor del Laboratorio de la Fundación Alternativas

La cultura en España suspende de nuevo

Por: | 28 de marzo de 2016

PATRICIA CORREDOR (*)

 

 

 

Banne
 

El tercer sondeo sobre el estado de la cultura en España, realizado por el Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC) de la Fundación Alternativas da una calificación media del 4,6, con apenas una décima sobre el suspenso alto de 2013 (4,5) y aun a cinco décimas por debajo respecto al aprobado estricto de 2011 (5,1). Realizado antes de los comicios generales recientes, muestra así un pesimismo mantenido que sólo mejora levemente por el arrastre de la opinión de los gestores culturales.

Tras la gran repercusión mediática de los dos sondeos iniciales, los resultados de esta tercera consulta a la cultura constituyen todo un grito de socorro que apela a los nuevos gobiernos locales y estatales, en unas actividades consideradas unánimemente como esenciales para la calidad de nuestra democracia y nuestra convivencia social, pero también trascendentales para nuestro desarrollo económico.

La mejora de las expectativas económicas y el momento de cambio esperado en la Política tienen así un efecto muy leve en las puntuaciones de las 54 cuestiones planteadas a casi un centenar (96) de agentes culturales españoles, repartidos equitativamente entre los siete principales sectores de actividad y los tres roles profesionales más destacados, creadores, gestores y críticos. Hasta el punto de que las dos preguntas de actualidad suplementarias incluidas sobre sus esperanzas de un cambio positivo a corto plazo en cuanto al IVA cultural reducido y de una legislación más favorable al mecenazgo, también están suspensas; y sólo mejoran prudentemente las valoraciones de otras dos cuestiones en cuanto a las expectativas de unas políticas más favorables a la cultura tras las elecciones locales pasadas (4,9) y las generales del 20-D (5,1).

El mundo cultural español evidencia así su plena conciencia del mal momento atravesado por la cultura en los últimos cinco años, como consecuencia de la crisis económica y del hundimiento de las políticas públicas de fomento. Hasta el punto de que estas últimas son las preguntas peor valoradas junto a las políticas de cooperación y de exportación al exterior, convirtiéndose en los agujeros negros de nuestra cultura. En cambio, las cuestiones mejor puntuadas son las que se refieren a las promesas encerradas por las nuevas redes de comunicación, y sobre la creatividad y consumo de nuestros productos culturales ahora y a corto plazo.

Los sectores culturales también reciben diagnósticos muy diferentes, desde el aprobado claro de las artes plásticas o los aprobados altos de publicidad y diseño al suspenso bajo del libro, el audiovisual o la música, que se hunde más aun en los videojuegos y las artes escénicas. Las crisis económica, política y tecnológica están incidiendo desigualmente en cada uno de los tipos de actividad cultural.

 

(*) Patricia Corredor es Doctora en Ciencias de la Información y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos

 

VÍCTOR C. PASCUAL PLANCHUELO (*)

 

 

Mordaza

Un grupo de personas se manifiesta contra la denominada "Ley Mordaza"

El pasado 25 de Febrero de 2016 se publicó el “Informe Final” relativo a las elecciones generales celebradas en España el 20 de Diciembre de 2015 elaborado por la Misión de Asistencia Electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Esta Oficina con base en Varsovia (Polonia), antigua Oficina para las Elecciones Libres, constituye un instrumento fundamental de asesoramiento y asistencia electoral para los 56 países que componen la Organización, creada en la Cumbre de París en 1990, con el modesto mandato de facilitar los contactos y el intercambio de información sobre elecciones entre los Estados miembros de la CSCE. .

Actualmente, la ODIHR centra sus esfuerzos en apoyar los procesos de transición a la democracia electoral de los países de Europa Central y Oriental así como de Asia Central, y envía importantes Misiones de Observación Electoral a estos países para verificar que las elecciones celebradas se adecuan a los estándares internacionales para elecciones libres y competitivas.

Para los países de Europa Occidental, que pasan por ser democracias más consolidadas, la ODIHR no suele enviar Misiones extensas de observadores internacionales, sino que se limita a enviar un reducido Equipo de expertos y analistas electorales para evaluar los procesos electorales, analizando no sólo el día de la votación, sino el conjunto del proceso electoral en casi todas sus etapas.

Los parámetros en los que se basa la ODIHR para evaluar si las elecciones se realizan en línea con los estándares internacionales, en el ámbito OSCE, se recogen en el “Documento de Copenhague sobre la Dimensión Humana de la OSCE, de 1990”, que fue pactado y suscrito por todos los países de la Organización con el fin de promover la democracia en Europa, Asia Central, Estados Unidos y Canadá. El Documento de Copenhague establece un marco jurídico sin precedentes para el análisis de los procesos electorales en la región OSCE con el objeto de verificar si las elecciones celebradas se ajustaban a estos parámetros o estándares internacionales para elecciones democráticas.

Para las pasadas elecciones generales celebradas en España el 20 de Diciembre de 2015, la ODIHR envió una Misión de Asistencia Electoral compuesta de 7 expertos –procedentes de 7 Estados miembros de la Organización- que estuvieron observando el proceso electoral desde el 7 hasta el 23 de diciembre. La conclusión de la Misión fue que

“Las elecciones se desarrollaron de manera profesional, eficiente y transparente, en términos generales, y los actores electorales expresaron su confianza en la mayoría de etapas del proceso electoral”.

No obstante, la Misión, que desarrolló una observación imparcial, técnica y analiza integralmente todo el proceso, también detectó relevantes deficiencias en el sistema electoral. Entre otras muchas, por su importancia, destacamos las siguientes

  1. La Ley de Seguridad Ciudadana (vulgarmente conocida como “Ley Mordaza”), en vigor desde julio de 2015, y algunas modificaciones del Código Penal, suscitan dudas sobre su congruencia y respeto a las libertades básicas de los ciudadanos.
  2. El reparto de escaños por circunscripciones no respeta debidamente el principio de “igualdad de voto”, tal y como se preceptúa en el artículo 7.3 del Documento de Copenhague. Puede analizarse en el informe el grado de desviación en la igualdad de voto en algunas circunscripciones. En términos generales, el sistema electoral tiende a favorecer a los partidos mayoritarios, tanto a nivel nacional como provincial, primando de forma desproporcionada el voto de las provincias frente al voto de las ciudades. Las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas. En base a ello, el Informe concluye aduciendo que existen ciertas quiebras del principio de “igualdad de voto”, debiendo considerar las autoridades la necesidad de asegurar esta igualdad para todos los votantes en la elección de diputados y senadores.
  3. La ODIHR también estima que la Administración Electoral debería realizar sus reuniones en sesiones abiertas a observadores y medios de comunicación, para mejorar su transparencia.
  4. El informe también destaca que las restricciones al voto de las personas con discapacidad vulneran el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, ratificada y en vigor en España.
  5. Por otro lado, el informe insiste –como en anteriores citas electorales- en la necesidad de garantizar que puedan presentarse a las elecciones candidaturas independientes, de conformidad con los estándares internacionales.
  6. Asimismo, el Informe prosigue afirmando que el marco legal español no permite la observación del proceso electoral por parte de observadores nacionales no partidistas ni a observadores internacionales, vulnerando de esta forma la obligación reflejada en el artículo 8 del Documento de Copenhague.
  7. De igual modo, se señala que el secreto de voto no se respeta por los votantes, pues no se utilizan las cabinas de votación, por no ser de uso obligado. Insiste la Misión en que las Autoridades deben garantizar el “secreto de voto” como principio fundamental para unas elecciones democráticas, tal y como se prevé en el artículo 7.4 del Documento de Copenhague, evitando así influencias o riesgos que pueden poner en tela de juicio el libre ejercicio del derecho de voto.
  8. Presta atención la Misión de la ODIHR a las diversas incidencias que ha presentado en estas elecciones el procedimiento del voto por correo en relación a los ciudadanos en el exterior; recalca el Informe que todos los electores deben poder gozar de las mismas oportunidades para ejercer su derecho al voto mediante el voto por vía postal, debiendo corregirse los defectos y obstáculos que se han detectado en este proceso electoral para aquellos electores residentes en el extranjero.
  9. De igual modo, el Informe de la Misión enfatiza la necesidad de mejorar la formación y el entrenamiento de los miembros de las Mesas Electorales para optimizar su conocimiento de los procedimientos y el correcto desarrollo de sus funciones.
  10. Para finalizar, la ODIHR también constata la necesidad de que cada colegio electoral publique los resultados electorales de ese Colegio, en un formato accesible al público, a fin de mejorar la transparencia del proceso.


Estas son algunas de las deficiencias más relevantes que podemos extraer del informe de la Misión de Observación; en la parte final del Informe de la ODIHR se exponen hasta 23 recomendaciones que la Misión dirige a las autoridades españolas para que sean tomadas en consideración en próximas citas electorales, con objeto de acercar a España al cumplimiento adecuado de los estándares internacionales para elecciones democráticas.

Es decir, este Informe de la ODIHR resulta un instrumento de gran valor que habría de guiar la reforma electoral tantas veces demandada en nuestro país. Este detallado e imparcial informe no proviene de ningún partido político, no viene marcado por ninguna tendencia ideológica, sólo persigue –desde un enfoque exclusivamente técnico- la mejora de nuestra Democracia electoral y, por ende, de nuestro sistema en su conjunto.

Nuestra democracia necesita profundización, requiere mejorar la igualdad de voto de los españoles, la representatividad, la transparencia del proceso, la garantía del secreto de voto, etc. Además es obvio que necesitamos mecanismos de democracia directa y participativa; tenemos una vibrante y activa sociedad civil, y la participación de la población en la vida política demanda una mayor implicación del ciudadano en la Política.

Si como parece el 26 de Junio de este año se van a repetir las elecciones por la falta de acuerdos para formar Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, se abrirá entonces una oportunidad única de implantar estas recomendaciones y subsanar las deficiencias de nuestro sistema electoral, con objeto de acercar nuestro sistema a los estándares internacionales para elecciones democráticas, tal y como se recogen en el Documento de la Dimensión Humana de la OSCE, firmado en Copenhague en 1990, por los Estados miembros de la Organización.

En definitiva, pido a autoridades, partidos políticos y agentes sociales que este Informe no quede relegado al ostracismo; les ruego que lo difundan y que exijan la reforma de nuestro sistema electoral, cada uno desde sus ámbitos de actuación, libre de partidismos y posicionamientos ideológicos, es decir, únicamente en base a las recomendaciones técnicas en él contenidas.

Es responsabilidad de nuestras autoridades políticas tener en cuenta este Informe, implantar sus recomendaciones y corregir las deficiencias advertidas de nuestro proceso electoral. Y ello porque el cumplimiento de las recomendaciones que expone el meritado Informe constituye una obligación política del Estado español, que forma parte de sus obligaciones internacionales.

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1.- OSCE/ODIHR, Informe Final de la Misión de Observación Electoral en las Elecciones Generales en España, 20 de diciembre 2015, http://www.osce.org/odihr/elections/spain/224411?download=true

2.- Documento de la Dimensión Humana de la OSCE, Copenhague, 1990.

3.- “(7.3 ) — garantizarán el sufragio universal e igual a todos los ciudadanos adultos”
“Artículo 29. Participación en la vida política y pública.

4.- Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.”
“(8) Los Estados participantes consideran que la presencia de observadores, ya sean extranjeros o nacionales, puede realzar el proceso electoral de los Estados en que se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a observadores de otros Estados participantes de la CSCE, así como a instituciones y organizaciones privadas adecuadas que lo deseen, observar el curso de sus procesos electorales nacionales, en la medida permitida por la ley”.

5.- “(7.4) — garantizarán que las elecciones sean por votación secreta o por algún proceso equivalente de votación libre y que los votos sean contados y registrados limpiamente, dando a conocer al público los resultados oficiales;”


(*) Víctor C. Pascual Planchuelo es profesor asociado de Derecho Internacional Público de la UCM

CARLOS XABEL LASTRA-ANADÓN (*)

 

Cole

Imagen de un colegio público de Madrid

¿Qué hacen los colegios de primaria y secundaria que consiguen mejorar los resultados académicos de sus alumnos? ¿Qué tipos de profesores, de instrucción y de organización tienen un impacto significativo en la calidad de la educación?

Estas son las preguntas básicas que Fryer y Dobbie (2013) se plantean analizar rigurosamente como continuación natural de muchos años de casos de estudio y análisis cualitativos. Para ello, analizan “charter schools” de la ciudad de Nueva York, similares a los colegios concertados en España. Desde el punto de vista del investigador, dos características de estas escuelas las hacen interesantes: la primera es la total libertad de desarrollo del curriculum, organización del centro escolar, contratación y régimen de profesores. Esta libertad tiene como resultado una gran variación en lo que estas escuelas hacen, lo que facilita identificar el efecto de diferentes modelos escolares. Estos modelos son a menudo innovadores: han surgido escuelas que enseñan todo su currículo a través del arte o a través del trabajo en grupo.

La otra ventaja es la alta demanda por parte de padres de muchas de estas escuelas. Esto hace que muchas de estas escuelas, siendo gratuitas, tengan más solicitudes que plazas. Por ley, están obligadas a sortear estas plazas a través de loterías. Así se generan aleatoriamente un grupo de “tratamiento”, los que ganan la lotería, y un grupo de “control”, los perdedores. Como en las pruebas farmacéuticas, esto genera una comparación limpia de posibles factores que pudieran influir tanto en los resultados escolares como en el tratamiento.

Aprovechando estas dos características, Fryer y Dobbie recopilan información detallada sobre lo que hacen 68 escuelas. Su conclusión es que aproximadamente la mitad de la variación en la efectividad de los colegios puede explicarse por el uso de cinco prácticas:

-Alto nivel de exigencia y calidad del profesorado. Esta es la práctica más importante en el estudio. Dobbie y Fryer lo miden de varias formas. El que los profesores reciban feedback detallado sobre sus clases frecuentemente es la más importante: en las escuelas más efectivas lo reciben una media de 16 veces por semestre. Adicionalmente, en centros con una alta puntuación en esta dimensión, los profesores tienen más horas de preparación y clases (58 horas semanales de media).

-El uso intensivo de datos en la instrucción. Los colegios con una puntuación alta en esta dimensión realizan un gran número de controles y evaluaciones a los alumnos durante el curso escolar y estos resultan en una enseñanza diferenciada.

-Enseñanza suplementaria en grupos pequeños. Los colegios charter estudiados tienen refuerzos a través de tutorías de menos de seis personas en matemáticas y lengua más de cuatro veces por semana.

-Más tiempo. Los colegios charters son libres de determinar sus horarios y calendarios escolares. Los más efectivos tienen una media de 190 días de clase al año y 8 horas de instrucción diarias.

-Cultura de altas expectativas. La más difícil de definir de las medidas usadas por Dobbie y Fryer, está caracterizada por el movimiento “no hay excusas” de muchas charters, en las que director, profesores y padres esperan un gran esfuerzo y altos resultados de todos y cada uno de sus alumnos.

Esta lista de cinco prácticas puede no ser especialmente sorprendente al tratarse de desiderata habituales de colegios y sistemas educativos. Sin embargo, lo que puede resultar sorprendente es que otras medidas no tienen un efecto positivo sobre los resultados académicos. Tener clases de menor tamaño, gastar más por alumno o el que los profesores tengan un título de master no parecen estar asociados con mejores resultados académicos.

Varias preguntas surgen de este análisis. La primera consiste en la conexión causal entre las cinco prácticas y la efectividad escolar. El estudio no permite decir que estas prácticas son lo que hacen que esos colegios sean más efectivos. Por ejemplo, la cultura de altas expectativas y la alta dedicación de los profesores pueden ser síntomas resultado de otro factor no medido que realmente está mejorando los colegios, como la alta calidad en la gestión del centro o la motivación de los profesores.

Fryer (2014) intenta establecer este vínculo a través del cambio selectivo de estas prácticas en colegios públicos en Houston. Este estudio, además, se plantea hasta qué punto se puede utilizar lo aprendido en las libérrimas charters para cambiar las escuelas públicas. Es difícil exagerar la magnitud del esfuerzo del experimento social llevado a cabo por Fryer en 20 escuelas en Houston. La mitad de ellas fueron asignadas al “paquete” de cinco intervenciones previamente identificadas. A lo largo de varios años se cambia la composición del claustro, se introducen modelos nuevos y exitosos en el uso de datos, se alarga la jornada escolar y el número de días de clases hasta los niveles de las mejores charters neoyorquinas, se introducen tutores a tiempo completo y se establecen contratos de altas expectativas en el desempeño escolar entre profesores, padres y alumnos. Para dar una idea del cambio, diecinueve de los veinte directores y más de la mitad de los profesores son reemplazados.

Los resultados de la intervención en las escuelas públicas son grandes en magnitud:
son equivalentes a avanzar en conocimientos de matemáticas al doble de velocidad que la media.

¿Qué podemos aprender en el contexto español?

Las cinco prácticas identificadas son, en principio, transportables a cualquier contexto y muchas no dependen de un aumento presupuestario. España tiene, por motivos históricos, un número mucho más elevado de colegios concertados que Estados Unidos: un 38% de alumnos acuden a colegios privados (en su mayoría concertados) frente a un 6% en Estados Unidos (West and Woessman 2010). Sin embargo, estos no ejercen habitualmente como fuente de innovación para al sector público.


Quizá el reto más importante en España para el cambio en estas prácticas escolares pueda ser la falta de sentimiento de urgencia en la búsqueda de reformas de este tipo. En Estados Unidos, la educación de las clases más desfavorecidas, típicamente minorías y urbanas está considerada una emergencia nacional, que aparece en los discursos del Presidente habitualmente y que es prioridad de todos los alcaldes de grandes ciudades. El crecimiento en el uso de los charters en Nueva York como fuente de innovación proviene de ese movimiento. La apertura a reformas radicales del sistema público en Houston, Denver o Chicago también viene de la percepción colectiva de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, como el reemplazamiento de un número significativo de profesores y directores.

Finalmente, otro componente importante de estas reformas es el compromiso individual de muchos ciudadanos. Como los padres en Nueva York que asumen el reto de investigar y encontrar la mejor plaza escolar para sus hijos y también de los ciudadanos altamente cualificados, dispuestos a enseñar como profesores o tutores en las peores escuelas de Houston como parte de su compromiso civíco, por un sueldo modesto. Estas intervenciones son reflejo de un sentido de urgencia colectivo por la mejora de la calidad educativa contra el que “no hay excusas” y en el que las soluciones creativas florecen.


Referencias bibliográficas

Fryer, R., Dobbie, W. (2013): “Getting Beneath the Veil of Effective Schools: Evidence from New York City”. American Economic Journal: Applied Economics 5:4.

Fryer, R. (2014): “Injecting Charter School Best Practices into Traditional Public Schools: Evidence From Field Experiments”. Quarterly Journal of Economics Forthcoming

Gleason, P., Clark, M., Clark Tuttle, C., Dwoyer, M., Silverberg, M. (2010). “The Evaluation of Charter School Impacts: Final Report.” National Center for Education and Evaluation and Regional Assistance, 2010-4029.

West, M., Woessman, L. (2010): “‘Every Catholic Child In A Catholic School’: Historical Resistance to State Schooling, Contemporary Private Competition and Student Achievement across Countries”. The Economic Journal 120.

 

 

1.- Esto es cierto para un subconjunto de estas escuelas: la charter school media no tiene resultados superiores a la escuela media (Gleason et al. 2010))


2.- Por ejemplo, si no hubiese loterías nos resultaría más difícil comparar a los alumnos que acuden a estas escuelas por elección de unos padres dedicados al futuro de sus hijos con otros alumnos que simplemente no lo habían solicitado admisión. ¿Es la de dedicación de los padres o la escuela la que influye en los mejores resultados de las escuelas charters? Podríamos intentar una respuesta imperfecta a través de otros métodos, pero nunca sería completamente convincente, como es la comparación de grupos generadas por loterías.

3.- Los profesores de muchos distritos escolares americanos reciben un suplemento salarial por tener un máster, por lo que ha proliferado una industria de Másteres en Educación que cumplen este objetivo administrativo.

4.- Un estudio que permitiese establecer el mecanismo causal asignaría también aleatoriamente estas cinco prácticas dentro del contexto de un colegio.


5.- Fryer consiguió recaudar fondos para financiar las indemnizaciones de finalización de contrato de muchos de aquellos a los que su equipo de trabajo no consideró aptos para continuar en sus puestos.

 

(*) Carlos Xabel Lastra-Anadón  estudia el doctorado en la escuela Kennedy de Harvard

 

 

BÁRBARA VIDAL (*)

 

 

 Art

 

Termina marzo, mes tradicionalmente dedicado a “la mujer” por el Día de la Mujer Trabajadora, y merece la pena parar un segundo y celebrar que para muchos agentes del arte y la cultura, la mujer está presente siempre, cada mes del año, y cada vez con mayor protagonismo, ocupando poco a poco el lugar que le corresponde en la historia del arte.

Pero muy poco a poco... Por eso las reivindicaciones de las Guerrilla Girls (“Menos del 5% de l@s artistas de las secciones de arte moderno de la mayoría de los museos del mundo son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos”, 1989) y de la asociación MAV_Mujeres en las Artes Visuales (“seguimos ancladas en un 23% de artistas femeninas y el porcentaje de artistas españolas se mantiene prácticamente entre un 4% y un 6%, lo que sigue mostrando poco impulso a la creación femenina nacional”, InformeARCO2015 sobre la presencia de artistas mujeres) resuenan como sirenas de alarma en la sociedad del siglo XXI, la sociedad del conocimiento*.

La feria de arte contemporáneo Art Madrid’16, celebrada en febrero, ha sido altavoz de esas demandas y ha dedicado su programa de actividades a la igualdad y visibilidad de la mujer en el arte bajo el título #ARTEYGÉNERO. Conscientes de que no podemos obligar a las galerías a presentar una “cuota” de mujeres, lo que hemos hecho es poner el tema sobre la mesa y marcarlo en rojo en la agenda de los profesionales del arte. Hemos sido la primera feria en hacerlo y estamos muy orgullosos de ello y de aquellos que nos han ayudado a llevarlo a cabo: Fundación FiArt, XTRart, MAV, plataforma Género y Figura de mujeres fotógrafas, #SaveGenderMuseum (Ukrania), las artistas Verónika Márquez y Yolanda Domínguez, la comisaria Margarita de Aizpuru, las educadoras Anamusma y Kae Newcomb y, por supuesto, Carmen Calvo, Artista Invitada AM16, ejemplo de lucha y entusiasmo.

Art Madrid entiende el arte como reflejo de la sociedad en la que se desarrolla y como herramienta para su cambio. La educación en arte y la educación en valores van de la mano y, con este ciclo teórico y práctico, hemos destacado el trabajo de artistas contemporáneas, y amadrinado proyectos dedicados a la igualdad de derechos y a la creación artística desde la perspectiva de género, dando la oportunidad a miles de personas de conocer una realidad y actuar sobre ella. Por cierto, MAV publicará en estos días el InformeARCO2016, veremos cómo han evolucionado los datos en este año. Actuemos en cualquier caso.

(*) Para la UNESCO, el concepto de sociedad del conocimiento va más allá de la sociedad de la información porque apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de la sociedad del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. Resultado: una sociedad más igualitaria, más libre y sostenible apoyada en la transformación de las instituciones educativas.

 

 

(*) Bárbara Vidal. Socióloga, Periodista y Gestora Cultural. Coordinadora del Programa de Actividades #ARTEYGENERO y Dra. de Comunicación en Art Madrid’16.

Túnez, el próximo objetivo del ISIS

Por: | 18 de marzo de 2016

RICARD GONZÁLEZ (*)

 

Isis
A pesar de que no existe una reivindicación oficial, todo apunta a que el sofisticado ataque perpetrado contra las fuerzas de seguridad tunecinas el pasado 7 de marzo en la ciudad meriodional de Ben Guerdane, limítrofe con Libia, fue llevado a cabo por el autodenominado Estado Islamico o ISIS. La ofensiva, en la que se estima que participaron docenas de combatientes, al menos 50, constituye un salto cualitativo en la amenaza que representa esta milicia yihadista para la joven democracia tunecina. Por su naturaleza y envergadura, la acción sugiere el paso del ISIS de actividades terroristas, centradas en el reclutamiento de militantes y la realización de atentados, a otras de tipo insurgente, es decir, con la finalidad de hacerse con el control de territorio.

Si bien la ofensiva contó con un número de efectivos sin precedentes en la historia de los movimientos yihadistas en Túnez, los militantes del ISIS se encontraban claramente en inferioridad frente a las fuerzas de seguridad, con una presencia importante en una ciudad con una gran importancia estratégica. El Gobierno tunecino considera que el objetivo del ISIS era instigar una rebelión popular, provocar la deserción de las tropas del Ejército e instaurar un emirato en la zona fronteriza con Libia, una estrategia parecida a la llevada a cabo en Mosul, entre otras ciudades.

Otra posible interpretación apunta que la acción del ISIS tenía unos objetivos más humildes, como hacerse con el control de instalaciones de la policía y el Ejército y hacer ondear allí su bandera. Según esta teoría, la milicia yihadista habría actuado con una cierta precipitación después del arresto dos días antes del hermano de uno de sus líderes en Ben Guerdane. Ante la impresión de que las fuerzas de seguridad estaban estrechando su cerco y que las células podrían ser desarticuladas en cuestión de días, decidieron lanzar un ataque buscando una victoria de tipo más bien propagandístico que militar.

Sea como fuere, la mayoría de expertos consideran que el ISIS cuenta todavía con al menos centenares de militantes dentro de Túnez, y que el golpe que recibió con la muerte de al menos 60 de sus combatientes y la detención de otra decena, no será definitivo. Es de esperar que durante los próximos meses se redoble la presión sobre las fuerzas de seguridad, sobre todo en el sur del país, y no se descarta la realización de nuevos atentados terroristas en la capital o en zonas turísticas, como los que tuvieron lugar el año pasado en el Museo del Bardo y en una playa de Susa.

La reacción firme de las fuerzas de seguridad, cuya preparación había suscitado serias dudas, ante la más ambiciosa ofensiva yihadista hasta la fecha constituye una noticia positiva. Como también lo es el apoyo que les brindó la población de Ben Guerdane, algo que no estaba garantizado. Esta ciudad fronteriza vive sobre todo del contrabando con Libia y forma parte de las zonas tradicionalmente marginadas por el Estado. Por esta razón, se había especulado con la posibilidad de que las redes mafiosas pudieran sellar una alianza con el ISIS en su pulso con el Estado, algo que, de momento, no ha sucedido.

Sin embargo, no hay duda de que el ISIS representa una seria amenaza para un país que todavía no ha cerrado las costuras de su transición. Además de la amenaza yihadista, Túnez se enfrenta a otros importantes desafíos, entre ellos, la apatía política de un segmento importante de la población que no ha visto cumplidas sus expectativas después de la revolución, y el estancamiento económico que impide proporcionar empleo a centenares de miles de jóvenes parados de larga duración.

Además, a la transición le quedan aún varias asignaturas pendientes, como la reforma del ministerio del Interior para poner fin a los abusos policiales. En la fase actual de la lucha contra el ISIS, quizás el mayor riesgo que corre Túnez es desatar una ola de arrestos masivos e indiscriminados de presuntos simpatizantes yihadistas o de sus familiares, lo que podría acabar repercutir en un aumento del apoyo al ISIS en una franja de la población. Por esta razón, los países europeos no solo deben aumentar la cooperación en los ámbitos económicos y securitarios, sino a la vez presionar al Gobierno para que sus políticas vayan en la dirección correcta, es decir, la de construir una democracia robusta que garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos, incluida la libertad de culto.

 

(*) Ricard González es colaborador del  Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación Alternativas

La participación ciudadana y la experiencia de usuario

Por: | 14 de marzo de 2016

RAÚL OLIVÁN (*)

 

 

16-m
Asamblea del 15-M sobre la okupación del hotel Madrid

Una de las cosas que he aprendido colaborando en diversos proyectos de innovación ciudadana en Iberoamérica, es que todas las instituciones, locales, nacionales e internacionales, se hacen la misma pregunta cada día ¿cómo canalizar la participación de los ciudadanos en la vida pública? Que es una derivada de un dilema compartido ¿cómo adaptar las rígidas estructuras a la sociedad red y evitar la creciente ola de desafección civil?

Incluso los gobiernos más bienintencionados, ante el contexto de presión social que crearon el 15-M o los “junios” de Brasil, ejemplos de desbordamiento por indignación y falta de credibilidad del Sistema, han errado en la solución. No existe a día de hoy, una referencia global a la que imitar. Nadie, ninguna oficina gubernamental, ningún Think Tank, ninguna startup, ha conseguido ecualizar la compleja sinfonía de la participación en la Era digital.

Desde lo público, muy poco que reseñar, si acaso algunas iniciativas han demostrado al menos valentía, como el Laboratorio Hacker de la Cámara de los Diputados de Brasil, todo un ejemplo de hackeo desde dentro, en clave de transparencia y datos abiertos; o plataformas con gran potencial, como Decide Madrid, que aún es pronto para evaluar, si bien su software libre se está replicando ya en el Ajuntament de Barcelona, lo que supone un gesto político de gran calado.

Respecto a la respuesta privada, las startups fueron mucho más ágiles. Change o Avaaz, llevaron las tradicionales recogidas de firmas a la lógica de la web 2.0, y su crecimiento e impacto ha sido espectacular. No obstante, su margen de participación es muy limitado, básicamente firmar y proponer recogidas de firmas. Otros ejemplos magníficos son Twitter y Facebook, especialmente esta segunda, que se ha convertido en el foro político más importante para toda una generación; aunque bien sabemos que no son los mejores escenarios para una participación consciente, sosegada y crítica.

Desde mi punto de vista, lo que debemos aprender de Facebook o Change es su enfoque a la experiencia de usuario. La UX -por sus siglas en inglés- es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa del servicio. La UX depende no sólo de los factores relativos al diseño (software, usabilidad, accesibilidad, diseño gráfico...) sino también de las emociones, los sentimientos o la confiabilidad.

¿Cómo trasladar el enfoque de la UX a una plataforma de participación ciudadana? No debe ser sencillo si nadie ha hallado todavía la solución, pero me permito lanzar algunas ideas. La gente no se metió en Facebook para participar, si 1.300 millones de personas se han inscrito en esta red, es fundamentalmente para ver las fotos de sus amigos, saber qué hacen las personas que les gustan y, subsidiariamente, vender sus productos con imágenes, vídeos y eventos. Es decir, la experiencia de usuario es satisfactoria porque soluciona problemas reales a la gente real. Y luego, evidentemente, por empatía, la gente participa compartiendo una campaña de recogida de firmas en su muro o dando un “me gusta” a un comentario de protesta.

Una plataforma de participación digital debería solucionar problemas a la gente, no creárselos. Los ciudadanos tenemos muy poco tiempo y la participación crítica exige demasiada dedicación. La inmensa mayoría somos más de darle al “me gusta”. Quizá la clave sea contextualizar la participación, como un elemento más, en un portal de servicios integrados enfocados a la experiencia de usuario.

Imaginemos un ejemplo ideal a escala ciudad: El ciudadano se mete en el nuevo portal de su ayuntamiento porque le soluciona varios problemas a la vez. Dentro, puede pagar los impuestos, fraccionarlos, recurrir una multa, presentar un recurso de alzada, presentarse a una oferta de empleo (lo que llamamos administración electrónica); al mismo tiempo puede recargar su tarjeta inteligente, con la que usa el bus, la bici, el tranvía, los taxis, y paga en la piscina, el teatro o en el comercio local que le ofrece descuentos por fidelidad... ; además esta tarjeta inteligente recoge todos sus datos y puede comprobar cuántos kilómetros y calorías ha consumido yendo en bici (lo que denominamos como ciudad inteligente); por otro lado, el portal también le permite votar en un referéndum, emitir una queja o una sugerencia, preguntar al alcalde, crear mapas colaborativos... (el paradigma del gobierno abierto).

Pero aún podríamos llegar más lejos, desarrollando una dimensión de compromiso cívico, por ejemplo, pidiendo a los ciudadanos que ayudaran a difundir en sus redes campañas de concienciación y sensibilización, que mejoren la cohesión social, el sentimiento de identidad o la corresponsabilidad vecinal; mediante un sistema de logros (gamificiación) que visibilizara su desempeño, para atender esa necesidad tan humana que es el reconocimiento social, y por qué no, les premiara además con entradas de espectáculos deportivos y culturales.

Esta imagen ideal que retrato no está tan lejos de lo que se está trabajando ya, por ejemplo en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, aún estamos lejos de desarrollar una verdadera plataforma cívica, compacta e integrada; un modelo con software libre que se pueda replicar sin excesivo coste e implementar ágilmente desde diferentes ciudades, con un verdadero enfoque a la experiencia de usuario, que sea un híbrido entre una red social y un portal de servicios.

El problema no es tanto cómo se canaliza adecuadamente la energía cívica, para evitar un divorcio entre el Sistema y los ciudadanos; sino más bien, cómo reconstruimos una arquitectura de relaciones y participación, que supere la dialéctica de conflicto y que derribe definitivamente la lógica de la ventanilla, para que se desdibujen las fronteras entre el propio Sistema y los ciudadanos.

 

(*) Raúl Oliván Cortés es director de Zaragoza Activa y miembro del grupo de expertos de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana. @raulolivan

Elecciones en Irán: ¿Victoria reformista?

Por: | 11 de marzo de 2016

(*) LUCIANO ZACCARA

 

Hasan Rohaní ejerce su derecho al voto en Teherán

El presidente Hasan Rohaní ejerce su derecho al voto en Teherán.

Las elecciones en Irán siempre deparan sorpresas, a veces por lo inesperado de sus resultados, otras por las repercusiones internas y externas que generan. Pero en esta ocasión la sorpresa es que la prensa internacional se haya hecho eco de la de una supuesta aplastante victoria “reformista” en Teherán, donde su lista ha conseguido los 30 escaños en disputa en ese distrito, siendo esto, a nuestro entender, una interpretación no del todo correcta.

¿Pero se ha registrado realmente una victoria reformista realmente? El sistema electoral iraní prevé que la aceptación de candidatos debe hacerla el Consejo de Guardianes, cuerpo formado por seis juristas religiosos designados por el líder de la república, y seis juristas no religiosos, designados por el parlamento a propuesta del poder judicial. En estas elecciones legislativas 2016, la mayoría de los candidatos “reformistas” de primera y segunda línea fueron rechazados por el Consejo, y solo algunas figuras relevantes como Reza Aref han pasado ese filtro. Esto se suma al peculiar sistema de listas de candidatos propuestas por grupos políticos permanentes y alianzas electorales creadas ad hoc en cada proceso electoral. Estas listas no son sin embargo listas abiertas o cerradas como se conocen en sistemas europeos, sino que son simples propuestas que generalmente incluyen políticos de diversos grupos, y a veces de diversa orientación ideológica, sin ni siquiera necesitar la aprobación del candidato, y pudiendo un candidato estar en varias listas al mismo tiempo. Esto hace que los resultados de las elecciones legislativas sean difíciles de analizar con certitud, y se generen titulares incorrectos en la prensa internacional.

En las elecciones legislativas de 2016 había tres listas principales, los “principalistas” o conservadores, los “reformistas y moderados”, y una tercera, la “Voz de la Nación”, que por lo general son conservadores críticos con la anterior administración de Ahmadinejad y que han apoyado algunas iniciativas del actual presidente Rohani, entre ellas el acuerdo nuclear. El caso de Ali Motahari, líder de la Voz de la Nación, y principal candidato por su lista en Teherán, su nombre también había sido incluido en la lista reformista, junto a Reza Aref y otros aliados de Rohani, Rafsanyani y Jatami. Otros candidatos conservadores aliados al principalista Ali Lariyani, actual jefe el Parlamento también figuraban en las listas reformistas. Simplemente, al no haber suficientes candidatos reformistas o moderados, sus jefes de filas optaron por incluir otros candidatos independientes o conservadores a los que los unía su común apoyo a las políticas implementadas por Rohani durante estos últimos dos años de mandato. Lo que significa que no todos los que figuran en las listas reformistas lo sean, ni siquiera que hayan aceptado estar en esa lista, como es el caso de Motahari, quien explícitamente negó haber acordado su inclusión o haber invitado a reformistas a formar parte de su propia lista.

La participación electoral oficial fue del 62%, apenas un poco inferior al 64% del 2012, pero bastante menor al 71% de las presidenciales de 2013. En cuanto a los resultados, según diversas fuentes, y teniendo en cuenta la composición de las tres principales listas, 217 escaños han sido asignados en la primera ronda, los 53 restantes serán asignado en la segunda ronda. De esos ganadores, 83 figuraban en las listas “reformistas”, 64 en las listas “principalistas”, 10 en las listas de la Voz de la Nación, 55 independientes y 5 que representan a las minorías religiosas.

Pero estos números, como mencionamos anteriormente, no reflejan la realidad de los resultados. Aunque la televisión oficial iraní se esforzó en remarcar la victoria reformista en Teherán, el hecho de que Ali Motahari o Mostafa Kevakebian fueran contabilizados como “reformistas” y no conservadores de la Voz de la Nación es algo que induce a un error de interpretación que distorsiona los resultados. Un hecho caber remarcar que sin embargo sí representa, sino una victoria reformista al menos una clara derrota conservadora, es que Gholam Hadad Adel, cabeza de lista de los conservadores, y ex jefe del parlamento, perdió su escaño en Teherán, lo que significa que al menos el apoyo popular de la capital se ha distanciado de los conservadores.

La votación sin embargo tuvo algunos datos muy significativos. Hashemi Rafsanjani, quien fuera derrotado por Ahmadineyad en 2005, perdiendo totalmente su popularidad y quedando prácticamente defenestrado políticamente tras el 2009, parece haber recuperado su carisma entre la población de Teherán al ser el candidato más votado con 2.3 millones de votos, incluso más que el actual presidente Rohani, que obtuvo 2,2 millones o el propio Aref en las legislativas. El veterano político parece tener su enésima oportunidad para resurgir políticamente y poder influir tanto en la presidencia como en la futura Asamblea de Expertos, y presumiblemente, en la eventual designación del próximo líder en caso de ocurrir en estos próximos ocho años del mandato de la asamblea. Esto se vería acrecentado también por la derrota de los conservadores en Teherán, que no pudieron conseguir que sus dos máximas figuras, Yazdi y Mesbah accedieran a la asamblea.

Lo más relevante sin duda es que el presidente Rohani consigue claros apoyos a su gestión en el Parlamento, por lo que no se espera que la nueva cámara se oponga a su política exterior y a su previsible propuesta de flexibilizar la economía iraní que permitirá abrir la puerta a la inversión extranjera. También podemos colegir que se trata de una victoria de los sectores “centristas” en la Asamblea de Expertos, lo que puede contribuir a garantizar una transición sin sobresaltos en caso de fallecimiento del guía supremo Ali Jamenei. Pero en ningún caso las elecciones pueden interpretarse como una completa victoria reformista, ni como un impulso a una agenda reformista dada la infrarrepresentación de sus candidatos de corte reformista.

 

(*) Luciano Zaccara es profesor de la Qatar University.

ELENA MAÑAS Y ÓSCAR MONTES (*)

 

Transpa

 

 

 

En los últimos años han sido varios los detonantes que han colocado el debate sobre la transparencia corporativa en una posición de actualidad y relevancia en España. Primeramente, ha aumentado la exigencia ciudadana de una gestión eficiente, responsable y transparente por parte de las organizaciones públicas y privadas, catalizada por los casos de malas praxis empresariales. En segundo lugar, ha habido un endurecimiento de la normativa que regula las obligaciones de divulgación de información de las empresas, y no sólo en el ámbito económico-financiero. Y, por último, la revolución digital ha supuesto el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, dando lugar a una sociedad híper-conectada y al flujo de una cantidad sin precedentes de información accesible. Trabajadores, clientes, proveedores, gobiernos y el público en general, a través de las redes sociales e internet, acceden, investigan y contrastan información, pudiendo ejercer una influencia muy notable en las actividades productivas y organizativas de las empresas.

La literatura especializada orienta sobre qué es lo que hace que una empresa sea transparente o qué tipo de información debe dar, pero en la práctica surgen interrogantes: ¿cómo lo entienden las empresas?; ¿y los medios de comunicación?; ¿y las organizaciones pro-transparencia?; ¿tienen estos tres actores clave las mismas opiniones? Contrastar estas tres visiones resulta de gran interés. Con éste propósito, hemos realizado el Informe sobre la Transparencia Corporativa en España: una visión desde el sector empresarial, los medios de comunicación y las organizaciones pro-transparencia. Un estudio que ha sido impulsado por la Fundación Alternativas y la consultora de comunicación, reputación y asuntos públicos KREAB, y cuyos resultados se sustentan en las realización de 25 entrevistas en profundidad a representantes de empresas, medios de comunicación y organizaciones pro-transparencia.

Concretamente, se ha preguntado a los entrevistados sobre el concepto de la transparencia, qué percepción tienen del momento en el que nos encontramos en este terreno, cuál ha sido la evolución de la transparencia corporativa en los últimos años en España, sus posibles beneficios y los determinantes que le afectan (unas veces como impulsores y otras como barreras).

Entre los resultados preliminares obtenidos pueden destacarse 10 apuntes:

1. La transparencia se percibe como un ejercicio que va más allá del cumplimiento de la norma, aunque éste es percibido como un requisito necesario.

2. Hay bastante coincidencia en que la transparencia implica dar información veraz, relevante, comprensible, completa, útil y accesible. El exceso de información confunde. Como factores clave que hacen creíble la transparencia se señala la coherencia, la claridad, la actitud y la transformación cultural en el interior de la compañía.

3. Desde los medios de comunicación se recalca que no hay ejercicio de transparencia cuando la información que dan las empresas tiene únicamente un objetivo publicitario (darse a conocer).

4. Se percibe que el principal beneficio de la transparencia es generar confianza y credibilidad. Las organizaciones pro-transparencia señalan, además, que la transparencia en las empresas podría ayudar a hacer visibles sus contribuciones a la sociedad, a legitimar su actividad y a generar confianza, aunque más en el medio y largo plazo.

5. Las empresas ponen más el foco en la transparencia hacia afuera. Casi todos los mencionan a los clientes, los inversores y la sociedad en general. En pocos casos se menciona que la transparencia comienza en el interior de la empresa.

6. No hay un claro acuerdo sobre si debería haber límites a la transparencia.

7. Se percibe la necesidad de adaptar la información al receptor y se valoran, por los medios de comunicación, los canales de comunicación directa con las empresas.

8. La opinión general es que España ha mejorado en los últimos años en transparencia, pero aún queda mucho camino por recorrer. Los países anglosajones y nórdicos marchan a la cabeza en este terreno.

9. Tanto la cultura empresarial, como la existencia de una sociedad que es menos exigente que la de otros países europeos, se perciben como obstaculizadores de la transparencia en España.

10. Es unánime la opinión de que la transparencia no es una moda pasajera, sino un camino sin retorno, resultado del cambio del entorno donde la exigencia de información de las partes interesadas y la sociedad en general será determinante.

De lo anterior surgen retos importantes. Informar no suficiente para ser transparentes. Es necesario impulsar la efectividad del ejercicio de transparencia, basada en la importancia de informar adecuadamente y, además, de crear relaciones con las diferentes partes interesadas, internas y externas; y responder mediante la generación de un flujo continuado de comunicación bidireccional. Aún más, la transparencia no se restringe al mero cumplimiento normativo o a la habitual presentación de memorias de sostenibilidad y fórmulas de reporting. Transparencia implica además, el compromiso de las organizaciones por incorporar, en su modelo de negocio y en su cultura, una visión de responsabilidad social orientada a la maximización del valor compartido y que considere la transparencia como un principio de actuación básico e ineludible.

En definitiva, todo ello pone de relieve la importancia y oportunidad de investigar en mayor profundidad sobre la transparencia corporativa en España, tanto en sus aspectos teóricos como, y sobre todo, prácticos.

 

*Elena Mañas es Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá y Óscar Montes es Profesor de Economía en la Universidad de Alcalá.

Nota: El Avance de Resultados del Informe sobre la Transparencia Corporativa en España: una visión desde el sector empresarial, los medios de comunicación y las organizaciones pro-transparencia estará próximamente disponible en la página web de la Fundación Alternativas.

 

 

 

JustMad y los artistas emergentes

Por: | 07 de marzo de 2016

FRANCISCO REYES (*)

 

Graffiti y arte urbano en JustMad (1)

Graffiti y arte urbano en JustMad

Acaba de terminar JustMad, la feria de arte emergente, y mientras nos encontramos recogiendo nuestro stand, hacemos balance de lo visto y lo vivido en esta última semana agotadora. Estar en una feria internacional de arte contemporáneo y que te inviten a exponer en un evento de este calibre, te llena de orgullo y satisfacción, pero al mismo tiempo que te preguntas por qué estás allí, por qué has sido uno de los elegidos; quieres saber qué tienen los demás para estar allí también. Entonces comienza el paseo en solitario por los diferentes stands para cazar esa obra perfecta que te transmita esa envidia sana y tengas que decir eso de: “yo no soy capaz de hacerlo”. Y al mismo tiempo, ves obras de fácil ejecución que no entiendes pero respetas.

En la semana que estás allí exponiendo, te viene a ver gente y les acompañas a ver el resto de stands; si estas personas son entendidas en arte, su lectura será radicalmente distinta a la de las personas que vienen a verte pero no están familiarizadas con el arte contemporáneo. Y aquí surge el eterno debate: ¿Dónde está la línea? ¿Qué es arte y qué no lo es? ¿Cómo saber si algo es una obra de arte o alguien es un artista?

Me temo que son preguntas que aún no tienen respuesta seria por lo subjetivo del tema. Pero seguimos aprendiendo arte. Seguimos emergiendo. Resulta curioso que artistas que pasan de los 45 años sigan siendo emergentes. Pero bienvenidos sean. Esta feria además, ha permitido la entrada a sus puertas al graffiti y al arte urbano, y entrar en una exposición y ver colgados en lienzos, graffitis que puedes ver en la calle de manera ilegal, resulta novedoso y especial. Y más especial aún resulta ver a artistas urbanos en acción fuera del recinto de la feria, concretamente interviniendo la fachada del Teatro Lara, en plena noche. Así es JustMad, una feria que pretende “acercar el arte a los estratos que no se sienten invitados a ARCO y convertir los barrios de Chueca y Malasaña en un centro neurálgico de la ciudad durante unos días” (EFE)

50 expositores han mostrado obras de sus artistas y 10 países se han visto representados este año (Polonia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Holanda, Portugal, Austria y México). JustMad, una feria singular que, en su séptima edición ha sido éxito de crítica y público.

 

(*) Francisco Reyes es director del programa de RTVE 2 'Ritmo Urbano'.

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