Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

GEMMA GARBÓ Y BEATRIZ BARREIRO (*)

 

RfUna niña en un campo de refugiados sirios.

 

La European Cultural Foundation (ECF) desarrolla la tercera edición de ‘Idea Camp’, una plataforma de tres días de trabajo colaborativo organizada en el marco de su programa Connected Action for the Commons, desarrollado junto a otras organizaciones culturales europeas. Esta tercera edición, coproducida por la ECF, la organización cultural Platoniq y el Ayuntamiento de Madrid, permitirá en tres días a 50 pensadores y profesionales provenientes de 24 países de Europa y vecinos, y de diversas disciplinas y trayectorias, presentar sus ideas innovadoras sobre cómo construir sociedades más igualitarias, sostenibles y solidarias, y con un sentido mayor de justicia social. El foco se pone en los retos que plantean las Moving Communities en Europa.

En el marco de ConArte Internacional, asociación en la que trabajamos por la educación para los derechos humanos y el desarrollo a través de las artes y la cultura, tendremos el gusto de compartir nuestra idea Cultural Rights Are Human Rights: Arts and Education for Inclusion en este ‘Idea Camp’. Queremos poner énfasis en la importante función de esta iniciativa: prestar apoyo al trabajo de desarrollo de ideas. Así, las ideas seleccionadas recibirán financiación para continuar trabajando en su reflexión, discusión y enriquecimiento. Una cuestión especialmente necesaria en el ámbito de la cultura, y en general, en el ámbito del desarrollo de proyectos sociales donde muchas veces la excesiva focalización en las fases de ejecución y todas las necesidades más técnicas asociadas (necesarias también), hace restar recursos a la parte de conceptualización de los proyectos.

Cultural Rights Are Human Rights: Arts and Education for Inclusion busca desarrollar una reflexión conceptual con aplicación práctica que sirva a dos objetivos interrelacionados: en primer lugar, la creación de un marco conceptual para el desarrollo de un kit educativo, inclusivo y efectivo sobre derechos culturales, que pueda ser utilizado por profesores y alumnos en los centros educativos. En segundo lugar, buscamos descubrir nuevas formas de diseñar talleres de educación artística intercultural que permitan interacciones beneficiosas entre niños y adolescentes de diversas culturas. Estamos convencidas de que la inclusión de los niños migrantes sólo es posible cuando este tipo de medidas se dirigen también a los niños de las sociedades de acogida.

La cohesión social en Europa está en riesgo. Los malos entendidos en torno a las identidades culturales, y las interpretaciones erróneas de lo que este término significa, ocupan, en nuestra opinión, un lugar central en esta crisis. Los extremismos crecientes están sacando provecho electoral de parte del descontento social derivado, entre otras cuestiones, de la crisis financiera y económica, a la que le han seguido reacciones que identifican ‘al otro’ como la fuente de los problemas actuales.

Estos extremismos usan argumentos simplistas adjudicando ‘al otro’  una identidad homogénea, artificial y estática. La construcción de sociedades inclusivas pasa, en nuestra opinión, por el reconocimiento ‘del otro’ en toda su dignidad humana, lo que incluye, necesariamente, su identidad cultural. Creemos que Europa puede perder su esencia si no es capaz de promover valores que la sustentan, como la solidaridad y la diversidad cultural. De hecho, las migraciones son una oportunidad para fortalecer dichos valores.

Sociedades inclusivas

Es necesario resaltar la diversidad interna existente dentro de cada comunidad y cultura, incluida la europea, y evitar concepciones de cultura trasnochadas y esencialistas que contribuyen a crear lo que Olivier Roy llamaría “comunidades imaginarias”. Es necesario enfatizar el rol dinámico de las culturas en la “búsqueda incansable de nuevas significaciones”, parafraseando la Declaración Mundial sobre Políticas Culturales (1982). A partir de esta óptica, queremos contribuir, desde la propuesta que presentamos en este ‘Idea Camp’, a la construcción de sociedades inclusivas desde la educación, la cultura, el arte y el derecho, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. 

Aunque nuestro escenario de partida es estatal (que consideramos necesitado de aportes, entre otras razones porque no existe a día de hoy una asignatura específica obligatoria en los planes educativos que aborde en su complejidad y en todas las dimensiones requeridas el reto de la diversidad y los derechos culturales), queremos generar vínculos con otros agentes a nivel internacional. Por eso el ‘Idea Camp’ es esencial para nosotras. Estamos seguras de que el diálogo con los participantes será muy estimulante y confiamos en la futura generación de redes.

Educar a nuestros niños en derechos culturales y diversidad cultural para la inclusión es fundamental para contribuir a generar una atmósfera inclusiva para la acogida de refugiados, lo que constituye además una obligación para los Estados que han adquirido compromisos en la materia, España incluida.

(*) Gemma Garbó es directora de ConArte Internacional y Beatriz Barreriro es colaboradora de la misma entidad 

Garoña, las nucleares y el Acuerdo de París

Por: | 24 de febrero de 2017

EMILIO DE LAS HERAS (*)

 

GaroñaLa central nuclear de Garoña, en Burgos.

 

La semana pasada el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunció que daba el visto bueno a la apertura de la central nuclear de Garoña, que lleva parada desde 2012, hasta cumplir los 60 años de vida útil. Tendría que acometer primero una larga lista de mejoras, con un coste aproximado de 200 millones de euros. Se da la circunstancia que es la central nuclear más antigua del parque nuclear español. Esta decisión, que aún debe ser aprobada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, podría sentar precedente para el resto de las centrales, que se van acercando al final de su vida útil.

La decisión del CSN no tiene sentido. Garoña es inviable económicamente. Pequeña y obsoleta. Tras cinco años parada y con lo que deberían gastar en seguridad, resulta difícil creer que la propiedad quiera reabrirla. Sí tendrá interés en obtener el permiso para hacerlo. Al contrario de lo que expresó Nadal, sí parece que el objetivo de esta decisión es que se siente precedente y que el resto de las nucleares también sean prorrogadas.

Esta decisión iría en contra de la lógica ambiental, económica y energética. Las nucleares nuevas son irrealizables en Occidente: extremadamente caras, no tienen resuelto el problema de los residuos, y suponen un riesgo tan elevado que las compañías de seguros no son capaces de cubrir. O sea, que a día de hoy lo cubrimos los contribuyentes.

Que son extremadamente caras lo certifica la última locura nuclear en el Reino Unido: las planta de Hinkley Point C. Tras miles de millones en subvenciones públicas, el precio de la electricidad producida por la planta será de 92,5 Libras/MWh, unos 125 $/MWh, al cambio del día de la noticia, cinco veces más caro que la última subasta en Emiratos Árabes, ganada por una planta solar fotovoltaica, a 25,4 $/MWh. ¿Tiene sentido invertir en una energía tan sumamente costosa teniendo opciones mucho más económicas y seguras para el medio ambiente?

Todo parece indicar que se quiere dar el permiso de reapertura a Garoña para dejar la puerta abierta a hacer lo mismo con las siete que están en operación, que a día de hoy producen electricidad barata porque ya están amortizadas, porque no pagan el seguro y porque apenas pagan una fracción del coste definitivo de la gestión de los residuos que generan, ya sea de operación como de desmantelamiento.

La energía nuclear está desapareciendo del planeta. Las 440 centrales que hay en el mundo habrán cerrado en 2050 y apenas hay 60 en construcción o contratación. Puede aparecer una nueva tecnología (la cuarta generación, los reactores modulares pequeños, la fusión…). Ver para creer, en todo caso. Y ojalá que consigan una tecnología como la nuclear de fusión, que podría ser la base de la energía del futuro. ¡Ojalá…!

Pero, entre tanto, es casi seguro que en 2045 no habrá ninguna central nuclear en España. Entonces, deberíamos empezar a aprender a gestionar su cierre ordenado; escalonado, para asegurar que somos capaces de prescindir de ellas en ese año. Porque lo que se escucha en debates y artículos a favor de la prórroga indiscriminada es que “no podemos cerrarlas mañana, no podemos sustituirlas por renovables. Y no conviene sustituirlas por gas o carbón, pues nos cargaríamos nuestro compromiso de no utilizar carbón".

Mix de renovables

¿Quién dice que haya que cerrarlas de golpe? Se puede cerrar la primera en su calendario y gestionar, de manera anticipada, su sustitución por un mix de renovables, instalando eólica, fotovoltaica, termosolar (más cara, pero con capacidad de almacenamiento de energía) y algo de hidroeléctrica reversible (que también sirve como sistema de acumulación de energía), de biomasas certificadas y de geotérmica. Además, se debe fomentar la autoproducción y la generación distribuida. Inversiones que habría que empezar ya, para lo que el paquete de invierno y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno ha anunciado, deberán ser un buen comienzo.

Con los factores de carga recientes, sustituir 7.400 MW de nuclear no requeriría 70.000 MW de renovables, como se ha dicho en algún medio. Sería menos de 35.000 MW. Teniendo en cuenta que la subasta de renovables que ha sido anunciada para junio de este año es de 3.000 MW, en 8-10 años podrían conseguirse los 35.000 MW, y mucho más si fuera necesario. Ya contamos con mucha experiencia acumulada.

Por cierto, estas subastas deberían convocarse con inteligencia, sin prejuzgar tecnologías, pero procurando diversificar. La subasta de 3.000 MW, en las actuales condiciones, podría ser ganada por una sola empresa, con un solo parque eólico o una superplanta fotovoltaica en Almería; y eso no sería una buena solución. Deben escuchar al sector para ver la manera más sensata de repartir esos 3.000 MW de 2017 y los 35.000 MW necesarios para reemplazar la nuclear.

También tenemos capacidad renovable para reemplazar los 20.000 MW de carbón e incluso otros 20.000 MW para asumir un posible crecimiento por electrificación de la demanda. En cualquier caso, conviene que estas nuevas instalaciones se hagan teniendo en cuenta la necesaria diversificación tecnológica, geográfica y empresarial que las renovables requieren. Obviamente, habrá que incrementar las interconexiones con Francia y Marruecos, hacerlo paso a paso, con anticipación y con exceso de capacidad.

Y en el caso de que fuera necesario conceder alguna prórroga a las nucleares, podría gestionarse de la siguiente manera:

A la primera central que le llegue el calendario: no se prorroga y se sustituye con 5.000 MW de renovables. Debe hacerse de forma planificada, empezando a instalar varios años antes, claro. En función del resultado, se pueden gestionar las siguientes fechas de cierre. ¿Hay que dar una prórroga a alguna de ellas? Que sea de 10 años y a seguir reemplazándolas por renovables e interconexiones. En unos 15 años estarían todas cerradas; o quedaría(n) alguna(s) operativa(s), como carga de base, si no se ha encontrado la forma de sustituirlas, aunque muy probablemente no sea necesario: al ritmo que avanza la tecnología la gestión de la intermitencia de las renovables ya se habrá resuelto para entonces. En cualquier caso, no tiene sentido dar una prórroga común de 20 años para todas.

Reducción de emisiones

En 2050, si cumplimos los compromisos de la Unión Europea derivados del Acuerdo de París, la economía española deberá estar casi totalmente libre de carbono (lo que significa una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de entre el 80 y 95% respecto de 1990). Y no parece que ninguna eléctrica quiera invertir en una nueva central nuclear de costes prohibitivos, plazos imposibles y permisos todavía más imposibles. Para entonces, debemos tener unos 120.000 MW de capacidad renovable instalada. Según esta propuesta de monitor Deloitte, eso requerirá inversiones anuales de unos 10.000 Millones de euros, pero generará  ahorros de 25.000 millones anuales. No sé a qué estamos esperando.

¿Cuál es el verdadero problema? El viejo problema de ganadores y perdedores. En la transición energética que deberíamos acometer, las empresas propietarias de las centrales nucleares, de carbón y de gas, dejarán de ganar decenas de miles de millones. Y no quieren. En 2045 no habrá ninguna nuclear en España. Sería insensato jugar al juego de que nada cambie hasta el 2044 y en el 2045, las cerramos todas. Hay que afrontar la transformación energética ya.

(*) Emilio de las Heras es ingeniero y experto en cambio climático y economía

La banalidad neoliberal

Por: | 22 de febrero de 2017

STUART MEDINA MILTIMORE (*)

 

ClChristine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional.

 

En los últimos meses hemos conocido las propuestas para la economía española del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Consejo Europeo (CE). Ambas son instituciones portadoras del pensamiento neoliberal irredento y sus documentos continúan con su infatigable defensa de las políticas de oferta y desregulación a ultranza. A pesar de todo, resultan sorprendentes tanto la trivialidad de ambos documentos como su falta de adecuación a la magnitud de la crisis social y económica que está viviendo nuestro país. Transmiten un tono de business as usual propio de quien prefiere negar una realidad que le incomoda.

Leemos que el FMI, presidido por esa criatura del establishment llamada Christine Lagarde, propone para la economía española medidas inútiles a la par que desalmadas. Entre otras está la de subir los tipos de IVA reducidos. ¿De verdad es imperioso mermar aún más el poder adquisitivo de las familias depauperadas subiendo el IVA de la leche o de los huevos? También proponen subir los impuestos medioambientales, algo con lo que no estamos en desacuerdo, pero dígannos a cambio qué impuestos podemos reducir.

Aunque muchos economistas –incluso alguno del FMI– ya reconocen que la austeridad encierra en sí misma las semillas de la derrota, sus instintos básicos les impiden realizar el salto mental implícito en aceptar la necesidad de estímulos fiscales reales. Mal que les pese aún no han entendido que un presupuesto expansivo es aquél que aumenta el déficit público, no el que propone una ‘prudente’ senda de reducción del déficit menos rigurosa. A su recetario, el FMI añade de nuevo las consabidas monsergas acerca de la necesidad de racionalizar el gasto sanitario y educativo. ¿De veras piensan que el sistema sanitario español, demostradamente uno de los más eficientes del mundo, puede serlo aún más? La lectura de tales recomendaciones nos lleva a preguntarnos: ¿En qué planeta viven estos expertos?

Veamos qué nos recomienda otro adalid del neoliberalismo. El Consejo Europeo presentó en julio cuatro recomendaciones para nuestro país tan superficiales como perniciosas (El Consejo de la Unión Europea, 2016). En primer lugar: garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. Pero debemos preguntarnos qué criterio utilizan para decidir si un déficit es excesivo o no. Ellos piensan que aquél que supera un arbitrario límite del 3% es excesivo, pero la teoría monetaria moderna nos enseña que la existencia de desempleo elevado es un claro síntoma de que el déficit es demasiado bajo.

Resulta pues evidente que España debe hacer lo contrario de lo que propone el Consejo: aumentar el déficit lo que sea necesario para alcanzar el pleno empleo. Irrita la insistencia cansina en una política de consolidación fiscal que ya ha sido desacreditada por muchísimos expertos y por los hechos.

En segundo lugar, nos apremian a adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral, centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Es enojoso el empeño en atribuir el problema del desempleo a pequeños desajustes entre oferta y demanda. ¿Por qué insisten en formar a los trabajadores para puestos de trabajo que no existen? Estas medidas no crean empleos; simplemente reordenan la cola del paro. ¿Por qué se les escapa la futilidad, diríase incluso la crueldad, de forzar a los desempleados a realizar cursos de formación probadamente inútiles? Se trata claramente de la clásica estratagema neoliberal de culpabilizar al parado de su situación y eximir al gobernante de su responsabilidad de asegurar el pleno empleo.

Productos innovadores

En tercer lugar, el Consejo nos encarece para que adoptemos medidas que mejoren la oferta de la producción científica y los sistemas de enseñanza superior. La especialista en innovación Mariana Mazzucato (Mazzucato, 2014) ya ha explicado que las políticas de oferta en el ámbito científico y de innovación son de dudosa eficacia, y que hay opciones superiores basadas en la creación de una demanda para productos innovadores desde —¡oh, tabú!— el Estado. La cuarta recomendación —sí, solo hay cuatro inútiles y triviales recomendaciones— es “garantizar la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y las medidas de reforma adoptadas para el sector minorista, y adoptar la reforma prevista de los colegios y servicios profesionales”.

¿De verdad es tan urgente que los supermercados permanezcan abiertos los domingos en Extremadura o que desaparezca el último residuo que garantizaba una protección para los profesionales frente al intrusismo? Ya puestos, ¿por qué no proponer que ejerzan como médicos personas sin título universitario? (Consejo Europeo, 2016).

¿Qué ha ocurrido para que las instituciones multilaterales pierdan todo contacto con la realidad y sigan insistiendo como carracas en el cumplimiento de cada punto y coma de su programa basado exclusivamente en políticas de oferta y de liberalización? En mi opinión, las débiles recomendaciones del FMI y del Consejo reflejan el agotamiento del ciclo neoliberal iniciado con el sangriento golpe de estado chileno de 1973 que dio la oportunidad a los ‘Chicago Boys’ para utilizar el país como cobaya de sus recetas económicas.

El edificio teórico del neoliberalismo ha demostrado estar hecho de materiales de derribo. Sucesivos trabajos académicos han verificado la falta de soporte empírico de todos sus postulados y los hechos demuestran que la aplicación de sus políticas ha dado resultados subóptimos. Los estudios de Piketty y Sáez han demostrado que la distribución de rentas y riqueza ha empeorado en todos los países avanzados desde los años 70 (Piketty & Sáez, 2013). Los adalides de la globalización prometían una prosperidad para todos, pero la realidad es que ha dejado de lado a las clases medias y populares de los países avanzados.

Desempleo juvenil

Gracias al desempleo juvenil, por primera vez una generación vivirá peor que la de sus padres. La caída de la inversión y la productividad ha introducido el debate sobre el “estancamiento secular”, pero se obvia que el ataque a las rentas salariales y los punitivos tipos de interés introducidos por el monetarismo en los años 80 desanimaron la creación de nuevo capital productivo por las empresas. Los periféricos de la Eurozona acumulan una década perdida gracias a la aplicación de imprudentes políticas de austeridad que impidieron su recuperación tras la crisis. En definitiva, el neoliberalismo ha justificado el desarrollo de un capitalismo oligárquico y excluyente que no ha dudado en arrasar una sociedad tras otra en la búsqueda de beneficios cada vez más difíciles de extraer.

Los documentos del FMI y del Consejo Europeo demuestran que el pensamiento económico dominante carece de respuestas al estancamiento secular, al desempleo, a la exclusión de los jóvenes, a la creciente desigualdad y a la destrucción del medio ambiente. Quienes se hallan al frente —los Juncker, Lagarde, Moscovici, Draghi, Tusk, et al.— aún no han reconocido su derrota moral e ideológica. Son como sacerdotes de un culto en declive a cuyos templos acuden cada vez menos fieles. Amarrados a sus doctrinas obsoletas y empecinados en la observación de la verdadera fe, estos custodios del dogma neoliberal producen recomendaciones cada vez más insustanciales e inútiles; meros rituales; plegarias repetitivas y mecánicas de alguien que espera que todo vuelva a ser como antes. Es la banalidad crepuscular de la doctrina económica neoliberal.

 

Chow, G. C. (2011). Usefulness of Adaptive and Rational Expectations in Economics . CEPS Working Paper No. 221.

Consejo Europeo. (12 de julio de 2016). RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea (2016/C 299/02). Obtenido de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=EN

El Consejo de la Unión Europea. (2016). RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen. Diario Oficial de la Unión Europea. Obtenido de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=EN

Mazzucato, M. (2014). El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado. Barcelona: RBA LIbros, S.A.

Piketty, T., & Sáez, E. (enero de 2013). Income Inequality: Evidence and Policy Implications. Obtenido de http://eml.berkeley.edu/~saez/lecture_saez_arrow.pdf

 

(*) Stuart Medina Miltimore es presidente de la Red MMT

Europa: la respuesta a Trump

Por: | 17 de febrero de 2017

VICENTE PALACIO (*)

 

TrDonald Trump, presidente estadoundense, durante un mitin.

 

Hay que reconocer que ha sorprendido favorablemente la reacción a las ocurrencias del Presidente Donald Trump tanto por parte del Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como de la alta representante, Federica MogheriniEn los próximas semanas y meses, sabremos más: se irán despejando más dudas, en visitas mutuas en Washington y Bruselas, en la conferencia de seguridad de Múnich, en la Cumbre de la OTAN, en el 60 aniversario del Tratado fundacional de Europa, en las elecciones en Francia y Alemania. 

Nos quita el sueño tanto lo que está aconteciendo en EEUU como sus repercusiones. A estas alturas de la película parece claro que los planteamientos que hasta el día de hoy ha mantenido el presidente Donald Trump representan una amenaza con mayúsculas. 

Primero, una amenaza para el propio Estados Unidos. El América Primero, una nueva versión del neo-fascismo, lo primero que puede llevarse por delante son sus propias instituciones liberales, en su papel de garantes de las libertades y los derechos  consagrados en la Constitución norteamericana. 

Segundo, una amenaza de desestabilización aún mayor del orden internacional. El America First y el giro estratégico de ciento ochenta grados que ello implica, podrían empeorar aún más las cosas. Dicho giro está lleno de inconsistencias, contradicciones o consecuencias muy negativas en relación a Rusia, Oriente Medio, China y el Pacífico, América Latina, el comercio internacional, el cambio climático o las instituciones internacionales.

No es que tengamos muchos motivos para llorar por el fin del orden liberal realmente existente: porque  no era tan orden ni tan liberal. No es que tengamos que llorar por un mundo ilustrado que se va, un mundo de la Razón y la Verdad con mayúsculas. No era el mundo de Jefferson, de Montesquieu o de Kant.

En realidad, el populismo es siempre la consecuencia de un fracaso. Antes de la contra-revolución o la contra-reforma, vivíamos en una caricatura de la Ilustración, en un mundo demasiado imperfecto de crisis devastadoras, caos financiero, exclusión, desigualdad y pobreza, calentamiento global, terrorismo global, corrupción y crisis de las 'democracias representativas' dentro de Occidente. Sin embargo, al menos estaba viva la idea de un mundo moralmente mejor, de un perfeccionamiento de las instituciones, del multilateralismo. 

Y en tercer lugar, los planteamientos de Trump representan una amenaza para la Unión Europea. Primero, por su desconocimiento, desinterés y hasta rechazo de la UE y su proyecto. Su sintonía con el Brexit y las ideas y los líderes populistas que quieren acabar con el proyecto europeo o debilitarlo hasta hacerlo irrelevante, o el pacto con Rusia a manera de una pinza, no deja lugar a dudas.

Pero en segundo lugar, y esto es lo fundamental, porque Trump pone frente al espejo a la propia Unión Europea en lo que tiene de peor: en sus fracasos, su impotencia, su indecisión, su inoperancia, en abordar el gobierno económico, la desigualdad, el desempleo, la brecha generacional, la inmigración, la política exterior. 

En este sentido, Trump no es una oportunidad. A menos que tengamos un concepto muy masoquista de las oportunidades. Más bien es un aldabonazo. Es el destino que aporrea al otro lado de la puerta. 

Chivo expiatorio

Ha llegado el momento de preguntarse: ¿El gran problema con mayúsculas de Europa es Trump? ¿O nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos, es Europa, que funciona mal, que no tenemos proyecto? ¿No estamos haciendo de Trump nuestro chivo expiatorio? ¿Y si fuera así, entonces, qué hacer? ¿Autoflagelarnos y culpar a Europa de todos los males, abandonar la idea, y tratar de regresar a la Europa de las naciones, des-globalizar el mundo? ¿O intentar restaurar el orden liberal internacional y la Unión Europa tal y como eran antes de la contra-revolución, antes de la crisis y del populismo?  

Pero esta es una falsa disyuntiva. Las dos opciones miran al pasado, y son tan indeseables como imposibles. Parece mejor extraer lecciones para abordar nuestra misión: reinventar Europa, y reinventar la globalización. Es ésta la batalla de Occidente. De Occidente consigo mismo, y de Europa consigo misma. ¿La última batalla? 

La conjunción de Trump y Brexit empujan a la Unión Europea a un punto de no retorno. O da un salto y alcanza la otra orilla, o se cae al vacío. ¿Va Europa a asumir responsabilidades? ¿Una Europa de la defensa y la seguridad, una Europa económica pero también social, una Europa solidaria con la inmigración y relevante con Rusia, China, el mundo musulmán, que apueste de verdad por el medio ambiente y por un nuevo modelo energético?

Algo parece claro: para Europa, no se tratará únicamente de dar una repuesta a Trump, como de encontrar una respuesta a sí misma. Por esta razón, creo que esa respuesta a Trump debe ser una respuesta conjunta, común: en este momento, ningún país europeo, grande o pequeño, debería caer en la tentación de pretender una interlocución privilegiada en nombre de Europa, en mantener una relación especial con Washington: de lo contrario, se agravará aún más la deriva de la Unión. Al menos todas estas sacudidas nos recuerdan  lo importante que es un Estados Unidos comprometido con Europa y con el mundo; pero también de lo importante que es una Europa unida y libre y solidaria para Estados Unidos.

(*) Vicente Palacio es director de Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas

 

 

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

MrMariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante una comparecencia.

 

Con las elecciones europeas de mayo de 2014 surgieron en la vida política española nuevos partidos que renovaron el debate al integrar en sus propuestas distintas preocupaciones de los ciudadanos, y sobre todo de los electores de menor edad. El cambio fue refrendado en las elecciones de 2015 y 2016. Y las novedades fueron significativas: nunca el partido más votado había obtenido un porcentaje tan bajo de voto popular, nunca un candidato a la Presidencia del Gobierno había sido rechazado por el Congreso, lo que había dado pie a una repetición electoral seis meses después, y nunca había tenido que aceptar compromisos exigidos por otros partidos estatales como condición para permitir su investidura.

Desde 2015, el largo periodo de interregno vivido nos había convencido a todos de que, esta vez sí, la manera de gobernar sería diferente. Todo apuntaba a que nos encontrábamos ante una situación que necesariamente iba a aportar novedad al sistema. La desconfianza de los ciudadanos y el malestar ante la situación política abocaban, no ya a una sincera renovación, sino a la certeza de que el nuevo Gobierno y sus apoyos parlamentarios harían frente a los problemas reales de los ciudadanos.

Para ello, conocimos detallados documentos elaborados por los partidos que intentaban acercar posiciones, algo desconocido en la historia política española. Con estos compromisos el camino de las reformas parecía ya señalizado. Incluso la traumática abstención del PSOE en la investidura de Rajoy no dejaba de insertarse en una nueva cultura de pactos, compromisos y cesiones mutuas en aras de dotar al país de un Gobierno y de una hoja de ruta para la acción gubernamental.

Por este motivo, tras un año de incertidumbres, y tres meses después de la toma de posesión de Rajoy y su Gobierno, parece que es el momento de verificar si esta creencia ha resultado cierta.

Pues bien, las expectativas y oportunidades de octubre de 2016 se van esfumando rápidamente. El funcionamiento diario del Gobierno y de la Administración apuntan a pocos cambios de fondo y a continuismo. Aunque Gobierno y oposición siguen hablando de “las reformas que España necesita”, estas ni se precisan ni se vislumbran en el medio plazo.

Ya vimos en su momento cómo los cambios en el Gobierno se reducían a los imprescindibles, la estructura administrativa apenas se adaptaba a la nueva realidad parlamentaria y todo apuntaba a un continuismo inquietante cuando lo que se espera es innovación y capacidad de entusiasmar a un país seriamente preocupado por su futuro.

Ingresos y gastos

Si ponemos el foco en la acción desarrollada por el Gobierno hasta este momento, lo único claro es el interés en administrar las reformas llevadas a cabo en el periodo de mayoría absoluta, sin que se atisben nuevas iniciativas que atiendan esas prioridades de país que se explicaban en los documentos para el pacto hechos públicos por los partidos: ofrecer un proyecto atractivo a la mayoría de la sociedad catalana, fomentar de forma rigurosa el desarrollo de iniciativas empresariales que aporten prosperidad, ofrecer alternativas para atender el desajuste entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social, mejorar las condiciones de los “pobres con trabajo” y una política decidida que revierta el incremento de la desigualdad en aras de cohesión y paz social.

Con sorprendente celeridad el Gobierno ha recuperado el hábito de legislar mediante Real Decreto-ley, y en tres meses ya ha dictado 7, que se suman a otros 2 ya aprobados en el periodo en funciones: medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social; medidas urgentes en materia financiera; ampliación del calendario de implantación de la LOMCE; impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica; medidas de protección en materia de cláusulas suelo; y medidas urgentes con daños causados por temporales. Una forma de legislar sorprendente por parte de un Gobierno con apenas el 34 % de voto popular, pero que ha conseguido el apoyo del PSOE en todos ellos salvo en el de las cláusulas suelo, en el que se abstuvo.

Más complicado está resultando el ejercicio de la propuesta legislativa ordinaria, ya que la tramitación parlamentaria requeriría de acuerdos con otros grupos políticos y sometería al texto remitido a unas tensiones siempre incómodas para el Gobierno proponente. Posiblemente por este motivo el Gobierno ha remitido al Congreso tan sólo 4 proyectos de ley, lo que no parece mucho si tenemos en cuenta que todos ellos vienen obligados por exigencia comunitaria y trasponen al Derecho interno otras tantas directivas, aunque entre ellas esté la nueva e importante Ley de Contratos del Sector Público.

Las comparecencias parlamentarias tampoco aportan grandes novedades y, desde luego, contadas referencias al contenido de los pactos políticos. Incluso todo parece indicar que el Gobierno o bien sigue en funciones y limita sus actuaciones a la gestión de los asuntos de trámite, o bien se ha instalado en un ritmo cansino que además socialmente ha sido aceptado, cuando no visto con indiferencia.

En este vacío de ideas se sobrevaloran las virtudes del pacto por sí mismo. Dando por buena la voluntad del Gobierno de pactar la reforma educativa, o de las pensiones, la legislación de seguridad ciudadana o incluso algunos aspectos de la reforma laboral, tenemos hoy por hoy un completo desconocimiento sobre el alcance de estas reformas, y no digamos sobre si estas pueden encajar en las demandas de otras fuerzas políticas. El único dato cierto es la cuantía del techo de gasto, pero tampoco tenemos noticia alguna de su desarrollo en el proyecto de presupuestos para 2017.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria ha sido más activa que nunca; aunque, por el momento, ha resultado estéril. Frente a los 4 proyectos de ley remitidos por el Gobierno, en el Congreso se han presentado 73 proposiciones de ley: 64 de los Grupos parlamentarios (12 de Unidos Podemos y confluencias, 19 del Grupo Socialista, 7 de Ciudadanos, 4 del PP, 8 de ERC, 6 del PNV y 16 del Grupo Mixto), 1 del Senado y 8 de las CCAA. Además, se han presentado 10 iniciativas legislativas populares.

Fuertes diferencias

A la espera de conocer el resultado final de estas iniciativas, aún más incierto por haber sido cuestionadas por el Gobierno al considerar algunas como un riesgo para el control del gasto público, su contenido pone de relieve el fuerte peso de la izquierda en el Congreso, hasta el punto de que pueden leerse como todo un programa de revisión de los aspectos más controvertidos de la política desarrollada por el Gobierno en estos años. Es decir, nos encontramos en un escenario con fuertes diferencias para avanzar en espacios compartidos. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado o participado en las siguientes iniciativas, que sistematizamos con la única finalidad de que nos ayuden a adivinar el recorrido futuro de la Legislatura:

  • Seguridad y libertades. Modificaciones sustanciales en la Ley de Seguridad Ciudadana.
  • Justicia: Tasas judiciales; derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal: reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Código Penal.
  • Educación: suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE.
  • Energía: fomento del autoconsumo eléctrico.
  • Cultura: impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el tipo impositivo aplicable a las actividades culturales.
  • Política social: protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
  • Sanidad: universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. 
  • Política laboral: Igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
  • Medios Públicos de Comunicación: modificación de la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
  • Sistema electoral: reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y sus confluencias han centrado sus iniciativas en cuestiones más innovadoras y aún más opuestas a la política popular de los últimos años, como la regulación de la eutanasia, la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho; la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local; la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional; la modificación del Código Penal; o la concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de españoles.

Obstáculos parlamentarios

Contar con un Gobierno en ejercicio desde hace ya tres meses ha hecho olvidar en el día a día que las especiales circunstancias que llevaron a la investidura de Rajoy permanecen intactas y que la aspiración de un posible “Gobierno parlamentario” o de un Parlamento que controle al Gobierno eficazmente se ha mostrado poco realista, ya que este dispone de suficientes recursos constitucionales para ir sorteando muchos de los obstáculos parlamentarios.

La opinión pública parece haberse olvidado de la efervescencia del año pasado. Se muestra desmovilizada y poco crítica y parece despreocuparse del escaso pulso gubernamental. Pero también en el Gobierno se aprecia cansancio y síntomas de “vacío de ideas”. Las ponencias del 18º Congreso del PP son una muestra evidente de sus dificultades para ampliar su agenda de trabajo más allá de la simple administración de las medidas adoptadas desde 2012.

En esta situación, hemos conocido los límites de posibles acuerdos con el Grupo Socialista, que no puede seguir dando su conformidad a reales decretos-ley al ritmo actual; lo que aboca a que, una vez desactivados los riesgos congresuales y consolidada la posición de los equipos dirigentes, en cualquier momento se asuma la idea de vuelta a las urnas a corto plazo y se reinicie el periodo de interinidad y espera de nuevas elecciones.

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

Trump contra el mundo (también en energía)

Por: | 09 de febrero de 2017

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*) 

 

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Uno de los estandartes de la campaña electoral de Trump fue su apoyo cerrado a los combustibles fósiles. También en energía, como en otras áreas, Trump mostraba su total rechazo a la política llevado a cabo por su antecesor y prometía hacer todo lo posible por echarla abajo. Bajo el segundo mandato Obama y en el marco del Acuerdo de París de cambio climático, por primera vez EEUU asumió compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto se comprometió a la reducción de entre 26-28% en el año 2025 frente a valores de 2005. En términos prácticos esto suponía una obligación de reducción de 32% de emisiones de CO2 a las plantas eléctricas en el año 2030 y aumentar el uso de renovables.

El Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan), aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, obligaba a cada Estado a establecer medidas que aseguraran reducción de emisiones de CO2 derivadas de la producción de electricidad, pero dejaba a los propios estados decidir cómo alcanzar estos objetivos (aumentar el porcentaje de renovables del mix energético, invertir en eficiencia energética, etc).

Algunos Estados recogieron el guante y decidieron poner en marcha planes ambiciosos de reducción de emisiones, sobre todo basados en el aumento de las inversiones en energías renovables. Es importante recordar que en Estados Unidos existen unas 3.300[1] empresas de electricidad. De ellas, más del 60% son públicas (esto incluye 9 plantas de propiedad federal), 877 son cooperativas de consumidores (situadas sobre todo en las zonas rurales) lo que supone el 26% del total, y sólo el 6%, es decir alrededor de 190, son empresas privadas. Mientras que el gobierno federal está encargado de establecer las políticas generales de energía, protección al consumidor y reglas ambientales, es a nivel de los Estados donde se toman las decisiones económicas, normalmente relacionadas con nuevas inversiones.

California, fue uno de los primeros estados en aprobar objetivos concretos de producción de renovables. Adoptó sus primeros planes objetivos de producción con renovables en 2002, con gobierno demócrata, y los aceleró más tarde, con gobierno republicano. De nuevo con gobierno demócrata aprobó hace dos años un plan por el que obligaba a todas las plantas eléctricas a producir la mitad de la energía con fuentes de energía renovables en 2030.

En 2016, Oregón aprobó una ley para eliminar el carbón de su producción eléctrica y doblar el uso de energía renovable en 2040 y asegurar que los precios de la energía pueden ser pagados por todos los ciudadanos. Y lo hizo con el consenso y apoyo de eléctricas, ONGs ambientales, organizaciones de consumidores y Gobierno. Hay muchos más ejemplos. El estado de Nueva York se ha comprometido, y está haciendo lo posible, para que la mitad de su energía provenga de recursos renovables[2].

Carbón, petróleo y gas

Trump ha prometido destruir estos logros. Según su ‘Plan de Energía América Primero[3]’, en primer lugar eliminará el objetivo marcado por La ley de Aire Limpio y el Plan de Acción Cambio Climático presentado bajo el marco de la Convención Marco contra el Cambio Climático de Naciones Unidas. Favorecerá la producción de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas, también de esquisto. Ya ha dado sus primeros pasos en esta dirección. Ha colocado al frente de la Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, conocido negacionista del cambio climático y muy cercano a algunas de las mayores empresas petroleras y gasísticas del país. Ha acelerado los permisos para construir dos grandes oleoductos (Dakota Access y Keystone XL) que cruzarán el país, atravesarán espacios protegidos por su valor ambiental y por ser el lugar donde viven poblaciones originarias.

Los grandes perdedores de la política Trump en energía serán los propios estadounidenses. Las razones por las que Obama abanderó su programa de apoyo a las energías limpias y de lucha contra el cambio climático eran y siguen siendo válidas. En primer lugar por razones estratégicas: el país más emisor del mundo, China, hace tiempo que comenzó su carrera por convertirse en líder mundial en producción y uso de tecnología limpia incluso sobrepasando a Europa, que cedió su posición de cabeza en inversión en desarrollo de tecnología verde. Con Obama EEUU logró situarse en el mapa mundial de desarrollo industrial y tecnológico verde.

Se han creado nuevas empresas en el campo de la solar, eólica o coche eléctrico y gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Microsoft y grandes empresas de otros sectores como Walmart o Amazon han aumentado de manera exponencial sus inversiones en renovables[4]. Una empresa americana, Tesla, está revolucionando el sector del coche eléctrico y está liderando el desarrollo tecnológico para que pueda ser abastecido de la energía solar producida por cada vivienda.

En segundo lugar por razones ambientales y de justicia climática. No resulta admisible que uno de los países con mayor responsabilidad histórica en el problema del cambio climático sea justamente el único que nunca hubiera adoptado compromisos de reducción de emisiones. Mientras que países con mucha menos responsabilidad histórica y con menos capacidad de acción como Etiopía, Marruecos, Brasil o China sí se hubieran comprometido a un desarrollo más limpio. Obama logró cambiar esta situación. Con un EEUU fuera del Acuerdo de París, el resto de países serán los que decidan las reglas que impactarán de manera decisiva en la economía y sociedad estadounidense, como el futuro mercado de emisiones.

La tercera razón tenía que ver con la creación de empleo. La producción de energías renovables y las medidas de eficiencia energética son más intensivas en empleo que la producción con fósiles. Por eso, estos dos sectores formaron parte de las medidas de estímulo económico que aprobó en 2008. Y no se equivocaba. Desde finales de 2008 hasta 2014, el porcentaje de renovables en el mix energético ha aumentado en un 41%. El 43%[5] de las casi 731.000 personas empleadas en el sector de la energía trabajan en el sector solar, mientras que sólo el 22% lo hacen en el sector de las energías fósiles.

Energía solar

Sólo el sector de la energía solar emplea a dos veces más personas que en la industria del petróleo, carbón y del gas juntos. Mientras tanto, una buena parte de las empresas del carbón y extractoras de gas de esquisto (obtenido a través de fractura hidráulica o fracking) han entrado en bancarrota el último año y se han visto obligadas a cerrar. Sólo en 2015 cerraron 94 plantas y la tendencia continuó en 2016. En sólo dos años, desde 2014 a 2016, la minería de carbón perdió 191.000 trabajadores[6].

Los cierres en las plantas térmicas de carbón continuarán. Se trata de plantas muy antiguas cuya vida útil ha terminado y deben ser reemplazadas.  La bajada del precio de la tecnología renovable hace que sea mucho más interesante económicamente invertir en energía limpia que en fósiles. En el caso del gas de esquisto, el cierre ha sido resultado directo de la bajada del petróleo que hemos visto en los últimos meses.

Y la última razón, los ciudadanos estadounidenses quieren consumir energía limpia. Así lo demuestra un estudio realizado por la Universidad de Harvard que analizado la opinión de la ciudadanía americana en los últimos 12 años. El 80% de los entrevistados mostraron su apoyo a la energía solar y eólica frente al carbón, petróleo o nuclear. Entendían el gas como una energía de transición. Tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que su país debe hacer lo posible por aumentar su capacidad energética basada en el sol y el viento[7]. Si Trump escucha a los suyos, así lo hará.

 

[1] U.S. Electric Utility Industry Statistics http://www.publicpower.org/files/PDFs/USElectricUtilityIndustryStatistics.pdf

[2] Building a clean, resilient, and affordable energy system for all New Yorkers. https://energyplan.ny.gov/

[3] An America First Energy Plan https://www.whitehouse.gov/america-first-energy

[4] Big US companies spearhead renewable energy drive

https://www.ft.com/content/e230d280-15e2-11e6-b197-a4af20d5575e

[5]Solar Employs More People In U.S. Electricity Generation Than Oil, Coal And Gas Combined http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/01/25/u-s-solar-energy-employs-more-people-than-oil-coal-and-gas-combined-infographic/#302962377d27

[6] U.S. Has Lost 191,000 Mining Industry Jobs Since September 2014 http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/us-has-lost-191000-mining-jobs-september-2014

[7] Public opinion on renewables and other energy sources http://www.pewinternet.org/2016/10/04/public-opinion-on-renewables-and-other-energy-sources/

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

¿Para cuándo una reforma patronal?

Por: | 08 de febrero de 2017

ANTONIO QUERO (*)

 

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Trabajador durante su jornada laboral. 

 

A los lectores economistas no hace falta explicarles la importancia de la productividad, es decir, la relación entre la producción (output) y los bienes y servicios empleados para realizarla (inputs), que explica gran parte de las diferencias de renta per cápita entre países. Al resto le ruego comprensión valiéndome de una famosa cita de Paul Krugman: “La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. Tiene por lo tanto sentido que las políticas económicas y sociales busquen la mejora de la productividad. Ahora bien, ¿cuáles son los principales factores que favorecen la productividad y cómo actuar sobre ellos?

Concentrémonos en los factores estructurales a largo plazo -la tecnología, el capital y el trabajo-, ya que los factores coyunturales pueden ser engañosos. Por ejemplo, si el PIB de un país cae un 5% y las empresas despiden al 10% de sus trabajadores, por efecto aritmético la productividad en dicho país crece momentáneamente. Toda coincidencia con España durante la Gran Recesión no es fortuita.

El factor trabajo es, de lejos, el que mayor atención reguladora recibe. La legislación laboral, con sus derechos de los trabajadores adquiridos y las normas de higiene y seguridad, es percibida cada vez más como un freno a la mejora de la productividad. La tendencia dominante es introducir una mayor flexibilidad que permita a las empresas ajustar sueldos, plantillas o el tiempo de trabajo según el entorno competitivo en el que se desenvuelvan.

Véanse, por ejemplo, las recientes reformas laborales en España (2012), Italia (2014) o Francia (2016), que “por fin” habrían seguido el camino tomado por Alemania (2004) o, desde hace décadas, por los países anglosajones. La tecnología, ya sea el cambio tecnológico (inversión en I+D+i, ecosistema de innovación, educación superior) o la difusión del mismo (formación continua), anda en la cola de las prioridades presupuestarias, tanto públicas como privadas.

El capital, por su parte, goza de amplia libertad, ajeno a toda regulación pública a pesar de que la evidencia muestra que los cambios en su configuración afectan a la productividad. Por ejemplo, los datos demuestran que en las empresas no cotizadas la inversión, condición fundamental de la productividad futura, es el doble que en las empresas cotizadas, donde predomina la satisfacción financiera a corto plazo del accionista. Otro ejemplo: según el departamento de estudios del BBVA, el tamaño de las empresas explica dos tercios de la diferencia de productividad entre las empresas españolas y las alemanas.

Cualidades estratégicas

Entre las numerosas razones que explican el tamaño de las empresas se encuentran la capitalización de las mismas, no es lo mismo que el ahorro y la inversión vayan a reforzar la base del tejido económico o al ladrillo. No es lo mismo una cultura empresarial encaminada a la extracción de rentas que una que premie y refuerce la visión a largo plazo, o las cualidades estratégicas y de gestión de empresarios y directivos.

Por otro lado, no hace falte insistir en el daño que la precarización inflige al capital humano y, consiguientemente, a la productividad. Sin embargo, aunque la precariedad ocupa un espacio significativo en el debate público, rara vez se pone sobre la mesa la responsabilidad de los "precarizadores". 

No se pretende aquí levantar acta exhaustiva de los factores y políticas que favorecen la productividad y, por extensión, la prosperidad de un país, ni apuntar responsabilidades de unos u otros. Lo que saca a la luz esta breve exposición es que las reformas laborales, o las eufemísticas “reformas estructurales”, concentran la mayor parte de la agenda política, ya sea desde posiciones ofensivas liberales o desde reacciones defensivas de izquierda, mientras que el interés general bien entendido merecería que se prestara mayor atención al cambio tecnológico, incluida la sostenibilidad del modelo de crecimiento, así como a la financiarización de la economía y a los factores que promueven una clase empresarial cualificada y con visión de largo plazo.

 

(*) Antonio Quero es coordinador de Factoría Democrática

Value gap: una crisis de madurez de los contenidos digitales

Por: | 06 de febrero de 2017

HÉCTOR FOUCE (*)

 

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La industria musical enfila un nuevo ciclo de crecimiento tras décadas de crisis. Las ventas digitales crecen, espoleadas por el auge de los servicios de streaming por suscripción. El buen precio y la simplicidad de uso de estos servicios parecen ir arrinconando el consumo a través de sistemas P2P, un fenómeno ligado a la piratería. Sin embargo, un inmenso porcentaje de la música circula en la red a través de YouTube y otros servicios alimentados por los contenidos generados por el usuario. Si bien la industria capitaliza parte de la publicidad insertada en estos vídeos, el porcentaje de retorno es muy pequeño en comparación con las ganancias de YouTube. Ante esta situación, la industria musical reclama una nueva legislación global que reduzca esta brecha de valor (value gap).

2015 fue el primer año de recuperación en la industria discográfica tras dos décadas ininterrumpidas de descenso de ventas. Estas dos décadas han generado un cambio radical del modelo de negocio y de la manera de escuchar e intercambiar música: el CD ha sido arrinconado, el vinilo ha resurgido como fetiche y los modelos de streaming por suscripción se han generalizado. En estos 20 años, hemos visto cómo se libraba una batalla encarnizada para modelar el futuro digital de la música: desde el surgimiento de Napster en 1999, el intercambio de archivos musicales se generalizó.

La industria musical declaró la guerra a los piratas; en la batalla fueron cayendo servicios como el propio Napster, Kazaa, LimeWire o Gnutella. Los usuarios fueron perseguidos y amenazados mientras la industria hacía una intensa labor de lobby para cambiar las normativas de propiedad intelectual, sin ser capaz de dar con un modelo de negocio que convirtiese la ingente cantidad de música en circulación en contenidos.

La irrupción de Apple en el mercado musical con I-Tunes y el fortalecimiento de Spotify y Deezer generaron por fin un marco legal de compra y escucha de música digital. Pero las nuevas generaciones ligan la música a la imagen; YouTube es la plataforma favorita para acceder a la música para un enorme porcentaje de oyentes.

El servicio de vídeos y los streamings musicales tienen diferente naturaleza jurídica: mientras que Spotify funciona a la manera de las viejas emisoras de radio, cerrando acuerdos con las discográficas para poder poner a disposición de sus oyentes los discos de los artistas, YouTube es un “proveedor de servicios de la sociedad de la información”, un mero espacio digital en el que los usuarios suben sus propios contenidos.

Infracciones

Como tal, es equiparable a servicios como los blogs de Wordpress o Facebook, los proveedores de correo electrónico o los buscadores: no son responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios. Este principio, que nació para facilitar la generación de contenidos en la red, liberando a los proveedores de cualquier tarea de evaluación previa de los contenidos, se conoce jurídicamente como puerto seguro (safe harbour).

Cuando un vídeo es subido a YouTube y sus algoritmos identifican una infracción de derechos de autor, la empresa ofrece a los propietarios de esos derechos dos opciones: el video puede ser eliminado o puede ser monetizado: se ofrece a las discográficas la posibilidad de llevarse un porcentaje de los ingresos por publicidad que ese vídeo genere. Por otra parte, esas mismas discográficas (las más grandes al menos) tienen acuerdos bilaterales con YouTube para gestionar canales alimentados con los materiales de su catálogo que generan ingresos en función de los porcentajes negociados.

El conflicto en torno al value gap puede ser entendido como una crisis de madurez en el futuro digital de la música, el choque entre las viejas industrias del contenido y los nuevos y pujantes negocios de la red, basados en la tecnología. La Unión Europea ha reconocido la existencia del problema y lo ha abordado, tímidamente, en su propuesta de nueva directiva de propiedad intelectual, que está actualmente en proceso de discusión. Pero la nueva directiva ha abierto la caja de Pandora, ya que la vitalidad de la web 2.0 depende fundamentalmente de la capacidad de los usuarios para subir contenidos y enlazarlos.

 

(*) Héctor Fouce es Visiting Scholar en la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge

(*) JULIO DÍAZ JIMÉNEZ Y CRISTINA LINARES GIL 

 

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló recientemente que en España la contaminación atmosférica supone una mortalidad de 7.000 personas al año. Las causas de muerte a las que se refiere este informe engloban efectos en salud a corto plazo por causas circulatorias y respiratorias (en este tipo de estudios transcurren unos días entre la exposición al contaminante y el evento en salud), y también incluye estudios de efectos en salud a largo plazo por cáncer de pulmón, en los que, mediante el seguimiento de un grupo poblacional, se establecen asociaciones significativas entre los niveles de exposición y la mortalidad.

En el informe de la OMS las funciones concentración-respuesta, es decir, qué parte de la mortalidad evaluada se atribuye al incremento en la concentración de los contaminantes, están extrapoladas de estudios realizados con poblaciones de Europa y Estados Unidos. En el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha realizado un proyecto de investigación en el que se cuantifican las funciones concentración-respuesta específicamente para cada capital de provincia española, resultando la mortalidad anual atribuible a la contaminación a corto plazo en unas 9.200 personas.

De éstas, 2.700 muertes serían atribuibles al efecto a corto plazo de las concentraciones de material particulado; 6.000 al efecto del NO2 y unas 500 a las concentraciones de ozono. Estos valores representan una quinta parte de la mortalidad anual atribuible al tabaco y unas 8 veces la mortalidad debida a accidentes de tráfico en 2015 en España, que fue de 1.126 fallecidos.

Aunque estas cifras de mortalidad son ya de por sí suficientemente alarmantes y precisarían la necesidad de articular medidas para reducir los niveles de exposición de los ciudadanos, diversos estudios que se han realizado principalmente en los últimos 10 años están proporcionando una dimensión mucho más trascendente en cuanto a los efectos en salud de la contaminación atmosférica. En 2010 y 2011 se han publicado dos estudios que relacionan la exposición a contaminación atmosférica con cáncer de mama, especialmente por exposición a NO2. En 2016, otro trabajo relaciona la exposición a partículas finas (PM2.5) con un incremento de la mortalidad por todo tipo de cánceres, especialmente del tracto digestivo superior, cáncer de pulmón en hombres y cáncer de mama en mujeres.

Además de la relación evidente entre el aumento de la mortalidad y la contaminación, se están realizando otro tipo de estudios que relacionan la exposición a los contaminantes con el desarrollo de cierto tipo de enfermedades con incidencia al alza en la actualidad, como la diabetes tipo 2. Y aún más preocupantes, por el alto coste económico y social que tienen, son los trabajos que relacionan la exposición a los contaminantes generados por el tráfico con el desarrollo de enfermedades de tipo neurodegenerativo como párkinson, alzhéimer o demencia.

Algunos de estos estudios relacionan la exposición al tráfico con la causa de la enfermedad, mientras que otros, como los realizados en Madrid por el Instituto de Salud Carlos III, establecen asociaciones a corto plazo entre la contaminación atmosférica y el agravamiento de síntomas en este tipo de enfermedades, ocasionando ingresos de carácter urgente por las enfermedades antes citadas. Para hacernos una idea del coste económico de estas enfermedades, cabe señalar que, por ejemplo, en España hay diagnosticados por párkinson unos 700 enfermos por cada 100.000 habitantes y que el coste medio, según datos de EEUU, es de cerca de 20.000 euros por paciente al año.

Niños y mayores

Aunque el principal grupo poblacional afectado por la contaminación es el de mayores de 65 años, hay otro grupo de especial susceptibilidad, la población infantil. Los estudios tradicionales en niños establecían evidencia epidemiológica entre contaminación atmosférica y el aumento de casos de asma o el empeoramiento de los síntomas de enfermedades de carácter infeccioso principalmente, como la bronquiolitis. Las investigaciones más recientes, como describe un estudio realizado en Barcelona, apuntan a asociaciones entre la exposición a los contaminantes atmosféricos y el desarrollo de anomalías congénitas del corazón durante el estado prenatal e, incluso, en salud infantil con incidencia en el desarrollo neurocognitivo y conductual de aquellos niños que acuden a escuelas cercanas a una alta intensidad de tráfico; relacionándose incluso con los desórdenes característicos del espectro autista.

Además, son ya numerosos los trabajos científicos a nivel internacional que relacionan la exposición a la contaminación atmosférica con la ocurrencia de anomalías en el embarazo que pueden determinar bajo peso al nacer, partos prematuros e incluso mortalidad fetal. En España, los estudios a largo plazo englobados en el Proyecto Infancia y Medio Ambiente (INMA) van en esta dirección. En Madrid, se está relacionando la exposición a NO2, las PM2.5 y el ozono en los diferentes trimestres gestacionales con las variables adversas al nacimiento antes citadas.

La evolución que se ha producido en investigación en los últimos años, y que se ha reseñado someramente con anterioridad, construye una nueva perspectiva sobre el impacto en salud de la contaminación atmosférica química. No es sólo que los contaminantes actúen como factores precipitantes, adelantando la mortalidad, especialmente en el grupo de ancianos que presentan patologías de base; sino que pueden ser la causa del desarrollo de enfermedades que padecen un gran número de personas y que, por tanto, tienen un altísimo coste social, económico y sanitario. Especialmente relevante es la relación establecida entre contaminación y el desarrollo fetal, en la que una posible anomalía congénita asociada puede marcar a una persona durante su vida.

Asimismo, no hay que olvidar que contaminación atmosférica no sólo es contaminación química, sino que también engloba a la contaminación acústica, de la que cerca del 70 % se debe a la misma fuente de origen, el tráfico. En Madrid, en el periodo 2000-2009 cerca de la mitad de los días se superó el umbral de protección a la salud de 65 dB(A) que marca la OMS y el 100% de las noches se superó el umbral de 55 dB(A). Lejos de relacionarse el ruido únicamente con patologías triviales, investigaciones del ISCIII, relacionan el ruido de tráfico en Madrid con morbi-mortalidad por causas circulatorias, respiratorias y diabetes; tanto en población general como en población infantil y mayores de 65 años.

Además, los niveles de ruido se relacionan también en Madrid con ingresos urgentes por enfermedad de párkinson y demencia y con las llamadas urgentes al 112 especialmente por infarto agudo de miocardio, y accidente cerebrovascular entre las enfermedades cardiovasculares y neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre las del aparato respiratorio. La exposición a la contaminación acústica procedente de tráfico se relaciona asimismo en Madrid con las variables bajo peso, prematuridad e incluso con la mortalidad fetal.

Tráfico rodado

Por tanto, hoy en día el origen común de los diferentes efectos en salud de la contaminación en las grandes ciudades es el mismo: el tráfico rodado. No se trata únicamente de articular medidas coyunturales en los casos de situaciones episódicas de contaminación química. Se trata de que las administraciones implicadas tomen medidas estructurales que solucionen el problema en su origen.

La utilización de autobuses menos contaminantes, la mejora y accesibilidad del transporte público, la habilitación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las grandes ciudades, la renovación del parque automovilístico, y la potenciación de los vehículos híbridos frente a los diésel serían algunas de las medidas urgentes que deberían adoptarse en las grandes ciudades. Téngase en cuenta que, según un estudio realizado en París, con que el 12 % de los vehículos fuesen eléctricos el nivel de ruido disminuiría en 1 dB(A). Esta disminución de ruido podría evitar al año en Madrid la muerte de 284 personas mayores de 65 años por causas cardiovasculares y 184 por causas repiratorias.

 

(*) Julio Díaz Jiménez y Cristina Linares Gil son investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III

El País

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