Garoña y el futuro energético español

Por: | 03 de agosto de 2017

FRANCISCO CASTEJÓN (*)

 

GñUn operario en el interior de la central nuclear de Garoña. / GORKA LEJARCEGI

 

No podemos más que alegrarnos de que se haya decretado el cierre definitivo de esta peligrosa antigualla que es la central nuclear de Garoña. Se trata de una central propiedad de Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola, las dos principales compañías eléctricas españolas. La central de Garoña es heredera del franquismo, como otras del parque nuclear español, y es gemela de la número 1 de Fukushima-Daichi.

La planta tiene numerosos problemas de seguridad, según muestran los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). También se ha demostrado que Garoña es prescindible ya que está parada desde diciembre de 2012 –por decisión unilateral de sus propietarios– sin que haya habido problemas de suministro o de estabilidad de la red eléctrica. Por cierto, ni siquiera sus dueños tienen claro que deba reabrirse: Iberdrola ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de no continuar con la central.

Por tanto, la decisión de proceder al cierre definitivo es de sentido común. Nos libramos del riesgo que supone esta instalación obsoleta para el Valle de Tobalina y las regiones vecinas, así como para todo el Valle del Ebro, amenazado por una posible fuga en su cabecera. Nos liberamos también de los residuos que generaría la central de aquí a 2031. Y todo esto es para celebrarlo.

Moneda de cambio

Sin embargo, merece la pena analizar en detalle cómo ha sido el proceso de cierre. Durante los años 2012 y 2013 Garoña fue usada por las grandes eléctricas como rehén para conseguir mejores condiciones en la reforma del sistema eléctrico que se estaba elaborando en aquel momento. La eliminación del déficit de tarifa o del impuesto sobre el combustible gastado de la nuclear y la mejora de la situación de los ciclos combinados de gas natural eran en realidad los objetivos de las cinco grandes eléctricas asociadas en UNESA. La parada de Garoña en 2012 fue el culmen de este enfrentamiento entre las eléctricas y el Gobierno del PP, puesto que este último había decidido que la energía nuclear debía jugar un papel importante en el nuevo modelo de generación eléctrica y Garoña era su piedra de toque.

Al anunciar el cierre de la central, el ministro Álvaro Nadal ha señalado la ausencia de un debate sosegado sobre la continuidad de Garoña, ha abroncado a las eléctricas por su indecisión en torno a la central y su uso como rehén, al tiempo que culpaba a la situación política de la dificultad para conseguir una seguridad jurídica. Y todos estos factores provocaban que no se reabriera Garoña. Sin embargo, Nadal es el primer responsable de la ausencia de debate dado el oscurantismo que ha marcado todo el proceso, y el nulo interés en impulsar un debate público sobre la energía nuclear y el futuro modelo energético español.

El PP, su partido, fue el artífice de la reforma eléctrica que ha otorgado grandes bazas a las eléctricas para presionar sobre el Gobierno, incluyendo la nueva normativa para solicitar la extensión del permiso de funcionamiento para las nucleares, que les da dos años más de tiempo para realizar esa presión.

Ha costado años que el ministro tome nota del clamor político a favor del cierre de la central en el Parlamento español y en varios parlamentos autonómicos. Este clamor político no ha sido sino la traslación de un claro sentimiento social a favor del cierre de esta instalación. El largo trabajo ecologista se ha visto reforzado por mayores demandas de transparencia, democracia y seguridad en la sociedad que han presionado aún más a favor del cierre de Garoña y, al tiempo, del resto del parque nuclear. El papel de la ciudadanía resulta, pues, clave en este proceso, a pesar de que el Gobierno la haya ignorado en los debates o a la hora de tener en cuenta sus opiniones en los diversos procesos de participación pública.

Desprestigio del CSN

Un gran damnificado del culebrón de Garoña ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya reputación ha sufrido un gran retroceso. Este organismo ha aprobado informes favorables a petición del Gobierno para posibilitar la continuidad de Garoña y para facilitar también la prolongación del funcionamiento del parque nuclear español, a pesar de los dignos votos particulares de la consejera Narbona y de las protestas de los miembros del Comité Asesor de Ecologistas en Acción y de Greenpeace.

El CSN ha aprobado abundante normativa en forma de nuevas Especificaciones Técnicas de Funcionamiento e Instrucciones de Seguridad que posibilitarían no sólo la continuidad de Garoña sino del resto de centrales. Destacan entre estos informes favorables la modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que ha posibilitado la petición de prórroga de Garoña tras su Cese de Explotación en junio de 2013, lo que ha motivado que se desperdicien unas 30.000 horas de trabajo del personal técnico de este organismo.

El CSN también avaló la nueva normativa para la renovación de los permisos de explotación que permite a las centrales pedir por separado el permiso al ministerio (con un año de antelación) y al CSN (con tres años), lo que condena a este organismo a sufrir todo tipo de presiones y a evaluar una renovación del permiso sin saber en qué términos se solicitará e incluso si se hará dicha solicitud. Con Garoña, el CSN ha establecido el precedente de emitir un informe favorable a la extensión hasta los sesenta años de funcionamiento de una central nuclear.

El futuro de la energía nuclear

Por otro lado, el futuro de la energía nuclear marca fuertemente el modelo de generación eléctrica español porque no es posible una extensión renovable masiva con la potencia nuclear instalada en España. En varias ocasiones se han desaprovechado miles de megavatios de potencia eólica por la imposibilidad de regular la potencia nuclear. Situaciones de este tipo sólo se remediarían mediante un aumento de la demanda que, lógicamente, produciría mayores impactos ambientales, o con un descenso notable de la potencia nuclear instalada. Hoy por hoy las nucleares son un freno para la extensión renovable y la subsiguiente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, las empresas eléctricas han de posicionarse de cara al futuro para desarrollar las tecnologías que estarán presentes en la nueva generación eléctrica. En este sentido, la toma de posición en el mercado de las renovables y el gas es clave. Éste último deberá ser usado como tecnología de respaldo a la implantación generalizada de las renovables hasta que estas energías puedan funcionar solas, y de ahí los intentos de aumentar las infraestructuras de almacenamiento y transporte de gas en España que aparte de garantizar el suministro para los ciclos combinados, podrían servir para hacer negocio con esta fuente de energía en Europa.

Tras el cierre de Garoña, los agentes sociales antinucleares en España, país con una opinión pública mayoritariamente antinuclear, han aprendido que las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas impulsan un cambio de modelo energético para el que las nucleares son un serio obstáculo. Ni los intereses del Gobierno del PP, ni los de las eléctricas se deberían interponer. Por ello, se hace necesario establecer un calendario de cierre de las plantas nucleares que permita también alcanzar un consenso sobre la compleja gestión de residuos radiactivos.

 

(*) Francisco Castejón, doctor en Físicas y portavoz de Ecologistas en Acción

Hay 1 Comentarios

Es intolerable el poder que todas las grandes empresas tienen sobre los gobiernos. Es fundamental la información para que protesten los ciudadanos con todas sus fuerzas. Es de alabar la existencia de empresas, en general, cooperativas que suministran energía eléctrica de distinta procedencia y en distintas condiciones.

Un saludo

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