Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

De la derrota catalana del 11-S a la derrota de todos del 20-S

Por: | 27 de septiembre de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

1495474896_743776_1496999602_noticia_normal_recorte1Puigdemont anuncia la fecha y la pregunta del referéndum. / Lluis Gené (AFP)

 

La vuelta a las actividad política de septiembre no ha podido ser más preocupante y, debemos reconocerlo, decepcionante. Como los peores estudiantes que acuden a la repesca de septiembre, los actores políticos españoles no parecen haberse esforzado lo suficiente y se ven abocados a deambular durante todo el curso con una asignatura pendiente. Y es una asignatura básica porque se refiere a una cuestión clave: la relación entre nación y Estado y la aceptación o no del sistema político estatal por parte de los ciudadanos. O, para ser exactos, de una parte significativa de la ciudadanía, muy probablemente de algo más de dos millones de ciudadanos en edad de participar en la actividad política.

Desde el día 6 de septiembre vivimos instalados en un sobresalto continuo, en una crónica narrada minuto a minuto que reafirma las propias creencias y por tanto eleva la tensión. Todo esto alimentado por una opinión pública patriótica que se ha sumado con tanta alegría como escaso espíritu analítico al objetivo de la victoria total y de silenciar al que no piensa igual. Y todo ello sin perder de vista algunos episodios cercanos a la caricatura y al esperpento que han encontrado en los memes difundidos por Whatsapp el mismo sarcasmo que en el pasado describió Valle Inclán. Una semana muy inquietante para el futuro de la unidad de España y un día para el triste recuerdo: el 20 de septiembre. Día de registros, detenciones, manifestaciones masivas y, muy destacable, el día en que las obligaciones de las fuerzas de seguridad estatal y autonómicas resultaron no ser coincidentes.

A estas alturas creemos que solo el análisis reposado y la reflexión compartida pueden ayudar a buscar puntos de encuentro y coincidencia. Y para ello, llamamos la atención sobre siete ideas convertidas en sendos argumentos y utilizadas con tanto desatino.

El mito de la nación compacta y unánime. A estas alturas sorprende la fe ciega en la nación como unidad social, de pensamiento, de acción y de aspiración. La realidad  social actual es mucho más compleja y, quizás, confusa. En el siglo XIX la nación húngara era la nobleza húngara. La nación polaca era la población católica polaca. La nación irlandesa eran los irlandeses católicos a los que se les negaban los derechos de los que sí disfrutaban los protestantes. Pero la estratificación social actual es mucho más compleja. No es seguro que la voluntad independentista en Cataluña sea mayoritaria. Los porcentajes de voto en el Barcelonés, Baix Llobregat, Valles Occidental, Valles Oriental, Garraf, el Maresme o el Tarragonés ponen muy en duda este cálculo. Además, los recuentos de 2014, 2015 o de las elecciones generales de 2016 insisten en que no. La opinión publica española, por su parte, esta obligada a preguntarse qué son las nacionalidades, que parecen preexistentes, a las que se alude en el Artículo 1 de la Constitución y que tenemos que hacer compatibles con la unidad de la nación española.

El prestigio del Estado, la firmeza de las instituciones, el cumplimiento de los compromisos. La palabra clave de la semana ha sido firmeza. Se ha levantado la voz todo lo necesario para que a los propios no les asaltaran las dudas y para que los ajenos percibieran todo el temor posible. Firmeza, determinación, voluntad inquebrantable. Con ello se ha dibujado un escenario que separa a buenos y malos, demócratas y autoritarios, pero sobre todo a nosotros y ellos. Es la peor noticia del momento. Se puede comprender la determinación de los gobernantes en una situación tan grave y exigente, pero en ninguna declaración pública se ha apreciado ninguna palabra de afecto hacia el otro. Ni voluntad de comprender ni interés de ser comprendidos. Y nos preguntamos por qué nadie ha recordado con el respeto suficiente que Cataluña genera una parte importantísima del PIB español o que, a pesar de todo, los catalanes siguen eligiendo la opción de que son catalanes y españoles cuando se les pregunta por su identidad colectiva.

El sueño del Estado independiente próspero, seguro y justo. Cualquier historiador sabe que todo Estado busca legitimar su poder con la instauración de un sistema jurídico propio. Lógicamente este sistema busca perpetuarse y es evidente que no puede ni quiere reconocer el derecho a la secesión. Reconocer esta posibilidad y el derecho a ejercerla iría en contra del objetivo y del plan del Estado que, desde luego, aspira a la continuidad y a la permanencia. Sin embargo, la comprensión de esta realidad y del carácter histórico de la forma Estado debiera servir para relativizar la trascendencia del Estado y sus poderes mágicos. Al igual que en Escocia, en Cataluña se ha extendido la idea, nunca demostrada, de que la independencia traerá consigo de forma automática una mejora de las condiciones de vida. Esa fe en la capacidad de un Estado resulta, además, aun más sorprendente en una ciudad que aún no es capaz de poner límite a las llegadas masivas de turistas y que acaba de conocer las debilidades del poder en un acontecimiento tan trágico como los atentados del 17 de agosto.

El recurso abusivo a la Libertad, la Democracia y al Estado de Derecho. En los argumentarios políticos estas tres expresiones aparecen con una frecuencia que se hace agobiante. Incluso con frecuencia se agolpan anteponiéndose una a la otra o formando un bucle que resulta incomprensible para el oyente. Hay quien piensa que la democracia supone asumir el derecho a decidir, dando por obvio que luego se dotará de su propia legalidad. Otros piensan que el desarrollo de los derechos democráticos se debe enmarcar en la legalidad, lo que de hecho supone una limitación de la democracia. Parece que hemos olvidado que la democracia atribuye el gobierno a la mayoría, pero salvaguardando los derechos de la minoría. Los debates en el Parlament sobre las dos leyes lo evidenciaron claramente.

Las diferentes ideas sobre la nación y el derecho a decidir. Una de las aportaciones mas novedosas de la Revolución francesa fue la creación de un concepto nuevo que sirve para englobar a la totalidad de la población y al que se otorga el poder político único y completo, la nación. Esta concepción en sí misma excluye la posibilidad de sujetos colectivos diferentes y petrifica los vínculos entre Nación y Estado, algo que reaparece constantemente en todas las constituciones españolas desde Cádiz y que se reproduce con algunas variantes en 1978. Sin embargo, el romanticismo del siglo XIX acuñó un concepto diferente, de la mano de Fichte y sobre todo en torno al concepto de lengua, y es éste el usado por el nacionalismo catalán desde hace mas de 130 años. Para armonizar ambos conceptos, la Constitución apuntó a que la nación española estaba formada por nacionalidades y regiones, pero esta solución no ha sido asumida y no se ha incorporado a los hábitos de funcionamiento del modelo autonómico, dando lugar a discrepancias interpretativas que confunden a la opinión pública, resaltando incompatibilidades sin hacer nada por asumir la pluralidad cultural española.

El uso de los instrumentos coercitivos del Estado. El poder del Estado se basa desde el siglo XV en su monopolio del uso del poder coactivo. Primero para neutralizar al poder feudal y más recientemente para garantizar el disfrute de las libertades mediante el uso de los mecanismos propios del Estado de Derecho. Esta lógica histórica se corresponde con su voluntad de permanencia y continuidad. Y, por ello, no puede sorprender el uso de los instrumentos de que dispone para salvaguardar su integridad. Hay quien se refiera a esta actitud como represora, pero es la única conocida en la historia del Estado y son escasísimos los ejemplos de Estados que han aceptado pacíficamente una mutilación. La peculiaridad es que los pasos dados por el Parlament van justamente en la dirección de crear un Estado según el modelo descrito, que es precisamente el propio del Estado español.

Una desconexión mental acelerada. Una buena parte de la opinión pública localizada en Madrid insiste en achacar a la escuela pública transferida el crecimiento del nacionalismo catalán. Una idea simple pero que no resiste un análisis riguroso, pero que parece emitirse para abonar una futura rebaja en la descentralización. Los presentes en la Diada de 1977 o en el recibimiento a Tarradellas ese mismo año, incluso más numerosos que los participantes en la reciente conmemoración del 11 S, se formaron en escuelas franquistas, al igual que los votantes que dieron el triunfo a CiU en las elecciones de 1980. Los ciudadanos bálticos que formaron una cadena humana para desgajarse de la URSS venían de escuelas soviéticas. El nacionalismo catalán ya ha cumplido 130 años. Sí es cierto, sin embargo, que los espacios políticos y sociales compartidos son cada vez menos frecuentes, medios de comunicación diferentes, sistema de partidos diferentes, leyes con objetivos y contenidos alejados ideológicamente, diferentes prioridades y preocupaciones, asociacionismo diferente, universidades que se dan la espalda, insuficientes contactos sociales, etc. Toda una serie de pistas que ponen de relieve agendas diferenciadas y, seguramente, diferentes concepciones del Estado y de las relaciones entre poder político y sociedad.

Hemos intentado apuntar algunas ideas para la reflexión, alejándonos del rifirrafe diario, de la crónica periodística y de los apasionados comentarios del día a día. Y ello porque los acontecimientos de esta semana recuerdan demasiado los hechos de 1934. Las imágenes del miércoles 20 de septiembre son la prueba gráfica de una derrota compartida. La herida es seria. La recomposición del pacto territorial de 1978 parece que requerirá de un avezado cirujano y de fino instrumental. Mientras tanto, la jornada del día 20 marcará la relación entre España y Cataluña. O sea, la relación entre dos conceptos de España. A la espera del momento, la inmediatez en la transmisión de las noticias y de las imágenes que nos distribuyen los nuevos medios disponibles multiplican la desconfianza y el recelo. Y además, estas imágenes nos enseñaron una fractura política que hoy parece imposible de superar. Dos imaginaciones nacionales diferentes y dos concepciones diferentes del Estado.

El 1-O probablemente dejará pocos votos en urnas de cartón o de cristal, pero sin duda dejará desafecto, dignidad herida y alejamiento mental. 

 

(*) José María Pérez Medina es funcionario del Estado, politólogo e historiador

JORDI ORTEGA (*)

 

PoluareUna fábrica emite gases contaminantes a la atmósfera.

 

Hay que delimitar bien qué es y qué no es una ley de cambio climático. La primera ley de cambio climático fue aprobada en 2006 en California por Arnold Schwarzenegger. La siguiente en Reino Unido.  Mientras Gordon Brown presentaba el informe Stern en 2006, coincidiendo con el G20, David Miliband ponía atrevimiento en la Ley de Cambio Climático (aprobada en 2008); y, todo hay que decirlo, Tony Blair declaraban la guerra a Irak. Escocia (2009), Dinamarca (2009) y otros países del entorno tienen su ley del clima. Ahora se suma la aprobada en Cataluña el 27 de julio (con 122 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra).

El proyecto de ley se presentó en el Parlamento el 26 enero de 2016. El consenso alcanzado permitió aprobar una versión mejorada del proyecto que entró en el Parlamento. Otros gobiernos pueden aprender de estas leyes y las dinámicas de otros países. La última iniciativa ha sido la del gobierno Balear. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Ministerio de Energía tienen en consulta pública la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el cuestionario preguntan por el horizonte temporal: ¿2030, 2050 o 2030 y 2050?

¿Qué se entiende por una ley del clima? Las actuales políticas climáticas se plasman en estrategias, planes, pero son declaraciones de intenciones; una ley, en cambio, tiene un carácter jurídico vinculante. En este sentido, uno de los temas más interesantes que incorpora la Ley catalana es pasar de metas y objetivos a presupuestos de carbono. La ley catalana establece límites estrictos al Gobierno para los periodos 2021-2025 y 2026-2030 (aprobados antes de 31 diciembre 2020), 2031-2035 (aprobado antes de 31 diciembre 2023), 2036-2040, 2041-2045 y 2046-2050 (aprobados con una década de anticipación). Estos presupuestos de carbono dibujan una hoja de ruta, no un horizonte lejano (2030 0 2050), sino una escalera descendente de reducción de las emisiones de GEI.

Reino Unido tiene aprobados los Carbon Budget (presupuestos de carbono) hasta 2032.  El Gobierno tiene fijada esa escalera descendente que empezó en 2008-2012 con el objetivo de reducir las emisiones un  25%, en 2013-2018 un 31%; en 2018-2022 un 37%, en 2023-2027 un  51% y, por último, en 2028-2032 un 57%. Cada año el Gobierno debe presentar un informe del grado de cumplimiento y, otra novedad, un comité independiente de cambio climático -elegido por el Parlamento- evaluará  las políticas y hará recomendaciones vinculantes.

Hay cierta confusión entre las leyes del clima que desarrolle el Gobierno y la Ley de Cambio Climático que modifica las reglas del juego. La Ley catalana, a diferencia de la Ley británica articulada entorno al Carbon Budget, comité del clima e impacto y adaptación, sólo dedica a esto dos artículos, pero en cambio parece querer definir las políticas climáticas. ¿A qué me refiero?  La ley catalana establece objetivos de viviendas de consumo cero, desarrollo del vehículo eléctrico, abandono de la energía nuclear, etc. Un presupuesto de carbono ofrece una flexibilidad al Gobierno para decidir dónde afrontar reducciones presentes y futuras, en cambio, la ley parece marcar un camino a través de políticas sectoriales, lo que es tarea del Gobierno y del comité del clima.

Otra buena parte de la Ley catalana es redundante: existe la oficina de cambio climático, la mesa social del clima, el comité intergubernamental, etc.  ¿Qué es lo relevante? Políticas climáticas dejan de estar sujetas a los cambios del Gobierno para ganar un protagonismo, inesperado, en el Parlamento. Un Parlamento puede fijar líneas para horizontes a largo plazo.

La Ley británica, sin embargo, dejó fuera aquellos aspectos más imaginativos que nos pueden ofrecer una imagen clara de qué son unos presupuestos de carbono. David Miliband insistía en aplicar de forma progresiva -no renunciar- esas propuestas a partir de 2020. Imaginemos que estamos en 2020. Llegamos a una gasolinera y pagamos 45 euros por llenar el depósito. Hasta aquí todo normal. Ahora deberemos de pagar también 82 kg de CO2 con nuestra Personal Carbon Allowance Card. Cada persona tendría que gestionar su presupuesto de carbono, al igual que cada administración, empresa, etc.

  

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Ni la Ley británica ni la catalana contemplan distribuir el 40% de presupuesto de carbono entre particulares. Por ahora el Gobierno gestionará todo el presupuesto de carbono del todo país. El Gobierno gestiona una buena parte de PIB como para a través de la ‘contratación verde’ y la ‘huella de carbono’ calcular el carbono de sus presupuestos generales. El cambio climático no es un problema de la economía, sino que tiene otras dimensiones: política y social. Descubrimos el potencial de la ley del clima en modificar patrones de comportamiento de consumidores, e incentiva, sin medidas coactivas, productos y servicios bajos en carbono. 

La ley del clima, a diferencia de las políticas climáticas basada en planes y estrategias (no todo se puede considerar una ley del clima), tiene la virtud de las tres E: es socialmente Equitativa (evita una apropiación injusta de la atmósfera, evita distribuir cargas de quien menos tiene a quien más tiene) , es climáticamente Eficaz (al establecer límites absolutos) y económicamente Eficiente (incentiva cambios con el menor coste).Otro error es plantearse si las emisiones reguladas por el comercio de carbono, que incluye el sector energético e industrial, deben quedar fuera del mercado de carbono.

La ley climática actúa sobre la demanda. Aquí entra el dilema entre tasas de carbono o carbón personal. Incrementar los impuestos ecológicos puede resultar, superados unos niveles que no tenemos aquí, regresivo; el carbón personal para quien está por debajo de la media sería progresivo. La demanda, la gran ignorada en las políticas climáticas, pasa a tener el protagonismo. Proteger el clima nos lleva a comer más sano (más vegetales y cereales); genera empleo, innovación (agricultura biológica, fitoquímica, etc) y nos permite salir de la era fósil (empezamos a vincular el terrorismo internacional con el cambio climático y la geopolítica energética).

La ley necesita un rodaje para incorporar primero experiencias piloto de Personal Carbon Card para añadirlas más tarde a las políticas climáticas y a las decisiones individuales. La política climática muda de los estados a las ciudades. Ulrich Beck ironiza el paso de naciones unidas a ciudades unidas y resalta al papel de una ciudadanía democrática climática. La ley del clima regresa a esa aventura que fue la polis, precursora de la democracia, revaloriza la democracia contra la ‘expertocracia’ -por eso no tiene sentido hablar de comité de expertos- y, sobre todo, ayuda a predecir los desastres climáticos.

No estamos, con esta ley, ante el imperio de los 1000 años. Es el comienzo de nuevas dinámicas a través de ese cambio de reglas de juego que da más poder al individuo. El potencial emancipador del cambio climático reside en la democracia, no en una distribución autoritaria de dosis de ascetismo por parte expertos. La democracia es la esperanza ante las amenazas globales.

 

(*) Jordi Ortega es fundador de Forum Ecologic

LAURA MARTÍN MURILLO (*)

 

1446736397_565453_1446736989_noticia_normalTrabajadores en una mina de carbón. / AFP

 

De repente un día un Gobierno anuncia algo razonable. Y nos alegra el día.  Últimamente nos despertamos con sudor frío al oír las noticias que llegan de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, España...

Sin embargo, la semana pasada el Gobierno escocés anunció una batería de medidas en su nueva estrategia económica que plantea objetivos ambiciosos para áreas tan diversas como transporte y coche eléctrico, residuos y economía circular, energías renovables o industria manufacturera baja en carbono. La propuesta económica del gobierno escocés quiere ser ‘future-proofed’, a prueba de los desafíos del futuro y por eso la batería de medidas para una economía circular y la lucha contra el cambio climático son centrales en la misma. 

En los últimos años, los escoceses han avanzado en el desarrollo de las energías renovables, tienen una gran capacidad eólica, también off-shore, y grandes posibilidades para desarrollar la energía mareomotriz. Este año se han conseguido récords importantísimos desde la industria eólica. Entre enero y junio de 2017 las turbinas produjeron suficiente electricidad para cubrir la demanda de un 124% de las necesidades del consumo doméstico. Esta misma semana la eólica offshore de este país ha ocupado la prensa energética del mundo demostrando que en subasta es más barata que la nuclear (incluso sin internalizar los costes ambientales).

Con tradición de explotación de pozos petrolíferos y gasísticos marítimos, no era difícil imaginar que ese saber tecnológico, organizacional y las capacidades de sus empresas y sus trabajadores podían ser trasladables a una industria eólica off-shore. En Escocia se trata de actuar desde la necesidad. El declive del petróleo y el gas, unido al declive previo de la manufactura, pone a muchas comunidades y a muchos trabajadores en peligro, a los que hay que dar nuevas oportunidades. Articular bien la transición es crucial. La estrategia económica presentada la semana pasada por el gobierno escocés resulta novedosa en muchos aspectos y resalta sobre todo por la inclusión de tres elementos clave para la transición ecológica de la economía.

El primer elemento tiene que ver con dar un verdadero impulso a los planes de residuo cero y economía circular. El Gobierno escocés pondrá en práctica un sistema de retorno de envases. Este sistema para el reciclaje de envases es el utilizado por los países escandinavos, Alemania y Holanda, que alcanzan tasas de reciclaje de envases superiores al 80%. No se ven envases en las playas o parajes de esos países, sin embargo cuenta con la oposición de fuertes lobbies industriales: la industria alimentaria y los distribuidores, y los supermercados, que bloquean su introducción en otros países.

Escocia anunció la semana pasada un sistema de depósito para botellas y latas desmarcándose del Reino Unido en el sistema de recogida de envases, pero además abrió la puerta a los impuestos sobre los plásticos de un solo uso. La producción y el consumo basado en el usar y tirar tiene que ser desterrado lo antes posible de nuestra cultura económica y medidas como estas se hacen necesarias de manera urgente.

El segundo elemento tiene que ver con la transición rápida hacia la descarbonización del transporte. El Gobierno escocés declara que quiere liderar el impulso del coche eléctrico y hace lo que resulta razonable cuando se quiere liderar, fijarse un objetivo ambicioso: por ello prohibirá los vehículos de gasolina y gasoil en 2032, dentro de quince años escasos. Tanto Reino Unido como Francia habían anunciado la prohibición a 2040.

El plan también incluye la aceleración de inversiones en infraestructuras de carga hasta 2022 y la creación de una autopista solar. Sin embargo, aunque la descarbonización de la economía necesita electrificar urgentemente el transporte, no servirá de mucho si no transformamos radicalmente la movilidad y por eso el anuncio de duplicar las inversiones para transporte activo, a pie y en bici, resulta particularmente apropiado.

El tercer elemento tiene que ver con cómo gestionar esta transformación. En el plan se incluye el compromiso para establecer una Comisión de Transición Justa que debe asesorar a los ministros sobre un ajuste desde la justicia social, que se proponga abordar desigualdades y pobreza en el camino hacia una economía eficiente en el uso de recursos. Para ello es importante promover un mercado laboral inclusivo y justo.

Nuevos empleos

Esta comisión tiene que servir para cumplir al desafío mencionado anteriormente de transformar la economía desde la dependencia del petróleo y gas del Mar del Norte y ayudar a sus trabajadores a encontrar nuevos empleos mediante la formación profesional en nuevas actividades. Ya existe un fondo para la recapacitación de trabajadores del petróleo (Fondo de Formación para la Transición) que ahora se trata de reforzar.

Pero además la transición justa de la economía necesitará el refuerzo de los sistemas de protección social y, por ello, otras partes del plan presentado, aunque no tengan que ver con la economía verde, referidas a las mejoras del sistema de seguridad social o al estudio sobre una renta básica garantizada, mejorarán la resiliencia social para lidiar con los cambios y facilitarán una transición más justa.

Hay otros elementos muy positivos en el plan que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan, como por ejemplo proponerse contribuir a una reducción global de emisiones que no supere el 1,5 C de aumento medio de las temperaturas planetarias y discutir un nuevo plan nacional de emisiones que sea congruente con ese objetivo.

También se propone convertir cuatro de las ciudades más contaminadas del país en Zonas de Bajas Emisiones y entrará en estudio la creación de una empresa energética pública. Y luego hay cosas no tan positivas, como mantener la apuesta por la captura y secuestro de carbono, cuando es cada vez más compartido que además de riesgos medioambientales es una tecnología que no ha cumplido sus expectativas de desarrollo.

En cualquier caso, el plan puede ser mejorable, pero es un ejercicio completamente envidiable desde la perspectiva de España. Necesitamos muchos más gobiernos que declaren que quieren adaptar sus economías a prueba de los desafíos del mañana, que tal como están las cosas a nivel destrucción climática, son los desafíos de hoy.

 

(*) Laura Martín Murillo es experta en cambio climático y sostenibilidad

El Fondo Monetario Europeo: otro peldaño hacia el régimen colonial

Por: | 14 de septiembre de 2017

STUART MEDINA MILTIMORE (*)

 

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 El ministro Schauble en un debate junto a Merkel. / KRISZTIAN BOCSI (BLOOMBERG)

 

Distraídos como estamos por los eventos cargados de tensión política, tonalidades épicas y negros augurios sobre la ruptura de España, otro evento que amenaza más seriamente la soberanía del pueblo español está pasando inadvertido. Si Merkel y Schäuble se salieren con la suya poco importaría que Cataluña se independizara de España porque la soberanía de ambos pueblos habrá quedado definitivamente suprimida. ¿Les parece una afirmación exagerada? Sigan leyendo.

La soberanía monetaria ya fue imprudentemente cedida al Banco Central Europeo a finales del siglo pasado con nefastas consecuencias para la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Los economistas de la teoría monetaria moderna advirtieron entonces de los peligros de no completar la unión monetaria con una unión fiscal ejercida desde una instancia federal (Wray, 2012). Privados del respaldo de un banco central, los estados se exponían a que su deuda no fuera aceptada en los mercados. Las insensatas y arbitrarias limitaciones establecidas por el tratado de Maastricht al gasto público que pretendían paliar esta carencia, además de imposibles de cumplir, se revelaron como puro pensamiento mágico que dificultaría que un aumento del gasto público deficitario nos sacara de futuras crisis. Simplemente, arrebatados por su fe en el destino manifiesto de una unión europea neoliberal, Jacques Delors y quienes impulsaron el proyecto de unión monetaria sin unión fiscal desconocían cómo funcionan los sistemas monetarios modernos.

Así aconteció que el estado español se convirtió en rehén de los mercados financieros y de las imposiciones políticas procedentes de Bruselas, Berlín y París cuando llegó la crisis de 2008. En 2011 el presidente Zapatero se vio obligado por Merkel, Sarkozy, Trichet y Barroso a abandonar el plan de estímulos lanzado en 2009 -el denostado Plan E que realmente funcionó y había empezado a sacarnos de la crisis-. El giro a la austeridad, la implantación de un programa de reformas de corte neoliberal y la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española fueron las condiciones para que el BCE comprase nuestra deuda pública en los mercados secundarios y evitase nuestra insolvencia. El giro a la austeridad de 2011 explica que España tardase 36 trimestres en recuperar el volumen de producción que tenía en 2008, la crisis más larga de nuestra historia.

Últimamente los dirigentes europeos empiezan a hablar de “unión fiscal”. ¿Han aprendido los dirigentes europeos las lecciones de la crisis? No nos hagamos demasiadas ilusiones porque el lenguaje que emplean en Bruselas es polisémico y ambiguo, cuando no engañoso. Se nos informa de que la Comisión Europea y algunas capitales coinciden en la necesidad de impulsar un Fondo Monetario Europeo (FME). La idea fue propuesta en marzo de 2010 por Thomas Mayer y Daniel Gros, economistas alemanes, en The Economist (Mayer & Gros, 2010). La nacionalidad de los autores, la ideología de la revista y el título del artículo, ‘Disciplinary Measures’, inspiran desconfianza y, efectivamente, los peores augurios se confirman cuando se lee el texto: un fondo de rescate a cambio de sometimiento a la disciplina fiscal impuesta por los países del Norte. El resultado de la propuesta se convirtió en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el cómplice del FMI que perpetró los programas de asistencia financiera a los países rescatados en la periferia europea.

Bruselas y las élites europeas están muy satisfechas con los resultados -no tanto los trabajadores y parados empobrecidos del sur de Europa- y ahora los responsables de la Comisión Europea (CE) pretenden rescatar las siglas originales. Pero un FME no es una instancia federal, es una mera réplica del FMI, mecanismo creado por el sistema de Bretton Woods para gestionar un sistema de tipos de cambio basado en el patrón oro. Según un documento publicado por la CE en abril, el FME aportaría líneas de liquidez a los Estados miembros en dificultades y además serviría como instrumento de último recurso para la unión bancaria (Comisión Europea, 2017). La idea está siendo impulsada por el comisario Moscovici como antesala a lo que por esos lares se entiende por unión fiscal.

La cuestión es quién controla el FME. Los alemanes no han tardado en quitarle el nuevo juguete. Nos cuenta El País que el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, apoya el plan para transformar el Mede en el FME tras las elecciones alemanas (Pérez, 2017). Reuters cuenta que Schäuble abogaba por sacar al FMI de futuros rescates y se mostraba dispuesto a considerar la transformación del MEDE en el nuevo FME. Para Schäuble, el Brexit es una oportunidad para avanzar con la integración europea: “Necesitamos velocidades flexibles, agrupaciones variables de países, coaliciones de los dispuestos”. Fiel al pensamiento gregario europeo, para Schäuble el problema sigue siendo la falta de reformas estructurales. “No hay carencia de deuda en el mundo ni carencia de liquidez de los bancos centrales. Sin embargo, hay falta de productividad y competitividad en muchos países porque las reformas necesarias no se han realizado” (Reuters, 2017).

En román paladino, el FME daría financiación a países en dificultades a cambio de disciplina fiscal al gusto germánico y condicionado a más reformas estructurales. Recordemos que en la jerga de los técnicos de los organismos multilaterales y los economistas de la escuela dominante, ‘estructural’ es una palabra polisémica que se utiliza como justificación de todo tipo de desmanes. Puede significar que hay rigideces en un mercado de trabajo que se equipara al de las patatas. También puede significar que hay poca competencia y que es necesario liberalizar un sector para destruir todo el tejido de PYMES y sustituirlas por oligopolios que optimizan sus costes destruyendo cuanto empleo sea posible. Estructural, también es un problema de ineficiencia del sector público que se resuelve vendiendo todas las empresas públicas.

Reglas fiscales

La idea de Schäuble es arrebatar a la Comisión la supervisión fiscal y otorgarle el control presupuestario a esa nueva institución. Parece ser que Berlín mira con desdén a Bruselas, a la que considera poco exigente en el cumplimiento de las reglas fiscales. Alemania quiere reglas y disciplina. La idea sería reservar un derecho de veto a Alemania, Francia e Italia. España se ve que pertenece a otra liga que la inhabilita para disfrutar de ese privilegio. Es decir, si ante la siguiente crisis económica España tuviera que solicitar ayuda del FME, vería suprimida su soberanía fiscal. En tal caso mejor sería cerrar las Cortes definitivamente.

Nuestro concepto de unión fiscal es bien distinto. Una unión fiscal verdadera consistiría en la creación de una instancia federal europea que tuviera la capacidad de administrar un presupuesto muy superior al actual equivalente al 2% del PIB. Siguiendo a Hyman Minsky, una buena regla sería que esa instancia federal gestionara una cifra parecida al total de la inversión, es decir, entre el 15% y el 20% del PIB europeo. La elección de esta cifra se debe a que la inversión es la partida más volátil del PIB. Cuando se produce una recesión la inversión suele caer con mayor intensidad que el consumo, que suele ser más estable. Si la instancia federal europea gestionara un presupuesto del orden de magnitud propuesto, una caída de la inversión en el sector privado podría ser inmediatamente compensada con un aumento de las transferencias a las zonas en crisis.

No hace falta recordar que Alemania no está dispuesta a contemplar un presupuesto para la Comisión Europea que permitiera transferencias de rentas hacia otros países. Prefiere seguir financiando su superávit comercial con préstamos al resto del mundo. Pero la renuencia germana está bien acompañada del pensamiento gregario dominante en Europa. La doctrina europea sigue sin entender que el déficit fiscal es una necesidad permanente de cualquier economía en la que los ciudadanos desean ahorrar. Es sorprendente que les cueste tanto aprehender un concepto tan sencillo: la deuda pública es igual al ahorro del sector no público. Estamos pues lejos de llegar a una unión fiscal real y lo que se está postulando es un remedo acompañado de cilicios y otros instrumentos disciplinarios. La posibilidad de que Alemania, Francia e Italia tengan la capacidad de vetar las decisiones de inversión nos hace pasar de la alarma al pánico.

Los dirigentes europeos negocian a nuestras espaldas y, mientras, el Gobierno de Rajoy, lejos de defender nuestra soberanía, nos distrae con su épica batalla con los nacionalistas catalanes. Rajoy es uno de esos ‘dispuestos’ de los que hablaba Schäuble. El defensor de la integridad de la patria no titubeará en vender los restos de nuestra soberanía en un acto de lesa patria a cambio de una pequeña guinda, o mejor dicho, un Guindos al frente del BCE.

 

Referencias

Comisión Europea. (2017). REFLECTION PAPER ON THE DEEPENING OF THE ECONOMIC AND MONETARY UNION. Bruselas. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf

Mayer, T., & Gros, D. (2010, febrero 18). Disciplinary measures. The Economist. Retrieved from The Economist: http://www.economist.com/node/15544302

Pérez, C. (2017, septiembre 9). Bruselas impulsa su propio Fondo Monetario para apuntalar el euro. El País. Retrieved from El País: https://economia.elpais.com/economia/2017/09/09/actualidad/1504974819_563129.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Reuters. (2017, abril 20). Germany's Schaeuble: ESM could turn into European monetary fund. Retrieved from Reuters: http://www.reuters.com/article/us-imf-g20-germany-eurozone/germanys-schaeuble-esm-could-turn-into-european-monetary-fund-idUSKBN17M1RT

Tetlow, G., Donnan, S., & Brunsden, J. (2017, abril 23). EU policymakers revive push for European Monetary Fund. Retrieved from Financial Times: https://www.ft.com/content/8d4b3414-2756-11e7-8995-c35d0a61e61a

Wray, L. R. (2012, julio 8). MMT, The Euro and The Greatest Prediction of the Last 20 Years. Retrieved from New Economic Perspectives: http://neweconomicperspectives.org/2012/07/mmt-the-euro-and-the-greatest-prediction-of-the-last-20-years.html

 

(*) Stuart Medina Miltimore es economista y presidente de la Red MMT

Harvey, Irma y el futuro de la Humanidad

Por: | 08 de septiembre de 2017

DANIEL LEGUINA (*)

 

1504176505_990476_1504176835_album_normalUna mujer sostiene a su bebé mientras se refugian de Harvey en un almacén de muebles. / AP

 

El huracán Harvey, que recientemente ha asolado la costa sur de los Estados Unidos, es sólo una muestra más de los devastadores efectos que el cambio climático está provocando en el planeta. Harvey ha dejado más de sesenta muertos a su paso y miles de millones en pérdidas materiales, con grandes zonas del área metropolitana de Houston anegadas y miles de desplazados en unas inundaciones sin precedentes. 

Al igual que Harvey, el huracán Irma -en plena actividad en estos momentos- ha arrasado varias islas del Caribe y provocado la mayor evacuación en la historia de Miami: 650.000 personas han sido apremiadas a abandonar sus hogares, mientras que seis millones están en peligro extremo en el Estado de Florida. En estos casos, los damnificados proceden siempre de las clases sociales más humildes.

Los huracanes son fenómenos atmosféricos que se ‘alimentan’ de las aguas cálidas de los océanos y, en este caso, el gradual aumento de la temperatura en el Golfo de México -unos 2ºC por encima de la media- está siendo el caldo de cultivo perfecto para que estos desastres naturales se empiecen a dar con más frecuencia en la zona. Harvey e Irma son sólo el principio.

Parece que a Occidente sólo le interesa lo que pasa en su propia casa, pero dejando los huracanes caribeños a un lado, India, Bangladesh y Nepal acaban de sufrir las peores inundaciones de las últimas décadas, con más de 1.200 muertos y 16 millones de damnificados. Es sólo otro ejemplo más del calentamiento del planeta y, desgraciadamente, no será el último.

 Las señales son muchas y muy alarmantes. A nivel global, el agua cálida de los océanos está alimentando la intensidad de ciclones, tormentas y huracanes. En los últimos treinta años, el número de estas fuerzas naturales se ha doblado. Todo esto conduce a inundaciones, pérdida de vidas e importantes daños.

Por otro lado, las olas de calor y las sequías son cada vez más comunes, y el pronóstico es que sigan aumentando en los próximos años, dando lugar a un incremento de las enfermedades. La escasez de agua repercute en la agricultura y limita la producción de alimentos, provocando mayores hambrunas.

La desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos y la deforestación ha puesto en serio peligro a muchas especies, algunas ya en proceso de extinción. La continuidad de la raza humana también podría estar en riesgo a largo plazo si el calentamiento global sigue su curso imparable.

Así lo advirtió el ensayista y economista ambiental Antxon Olabe en un reciente Foro de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, donde recordó que “el clima es una de las fuerzas que sostienen la vida, y el aumento de la temperatura pondrá en peligro nuestra propia civilización”.

Escenario muy pesimista

En el hipotético caso de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera -causantes del efecto invernadero- para que la temperatura terrestre no aumente en 1.5 ºC -objetivo primordial del Acuerdo de París de 2015-, las consecuencias climatológicas durarán todavía muchos años, según los expertos. Por lo tanto, el escenario es muy pesimista ya que a día de hoy se sigue quemando carbón, principal agente contaminante -el 80% del mix mundial es de procedencia fósil-, y la previsión es que para 2030 se emitan 55 gigatoneladas de gases de efecto invernadero.

En la Península Ibérica no hay huracanes, pero el impacto del calentamiento global se manifiesta en forma de sequía: la predicción es que el 80% del territorio se desertifique en este siglo, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente, los embalses están al 42% de su capacidad, mientras que el año pasado por estas fechas estaban al 73%. El desequilibrio entre el agua disponible y la que se evapora provoca una mayor presión sobre los recursos hídricos, menor producción agrícola y pérdida de biodiversidad.

La lucha contra el cambio climático es el mayor reto de la Humanidad, a pesar de que algunos como Donald Trump -movido por intereses económicos y presionado por los grandes lobbies energéticos- miren para otro lado. El presidente del segundo país más emisor de C02 –después de China-, abanderado del negacionismo climático, se desvinculó del Acuerdo de París y llegó a decir que el aumento de las temperaturas era “un invento de los chinos para dañar la economía estadounidense”. Con dirigentes como Trump sólo queda redoblar los esfuerzos para lograr la descarbonización de la economía para 2050. Francia y Alemania ya han comenzado la transición energética.

Es fundamental reducir el consumo de energía y producirla de forma renovable para frenar las emisiones contaminantes. Un modelo energético limpio, renovable y eficiente es técnicamente viable y sería más barato que el actual. Sólo hace falta el compromiso real de todos los actores implicados -gobiernos, administraciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía- en un esfuerzo continuado y enfoque global. Antes de que sea tarde.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

Legislatura inmóvil, legislatura perdida

Por: | 06 de septiembre de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Sesión_Solemne_en_el_Congreso_de_los_DiputadosHemiciclo del Congreso de los Diputados durante una sesión.

 

El pasado 26 de junio se cumplió un año desde la repetición de las elecciones legislativas, convocadas para resolver el bloqueo político generado en diciembre de 2015. Era una opción, excepcional, para dar respuesta a la mayor incertidumbre política vivida por España desde 1978.

Los resultados no clarificaron la situación e incluso se complicó aún más, ya que la crisis institucional se convirtió en crisis del PSOE. Fue así como la Legislatura se inició de forma anómala y su marcha desde entonces sigue siendo anómala. La falta de mayoría parlamentaria suficiente está suponiendo un rutinario transcurrir de meses en que el Gobierno, ya cerca de su primer año de vida, en ningún momento ha logrado trasladar ni un plan de gobierno ni unos mensajes suficientes para animar a una ciudadanía fatigada y desencantada.

La oposición parlamentaria tampoco ha logrado interesar a los ciudadanos y parece extraviada en los entresijos de un reglamento que maniata la iniciativa de los diputados y pone todo tipo de trabas para que aparezcan ante la opinión pública como una alternativa efectiva de gobierno.

Aunque en el sistema español corresponde al Gobierno la iniciativa del proceso político y la sociedad espera que aborde los problemas que se van suscitando, cuesta reconocer su acción pública, reducida a la defensa atrincherada de los cambios legislativos realizados durante los cuatro años de mayoría absoluta. Los proyectos de ley, si es que los hay, siguen atascados en despachos ministeriales y en contadas ocasiones el Gobierno se lanza a la aventura de enviar un proyecto a las Cortes. Para ser más precisos, sólo en 8 ocasiones, y de ellas en 6 para trasponer sendas directivas comunitarias. El resultado es que hasta el momento únicamente se han aprobado 2 Leyes orgánicas y 4 ordinarias; aunque, eso sí, se han aprobado 13 Reales Decretos-ley.

Mientras tanto, en 133 ocasiones los Grupos parlamentarios del Congreso han intervenido para presentar proposiciones de ley: en 33 ocasiones el Grupo Socialista, en 28 el Grupo de UP, en 11 el de ERC, en 10 el de Ciudadanos, en 8 el del PNV y en 25 el Grupo Mixto, junto a las 10 proposiciones en que ha participado el Grupo Popular. Intensa actividad y nulos resultados por el momento: ninguna de las iniciativas de la oposición ha llegado aún al Boletín Oficial del Estado y sólo 2 de las presentadas por el Grupo Popular: la de convocatoria automática de elecciones y la reforma de la estabilidad presupuestaria.

La votación del presupuesto ha sido prácticamente la única operación política digna de mencionar en este periodo. Pocas veces se ha visto con tanta claridad el coste de las alianzas. Ciudadanos pidió y obtuvo un incremento en la recaudación tributaria y del gasto de 5.000 millones más, con la excusa de incrementar el gasto social. El PNV, 2.400 millones hasta 2021 por la rebaja del cupo. CC cifró su apoyo al Gobierno en 1.300 millones. NC alcanzó acuerdos que incluían otras tantas mejoras por valor de 204 millones. Y buena parte de ellos con la finalidad declarada de mejorar a una u otra Comunidad, de tal forma que los pactos de 1996 resultan revalorizados tras una somera comparación.

Mientras tanto los temas pendientes más importantes y debatidos en la campaña apenas han sido esbozados y continúan sin resolverse: financiación autonómica y local, reforma laboral, reforma y pacto educativo, recuperación de las libertades públicas con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, financiación del sistema de pensiones, adecuación de la Constitución para facilitar el encaje de Cataluña en España, el rápido crecimiento de la desigualdad, o nuevas medidas contra la corrupción, aprovechando para ello el articulado de la nueva Ley de Contratos. Por ello, todo apunta a que esta agenda se trasladará casi íntegramente a la siguiente Legislatura y que reaparecerá una vez más en el discurso de investidura del futuro candidato a la Presidencia del Gobierno.

Las relaciones del Estado con Cataluña se han convertido en una excusa para la inacción. La agenda del Gobierno parece reducirse a este tema, ciertamente muy preocupante, pero nos queda la duda de si por la seriedad del punto al que han llevado las iniciativas del Govern y de la mayoría parlamentaria o por incapacidad de todos los agentes políticos de ofrecer a la ciudadanía, y en especial a los catalanes, una agenda de gobierno que tenga en cuenta las aspiraciones cotidianas de la calle y ofrezca a los ciudadanos un horizonte de esperanza creíble y que despierte de su letargo a una opinión pública poco motivada y desesperanzada ante la inactividad.

En este clima, los partidos han priorizado el abordaje de sus problemas internos: la consolidación o renovación de liderazgos y una estrategia calculada a medio o largo plazo. El PP se agazapó a la espera de que el paso del tiempo hiciera olvidar los escándalos y la corrupción y confió en un PSOE más amable. Con ello, se instaló en la simple resistencia. Ciudadanos permanecía a la espera de recoger los frutos de desgaste por la corrupción lanzando propuestas novedosas pero deslavazadas, de regeneración democrática. El PSOE prefirió retrasar su salida del bloqueo interno y prolongó seis meses la interinidad y el arranque efectivo de la Legislatura. Unidos Podemos esperó que el PSOE eligiera y presentó una moción de censura con sospechas sobre su real destinatario. En suma, cinco meses de congresos de partidos y reordenación interna y demasiada pasividad.

Intereses y prioridades

El transcurso de estos meses nos ha alertado una vez más sobre la profunda sima que separa los intereses de los ciudadanos de las prioridades de los gobernantes. Estas son ajenas, distantes y casi irreconocibles; aunque, eso sí, se ven súbitamente alteradas por fenómenos sociales que reclaman la atención sobre problemas que parecían inexistentes, como la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los efectos salariales de la crisis y su repercusión con la gestión de AENA tras la privatización, los riesgos del modelo de explotación turística intensa, o el futuro del servicio del taxi ante la proliferación de sistemas de transporte alternativos, por sólo citar los últimos problemas que han sobresaltado el verano español.

Desgraciadamente desde hace ya demasiado tiempo en España se considera la política como la pugna entre partidos o entre políticos para alcanzar el poder, consolidarse o conservarlo. Pero esta concepción no es la única posible y desde luego no es la más generosa, pues antepone las aspiraciones humanas y de los detentadores del poder y olvidan la finalidad de su ejercicio.

Porque en todo sistema político, y con más razón en un régimen democrático, se espera del poder político una actuación diferente: atender las necesidades de los ciudadanos, garantizar su seguridad, arbitrar sus diferencias y, sobre todo, ofrecerles mejores condiciones de vida. En otras palabras, atender los problemas colectivos. Este es el sentido real de la política y debiera ser la hoja de ruta de un régimen en el que el Gobierno es elegido para estar al servicio de la mayoría social.

Para todo ello, se requieren nuevas ideas, nuevos planes de gobierno y nuevos métodos para llevarlos a cabo. Una respuesta a las exigencias sociales actuales y, también, de una sociedad catalana que necesita creer en un país renovado y más eficiente. Pero la esperanza se va esfumando y cada mes que pasa nos cuesta menos asumir que vamos a una Legislatura perdida.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

El País

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