Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El poder efectivo del Estado: un retorno a sus orígenes

Por: | 08 de noviembre de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

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Manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España. / ATLAS

 

La firme intención de alejarnos, aunque sea momentáneamente, de la crisis del modelo autonómico español e intentar tomar mayor distancia del problema catalán, nos ha llevado a plantearnos cuál es el papel actual que desempeña el Estado, en cuanto forma de organización política que hoy conocemos: cómo ejerce su poder y que es lo que los ciudadanos le demandan o esperan de él.

Los motivos para esta reflexión son claros: el soberanismo no ha logrado culminar con éxito y hacer efectiva su declaración de independencia; mientras que el poder central ha tenido que rebuscar en su arsenal legal todas las herramientas de que disponía para justificar su intervención y defender la justicia de sus exigencias.

Curiosamente, ambas partes han esgrimido la legitimidad y una pretendida superioridad ética de sus posturas: la democracia, la participación y la voluntad popular, por parte de unos. La legalidad, el respeto a la norma y, también, la democracia, por parte de otros. Es más, ambas partes han desarrollado un relato propio y han emitido unos mensajes publicitarios coincidentes en su interés en que prevalezca la bondad y la ética de su pretensión.

Desde la aparición de la forma política del Estado los argumentos que justificaron su existencia han cambiado. En los últimos cinco siglos se han sucedido diferentes teorías que han ido siendo perfiladas conforme la forma política estatal se iba adaptando a las necesidades de cada momento: primero absoluto, luego liberal, más tarde democrático y finalmente social.

Una de sus primeras justificaciones fue mantener la paz y prevenir la violencia interna, tal como lo apuntó Hobbes. Más adelante se ha justificado el Estado como defensor e impulsor de un bien común, de unos valores éticos que superan el ámbito de los egoístas intereses de los ciudadanos. Es decir, una cierta ida de justicia. También se ha argumentado que la organización del Estado es una garantía para la propia estabilidad y permanencia. E incluso se ha argumentado que el Estado defiende objetivos y valores positivos que enriquecen la vida de la comunidad y de los individuos, como el conocimiento, la responsabilidad o la virtud.

Por otro lado, ¿qué decir de la visión socialdemócrata del Estado? De forma expresa la idea de este pensamiento es la de utilizar el instrumento estatal y los medios de que dispone para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos mediante una más justa redistribución de la riqueza, que evidentemente requiere del uso coactivo del poder para imponer sus decisiones a los ciudadanos más afortunados y más reacios a mostrarse solidarios.

Sin embargo, la revisión de estas concepciones y la observación de la actual crisis del Estado español apuntan a objetivos menos elaborados y, por qué no decirlo, más arcaicos. Las posiciones expresadas en los últimos meses apelan a la autoridad, lo que inevitablemente conduce al uso del poder coactivo y a la imposición de las decisiones tomadas por la mayoría por uno u otro medio. Siempre por medios legales, obviamente; pero sin perder demasiado tiempo en atender los deseos y necesidades de la minoría, que corre un serio riesgo de permanece ajena a las decisiones más relevantes.

Valoraciones éticas

Las valoraciones éticas del comportamiento del Estado parece que han sido orilladas en estos momentos. Los actores políticos se consideran legitimados para actuar en una u otra dirección porque consideran que una mayoría de los ciudadanos les apoyan. Esto quiere decir que su actuación está amparada por la ley y que, por lo tanto, disponen de la legalidad y legitimidad necesarias para ejercer los poderes coactivos del Estado para imponer sus criterios.

Es decir, curiosamente, apelan a los instrumentos que justificaron la aparición del Estado en la Baja Edad Media: el monopolio de la legalidad y el monopolio coercitivo. Es decir, reclaman del Estado un comportamiento que parecía que había quedado superado en los últimos siglos conforme el ideal de justicia y el respeto a los derechos de la minoría ganaba espacio en las instituciones democráticas.

Lógicamente, en este escenario la negociación y el compromiso no parecen tener fácil acomodo. Y por eso, a la espera de ese momento en que se puedan encontrar puntos de encuentro entre posiciones tan alejadas, creemos que merece la pena una llamada de atención sobre la conveniencia de recuperar conceptos que parece que hayamos perdido en la evolución histórica del Estado, y básicamente las ideas de pacto y contrato social; ya que la fuerza coactiva del Estado nunca será suficiente no ya para garantizar su estabilidad y aceptación por parte de sus ciudadanos, sino para alcanzar la mínima cohesión social que necesita todo grupo humano que vive el día a día bajo unas mismas normas y que tiene que cumplir las decisiones que van adoptando los órganos de gobierno de los que se ha dotado.

* José María Pérez Medina es politólogo e historiador

El País

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