Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

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Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

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Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

¿Es importante la pobreza infantil en España?

Por: | 11 de junio de 2018

JESÚS RUIZ-HUERTA (*)

 

1528282921_702213_1528390888_noticia_normal_recorte1Niños en riesgo de exclusión social en un centro de Música por la Paz. C. ROSILLO

 

Una de las novedades incorporadas en la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada fue la recuperación del Ministerio de Igualdad, asignado a la única vicepresidenta del Ejecutivo, así como la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil. Esta preocupación por la igualdad y la pobreza pone sobre la mesa una cuestión poco valorada por el Gobierno anterior, a pesar de los múltiples datos e informaciones de distintas personas e instituciones nacionales e internacionales, que señalaban la relevancia y la gravedad del problema en los países más desarrollados y, singularmente, en España.

No obstante, una parte de la opinión pública y algunos sectores políticos han intentado rebajar la importancia de estas cuestiones, aludiendo a los problemas y dificultades para la medición de la desigualdad y la pobreza, e incluso defendiendo la conveniencia de una cierta desigualdad como el mejor mecanismo para estimular el esfuerzo y la competitividad. En relación con la pobreza infantil, también se dice que este problema afecta tan solo a los países en desarrollo, pero no a los que forman parte del llamado primer mundo, concretamente a Europa, en cuyos países no parece existir la pobreza infantil.

Por centrarnos en el objeto recogido en el título de este artículo, la pregunta que debemos formular es si la pobreza infantil es o no un problema serio en la Unión Europea y en España. La Oficina Estadística de la Unión, EUROSTAT, recoge con periodicidad anual información de los diversos países sobre los ingresos de los ciudadanos y sus condiciones de vida. A partir de tales estadísticas, el indicador más empleado en la medición de la pobreza monetaria es el llamado ‘índice de riesgo de pobreza’, que recoge el número de personas que viven por debajo de un cierto umbral de ingresos.

El criterio seguido en las comparaciones internacionales consiste en contabilizar como población pobre a todos aquellos hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. Para hacernos una idea, según EUROSTAT, dicho umbral, para una familia compuesta por dos adultos y dos niños menores de 14 años en España, en el año 2016 era de 17.238 euros al año. Por tanto, serían pobres en sentido relativo los hogares que obtuvieran menos ingresos que dicha cantidad. Y a partir de la misma fuente, en el mismo año, un 22,3% de los hogares españoles estarían en situación de riesgo de pobreza, algo menos de tres puntos más que los existentes en el año 2007 y cinco puntos más que el indicador medio de la UE en 2016.

¿Y respecto a la pobreza infantil? Aplicando los mismos criterios, los datos nos dicen que la pobreza en hogares con niños ha ido aumentando en la mayor parte de los países europeos, situándose en el entorno del 20% como valor medio de la UE en 2016, porcentaje que se eleva hasta el 28,9% en el caso español. Por tanto, los datos de pobreza monetaria indican que existe casi una tercera parte de este tipo de hogares en situación de pobreza relativa.

Otra batería de indicadores ofrece información complementaria sobre privación material, según la cual estarían en situación de carencia o privación las personas que viven en hogares donde al menos la mitad de sus componentes están privados de 5 o más necesidades de un total de 13 carencias, recogidas por las encuestas de ingreso y condiciones de vida en los diversos países. Según este índice los porcentajes de hogares afectados serían el 15,7% en la UE y el 18,6% en España y, si nos referimos a los hogares con niños, las cifras suben en el caso de España hasta el 22,5% en 2016. Algunos de los ítems que muestran una mayor intensidad (valores próximos al 40%) son ‘poder disfrutar de una semana de vacaciones al año’, ‘atender gastos imprevistos’ o ‘afrontar dificultades serias para llegar a fin de mes’.

Si sumamos los indicadores de pobreza monetaria y los de privación material, siguiendo la propuesta europea del AROPE (Índice de riesgo de pobreza y exclusión social), frente a un porcentaje medio, para toda la población, del 23,5% en la UE, en España se eleva al 27,9% y, en el caso de los hogares con niños, hasta el 31,7%.

En suma, los datos manejados parecen mostrar claramente que alrededor de una tercera parte de los hogares con niños en España viven en situación de precariedad o pueden ser calificados como pobres, y no solo en sentido monetario estricto. No se trata pues de un problema menor, la pobreza infantil existe y está extendida en España, a pesar de la cierta ‘invisibilidad’ que suele caracterizar a los colectivos afectados.

¿Cuál es el perfil de los hogares en situación de pobreza y exclusión? De nuevo el empleo de fuentes de datos solventes indica que los hogares con niños con mayores problemas son aquellos cuya persona de referencia está en situación de paro, es inmigrante o responsable de un hogar monoparental o de otros tipos de hogares con niños, especialmente los numerosos; por otro lado, los índices son especialmente elevados en las zonas muy pobladas y en los territorios del sur de España, incluyendo Canarias.

Vulneración de derechos

Una pregunta adicional nos llevaría a plantear cuáles son las consecuencias para los niños de vivir en un hogar en riesgo de pobreza y exclusión. No cuesta mucho entender que, especialmente en los casos de persistencia de altas tasas de pobreza a lo largo del tiempo, la primera consecuencia fundamental es la vulneración de los derechos de los niños que, en un marco de carencias y deterioro de la situación familiar, suelen ser objeto de especial protección en los países más desarrollados. Además, el hecho de vivir en hogares con importantes carencias, tiene claras repercusiones en el nivel educativo alcanzado, en el futuro estado de salud (pensemos en los graves problemas de la obesidad asociados a una deficiente alimentación), el acceso a la vivienda o la calidad de los puestos de trabajo conseguidos cuando se produce la incorporación al mercado laboral. Por último, hay que recordar que los problemas mencionados y la desatención de las necesidades y dificultades de los niños en hogares pobres acaban teniendo consecuencia en el capital social del país, por lo que, también desde postulados de eficiencia, se trata de un problema de gran importancia que hoy no resuelve la política de protección y garantía de ingresos mínimos.

Dada la indudable insuficiencia de la red de protección social actual en España, con prestaciones familiares fragmentadas y muy bajas, dificultades para que los hogares empobrecidos puedan aprovechar las deducciones fiscales y servicios públicos insuficientes y de limitada calidad, hay argumentos potentes para defender el lanzamiento de una estrategia de políticas públicas a favor de la infancia. Por eso, la creación del Alto Comisionado mencionado con anterioridad parece pertinente, al menos para ayudar a ‘visibilizar’ un problema oculto, pero de tanta entidad.

No obstante, para que el Comisionado genere resultados efectivos, son imprescindibles dos cuestiones básicas: Por un lado, la elaboración de una estrategia global y consensuada, que no se limite a retocar prestaciones puntuales, como la eventual aplicación de una prestación universal por hijo, o la aplicación de deducciones fiscales mayores y tal vez más focalizadas, sino que asuma la transversalidad del problema y la necesidad de complementar las intervenciones directas con otras en el ámbito de los servicios públicos básicos, como la extensión de la educación obligatoria hacia las edades inferiores, el aumento de los instrumentos para facilitar a los hogares con menos recursos el acceso a la vivienda social o la revisión de las normas laborales para facilitar la incorporación de muchos jóvenes al mercado de trabajo con los adecuados niveles de educación y formación profesional o mediante subsidio salariales, para limitar las situaciones de pobreza de bajos salarios tan extendida en España.

Pero además de una buena estrategia consensuada y una adecuada planificación de las tareas a emprender, es imprescindible disponer de recursos. Sin un presupuesto razonable, no se puede esperar mucho del Alto Comisionado y la ausencia de este factor puede limitar la iniciativa a una operación de imagen, generando una nueva frustración a los colectivos más afectados por la pobreza infantil.

 

(*) Jesús Ruiz-Huerta es director del Laboratorio de la Fundación Alternativas

El País

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