Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

CARLOS CARNERO (*)

 

1532544358_167315_1532545480_noticia_normal_recorte1

Juncker y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / AP 

 

El resultado aparentemente alentador (¡pero mucho ojo!: veremos cuánto dura el optimismo de un vago principio de acuerdo fruto, en todo caso, de la persistencia y la firmeza europeas y de las presiones internas del Partido Republicano sobre Donald Trump) de la reunión celebrada en Washington entre el presidente de los Estados Unidos y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, abriendo una tregua o enfriamiento en la guerra comercial, invita a formular algunas reflexiones de fondo más allá del análisis coyuntural del día. Estas son las mías.

Hay dos supuestos en política internacional que muchos analistas dan casi por hechos y que convendría poner en cuestión: el primero, que Trump tendrá un solo mandato en la Casa Blanca (si es que llega a culminar el actual y antes de su término no es destituido por el Congreso); el segundo, que el asedio al que se ve sometida la Unión Europea desde la Administración republicana y Rusia, las dinámicas globales (proteccionismo, decrecimiento demográfico, nuevo balance de poder) y las tendencias internas (populismo, nacionalismo) terminarán poniéndola al borde del abismo o la cuestionarán extraordinariamente.

Como señala Andrés Ortega en su reciente publicación en el Blog del Instituto Elcano, titulada 'Europa no debería apostar contra Trump', el mandatario estadounidense tiene en las encuestas más suspensos que aprobados en el conjunto del electorado estadounidense, pero conviene recordar que ganó las elecciones perdiendo en votos. Así que si la distancia en papeleteas entre él y su oponente demócrata es similar a la de 2016, mantiene una fidelidad tan alta como ahora entre sus votantes dentro de dos años y consigue una fuerte movilización de sus electores en los estados que marcaron la diferencia de compromisarios frente a Hillary Clinton, volverá a jurar en enero de 2021.

¿Lo impedirán las múltiples acusaciones y sospechas que pesan sobre él, de forma que acaben siendo tan graves y abrumadoras como para que los poderes judicial y legislativo le saquen de la presidencia? Podría ser, pero a día de hoy no es fácil imaginar al Partido Republicano actuando con las necesarias agallas para hacerlo: ya nos gustaría que todos sus líderes fueran tan claros con John McCain.

Si Trump se queda, ¿quién puede hacer frente a sus políticas? China es un poder económico con una estructura constitucional autoritaria que aspira por encima de todo a seguir creciendo y no tiene autoridad política para reclamar un comportamiento democrático ajustado al derecho internacional por parte de los Estados Unidos. Y la Rusia de Putin es más bien una aliada del inquilino de la Avenida Pensilvania. Así que solo resta la Unión Europea, a la que muchos consideran un poder demasiado débil y dividido para asumir ese papel.

Por el contrario, creo que la UE está en las mejores condiciones de liderar o protagonizar un discurso inspirador y una práctica eficaz ante Trump que además pueda ser compartida por otros grandes países democráticos (Canadá, Japón). Las razones para pensarlo son diversas: la UE está basada en valores –que se identifican con los universales- y actúa en pos de objetivos tan enraizados en su mayoría ciudadana que solo una hecatombe interior o exterior podría borrarlos; sus seis décadas de integración han resistido todos los avatares porque tienen la fuerza de la democracia y el Estado de derecho y la capacidad de perfeccionarse de manera permanente; su riqueza (con el euro) le garantiza un nivel de argumentación material incontestable; en temas esenciales como el comercio internacional actúa con competencias exclusivas, lo que refuerza su posición negociadora o de confrontación; y cada vez más cuenta con una política exterior y una política de seguridad y defensa que la han convertido en hacedora de acuerdos muy complejos y mantenedora de la paz en muchas regiones del Planeta.

En otras palabras, debemos ir olvidando la clasificación que define a la UE como un mero ‘poder blando’ para empezar a pensar que, sin abandonar su ADN (o sea, no aspirar a ser una potencia mundial clásica) porque precisamente es el que le diferencia de otros y la hace fuerte, la Europa comunitaria está en condiciones de ser un ‘poder determinante’ de la realidad internacional en todos los terrenos.

Paso a paso, la UE está en situación de demostrarlo. Por ejemplo, en la guerra comercial desatada por Trump debe dejar siempre claro (como ha hecho antes de la Cumbre en Washington el 25 de julio) que no la desea y que prefiere negociar en cualquier caso, pero que si es necesario tiene instrumentos para defender con contundencia sus intereses y, de hecho, los de ese conjunto del mundo (en el Norte y en el Sur) que vería muy afectada su situación si ante el proteccionismo no se alzaran con determinación la voz y la capacidad de decisión europeas. De forma que, en la actual coyuntura, un gran número de países pueden ver en la UE un poder determinante porque es también un ‘poder de referencia’ con el que colaborar y acordar alianzas en pie de igualdad sobre bases enmarcadas en el derecho internacional, tanto en políticas positivas como en las reactivas que fuera menester. Lo que la convertiría al mismo tiempo en un ‘poder generador de consenso’.

Los líderes europeos deben pensar que puede quedar presidencia Trump para años y, en ese contexto –y, de hecho, en cualquier escenario de futuro-, asumir tanto la realidad de su propia fuerza política en la esfera internacional como su protagonismo en decir no con alternativas a las decisiones y políticas de Washington que sean inaceptables. Un debate de ámbito comunitario que culmine con un éxito europeísta en las elecciones del Parlamento Europeo en 2019 y, tras las mismas, permita avanzar en la integración federal de la UE, sería una buena hoja de ruta a seguir. La España que vuelve a contar en Europa con el Gobierno socialista puede y debe estar a la cabeza a la hora de recorrerla.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

JESÚS MARCOS GAMERO RUS (*)

 

1394213070_972243_1394219341_noticia_normal

Un pastor con sus cabras en una zona seca del pantano de La Viñuela, en Málaga. / J. ROJAS 

 

La observación de determinadas dinámicas migratorias vinculadas al cambio climático que están comenzando a surgir en países desarrollados debería servir a los decisores políticos de nuestro país para plantear, al menos, un debate sobre esta cuestión. Veamos algún ejemplo:

En Estados Unidos, el aumento de temperaturas, la subida del nivel del mar u otros eventos climáticos extremos hacen prever el desplazamiento de millones de personas dentro del país. De hecho, comienza a producirse un desplazamiento poco perceptible pero progresivo del sur hacia el norte del país, no solo de personas, sino también de capitales o medios de producción.

En este sentido, el profesor Solomon Hsiang, de la Universidad de California, al analizar el daño económico que puede sufrir la población de Estados Unidos por el cambio climático y el aumento de temperaturas, afirma que “el cambio climático puede resultar en la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia del país”.[1]

Una riqueza que va del sur al norte del país, y de los pobres a los ricos, dado que estos últimos tendrían la capacidad y medios de adaptarse y desplazarse con mayor facilidad de zonas costeras a zonas más altas de interior, con un ambiente más agradable y a salvo de mayores impactos climáticos. Por su parte, las poblaciones más pobres no tendrían esa capacidad y sufrirían, o ya están sufriendo, con más virulencia los impactos del clima.

En China, por su parte, se puede asistir a un doble proceso migratorio de entrada y salida de las contaminadas urbes del gigante asiático: familias rurales empobrecidas, las más, que buscan empleo y oportunidades en las ciudades a pesar de la contaminación y los riesgos para su salud; y residentes más adinerados, los menos, que huyen de esa polución, en busca de ‘santuarios’, ya sea fuera o dentro del país, donde disfrutar de un aire, agua y alimentos más sanos y limpios. [2]

Dos ejemplos que permiten enmarcar el debate sobre el cambio climático y las migraciones humanas desde una óptica diferente, ya que estos procesos resultan no ser una cuestión exclusiva de los países en desarrollo. Están surgiendo migraciones climáticas en países desarrollados, aunque bajo patrones o circunstancias diferentes a la de los países más pobres, pero que afectan igualmente a aquellos más vulnerables.

Un factor que determina esa mayor vulnerabilidad de las poblaciones más pobres ante el cambio climático, sea en países desarrollados o en desarrollo, tiene que ver con el aumento de poblaciones atrapadas que no pueden desplazarse por falta de medios. Esta situación invertiría de forma perversa el término 'migrante climático', que frente a conceptualizaciones previas vinculadas al aumento de la pobreza, definiría el ‘privilegio’ de aquellos con la capacidad de acceso a los medios suficientes para huir del impacto del cambio climático.

El cambio climático nos vuelve a advertir, con ejemplos como este, de su carácter planetario y capacidad de superar las fronteras geográficas o mentales que pudiéramos otorgarle. Es un fenómeno que va varios pasos por delante de nuestra capacidad de decisión y actuación, y añade nuevos desafíos a escenarios previos, como el de las migraciones climáticas, que todavía están por afrontar.

Un apunte final: el cambio climático y sus impactos sociales como las migraciones, influyen de forma directa sobre el ya de por sí aumento de la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres, amenazando ese contrato social, que genera y fomenta la estabilidad, el progreso o la igualdad entre personas, sociedades y países.

Algunas respuestas, básicas, pasan por establecer narrativas que faciliten la comprensión del cambio climático y nuestro propio futuro como sociedad, y la importancia en este sentido de reforzar los procesos y políticas de cohesión social. Respuestas planificadas, solidarias, equitativas y respetuosas con los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su origen o circunstancias.

1 “Climate change to damage U.S. economy, increase inequality”, 29 Junio, 2017. https://www.princeton.edu/ news/2017/06/29/climate-change-damage-us-economy-increase-inequality

2 Hurun Report: “Immigration and the Chinese HNWI 2017”, 15 Julio, 2017. http://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=51636DE2A1F4

 

(*) Jesús Marcos Gamero Rus es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en cambio climático y migraciones

MATEO PEYROUZET (*)

 

1529763916_884172_1529769122_noticia_fotograma

Sánchez y Macron durante su reunión del mes pasado en París. / CHEMA MOYA (EFE)

 

A medida que se acercan las determinantes elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo y el correspondiente período de campaña preelectoral (cabe recordar que las elecciones europeas coincidirán con las autonómicas y municipales celebradas en España el domingo 26 de mayo), la irrupción de distintas formaciones políticas transnacionales promete dar una vuelta de tuerca al tablero parlamentario europeo.

Pese al intento fallido de concretar el papel de las listas transnacionales en los comicios, donde fue sometida a voto de la cámara en febrero una propuesta para asignar 27 de los 73 escaños que deja el Reino Unido exclusivamente a listas paneuropeas, dos figuras políticas de renombre no están dispuestas a resignarse al rechazo de una mayoría de la cámara a la formalización institucional de estas listas electorales. El presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, y el ex-ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis otorgan a las listas electorales transnacionales un papel esencial en sus respectivos proyectos para ‘salvar’ a Europa de la corriente nacionalista, mediante la reanimación del debate político a nivel europeo que tan central es (como Jürgen Habermas no se cansa de repetir) para un proyecto europeo coherente y conectado con la ciudadanía. Mientras Varoufakis está en un estado avanzado de hacer realidad la primera lista transnacional en la historia de las elecciones europeas, Macron sigue buscando apoyos para aliarse con La Republique en Marche, entre los cuales parece que figurará Ciudadanos, como indicaron portavoces de ambas formaciones tras reunirse el pasado lunes 25 de junio.

El caso es que tanto Macron como Varoufakis se presentan a día de hoy como los máximos exponentes de dos visiones que anhelan una Europa bien distinta a la actual, pero una Unión Europea a fin de cuentas. Ambos están unidos por una serie de ideas sobre el actual estado de la UE y de cómo empezar a reformarla, lo cual les ha llevado a apoyarse el uno al otro puntualmente (Macron rompió una lanza en favor del Gobierno del cual formaba parte Varoufakis expresándose en contra del tratamiento de la crisis griega por parte de Bruselas, mientras este último apeló en The Guardian a los votantes de izquierda a frenar a Le Pen votando al exministro de Economía francés [1]), pero también les separan ciertas cuestiones fundamentales.

Antes de analizar los puntos programáticos que acercan y tensan la relación entre Macron y Varoufakis, se debe entender por qué son dos figuras tan relevantes dentro del panorama electoral. Por su parte, el economista griego es la cabeza visible de DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), un movimiento que nació de la impotencia de las herramientas políticas del Gobierno griego de Syriza y de la frustración experimentada por los pueblos más castigados por la austeridad. El movimiento-partido ha formalizado su ala electoral, cuyo nombre será ‘Primavera Europea’, y se caracteriza por una democracia y transparencia interna que lleva a nivel europeo el sello de otras formaciones políticas nacidas en los últimos años. En cuanto al presidente francés, quedó claro en el discurso que dio en la Sorbona el pasado mes de septiembre, donde detalló su programa para relanzar el proyecto europeo, que su mandato se fundamenta tanto en la reforma de Europa como en la del país que gobierna. Macron se ha erigido en adalid de la Europa políticamente proactiva y no burocráticamente reactiva, proponiendo mayor integración política y lidiando diferentes batallas, entre las cuales estaba la de incluir las listas transnacionales en 2019.

 Visiones y soluciones dispares a críticas compartidas

Por lo tanto, ¿en qué aspectos se parecen o se diferencian las visiones de uno y otro? Para empezar, afirman sin ningún tipo de complejo que sus proyectos son radicalmente europeístas, lo cual no es poca cosa en los tiempos que corren. Ambos políticos claman en contra de muchos de los males que azotan Europa: la nefasta gestión de la crisis migratoria, el déficit democrático de ciertas instituciones continentales, la falta de transparencia en acuerdos comerciales, y la lista continúa. Comparten la misma visión de que Europa precisa de una cierta cohesión política para poder hacer frente al impacto de la globalización y competir efectivamente con superpotencias como China o EE.UU.

Sin embargo, las soluciones que ofrecen no son ni mucho menos idénticas. En líneas generales, Macron basa su proyecto en la idea de ‘la Europa que protege’, proponiendo una zona euro reforzada a través de mayor convergencia fiscal y social, un presupuesto común beneficiado por impuestos sobre el carbono, los GAFA y las transacciones financieras, además de una defensa comunitaria que lleve PESCO (la cooperación estructurada permanente) al siguiente nivel. Por su parte, DiEM25 centra su mensaje en la democratización de la toma de decisiones a nivel europeo y la consecución de un ‘New Deal’ continental. Para ello, considera indispensable que exista transparencia total en encuentros del Consejo, el Eurogrupo y el BCE, y se propone hacer realidad una asamblea constituyente tras las elecciones, con el fin de crear una constitución democrática que reemplace a los tratados existentes.

La relevancia del Gobierno europeísta de Pedro Sánchez

Conforme vaya acercándose la cita electoral, podremos ver si tanto Macron como Varoufakis logran su objetivo de centrar en proyectos paneuropeos el debate mediático previo a los comicios, en vez de debates acerca de política doméstica que relegan el parlamento europeo a uno de ‘segunda división’ (el altavoz de los medios juega evidentemente un papel muy importante a la hora de enmarcar el debate), como denunció usando esta metáfora futbolística el presidente que viene de celebrar efusivamente el triunfo de su nación en el campeonato del mundo de Rusia. Si logran atraer la atención mediática y del electorado con sus proyectos, los resultados pueden ser esperanzadores y presentar un verdadero punto de inflexión en la política europea que tanto se ha caracterizado por la fragmentación interestatal.

En cuanto al caso de Varoufakis y DiEM25, teniendo en cuenta que el electorado (mayoritariamente de izquierdas) al que buscará movilizar durante la campaña se ha mostrado generalmente más escéptico respecto a la UE que el liberalismo progresista al que apela Macron, será interesante ver qué estrategia diseña para ganar el apoyo de votantes que puedan sentirse atraídos por visiones euroescépticas como las defendidas por Jean-Luc Mélenchon y su movimiento La Francia Insumisa.

En este panorama, el posicionamiento del Gobierno marcadamente europeísta de Pedro Sánchez cobra especial relevancia, debido al importante papel que ocupa España en la tesitura de un Reino Unido que abandona la Unión y una Italia gobernada por fuerzas euroescépticas. En la visita del presidente socialista al Elíseo el pasado 23 de junio se escenificó la afinidad entre los dos líderes respecto a la UE, con la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria como tema principal de su conversación. Los hechos recientes parecen indicar que Sánchez será una tercera pieza clave dentro de la alianza reformadora Macron-Merkel, además de una pieza clave en la Europa progresista que Varoufakis y el presidente galo tratarán de construir bajo diferentes visiones.

De este modo, queda por ver cómo interactúa el Gobierno del PSOE con ambas formaciones transnacionales a medida que se aproxima la cita electoral. El hecho de que no trascendiera ninguna información sobre una posible adhesión del PSOE a la lista ‘macronista’ refuerza la idea de que no habrá una alianza formal de cara a los comicios, pero cabe esperar guiños y alianzas de facto. A la espera de ver cómo se desarrolla la relación entre la ‘primavera europea’ de Varoufakis y la postura de Sánchez, cabe destacar que Benoît Hamon, candidato del partido socialista en las últimas elecciones francesas de las que salió victorioso Macron, es actualmente (bajo el movimiento Génération.s) uno de los aliados más afianzados de DiEM25.

Independientemente de cómo avancen las relaciones entre Sánchez, Macron y Varoufakis, parece una realidad que son tres figuras clave del frente centrado en la construcción inmediata de una Europa progresista, por lo cual habrá que seguir muy de cerca sus movimientos tanto antes como después de las elecciones europeas de mayo 2019. La Unión Europea no se puede reformar como es debido sin liderazgo y la confluencia de las fuerzas europeístas progresistas.

[1] https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/04/macron-greece-french-left-marine-le-pen-yanis-varoufakis

 

(*) Mateo Peyrouzet es investigador de la Fundación Alternativas

Los trompazos de Mr. Trump

Por: | 18 de julio de 2018

NICOLÁS SARTORIUS (*)

1531683321_111180_1531741496_noticia_normal_recorte1

Trump y Putin durante su reciente reunión en Helsinki. / KEVIN LAMARQUE (REUTERS)

 

El presidente de los EE.UU. ha desembarcado en Europa y ha empezado a repartir ‘trompazos’ a diestro y siniestro. Está obsesionado con que todo el mundo, tanto socios como adversarios, llevan años abusando de la buena fe de los generosos EE.UU. de América. Uno de los mitos más y mejor trabajados a lo largo de los años ha consistido en que los americanos han salvado a Europa en dos ocasiones, y que lo han hecho por motivos altruistas. En realidad, en la Primera Gran Guerra intervinieron cuando los europeos llevábamos casi cuatro años desangrándonos entre nosotros y, mediante un coste relativamente reducido, lograron inclinar la balanza del lado anglo-francés y convertirse en la primera potencia del mundo. Unos años antes se habían quedado, ‘manu militari’, con la mitad de Méjico y le habían arrebatado a una agonizante España los amplios restos de su imperio colonial.

Durante la II ª Guerra Mundial no quisieron saber nada, al principio, de nuestras recurrentes y sangrientas querellas hasta que comprendieron que los soviéticos, a partir de la batalla de Stalingrado, podían ganar la guerra y lograr la hegemonía en toda Europa. Así, hasta 1943 los aliados no entraron en Italia por Sicilia y hasta junio de 1944 -cinco años desde el inicio de la contienda- no decidieron abrir el segundo frente con el desembarco de Normandía. Una vez concluida la guerra, en el marco de la guerra fría, se creó la OTAN y los países de Europa occidental quedaron bajo la protección y dirección estratégica de los EE.UU. en materia de seguridad. Desde entonces ha llovido mucho, y EE.UU. se ha involucrado en múltiples guerras -Corea, Vietnam, Afganistán, los Balcanes, Irak, etc-, en unos casos en solitario y en otros junto a los aliados. Ahora bien, si los sucesivos gobiernos americanos han venido gastando en defensa más que los demás países, se debe a razones que no tienen que ver con motivaciones desinteresadas. En primer lugar, porque desean ejercer el liderazgo y son los que, al final, mandan en la OTAN. Luego, porque ese enorme gasto en armas le conviene al poderoso complejo industrial-militar del que hablaba Eisenhower. Por último, porque en su opinión lo necesita para seguir siendo la primera potencia mundial en su rivalidad con China, Rusia, etc.

Lo cierto es que la URSS y el Pacto de Varsovia ya no existen y las amenazas son de otro tipo -terrorismo yihadista, ciberataques, etc-. No es creíble que China vaya a atacar a Occidente y tampoco creo que Rusia esté en condiciones de invadir países de la UE a pesar de la ocupación de Crimea, que siempre fue rusa hasta que a Kruschov se le ocurrió la peregrina idea de cederla a una Ucrania soviética. Ahora llega Trump, mete un mandoble a la Sra. May, otro a la canciller Merkel, da la razón a Putin y conmina bruscamente a todos sus ‘aliados’ que tenemos que gastar más en defensa. Primero habló del 2% del PIB y luego, en un alarde provocativo, subió la apuesta hasta el 4%, bastante más del doble que el actual. Y antes de nada yo me pregunto, gastar más en defensa ¿para qué?, ¿con qué objetivos?, ¿ante qué amenazas? Porque si es para seguir bajo la decisión estratégica de EE.UU., cuando según el Sr. Trump somos sus “enemigos”, espero que comerciales, ni un euro más de gasto. Ahora bien, sí sería conveniente invertir más en seguridad con las siguientes condiciones:

- Con la finalidad de favorecer un sistema de seguridad y defensa europeo, capaz de alcanzar autonomía estratégica. Los países europeos gastamos en defensa más de 200.000 millones de €, algo por encima del 1,3% del PIB de la Unión. Rusia gasta 62.000 millones de € y China 142.000 millones de €. Seríamos la segunda potencia en gasto militar solo por detrás de EE.UU.

- Nuestro problema es que tenemos 27 ejércitos con escasa coordinación en objetivos, inversiones, industria, capacidades, mandos, etc, por lo que la cuestión no es tanto gastar más sino hacerlo mejor, generando sinergias y evitando duplicidades y despilfarros.

- En consecuencia, vale la pena aumentar el gasto en un 0,5 o 0,7% del PIB total de la UE si es para ‘europeizar’ de una vez nuestra seguridad colectiva. Por el contrario, no estaría justificado para seguir estrategias no siempre coincidentes con las nuestras, o para continuar comprando artefactos bélicos que produce una industria competidora.

- Vale la pena aumentar el gasto si es para transformar la OTAN en una alianza entre iguales, para hacer frente a amenazas comunes desde la independencia de cada cual. La UE tiene que asumir su propia seguridad. No podemos seguir bajo el paraguas de EE.UU., cuando este te considera un “enemigo”, aunque sea comercial.

 

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

J. ARTURO RUBIO AROSTEGUI (*)

 

1531392580_414164_1531393933_noticia_normal_recorte1

El ministro de Cultura, José Guirao, en la Comisión de Cultura del Congreso. / J. VILLANUEVA

 

El Ministerio de Cultura lleva en barbecho un largo periodo tras consecutivos gobiernos populares y socialistas. Es cierto que cuando gobiernan los socialistas adquiere la categoría de Ministerio, que desciende a Secretaría de Estado cuando tocan los gobiernos populares, pero más allá de la cuestión simbólica y de detalles, pocos cambios estructurales acontecen en la Administración General del Estado. A diferencia de los arts council británicos o el Ministerio de Cultura francés, el español carece de un departamento o de una dotación para la investigación sobre la cultura. Así, tras unos esperanzadores primeros gobiernos socialistas con Solana al frente como Ministro de Cultura, el Ministerio lleva décadas convertido en el problema y no en la solución de la crisis sistémica de la cultura.

Enrocado en sus dimes y diretes con los agentes del sector (a veces el cine y la piratería, el IVA, a veces la copia privada de la ley de propiedad intelectual), el Ministerio ha de mirar fuera y establecer relaciones con las misiones de la ciencia para enlazar con los grandes retos de la investigación de hoy que atañen a las artes y la industria cultural. Cultivando y ampliando horizontes y estableciendo alianzas con el sistema del I+d+I, las universidades  y el resto de la sociedad a través de una ley de mecenazgo sostenible; repensando su labor y función en el siglo XXI, en el marco de la  gobernanza digital,  y coordinándose con el resto de administraciones públicas locales y autonómicas como le obliga la Constitución Española.

Algunos de los asuntos básicos en los que el Ministerio de Cultura tiene un largo margen de mejora son planteados a continuación, haciendo hincapié en cómo la investigación debería  estar al servicio de los procesos de mejora y modernización de sus propios servicios y de su relación con el conjunto de la sociedad española y con los sectores y ámbitos de su competencia. Parto del axioma que es incompatible hoy en día el diseño de las políticas públicas al margen de la generación de conocimiento y la vinculación con la academia. No es nada nuevo, esta vinculación está naturalizada en la cultura anglosajona y en las universidades más prestigiosas del mundo.  

I. La gestión en el propio Ministerio de Cultura:

El Ministerio de Cultura tiene un problema en la propia gestión administrativa de sus direcciones generales y centros adscritos, tal como observamos en algunas evidencias que han trascendido a la prensa en los últimos meses:

Un informe del Tribunal de Cuentas del año pasado sobre la gestión del INAEM, concretamente sobre el ejercicio de 2015, refiere que funciona con bastantes deficiencias como estructura administrativa. Entre otras cosas afirma que el Instituto “disponía de un manual de subvenciones que estaba totalmente obsoleto” (pág. 21). El entonces Ministerio de Educación y Cultura  “no ha elaborado un Plan Estratégico de Subvenciones a medio plazo por lo que la Entidad no ha dispuesto de un instrumento de planificación en la gestión de las subvenciones”. (pág. 57). Recordemos que  la Ley General de Subvenciones tiene ya quince años de vigencia y la política de fomento de la cultura depende de unas subvenciones deficientemente planificadas conforme a la ley,  donde podamos evaluar su impacto en el sector y en la ciudadanía. 

El informe también apunta que el diseño y los indicadores tampoco permiten evaluar la eficacia ni el impacto de la gestión directa de sus propios programas, tales como las acciones de las distintas unidades de creación (Centro Dramático Nacional, Orquesta Nacional, Ballet Nacional de España etc.).  Es la propia administración en su labor de control la que pone éstas y otras evidencias sobre cómo se gestiona (mal) la cultura desde el Ministerio[1]. Hace escasamente un par de meses asistí a un encuentro en el que coincidí con el ahora ministro José Guirao[2] y con  otros profesionales de la cultura pertenecientes a distintos subsectores artísticos y académicos de las artes visuales y la política cultural: artistas, agentes de la intermediación (galerías, gestores culturales, abogados),  diputados de la Comisión de Cultura del Congreso de los principales partidos políticos, académicos, directores de museos y técnicos de las administraciones locales, autonómicas de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura.

En el turno de intervenciones de una mesa redonda, a algunos nos sorprendió el discurso de la subdirectora de Promoción de Bellas Artes, Begoña Torres, que descansaba en una retahíla de quejas y pesares sobre el presupuesto exiguo para el arte contemporáneo de su Dirección General, la falta de recursos del Centro Tabacalera y la voluntariedad del personal adscrito a dicha Dirección General para paliar y hacer lo posible para seguir con el funcionamiento de dicho centro. Hicimos notar algunos de los allí presentes que nos hubiera gustado escuchar un discurso sobre el impacto de sus programas y de sus centros. Ese era el tema.  Otros con una situación similar decidieron hace poco dejar sus puestos en el Ministerio de Cultura, tal como decidió Antonio Moral hace escasos meses al frente del Centro Nacional para la Difusión Musical, cargo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM), como consecuencia de la insoportable burocracia, según sus palabras[3]

Esto viene a corroborar que el Ministerio de Cultura necesita, como hemos publicado en la literatura científica[4], mejorar y modernizar la gestión interna de sus centros y dependencias administrativas. Ello será difícilmente de conseguir sin echar mano de los recursos de la investigación sobre este tema.

II. La gobernanza de las instituciones culturales, participación y agencialización:

Ligado con el punto anterior, el Ministerio de Cultura ha de ampliar la base de su participación en tanto en la gobernanza de las instituciones y sus canales de participación.  Una tesis doctoral (Fátima Anllo, 2017) confirma que, en el caso de la política musical, la desigualdad territorial, el grupo profesional y el ámbito artístico son factores que explican la participación en los órganos de decisión del Ministerio (consejos asesores, jurados premios, comisiones de valoración de subvenciones, entre otros) en el caso de la música. Ello muestra la necesidad de repensar y reformular las formas de gestión y de participación de una cultura evaluativa como la artística.

Por otro lado, pero en la misma dirección, parece desprenderse si analizamos el papel y las formas de decisión de los patronos y patronatos de las instituciones culturales, en donde quedan cerrados a la ciudadanía y a otros subsectores sociales que pueden aportar valor. En un informe de investigación de la Fundación Alternativas, titulado 'El patronato como mejora de la gobernanza de las instituciones públicas culturales' [5], David Márquez Martín de la Leona trata de analizar cómo ciertas medidas, rasgos y funciones de los patronatos anglosajones podrían mejorar la transparencia de las instituciones culturales españolas, y con ello también la rendición de cuentas y la evaluación y el impacto de sus acciones y programas.

Por otro lado, la agencialización en el campo de la cultura es un asunto que no ha tenido cabida en la política cultural española y que hemos analizado en otros países europeos[6].

III. Valor de las artes, la industria cultural y la creatividad en el turismo:

Siendo la industria del turismo una actividad que aporta 110.000 millones de euros a la economía española, más del 11% del PIB, el Ministerio debería de estar preocupado de cómo y en qué medida las artes y la industria cultural y el patrimonio contribuyen, y en qué medida identifican las debilidades y las ineficiencias del sector por ambas partes a través de la investigación interdisciplinar[7].

IV. Engancharse a los planes de I+D: retos y misiones:

El Ministerio debería jugar un papel activo en los planes de investigación, asociándose a grupos de investigación, o apoyando iniciativas que están vinculadas con los retos y misiones de la investigación europea. El papel de la cultura en las sociedades inclusivas, las humanidades digitales, la educación artística (olvidada también por el Ministerio de Educación), el impacto digital en las profesiones artísticas, el papel de las profesiones intermediarias y su valor en el tránsito al digital, las políticas de fomento del arte contemporáneo, entre otros asuntos, son objeto de investigación y de debate en Europa. Debería, por tanto, fomentar los estudios e investigaciones que muestren desde distintos enfoques disciplinares el impacto de los cambios tecnológicos y, de alguna manera, dejar de ser un sujeto pasivo y anacrónico de la investigación sobre los sectores y ámbitos de su competencia.

[1] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[2]https://www.fidefundacion.es/Concluye-la-II-Jornada-de-Arte-de-Fide-Politicas-culturales-en-Espana-y-Europa-en-las-artes-visuales_a752.html  

[3] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[4]https://academia.edu/3462577/La_modernización_de_la_gestión_pública_de_la_cultura._Análisis_comparado_del_caso_de_los_equipamientos_culturales_de_las_comunidades_autónomas_de_Cataluña_y_Madrid

[5]http://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/el-patronato-como-mejora-en-la-gobernanza-de-instituciones-publicas-culturales

[6]https://academia.edu/1268889/The_governance_of_national_cultural_organisations_comparative_study_of_performance_contracts_with_the_manin_cultural_organisations_in_England_France_and_Catalonia

[7] lhttps://politica.elpais.com/politica/2017/08/01/actualidad/1501607463_516522.html

 

(*) Arturo Rubio Arostegui es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija

Efectos regionales de los shocks petroleros en España

Por: | 11 de julio de 2018

CÉSAR CASTRO (*)

 

1368779151_212391_1368781405_noticia_normal

Un hombre reposta combustible en una gasolinera. / EFE

 

En mayo de 2017, el precio del petróleo rondaba los 45,5 euros/barril. Un año después, en mayo de 2018, el precio escaló hasta alcanzar los 65.2 euros/barril, es decir, un crecimiento anual del 43.2%. El aumento en el precio internacional de petróleo es siempre fuente de incertidumbre en economías importadoras de petróleo como la española, debido principalmente a la inesperada reasignación que los consumidores puedan hacer sobre sus planes de gasto con el fin de enfrentar los mayores pagos energéticos. Conjuntamente con un grupo de colegas de la Universidad Complutense de Madrid, hemos cuantificando el impacto que las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo ejercen sobre la inflación en España y sus comunidades autónomas[1].

Aunque los efectos más importantes sobre la inflación se concentran en los precios de los productos energéticos, en concreto gasolina y gasóleo, la metodología utilizada en el estudio captura también los efectos indirectos que se trasladan a los precios del resto de productos y servicios que hacen parte de la canasta de consumo. Así, una tasa anual de crecimiento del petróleo del 10% provocaría una inflación total anual del 0.24%, con lo cual, el crecimiento del petróleo observado en mayo (43.2%) explicaría aproximadamente la mitad (1.0 punto porcentual) de la inflación total anual observada en ese mes (2.1%).

Así como el efecto de un shock en el precio del petróleo sobre el conjunto de la economía española se diferencia de los efectos que se producen en otras economías de la zona euro, es lógico pensar que no todas las comunidades autónomas del interior de España sufren los mismos efectos. En concreto, para este estudio nos hemos preguntado cuáles son los efectos diferenciales que un aumento en el precio del petróleo tiene sobre la inflación regional en España. Excluyendo los casos especiales de los archipiélagos balear y canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los resultados indican que las diferencias de los efectos entre comunidades no son muy marcados: Castilla la-Mancha, Cantabria y Castilla-León son las comunidades que presentan efectos más altos, con una inflación de aproximadamente 0.3 puntos porcentuales provocada por el aumento en el 10% de la tasa anual del precio del petróleo.

En el otro extremo Cataluña, País Vasco y Madrid muestran los efectos más bajos, con una inflación de 0.2 puntos porcentuales. Aunque la metodología utilizada en el estudio no permite profundizar en las causas detrás de estas diferencias (por ejemplo, diferencias consuetudinarias del consumo, estructuras diferenciadas de la producción, estructuras impositivas, nivel y dinámica del crecimiento económico, etc.), llama la atención que los efectos más negativos se centren en las regiones más grandes, o que por ejemplo presentan los menores niveles de PIB per-cápita.

El cuadro siguiente muestra para el mes de mayo de 2018 el porcentaje de la inflación observada que se podría explicar por el aumento del 43,2% del precio del petróleo. En el extremo superior, con más del 55% de inflación total explicada por el aumento en el precio del petróleo, se sitúan Castilla la-Mancha, Castilla-León y Cantabria, mientras que en Cataluña, País Vasco y Madrid este porcentaje es menor al 50%. Es decir, el aumento en el precio del petróleo afecta a consumidores de regiones con un bajo PIB per cápita, lo que multiplicaría los efectos adversos sobre el consumo en otras partidas de gasto y en teoría llevaría a una caída más sensible del consumo y la actividad económica. Estos efectos diferenciales se deberían tener en cuenta a la hora de buscar fórmulas que ayuden a mitigar los efectos negativos que a nivel regional producen los aumentos pronunciados en el precio del petróleo.

 

Sin título

[1] Ligia Topan, César Castro, Miguel Jerez and Andrés Barge Gil, 2018. “Oil price pass-through into inflation in Spain at national and regional level.” Working paper, MPRA, 87821.

 

(*) César Castro es doctor en Economía de la Universidad de Salamanca

La 'maldición' histórica de RTVE

Por: | 09 de julio de 2018

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

1524821490_304276_1524821643_noticia_normal_recorte1

Protesta de los trabajadores de RTVE en la Redacción de Torrespaña.

 

La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.

En términos sintéticos, hay que recordar que en 2012 el Gobierno de Rajoy ocasionó una fuerte regresión democrática al volver a la mayoría absoluta gubernamental para elegir al presidente y al Consejo de Administración de RTVE. Y que en estos últimos seis años ha conseguido llevar a la radiotelevisión pública a sus mayores cotas históricas de manipulación y degradación de su autonomía y su imagen pública.

La Ley 5/2017 de 22 de junio, acordada por toda la oposición, inicialmente con el rechazo del PP, respondió a un clamor ciudadano de regeneración democrática. E incluía la vuelta a la elección de los consejeros por mayorías parlamentarias reforzadas de dos tercios, e incluso aspectos inéditos como el aval a cada candidato por la mitad de los grupos de las cámaras, o el concurso dirigido por expertos acreditados que debían filtrar los méritos de los candidatos presentados, como mediación para impedir las cuotas partidistas tradicionales.

El Gobierno del PP ha venido boicoteando desde entonces su aplicación hasta la terminación del mandato del presidente José Antonio Sánchez, el 22 de junio. Ha intentado después apoderarse de la mayoría del comité de expertos, para mejor designar a su mayoría militante, en complicidad con Ciudadanos, que olvidaba así repentinamente su discurso de regeneración aliándose con el mayor manipulador. Y, finalmente, ha presentado ante el Senado una candidatura de provocación, compuesta de directivos de RTVE que habían ostentado durante estos años su afán desmedido de censura y manipulación.

Todo ello no exime de culpa al Gobierno socialista, que ha cedido a la tentación del poder al actuar por decreto ley urgente 4/ 2018 de 22 de junio (como hacía el PP), para nombrar al presidente y a los consejeros por mayoría absoluta (aunque con respaldo de cuatro grupos parlamentarios), en conjunción con su aliado Podemos y el PNV.

El argumento legal de “evitar la parálisis” puede ser comprensible. Pero no evita la idea de que PSOE y Podemos han vuelto a caer en la trampa de las cuotas de militantes fieles, que pone en cuestión al mismo tiempo su propia ley de reforma democrática y el futuro entero del servicio público.

Ahora, corresponde a los nuevos gestores evidenciar su voluntad de autonomía y de regeneración del servicio público en tiempo récord. Y al PSOE y a Podemos demostrar en tres meses su prometida voluntad de convertir a RTVE para siempre en un servicio público fuerte, autónomo y plural, adaptado a la era digital, como el que exige una ciudadanía madura y una democracia de calidad. Un reto más difícil todavía para mostrar que la ‘maldición’ histórica de nuestro servicio público es realmente la maldición de nuestros partidos políticos, y que algunos de ellos están dispuestos a superarla.

 

(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense

Hay que hablar a la ciudadanía europea más allá del miedo

Por: | 04 de julio de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

1519412024_488171_1519412543_noticia_normal_recorte1

Viktor Orban, a la izquierda, junto a Merkel y Macron en Bruselas. REUTERS

 

¿Tendremos que irnos acostumbrando a que los buenos viejos tiempos hayan pasado de momento a mejor vida cuando hablemos de los estados miembros de la Unión Europea? Me temo que sí, aunque desconozco por cuanto tiempo. Así que con los mimbres disponibles habrá que seguir tejiendo el cesto comunitario, utilizando todas las artes a nuestro alcance con una buena dosis de voluntad política frente a las dificultades.

Sabemos perfectamente quién gobierna en Polonia y Hungría. Y no nos gusta ni a los europeístas ni a la propia UE, cuya Comisión ha advertido reiteradamente a ambos Ejecutivos nacionales de que están adoptando medidas que pueden atentar contra los valores europeos, hasta el punto, en el caso de Varsovia, de haber abierto un expediente en el marco del artículo 7 del Tratado de la Unión, ahí es nada.

Tampoco nos hace ninguna gracia la coalición de gobierno de Austria a causa del socio menor de la misma, el Partido de la Libertad, que podemos calificar como de extrema derecha o de derecha extrema, lo mismo da, porque en su ideario el orden de los factores no altera el producto. Contra la participación de ese partido en el Ejecutivo de Viena ya clamamos hace años en Bruselas desde el Europarlamento, no hablamos de algo nuevo.

Pero, más allá de la poca gracia que nos haga, esa coalición es la que va a ejercer la Presidencia semestral del Consejo de la Unión hasta el 31 de diciembre, con un calendario político que incluye temas tan relevantes como el cierre de las negociaciones del Brexit y también las del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE. Y además es la que toca cuando el tema migratorio ha alcanzado un grado de ebullición política (no basada en datos cuantitativos, la verdad) más que peligroso en Roma o en Berlín.

Que el canciller austriaco no es un antieuropeo está claro, como tampoco lo es su partido, perteneciente a la familia conservadora comunitaria (PPE). Pero que ha conseguido gobernar gracias a un acuerdo con los extremistas endureciendo su posición hasta extremos difícilmente aceptables en temas muy sensibles también es evidente. Austria no es Polonia ni es Hungría, no nos confundamos, pero sí forma parte de ese numeroso grupo de estados miembros cuyos gobiernos no quieren ir más allá en la profundización política europea.

De la lectura del Programa de la Presidencia austriaca de la UE llama poderosamente la atención que, en términos planteados para el debate sobre el futuro de la Unión, apuesta sin ambages por el cuarto de los escenarios avanzados en el Libro Blanco de la Comisión, es decir, “hacer menos de forma más eficiente”. Aunque no nos complazca, bastantes gobiernos europeos sin extremistas entre sus ministros suscriben hoy el apoyo a esa perspectiva, algo impensable hace algunos años.

¿Significa esa compleja realidad que los estados con gobiernos más proeuropeos deben tirar la toalla en el combate por seguir avanzando en la integración con el horizonte de culminar la unión política? Sin duda, no. Pero sí implica que deberían ser capaces de reflexionar sobre la posibilidad -y la necesidad, de hecho- de aprovechar al máximo el instrumento de la cooperación reforzada que ofrece el Tratado de Lisboa.

Evitar los obstáculos existentes haciendo cosas fuera del marco institucional de la UE es, en mi opinión, una equivocación y, a pesar de que aparentemente pudiera parecer beneficioso o inevitable, terminaría contribuyendo al debilitamiento de la unidad europea y, paradójicamente, haciendo el juego a los euroescépticos de convicción o de conveniencia a causa de su coyuntura política nacional, que no son idénticos. La vía correcta es otra: establecer cooperaciones reforzadas en cuanto sea necesario entre los estados que quieren avanzar más y más deprisa, esto es, aplicar el escenario 3 de la Comisión Europea, o sea, “los que quieran hacer más, que lo hagan”.

Ello no supone abandonar la perspectiva de que más pronto que tarde los partidos europeístas estén en condiciones de recuperar la hegemonía en la mayor parte de los gobiernos nacionales de la UE, planteándose de nuevo aquello de “hacer mucho más todos juntos” (el escenario 5 del Libro Blanco), porque en las democracias hay elecciones cada cuatro o cinco años y es la ciudadanía la que decide con su voto universal, directo y secreto. Ni el PiS polaco, ni el partido de Viktor Orban, ni el FPÖ serán eternos en el poder siempre que se les derrote en las urnas y, previamente, en el debate de las ideas y los valores.

Mientras tanto, es preciso que los grandes países de la UE mantengan encendida la llama del europeísmo de forma activa, promoviendo respuestas eficaces que se ganen a la ciudadanía europea. Y digo europea, no la de cada país miembro, porque en nuestra época es imposible conseguir que quienes viven en países en los que la demagogia y el populismo son hoy hegemónicos reciban únicamente el mensaje nacionalista de sus partidos de gobierno.

Aldabonazos como la recuperación para España de una posición proactiva en la UE con la llegada del Gobierno del presidente Pedro Sánchez deben ser claves en esa dirección, como ya ha empezado a notarse en las últimas semanas y, en alguna medida, en el pasado Consejo Europeo. Las posiciones europeas del Ejecutivo socialista de nuestro país se convierten así en una suerte de demostración palpable de que los discursos a la defensiva, recelosos, nacionalistas, no son los únicos posibles, y permiten que muchas personas de los todavía 28 piensen más allá del miedo que los demagogos tratan de presentar como una suerte de pensamiento único.

Fomentar en debate sobre el futuro de la Unión Europea, si los europeístas estamos convencidos de tener propuestas atractivas para el mismo, es la mejor manera de impedir que la mentira gane el partido. Por el contrario, evitarlo o reducirlo a la mínima expresión pública sería regalarle un triunfo de consecuencias incalculables para nuestras vidas como mujeres y hombres libres del todavía espacio más democrático del Planeta.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

Un paso más para conseguir el Estatuto del Artista

Por: | 02 de julio de 2018

INMA BALLESTEROS (*)

 

1528983162_060330_1528983855_noticia_normal

Los miembros de la Subcomisión entregan el Informe a Ana Pastor. / EL PAÍS

 

Hace unos días vio la luz el informe de la Subcomisión del Congreso para la elaboración del Estatuto del Artista. Sin lugar a dudas se trata de un documento fruto del consenso y de un arduo trabajo de estudio y reflexión. Es de agradecer el esfuerzo de los diputados y diputadas de la Subcomisión que han escuchado múltiples propuestas de un amplio espectro de profesiones. Sin embargo, este es solo el primer paso en el largo camino para acabar con la precariedad laboral de los trabajadores de la cultura.

La Fundación Alternativas, en su Informe sobre el Estado de la Cultura 2017 (ICE17)[1], trataba los problemas laborales de este colectivo. Hablábamos entonces de la Resolución de UNESCO de 27 de octubre de 1980 en la que se recomienda a los Estados miembros realizar esfuerzos para equiparar la protección social de los trabajadores de la cultura al resto de trabajadores. Incidiendo además en la peculiaridad del trabajo artístico caracterizado por la intermitencia en todos sus aspectos.

En España, las sucesivas modificaciones de la normativa han aspirado a recoger las necesidades de un colectivo sometido en su gran mayoría a la precarización. Hay que recordar que en 1986 se realizaron modificaciones para incluir a los trabajadores de la cultura en el RETA, lo que levantó las protestas de éstos que reclamaban su condición de trabajadores por cuenta ajena. Una vez incluidos en el Régimen General, la cuestión de la intermitencia laboral sigue planteando asuntos por resolver. La continua contratación temporal en las profesiones de la cultura, vinculada a la naturaleza del trabajo, se contrapone al principio de estabilidad en el empleo recogido en la Directiva europea[2]. No obstante, la relación laboral de los trabajadores de la cultura tiene un carácter especial reconocido por el legislador. Este complejo problema se exponía en el ICE17 para aclarar los motivos por los que la regla general se atiene a la contratación temporal y la excepción a la contratación indefinida, quedando probada la legitimidad de ambas.

A lo largo de los años se han arrastrado una serie de contradicciones entre lo que recoge la norma y la realidad cotidiana. La dificultad también reside en la diversidad de circunstancias y profesiones que se ven afectadas. En nuestra opinión, sería necesario abordar de manera urgente los problemas que afectan a la gran mayoría con carácter general, para después ir aterrizando cuestiones sectorialmente. En ese sentido, la Fundación Alternativas presentó ante la Subcomisión del Estatuto del Artista el documento ‘Estudio comparado entre el modelo intermitente francés y el modelo español de contratación temporal de artistas en espectáculos públicos en el marco de la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la UE’[3], elaborado por Icíar Alzaga, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED y reconocida experta en la materia. Dicho documento recoge propuestas para la adaptación de la regulación española a las necesidades del sector y a las directivas europeas. El informe de la Subcomisión las incorpora y esperamos lleguen a concretarse de manera efectiva.

Queda ahora esperar que el nuevo Gobierno atienda el informe de la Subcomisión y lo añada a su agenda. Será labor del nuevo titular de Cultura acordar con los diferentes ministerios competentes las cuestiones a implementar. Entendemos que es necesario recibir la legítima demanda del sector cultural que está buscando equiparar sus derechos laborales al resto de colectivos y eso es algo que no puede esperar. Tan importante como instituir un Ministerio de Cultura es contar con el respeto de la sociedad a sus creadores y a todos los que hacen posible que la cultura enriquezca nuestras vidas.

[1] http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/6cd717bd9f96c0d102a67139fa3ea3ac.pdf

[2] Directiva 99/70/CE, Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que busca garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores fijos y temporales.

[3] http://www.fundacionalternativas.org/cultura-y-comunicacion/documentos/documentos-de-trabajo/estudio-comparado-entre-el-modelo-intermitente-frances-y-el-modelo-espanol-de-contratacion-temporal-de-artistas-en-espectaculos-publicos-en-el-marco-de-la-doctrina-emanada-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea

 

(*) Inma Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal