Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

MATEO PEYROUZET (*)

 

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Vista del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. / EFE

 

Llegados al políticamente descafeinado mes de agosto, es buen momento para dirigir la vista hacia el evento que marcará el calendario político continental en los próximos meses: las elecciones al parlamento europeo que se celebrarán en mayo de 2019. Así pues, esta novena legislatura europea se dirige progresivamente a su fin (la última sesión parlamentaria será el 18 de abril), la Comisión Juncker se va quedando sin tiempo para más, y los focos van apuntando a la carrera de fondo que culminará en dos tiempos; con la composición de la cámara el 26 de mayo, y la posterior investidura del que será presidente de la Comisión Europea hasta 2024.

Las fechas clave del proceso electoral anotadas por el Parlamento Europeo son las siguientes [1]. Para empezar, el proceso de selección de los Spitzenkandidaten, los candidatos de las diferentes familias políticas europeas a la presidencia de la Comisión, ocurrirá en los últimos meses del año. De hecho, el Partido Popular Europeo ya ha anunciado que elegirá a su candidato en un congreso en Helsinki a principios de noviembre, mientras que el Partido de los Socialistas Europeos anunciará la terna de candidatos el 19 de octubre. A continuación, el pistoletazo de salida al período de campaña electoral oficial está previsto para el mes de marzo, mientras que los debates entre los candidatos a la presidencia tendrán lugar entre abril y mayo.

Ineludiblemente, el proceso electoral estará a su vez marcado por el 29 de marzo, fecha en la que se hará efectiva la desvinculación del Reino Unido a la UE. Una legislatura europea que comenzó con la sombra del fatídico referéndum anunciado por David Cameron acechando, y que quedó en shock cuando un 52% de votantes británicos puso en junio de 2016 a un socio clave en la rampa de salida, terminará con la formalización del Brexit en plena campaña electoral. A tiempo para que el debate se centre en la Europa que viene, y no en la que decidió dejar el país gobernado (a duras penas) por la conservadora Theresa May. Si la novena legislatura será recordada por el Brexit y la crisis del sistema de asilo migratorio, la décima deberá hacer méritos para generar una unión políticamente efectiva que pueda tanto ofrecer una solución real a los refugiados, como contrarrestar el auge de los populismos nacionalistas xenófobos, entre otros frentes abiertos.

'Spitzenkandidaten': ¿sí o no?

 No son pocas las voces que critican la novedad de las últimas elecciones de 2014, donde se estipuló que el nuevo presidente de la Comisión Europea debería ser el candidato común de la lista más votada. Los mayores detractores del nuevo encaje institucional son el Consejo Europeo y los euroescépticos. Varios de los jefes de Estado que forman el Consejo ansían volver al antiguo encaje, en el cual decidían el presidente de la Comisión tras rondas de negociaciones, resultando en la designación de un presidente con pocos enemigos, pero también con menor poder y legitimidad al no haber sido votado por los ciudadanos europeos (en su lugar ‘recibiendo’ el puesto de los primeros ministros, presidentas y cancilleres a los que debía su presidencia). Por su parte, los euroescépticos no presentaron candidato común en 2014 ya que esto supondría, según su juicio, legitimar una visión federalista e integradora de Europa.

Mientras esta reforma electoral e institucional no es vinculante formalmente, ya que tanto el Parlamento como el Consejo tienen que ratificar al candidato, sí que constituye un importante enlace directo entre los votantes y el presidente de la Comisión, y mucho se tendrían que torcer las cosas para que las instituciones vayan en contra de los resultados electorales. De hecho, el Parlamento ha expresado por activa y por pasiva que no permitirá la investidura de un presidente que no sea cabeza de lista, respondiendo tajantemente a los miembros del Consejo que apuntan que no respetarán el proceso.

Por otro lado, otras de las voces críticas argumentan que, si bien los Spitzenkandidaten supusieron un paso en la dirección correcta en cuanto a europeizar las elecciones y legitimar al presidente de la Comisión, este paso se queda corto de cara a tener unas elecciones ‘verdaderamente’ europeas, como claman tantos europeístas, Macron incluido. El siguiente paso, así pues, serían reformas institucionales tales que la competición de listas transnacionales en las elecciones, siendo elegida la candidata de la lista transnacional más votada, en vez del candidato de la familia política europea con más votos. En cualquier caso, los ejes centrales de desacuerdo son el nivel de europeización de la política parlamentaria y los encajes institucionales que decantan la balanza entre integración y soberanía nacional. 

A pesar de las dudas que existen acerca de esta medida, introducida también para dar mayor visibilidad y coherencia interestatal a los diferentes proyectos europeos en liza a través de un candidato común, y a pesar de que el nivel de interés popular que generaron los debates televisados no satisfizo las ambiciones de los europeístas, parece ser que el proceso electoral dará cierta continuidad al modelo de 2014. Si finalmente, sale adelante esta segunda oportunidad a la iniciativa, varios actores (partidos políticos domésticos y sus familias europeas, medios de comunicación, sociedad civil) tendrán que realizar un esfuerzo para que realmente se consiga el interés público deseado. Antes de llegar a ese punto, será interesante ver quienes lideran las candidaturas de las diferentes familias políticas europeas, más aún teniendo en cuenta que estas elecciones contarán con las primeras listas transnacionales de su historia, ya confirmada Primavera Europea, asociada al movimiento paneuropeo DiEM25 (no confundir con la coalición española del mismo nombre que participó en las últimas elecciones europeas, uniendo a Equo y Compromís, entre otros), y a la espera de ver como se desarrolla el proyecto de Macron junto a Ciudadanos.

Debates electorales y la importancia de la mediatización del contenido programático

Uno de los mayores quebraderos de cabeza con los que se topó el intento de europeizar las elecciones de 2014 a través de los candidatos comunes fueron los debates televisados. Se celebraron un total de diez debates figurando a diferentes candidatos, de los cuales la mitad enfrentaron únicamente a Juncker (PPE) y Martin Schulz (PSE), y solo uno contó con los cinco cabezas de lista. Tres de los debates fueron en francés, dos en alemán y los restantes cinco en inglés. Estos debates no fueron seguidos en España, mientras que los debates entre los cabezas de lista de los diferentes partidos nacionales dejaron índices de audiencia decepcionantes [2].  

Así pues, es esencial que los medios de comunicación recojan los puntos programáticos de los diferentes candidatos, y que se dé lugar a un verdadero debate sobre asuntos europeos. Los partidos políticos domésticos también deben abandonar la mala costumbre de centrar el debate en asuntos puramente nacionales y cálculos electoralistas para que el intercambio de información e ideas se centre en los diferentes proyectos paneuropeos que competirán, ya sea a través de candidatos comunes o de listas transnacionales.

 Triple cita electoral simultánea: ¿Positivo o negativo?

La coincidencia de las europeas con las municipales y autonómicas en nuestro país el domingo 26 de mayo (la última vez que ocurrió fue en 1999) es, por lo tanto, un arma de doble filo. Por un lado, puede incentivar a los partidos a perder de vista Europa para centrarse en mensajes nacionales, pero también puede situar asuntos europeos en las  agendas domésticas con una facilidad mucho mayor que si las elecciones no coincidieran. A la vez, si tenemos en cuenta que la participación en las municipales y autonómicas suele estar alrededor de un 65%, mientras que la participación en las últimas europeas se situó en un pobre 44%, lo normal sería que la participación española en estas europeas sea notablemente mayor de lo habitual.

Una mayor participación ciudadana es indudablemente algo que celebrar; sin embargo, si los ciudadanos depositan su voto para las europeas sin conocimiento de los diferentes programas y dependiendo de lo que voten en los comicios municipales o autonómicos, habrá menos que celebrar. No hay que restar la importancia que tienen la política local y regional, pero de ninguna manera se puede perder de vista que el proyecto europeo se juega mucho en estas elecciones.

[1] https://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/key-dates/

[2]https://www.20minutos.es/noticia/2143600/0/infimo-seguimiento/debates-televisivos/elecciones-europeas/

 

(*) Mateo Peyrouzet es investigador de la Fundación Alternativas

La nueva Constitución cubana debate sobre el Estado de Derecho

Por: | 20 de agosto de 2018

DIEGO LÓPEZ GARRIDO (*)

 

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Sesión del Parlamento Cubano. / STR (AFP)

 

El Proyecto de Constitución de la República de Cuba que se acaba de lanzar a discusión popular no es una mera reforma constitucional. Es un texto completo alternativo, distinto aunque no opuesto,  al que se aprobó en 1976, que fue  reformado luego puntualmente en varias ocasiones hasta 2002.

Es verdad que el Proyecto mantiene, como no podría ser de otra forma, lo que llamaríamos ‘principios constitucionales’ del régimen nacido con la revolución castrista: liderazgo del partido único, modelo económico de control estatal de los medios de producción esenciales (aunque admitiendo formas de propiedad privada); y las conocidas como conquistas de la revolución, esto es, educación , sanidad y servicios sociales universales y gratuitos, que le han proporcionado a Cuba una indiscutible estabilidad política. Sin embargo, el nuevo texto, de 224 artículos, dos disposiciones especiales, trece transitorias y dos finales, es técnicamente bastante  correcto y, sobre todo, propone algo absolutamente novedoso en el sistema legal de Cuba: la pretensión de establecer un  Estado de Derecho basado en la supremacía de la Constitución  ( arts. 1 y 7).

No sabemos lo que deparará a Cuba la nueva Constitución, pero el esfuerzo por empezar la era postcastrista con el rule of law y el ‘debido proceso’ es un paso relevante. El Proyecto que hemos conocido intenta salir de un sistema en el que la Constitución era una Carta meramente política, sin carácter vinculante, sin merecer el nombre de una verdadera Constitución, a integrar a Cuba en el mundo del constitucionalismo formal.

A lo largo del proyecto encontramos constantes apelaciones a términos o fórmulas que nos resultan familiares a los europeos: “La Constitución es la norma suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla”. (art. 7); la República de Cuba “sostiene su voluntad de observar de manera estricta los principios y normas que conforman el Derecho Internacional… y los demás principios proclamados en la Carta de Naciones Unidas”; “El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera”(art. 28); “La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización”(art. 30); “Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso” (art. 48, que también  desarrolla las garantías procesales esenciales en un Estado de Derecho); ”Las personas tienen derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de sus derechos “ (art.94); “Los magistrados y jueces… son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Asimismo son inamovibles…” (art, 147). Hay un atisbo de estructuración de las fuentes del derecho, si bien el art.102 otorga a la Asamblea Nacional del Poder Popular una extraña potestad de interpretar la Constitución y las leyes, “general  y obligatoria”, “en caso necesario”.

Vemos una afirmación en el Proyecto que sorprende por la apertura de Cuba a un sistema jurídico supranacional. En  los  arts. 16 c. y 18 se apuesta por una “integración y colaboración con los países de América Latina y del  Caribe” y, en esa línea, se permite “atribuir a entidades supranacionales el ejercicio de las facultades requeridas para ello”. Es sin duda una orientación que quiere romper con el aislamiento o aislacionismo político y jurídico.

Es cierto que no basta con estas proclamaciones para convertir a Cuba en un modelo de democracia liberal con separación de poderes y pluralismo político.  No lo pretenden los dirigentes cubanos. Es también cierto que hay un desequilibrio entre los derechos que se enuncian (aparece la libertad de prensa tímidamente, se reconoce la relación homosexual, entre muchos otros derechos que se reconocen en los artículos 39 a 95) y la ausencia de controles jurisdiccionales de constitucionalidad (por supuesto, no hay un Tribunal Constitucional). Pero el paso positivo que este texto aporta hacia el  respeto al derecho es indudable. La historia de Europa lo demuestra. Lo primero fue el Estado de Derecho. Luego llego lo demás.

 

(*) Diego Lopez Garrido es miembro del Patronato de la Fundación Alternativas

Doñana o el futuro y el pasado de España en la UE

Por: | 15 de agosto de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

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Pedro Sánchez y Angela Merkel, en Doñana. / F. CALVO (EFE)

 

Una de las más extravagantes críticas que se han formulado este verano a la política europea del Ejecutivo español ha sido la de buscar acuerdos bilaterales con Alemania en vez de tratar de conseguirlos en el nivel comunitario. Puede que tal reproche se termine haciendo cada vez que el presidente del Gobierno se reúna con uno de sus pares importantes de la UE, lo que no haría sino ahondar en lo disparatado del reproche de la oposición.

Durante muchos años, los Gobiernos de Aznar vieron a la Unión Europea como un marco político en el que la influencia de España debía basarse en su capacidad para bloquear decisiones. De ahí su empeño en conseguir mantener el ‘peso’ de nuestro país en las instituciones comunitarias a través de sus votos en el Consejo de la UE, de forma que estuviera en condiciones aritméticas, junto con otros, de impedir que se adoptaran decisiones lesivas para los intereses nacionales.    

Esa concepción partía de situar a Alemania y a Francia como competidores objetivos de España, una suerte de amigos/enemigos de los que había que recelar casi por principio. De esa forma, nuestro país se convirtió en un actor incómodo en la UE, siempre dispuesto a decir que no en lugar de defender sus intereses en positivo –como sí había hecho Felipe González-,  haciéndolos coincidir con los de la Unión. Solo de esa segunda manera, por ejemplo, fue posible poner en marcha las políticas de cohesión, la euromediterránea y la eurolatinoamericana.

El punto culminante de la política europea del aznarismo fue el intento de división de la UE con la ‘Carta de los Ocho’ con motivo de la Guerra de Irak, que no solo fracasó, sino que dejó muy tocada a España en la UE hasta el retorno del PSOE al Gobierno en 2004.

¿Significa la crítica del PP a la cumbre Merkel-Sánchez en Doñana una vuelta de la derecha española a su desconfianza hacia Alemania y Francia? ¿Volverá a decir lo mismo cuando el presidente del Gobierno español se reúna con Macron? ¿Hasta qué punto la evidente satisfacción de Aznar con la elección de Pablo Casado puede empezar a sentirse en la política europea del primer partido de la oposición?

El tiempo va a responder a esas preguntas, pero convendría advertir de algunas cuestiones relevantes si las respuestas a los mismos son afirmativas –lo que sería algo más que preocupante-.

La primera es que buscar aliados en la UE de hoy en día más allá de Berlín y París es necesario y positivo siempre y cuando sea para sumar a una alianza proactiva entre Alemania, Francia y España, nítidamente beneficiosa para nuestro país y que, afortunadamente, ha sido restablecida con celeridad tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. Lo que sería un despropósito es buscar coincidencias con gobiernos que poco tienen que ver con una concepción europeísta de las cosas, idea que es difícil alejar de las intenciones de la derecha española a la vista del inquietante discurso de su nuevo líder sobre las migraciones y el asilo.

La segunda es que la única forma de conseguir que la UE siga profundizando su integración, adopte políticas eficaces frente a los complejos problemas que tiene que resolver y resista el desafío populista que anida en demasiados de sus gobiernos nacionales es fortalecer la confluencia entre  Berlín, París y Madrid. Sea para aprobar decisiones en el Consejo y el Parlamento Europeo, poner en marcha cooperaciones reforzadas o incluso promover reformas de índole constitucional (o sea, del Tratado en vigor), ese trío es imprescindible para conformar alianzas más amplias. Y no digamos, por cierto, para que el próximo Marco Financiero Plurianual sea lo mejor posible para España.

En concreto, y volviendo a la curiosa crítica al encuentro de Doñana, quien la hace debería ser consciente de que no habrá soluciones europeas al reto migratorio sin Alemania ni Francia y su poder político y financiero, es decir, tratando de empezar la casa por el tejado. Europa vive momentos de incertidumbre de los que, como siempre, puede salir avanzando.

Más de cien circunscripciones que registraron una mayoría a favor del Brexit han cambiado de opinión, según un serio estudio publicado por The Observer, lo que podría influir en el voto final de los Comunes y variar la postura de Corbyn contra un replanteamiento del abandono de la UE por el Reino Unido. El propio Erdogan está comprobando la soledad de tener que enfrentarse a Trump al mismo tiempo que ha debilitado sus lazos con Bruselas. ¿Por qué traigo a colación estos casos?

Porque la fuerza de la Europa que protege –en definición de Macron- puede sentirse con fuerza dentro y fuera de la UE en una coyuntura complicada a poco que los grandes países europeístas, como Alemania, Francia y España, sean capaces de acertar en los próximos meses, construyendo una hegemonía ante el grupo euroescéptico que ha ido creciendo en tamaño y audacia  (o demagogia, como se prefiera) en los últimos tiempos. Si lo consiguen, las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 serán un éxito porque la ciudadanía tendrá un punto de referencia para votar de forma progresista frente a los falsos y peligrosos reclamos del populismo y el antieuropeísmo.

En ese marco, la reunión Merkel-Sánchez se dirige hacia el futuro más próximo. Y las críticas de la oposición a la misma, hacia el pasado.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Plataformas digitales: Diálogo sobre el diálogo

Por: | 10 de agosto de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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El servicio de Uber se contrata a través de una aplicación móvil.

 

Una vez más Barcelona y Madrid han sido testigos de conflictos laborales en torno a las plataformas digitales, en particular Uber y Cabify. No es la primera vez ni será la última. Si en algo hay consenso entre todos los actores de estos conflictos es en que la tecnología de estas plataformas vino para quedarse. La única solución es adaptarse al cambio. ¿Pero cómo? Ahí comienzan las diferencias y, por lo visto, tomará mucho tiempo para que se llegue a una solución. Por eso, es fácil pronosticar que seguirá habiendo conflictos en torno a estos temas.

Los cambios tecnológicos siempre llegan de repente y por eso es normal que todos los afectados tarden en reaccionar. Además, las instituciones encargadas de liderar las reacciones están siempre diseñadas para mantener ciertas inercias, razón por la cual es normal que su primera reacción sea la de actuar como si nada, o casi nada, hubiera cambiado o, por lo menos, introducir la menor cantidad posible de modificaciones. Con la irrupción de las plataformas digitales estamos viendo este mismo fenómeno una vez más.

El problema va mucho más allá de Uber. De hecho, sigue siendo un misterio la rentabilidad de esta empresa y no falta quien le pronostique una pronta desaparición. Incluso, hay quienes ven en el horizonte la llegada de los coches sin conductor que terminarían por dejar a Uber en la obsolescencia. Pero aún si Uber desapareciera mañana, las plataformas digitales que permiten ajustar en tiempo real la oferta y la demanda de servicios han penetrado en muchísimos otros sectores.

Esto tiene profundas implicaciones. Una empresa es, en últimas, un sistema de contratos diseñado para repartir los riesgos y beneficios entre empleadores y empleados, incluidos muy prominentemente los riesgos resultantes del desajuste entre oferta y demanda. Por eso, las plataformas digitales tienen el potencial de transformar profundamente la relación laboral. Los conductores de Uber, los repartidores de Deliveroo, los traductores de Mechanical Turk, ¿son empleados o trabajadores por cuenta propia? De la respuesta que se dé a esta pregunta dependerá quién asume los riesgos económicos y ocupacionales, quién es responsable del ahorro pensional o de garantizar condiciones de trabajo dignas y dónde se resuelven los diferendos que puedan surgir entre trabajadores y empresas.

Hasta el momento tanto el Estado como los sindicatos (y en cierto modo la academia también) han reaccionado buscando la manera de incorporar estas innovaciones tecnológicas dentro del marco regulatorio existente. Pero no es fácil y hay razones para dudar de que sea posible. Los trabajadores de plataformas digitales operan de una manera bastante dispersa lo que hace muy difícil que los mecanismos habituales utilizados por los sindicatos para organizar a los trabajadores funcionen en este caso. Aún si se lograran los umbrales necesarios de organización, no está claro el marco legal dentro del cual se llevaría a cabo el supuesto diálogo social.

Cooperativas

Ante tantas dificultades, hay actores que han optado por otros modelos organizativos. Hay varios ejemplos de plataformas digitales creadas por trabajadores a manera de cooperativas que buscan competir con las más grandes. Pero, por supuesto, estas iniciativas también tienen muchas dificultades. Al fin y al cabo, detrás de un Uber o un Deliveroo están grandes inversionistas mientras que una cooperativa de “riders” difícilmente tiene capital semilla. Estas barreras podrían mitigarse con cierta inversión pública. Al fin y al cabo, muchas ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, han apostado recientemente por estimular la formación de cooperativas.

¿Es mejor extender el sistema tradicional de diálogo social a las nuevas plataformas o sería mejor priorizar la formación de plataformas cooperativas que den nuevas garantías de derechos laborales a sus miembros? Imposible responder esta pregunta en abstracto. Muy seguramente, cada una de estas opciones (y otras más) va a ser explorada cosechando éxitos y fracasos. Pero lo que esto deja en claro es que cada una de estas opciones corresponde a un enfoque distinto del estado del bienestar. El primer enfoque está sustentado sobre las estructuras sindicales ya conocidas, en el que el empleo es la fuente de derechos, mientras que el segundo depende más de un tipo de inversión pública que en lugar de “proteger al empleo” busca “proteger al trabajador” mediante medidas de soporte del ingreso desvinculadas de la relación laboral.

Todos los participantes en las plataformas digitales dicen estar a favor del diálogo social y, sin duda, muchos lo dicen con sinceridad. Pero para que dicho diálogo arranque en serio será necesario tener un diálogo sobre las premisas y objetivos de dicho diálogo.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Vuelve la diplomacia cultural

Por: | 06 de agosto de 2018

INMACULADA BALLESTEROS (*)

 

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Sede del Instituto Cervantes en Madrid.

 

La toma de posesión del nuevo Gobierno hizo crecer las expectativas de muchos sobre algunos temas, entre ellos la cultura. Siguen siendo numerosos los asuntos pendientes sobre la mesa, y el nuevo ministro ya los ha repasado casi todos en su intervención ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado doce de julio. Manteniendo una línea realista y pragmática, parece que el nuevo responsable de Cultura quisiera desinflar los sueños de los que queremos que por fin se tomen en serio las demandas de este sector que trabaja a diario para que entendamos y mostremos lo que somos como sociedad.

Uno de los temas que sin duda ha vuelto con fuerza es el de la diplomacia cultural. Este es uno de aquellos que debería estar siempre en la lista de asuntos de Estado, de manera que los sucesivos cambios en el Ejecutivo no afectaran a la toma de decisiones. Por el contrario, durante los últimos años ha habido un flagrante descuido de las acciones encaminadas a la proyección de nuestros creadores más allá de nuestras fronteras. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de cooperación cultural, que tal y como venimos recogiendo en el Informe sobre el estado de la Cultura[1] de la Fundación Alternativas, redujeron su presupuesto un setenta por ciento, provocando la desaparición  muchas iniciativas exitosas. Por otro lado, está el continuo debate de la gestión de la diplomacia cultural. Hay quien opina que al tratarse de diplomacia pública debería ser asumida por los profesionales del ramo. En todo caso, en los últimos años se ha demostrado que esa estrategia no ha dado muchos frutos. Es notorio que la política exterior del anterior gabinete ha desdibujado la influencia de España en la escena internacional.

Se podría aducir falta de estrategia o previsión. La cuestión es que en los últimos meses estamos escuchando desde el MAEC una voz más coordinada y ajustada a lo que la mayoría espera de la acción exterior de nuestro país. En este marco es donde los nuevos responsables de cultura empiezan a hablar de diplomacia cultural. Lo hizo el ministro en su intervención ante la Comisión del Congreso, aludiendo al Plan de Acción Cultural Exterior de 2011. En esos años nuestro país podía contar ante las legaciones extranjeras la importancia que se le daba a la cultura en la acción exterior, por su aporte al Producto Nacional Bruto, pero también como substancial complemento  a la diplomacia tradicional que se ejerce de gobierno a gobierno. La diferencia en materia de cultura es que las relaciones se establecen entre personas, más allá de los intereses políticos y económicos. Los vínculos culturales que se crean entre las sociedades civiles de los distintos países son mucho más fuertes porque se basan en valores universales compartidos.

Por ese motivo es determinante que sean profesionales de la cultura los que estén a cargo de estas estrategias. Este es el caso, por ejemplo, del nuevo responsable del Instituto Cervantes, un intelectual reconocido que podrá relacionarse con sus pares en cualquier parte del mundo, porque hablarán el mismo idioma, ese que trasciende los intereses partidistas y busca profundizar en la esencia del hombre como habitante de este mundo.

Más allá de eso, la acción cultural exterior debe coordinarse para alcanzar la eficacia y eficiencia deseadas y evitar duplicidades inútiles. Por eso nació el Plan Nacional de Acción Cultural, que además era una herramienta para dar a conocer la riqueza y diversidad de España y las distintas realidades culturales que la componen. En este marco se deberán orientar las acciones de los organismos con competencias en la materia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E). En la mente de todos están aquellos logros para la cultura como fueron la creación del Instituto Cervantes en 1991, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992, o la importante aportación de España a la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO en 2003, y a la Carta Cultural Iberoamericana en 2010. Está por ver si llegaremos a conseguir triunfos de ese calibre, pero la recuperación de la acción coordinada en materia de cultura exterior ya es un motivo de confianza en el nuevo ejecutivo.

[1] https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2018-espana-y-el-espacio-cultural-iberoamericano

 

(*) Inmaculada Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Make America Alone Again

Por: | 02 de agosto de 2018

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

1525735229_485309_1525776585_noticia_fotogramaDonald Trump, en la Casa Blanca. / REUTERS

 

El día 4 de agosto entra en vigor la primera fase de la  reanudación de las sanciones de Estados Unidos a Irán, como consecuencia de la ruptura unilateral por parte de la administración de EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como el acuerdo o pacto nuclear con Irán. No obstante, las sanciones más importantes serán las que previsiblemente entrarán en vigor el 4 de noviembre, ya que afectarán a las exportaciones de petróleo y gas y a la importación de equipos para esta industria, lo que podría colapsar definitivamente la economía iraní, ya muy deteriorada, en un momento socialmente delicado, y provocar una grave crisis interna.

El pacto se firmó en Viena, el 14 julio de 2015, tras dos años de duras negociaciones, entre Irán por un lado, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EEUU, China, Rusia, Reino Unido, Francia) más  Alemania y la Unión Europea por el otro, y entró en vigor en enero de 2016. Básicamente se trataba de ralentizar el programa nuclear de Irán, que representaba en ese momento el mayor peligro para la región, a cambio de un levantamiento de las sanciones aprobadas, entre 2006 y 2010, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que limitaban  las transacciones financieras y el comercio con Irán, incluido el embargo petrolífero, además de prohibir la transferencia de material militar. El pacto levantaba la mayoría de las sanciones aunque la prohibición de la venta de armas se mantenía durante cinco años y las restricciones al material nuclear civil durante diez.

Las primeras sanciones empiezan a aplicarse 90 días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara a primeros de mayo el abandono unilateral del acuerdo, a pesar de la posición contraria del resto de los firmantes, particularmente de los tres europeos que se han negado a romperlo, en una muestra más del unilateralismo y la irresponsabilidad que está exhibiendo el presidente Trump en sus decisiones de política internacional, y del desprecio que mantiene hacia las opiniones de sus aliados, ya demostrado en su decisión de abandonar el acuerdo sobre el cambio climático, o en su agresiva política comercial. Trump no está consiguiendo hacer a EEUU grande nuevo, puesto que siempre lo ha sido, está consiguiendo que se quede solo. Ni siquiera Reino Unido, su tradicional aliado, le secunda en esta aventura.

La reanudación de las sanciones estaba prevista, si Irán no cumplía lo pactado, de hecho el Congreso de EEUU exigió que el presidente tuviera que renovar el levantamiento cada 120 días, y a ese mecanismo se ha acogido Trump. También estaba previsto que el Consejo de Seguridad  tomara una decisión, en caso de incumplimiento, en el plazo de 30 días, pero no ha sido el caso, porque Irán ha cumplido estrictamente hasta ahora las estipulaciones del acuerdo, según los informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

No hay, por tanto, ningún fundamento objetivo para la ruptura del pacto. Es cierto que Irán sigue desarrollando su programa de misiles balísticos y en septiembre de 2017 hizo una prueba del misil Joramshahr, de 2.000 km de alcance. Si bien  el acuerdo nuclear no prohíbe las actividades balísticas de Irán, la resolución 2231 del CSNU, que lo ratificó, insta a Irán a no desarrollar misiles diseñados para transportar cabezas nucleares. Teherán afirma que no posee ni desarrolla esa capacidad, pero  aunque lo hiciera no estaría vulnerando el acuerdo, porque lo que el CSNU hace es una recomendación, no una obligación. Por supuesto el pacto no es perfecto, por ejemplo en lo que atañe a los plazos (15 años), pero pretender que Irán no desarrolle armamento no nuclear, teniendo al lado a Israel, parece poco realista. En todo caso, hay margen para intentar mejorarlo, ya que algunas sanciones subsisten, sin necesidad de denunciar unilateralmente lo que se está cumpliendo.

Las razones de la posición de Washington hay que buscarlas en otros aspectos. En primer lugar, en la obsesión de Trump por deshacer toda la obra de su predecesor, Obama, y tratar después de rehacerla con su propio sello. De hecho, apenas una semana antes de la entrada en vigor se las sanciones ha declarado en rueda de prensa estar dispuesto a abrir un diálogo con el Presidente iraní, Hasan Rohaní, “sin condiciones”, dando una nueva muestra de su errática política, en la que las decisiones se mantienen durante semanas, días u horas dependiendo del humor de su principal protagonista, si bien en una primera reacción las autoridades iraníes han rechazado por el momento una propuesta, que consideran “humillante” en las actuales circunstancias.

Pero más allá de la personalidad de Trump, lo cierto es que este paso se corresponde con una radicalización de su administración que representa muy bien el nombramiento  como Consejero de Seguridad Nacional de John Bolton, un radical de ultraderecha, colaborador entre otros del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América y del extremista Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, que lógicamente se entiende muy bien con los extremistas que dominan el actual gobierno israelí, encabezados por Benjamin Netanyahu, quien ha hecho lo posible y lo imposible para cargarse el acuerdo con Irán, el único enemigo de importancia que le queda en la zona, coincidiendo en este asunto con Arabia Saudí, rival histórico de Irán por causas religiosas y geopolíticas. Trump se debe a ambos, por razones políticas en un caso y económicas en el otro, y ha hecho lo que le pedían insistentemente los dos únicos aliados acríticos que le van quedado en el mundo.

En realidad las sanciones que Washington levantó en 2016 y vuelve a aplicar ahora se refieren sobre todo a empresas extranjeras que también tengan negocios con EEUU, la mayoría europeas, más que a las americanas pues éstas continuaban y continúan en un régimen de restricciones. Por ejemplo, un banco estadounidense no podía hacer negocios con Irán, pero uno europeo que también opere en EEUU, hasta ahora sí.  No hay que olvidar que la mayor parte de las sanciones de EEUU son anteriores al desarrollo nuclear de Irán y a las resoluciones del CSNU, pues las primeras fueron consecuencia de la crisis de los rehenes de la Embajada que siguió a la toma del poder por los ayatolás en 1979. Las sanciones que entran ahora en vigor, fundamentalmente comerciales y financieras, afectarán por tanto a las compañías europeas que han establecido negocios con Irán como Total, Airbus, Siemens o Peugeot, así como a las que han comenzado a importar petróleo iraní y a algunos bancos europeos. Habrá que ver cómo reaccionan estas empresas ante la amenaza de sanciones en EEUU, y como mantienen Londres, Berlín y París su posición a favor de respetar el acuerdo, en estas condiciones. Si los europeos se sumaran finalmente a las sanciones, el régimen iraní podría verse forzado a volver a su programa nuclear para ejercer una cierta presión, lo que podría tener consecuencias catastróficas.

El primer efecto de la reanudación de las sanciones es el debilitamiento del ala moderada del régimen iraní, encabezada por Rohaní, que ya se está produciendo, en favor del ala más dura, que adquiere fortaleza en la crisis. Pero probablemente es esto lo que se busca. Ni a Israel ni a Arabia Saudí, ni – por extensión – a la actual administración de Washington, les interesa un Irán moderado y dialogante que se integre en la comunidad internacional y prospere, mientras mantiene o aumenta su influencia en la región. Netanyahu prefiere claramente un enfrentamiento que acabe de una vez por todas con la amenaza potencial, y para llegar a eso conviene que el régimen iraní se radicalice, o mejor aún, que retome su programa nuclear. Así estaría justificada una intervención militar que hasta ahora ha sido vetada por Washington.

Deterioro de la economía

El otro escenario deseado por los enemigos de Irán es que el deterioro de la economía producido por las sanciones acabe por producir un levantamiento popular, que ya tuvo un anuncio en las manifestaciones de diciembre y enero pasados, y el régimen caiga o al menos se debilite gravemente. Pero también puede suceder que, ante la amenaza de un deterioro interno grave, el régimen iraní se radicalice aún más, e incluso opte por una huida hacia delante y se lance a una aventura bélica para unir al país.

En cualquier caso, se está jugando con fuego en una región azotada por la violencia desde 1948, en la que, además de persistencia de la madre de todos los conflictos: el palestino-israelí, que no va a mejorar precisamente con la declaración de Israel como Estado nación judío y la legalización de nuevos asentamientos irregulares en Cisjordania, se desarrollan actualmente dos guerras abiertas (Siria, Yemen) y otros dos enfrentamientos civiles que pueden quedar en cualquier momento fuera de control (Irak, Líbano). Es cierto que Teherán participa de una u otra manera en estos conflictos (como también lo hacen, por otra parte, Arabia Saudí y los Emiratos), pero también lo es que el mejor camino para la estabilización pasa por atraer a Irán a la comunidad internacional y al camino de la paz a través del diálogo, los pactos, y promoviendo su desarrollo económico, lo que favorecerá a los moderados del régimen y finalmente promoverá su integración pacífica, sin que eso signifique necesariamente falta de firmeza en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y de las resoluciones del CSNU.

Si se presiona al régimen iraní hasta la desesperación, cualquier cosa puede suceder, incluida una nueva guerra, la escalada nuclear, o ambas, con las consiguientes secuelas de dolor, muerte y destrucción, que se puede extender a toda la región e incluso fuera de ella. Avivar un fuego que se estaba apagando es el colmo de la irresponsabilidad, y si se hace desde la presidencia del país más poderoso del mundo, es sencillamente una locura. Esperemos que  la sensatez que seguramente queda todavía en la mayoría de la clase política de EEUU, incluido el Partido Republicano, y la presión combinada de los aliados y amigos del gran país americano - especialmente los europeos -, reconduzcan este asunto hacia una nueva distensión, en favor de la paz y la seguridad de todos.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

El País

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