Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Cataluña: sobre póker y democracia

Por: | 18 de enero de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

1516263342_059095_1516265580_noticia_normal_recorte1Roger Torrent, en la sesión de constitución del Parlament. MASSIMILIANO MINOCRI

 

En una democracia se supone que las habilidades para jugar al póker no deben tener ninguna relevancia política. Pero en algunos pueblos de Estados Unidos, en caso de empate en las elecciones, los dos candidatos más votados juegan una partida de póker (al parecer sí ha ocurrido). Tampoco debería ser relevante la buena suerte. Pero la asamblea estatal de Virginia acaba de decidirse mediante un sorteo ya que, efectivamente, se produjo un empate en la elección de un diputado. Igualmente sería ridículo que la edad importara. Pero en Francia está previsto que en caso de empate en las elecciones presidenciales, gana el candidato más viejo. En fin, toda constitución del mundo tiene reglas que parecen un poco ridículas para cubrir eventualidades ya que las instituciones tienen que seguir funcionando siempre, incluso en los casos imprevistos. Pero, precisamente se espera que estas reglas no operen. Están allí apenas como una salvaguardia y no tienen por qué afectar la marcha del proceso político. Son simples detalles de los que normalmente solo se enteran los coleccionistas de datos curiosos.

Del mismo modo, en condiciones normales debería ser totalmente irrelevante quiénes son los miembros más viejos y más jóvenes de un parlamento. Si acaso, juegan algún papel protocolario y nada más. Un papel protocolario como el de ser los encargados de dar inicio a una nueva legislatura.

Pero como los dioses de la aritmética electoral parecen estarse divirtiendo a costa de Cataluña, lo que suele ser un asunto sin importancia, esta vez no fue del todo trivial: la tarea de decidir cuáles votos se podían delegar para la elección de mesa directiva recayó en la Mesa de Edad, integrada toda ella por miembros de ERC. Generalmente, el que el azar le confiriera total hegemonía a un partido en la Mesa de Edad pasaría desapercibido. En retrospectiva, tampoco ha sido del todo decisivo este detalle. Varios asuntos de más calado influyeron para que al final fuera Roger Torrent el elegido como presidente del Parlament.

Pero el proceso político catalán de los últimos años está creando situaciones en las que ciertas reglas terminan adquiriendo una importancia para la que no estaban programadas. El Senado español siempre se ha considerado como una segunda cámara de poca importancia. Tanto que suele tener una baja participación electoral y poca visibilidad entre el electorado. Sin embargo, resulta que es el Senado el encargado de autorizar la aplicación del artículo 155. Posiblemente no hemos visto el final. No debería sorprendernos que existan reglas perdidas en algún oscuro texto que vayan a influir sobre si, por ejemplo, el Parlament decide entrar en la era de los ‘teletrabajos’ y aceptar una investidura vía Skype. Porque de un tiempo a esta parte, cada evento viene con su lección sobre vericuetos legales. ¿Cuál es la definición exacta de ‘tumultuario’? Difícil. Pero de la respuesta depende qué políticos catalanes deben estar en prisión y por cuánto tiempo.

A largo plazo no es saludable que una democracia esté dependiendo tanto de intrincados asuntos de procedimiento y técnica jurídica. Las democracias funcionan sobre la base de criterios de transparencia ante la opinión ciudadana; no se espera que dicha opinión tenga que estar informándose sobre los últimos vericuetos de la ley.

Si esto está ocurriendo es, en últimas porque, como en el caso de la asamblea estatal de Virginia o de los alcaldes jugadores de póker, hay una división política de fondo que las normas difícilmente pueden arbitrar. Las leyes sirven para gestionar cómo se resuelven las diferencias políticas, pero no para resolverlas. Igualmente, la política sirve para gestionar cómo se abordan las diferencias sociales, culturales e identitarias, pero no sirve para suprimirlas. Es iluso creer que las divisiones entre bloques en Cataluña (por no hablar de las que existen dentro de cada bloque) se van a resolver simplemente en los tribunales. Como también era iluso creer que los desacuerdos que existen en la sociedad catalana sobre, por ejemplo, el papel de la lengua, se podían resolver de una vez por todas con unas elecciones, o un referéndum.

Habrá que esperar qué trae esta nueva legislatura. Las señales de sus primeras 24 horas son mixtas: algunos discursos conciliadores, se evitaron los términos más incendiarios (poco se habló de ‘República’ y nada de DUI), pero aún hay mucho espacio para la confrontación e incluso el disparate.

Difícil será reconducir esta situación. Es imposible saber de dónde saldrá la voluntad política para el diálogo necesario, no solo entre Cataluña y el Gobierno central sino también, tanto o más necesario, entre los distintos sectores de la sociedad catalana. Pero es urgente. Una democracia no puede seguir por años abocada a que sus fracturas políticas se estén resolviendo siempre a punta de tribunales y reglamentos. De seguir así, los más altos temas de la convivencia entre ciudadanos se terminarán jugando en una partida de póker. O de mus, con todo y sus órdagos.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

¿Es este el turismo que queremos?

Por: | 15 de enero de 2018

DANIEL LEGUINA (*)

 

1498226198_531207_1498226900_album_normal

Turistas en las calles de Barcelona. / CARLES RIBAS

 

Rajoy anunció recientemente, a bombo y platillo -desde la cumbre de los países del sur de Europa, en Roma-, que España ha batido el récord de turistas con 82 millones en 2017. Los principales medios nacionales se hicieron eco de la noticia, que sin duda es una gran noticia, y destacaron que se trata del quinto año consecutivo aumentando el número de visitantes, a un ritmo imparable, desbancando a Estados Unidos del segundo puesto y poniéndose a rebufo de Francia, medalla de oro por el momento en lo que a recibir turistas se refiere.

En cifras, el aumento respecto al 2016 es del 8,9%, con un gasto total realizado de 87.000 millones de euros, cifra también récord con un alza anual del 12,4%. En 2017 el gasto medio por turista registró un crecimiento del 3,1%, y alcanzó los 1.061 euros por persona, y el gasto medio diario se situó en 137 euros con una mejora del 4,4%. Son datos del Ministerio de Energía y Turismo, que dirige Álvaro Nadal.

No era de esperar que Rajoy o Nadal sacaran una nota negativa del asunto -pero sí que sacaran pecho, claro-, ni tan siquiera el Ministerio de Medio Ambiente de García Tejerina, pero lo que resulta chocante, por aquello del periodismo crítico, es que ningún medio de comunicación haya señalado las nefastas consecuencias en términos de sostenibilidad que tamaña ‘invasión’ supone para el país.

El impacto ecológico del turismo de masas es terrible: todas las actividades relacionadas con él dejan huella ambiental, aumentando los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático: viaje al lugar de destino, transporte dentro del mismo, producción y consumo de alimentos, residuos generados, compras y alojamiento.

Así lo afirma la experta Vilma Saraff en el último Informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, documento en el que recuerda también que cada millón de turistas que recibe España consume y genera 11 millones de litros de combustible; 300 millones de litros de agua; 2 millones de kilos de alimentos; 300 millones de litros de aguas residuales; 25 millones de kilos de CO2, y 1,5 millones de kilos de residuos. Sólo hace falta multiplicar estos datos por 82 para conocer el coste ambiental del negocio de turismo.

Entre los aspectos positivos del turismo destacan el valor económico para el desarrollo local; la generación de ingresos que pueden ser reutilizados en objetivos de conservación; una mayor involucración de la Administración en la protección del entorno; el aumento de los estudios especializados en la relación entre turismo y protección ambiental; y el crecimiento de inversiones para la investigación de los efectos del turismo en el medio ambiente.

El turismo supone el 11% del PIB y emplea a 2,9 millones de personas. Nadie pone en duda la positividad de estos números, pero la cara b del asunto, de la que nadie habla, es que se alcanzan gracias a la sobreexplotación de los destinos, la presión sobre los ecosistemas y las comunidades locales; el crecimiento urbanístico indiscriminado, la acumulación de residuos y la erosión de la zona; la rivalidad por la utilización de los recursos naturales y la saturación de infraestructuras y servicios públicos; la contaminación acústica, lumínica y del aire; una arquitectura no integrada en el paisaje y la utilización extensiva del transporte privado. 

Queda claro pues que el modelo turístico tradicional, basado en el crecimiento sin planificación, es extremadamente agresor con el entorno en que se desarrolla. Un buen ejemplo son los litorales, donde el ensanchamiento de playas y la construcción de puertos deportivos ha afectado, irremediablemente en muchos casos, a los ecosistemas marinos.

España no es únicamente sol y playa. Para conseguir un modelo de turismo sostenible es importante un mejor aprovechamiento y redistribución de los espacios. A pesar de los esfuerzos de las regiones interiores, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Castilla y León registran una muy baja densidad de viajeros. Entre las medidas para potenciar estas zonas, sería conveniente promocionar su riqueza cultural, histórica y gastronómica, así como la biodiversidad española, la más rica de Europa con 11 geoparques declarados por la UNESCO, 15 parques nacionales, 48 reservas de la Biosfera, más de 120 vías verdes -que suman más de2.500 km- y numerosos espacios que conforman la Red Natura 2000 (aproximadamente el 27% del territorio español).

Así las cosas, para que el sector turístico cambie sus prioridades y reduzca sus emisiones, el Gobierno debe asumir su responsabilidad ante la avalancha de visitantes y poner en marcha una política medioambiental eficiente -basada en la educación-, en lugar de fomentar únicamente una llegada descontrolada de turistas que empuja a España a un punto de no retorno de consecuencias dramáticas en forma de sequía, desertización y nuevas enfermedades.  

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas  

CARLOS CARNERO (*)

 

1486906823_823242_1486907029_noticia_normal_recorte1

Martin Schulz y Angela Merkel, conversan durante un encuentro en Bruselas. / EFE

 

Una buena noticia. Incluso, la mejor noticia para Europa: los democristianos y los socialdemócratas alemanes han llegado a un principio de acuerdo para establecer un Contrato de Gobierno del que saldrá el tercer Ejecutivo de Gran Coalición consecutivo entre ambas familias políticas.

Ha sido necesario constatar la imposibilidad de reunir a democristianos, liberales y verdes, por un lado, y confirmar la necesidad de reconducir la Gran Coalición como única salida para evitar un gobierno en minoría o nuevas elecciones, por otro, para volver al punto de partida que deseaba desde la noche electoral Angela Merkel: mantener como socio a los socialdemócratas y convencer a Martin Schulz de que merecía la pena intentarlo de nuevo, a pesar de las reticencias existentes en su partido.

El Contrato de Gobierno, cuando se ultime hasta la más mínima coma tras semanas de elaboración conjunta, será un equilibrio de posiciones entre la derecha y la izquierda de un país que ha construido durante décadas su bienestar sobre fuertes y amplias bases compartidas por la CDU y el SPD. Ese es el motivo de que en Alemania sea más sencillo que en muchos otros países este tipo de coalición. Aunque sencillo en comparación con otros no quiere decir fácil en términos absolutos.

Asuntos europeos (los primeros en el principio de acuerdo por insistencia de Schulz), sociales, de medio ambiente, de impuestos o de migración y asilo han necesitado y necesitarán todavía semanas de intercambios de puntos de vista y flexibilidad para alcanzar un consenso que facilite gobernar en beneficio de la mayoría.

Ahora quedan pasos decisivos para saber si la convivencia si materializará o no, especialmente en la Casa Willy Brandt. Un Congreso extraordinario previsto para el 21 de enero tendrá que dar luz verde a lo negociado por Schulz y, de ser así, obtener el voto favorable de la militancia, que ronda los 400.000 afiliados y en la que encontrará con toda seguridad fuertes resistencias, empezando por los Jusos. Y habiendo asistido a un Congreso de las juventudes del SPD, sé que pueden ser muy insistentes.

Pero los dirigentes y militantes socialdemócratas tendrán que preguntarse no tanto por el detalle de lo pactado, sino por el lugar desde el que será mayor la utilidad de su partido para el país y sus electores: si en la oposición o en el poder. La historia del SPD le define ante todo como un partido de gobierno, capaz de tomar decisiones desde la Cancillería o junto a ella en beneficio del conjunto de la sociedad. Ha sido así incluso desde mucho antes de 1945, en realidad desde su nacimiento, cuando un muy veterano Friedrich Engels apoyó la vía reformista y parlamentaria para conseguir la transformación social, abriendo el camino para conformar una izquierda democrática dispuesta a llegar al poder únicamente a través del voto. Aquella transformación social es hoy una realidad palpable y se llama democracia (incluso multinacional: la UE), estado de derecho y modelo social europeo, con todos sus defectos, aunque también con todas sus virtudes.

En estos tiempos en los que demasiados analistas se empeñan en dar por enterrada a la socialdemocracia, la apuesta del grupo dirigente del SPD ejemplifica la capacidad del socialismo democrático europeo para afrontar desde la responsabilidad las coyunturas políticas promoviendo decisiones que mejoren la vida ciudadana y se inserten en un proyecto de futuro amplio y de largo aliento: el europeo. De lo contrario, ¿quién lo haría? Quizás eso es lo que se empiece a reconocer de nuevo en diversos países europeos al hilo de las encuestas, en las que los socialistas experimentan alzas más o menos pronunciadas que ya difícilmente alcanzarán porcentajes en torno al 40 % de intención de voto, que pertenecen al pasado, para ellos y para el resto de partidos, salvo raras excepciones.

Para Europa, el anuncio de este principio de acuerdo en Berlín no puede ser mejor. Una Gran Coalición en Alemania es la condición suficiente para que la UE pueda dar un nuevo paso en su profundización política, reforzar la unión económica, avanzar en la unión social, contar con más recursos, culminar con éxito las negociaciones del Brexit y pesar más en el Mundo. La Francia de Macron, empeñado en una perspectiva federal para Europa, encuentra así el aliado imprescindible para hacer realidad sus propuestas.

No creo que Trump, los populistas y los partidarios del Brexit estén de enhorabuena por el acuerdo entre la CDU (y la CSU) y el SPD, pero los europeístas sí deben estarlo, a izquierda y derecha. Si Berlín y París cuentan con el concurso de la mayoría de los estados miembros para sus planes (empezando por España e Italia) y de las instituciones comunitarias, podemos imaginar un proceso de un par de años en el que la UE vuelva a vivir días de decisiones históricas, que coincidirán en el tiempo político con las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, en las que la ciudadanía tendrá la oportunidad de dar su espaldarazo a una Europa más fuerte y unida.

El futuro, ahora, está en manos de los socialdemócratas alemanes. ¿Será capaz Martin Schulz de convencerles? Tras haber compartido quince años de vida política con él en el Parlamento Europeo, lo que sí puedo afirmar es que lo intentará hasta el límite de sus fuerzas. Ojalá lo consiga.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

Cataluña: los partidos propusieron y los electores eligieron

Por: | 10 de enero de 2018

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

21-d-en-cataluna-que-partidos-y-candidatos-se-presentan-a-las-elecciones

Mesa con las distintas opciones electorales en los pasados comicios catalanes del 21 de diciembre.

 

La inmediatez en la convocatoria de las elecciones tras la aplicación del art. 155 de la Constitución fue motivo, en general, de reconocimiento, al considerarse que una circunstancia como la existente esos días sólo podía ser clarificada mediante un llamamiento a la ciudadanía y su pronunciamiento.

Sin embargo, y como ya pudimos prever, los resultados no han modificado en lo sustancial la situación política existente. Hemos apreciado la solidez del voto justificado en motivos identitarios. Es más, incluso puede decirse que la intervención judicial ha complicado aún más una situación enrevesada, todo un nudo gordiano que parece imposible de quebrar.

Transcurridas ya algunas semanas, y tras analizar los resultados, nos preguntamos por qué permanecen las causas del bloqueo de forma casi intactas. De forma más pausada, ahora apreciamos que los partidos políticos apenas tuvieron tiempo para reaccionar y reconsiderar sus planteamientos políticos. Urgentemente hubo que decidir las coaliciones, confeccionar las listas y con la misma celeridad hubo que elaborar y hacer públicos los programas políticos. Y la lectura de estos hace sospechar de una cierta improvisación en los programas e inercia en las estrategias, que dejaron en el aire el contenido exacto de los compromisos de futuro, como ya empezamos a comprobar.

Por este motivo, y visto retrospectivamente, la excepcionalidad y perentoriedad de las elecciones impidieron a los partidos una mayor reflexión y, quizás, una reconsideración de sus propuestas para que fueran más viables.

En líneas generales, se aprecia una inercia que lleva al mantenimiento de las posiciones que ya se oyeron en el Parlament en los debates de los días 6 y 7 de septiembre, lo cual hacía presagiar un continuismo argumental. Es más, en general, las ofertas electorales pecaron de estratégicas y, quizás, de falta de honestidad para explicar a los ciudadanos la situación. Como mucho, sólo en los programas del PSC y CeCP se aprecia una descripción realista de la situación.

Junts per Catalunya y ERC retoman los efectos del 1 de octubre y apelaron sobre todo a la ilegalidad de la medida adoptada por el Gobierno, a la quiebra democrática y a la sustitución del presidente legítimo de la Generalitat; sin clarificar cuál puede ser el procedimiento a seguir. En especial, ERC propone “emplazar al Estado español, al tiempo que las instituciones europeas, para lograr una negociación a través de la cual, en pie de igualdad y sin ninguna renuncia previa por parte del Parlament y del Govern, se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática de la República Catalana”. La prioridad de la CUP-CC, por su parte, “pasa por la materialización y la implementación del mandato popular del 1 de octubre, es decir: la construcción de la República”, con lo que se insiste en otorgar plena validez al referéndum del 1 de octubre, sosteniendo que la situación actual es propia de un “Estado de excepción”. De forma menos clara, Junts per Catalunya aboga por “promover un gran debate nacional, participativo y de empoderamiento de la ciudadanía que aborde los rasgos y los ejes que deben conformar la constitución de la República Catalana”.

Catalunya en Comú-Podem se mueve en un espacio intermedio, aduciendo que “el estado plurinacional que defendemos incluirá, en cualquier caso, el reconocimiento de Cataluña como nación y su derecho a decidir; así como todas aquellas modificaciones que sean necesarias para poder incluir en el ordenamiento constitucional español la propuesta surgida del Parlamento de Cataluña”.

Algo más cauta es la posición del PSC, que sostiene que “el hecho de reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional, no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos distintos de los del resto de españoles”. Y ello mediante un “conjunto de propuestas para Cataluña que desarrollen al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española vigentes para fortalecer nuestro autogobierno e impulsar la renovación del pacto constitucional en un sentido federal”.

 El PP limitó su programa a una justificación del procedimiento del art. 155 y a la necesidad de salvaguardar la legalidad, con declaraciones de principio como esta: “Nuestra prioridad será formar un gobierno catalán que respete la Constitución española y el Estatut de Cataluña. Ningún voto al Partido Popular servirá para situar a un político independentista en la Generalitat o para aceptar la celebración de un referéndum que separe a Cataluña del resto de España”. Expresado de forma más directa y sintética, los argumentos de C´s no son diferentes: “Pondremos fin al ‘procés’ separatista, recuperaremos la normalidad y la autonomía de Cataluña y trabajaremos por restaurar la convivencia entre todos los catalanes”. Tanto uno como otro confían su estrategia de campaña al incremento de la participación y al cálculo de que la mayor parte de los abstencionistas de 2015 están en contra de la independencia.

Sin embargo, con sus votos, los electores asumieron y cerraron filas en torno a algunos planteamientos, sin que los partidos explicaran cuáles serían los siguientes pasos. Con ello, indirectamente pusieron en evidencia varios olvidos y errores de interpretación:

- Contrariamente a lo previsto, el incremento de la participación benefició, en general, a los unionistas, pero no lo suficiente. La suma de C´s, PSC y PP obtiene 293.420 votos más de los obtenidos en 2015, pero la suma de JxCat, ERC y CUP obtiene también más, en concreto 112.830. Catalunya en Comú-Podem pierde 41.253 votos. Estos datos ponen de relieve una participación casi excepcional en la historia electoral catalana y dan idea de la importancia que los votantes otorgaron a estas elecciones.

- Los partidos independentistas otorgan plena validez al referéndum convocado el 1 de octubre, y a su carácter decisorio, sin valorar la limitada participación; y ello al margen de la prohibición legal y de los obstáculos expresos conocidos. Con todas las salvedades y justificaciones, no se puede olvidar que los votantes del 1 de octubre fueron 286.217, con una participación del 43%. Un número notable de votantes, pero claramente insuficiente para la finalidad pretendida.

- A pesar de las posiciones de cada uno de los bloques, no se aprecia una absoluta homogeneidad de valoraciones. Por ejemplo, la DUI sólo es apoyada por el 35,9% de los encuestados por el CIS, doce puntos menos que el total del voto independentista. Este dato pone de relieve las fuertes dudas que la viabilidad y evolución del ‘procés’ sigue mereciendo en una parte del electorado. Es más, más del 43% sigue creyendo que este finalizará con algún tipo de acuerdo con el Gobierno central y sólo el 16% cree que finalizará con la independencia.

- El porcentaje de la población que rechaza la aplicación del artículo 155 es elevado, y supera ampliamente el de los votantes nacionalistas: el 73,7% entre los que están muy en desacuerdo y bastante en desacuerdo. Este dato apunta a un fuerte apego a las instituciones propias, con independencia de la valoración que se haga de las actuaciones del Govern y del Parlament. El acuerdo con la actuación del Gobierno central alcanza sólo al 14,8% de los encuestados por el CIS, mucho menos que la suma del voto unionista.

- Se aprecia un fuerte componente del voto emocional. La aprobación de las leyes de conexión y la proclamación de la DUI, junto a la intervención de la autonomía por el Gobierno y la prisión o exilio de relevantes representantes políticos y sociales aportan unos argumentos muy sólidos y que actúan como banderín de enganche de los respectivos electorados. Además, la emocionalidad del voto se fue intensificando conforme transcurría la campaña electoral y pudo decidir el voto en las últimas veinticuatro horas. En esta situación, la suma de sentimiento y de voto útil permitió los buenos resultados de C´s y de JxCat a la vez que laminó las esperanzas de las candidaturas que podían desempeñar un papel bisagra en el Parlament.

- El avance en votos de los partidos independentistas sigue sin ser suficiente para superar con claridad el 50% de los votos válidos emitidos. No obstante, de cara al futuro, un análisis más detallado pone de relieve dos posibles lecturas de este voto: alcanza holgadamente el umbral del 50% entre los menores de 34 años, pero no sube de forma significativa en los municipios con mayor población de origen inmigrante y en zonas de predominio lingüístico castellanoparlante y que agrupa a una parte fundamental de la población (Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona, Mataró y Santa Coloma). Es más, los datos en estos nueve municipios y su evolución en los últimos treinta años ponen de relieve sólo un ligero incremento del voto nacionalista cuando no el simple estancamiento (crecimiento de 2 puntos en Badalona y de 1 en Santa Coloma y ligeros retrocesos en los demás municipios). Queda por lo tanto la duda de si en el futuro en las opciones electorales prevalecerán los motivos generacionales o los procedentes del origen y ambiente cultural.

 

(*) José María Pérez Medina es politólogo e historiador

La 'kelly' que cambió el mundo

Por: | 02 de enero de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

യാത്ര_തുടങ്ങുവാന്__തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു_.

La plataforma tecnológica Uber está cambiando los servicios de transporte en las ciudades.

 

Elsie Parrish era lo que hoy en día se conocería en España como ‘una Kelly’. Trabajaba como camarera en un hotel del estado de Washington (no la ciudad) en Estados Unidos en los años 30. Seguramente sin proponérselo, puso en marcha una serie de eventos que transformaron la vida económica y social de aquel país. Curiosamente, la historia que comenzó con Parrish continúa hoy llena de vicisitudes que involucran, igual que en aquel entonces, las ‘kellys’ de nuestro tiempo y, como lo dejó claro recientemente el Tribunal Europeo de Justicia, los conductores de taxi. En el fondo, el hilo que une a todos estos acontecimientos es una de las preguntas fundamentales de nuestro tiempo: ¿qué es una empresa?

Elsie Parrish denunció a su empleador acusándolo de incumplir la ley de salario mínimo aprobada por el estado de Washington. El hotel trató de impugnar dicha ley alegando que violaba la libertad de contrato. En otras circunstancias, el hotel hubiera tenido las de ganar. La Corte Suprema había emitido consistentemente fallos a favor de la libertad de las empresas frente a cualquier tipo de regulación en las relaciones laborales. Pero los tiempos habían cambiado. Para cuando la Corte tuvo que decidir, acababa de pasar la elección presidencial de 1936 donde Roosevelt ganó clamorosamente la reelección. El ‘New Deal’ había obtenido un sólido mandato popular. Los detalles del cambio de curso en la Corte siguen siendo objeto de especulación, pero no hay duda de que este caso, junto con otros similares casi al mismo tiempo abrieron las puertas a un nuevo paradigma jurídico en el que las empresas dejaron de ser vistas como enclaves semifeudales, investidas de todo tipo de privilegios de puertas para adentro y empezaron a ser susceptibles de ser reguladas por las autoridades públicas.

Pero a ese punto se llegó no solo por decisiones jurídicas que, al fin de cuentas, suelen ser más bien la culminación de cambios más profundos. Detrás del caso de Parrish había una larguísima historia de conflictos en torno a los derechos laborales. Precisamente, no es gratuito que fuera una camarera la que tuviera que recurrir a los tribunales. En oficios más masculinos, con aglomeraciones obreras más grandes, tradicionalmente habían sido los trabajadores mismos los que habían acudido a la huelga para negociar. (Estados Unidos durante el siglo XIX fue, de lejos, el país con más huelgas entre las economías industrializadas.)

Los cambios tecnológicos del siglo XIX contribuyeron a crear la fábrica moderna, y con ella los sindicatos, reemplazando al viejo sistema de ‘putting out’ tan común en la primera industria textil que consistía en lo que hoy en día llamaríamos externalización. Ahora, una vez más en virtud del cambio tecnológico, nos encontramos ante un nuevo cambio de ciclo. Las nuevas aplicaciones de internet han hecho que vuelva el ‘putting out’ (ahora bajo el eufemismo de emprendimiento) donde trabajadores aislados, sin poder de negociación, venden sus servicios en condiciones fluctuantes e inestables.

Aunque en este momento ocupe los titulares de noticias, no es solo Uber. Traductores, contables, chefs, mensajeros, todo servicio ahora es susceptible de ser externalizado mediante una plataforma digital de manera que la empresa ya no asume los riesgos, ni tiene que mantener una capacidad instalada, transfiriéndole los costos que todo esto implica al trabajador.

Los cambios tecnológicos no se revierten. Las nuevas plataformas digitales llegaron para quedarse. La pregunta es cómo va a responder la sociedad, las empresas y el Gobierno. Hasta ahora todos los actores están apenas empezando a entender la magnitud del cambio. Quedan muchas preguntas en el aire.

Contratos laborales

Por ejemplo, ¿cómo se deben regular los contratos laborales en estos sectores que habitan una tierra de nadie entre el empleo tradicional y el trabajador autónomo? ¿Debe acudirse a más regulación o basta con fortalecer el régimen de inspección? ¿En caso de optarse por más regulación, debe ésta venir de Europa? ¿Son suficientes las instituciones actuales de diálogo social para canalizar los conflictos que puedan surgir, o es necesario crear nuevas formas de representación? Todo esto sin haber entrado a problemas de más largo plazo como el del impacto que estas nuevas formas de contratación puedan tener sobre el régimen pensional.

El Estado del bienestar moderno, el que en Estados Unidos se puso en marcha con la denuncia de Elsie Parrish, está construido sobre un pacto social articulado en torno al mundo del trabajo. Es el trabajo la fuente de derechos y responsabilidades básica para todo ciudadano. Esto es particularmente cierto en España, más que en otras economías que han optado por, por ejemplo, desligar las pensiones del empleo. Por eso mismo, todo lo que cambie la organización del trabajo es un terremoto con epicentro muy en lo hondo de aquel Estado del bienestar. Cuanto antes se reaccione, mejor. ¿En qué hotel estará trabajando la nueva Elsie Parris?

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

¿Por qué África?

Por: | 22 de diciembre de 2017

NICOLÁS SARTORIUS (*) 

 

17396661_303

Sesión plenaria de la Unión Africana, en su sede central de Adís Abbeba.

 

La Fundación Alternativas ha decidido abrir una ventana en su página web titulada ‘Hablemos de África’ y crear una línea de actividad específica dedicada a temas africanos. Durante muchos años España ha estado volcada, por razones conocidas, a los temas europeos y latinoamericanos. En los últimos tiempos también se ha empezado a prestar alguna atención a los asuntos asiáticos, en especial a China y su entorno. Pero África, de manera incomprensible, ha quedado un tanto olvidada si exceptuamos nuestra tradicional relación con Marruecos y, en menor medida, con Argelia.

No obstante, parece que se nos hubiera olvidado que el continente africano es nuestra frontera sur y que de las relaciones que tengamos con muchos de sus países dependen cuestiones vitales para nuestra sociedad, tanto española como europea. Se trata de un continente que cuenta ya con 900 millones de habitantes, con un crecimiento anual de su población del 2,3% de media -a este ritmo en 40 años habrá doblado su población-, una tasa de fertilidad de 4,8, casi cuatro veces la española, y una media de esperanza de vida algo por encima de 50 años. Lo que quiere decir que, con una mejora de las condiciones de vida, sobre todo sanitarias, el crecimiento de la población puede ser explosivo.

Eso sin contar que hay países como Níger o Liberia, y algunos otros, cuya población crece a un ritmo del 4,5% anual, lo que supone doblar la población en 20 años. Una población, por otra parte, muy joven y con una media de renta por cabeza que no llega a los 800 dólares, es decir, 37 veces inferior a la española. Esta es una de las razones por las cuales las grandes migraciones proceden de esa parte del mundo, del África subsahariana, y el crecimiento de ese auténtico éxodo será cada vez mayor si no se implementa un potente plan de desarrollo de toda el área que únicamente podría y debería encabezar la Unión Europea en su conjunto.

China se ha dado cuenta hace tiempo de las potencialidades de África y está penetrando con fuerza por cuanto es el continente que contiene las mayores reservas de materias primas del globo, necesarias para el futuro crecimiento. Lo malo es que no ha sido solo China la que se ha percatado de estas posibilidades, también el terrorismo internacional ha escogido algunas zonas de este vasto continente como base de sus operaciones, en especial en el Sahel. Lo que plantea, sin duda, un problema muy serio de seguridad al conjunto de Europa como ya estamos comprobando.

Por estas y otras razones pensamos que es imprescindible prestar cada vez mayor atención a los países africanos, huyendo de cualquier mentalidad de superioridad o colonialista de antaño, sino poniendo en marcha una auténtica cooperación al desarrollo en beneficio mutuo, porque nuestro bienestar y seguridad dependen, en buena medida, de ese desarrollo. De ahí que sea positivo que no solo España sino también Francia -con larga experiencia en el continente- y, sobre todo, Alemania hayan comprendido que nuestro futuro se juega en un continente tan cercano geográficamente y tan lejano, durante años, de nuestras prioridades en política exterior. Es hora de superar esta deficiencia no de manera retórica sino con una estrategia que vaya acompaña con medios e ideas claras.

 

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

Las ciudades y la cultura, un binomio de éxito

Por: | 20 de diciembre de 2017

INMACULADA BALLESTEROS (*)

 

47b1837260de732c72736b617847efbe

Imagen del Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas. / DL

 

La cita anual que convocamos, junto a la Fundación Santillana, con motivo del Foro de Industrias Culturales la hemos dedicado en esta ocasión a la cultura en la ciudad. Queríamos que los alcaldes hablaran de la importancia de la cultura en la planificación estratégica de sus territorios. Tal vez pretendíamos abarcar mucho para el poco tiempo del que disponíamos y lo extenso del argumento. Por fortuna Pau Rausell, experto en economía de la cultura, nos ayudó a encuadrar los temas más relevantes a los que se enfrentan las ciudades en esta época de cambios disruptivos. La cultura en las ciudades se ha convertido en un elemento esencial de la planificación estratégica. Se necesitan nuevas políticas culturales para las nuevas necesidades urbanas. Y es necesario mejorar el análisis de la información para aportar soluciones desde las ideas, el conocimiento y la diversidad.

Partiendo del supuesto de que la cultura está en todas partes, sabemos también que está presente en las transformaciones que la tecnología está provocando en nuestras vidas. Por este motivo es importante reivindicar la presencia holística del sector en la planificación territorial y favorecer alianzas con otros sectores, pues la cultura aporta valor, ideas y creatividad y es el garante de la diversidad.

En las ciudades la presencia de la cultura es cada vez mayor. Aparece incardinada en las políticas de innovación, desarrollo económico, cohesión social y en las estrategias de relación con otros territorios. De esto también se habló en el European Culture Forum[1] que se celebró en la ciudad de Milán a principios de diciembre. El Culture and Creative Cities Monitor [2], publicado por la Comisión Europea en julio de este año, señala que, en Europa, París es la ciudad de referencia para aquellas de más de un millón de habitantes. Lidera los cinco indicadores relacionados con la innovación y la creatividad. La sigue Copenhague, con cerca de 500.000 habitantes y un elevado número de puestos de trabajo vinculado con las industrias creativas, pero, sobre todo, con un alto índice de tolerancia al extranjero. Edimburgo y Eindhoven son la referencia para las ciudades más pequeñas, siendo esta última líder en teatros y cines. Algo extraño para nosotros si comparamos la situación de estos espacios en las ciudades españolas de menor tamaño. Lo que sí queda claro en este estudio es que el tamaño de la ciudad no es determinante para invertir en cultura y creatividad. Es más, las ciudades más pequeñas puntúan mejor en relación con las de mayor tamaño.

En definitiva, las ciudades son el territorio en el que se demuestra que la cultura mejora la calidad de vida de sus habitantes. Nuestros alcaldes hablaron de esto en el Foro de Industrias Culturales. Las políticas culturales de las ciudades están transformándose porque han demostrado que pueden recuperar espacios degradados como ha ocurrido en Málaga; atraer talento como ocurre en la pequeña localidad de Urueña; contribuir al mantenimiento de espacios patrimoniales, como en Segovia y Alcalá de Henares; y favorecer el diálogo intercultural mejorando la cohesión social como en Madrid.

La cultura es un lugar de encuentro. Los acontecimientos culturales nos permiten compartir con el otro sin nacionalidades ni credos. Necesitamos favorecer esos espacios para conseguir ciudades inclusivas, creativas y felices.

 

[1] https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/events/20171207-european-culture-forum-2017_en

[2] http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-06-2017-new-monitor-shows-how-culture-and-creativity-help-cities-to-thrive

 

(*) Inmaculada Ballesteros es directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

¿Por qué el pragmatismo en Europa es un falso amigo?

Por: | 14 de diciembre de 2017

CARLOS CARNERO (*)

 

26876743232_0901757a6f_bJean-Claude Juncker, Angela Merkel y Martin Schulz.

 

Nos conmina Timothy Garton Ash desde su columna en 'El País' a que la Unión Europea guarde un año de silencio y se olvide de proyectos de futuro, limitándose a conservar lo conseguido, que es sin duda mucho, muchísimo en realidad.

El problema es que si siguiéramos el consejo del respetado intelectual británico conseguiríamos probablemente poner en riesgo lo ya construido por vía de achatarrarlo, feliz término que escuché por primera vez a Carlos Westendorp, siendo él secretario de Estado para la UE y yo eurodiputado.

Achatarrarse es oxidarse y eso podría ocurrirle a las instituciones y a las políticas europeas si no son capaces de culminar su desarrollo y estar así en condiciones de responder a los desafíos que tenemos por delante en tiempo real. Por ejemplo: en caso de una nueva crisis, ¿bastarán los elementos de unión económica que hemos puesto en marcha durante la actual? No, sería como saber por dónde hace aguas el barco y no taponar la vía pensando en la próxima tormenta. Quedarían a todas luces obsoletos por incompletos, generando problemas y desafección ciudadana.

Por eso el pragmatismo en asuntos europeos suele ser un falso amigo, que parece lo que no es: tiende a asumir la bandera de la defensa de los intereses cotidianos de la ciudadanía frente a los grandes discursos de los políticos, cuando en realidad busca -conscientemente o no- frenar la toma de decisiones que permitiría de verdad solucionar los problemas reales de la gente.

Porque ¿quién es más pragmático en el sentido de encontrar soluciones: el que nos dice “déjenlo estar, no merece la pena intentar que haya eurobonos o un seguro de desempleo complementario europeo”, sabiendo que cuando lleguen los choques asimétricos de una crisis las consecuencias de no tener instrumentos como esos las pagarán los sectores y países más vulnerables de la UE, o quien propone contar con tales herramientas para evitar la repetición de los pasados -y recientes- dramas económicos y sociales?

Por eso es tan importante, ahora que el Reino Unido se encamina a irse de la Unión -y digo parece porque, como acaba de afirmar Theresa May al referirse al principio de acuerdo de salida entre Londres y Bruselas, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, y menos aún tras el varapalo que Downing Street acaba de recibir en los Comunes, que se han atribuido el poder de votar el compromiso final antes de que se firme-, que los principales estados miembros hablen del futuro de Europa, que es tanto como hablar de su presente.

Espíritu federalista

Francia e Italia están lanzando ya propuestas ambiciosas para la profundización política que conectan con la recuperación de un espíritu federalista en la UE, posiblemente la única vía de hacer frente a los discursos escépticos o populistas que la han situado como el enemigo principal a batir para parar y revertir décadas de progreso económico y social. Si hay Gobierno de gran coalición en Alemania –algo de lo más sensato y conveniente para la Unión, creo-, el líder del SPD, Martin Schulz, ha dejado claro cuál es su demanda esencial a Angela Merkel: avanzar hacia la Europa federal, nada menos, lo que situaría a Berlín en una onda coincidente con la de Macron.

El apoyo y, mejor aún, la participación de una España en la que el consenso a favor de una unión política federal europea incluya a una inmensa mayoría ciudadana y política sería clave si París, Berlín y Roma (ojalá que Italia solvente la sombra de Berlusconi y el populismo en general en las próximas elecciones parlamentarias) echan a andar en esa dirección. De ahí que hayamos recibido con alegría el concierto entre los gobiernos de Francia, Italia y nuestro país a favor del establecimiento de una circunscripción comunitaria para las próximas elecciones europeas de 2019 (ya están aquí), que permita votar a 50 -o el número que sea- candidatos saltando las fronteras de las circunscripciones nacionales: algo nítidamente federal.

Para eso es fundamental que la opinión pública se active y sí, se ilusione con grandes proyectos de futuro. Porque el pragmatismo como bandera termina llevando a pocos sitios buenos y a bastantes malos. Por ejemplo, al Brexit, que nadie desearía más que el que esto escribe fuera sustituido por un Breturn.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Las defensoras indefensas

Por: | 11 de diciembre de 2017

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Mujeres_defensoras_de_los_derechos_humanos.jpg_751523899Imagen de un acto organizado por las defensoras de los derechos humanos.

 

El pasado 29 de noviembre, junto a otras efemérides, como por ejemplo la jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino, se celebró el día internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Da la sensación que a pesar del clamoroso título, pocas personas cayeron en la cuenta de esta realidad, a pesar de estar decretado desde 2006.

Es cierto que en nuestro nivel de concienciación con los distintos problemas y conflictos que recorren el mundo, seguimos priorizando, quizá sin voluntad de hacerlo, a unos sobre otros. Esta circunstancia nos conduce a un cierto grado de injusticia que arrastramos con más pesar que con la determinación cierta de que no ocurra.

Entre esas situaciones terribles que se arrinconan frente a otras, está sin duda esta, la de las defensoras de los Derechos Humanos. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IMD) es una tarea loable y valiente para que esto no suceda, al menos por factores tales como el silencio y la invisibilización. Centroamérica es una de las regiones del mundo más castigadas por las ‘plagas’ relacionadas con la violencia. Un territorio donde las mujeres se ven –nunca mejor dicho- solas ante el peligro, y son ellas mismas, empujadas por su propia iniciativa y alentadas por su valor, cuando no por su temeridad, quienes han protagonizar la lucha contra todo aquello que o no tienen o se les ha arrebatado, porque las autoridades no colaboran en ese cometido, y los riesgos acechan por todos los lados.

Madres que buscan a sus hijos, siquiera para darles sepultura, trabajadoras que reclaman un salario justo a un trabajo agotador, campesinas que defienden sus labrantíos porque están amenazados por proyectos enemigos del medio ambiente y destructores de su ecosistema social y tradicional. En esta titánica tarea no sólo no cuentan con ayuda, sino que transcurre por un sendero de dificultades, amenazas y violencia.

Lugares donde la vida de unos no vale lo mismo que la vida de otros, y donde la coacción, la amenaza de la violencia y su utilización calculada y certera tienen como diana señalada a estas mujeres; porque añadido lleva un contenido de violencia de género innegable. No sólo sufren maltrato y violencia de todo tipo por defender unas causas propias, sino que de forma directa la sufren por ser mujeres. No pensemos únicamente en el ejercicio de la violencia sobre ellas, sino también que han de sortear la presión, nada amable, desde su propio entorno con todo tipo de medidas (desde conminándoles a perder a sus hijos, o bien con el encierro en la casa), porque lo que algunas de estas mujeres callan son las agresiones recibidas fuera de su entorno, para que éste no ‘continúe’ con su presión.

Los verdugos de estas luchadoras proceden desde el ámbito de sectores de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, al ámbito de la seguridad privada, e incluso personas de su propio entorno familiar o social, tanto por su criterio como por evitar ser señalados en su ámbito comunitario.

Expertas feministas del MPDL han observado esta problemática, y señalan algunas claves explicativas de esta execrable situación. Potenciadores como la consolidación del militarismo en todas sus formas, es decir como articulador de la violencia como forma de vida, el incremento de las visiones religiosas más conservadoras que obstaculizan un ejercicio razonable de los derechos sexuales y reproductivos, o la denuncia de la ‘ideología de género’ como un anatema. También aquí habría que citar el asentamiento del modelo económico neoliberal que cercena las inversiones sociales, fomentando la desigualdad y recluyendo a las mujeres en la economía más informal y precaria.

Es necesario también señalar cómo impulsa esta horrenda situación el crecimiento de la industria extractiva y los monocultivos extensivos, que favorecen los intereses de las multinacionales agroalimentarias y energéticas frente a los proyectos propios de las personas que han vivido siempre en esos lugares. Al arrebatar a las mujeres sus cultivos tradicionales las convierten en más dependientes económicamente y, por tanto, aumentan su vulnerabilidad.

Tácticas de protección integral

Merece la pena, aunque sea sólo citar las propuestas que se hacen para concretar una estrategia de protección desde las organizaciones feministas que estudian y apoyan a estas mujeres. Queda más o menos claro que son el desarrollo de tácticas de protección integral, como es el apoyo a las redes existentes, la financiación a las actividades de apoyo y amparo, el registro y la sistematización de las agresiones y su visibilización.

Pero no sólo por parte de estas iniciativas se insiste en la necesidad del ‘autocuidado’, es decir que las mismas defensoras han de tomar conciencia primero, y hacerlo después, que ellas mismas tienen que cuidarse preventivamente. Tan estratégica es esta necesidad que es común que se olvide en la propia presupuestación de los fondos que reciben, y muchas veces es esto es lo que constituye el eslabón más débil de la cadena de protección: ellas mismas.

Se precisa por tanto una toma de conciencia de esta realidad que, desde aquí, y aquejados de nuestros propios problemas, nos parece lejana en el mejor de los casos, cuando no, desconocida; sumergida en la cascada de otros conflictos que mediáticamente llegan antes, pero debemos ayudar a visibilizar este problema que nos avergüenza como especie humana. Falta mucho camino por recorrer, por ejemplo trabajar más a fondo por el reconocimiento del estatus de ‘defensora’.

Es fundamental recaudar fondos, como está haciendo ahora mismo Calala, y sensibilizar en el sentido de que algunas de esas partidas sean específicamente destinadas para actividades de autocuidado de estas mujeres.

Las cifras son sobrecogedoras, más de tres mil mujeres asesinadas en Centroamérica en 2016, según los datos facilitados por PikaraLab; entre 2012 y 2016, al menos 53 defensoras han sido asesinadas, siendo el total de las agresiones 3886, según los datos ofrecidos en el Pronunciamiento IM-Defensoras de este 29 de noviembre de 2017. Son números suficientemente elocuentes para tomar partido urgente a favor de unas mujeres que se están enfrentando solas a situaciones que nos costaría mucho siquiera imaginar.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

RODRIGO BALLESTEROS (*)

 

SmartCityExpoWC3-640x360Imagen del Smart City Expo World Congress de Barcelona.

 

Del 13 al 15 de noviembre tuvo lugar en Barcelona el Smart City Expo World Congress (SCEWC), con la asistencia de más de 18.000 personas y la participación de representantes de más de 700 ciudades del mundo. Uno de los temas centrales del evento giró en torno al concepto de ‘ciudad inteligente’. 

Durante una semana se escucharon preguntas como ¿qué es una ciudad inteligente y para qué sirve? ¿Qué conforma una ciudad inteligente? ¿Cuáles son esas ciudades inteligentes?

Sin duda la respuesta que más recibimos fue: “Es tecnología que sirve para lograr que las ciudades sean más habitables y sus gobiernos puedan ejercer sus funciones más eficientemente en beneficio de sus ciudadanos”. Siendo parcialmente cierta esta definición, resulta interesante mirar y comparar este concepto con el debate nórdico, que en estos momentos más que de ciudades, versa sobre sociedades inteligentes que incorporan procesos muy interesantes y dignos de considerar.

El compromiso de ciudadanos y gobierno como base de las sociedades inteligentes

Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia estuvieron presentes en la SCEWC con un estand nórdico en el que alrededor de 500 participantes y 40 expositores entre ciudades, clústeres y empresas tomaron parte en diversos seminarios, mesas redondas y reuniones entre ciudades y empresas en los que se desarrolló el debate nórdico acerca de que como deberían ser las ‘sociedades inteligentes’.

En contraste con el concepto genérico de ciudades inteligentes como un conjunto de ‘herramientas tecnológicas’ al servicio de la sociedad, los diferentes foros dentro del estand nórdico aportaron al debate un elemento imprescindible para hacer de este un diálogo inteligente: el compromiso de los componentes de la sociedad en un proceso innovador y participativo y que aún se encuentra en construcción en los países nórdicos y en otras naciones del mundo.

Siendo los países nórdicos conocidos por su alta y comprometida participación ciudadana en los procesos de gobernanza, no se podría entender un modelo de sociedad inteligente sin un compromiso real y una participación activa de los componentes de la misma en la definición de problemáticas y una transparencia en los procesos para la solución de los mismos. Así las cosas, la ‘inteligencia’ de la sociedad y sus ciudades no se restringe a tecnología como herramienta de resolución de problemas, sino que debe de incorporar procesos que le doten de racionalidad, solidez y legitimidad a los proyectos de las ciudades

En la definición de cuáles son las problemáticas de las sociedades y sus ciudades, el elemento fundamental es el compromiso de los ciudadanos en colaboración con sus gobernantes. La definición de las necesidades de las ciudades debe dejar de ser sólo una decisión política y pasar a ser el resultado de la interacción entre ciudadanos y gobiernos. Sólo así se logrará definir problemas reales a resolver y se validarán las acciones y proyectos a realizar. 

La colaboración público-privada en la resolución de los retos de la sociedad

Una vez definidas las problemáticas de las ciudades por parte de ciudadanos y gobiernos, el siguiente reto es cómo llegar a soluciones concretas, racionales y consensuadas. El debate aquí al respecto es cómo lograr una eficiente colaboración público-privada en el que los gobiernos locales expongan a la industria las problemáticas y se les invite a dar soluciones tecnológicas. Y el siguiente paso es cómo hacerlo de forma transparente y abierta, en contraposición a la tradición de poner a concurso proyectos definidos unilateralmente y que podrían más de carácter político que de funcional.

Hasta aquí se centra el debate nórdico respecto a las sociedades inteligentes, quedando aún varios retos por debatir y a los cuales dar solución, y que entre otros comprenden: 

  • ¿Cuáles y cómo deben ser los mecanismos concretos de participación ciudadana en los procesos de definición de las problemáticas de las ciudades?
  • ¿Qué mecanismos eficientes y transparentes para la colaboración público-privada deben de crearse para mantener el equilibrio entre la gestión pública de los gobiernos y el quehacer comercial de la industria privada?
  • ¿Cómo se pueden aligerar los procesos relacionados con concursos públicos para estimular la participación del sector privado en la validación de soluciones tecnológicas y su participación en procesos respetando las leyes de competencia, pero incrementando la eficacia del proceso en tiempos y plazos? 

El debate nórdico sin duda aporta nuevos elementos en la redefinición del concepto de ‘ciudades inteligentes’ que bajo esa denominación sin duda podría concebirse sólo como ese conjunto de herramientas tecnológicas al servicio de la sociedad. Al añadir elementos nuevos como el compromiso de ciudadanos, gobiernos y sector privado, el debate nórdico eleva el concepto a ‘sociedades inteligentes’ en las que las herramientas tecnológicas son parte de un proceso participativo, transparente e inclusivo. ¡Bienvenidos al diseño de la inteligencia de la sociedad!

 

(*) Rodrigo Ballesteros es adjunto al consejero de Comercio y Turismo de Noruega

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal