Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

¡En pie capitalistas!

Por: | 16 de noviembre de 2017

BRUNO ESTRADA (*)

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Con el título ‘¡En pie capitalistas!’ se publicó hace un par de años un libro escrito por un alto ejecutivo estadounidense de origen rumano, Peter Georgescu. En este libro el autor critica la creciente desigualdad de la sociedad estadounidense haciendo hincapié en su principal causa: la cada vez mayor disparidad salarial que se produce en las empresas de EEUU.

Georgescu analiza lo que está pasando en el interior de las compañías. Él, indudablemente, es buen conocedor del modelo de gestión empresarial imperante en EEUU. Fue director ejecutivo (CEO en terminología anglosajona) durante muchos años, sabe de qué habla. El modelo de gestión que empezó a ser dominante en EEUU a partir de los años setenta y ochenta, y luego se ha extendido a gran parte del planeta, es el que definió Milton Friedman en 1970: la única preocupación de los directivos debe ser aumentar los beneficios de la empresa para los accionistas.

A partir de entonces dos perniciosas ideas se esparcen en el campo de la gestión empresarial: 1) el principal objetivo de los directivos empresariales es maximizar el valor de la acción a corto plazo, por tanto la empresa ya no es un lugar donde hay que llegar a consensos internos entre los trabajadores y los accionistas, lo que ha incrementado la financiarización de actividad productiva; 2) las grandes empresas deben concentrar su actividad en la parte del proceso productivo que tiene menos competencia, que crea más valor porque se puede ejercer poder de mercado, externalizando gran parte del resto de la actividad productiva más estandarizada, a la que más se puede restar valor.

El resultado de ello es, en las propias palabras de Georgescu, que “los principales accionistas de las empresas exigen la máxima rentabilidad a corto plazo, aunque eso perjudique la salud de la empresa. Han olvidado las bases de la buena gestión empresarial y, en su lugar, solo se dedican a recaudar dinero (…) Son como esos terroristas que toman rehenes, con el director ejecutivo como rehén estrella. Estas bandas avariciosas (de accionistas) despojan a la empresa de sus activos fundamentales y los venden después en el mercado, dejando a la compañía con muchas menos oportunidades de tener éxito a largo plazo”.

Geogerscu no se queda solo en la denuncia y se pregunta, y también lo hace a un buen número de altos ejecutivos a los que entrevista, qué se puede hacer para corregir esta situación. La respuesta de uno de los CEOS entrevistados es demoledora: “Tienes toda la razón pero no se puede hacer nada. Si subo los salarios me crucifican en la próxima junta de accionistas. Es un suicidio para alguien de mi posición”. Todos los directivos coincidían en que tomar una decisión de ese tipo era demasiado arriesgado para ellos. Podía ser lo mejor para sus empresas a largo plazo pero no lo mejor a corto plazo para sus carreras profesionales.

Los resultados de este modelo de gestión empresarial son evidentes en términos sociales: el empleo precario y los bajos salarios hacen que millones de trabajadores sean incapaces de salir de la pobreza, se incrementa exponencialmente la desigualdad y la clase media se reduce en las sociedades desarrolladas. Reequilibrar el poder en las empresas entre accionistas y trabajadores es, pues, un elemento básico para construir sociedades más inclusivas y también para hacer empresas más competitivas a medio y largo plazo.

Desaceleración del crecimiento

A una conclusión similar ha llegado Jordan Brennan, economista de Unifor, el principal sindicato canadiense del sector privado y miembro del Canadian Centre for Policy Alternatives, que ha realizado una profunda investigación: ‘Incremento de la concentración empresarial, debilitamiento del poder sindical y aumento de las desigualdades: la prosperidad americana en una perspectiva histórica’, sobre la relación entre la desaceleración del crecimiento económico y el crecimiento de las desigualdades en Canadá y EEUU. Brennan concluye que en aquellos lugares y épocas donde el poder de negociación de los trabajadores ha sido mayor y, por tanto, la riqueza se ha distribuido de forma más equitativa y los salarios han tenido un mayor peso en la economía, se ha registrado un mayor crecimiento económico, se ha incrementado la inversión productiva y se ha creado más empleo y de más calidad.

La experiencia sueca de los años ochenta nos apunta en la misma dirección. En 1984 el gobierno sueco aprobó una ley, que estuvo vigente durante siete años, que obligaba a las empresas a emitir acciones nuevas que se asignaban individualmente a los trabajadores, aunque eran gestionadas colectivamente en lo que se denominaron Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores, cuando el trabajador se jubilaba recibía las acciones como parte de su pensión.

 En 1991, el volumen total que habían alcanzado dichos fondos era de 2.000 millones de euros, un 7% del total de las acciones cotizadas en la Bolsa sueca. Esta original y gradual experiencia sueca fue capaz de propiciar un fuerte crecimiento de la economía repartiendo la riqueza generada como nunca se había hecho hasta ahora. Durante los siete años en los que estos Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores estuvieron vigentes, el PIB per cápita de Suecia, según datos del Banco Mundial, se multiplicó dos veces y media, pasando de 12.914 $ en 1984 a 31.374 $ en 1991.  El PIB per cápita sueco en 1984 apenas representaba el 76% del PIB per cápita estadounidense, y en 1991 alcanzó el 128%. El desempleo en Suecia en 1990 se redujo hasta la ridícula cifra del 1,7%.

En la Suecia de los años ochenta gran parte de los beneficios empresariales en lugar de ir a los bolsillos de los accionistas, como nos cuenta Georgescu que sucede actualmente en la mayor parte de grandes empresas estadounidenses, fueron reinvertidos en las propias empresas suecas: creando más empleo, invirtiendo en formación de los trabajadores, en innovación tecnológica o en inversiones en bienes de equipo que modernizaban los procesos productivos.

Podemos optar por seguir dejarnos llevar por el comportamiento sistémicamente estúpido y suicida del capitalismo financiero que convierte a las empresas -incluidos sus trabajadores-  en meras mercancías, o podemos apostar por un fuerte reequilibrio de poder dentro de las empresas en el cual tienen que jugar un papel fundamental los trabajadores, y sus sindicatos. Por democratizar la empresa tal como propuso, ya en 1932, el entonces ministro de economía sueco: Ernst Wigfors.

 

(*) Bruno Estrada es economista y adjunto al secretario general de CC.OO.

Puigdemont y la racionalidad de la toma de decisiones

Por: | 13 de noviembre de 2017

ANSGAR SEYFFERTH (*)

 

Imagen post Ansgar Puigdemont

 

El errático rumbo del destituido presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, nos proporciona un interesante caso de estudio sobre la racionalidad de la toma de decisiones, concretamente su decisión del 26 de octubre, que marcó el punto de no retorno: cuando ya parecía que iba a ceder ante el Gobierno español y convocar elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, renunciando (al menos por ahora) a la declaración unilateral de independencia (DUI), cambió de decisión y, lejos de convocar las elecciones, siguió adelante con la DUI, desencadenándose así la anunciada intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, inclusive la destitución del Govern catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, y agravándose seriamente sus problemas, los de sus ex consejeros y los de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán con la justicia española.

Lo que pretendemos aquí es analizar la decisión de Puigdemont desde un punto de vista meramente estratégico, es decir, cómo de beneficiosa era para sus objetivos, asumiendo que sus objetivos en este contexto eran avanzar hacia la independencia, evitar la aplicación de artículo 155 y las elecciones anticipadas y, como parece lógico, minimizar dentro de lo posible los problemas con la justicia. Claro está que una mejora en uno de estos puntos puede ir acompañada inevitablemente por un empeoramiento en otro: por ejemplo, conseguir avances hacia la independencia puede suponer más causas penales. De lo que se trata entonces es de sopesar ventajas e inconvenientes, lo cual es fácil si se trata de consecuencias meramente económicas, pero puede complicarse cuando no son objetivamente cuantificables como sucede en este caso. Entonces, la decisión óptima puede depender de qué peso se da a las diferentes ventajas e inconvenientes, es decir, de las preferencias personales de quien toma la decisión, de modo que no hay necesariamente una única decisión racional. Por ejemplo, habrá quien esté dispuesto a asumir un recrudecimiento extremo de los enfrentamientos con el Estado e ir a la cárcel con tal de conseguir avances hacia la independencia y habrá quien no lo esté.

Ahora bien, una alternativa que con respecto a la consecución de los diferentes objetivos solo presenta desventajas y ninguna ventaja frente a otra alternativa, nunca puede ser preferible, sean cuales sean los pesos que se den a las diferentes ventajas y desventajas, de modo que sería irracional elegirla. ¿Y no es precisamente eso en lo que ha incurrido Puigdemont? Cataluña está intervenida y han aumentado drásticamente sus problemas jurídicos y los de otros políticos de su entorno, sin ningún logro a cambio: la DUI se ha quedado en papel mojado sin que haya independencia ni por asomo y las elecciones, que Puigdemont se había negado a convocar, se celebrarán de todas formas, y encima en una fecha poco conveniente para el independentismo -con poco tiempo para redefinir su estrategia-.

Pero lo que hasta ahora no hemos tenido en cuenta es que se trataba de una decisión bajo incertidumbre: Puigdemont tenía que decidir si seguir adelante o ceder sin tener certeza sobre todas las consecuencias que tendría una u otra decisión. Sin duda, algunas consecuencias eran bastante previsibles, pero otras no tanto, como analizaremos más adelante. Obviamente, la incertidumbre complica la toma de decisiones, porque ya no solo se trata de comparar las consecuencias de las diferentes decisiones alternativas para ver cuál resulta mejor, sino que para cada alternativa hay que plantearse los diferentes desenlaces posibles. Hay que contemplar en paralelo diferentes escenarios que pueden producirse con diferentes probabilidades, en cada uno de los cuales las consecuencias de cada decisión pueden ser muy diferentes.

Por ello, una decisión bajo incertidumbre no debe juzgarse a posteriori según el resultado que ha dado, sino que debe valorarse teniendo en cuenta solamente la información que estaba disponible al tomar la decisión. Que luego la decisión dé el resultado esperado o no dependerá no solo de lo fundada que haya sido, sino también de factores no previsibles en su momento. Pongamos un ejemplo extremo: si alguien ha ganado mil euros en la ruleta rusa, no parece muy indicado aprobar su decisión de jugarse la vida solo porque le ha salido bien. De la misma forma, una decisión perfectamente razonable, fundada e irreprochable puede acabar saliendo mal si se ha apostado por un determinado escenario que parecía probable pero que al final no se ha producido. Veamos si aquí estamos ante un caso así. Cuando Puigdemont tomó la decisión, ¿cabía la posibilidad de un desarrollo muy diferente de los acontecimientos sucesivos, llevando a escenarios en los que su decisión hubiera resultado ventajosa?

- Acerca de las consecuencias judiciales, si bien Puigdemont no podía saber con certeza a qué se enfrentaba exactamente en caso de ceder y en caso de seguir adelante con la DUI, sí estaba claro que siguiendo adelante las consecuencias iban a ser mucho más serias que cediendo, y no solo para él.

- Con respecto al artículo 155, Puigdemont alegó que no había recibido garantías del Estado de que si cedía iba a suspenderse su aplicación. Sin embargo, 1) habría tenido estas garantías de no haber retrasado tanto su decisión, 2) la posibilidad de la intervención seguía siendo preferible a la certeza de la intervención -y continuando con la DUI había esa certeza- y 3) incluso si al final la cesión de Puigdemont ya no hubiera conseguido evitar la intervención, al menos la habría debilitado sensiblemente, rompiendo la unidad del llamado bloque constitucionalista, dado que el Partido Socialista había anunciado que en este caso ya no la iba a apoyar.

- En relación a las elecciones anticipadas, la única sorpresa fue la fecha tan cercana y tan poco conveniente para el independentismo. Que el Gobierno central iba a convocarlas al intervenir Cataluña estaba fuera de toda duda, y también que los independentistas no podían permitirse boicotearlas y perder así todo su poder autonómico. Entonces, si Puigdemont sabía que las elecciones eran inevitables, lo más indicado para sus intereses habría sido convocarlas él mismo, anticipándose al Gobierno central, en la fecha más conveniente para sus intereses.

Pues bien, si en todos estos puntos era previsible que la alternativa de ceder convocando elecciones resultase más beneficiosa para sus intereses y los del independentismo y, aun así, optó por seguir adelante con la DUI, ¿será que pensaba que la DUI podría tener un cierto éxito, al menos parcial, capaz de compensar los inconvenientes de los tres puntos anteriores? Parece muy difícil que Puigdemont pudiera creer realmente en esa posibilidad teniendo en cuenta que era previsible que el reconocimiento internacional de la República iba a ser prácticamente nulo y que, nada más declarada la independencia, él mismo abandonó Cataluña rumbo a Bruselas mientras, aparentemente, nadie de su Govern estaba trabajando en la puesta en marcha de la República ni había plan alguno de cómo reaccionar frente a la largamente anunciada intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, dejando así desconcertado y sin liderazgo al inicialmente tan ilusionado movimiento independentista.

La conclusión es que, a pesar de una serie de incógnitas, Puigdemont tenía que saber perfectamente que la decisión más indicada en aquel momento era ceder y convocar elecciones. De hecho, según informaron los medios, prácticamente ya estaba decidido a hacerlo, teniendo incluso preparado su discurso para anunciarlo, en el cual seguramente iba a alegar que lo hacía para salvar a Cataluña de la intervención. Según estas informaciones, fue su entorno –con alguna excepción como la de Santi Vila– quien le presionó y le hizo cambiar de decisión. Todo indica, por tanto, que le faltó firmeza para tomar y defender la mejor decisión y que la presión y el miedo de ser tachado como traidor pudieron con él. Solo podría interpretarse como una decisión racional añadiendo a los ya mencionados objetivos de Puigdemont otro más, el deseo de quedar bien con los suyos, que de cara a la decisión pesaría más que el conjunto de los graves inconvenientes de la DUI enumerados anteriormente.

¿Y cómo se explican las presiones a Puigdemont a favor de la DUI por parte de dicho entorno, que igualmente estaba suficientemente bien informado para saber que se trataba de una decisión perjudicial para el independentismo? Seguramente también pesaría la presión de las enormes expectativas que habían alimentado en el movimiento independentista y el miedo de que, en caso de ceder, el reproche de traición se hiciera extensible a ellos.

Asimismo, debe considerarse la posibilidad de que algunos implicados, pertenecientes al núcleo duro del independentismo, consideren la aplicación del artículo 155 y los problemas judiciales -por ejemplo el encarcelamiento de exconsejeros- no como meros inconvenientes como hemos supuesto hasta ahora, sino también como sacrificios útiles para su causa, esperando que -como la intervención policial del 1 de octubre- produzcan rechazo en Cataluña y en el extranjero y que dicho rechazo se traduzca en un aumento del apoyo al independentismo. Redefiniendo los objetivos en este sentido, la decisión de seguir adelante con la DUI se volvería perfectamente racional y respondería a una estrategia de 'cuanto peor, mejor' (muy arriesgada en todo caso pues, si el daño que la tensión causa a la economía catalana empieza a afectar masivamente a los ciudadanos, puede restar apoyos al independentismo). Se trata de una estrategia de confrontación dentro de la cual toda hostilidad desde el resto de España –desde los llamamientos al boicot de productos catalanes hasta los pitos e insultos a Gerard Piqué– es bienvenida por el rechazo que a su vez genera en Cataluña. Conviene que los españoles partidarios de la unidad nacional lo tengan en cuenta.

 

(*) Ansgar Seyfferth es director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

1450267385_429800_1450268001_noticia_normalPolución en Madrid en una imagen tomada desde la M-40, entre Pozuelo y Alcorcón. / C. ROSILLO

 

Esta semana ha dado comienzo la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Justo antes de su inicio la Organización Meteorológica Mundial avisaba de que las emisiones de gases de efecto invernadero han llegado a su máximo histórico sobrepasando ya las 400 partes por millón. Los niveles de CO2 ya están 145% por encima de los niveles pre-industriales. La acción humana se encuentra detrás de este aumento. Un aumento de la población mundial, la industrialización de la agricultura, la deforestación, el uso de combustibles fósiles para producción energía y la industrialización son las principales razones.

Los objetivos de la COP23 tienen que ver con el desarrollo de los instrumentos incluidos en el Acuerdo de París que necesitan operacionalizarse. Se debe decidir cuál será el contenido de las llamadas Contribuciones Nacionales que cada país debe presentar y que reflejarán su compromiso de reducción de emisiones y demás políticas relacionadas con el cambio climático. Los países deben acordar también las reglas de la primera revisión del Acuerdo, que tendrá lugar en 2023 pero que se inicia ya en 2018 con el llamado Diálogo Facilitador, en el que la comunidad internacional hará una revisión de la situación actual y cómo de cerca (o de lejos) estamos de cumplir con el objetivo de limitar el aumento de emisiones a 2ºC y, si aún fuera posible, de no aumentarlo más de 1,5ºC.

Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente estamos aún lejos de cumplir con el Acuerdo de París. La suma de la reducción de las emisiones comprometidas por los todos países son sólo un tercio de las necesarias para lograr el objetivo de los 2ºC. Estamos alarmantemente lejos de lo que sería necesario para mantenernos en un escenario de seguridad climática. Advierte también que se acaba el tiempo. Si no se reduce el crecimiento de emisiones de manera drástica antes de 2030, será prácticamente imposible cumplir el Acuerdo de París.

La solución está en nuestra mano. El uso masivo de energía solar y eólica, uso de aparatos eléctricos eficientes, vehículos de bajas emisiones, reforestación y parar la deforestación harían posible la reducción del 40% de las emisiones globales necesarias. Sería necesaria también una transición justa para aquellos trabajadores y trabajadoras que dependen del uso de energías especialmente contaminantes, como el carbón. Para ello, se debe asegurar que estas comunidades se benefician de una economía baja en emisiones: nuevos empleos, nuevas industrias, más innovación y un medioambiente más sano.

Además advierten que se debe prestar especial atención a las emisiones de la aviación, que no deja de crecer, y en otros medios de transporte, sin olvidar el aumento en ambición de  las medidas y regulaciones relacionadas con la construcción y los edificios, la agricultura y, por supuesto, la energía.

También anuncia buenas noticias. La reducción del uso de carbón en China y Estados Unidos y el creciente uso de energías renovables y de mejora de eficiencia energética en estos y otros países como India, ha sido clave para frenar el aumento de emisiones que vienen de la energía y de la industria. La duda radica en si estos cambios serán estables y continuarán en el tiempo o son sólo resultado de la reciente crisis económica y un nuevo crecimiento económico mundial nos situará en una nueva senda de aumento de emisiones.

Hay algunas buenas noticias más. El número de empresas que se han comprometido con una reducción de emisiones para cumplir con el Acuerdo de París es cada vez mayor, más de 150 han incluido este compromiso en su estrategia empresarial y más de 300 están en camino de hacerlo. Para ello, están aumentando el uso de energías renovables para abastecer sus necesidades energéticas, desarrollando productos y servicios bajos o nulos en emisiones (vehículos eléctricos, edificios cero emisiones y otros) y reduciendo las emisiones de sus procesos de producción.

Migraciones climáticas

Será esta también la COP en la que más se hable de migraciones climáticas. 22,5 millones de personas han tenido que abandonar su hogar desde 2008 debido a desastres relacionados con el clima. Se trata de desastres que tienen que ver tanto con los cambios graduales del clima, como las sequías, que en 2011 y 2012 asolaron Somalia, como eventos extremos del clima, como las inundaciones que destruyeron parte de Pakistán en 2010 y 2012, o los recientes huracanes que dejaron varias islas del Caribe completamente arrasadas. Según diferentes estimaciones del Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de Naciones Unidas, el número de personas desplazadas por causas ambientales podría llegar a 1.000 millones en 2050, es decir, 1 de cada 9 habitantes del Planeta, en el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero continuaran creciendo.

Uno de los problemas a los que se tendrán que enfrentar es que su estatus legal como refugiados no está reconocido internacionalmente. Actualmente, las únicas razones para ser considerado refugiado y poder ser cubierto por el derecho internacional relacionado sólo incluyen razones de raza, religión, nacionalidad, o formar parte de una organización o de un grupo político. Definir qué es un refugiado ambiental y cómo se relaciona con los impactos graduales o radicales vinculados con el cambio climático, garantizar sus derechos, organizando su acogida y eventual retorno si fuera posible, su protección efectiva y no discriminación, son algunos de los temas que necesitan ser negociados y acordados por la comunidad internacional.

Es también la COP en la que el aislamiento de EEUU ha quedado patente. Tanto Siria como Honduras, los únicos dos países del mundo que aún no se habían adherido al Acuerdo de París, han anunciado que lo ratifican. Esto deja al Gobierno de Trump como único país en salirse del Acuerdo. Ya ha anunciado que su respuesta ante el cambio climático es aumentar el uso del carbón, del gas natural y de la energía nuclear. La respuesta dentro de EEUU no se ha hecho esperar. Por ejemplo, Nueva York será neutra en carbono en 2050 y el mayor sindicato del país, AFFCIO, aprobó su primera resolución sobre cambio climático, donde reconocen que una política energética y climática ambiciosa creará empleo y será buena para el país.

Otros países continúan avanzando. China acaba de anunciar la eliminación gradual de los vehículos de combustión interna y nuevas medidas de promoción del vehículo eléctrico, y el presidente, Xi Jinping, ha reiterado su compromiso con un desarrollo verde bajo en carbono para el país, Corea del Sur reducirá el consumo de carbón y de diésel en su territorio y la nueva presidenta de Nueva Zelanda anuncia su compromiso de ser neutral en emisiones en 2050. En Europa, Italia, siguiendo los pasos de Reino Unido, eliminará el uso de carbón en su mix energético en 2025.

En España, el futuro se vislumbra complicado. Aunque aún no se conoce el contenido de la anunciada nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el ministro de energía, Álvaro Nadal, está dando pasos en la dirección contraria a los compromisos climáticos y ya avisó de que podría garantizar el funcionamiento de las plantas de carbón por decreto y evitar así su cierre. De seguir en esta senda, el cumplimiento del Acuerdo de París por parte de España será imposible.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora de Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas

El poder efectivo del Estado: un retorno a sus orígenes

Por: | 08 de noviembre de 2017

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

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Manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España. / ATLAS

 

La firme intención de alejarnos, aunque sea momentáneamente, de la crisis del modelo autonómico español e intentar tomar mayor distancia del problema catalán, nos ha llevado a plantearnos cuál es el papel actual que desempeña el Estado, en cuanto forma de organización política que hoy conocemos: cómo ejerce su poder y que es lo que los ciudadanos le demandan o esperan de él.

Los motivos para esta reflexión son claros: el soberanismo no ha logrado culminar con éxito y hacer efectiva su declaración de independencia; mientras que el poder central ha tenido que rebuscar en su arsenal legal todas las herramientas de que disponía para justificar su intervención y defender la justicia de sus exigencias.

Curiosamente, ambas partes han esgrimido la legitimidad y una pretendida superioridad ética de sus posturas: la democracia, la participación y la voluntad popular, por parte de unos. La legalidad, el respeto a la norma y, también, la democracia, por parte de otros. Es más, ambas partes han desarrollado un relato propio y han emitido unos mensajes publicitarios coincidentes en su interés en que prevalezca la bondad y la ética de su pretensión.

Desde la aparición de la forma política del Estado los argumentos que justificaron su existencia han cambiado. En los últimos cinco siglos se han sucedido diferentes teorías que han ido siendo perfiladas conforme la forma política estatal se iba adaptando a las necesidades de cada momento: primero absoluto, luego liberal, más tarde democrático y finalmente social.

Una de sus primeras justificaciones fue mantener la paz y prevenir la violencia interna, tal como lo apuntó Hobbes. Más adelante se ha justificado el Estado como defensor e impulsor de un bien común, de unos valores éticos que superan el ámbito de los egoístas intereses de los ciudadanos. Es decir, una cierta ida de justicia. También se ha argumentado que la organización del Estado es una garantía para la propia estabilidad y permanencia. E incluso se ha argumentado que el Estado defiende objetivos y valores positivos que enriquecen la vida de la comunidad y de los individuos, como el conocimiento, la responsabilidad o la virtud.

Por otro lado, ¿qué decir de la visión socialdemócrata del Estado? De forma expresa la idea de este pensamiento es la de utilizar el instrumento estatal y los medios de que dispone para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos mediante una más justa redistribución de la riqueza, que evidentemente requiere del uso coactivo del poder para imponer sus decisiones a los ciudadanos más afortunados y más reacios a mostrarse solidarios.

Sin embargo, la revisión de estas concepciones y la observación de la actual crisis del Estado español apuntan a objetivos menos elaborados y, por qué no decirlo, más arcaicos. Las posiciones expresadas en los últimos meses apelan a la autoridad, lo que inevitablemente conduce al uso del poder coactivo y a la imposición de las decisiones tomadas por la mayoría por uno u otro medio. Siempre por medios legales, obviamente; pero sin perder demasiado tiempo en atender los deseos y necesidades de la minoría, que corre un serio riesgo de permanece ajena a las decisiones más relevantes.

Valoraciones éticas

Las valoraciones éticas del comportamiento del Estado parece que han sido orilladas en estos momentos. Los actores políticos se consideran legitimados para actuar en una u otra dirección porque consideran que una mayoría de los ciudadanos les apoyan. Esto quiere decir que su actuación está amparada por la ley y que, por lo tanto, disponen de la legalidad y legitimidad necesarias para ejercer los poderes coactivos del Estado para imponer sus criterios.

Es decir, curiosamente, apelan a los instrumentos que justificaron la aparición del Estado en la Baja Edad Media: el monopolio de la legalidad y el monopolio coercitivo. Es decir, reclaman del Estado un comportamiento que parecía que había quedado superado en los últimos siglos conforme el ideal de justicia y el respeto a los derechos de la minoría ganaba espacio en las instituciones democráticas.

Lógicamente, en este escenario la negociación y el compromiso no parecen tener fácil acomodo. Y por eso, a la espera de ese momento en que se puedan encontrar puntos de encuentro entre posiciones tan alejadas, creemos que merece la pena una llamada de atención sobre la conveniencia de recuperar conceptos que parece que hayamos perdido en la evolución histórica del Estado, y básicamente las ideas de pacto y contrato social; ya que la fuerza coactiva del Estado nunca será suficiente no ya para garantizar su estabilidad y aceptación por parte de sus ciudadanos, sino para alcanzar la mínima cohesión social que necesita todo grupo humano que vive el día a día bajo unas mismas normas y que tiene que cumplir las decisiones que van adoptando los órganos de gobierno de los que se ha dotado.

* José María Pérez Medina es politólogo e historiador

RODRIGO BALLESTEROS CRUZ (*)

 

Nor

Coches eléctricos en una estación de recarga, en Oslo.

 

Noruega es conocida por su fantástica naturaleza, por ser uno de los principales productores de gas natural y petróleo del mundo, por su estado de bienestar y su igualdad social y, últimamente, por ser el país más feliz del mundo, según el índice del Programa de desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). Recientemente las noticias también nos hablan de Noruega como el país con la mayor implantación de coches eléctricos.

De acuerdo con la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, el 37% de la flota vehicular es eléctrica, lo que significa 187.773 vehículos entre híbridos (58,154) y eléctricos puros (129,619). Esto ha despertado la curiosidad de políticos y usuarios, quienes se preguntan cómo ha logrado Noruega llegar a esta situación y qué hay detrás de este éxito de una política de transporte sostenible.

El equilibrio como base del desarrollo 

Noruega ha prosperado económicamente desde el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos en el mar del norte. La explotación racional y equilibrada de sus recursos es el origen y cimiento de una sociedad de bienestar basada en una redistribución equitativa e igualitaria de la riqueza. A pesar de tener el petróleo y el gas como fuente de riqueza, Noruega es uno de los pocos países del mundo con una producción eléctrica casi en su totalidad derivada de fuertes renovables. 98% de la energía que se consume en Noruega se produce bien con agua (96%) o con biomasa y viento (2%). Esto le otorga un equilibrio energético que existe en muy pocos países del mundo.

Esta política energética equilibrada y la gestión responsable de sus recursos son producto sin duda de un consenso político y social que ha permitido la planificación y ejecución de una política de transporte sostenible y a largo plazo. Esta política tiene sus orígenes en los años noventa, cuando se establece como prioridad la introducción del coche eléctrico como estrategia para reducir las emisiones de CO2, que en un 61% provienen del transporte. 

¿Cómo sentar las bases de la movilidad eléctrica?

Pero, ¿cómo estimular a los usuarios para que cambien los automóviles de combustión por coches eléctricos? El consenso político logró la asignación de los recursos necesarios para establecer incentivos que han logrado el objetivo: exención de los impuestos de compra e importación (1990), exención de peajes (1996), aparcamiento gratuito (1999), acceso al carril bus (2005), recarga gratuita (2008), etc.

Estos incentivos, junto con la inversión en la infraestructura de recarga necesaria que equivale a casi 9.000 puntos de recarga en Noruega y la evolución tecnológica de los vehículos en diseño y prestaciones, han logrado convencer al usuario de invertir en una ‘movilidad sostenible total’. Si partimos del principio de que la generación eléctrica en Noruega es en un 98% renovable, entonces entenderemos que los coches eléctricos en el país están propulsados por energía hidráulica, eólica o proveniente de la biomasa.

Además de contribuir a lograr el objetivo de ser un país sin emisiones de CO2 para el año 2030, los vehículos eléctricos también contribuyen a la felicidad de los usuarios, siendo que el 91% de los usuarios de coches eléctricos se manifiestan sorprendidos y felices con su vehículo según encuestas de la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos. Pero no nos engañemos, la base del éxito de esta política del automóvil eléctrico radica en los incentivos económicos, que han logrado crear una conciencia medioambiental colectiva y con sentido y que no se limita a los vehículos privados, ya que se extiende al sector de transporte público y de carga. Sin entrar en detalles, Noruega también ha apostado por la electrificación de estos sectores, por lo que en ciudades como Oslo es fácil ver electrificados autobuses, taxis, ferris, trenes, transporte de carga, tranvías, etc. 

Una política energética equilibrada, un consenso político y social adecuado y la asignación de recursos económicos suficientes son las claves para la implantación exitosa de un modelo de transporte eléctrico. Y para triunfar entre los usuarios, el automóvil eléctrico debe de ser fácil de adquirir (incentivos fiscales y económicos), fácil de usar (facilidades de aparcamiento, bajo coste de recarga o pago de peajes) y conveniente (acceso a infraestructura de recarga, a carriles bus, etc.)

Después de todo, quizá el que Noruega sea el país más feliz del mundo en parte se deba a poder obtener logros como una política de transporte sostenible y equilibrada. 

 

(*) Rodrigo Ballesteros Cruz es adjunto al consejero de Comercio y Turismo de Noruega, Innovation Norway

Libertad para Ramón Esono

Por: | 30 de octubre de 2017

CARLOS ALBERDI (*)

 

Ramón_Esono _caricaturista_ecuatoguineanoEl dibujante ecuatoguineano Ramón Esono.

 

La Red de Centros Culturales de España en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial no es muy conocida en España. Como dicen los expertos no tiene marca. España es el único país que tiene dos redes de centros culturales. Una es el Instituto Cervantes, que funciona en los países que no hablan español, y otra es esta red, implantada en la América hispanohablante y en Guinea Ecuatorial, que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los centros Cervantes son célebres en España y no tan conocidos en las capitales en que trabajan. Por el contrario, estos centros culturales españoles en capitales hispanohablantes suelen formar parte de la primera línea cultural de las ciudades en las que desarrollan su labor de cooperación.

Desde hace un mes el colectivo de trabajadores de la Red está conmocionado por la detención en Malabo del dibujante Ramón Esono. Ramón es uno de los nuestros desde que empezó a colaborar con los Centros Culturales de España en Bata y Malabo hace muchos años. Sus comics expresionistas son desde entonces uno de los orgullos de la cultura ecuatoguineana y así se ha reconocido en diferentes ferias del libro internacionales. Durante los últimos años Ramón vivió en Asunción del Paraguay y compartió con nuestros centros del cono sur su peculiaridad ecuatoguineana. La necesidad de renovar su pasaporte le trajo a la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid y allí le dijeron que para poner al día sus papeles tenía que ir a Malabo. El resto es historia y está en los periódicos. Fue detenido mientras almorzaba con el responsable de la Cooperación española en Malabo y acusado por la televisión pública guineana de falsificar moneda. Los que lo conocemos no damos crédito al cinismo de sus perseguidores. A Ramón le han tendido una trampa por haber dibujado ‘La pesadilla de Obi’[1], una historieta escalofriante sobre los delirios de Teodoro Obiang. La persecución es política.

Los que nos sentimos vinculados a la Red de Centros queremos ver a Ramón libre y que se pueda instalar en El Salvador como era su deseo. Nos gustaría que el Gobierno español hiciera todo lo que pudiera por ello. Sabemos que el Gobierno de Guinea no atiende a razones y la toma de decisiones es completamente caprichosa. Ramón lleva ya un mes en una prisión famosa por lo que todos podemos imaginar. Es importante que la opinión pública española se movilice. No nos olvidemos de Ramón Esono.

(*) Carlos Alberdi es ex director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID

 

[1] https://pubhtml5.com/owts/ndmk

La excepción hace la regla

Por: | 26 de octubre de 2017

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

1508857304_090913_1508857781_noticia_normal_recorte1Mariano Rajoy y Carles Piugdemont. / PASCAL GUYOT (AFP)

 

Al momento de escribir estas líneas aún no se sabe si, como resultado de la crisis política desatada en torno a Cataluña, el Senado va a terminar votando en favor de la aplicación del Artículo 155.  Sea cual sea el desenlace, el solo hecho de que este artículo haya sido invocado, por primera vez desde que la Constitución Española fue ratificada, abre ya un capítulo importante en la historia política del país. Además de que, generalmente, los temas que tienen que ver con aspiraciones nacionalistas en cualquier latitud generan crispación, en el caso actual los eventos han seguido un crescendo de varios meses con lo que ya el tono de la discusión pública amenaza con rebasar todo límite. Esto es justamente lo opuesto de lo que se necesita en este momento: para bien o para mal, el gobierno de España ha dado un paso muy importante y la opinión pública debe entrar por esta senda con los ojos muy abiertos.

Aunque suene excesivo, lo que está en juego en los próximos días (y meses) es la esencia misma de la Constitución. El constitucionalista americano Bruce Ackerman ha puesto en circulación el término ‘momento constitucional’ para referirse a episodios de la vida política de una democracia en los que, aunque no se surtan los trámites legales para una reforma explícita de la Constitución, se produce un cambio de tal magnitud que viene a ser, para todos los efectos prácticos puede decirse que se ha producido tal reforma. Ackerman, pensando en la experiencia de Estados Unidos, considera que dichos cambios ocurren cuando el proceso político normal sacude hasta los cimientos los consensos preexistentes, generando un conflicto que solo se puede resolver dando lugar a un nuevo consenso que termina siendo ratificado por la jurisprudencia de las altas cortes. No es este el lugar para discutir en detalle la tesis de Ackerman y las controversias que ha generado. Pero sí puede ser un punto de partida para pensar en la coyuntura española del momento: España se está adentrando en algo que podría considerarse un momento constitucional.

Casi por definición, un momento constitucional solo puede surgir en una coyuntura de crisis aguda. En el caso americano, Ackerman ha puesto como ejemplo los eventos del año 1937, cuando la Corte Suprema, cediendo a la presión política de un presidente Roosevelt en la cúspide de su popularidad, modificó su postura de laissez faire ante el mercado laboral, abriendo así las compuertas para el ‘New Deal’. El país se encontraba avasallado por la Gran Depresión y en un clima de profunda agitación política y social. Al otro lado del Atlántico ya se adivinaba el espectro de la guerra y, aunque en aquel momento en Estados Unidos muchos creían que podrían permanecer al margen del conflicto, era cada vez más claro que no sería así. En el caso actual, aunque las circunstancias no son, afortunadamente, tan dramáticas, no se puede negar que hay una seria crisis política y, precisamente, el haber acudido a una medida excepcional como el 155 abre el espacio para un ‘momento constitucional’.

A simple vista, las cosas son muy claras: en cualquier país del mundo una región que intente declararse independiente está quebrantando en materia grave el orden constitucional. Por lo tanto, es muy fácil concluir que es el momento de aplicar una medida como el 155, exactamente el tipo de procedimiento contemplado en muchas constituciones del mundo para restaurar el statu quo ante. Pero lo que hemos visto en estos días es que, por la complejidad misma del problema, un problema que se viene gestando por mucho tiempo, no hay plena claridad sobre lo que se debe restaurar.

¿Exactamente cuándo fue que la Generalitat de Catalunya se puso por fuera del orden constitucional? Hay varias formas de responder a esa pregunta. La interpretación más restrictiva diría que, si nos atenemos a la letra de la ley, como aún no se ha producido una declaración de independencia, la Generalitat no está por fuera de la Constitución. En ese caso, hasta tanto no se produzca dicha declaración, no habrá lugar para aplicar el 155. Pero otras voces dicen que ya la votación altamente irregular en el Parlament los días 5 y 6 de septiembre quebrantaron el orden.

Hay quienes argumentan que el Procés ha sido todo él una persistente violación de la Constitución e incluso, tal vez la interpretación maximalista, que en Cataluña se ha configurado una situación irregular desde hace ya muchos años en torno a, por ejemplo, el sistema educativo y los medios de comunicación. Más aún, otras interpretaciones del texto del 155 dan prioridad a su invocación del interés general para decir que, dejando de lado los temas estrictamente legales, ya los mismos actos de la Generalitat han sido dañinos para dicho interés general con lo que ya está justificada la intervención del gobierno central.

Cada una de estas interpretaciones corresponde a una lectura distinta del significado del régimen de autonomías consagrado en la Constitución del 78 como una de sus piedras angulares. Si, por ejemplo, hacemos el ejercicio de interpelar a la que he llamado ‘interpretación maximalista’ veremos que hay que abordar preguntas de gran calado. Durante todos estos años, la autonomía catalana ha mantenido funcionando con total normalidad los mecanismos de competencia política electoral.

Ordenamiento constitucional

La democracia catalana es tan buena (o tan deficiente, según quien lo vea) como la democracia de cualquier otra región de España. Entonces, si se considera que el sistema educativo y la gestión de los medios de comunicación regionales transgreden en materia grave el ordenamiento constitucional, habría que preguntarse por qué en todos estos años los electores catalanes no han reaccionado para corregir cualquier anomalía siendo que han contado con todos los mecanismos para hacerlo.

Dicho de otra manera, esta interpretación diría implícitamente que hay ciertos aspectos que hasta ahora se han considerado parte del funcionamiento de la sociedad civil que, en realidad, deberían considerarse como esferas de derecho que deben ser tuteladas por el Estado central, por encima de lo que digan las mayorías electorales. No se trata, ni mucho menos, de una idea descabellada. Muchas teorías de la democracia coinciden en que los mecanismos mayoritarios pueden a veces llevar a atropellar derechos ciudadanos. Pero el punto no es descalificar una interpretación u otra, sino señalar que cada una encierra supuestos que deben ser formulados explícitamente. Por ejemplo, si es imperativo que el Estado sea el garante de derechos tales como el acceso a cierto tipo de experiencia educativa, por encima de las decisiones de un Gobierno regional, ¿debe ser también el garante del derecho a la vivienda, al empleo, al medio ambiente?

De manera análoga, si el interés general es el justificante de medidas como el 155, ¿cuáles deben ser las instancias encargadas de evaluarlo? ¿Podría, por ejemplo, considerarse que el endeudamiento de una comunidad autónoma pone en peligro el interés general? ¿O su política ambiental?

Otro tanto ocurre con los principios de adecuación y proporcionalidad entre medios y fines. ¿Es el 155 un mecanismo para responder a coyunturas específicas, puntuales, de ruptura del orden constitucional? O, por el contrario, ¿debe darle al Gobierno la autoridad para ir a lo que éste considere las raíces mismas del problema? En el segundo caso se estaría adoptando una interpretación del balance entre los poderes que le da al Gobierno central la potestad de ‘corregir’ los errores de la democracia local.

No es el propósito de estas líneas abogar por una interpretación u otra sino tratar de dejar en claro que lo que está en juego va más allá de Cataluña. En todo Estado de derecho los casos excepcionales son los que definen la naturaleza misma del régimen. Las decisiones que se tomen en los próximos días van a tener consecuencias muy profundas para toda la configuración del Estado español, para la relación entre las autonomías, el Gobierno central y los ciudadanos.

Irónicamente, aunque el Gobierno ha insistido hasta la saciedad en su objetivo de mantener incólume la Constitución del 78, es bien probable que, a la luz del planteamiento de Ackerman, esta crisis termine por traducirse en una reforma tácita mucho más ambiciosa que cualquiera de las reformas que hasta ahora se han considerado impensables.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III

DANIEL LEGUINA (*)

 

1379705485_755407_1379705593_noticia_normalBrigadistas luchan contra un incendio en A Coruña. / ÓSCAR CORRAL

 

El cambio climático no provoca más incendios, pero sí hace que sean más virulentos. La subida de las temperaturas seca vegetación y suelo, aumentando la aridez, lo que facilita las condiciones para el fuego. Galicia ha ardido por los cuatro costados a mediados de octubre, cuando las lluvias debían haber hecho acto de presencia hacía semanas. Cuatro personas han muerto y se calcula que las llamas han devorado unas 35.500 hectáreas.

Según Greenpeace, 2017 está siendo el tercer peor año del último decenio en España -sólo superado por 2012 y 2009-, con casi 101.000 hectáreas quemadas y 11.600 incendios, de los cuales 22 han tenido dimensiones superiores a 500 hectáreas. Hoy en día, el problema de fondo no son los incendios en general, sino aquellos de alta intensidad y difícilmente controlables, los grandes incendios forestales (GIF) en los que arden más de 500 hectáreas, según afirma la investigadora Lourdes Hernández en el último Informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Este trabajo también establece que los avanzados dispositivos de extinción actuales no han logrado reducir el número de GIF, claro síntoma del estado de vulnerabilidad de las masas forestales. De media al año se producen 23 GIF. Apenas suponen un 0,12% del total, pero en ellos arde el 37% de la superficie media que se incendia anualmente. Grandes incendios que no solo no disminuyen, sino que además son cada vez más grandes, destructivos e imposibles de apagar por los dispositivos de extinción: en la última década se ha incrementado en un 25% su tamaño y en 2015 fueron un 50% más grandes.

Tampoco se han escapado de las llamas Asturias y Portugal -36 personas fallecieron en el país vecino y en junio murieron 64-, y al otro lado del Atlántico, California ha sufrido los peores incendios desde 2007 con 40 muertos, 100.000 evacuados y 90.000 hectáreas calcinadas. Son datos estremecedores que pueden aumentar en los próximos días por el elevado número de heridos. A principios de año en Nueva Zelanda hubo un muerto y más de 1.000 desplazados. En 2016 le tocó el turno a Australia. Es decir, que lo que está detrás de todo no puede ser sólo una política forestal equivocada: hay un factor agravante que es el cambio climático, y que afecta a todo el planeta.

El calentamiento global dio lugar a un verano más caluroso y con menos lluvias, y lo mismo está ocurriendo con el otoño, con temperaturas más altas de lo normal en octubre, según la Aemet. La sequía continuará de manera alarmante, con los embalses al 37% de su capacidad. Es la tendencia para los próximos años.

La situación es muy preocupante y son muchas las voces que llevan lustros avisando de la tragedia. Los recortes del Gobierno a las partidas presupuestarias de medio ambiente perjudican sobremanera a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Este año, el recorte en el programa de lucha contra la contaminación y el cambio climático ha sido del 45%, pasando su presupuesto de 50,85 a 27,64 millones de euros.

Con menos dinero para el medio ambiente, actuaciones fundamentales como la prevención y gestión de riesgos de sequías e inundaciones que afectan a las cuencas hidrográficas, la mejora del estado de calidad de las aguas y ecosistemas, la conservación y protección del patrimonio de medioambiental, o la gestión de los residuos están juego.

Recortes en enseñanza medioambiental

En un reciente informe de la Fundación Alternativas titulado ‘Educación para la Sostenibilidad en España. Reflexiones y propuestas’, se advierte sobre los recortes en enseñanza medioambiental, que “han hecho desaparecer unidades de sostenibilidad” en las universidades españolas, “principalmente en actividades de sensibilización y educación ambiental”.

El trabajo aclara también que “el cambio social hacia la sostenibilidad sólo será posible si se produce un cambio en la priorización de las políticas que se aplican por parte de los dirigentes, políticos y gestores actuales. No podemos esperar a que las nuevas generaciones lleguen a tomar el poder de las decisiones. La mayoría de los problemas necesitan soluciones inmediatas”.

La causa principal de calentamiento del planeta son los gases de efecto invernadero, provocados por la actividad humana. Según el libro ‘Temperaturas extremas y salud. Cómo nos afectan las olas de calor y frío’, de Cristina Linares, Rocío Carmona, Cristina Ortiz y Julio Díaz, “unas 250.000 personas morirán al año entre 2030 y 2050 como consecuencia del aumento de los efectos de las enfermedades, las alergias, el incremento de los contaminantes atmosféricos, las inundaciones o sequías que provocarán escasez de alimentos, y los desplazamientos de la población más vulnerable”.

Esta obra indica asimismo que los mayores de 65 años es la “población de mayor riesgo” a las olas de calor y frío. Las causas de mortalidad asociadas al calor son el “agravamiento de patologías circulatorias y respiratorias previamente existentes; mientras que para el frío son los procesos infecciosos relacionados con las bajas temperaturas. La mortalidad asociada al calor en España puede llegar a ser, en el año 2100, hasta 12 veces la actual”.

La Agencia Europea del Medio Ambiente avisa sobre la degradación de los ecosistemas naturales debido a la contaminación. La deposición atmosférica de azufre y nitrógeno tiene efectos acidificantes en los suelos y aguas dulces, que afectan a la biodiversidad. En España, la polución causará eutrofización, con mares llenos de algas y medusas que ahuyentarán al turismo.

Las políticas ambientales requieren acción y cooperación a nivel mundial, europeo, nacional y local, y deben alcanzar a todos los sectores económicos y comprometer a la población. Son necesarias soluciones rápidas a un problema muy grave que afecta a todos y para el que cada vez hay menos tiempo.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

El galimatías de la mediación

Por: | 18 de octubre de 2017

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Rajoy-PuigdemontMariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

 

Estamos inmersos en un proceso convulso y desconocido hasta ahora en la política española desde que se transitó a la democracia. Esta situación política agitada está inundando toda la esfera pública; desde los habituales actores como las instituciones, los partidos políticos o los medios de comunicación, hasta la calle en todas sus dimensiones, desde las manifestaciones convocadas por organizaciones cívicas, a las espontaneas tras un anuncio en las redes sociales, hasta las charlas en bares o reuniones familiares. No en vano, incluso hemos visto cómo han salido a la luz recomendaciones frente a las alteraciones de ánimo y de ansiedad por parte de algunos ciudadanos, a los que se recomienda, por ejemplo, que no se expongan más de dos veces al día al manantial incesante de información.

La gente está preocupada, en mayor o menor medida, y más o menos cerca geográficamente de Cataluña, pero esta es una realidad innegable. Los políticos están inmersos en sus estrategias de luces y sombras, pero el asunto ha traspasado la frontera de los gobiernos y de los partidos; se ha socializado, incluso hasta el hartazgo.

Antes del referéndum del día 1 de octubre, los escenarios se han caracterizado por los comportamientos predecibles en el sentido de que todos -unos y otros- los actores actuaban de forma paralela siguiendo su propio guion, conocido y sin novedades, en modo escalada del conflicto.

Después de los acontecimientos de ese día, apareció una variante en uno de los discursos, era la mediación. Aunque se puede entender que hay entre los ciudadanos una idea somera sobre de qué se está hablando, lo más sorprendente del asunto es la cantidad de cosas que se han querido identificar con esta palabra. Cuando el término salta a la palestra, parece que pudiese encontrar un punto de encuentro entre ambas partes, pero esta sospecha se desvanece rápido. Seguimos con dos monólogos en paralelo.

Como se quiera que en esta cuestión ya todo el mundo toma parte, o partido -hasta la ‘equidistancia’ es un lugar de posición-, aún aparecen más ‘visiones’ de la mediación. En definitiva, un galimatías que poco ha servido para potenciar o, mejor dicho, para aclarar la posibilidad que abre una metodología como la mediadora.

Las formas alternativas de resolución de conflictos suponen un campo fructífero en la ambición de deshacer los nudos que atenazan las relaciones humanas de todo tipo. Frente a la idea consolidada del conflicto como algo penoso y generador de tensión, aquella línea de trabajo perfila un concepto de conflicto que si bien inevitable, también pudiera verse como una oportunidad; no sólo para rebajar tensiones sino también para encontrar salidas, y preservar una relación en principio dañada pero salvada para un futuro más cooperativo de lo que ha sido el pasado y el presente.

Encontrar salida -que no solución, en cuanto a los que significaría una erradicación total del problema- a los conflictos de forma provechosa para conquistar ese futuro, depende evidentemente del diálogo, de la capacidad de escucharse mutuamente y trabajar sobre los puntos que se tienen en común para ir generando un tejido de confianza que facilite ir deshaciendo más tarde las discrepancias, y ser capaces de llegar a un acuerdo. A veces este ejercicio se puede llevar a cabo a través de la negociación. Otras veces, ya la situación ha subido de tono y ya es preciso, incluso para sentarse alrededor de la misma mesa, que aparezca un facilitador, un tercero imparcial que ayude en el proceso; ahí surge la figura del mediador. Se trata de un proceso voluntario a tres bandas: las partes y el mediador. Requiere asimismo confidencialidad, es flexible y se ancla en que los términos del acuerdo salgan de las propias partes. El mediador es por tanto alguien que ayuda a que eso se produzca, es un conductor del proceso.

No estoy describiendo algo simple, sino laborioso, pero esas son las coordenadas de partida. Pero a lo que se asiste es a una ceremonia de confusión, fundamentalmente en su camino inicial, es decir en llegar a la conclusión de que se quiere adoptar ese método. Así, cada cual habla de mediación según su leal saber y entender. Y por ello se empiezan a poner condiciones previas, ‘líneas rojas’, y cualquier obstáculo que se le ocurra dependiendo de qué, que acaba por hacer imposible no sólo la mediación, sino también el más mínimo acercamiento a su exploración.

Intereses distintos

En estas circunstancias el tercero (o los terceros) que pudiera serlo se ve de todo menos imparcial, bien porque ayuda más a unos, o bien porque perjudica más a otros. Lo que para unos es previamente obligatorio para otros no lo es; podríamos seguir por esa línea de argumentación, pero no haríamos más que repetirnos. Lo que se esconde detrás de esas posiciones son los distintos intereses, y pasar de aquellas a estos es uno de los ejercicios básicos que se le piden a un buen mediador, claro está si se puede en algún momento iniciar un proceso en condiciones. Y con la experiencia, se sabe que si no se sale de las posiciones no se llega a lugar alguno.

En definitiva, esto lo que pone de manifiesto es que seguimos enredados en las palabras para no avanzar en los procesos; en este momento se habría de explorar cuánto de voluntad hay y cuánto de desconocimiento; cuánto de estrategias entrelazadas entre ganar tiempo y/o rendir al adversario.

Esta maraña descrita recuerda bastante a lo que ocurrió durante el año 2016, entre las elecciones de diciembre del año anterior y las de junio de ese mismo año. Las dificultades que se encontraron para formar gobiernos sin mayoría absoluta demostraron que tampoco se entendía bien, y no se tenía experiencia de lo que significaba ‘negociar’ para componer un ejecutivo.

Y toda esta reflexión resulta aún más chocante, aunque comprendamos lo que pasa, si tenemos en cuenta las dos formas alternativas de resolución de conflictos citadas: negociación y mediación son las herramientas básicas de la política. ¿Será, como se dice a menudo que en todo este conflicto ha estado ausente la política? Sólo ha habido apariencia de tal.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense

RTVE, CCRTV: Dos caras simétricas y deformadas del conflicto

Por: | 16 de octubre de 2017

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

1506953757_894756_1506954846_noticia_normal_recorte1Protesta en Torrespaña por la cobertura del referéndum catalán. @GALLEGO_MARGA

 

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Desde muchos medios de comunicación se ha resaltado asimismo la visión militante de la Corporación Catalana de Radio y Televisión por la causa separatista, sin que las posiciones contrarias hayan recibido más que ataques o apelativos negativos. Pese a la irrupción de esta visión ‘pedagógica’ incluso en programas infantiles, los directivos de TV-3 han despreciado estas críticas. En ambos casos, los gestores del servicio público se reclaman abiertamente de su obediencia gubernamental, incluso cuando son reprobados por el parlamento.

La simetría de origen en 2012 de ambas situaciones es todavía más llamativa: en Cataluña, Convergencia i Unió gozó del apoyo de los votos parlamentarios del PP para conseguir la regresión de la regulación catalana en el nombramiento de los directivos y consejeros de la CCRTV, pasando de los dos tercios a la mayoría absoluta en segunda instancia (Ley catalana 2/2012 de 22 de Febrero. DOGC 27-2). En Madrid, el Gobierno del PP consiguió un retroceso democrático similar gracias al apoyo de CIU, para designar a dedo a los gestores y consejeros de RTVE sin ninguna negociación con la oposición (Real Decreto Ley 15/2012 de 20 de abril).

Ni el PP ni el PdCat, heredero de CIU, han pedido perdón estos últimos meses por esta deformación mutua y solidaria del servicio público que ha echado abundante gasolina al fuego en ambos campos. Para más similitud, el Consell Audiovisual de Catalunya, dominado también por el Govern, ha obviado toda condena a la manipulación de TV-3 o de Catalunya Radio, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ni siquiera se ha planteado el problema en RTVE.

Caída de las audiencias

En los cinco años transcurridos, ambas radiotelevisiones públicas han caído en picado en sus audiencias, dañando profundamente el peso social del servicio público en la sociedad española y catalana. TVE-1 por ejemplo ha perdido un cincuenta por ciento de su tasa de share, mientras que TV-3 ha perdido 4 puntos y ve su liderazgo relativo amenazado también por las cadenas privadas, aunque en su deriva independentista de septiembre haya conseguido recuperar una parte.

Ahora, después de numerosas batallas, la oposición en el Congreso ha conseguido aprobar una ley (5/2017 de 29 de septiembre) que promete hacer regresar a RTVE al pluralismo, mientras que en Cataluña, ERC y la CUP parecen sentirse cómodos con una visión unidimensional del mundo, sin que la oposición haya conseguido revertir la contrarreforma.

En fin, en ambos ámbitos, el problema no es sólo de pluralismo partidista, sino también de la escasa diversidad de valores de sociedad, del extravío de sus misiones de servicio público. Por casualidad, en estos años ambas entidades estatales han hundido sus inversiones y su labor de promoción de la producción audiovisual independiente y de la cultura en general.

Desde esta perspectiva, dos caras simétricamente deformadas de nuestra sociedad se alimentan también mutuamente. La equidistancia se impone en ocasiones.

 

(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual de la UCM

El País

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