Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Doñana o el futuro y el pasado de España en la UE

Por: | 15 de agosto de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

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Pedro Sánchez y Angela Merkel, en Doñana. / F. CALVO (EFE)

 

Una de las más extravagantes críticas que se han formulado este verano a la política europea del Ejecutivo español ha sido la de buscar acuerdos bilaterales con Alemania en vez de tratar de conseguirlos en el nivel comunitario. Puede que tal reproche se termine haciendo cada vez que el presidente del Gobierno se reúna con uno de sus pares importantes de la UE, lo que no haría sino ahondar en lo disparatado del reproche de la oposición.

Durante muchos años, los Gobiernos de Aznar vieron a la Unión Europea como un marco político en el que la influencia de España debía basarse en su capacidad para bloquear decisiones. De ahí su empeño en conseguir mantener el ‘peso’ de nuestro país en las instituciones comunitarias a través de sus votos en el Consejo de la UE, de forma que estuviera en condiciones aritméticas, junto con otros, de impedir que se adoptaran decisiones lesivas para los intereses nacionales.    

Esa concepción partía de situar a Alemania y a Francia como competidores objetivos de España, una suerte de amigos/enemigos de los que había que recelar casi por principio. De esa forma, nuestro país se convirtió en un actor incómodo en la UE, siempre dispuesto a decir que no en lugar de defender sus intereses en positivo –como sí había hecho Felipe González-,  haciéndolos coincidir con los de la Unión. Solo de esa segunda manera, por ejemplo, fue posible poner en marcha las políticas de cohesión, la euromediterránea y la eurolatinoamericana.

El punto culminante de la política europea del aznarismo fue el intento de división de la UE con la ‘Carta de los Ocho’ con motivo de la Guerra de Irak, que no solo fracasó, sino que dejó muy tocada a España en la UE hasta el retorno del PSOE al Gobierno en 2004.

¿Significa la crítica del PP a la cumbre Merkel-Sánchez en Doñana una vuelta de la derecha española a su desconfianza hacia Alemania y Francia? ¿Volverá a decir lo mismo cuando el presidente del Gobierno español se reúna con Macron? ¿Hasta qué punto la evidente satisfacción de Aznar con la elección de Pablo Casado puede empezar a sentirse en la política europea del primer partido de la oposición?

El tiempo va a responder a esas preguntas, pero convendría advertir de algunas cuestiones relevantes si las respuestas a los mismos son afirmativas –lo que sería algo más que preocupante-.

La primera es que buscar aliados en la UE de hoy en día más allá de Berlín y París es necesario y positivo siempre y cuando sea para sumar a una alianza proactiva entre Alemania, Francia y España, nítidamente beneficiosa para nuestro país y que, afortunadamente, ha sido restablecida con celeridad tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. Lo que sería un despropósito es buscar coincidencias con gobiernos que poco tienen que ver con una concepción europeísta de las cosas, idea que es difícil alejar de las intenciones de la derecha española a la vista del inquietante discurso de su nuevo líder sobre las migraciones y el asilo.

La segunda es que la única forma de conseguir que la UE siga profundizando su integración, adopte políticas eficaces frente a los complejos problemas que tiene que resolver y resista el desafío populista que anida en demasiados de sus gobiernos nacionales es fortalecer la confluencia entre  Berlín, París y Madrid. Sea para aprobar decisiones en el Consejo y el Parlamento Europeo, poner en marcha cooperaciones reforzadas o incluso promover reformas de índole constitucional (o sea, del Tratado en vigor), ese trío es imprescindible para conformar alianzas más amplias. Y no digamos, por cierto, para que el próximo Marco Financiero Plurianual sea lo mejor posible para España.

En concreto, y volviendo a la curiosa crítica al encuentro de Doñana, quien la hace debería ser consciente de que no habrá soluciones europeas al reto migratorio sin Alemania ni Francia y su poder político y financiero, es decir, tratando de empezar la casa por el tejado. Europa vive momentos de incertidumbre de los que, como siempre, puede salir avanzando.

Más de cien circunscripciones que registraron una mayoría a favor del Brexit han cambiado de opinión, según un serio estudio publicado por The Observer, lo que podría influir en el voto final de los Comunes y variar la postura de Corbyn contra un replanteamiento del abandono de la UE por el Reino Unido. El propio Erdogan está comprobando la soledad de tener que enfrentarse a Trump al mismo tiempo que ha debilitado sus lazos con Bruselas. ¿Por qué traigo a colación estos casos?

Porque la fuerza de la Europa que protege –en definición de Macron- puede sentirse con fuerza dentro y fuera de la UE en una coyuntura complicada a poco que los grandes países europeístas, como Alemania, Francia y España, sean capaces de acertar en los próximos meses, construyendo una hegemonía ante el grupo euroescéptico que ha ido creciendo en tamaño y audacia  (o demagogia, como se prefiera) en los últimos tiempos. Si lo consiguen, las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 serán un éxito porque la ciudadanía tendrá un punto de referencia para votar de forma progresista frente a los falsos y peligrosos reclamos del populismo y el antieuropeísmo.

En ese marco, la reunión Merkel-Sánchez se dirige hacia el futuro más próximo. Y las críticas de la oposición a la misma, hacia el pasado.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas y ex eurodiputado

Plataformas digitales: Diálogo sobre el diálogo

Por: | 10 de agosto de 2018

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

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El servicio de Uber se contrata a través de una aplicación móvil.

 

Una vez más Barcelona y Madrid han sido testigos de conflictos laborales en torno a las plataformas digitales, en particular Uber y Cabify. No es la primera vez ni será la última. Si en algo hay consenso entre todos los actores de estos conflictos es en que la tecnología de estas plataformas vino para quedarse. La única solución es adaptarse al cambio. ¿Pero cómo? Ahí comienzan las diferencias y, por lo visto, tomará mucho tiempo para que se llegue a una solución. Por eso, es fácil pronosticar que seguirá habiendo conflictos en torno a estos temas.

Los cambios tecnológicos siempre llegan de repente y por eso es normal que todos los afectados tarden en reaccionar. Además, las instituciones encargadas de liderar las reacciones están siempre diseñadas para mantener ciertas inercias, razón por la cual es normal que su primera reacción sea la de actuar como si nada, o casi nada, hubiera cambiado o, por lo menos, introducir la menor cantidad posible de modificaciones. Con la irrupción de las plataformas digitales estamos viendo este mismo fenómeno una vez más.

El problema va mucho más allá de Uber. De hecho, sigue siendo un misterio la rentabilidad de esta empresa y no falta quien le pronostique una pronta desaparición. Incluso, hay quienes ven en el horizonte la llegada de los coches sin conductor que terminarían por dejar a Uber en la obsolescencia. Pero aún si Uber desapareciera mañana, las plataformas digitales que permiten ajustar en tiempo real la oferta y la demanda de servicios han penetrado en muchísimos otros sectores.

Esto tiene profundas implicaciones. Una empresa es, en últimas, un sistema de contratos diseñado para repartir los riesgos y beneficios entre empleadores y empleados, incluidos muy prominentemente los riesgos resultantes del desajuste entre oferta y demanda. Por eso, las plataformas digitales tienen el potencial de transformar profundamente la relación laboral. Los conductores de Uber, los repartidores de Deliveroo, los traductores de Mechanical Turk, ¿son empleados o trabajadores por cuenta propia? De la respuesta que se dé a esta pregunta dependerá quién asume los riesgos económicos y ocupacionales, quién es responsable del ahorro pensional o de garantizar condiciones de trabajo dignas y dónde se resuelven los diferendos que puedan surgir entre trabajadores y empresas.

Hasta el momento tanto el Estado como los sindicatos (y en cierto modo la academia también) han reaccionado buscando la manera de incorporar estas innovaciones tecnológicas dentro del marco regulatorio existente. Pero no es fácil y hay razones para dudar de que sea posible. Los trabajadores de plataformas digitales operan de una manera bastante dispersa lo que hace muy difícil que los mecanismos habituales utilizados por los sindicatos para organizar a los trabajadores funcionen en este caso. Aún si se lograran los umbrales necesarios de organización, no está claro el marco legal dentro del cual se llevaría a cabo el supuesto diálogo social.

Cooperativas

Ante tantas dificultades, hay actores que han optado por otros modelos organizativos. Hay varios ejemplos de plataformas digitales creadas por trabajadores a manera de cooperativas que buscan competir con las más grandes. Pero, por supuesto, estas iniciativas también tienen muchas dificultades. Al fin y al cabo, detrás de un Uber o un Deliveroo están grandes inversionistas mientras que una cooperativa de “riders” difícilmente tiene capital semilla. Estas barreras podrían mitigarse con cierta inversión pública. Al fin y al cabo, muchas ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, han apostado recientemente por estimular la formación de cooperativas.

¿Es mejor extender el sistema tradicional de diálogo social a las nuevas plataformas o sería mejor priorizar la formación de plataformas cooperativas que den nuevas garantías de derechos laborales a sus miembros? Imposible responder esta pregunta en abstracto. Muy seguramente, cada una de estas opciones (y otras más) va a ser explorada cosechando éxitos y fracasos. Pero lo que esto deja en claro es que cada una de estas opciones corresponde a un enfoque distinto del estado del bienestar. El primer enfoque está sustentado sobre las estructuras sindicales ya conocidas, en el que el empleo es la fuente de derechos, mientras que el segundo depende más de un tipo de inversión pública que en lugar de “proteger al empleo” busca “proteger al trabajador” mediante medidas de soporte del ingreso desvinculadas de la relación laboral.

Todos los participantes en las plataformas digitales dicen estar a favor del diálogo social y, sin duda, muchos lo dicen con sinceridad. Pero para que dicho diálogo arranque en serio será necesario tener un diálogo sobre las premisas y objetivos de dicho diálogo.

 

(*) Luis Fernando Medina Sierra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Vuelve la diplomacia cultural

Por: | 06 de agosto de 2018

INMACULADA BALLESTEROS (*)

 

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Sede del Instituto Cervantes en Madrid.

 

La toma de posesión del nuevo Gobierno hizo crecer las expectativas de muchos sobre algunos temas, entre ellos la cultura. Siguen siendo numerosos los asuntos pendientes sobre la mesa, y el nuevo ministro ya los ha repasado casi todos en su intervención ante la Comisión de Cultura del Congreso el pasado doce de julio. Manteniendo una línea realista y pragmática, parece que el nuevo responsable de Cultura quisiera desinflar los sueños de los que queremos que por fin se tomen en serio las demandas de este sector que trabaja a diario para que entendamos y mostremos lo que somos como sociedad.

Uno de los temas que sin duda ha vuelto con fuerza es el de la diplomacia cultural. Este es uno de aquellos que debería estar siempre en la lista de asuntos de Estado, de manera que los sucesivos cambios en el Ejecutivo no afectaran a la toma de decisiones. Por el contrario, durante los últimos años ha habido un flagrante descuido de las acciones encaminadas a la proyección de nuestros creadores más allá de nuestras fronteras. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de cooperación cultural, que tal y como venimos recogiendo en el Informe sobre el estado de la Cultura[1] de la Fundación Alternativas, redujeron su presupuesto un setenta por ciento, provocando la desaparición  muchas iniciativas exitosas. Por otro lado, está el continuo debate de la gestión de la diplomacia cultural. Hay quien opina que al tratarse de diplomacia pública debería ser asumida por los profesionales del ramo. En todo caso, en los últimos años se ha demostrado que esa estrategia no ha dado muchos frutos. Es notorio que la política exterior del anterior gabinete ha desdibujado la influencia de España en la escena internacional.

Se podría aducir falta de estrategia o previsión. La cuestión es que en los últimos meses estamos escuchando desde el MAEC una voz más coordinada y ajustada a lo que la mayoría espera de la acción exterior de nuestro país. En este marco es donde los nuevos responsables de cultura empiezan a hablar de diplomacia cultural. Lo hizo el ministro en su intervención ante la Comisión del Congreso, aludiendo al Plan de Acción Cultural Exterior de 2011. En esos años nuestro país podía contar ante las legaciones extranjeras la importancia que se le daba a la cultura en la acción exterior, por su aporte al Producto Nacional Bruto, pero también como substancial complemento  a la diplomacia tradicional que se ejerce de gobierno a gobierno. La diferencia en materia de cultura es que las relaciones se establecen entre personas, más allá de los intereses políticos y económicos. Los vínculos culturales que se crean entre las sociedades civiles de los distintos países son mucho más fuertes porque se basan en valores universales compartidos.

Por ese motivo es determinante que sean profesionales de la cultura los que estén a cargo de estas estrategias. Este es el caso, por ejemplo, del nuevo responsable del Instituto Cervantes, un intelectual reconocido que podrá relacionarse con sus pares en cualquier parte del mundo, porque hablarán el mismo idioma, ese que trasciende los intereses partidistas y busca profundizar en la esencia del hombre como habitante de este mundo.

Más allá de eso, la acción cultural exterior debe coordinarse para alcanzar la eficacia y eficiencia deseadas y evitar duplicidades inútiles. Por eso nació el Plan Nacional de Acción Cultural, que además era una herramienta para dar a conocer la riqueza y diversidad de España y las distintas realidades culturales que la componen. En este marco se deberán orientar las acciones de los organismos con competencias en la materia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E). En la mente de todos están aquellos logros para la cultura como fueron la creación del Instituto Cervantes en 1991, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en 1992, o la importante aportación de España a la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO en 2003, y a la Carta Cultural Iberoamericana en 2010. Está por ver si llegaremos a conseguir triunfos de ese calibre, pero la recuperación de la acción coordinada en materia de cultura exterior ya es un motivo de confianza en el nuevo ejecutivo.

[1] http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2018-espana-y-el-espacio-cultural-iberoamericano

 

(*) Inmaculada Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Make America Alone Again

Por: | 02 de agosto de 2018

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

1525735229_485309_1525776585_noticia_fotogramaDonald Trump, en la Casa Blanca. / REUTERS

 

El día 4 de agosto entra en vigor la primera fase de la  reanudación de las sanciones de Estados Unidos a Irán, como consecuencia de la ruptura unilateral por parte de la administración de EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como el acuerdo o pacto nuclear con Irán. No obstante, las sanciones más importantes serán las que previsiblemente entrarán en vigor el 4 de noviembre, ya que afectarán a las exportaciones de petróleo y gas y a la importación de equipos para esta industria, lo que podría colapsar definitivamente la economía iraní, ya muy deteriorada, en un momento socialmente delicado, y provocar una grave crisis interna.

El pacto se firmó en Viena, el 14 julio de 2015, tras dos años de duras negociaciones, entre Irán por un lado, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EEUU, China, Rusia, Reino Unido, Francia) más  Alemania y la Unión Europea por el otro, y entró en vigor en enero de 2016. Básicamente se trataba de ralentizar el programa nuclear de Irán, que representaba en ese momento el mayor peligro para la región, a cambio de un levantamiento de las sanciones aprobadas, entre 2006 y 2010, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que limitaban  las transacciones financieras y el comercio con Irán, incluido el embargo petrolífero, además de prohibir la transferencia de material militar. El pacto levantaba la mayoría de las sanciones aunque la prohibición de la venta de armas se mantenía durante cinco años y las restricciones al material nuclear civil durante diez.

Las primeras sanciones empiezan a aplicarse 90 días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara a primeros de mayo el abandono unilateral del acuerdo, a pesar de la posición contraria del resto de los firmantes, particularmente de los tres europeos que se han negado a romperlo, en una muestra más del unilateralismo y la irresponsabilidad que está exhibiendo el presidente Trump en sus decisiones de política internacional, y del desprecio que mantiene hacia las opiniones de sus aliados, ya demostrado en su decisión de abandonar el acuerdo sobre el cambio climático, o en su agresiva política comercial. Trump no está consiguiendo hacer a EEUU grande nuevo, puesto que siempre lo ha sido, está consiguiendo que se quede solo. Ni siquiera Reino Unido, su tradicional aliado, le secunda en esta aventura.

La reanudación de las sanciones estaba prevista, si Irán no cumplía lo pactado, de hecho el Congreso de EEUU exigió que el presidente tuviera que renovar el levantamiento cada 120 días, y a ese mecanismo se ha acogido Trump. También estaba previsto que el Consejo de Seguridad  tomara una decisión, en caso de incumplimiento, en el plazo de 30 días, pero no ha sido el caso, porque Irán ha cumplido estrictamente hasta ahora las estipulaciones del acuerdo, según los informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

No hay, por tanto, ningún fundamento objetivo para la ruptura del pacto. Es cierto que Irán sigue desarrollando su programa de misiles balísticos y en septiembre de 2017 hizo una prueba del misil Joramshahr, de 2.000 km de alcance. Si bien  el acuerdo nuclear no prohíbe las actividades balísticas de Irán, la resolución 2231 del CSNU, que lo ratificó, insta a Irán a no desarrollar misiles diseñados para transportar cabezas nucleares. Teherán afirma que no posee ni desarrolla esa capacidad, pero  aunque lo hiciera no estaría vulnerando el acuerdo, porque lo que el CSNU hace es una recomendación, no una obligación. Por supuesto el pacto no es perfecto, por ejemplo en lo que atañe a los plazos (15 años), pero pretender que Irán no desarrolle armamento no nuclear, teniendo al lado a Israel, parece poco realista. En todo caso, hay margen para intentar mejorarlo, ya que algunas sanciones subsisten, sin necesidad de denunciar unilateralmente lo que se está cumpliendo.

Las razones de la posición de Washington hay que buscarlas en otros aspectos. En primer lugar, en la obsesión de Trump por deshacer toda la obra de su predecesor, Obama, y tratar después de rehacerla con su propio sello. De hecho, apenas una semana antes de la entrada en vigor se las sanciones ha declarado en rueda de prensa estar dispuesto a abrir un diálogo con el Presidente iraní, Hasan Rohaní, “sin condiciones”, dando una nueva muestra de su errática política, en la que las decisiones se mantienen durante semanas, días u horas dependiendo del humor de su principal protagonista, si bien en una primera reacción las autoridades iraníes han rechazado por el momento una propuesta, que consideran “humillante” en las actuales circunstancias.

Pero más allá de la personalidad de Trump, lo cierto es que este paso se corresponde con una radicalización de su administración que representa muy bien el nombramiento  como Consejero de Seguridad Nacional de John Bolton, un radical de ultraderecha, colaborador entre otros del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América y del extremista Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, que lógicamente se entiende muy bien con los extremistas que dominan el actual gobierno israelí, encabezados por Benjamin Netanyahu, quien ha hecho lo posible y lo imposible para cargarse el acuerdo con Irán, el único enemigo de importancia que le queda en la zona, coincidiendo en este asunto con Arabia Saudí, rival histórico de Irán por causas religiosas y geopolíticas. Trump se debe a ambos, por razones políticas en un caso y económicas en el otro, y ha hecho lo que le pedían insistentemente los dos únicos aliados acríticos que le van quedado en el mundo.

En realidad las sanciones que Washington levantó en 2016 y vuelve a aplicar ahora se refieren sobre todo a empresas extranjeras que también tengan negocios con EEUU, la mayoría europeas, más que a las americanas pues éstas continuaban y continúan en un régimen de restricciones. Por ejemplo, un banco estadounidense no podía hacer negocios con Irán, pero uno europeo que también opere en EEUU, hasta ahora sí.  No hay que olvidar que la mayor parte de las sanciones de EEUU son anteriores al desarrollo nuclear de Irán y a las resoluciones del CSNU, pues las primeras fueron consecuencia de la crisis de los rehenes de la Embajada que siguió a la toma del poder por los ayatolás en 1979. Las sanciones que entran ahora en vigor, fundamentalmente comerciales y financieras, afectarán por tanto a las compañías europeas que han establecido negocios con Irán como Total, Airbus, Siemens o Peugeot, así como a las que han comenzado a importar petróleo iraní y a algunos bancos europeos. Habrá que ver cómo reaccionan estas empresas ante la amenaza de sanciones en EEUU, y como mantienen Londres, Berlín y París su posición a favor de respetar el acuerdo, en estas condiciones. Si los europeos se sumaran finalmente a las sanciones, el régimen iraní podría verse forzado a volver a su programa nuclear para ejercer una cierta presión, lo que podría tener consecuencias catastróficas.

El primer efecto de la reanudación de las sanciones es el debilitamiento del ala moderada del régimen iraní, encabezada por Rohaní, que ya se está produciendo, en favor del ala más dura, que adquiere fortaleza en la crisis. Pero probablemente es esto lo que se busca. Ni a Israel ni a Arabia Saudí, ni – por extensión – a la actual administración de Washington, les interesa un Irán moderado y dialogante que se integre en la comunidad internacional y prospere, mientras mantiene o aumenta su influencia en la región. Netanyahu prefiere claramente un enfrentamiento que acabe de una vez por todas con la amenaza potencial, y para llegar a eso conviene que el régimen iraní se radicalice, o mejor aún, que retome su programa nuclear. Así estaría justificada una intervención militar que hasta ahora ha sido vetada por Washington.

Deterioro de la economía

El otro escenario deseado por los enemigos de Irán es que el deterioro de la economía producido por las sanciones acabe por producir un levantamiento popular, que ya tuvo un anuncio en las manifestaciones de diciembre y enero pasados, y el régimen caiga o al menos se debilite gravemente. Pero también puede suceder que, ante la amenaza de un deterioro interno grave, el régimen iraní se radicalice aún más, e incluso opte por una huida hacia delante y se lance a una aventura bélica para unir al país.

En cualquier caso, se está jugando con fuego en una región azotada por la violencia desde 1948, en la que, además de persistencia de la madre de todos los conflictos: el palestino-israelí, que no va a mejorar precisamente con la declaración de Israel como Estado nación judío y la legalización de nuevos asentamientos irregulares en Cisjordania, se desarrollan actualmente dos guerras abiertas (Siria, Yemen) y otros dos enfrentamientos civiles que pueden quedar en cualquier momento fuera de control (Irak, Líbano). Es cierto que Teherán participa de una u otra manera en estos conflictos (como también lo hacen, por otra parte, Arabia Saudí y los Emiratos), pero también lo es que el mejor camino para la estabilización pasa por atraer a Irán a la comunidad internacional y al camino de la paz a través del diálogo, los pactos, y promoviendo su desarrollo económico, lo que favorecerá a los moderados del régimen y finalmente promoverá su integración pacífica, sin que eso signifique necesariamente falta de firmeza en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y de las resoluciones del CSNU.

Si se presiona al régimen iraní hasta la desesperación, cualquier cosa puede suceder, incluida una nueva guerra, la escalada nuclear, o ambas, con las consiguientes secuelas de dolor, muerte y destrucción, que se puede extender a toda la región e incluso fuera de ella. Avivar un fuego que se estaba apagando es el colmo de la irresponsabilidad, y si se hace desde la presidencia del país más poderoso del mundo, es sencillamente una locura. Esperemos que  la sensatez que seguramente queda todavía en la mayoría de la clase política de EEUU, incluido el Partido Republicano, y la presión combinada de los aliados y amigos del gran país americano - especialmente los europeos -, reconduzcan este asunto hacia una nueva distensión, en favor de la paz y la seguridad de todos.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

CARLOS CARNERO (*)

 

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Juncker y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / AP 

 

El resultado aparentemente alentador (¡pero mucho ojo!: veremos cuánto dura el optimismo de un vago principio de acuerdo fruto, en todo caso, de la persistencia y la firmeza europeas y de las presiones internas del Partido Republicano sobre Donald Trump) de la reunión celebrada en Washington entre el presidente de los Estados Unidos y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, abriendo una tregua o enfriamiento en la guerra comercial, invita a formular algunas reflexiones de fondo más allá del análisis coyuntural del día. Estas son las mías.

Hay dos supuestos en política internacional que muchos analistas dan casi por hechos y que convendría poner en cuestión: el primero, que Trump tendrá un solo mandato en la Casa Blanca (si es que llega a culminar el actual y antes de su término no es destituido por el Congreso); el segundo, que el asedio al que se ve sometida la Unión Europea desde la Administración republicana y Rusia, las dinámicas globales (proteccionismo, decrecimiento demográfico, nuevo balance de poder) y las tendencias internas (populismo, nacionalismo) terminarán poniéndola al borde del abismo o la cuestionarán extraordinariamente.

Como señala Andrés Ortega en su reciente publicación en el Blog del Instituto Elcano, titulada 'Europa no debería apostar contra Trump', el mandatario estadounidense tiene en las encuestas más suspensos que aprobados en el conjunto del electorado estadounidense, pero conviene recordar que ganó las elecciones perdiendo en votos. Así que si la distancia en papeleteas entre él y su oponente demócrata es similar a la de 2016, mantiene una fidelidad tan alta como ahora entre sus votantes dentro de dos años y consigue una fuerte movilización de sus electores en los estados que marcaron la diferencia de compromisarios frente a Hillary Clinton, volverá a jurar en enero de 2021.

¿Lo impedirán las múltiples acusaciones y sospechas que pesan sobre él, de forma que acaben siendo tan graves y abrumadoras como para que los poderes judicial y legislativo le saquen de la presidencia? Podría ser, pero a día de hoy no es fácil imaginar al Partido Republicano actuando con las necesarias agallas para hacerlo: ya nos gustaría que todos sus líderes fueran tan claros con John McCain.

Si Trump se queda, ¿quién puede hacer frente a sus políticas? China es un poder económico con una estructura constitucional autoritaria que aspira por encima de todo a seguir creciendo y no tiene autoridad política para reclamar un comportamiento democrático ajustado al derecho internacional por parte de los Estados Unidos. Y la Rusia de Putin es más bien una aliada del inquilino de la Avenida Pensilvania. Así que solo resta la Unión Europea, a la que muchos consideran un poder demasiado débil y dividido para asumir ese papel.

Por el contrario, creo que la UE está en las mejores condiciones de liderar o protagonizar un discurso inspirador y una práctica eficaz ante Trump que además pueda ser compartida por otros grandes países democráticos (Canadá, Japón). Las razones para pensarlo son diversas: la UE está basada en valores –que se identifican con los universales- y actúa en pos de objetivos tan enraizados en su mayoría ciudadana que solo una hecatombe interior o exterior podría borrarlos; sus seis décadas de integración han resistido todos los avatares porque tienen la fuerza de la democracia y el Estado de derecho y la capacidad de perfeccionarse de manera permanente; su riqueza (con el euro) le garantiza un nivel de argumentación material incontestable; en temas esenciales como el comercio internacional actúa con competencias exclusivas, lo que refuerza su posición negociadora o de confrontación; y cada vez más cuenta con una política exterior y una política de seguridad y defensa que la han convertido en hacedora de acuerdos muy complejos y mantenedora de la paz en muchas regiones del Planeta.

En otras palabras, debemos ir olvidando la clasificación que define a la UE como un mero ‘poder blando’ para empezar a pensar que, sin abandonar su ADN (o sea, no aspirar a ser una potencia mundial clásica) porque precisamente es el que le diferencia de otros y la hace fuerte, la Europa comunitaria está en condiciones de ser un ‘poder determinante’ de la realidad internacional en todos los terrenos.

Paso a paso, la UE está en situación de demostrarlo. Por ejemplo, en la guerra comercial desatada por Trump debe dejar siempre claro (como ha hecho antes de la Cumbre en Washington el 25 de julio) que no la desea y que prefiere negociar en cualquier caso, pero que si es necesario tiene instrumentos para defender con contundencia sus intereses y, de hecho, los de ese conjunto del mundo (en el Norte y en el Sur) que vería muy afectada su situación si ante el proteccionismo no se alzaran con determinación la voz y la capacidad de decisión europeas. De forma que, en la actual coyuntura, un gran número de países pueden ver en la UE un poder determinante porque es también un ‘poder de referencia’ con el que colaborar y acordar alianzas en pie de igualdad sobre bases enmarcadas en el derecho internacional, tanto en políticas positivas como en las reactivas que fuera menester. Lo que la convertiría al mismo tiempo en un ‘poder generador de consenso’.

Los líderes europeos deben pensar que puede quedar presidencia Trump para años y, en ese contexto –y, de hecho, en cualquier escenario de futuro-, asumir tanto la realidad de su propia fuerza política en la esfera internacional como su protagonismo en decir no con alternativas a las decisiones y políticas de Washington que sean inaceptables. Un debate de ámbito comunitario que culmine con un éxito europeísta en las elecciones del Parlamento Europeo en 2019 y, tras las mismas, permita avanzar en la integración federal de la UE, sería una buena hoja de ruta a seguir. La España que vuelve a contar en Europa con el Gobierno socialista puede y debe estar a la cabeza a la hora de recorrerla.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

JESÚS MARCOS GAMERO RUS (*)

 

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Un pastor con sus cabras en una zona seca del pantano de La Viñuela, en Málaga. / J. ROJAS 

 

La observación de determinadas dinámicas migratorias vinculadas al cambio climático que están comenzando a surgir en países desarrollados debería servir a los decisores políticos de nuestro país para plantear, al menos, un debate sobre esta cuestión. Veamos algún ejemplo:

En Estados Unidos, el aumento de temperaturas, la subida del nivel del mar u otros eventos climáticos extremos hacen prever el desplazamiento de millones de personas dentro del país. De hecho, comienza a producirse un desplazamiento poco perceptible pero progresivo del sur hacia el norte del país, no solo de personas, sino también de capitales o medios de producción.

En este sentido, el profesor Solomon Hsiang, de la Universidad de California, al analizar el daño económico que puede sufrir la población de Estados Unidos por el cambio climático y el aumento de temperaturas, afirma que “el cambio climático puede resultar en la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia del país”.[1]

Una riqueza que va del sur al norte del país, y de los pobres a los ricos, dado que estos últimos tendrían la capacidad y medios de adaptarse y desplazarse con mayor facilidad de zonas costeras a zonas más altas de interior, con un ambiente más agradable y a salvo de mayores impactos climáticos. Por su parte, las poblaciones más pobres no tendrían esa capacidad y sufrirían, o ya están sufriendo, con más virulencia los impactos del clima.

En China, por su parte, se puede asistir a un doble proceso migratorio de entrada y salida de las contaminadas urbes del gigante asiático: familias rurales empobrecidas, las más, que buscan empleo y oportunidades en las ciudades a pesar de la contaminación y los riesgos para su salud; y residentes más adinerados, los menos, que huyen de esa polución, en busca de ‘santuarios’, ya sea fuera o dentro del país, donde disfrutar de un aire, agua y alimentos más sanos y limpios. [2]

Dos ejemplos que permiten enmarcar el debate sobre el cambio climático y las migraciones humanas desde una óptica diferente, ya que estos procesos resultan no ser una cuestión exclusiva de los países en desarrollo. Están surgiendo migraciones climáticas en países desarrollados, aunque bajo patrones o circunstancias diferentes a la de los países más pobres, pero que afectan igualmente a aquellos más vulnerables.

Un factor que determina esa mayor vulnerabilidad de las poblaciones más pobres ante el cambio climático, sea en países desarrollados o en desarrollo, tiene que ver con el aumento de poblaciones atrapadas que no pueden desplazarse por falta de medios. Esta situación invertiría de forma perversa el término 'migrante climático', que frente a conceptualizaciones previas vinculadas al aumento de la pobreza, definiría el ‘privilegio’ de aquellos con la capacidad de acceso a los medios suficientes para huir del impacto del cambio climático.

El cambio climático nos vuelve a advertir, con ejemplos como este, de su carácter planetario y capacidad de superar las fronteras geográficas o mentales que pudiéramos otorgarle. Es un fenómeno que va varios pasos por delante de nuestra capacidad de decisión y actuación, y añade nuevos desafíos a escenarios previos, como el de las migraciones climáticas, que todavía están por afrontar.

Un apunte final: el cambio climático y sus impactos sociales como las migraciones, influyen de forma directa sobre el ya de por sí aumento de la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres, amenazando ese contrato social, que genera y fomenta la estabilidad, el progreso o la igualdad entre personas, sociedades y países.

Algunas respuestas, básicas, pasan por establecer narrativas que faciliten la comprensión del cambio climático y nuestro propio futuro como sociedad, y la importancia en este sentido de reforzar los procesos y políticas de cohesión social. Respuestas planificadas, solidarias, equitativas y respetuosas con los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su origen o circunstancias.

1 “Climate change to damage U.S. economy, increase inequality”, 29 Junio, 2017. https://www.princeton.edu/ news/2017/06/29/climate-change-damage-us-economy-increase-inequality

2 Hurun Report: “Immigration and the Chinese HNWI 2017”, 15 Julio, 2017. http://www.hurun.net/EN/Article/Details?num=51636DE2A1F4

 

(*) Jesús Marcos Gamero Rus es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en cambio climático y migraciones

MATEO PEYROUZET (*)

 

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Sánchez y Macron durante su reunión del mes pasado en París. / CHEMA MOYA (EFE)

 

A medida que se acercan las determinantes elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo y el correspondiente período de campaña preelectoral (cabe recordar que las elecciones europeas coincidirán con las autonómicas y municipales celebradas en España el domingo 26 de mayo), la irrupción de distintas formaciones políticas transnacionales promete dar una vuelta de tuerca al tablero parlamentario europeo.

Pese al intento fallido de concretar el papel de las listas transnacionales en los comicios, donde fue sometida a voto de la cámara en febrero una propuesta para asignar 27 de los 73 escaños que deja el Reino Unido exclusivamente a listas paneuropeas, dos figuras políticas de renombre no están dispuestas a resignarse al rechazo de una mayoría de la cámara a la formalización institucional de estas listas electorales. El presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, y el ex-ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis otorgan a las listas electorales transnacionales un papel esencial en sus respectivos proyectos para ‘salvar’ a Europa de la corriente nacionalista, mediante la reanimación del debate político a nivel europeo que tan central es (como Jürgen Habermas no se cansa de repetir) para un proyecto europeo coherente y conectado con la ciudadanía. Mientras Varoufakis está en un estado avanzado de hacer realidad la primera lista transnacional en la historia de las elecciones europeas, Macron sigue buscando apoyos para aliarse con La Republique en Marche, entre los cuales parece que figurará Ciudadanos, como indicaron portavoces de ambas formaciones tras reunirse el pasado lunes 25 de junio.

El caso es que tanto Macron como Varoufakis se presentan a día de hoy como los máximos exponentes de dos visiones que anhelan una Europa bien distinta a la actual, pero una Unión Europea a fin de cuentas. Ambos están unidos por una serie de ideas sobre el actual estado de la UE y de cómo empezar a reformarla, lo cual les ha llevado a apoyarse el uno al otro puntualmente (Macron rompió una lanza en favor del Gobierno del cual formaba parte Varoufakis expresándose en contra del tratamiento de la crisis griega por parte de Bruselas, mientras este último apeló en The Guardian a los votantes de izquierda a frenar a Le Pen votando al exministro de Economía francés [1]), pero también les separan ciertas cuestiones fundamentales.

Antes de analizar los puntos programáticos que acercan y tensan la relación entre Macron y Varoufakis, se debe entender por qué son dos figuras tan relevantes dentro del panorama electoral. Por su parte, el economista griego es la cabeza visible de DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), un movimiento que nació de la impotencia de las herramientas políticas del Gobierno griego de Syriza y de la frustración experimentada por los pueblos más castigados por la austeridad. El movimiento-partido ha formalizado su ala electoral, cuyo nombre será ‘Primavera Europea’, y se caracteriza por una democracia y transparencia interna que lleva a nivel europeo el sello de otras formaciones políticas nacidas en los últimos años. En cuanto al presidente francés, quedó claro en el discurso que dio en la Sorbona el pasado mes de septiembre, donde detalló su programa para relanzar el proyecto europeo, que su mandato se fundamenta tanto en la reforma de Europa como en la del país que gobierna. Macron se ha erigido en adalid de la Europa políticamente proactiva y no burocráticamente reactiva, proponiendo mayor integración política y lidiando diferentes batallas, entre las cuales estaba la de incluir las listas transnacionales en 2019.

 Visiones y soluciones dispares a críticas compartidas

Por lo tanto, ¿en qué aspectos se parecen o se diferencian las visiones de uno y otro? Para empezar, afirman sin ningún tipo de complejo que sus proyectos son radicalmente europeístas, lo cual no es poca cosa en los tiempos que corren. Ambos políticos claman en contra de muchos de los males que azotan Europa: la nefasta gestión de la crisis migratoria, el déficit democrático de ciertas instituciones continentales, la falta de transparencia en acuerdos comerciales, y la lista continúa. Comparten la misma visión de que Europa precisa de una cierta cohesión política para poder hacer frente al impacto de la globalización y competir efectivamente con superpotencias como China o EE.UU.

Sin embargo, las soluciones que ofrecen no son ni mucho menos idénticas. En líneas generales, Macron basa su proyecto en la idea de ‘la Europa que protege’, proponiendo una zona euro reforzada a través de mayor convergencia fiscal y social, un presupuesto común beneficiado por impuestos sobre el carbono, los GAFA y las transacciones financieras, además de una defensa comunitaria que lleve PESCO (la cooperación estructurada permanente) al siguiente nivel. Por su parte, DiEM25 centra su mensaje en la democratización de la toma de decisiones a nivel europeo y la consecución de un ‘New Deal’ continental. Para ello, considera indispensable que exista transparencia total en encuentros del Consejo, el Eurogrupo y el BCE, y se propone hacer realidad una asamblea constituyente tras las elecciones, con el fin de crear una constitución democrática que reemplace a los tratados existentes.

La relevancia del Gobierno europeísta de Pedro Sánchez

Conforme vaya acercándose la cita electoral, podremos ver si tanto Macron como Varoufakis logran su objetivo de centrar en proyectos paneuropeos el debate mediático previo a los comicios, en vez de debates acerca de política doméstica que relegan el parlamento europeo a uno de ‘segunda división’ (el altavoz de los medios juega evidentemente un papel muy importante a la hora de enmarcar el debate), como denunció usando esta metáfora futbolística el presidente que viene de celebrar efusivamente el triunfo de su nación en el campeonato del mundo de Rusia. Si logran atraer la atención mediática y del electorado con sus proyectos, los resultados pueden ser esperanzadores y presentar un verdadero punto de inflexión en la política europea que tanto se ha caracterizado por la fragmentación interestatal.

En cuanto al caso de Varoufakis y DiEM25, teniendo en cuenta que el electorado (mayoritariamente de izquierdas) al que buscará movilizar durante la campaña se ha mostrado generalmente más escéptico respecto a la UE que el liberalismo progresista al que apela Macron, será interesante ver qué estrategia diseña para ganar el apoyo de votantes que puedan sentirse atraídos por visiones euroescépticas como las defendidas por Jean-Luc Mélenchon y su movimiento La Francia Insumisa.

En este panorama, el posicionamiento del Gobierno marcadamente europeísta de Pedro Sánchez cobra especial relevancia, debido al importante papel que ocupa España en la tesitura de un Reino Unido que abandona la Unión y una Italia gobernada por fuerzas euroescépticas. En la visita del presidente socialista al Elíseo el pasado 23 de junio se escenificó la afinidad entre los dos líderes respecto a la UE, con la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria como tema principal de su conversación. Los hechos recientes parecen indicar que Sánchez será una tercera pieza clave dentro de la alianza reformadora Macron-Merkel, además de una pieza clave en la Europa progresista que Varoufakis y el presidente galo tratarán de construir bajo diferentes visiones.

De este modo, queda por ver cómo interactúa el Gobierno del PSOE con ambas formaciones transnacionales a medida que se aproxima la cita electoral. El hecho de que no trascendiera ninguna información sobre una posible adhesión del PSOE a la lista ‘macronista’ refuerza la idea de que no habrá una alianza formal de cara a los comicios, pero cabe esperar guiños y alianzas de facto. A la espera de ver cómo se desarrolla la relación entre la ‘primavera europea’ de Varoufakis y la postura de Sánchez, cabe destacar que Benoît Hamon, candidato del partido socialista en las últimas elecciones francesas de las que salió victorioso Macron, es actualmente (bajo el movimiento Génération.s) uno de los aliados más afianzados de DiEM25.

Independientemente de cómo avancen las relaciones entre Sánchez, Macron y Varoufakis, parece una realidad que son tres figuras clave del frente centrado en la construcción inmediata de una Europa progresista, por lo cual habrá que seguir muy de cerca sus movimientos tanto antes como después de las elecciones europeas de mayo 2019. La Unión Europea no se puede reformar como es debido sin liderazgo y la confluencia de las fuerzas europeístas progresistas.

[1] https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/04/macron-greece-french-left-marine-le-pen-yanis-varoufakis

 

(*) Mateo Peyrouzet es investigador de la Fundación Alternativas

Los trompazos de Mr. Trump

Por: | 18 de julio de 2018

NICOLÁS SARTORIUS (*)

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Trump y Putin durante su reciente reunión en Helsinki. / KEVIN LAMARQUE (REUTERS)

 

El presidente de los EE.UU. ha desembarcado en Europa y ha empezado a repartir ‘trompazos’ a diestro y siniestro. Está obsesionado con que todo el mundo, tanto socios como adversarios, llevan años abusando de la buena fe de los generosos EE.UU. de América. Uno de los mitos más y mejor trabajados a lo largo de los años ha consistido en que los americanos han salvado a Europa en dos ocasiones, y que lo han hecho por motivos altruistas. En realidad, en la Primera Gran Guerra intervinieron cuando los europeos llevábamos casi cuatro años desangrándonos entre nosotros y, mediante un coste relativamente reducido, lograron inclinar la balanza del lado anglo-francés y convertirse en la primera potencia del mundo. Unos años antes se habían quedado, ‘manu militari’, con la mitad de Méjico y le habían arrebatado a una agonizante España los amplios restos de su imperio colonial.

Durante la II ª Guerra Mundial no quisieron saber nada, al principio, de nuestras recurrentes y sangrientas querellas hasta que comprendieron que los soviéticos, a partir de la batalla de Stalingrado, podían ganar la guerra y lograr la hegemonía en toda Europa. Así, hasta 1943 los aliados no entraron en Italia por Sicilia y hasta junio de 1944 -cinco años desde el inicio de la contienda- no decidieron abrir el segundo frente con el desembarco de Normandía. Una vez concluida la guerra, en el marco de la guerra fría, se creó la OTAN y los países de Europa occidental quedaron bajo la protección y dirección estratégica de los EE.UU. en materia de seguridad. Desde entonces ha llovido mucho, y EE.UU. se ha involucrado en múltiples guerras -Corea, Vietnam, Afganistán, los Balcanes, Irak, etc-, en unos casos en solitario y en otros junto a los aliados. Ahora bien, si los sucesivos gobiernos americanos han venido gastando en defensa más que los demás países, se debe a razones que no tienen que ver con motivaciones desinteresadas. En primer lugar, porque desean ejercer el liderazgo y son los que, al final, mandan en la OTAN. Luego, porque ese enorme gasto en armas le conviene al poderoso complejo industrial-militar del que hablaba Eisenhower. Por último, porque en su opinión lo necesita para seguir siendo la primera potencia mundial en su rivalidad con China, Rusia, etc.

Lo cierto es que la URSS y el Pacto de Varsovia ya no existen y las amenazas son de otro tipo -terrorismo yihadista, ciberataques, etc-. No es creíble que China vaya a atacar a Occidente y tampoco creo que Rusia esté en condiciones de invadir países de la UE a pesar de la ocupación de Crimea, que siempre fue rusa hasta que a Kruschov se le ocurrió la peregrina idea de cederla a una Ucrania soviética. Ahora llega Trump, mete un mandoble a la Sra. May, otro a la canciller Merkel, da la razón a Putin y conmina bruscamente a todos sus ‘aliados’ que tenemos que gastar más en defensa. Primero habló del 2% del PIB y luego, en un alarde provocativo, subió la apuesta hasta el 4%, bastante más del doble que el actual. Y antes de nada yo me pregunto, gastar más en defensa ¿para qué?, ¿con qué objetivos?, ¿ante qué amenazas? Porque si es para seguir bajo la decisión estratégica de EE.UU., cuando según el Sr. Trump somos sus “enemigos”, espero que comerciales, ni un euro más de gasto. Ahora bien, sí sería conveniente invertir más en seguridad con las siguientes condiciones:

- Con la finalidad de favorecer un sistema de seguridad y defensa europeo, capaz de alcanzar autonomía estratégica. Los países europeos gastamos en defensa más de 200.000 millones de €, algo por encima del 1,3% del PIB de la Unión. Rusia gasta 62.000 millones de € y China 142.000 millones de €. Seríamos la segunda potencia en gasto militar solo por detrás de EE.UU.

- Nuestro problema es que tenemos 27 ejércitos con escasa coordinación en objetivos, inversiones, industria, capacidades, mandos, etc, por lo que la cuestión no es tanto gastar más sino hacerlo mejor, generando sinergias y evitando duplicidades y despilfarros.

- En consecuencia, vale la pena aumentar el gasto en un 0,5 o 0,7% del PIB total de la UE si es para ‘europeizar’ de una vez nuestra seguridad colectiva. Por el contrario, no estaría justificado para seguir estrategias no siempre coincidentes con las nuestras, o para continuar comprando artefactos bélicos que produce una industria competidora.

- Vale la pena aumentar el gasto si es para transformar la OTAN en una alianza entre iguales, para hacer frente a amenazas comunes desde la independencia de cada cual. La UE tiene que asumir su propia seguridad. No podemos seguir bajo el paraguas de EE.UU., cuando este te considera un “enemigo”, aunque sea comercial.

 

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

J. ARTURO RUBIO AROSTEGUI (*)

 

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El ministro de Cultura, José Guirao, en la Comisión de Cultura del Congreso. / J. VILLANUEVA

 

El Ministerio de Cultura lleva en barbecho un largo periodo tras consecutivos gobiernos populares y socialistas. Es cierto que cuando gobiernan los socialistas adquiere la categoría de Ministerio, que desciende a Secretaría de Estado cuando tocan los gobiernos populares, pero más allá de la cuestión simbólica y de detalles, pocos cambios estructurales acontecen en la Administración General del Estado. A diferencia de los arts council británicos o el Ministerio de Cultura francés, el español carece de un departamento o de una dotación para la investigación sobre la cultura. Así, tras unos esperanzadores primeros gobiernos socialistas con Solana al frente como Ministro de Cultura, el Ministerio lleva décadas convertido en el problema y no en la solución de la crisis sistémica de la cultura.

Enrocado en sus dimes y diretes con los agentes del sector (a veces el cine y la piratería, el IVA, a veces la copia privada de la ley de propiedad intelectual), el Ministerio ha de mirar fuera y establecer relaciones con las misiones de la ciencia para enlazar con los grandes retos de la investigación de hoy que atañen a las artes y la industria cultural. Cultivando y ampliando horizontes y estableciendo alianzas con el sistema del I+d+I, las universidades  y el resto de la sociedad a través de una ley de mecenazgo sostenible; repensando su labor y función en el siglo XXI, en el marco de la  gobernanza digital,  y coordinándose con el resto de administraciones públicas locales y autonómicas como le obliga la Constitución Española.

Algunos de los asuntos básicos en los que el Ministerio de Cultura tiene un largo margen de mejora son planteados a continuación, haciendo hincapié en cómo la investigación debería  estar al servicio de los procesos de mejora y modernización de sus propios servicios y de su relación con el conjunto de la sociedad española y con los sectores y ámbitos de su competencia. Parto del axioma que es incompatible hoy en día el diseño de las políticas públicas al margen de la generación de conocimiento y la vinculación con la academia. No es nada nuevo, esta vinculación está naturalizada en la cultura anglosajona y en las universidades más prestigiosas del mundo.  

I. La gestión en el propio Ministerio de Cultura:

El Ministerio de Cultura tiene un problema en la propia gestión administrativa de sus direcciones generales y centros adscritos, tal como observamos en algunas evidencias que han trascendido a la prensa en los últimos meses:

Un informe del Tribunal de Cuentas del año pasado sobre la gestión del INAEM, concretamente sobre el ejercicio de 2015, refiere que funciona con bastantes deficiencias como estructura administrativa. Entre otras cosas afirma que el Instituto “disponía de un manual de subvenciones que estaba totalmente obsoleto” (pág. 21). El entonces Ministerio de Educación y Cultura  “no ha elaborado un Plan Estratégico de Subvenciones a medio plazo por lo que la Entidad no ha dispuesto de un instrumento de planificación en la gestión de las subvenciones”. (pág. 57). Recordemos que  la Ley General de Subvenciones tiene ya quince años de vigencia y la política de fomento de la cultura depende de unas subvenciones deficientemente planificadas conforme a la ley,  donde podamos evaluar su impacto en el sector y en la ciudadanía. 

El informe también apunta que el diseño y los indicadores tampoco permiten evaluar la eficacia ni el impacto de la gestión directa de sus propios programas, tales como las acciones de las distintas unidades de creación (Centro Dramático Nacional, Orquesta Nacional, Ballet Nacional de España etc.).  Es la propia administración en su labor de control la que pone éstas y otras evidencias sobre cómo se gestiona (mal) la cultura desde el Ministerio[1]. Hace escasamente un par de meses asistí a un encuentro en el que coincidí con el ahora ministro José Guirao[2] y con  otros profesionales de la cultura pertenecientes a distintos subsectores artísticos y académicos de las artes visuales y la política cultural: artistas, agentes de la intermediación (galerías, gestores culturales, abogados),  diputados de la Comisión de Cultura del Congreso de los principales partidos políticos, académicos, directores de museos y técnicos de las administraciones locales, autonómicas de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura.

En el turno de intervenciones de una mesa redonda, a algunos nos sorprendió el discurso de la subdirectora de Promoción de Bellas Artes, Begoña Torres, que descansaba en una retahíla de quejas y pesares sobre el presupuesto exiguo para el arte contemporáneo de su Dirección General, la falta de recursos del Centro Tabacalera y la voluntariedad del personal adscrito a dicha Dirección General para paliar y hacer lo posible para seguir con el funcionamiento de dicho centro. Hicimos notar algunos de los allí presentes que nos hubiera gustado escuchar un discurso sobre el impacto de sus programas y de sus centros. Ese era el tema.  Otros con una situación similar decidieron hace poco dejar sus puestos en el Ministerio de Cultura, tal como decidió Antonio Moral hace escasos meses al frente del Centro Nacional para la Difusión Musical, cargo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM), como consecuencia de la insoportable burocracia, según sus palabras[3]

Esto viene a corroborar que el Ministerio de Cultura necesita, como hemos publicado en la literatura científica[4], mejorar y modernizar la gestión interna de sus centros y dependencias administrativas. Ello será difícilmente de conseguir sin echar mano de los recursos de la investigación sobre este tema.

II. La gobernanza de las instituciones culturales, participación y agencialización:

Ligado con el punto anterior, el Ministerio de Cultura ha de ampliar la base de su participación en tanto en la gobernanza de las instituciones y sus canales de participación.  Una tesis doctoral (Fátima Anllo, 2017) confirma que, en el caso de la política musical, la desigualdad territorial, el grupo profesional y el ámbito artístico son factores que explican la participación en los órganos de decisión del Ministerio (consejos asesores, jurados premios, comisiones de valoración de subvenciones, entre otros) en el caso de la música. Ello muestra la necesidad de repensar y reformular las formas de gestión y de participación de una cultura evaluativa como la artística.

Por otro lado, pero en la misma dirección, parece desprenderse si analizamos el papel y las formas de decisión de los patronos y patronatos de las instituciones culturales, en donde quedan cerrados a la ciudadanía y a otros subsectores sociales que pueden aportar valor. En un informe de investigación de la Fundación Alternativas, titulado 'El patronato como mejora de la gobernanza de las instituciones públicas culturales' [5], David Márquez Martín de la Leona trata de analizar cómo ciertas medidas, rasgos y funciones de los patronatos anglosajones podrían mejorar la transparencia de las instituciones culturales españolas, y con ello también la rendición de cuentas y la evaluación y el impacto de sus acciones y programas.

Por otro lado, la agencialización en el campo de la cultura es un asunto que no ha tenido cabida en la política cultural española y que hemos analizado en otros países europeos[6].

III. Valor de las artes, la industria cultural y la creatividad en el turismo:

Siendo la industria del turismo una actividad que aporta 110.000 millones de euros a la economía española, más del 11% del PIB, el Ministerio debería de estar preocupado de cómo y en qué medida las artes y la industria cultural y el patrimonio contribuyen, y en qué medida identifican las debilidades y las ineficiencias del sector por ambas partes a través de la investigación interdisciplinar[7].

IV. Engancharse a los planes de I+D: retos y misiones:

El Ministerio debería jugar un papel activo en los planes de investigación, asociándose a grupos de investigación, o apoyando iniciativas que están vinculadas con los retos y misiones de la investigación europea. El papel de la cultura en las sociedades inclusivas, las humanidades digitales, la educación artística (olvidada también por el Ministerio de Educación), el impacto digital en las profesiones artísticas, el papel de las profesiones intermediarias y su valor en el tránsito al digital, las políticas de fomento del arte contemporáneo, entre otros asuntos, son objeto de investigación y de debate en Europa. Debería, por tanto, fomentar los estudios e investigaciones que muestren desde distintos enfoques disciplinares el impacto de los cambios tecnológicos y, de alguna manera, dejar de ser un sujeto pasivo y anacrónico de la investigación sobre los sectores y ámbitos de su competencia.

[1] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[2]https://www.fidefundacion.es/Concluye-la-II-Jornada-de-Arte-de-Fide-Politicas-culturales-en-Espana-y-Europa-en-las-artes-visuales_a752.html  

[3] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[4]https://academia.edu/3462577/La_modernización_de_la_gestión_pública_de_la_cultura._Análisis_comparado_del_caso_de_los_equipamientos_culturales_de_las_comunidades_autónomas_de_Cataluña_y_Madrid

[5]http://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/el-patronato-como-mejora-en-la-gobernanza-de-instituciones-publicas-culturales

[6]https://academia.edu/1268889/The_governance_of_national_cultural_organisations_comparative_study_of_performance_contracts_with_the_manin_cultural_organisations_in_England_France_and_Catalonia

[7] lhttps://politica.elpais.com/politica/2017/08/01/actualidad/1501607463_516522.html

 

(*) Arturo Rubio Arostegui es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija

Efectos regionales de los shocks petroleros en España

Por: | 11 de julio de 2018

CÉSAR CASTRO (*)

 

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Un hombre reposta combustible en una gasolinera. / EFE

 

En mayo de 2017, el precio del petróleo rondaba los 45,5 euros/barril. Un año después, en mayo de 2018, el precio escaló hasta alcanzar los 65.2 euros/barril, es decir, un crecimiento anual del 43.2%. El aumento en el precio internacional de petróleo es siempre fuente de incertidumbre en economías importadoras de petróleo como la española, debido principalmente a la inesperada reasignación que los consumidores puedan hacer sobre sus planes de gasto con el fin de enfrentar los mayores pagos energéticos. Conjuntamente con un grupo de colegas de la Universidad Complutense de Madrid, hemos cuantificando el impacto que las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo ejercen sobre la inflación en España y sus comunidades autónomas[1].

Aunque los efectos más importantes sobre la inflación se concentran en los precios de los productos energéticos, en concreto gasolina y gasóleo, la metodología utilizada en el estudio captura también los efectos indirectos que se trasladan a los precios del resto de productos y servicios que hacen parte de la canasta de consumo. Así, una tasa anual de crecimiento del petróleo del 10% provocaría una inflación total anual del 0.24%, con lo cual, el crecimiento del petróleo observado en mayo (43.2%) explicaría aproximadamente la mitad (1.0 punto porcentual) de la inflación total anual observada en ese mes (2.1%).

Así como el efecto de un shock en el precio del petróleo sobre el conjunto de la economía española se diferencia de los efectos que se producen en otras economías de la zona euro, es lógico pensar que no todas las comunidades autónomas del interior de España sufren los mismos efectos. En concreto, para este estudio nos hemos preguntado cuáles son los efectos diferenciales que un aumento en el precio del petróleo tiene sobre la inflación regional en España. Excluyendo los casos especiales de los archipiélagos balear y canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los resultados indican que las diferencias de los efectos entre comunidades no son muy marcados: Castilla la-Mancha, Cantabria y Castilla-León son las comunidades que presentan efectos más altos, con una inflación de aproximadamente 0.3 puntos porcentuales provocada por el aumento en el 10% de la tasa anual del precio del petróleo.

En el otro extremo Cataluña, País Vasco y Madrid muestran los efectos más bajos, con una inflación de 0.2 puntos porcentuales. Aunque la metodología utilizada en el estudio no permite profundizar en las causas detrás de estas diferencias (por ejemplo, diferencias consuetudinarias del consumo, estructuras diferenciadas de la producción, estructuras impositivas, nivel y dinámica del crecimiento económico, etc.), llama la atención que los efectos más negativos se centren en las regiones más grandes, o que por ejemplo presentan los menores niveles de PIB per-cápita.

El cuadro siguiente muestra para el mes de mayo de 2018 el porcentaje de la inflación observada que se podría explicar por el aumento del 43,2% del precio del petróleo. En el extremo superior, con más del 55% de inflación total explicada por el aumento en el precio del petróleo, se sitúan Castilla la-Mancha, Castilla-León y Cantabria, mientras que en Cataluña, País Vasco y Madrid este porcentaje es menor al 50%. Es decir, el aumento en el precio del petróleo afecta a consumidores de regiones con un bajo PIB per cápita, lo que multiplicaría los efectos adversos sobre el consumo en otras partidas de gasto y en teoría llevaría a una caída más sensible del consumo y la actividad económica. Estos efectos diferenciales se deberían tener en cuenta a la hora de buscar fórmulas que ayuden a mitigar los efectos negativos que a nivel regional producen los aumentos pronunciados en el precio del petróleo.

 

Sin título

[1] Ligia Topan, César Castro, Miguel Jerez and Andrés Barge Gil, 2018. “Oil price pass-through into inflation in Spain at national and regional level.” Working paper, MPRA, 87821.

 

(*) César Castro es doctor en Economía de la Universidad de Salamanca

El País

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