Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

DANIEL LEGUINA (*)

 

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Cristóbal Montoro y Ana Pastor durante la presentación de los Presupuestos Generales.

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó recientemente el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. La partida destinada a la lucha contra el cambio climático se reduce en un 21% -pasando de los 27 a los 21 millones de euros-, y se suma al recorte del 45,64% de 2017. También descienden otras remesas relacionadas con el medio ambiente, como actuaciones en la costa (-5,0%) y calidad del agua (-3,2%). Los datos son, sin duda, muy preocupantes.

Mientras Francia, Alemania o Portugal, por citar algunos ejemplos cercanos, redoblan sus esfuerzos contra el calentamiento global, el Ejecutivo de Rajoy vuelve a mirar para otro lado ante un problema que pone en juego el futuro del país.

Nadie discute que las pensiones, la educación o la sanidad deben ser cuestiones de primer orden, pero dejar de lado la sostenibilidad es inconsciente y muy temerario. Estos presupuestos no son los adecuados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como España se comprometió con la firma del Acuerdo de París para impulsar la transición energética y sentar las bases de un nuevo modelo productivo descarbonizado.

Por el contrario, aumenta el gasto en industria y energía -5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio anterior-. Los sectores que más emisiones generan en España son la electricidad y el transporte, seguidos de la industria. El problema es que no existen propósitos ambiciosos para reducir la contaminación, y la Administración se limita a intentar cumplir con lo que dicta Europa, aunque tarde.

Asimismo, en los Presupuestos se priorizan las inversiones en defensa y armamento -más de 8.000 millones con un aumento del 6,9%, lo que supone un 2,3% de los Presupuestos Generales y un 0,92% del PIB-, infraestructuras ferroviarias -3.727 millones, un 22% más-, nuevas carreteras -2.078 millones, un 8,6% más-, puertos -807 millones, y aeropuertos -705 millones-. Estas inversiones tendrán un impacto muy negativo en el medio ambiente ya que el transporte es un gran generador de emisiones.

Una vez más, Rajoy y su equipo se pliegan a las exigencias y presiones de los grandes lobbies de la construcción y la energía en España -Unesa, Foro Nuclear, Carbounión ACS, OHL, entre otros-, que no quieren saber demasiado de la transición energética mientras sus activos sigan al alza con el modelo actual.

Más producción con menos emisiones

Las emisiones de las más de mil empresas españolas -del sector eléctrico e industrial- incluidas en el sistema europeo de comercio de derechos de CO2 se dispararon más de un 10% en 2017 respecto al ejercicio anterior. Estas empresas provocan el 40% de la contaminación nacional, y expulsaron el pasado año 136 millones de toneladas de CO2. Estos números se deben al aumento de la producción, pero las empresas responsables se centran únicamente en esto último y lo venden como una buena noticia. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para asegurar una mayor eficiencia en el uso de recursos y de energía por unidad de PIB, para lograr más producción con menos emisiones.

La contaminación ambiental provoca gases de efecto invernadero -responsables del cambio climático- y muertes prematuras, costes de hospitalización, días de trabajo perdidos, problemas de salud, daños a edificios y disminución de las cosechas, entre otros aspectos. Todo esto procede de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la alimentación insostenible -producción agrícola, ganadería intensiva y excesivo consumo de carne-.

Científicos de todo el mundo lo llevan advirtiendo décadas: hasta que la lucha contra el cambio climático no se convierta en una prioridad social y política la Humanidad seguirá arriesgando su futuro. Y aquí, en España, país especialmente vulnerable y con una desertización en aumento -el 80% del territorio está en riesgo de aridez extrema en este siglo-, parece que políticos y empresarios no se quieren dar por enterados y no se toman en serio un problema crucial cuyos daños ambientales y económicos serán catastróficos si no se pone remedio urgente.

 

(*) Daniel Leguina es responsable de Comunicación de la Fundación Alternativas

En el Día de la Atención Primaria, una reflexión y una coda

Por: | 12 de abril de 2018

LUIS PALOMO (*)

 

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Una consulta en un Centro de Atención Primaria de Sant Adrià del Besòs. / ALBERT GARCIA

 

El 12 de abril se celebra el Día de la Atención Primaria y este año hace cuarenta de la conferencia de Alma-Ata, hecho que está en el origen de su implantación y desarrollo en España. Menudearán los análisis para sumarse a estas celebraciones porque, además, la Atención Primaria no pasa por sus mejores momentos. Sufre las consecuencias de los recortes, que se manifiestan, entre otras cosas, en la pérdida de la universalidad para colectivos vulnerables (emigrantes); en la implantación de los copagos farmacéuticos, que han afectado, sobre todo, a pensionistas y desempleados; en la reducción progresiva de su financiación y, como consecuencia, en pérdidas de puestos de trabajo, en la no reposición de las bajas, en incrementos de personal subempleado y precario, en el deterioro de los edificios y del equipamiento, etc.

A todo ello hay que sumar deficiencias crónicas que no se han subsanado como, por ejemplo, las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas; la no inclusión de las clases dirigentes, especialmente del mutualismo administrativo (MUFACE); la ausencia de su cuerpo de conocimientos en la enseñanza universitaria y, en términos más generales, el creciente hospitalocentrismo, la sobremedicalización de la sociedad y la utilización demagógica de las promesas asistenciales por parte de los políticos.

A pesar de estos inconvenientes, que han llevado a gran parte de los profesionales desde la frustración al nihilismo, y a pesar de la escasa presencia de la participación comunitaria, la Atención Primaria española aporta fuertes ventajas administrativas, como racionalizar la oferta asistencial; compartir la historia clínica; ampliar el horario asistencial; los centros de salud son más accesibles; hay posibilidad de programar la asistencia; se han introducido criterios de gestión en algunos procesos asistenciales; se evalúa la calidad; se contemplan mecanismos de incentivación, han mejorado los sistemas de información, etc.

Además, la Atención Primaria española sigue contando con el aprecio de la población y, a nivel internacional, es considerada una atención primaria prestigiosa y fuerte en los análisis comparativos, al mismo nivel que las mejores consideradas de Europa: Reino Unido, países nórdicos, Portugal, etc. En la práctica, el éxito de la Atención Primaria parece debido, en gran medida, a un sobreesfuerzo de los profesionales (pese a su elevada temporalidad y bajo nivel salarial en comparación con otros países europeos), lo cual ha permitido compensar los defectos del sistema, las deficiencias estructurales y la ausencia de liderazgo en los niveles de gestión y de organización profesional. Dicho esfuerzo se sostiene por la vocación de esos profesionales de dedicación al enfermo, a pesar de todas las dificultades.

Equidad, prestigio, universalidad

Para que la Atención Primaria siga contribuyendo a la mejora de los indicadores de salud, es necesario que el sistema sanitario supere los obstáculos específicos a la atención equitativa y atienda las necesidades de salud de las poblaciones desfavorecidas, y esto requiere planificación centrada en la equidad con herramientas efectivas y prácticas, y la evaluación del impacto en salud de las medidas favorecedoras de equidad. En los momentos actuales de crisis económica, la actividad de los servicios de salud debe intentar disminuir las desigualdades sociales injustas, y no contribuir a crear nuevas desigualdades (servicios diferenciados para ricos y pobres, vía privatizaciones y copagos, por ejemplo).

Es necesario retirar el RDL 16/2012, porque es una barrera al acceso universal a la asistencia sanitaria para la población más necesitada, fundamentalmente inmigrantes en situación irregular; o para ciudadanos europeos sin recursos que viven en España, o para padres, madres, abuelos y abuelas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupamiento familiar. Cinco años después de la entrada en vigor del RDL, eran 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas.

Otra medida de legitimación social y política del sistema sanitario consiste en incluir los derechos a la protección a la salud y a la asistencia sanitaria en el Capítulo II del Título primero en una futura reforma de la Constitución y en integrar todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único basado en la condición de ciudadanía española, suprimiendo a los efectos sanitarios las mutualidades de funcionarios y los sistemas de protección existentes para otros profesionales específicos.

Respecto a las demandas de los profesionales, cuando estos abandonan el nihilismo y la cultura de la queja, los profesionales más motivados reclaman: 1/ más financiación; 2/ más autonomía organizativa en los centros de salud para adecuar su estructura, su funcionamiento y sus prestaciones a las capacidades disponibles y a las características de la población; 3/ cambios normativos que favorezcan la flexibilidad organizativa y la dotación de personal; 4/ más acceso a pruebas diagnósticas y más capacidad resolutiva; 5/ más facilidades en la coordinación con el hospital y con los servicios sociales; 6/ mejoras en los sistemas de información para evaluar discrecionalmente actividad, calidad y resultados; 7/ incentivación de la persecución de la excelencia; 8/ acuerdos con la administración transparentes y revisables, basados en criterios de calidad de la actividad y de los resultados en salud; 9/ estímulos a la formación continuada y a la investigación; y 10/ favorecer la participación efectiva de la comunidad.

En el documento de la Fundación Alternativas ‘La Atención Primaria española: Situación actual y perspectivas cuarenta años después de Alma-Ata’, concluimos, entre otras cosas, que el modelo organizativo de la Atención Primaria no ha logrado exprimir todas sus posibilidades debido a los corsés propios del conjunto de la Administración pública, especialmente la contratación y gestión del personal; al decrecimiento de la financiación; al abandono de la gestión propia a favor de las gerencias unitarias y hospitalarias; y al descuido del conjunto de la Atención Primaria por parte de los gestores (abandono de la participación social y profesional, falta de estímulos, desprecio hacia la enfermería, etc.), a pesar de lo cual pensamos que la Atención Primaria española, en cuanto nivel asistencial bien definido, por su buena contribución a los indicadores de salud, a la satisfacción de la población y al ajuste de los costes sanitarios, hoy por hoy no tiene una alternativa organizativa global mejor.

 

(*) Luis Palomo es doctor en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Las guerras comerciales de Trump: ¿y si hay un accidente?

Por: | 09 de abril de 2018

VICENTE PALACIO (*)

 

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Donald Trump, durante una comparecencia en el Despacho Oval. / EVAN VUCCI (AP)

 

¿Por qué Donald Trump ganó las elecciones a la Presidencia de EEUU? Porque supo echar a la cabeza de las élites políticas y económicas toda la basura que había acumulado EEUU desde el fin de la Guerra Fría. Y mucha de esa basura tenía que ver con las defraudadas expectativas del libre comercio.

Es tal la fuerza del personaje, que a veces nos olvidamos que Trump no inventó el proteccionismo; por el contrario, él es su consecuencia. Cuando entró de lleno en política, en la etapa final de Barack Obama, los mega-acuerdos comerciales estaban bajo sospecha; el TTIP con Europa ya estaba muerto, y el TPP con el Pacífico no convencía a muchos, a derecha e izquierda. Era simplemente cuestión de tiempo que el viento de la ira de los perdedores de la globalización enterrase el libre comercio global. Lo nuevo es que, con Trump, hemos pasado de las legendarias Hawley-Smoot (ley de Aranceles de 1930) y la política del beggar your neighbour (fastidia a tu vecino) del periodo de entre-guerras, a otra variante diferente: el neighbour harassment (acosa a tu vecino). El objetivo principal es que tu vecino mueva ficha, por las buenas o por las malas.

Este presidente es el caos y la incertidumbre continuos: los que mejor lo saben son quienes trabajan (y los que ya no) con él en la Casa Blanca. Una máquina andante de subvertir reglas dentro y fuera de EEUU. Ahora bien, el caos tiene también una capacidad re-ordenadora, sobre todo si se lleva adelante de una manera deliberada, como es el caso. Cunde una sospecha: ¿Y si los episodios del superávit chino/Xi Jin Ping; de Corea del Norte/ Líder Supremo, Kim Jong-un, y ahora Guta-Al Assad; o las salidas de tiesto con el Acuerdo del Clima de París, o el Pacto nuclear con Irán, fueran en realidad partes de una estrategia negociadora bien calculada, y ésta a su vez la Gran Estrategia que le faltaba a EEUU? Pues eso significaría que este presidente sería el más listo de la Historia.

Pero dejemos eso para la nueva Ciencia de la Trumpología (a la que tanto se dedican los mismos expertos denostados por Trump). Lo que está claro es que el caos avanza, y de forma peligrosa. En Europa estamos asumiendo esta nueva Guerra Fría según la cual Moscú ya no es el único villano, sino que hay otros más, dependiendo del momento y del asunto. En realidad, Putin y Trump se refuerzan mutuamente de cara a sus electorados internos, y hay mucho de pantomima en sus represalias mutuas. Al mismo tiempo, se supone que los dirigentes chinos reaccionarán en positivo para compensar a su contraparte estadounidense, aumentando el consumo e importaciones de Norteamérica (en lugar de reducir las exportaciones), o invirtiendo más en EEUU. Pero: ¿y si eso no ocurre? ¿Y si los mercados se vuelven locos un día de estos? Casi sin darnos cuenta, estamos jugando otra vez a lo mismo del pasado: a que el gran accidente no ocurrirá, que nadie detonará una Gran Represalia capaz de hacer volar por los aires el sistema internacional entero.

En realidad, Trump no espera ganar económicamente la guerra comercial con China, Mexico, Europa, ni Rusia. Por definición nadie puede ganar una guerra en la era de la interdependencia. Incluso Trump sabe que no tiene razón en muchos aspectos, que los discursos planos aquí no sirven, que los costes/ganancias conciernen a muchos sectores diversos de la economía, se trasladan desde el empleo o la producción a la inversión y de un sector a otro. Lo que Trump espera de todo esto es ganar la guerra política; dentro de EEUU con las elecciones ‘mid-term’ de noviembre de 2018, y fuera de EEUU ganando prestigio como el único que “habla claro” a las otras potencias. Es verdad que China o Europa pueden apuntar sus represalias de tarifas a productos agrícolas e industriales de los estados y sectores pro-Trump, para debilitarle: Beijing ya ha anuncia aranceles pro valor de 50.000 millones de dólares. Pero es cierto también que las represalias chinas o europeas pueden servir de coartada a Trump para reforzar su victimismo populista.

No sabemos qué va a pasar, pero sí que estamos en un cambio de época donde se dirime el reordenamiento del poder mundial. Como muestra un reciente memorando elaborado para la Fundación Alternativas por el profesor Álex Muns, existen muchos elementos en juego en el enfrentamiento de EEUU con China, el NAFTA, o los europeos, como para saber si la tensión subirá más peldaños o se quedará ahí. Del proteccionismo, se sabe por qué y cómo empieza, pero menos de cómo se puede reducir la escalada, y menos aún cómo acaba. De momento estamos ya a las puertas de segunda oleada de subidas tarifarias a China, que afectarían a bienes de consumo importados de China en telecomunicaciones o informática, por valor de hasta 150.000 millones de dólares. En EEUU y Europa se empieza a hablar de sangre, sudor y lágrimas. Vuelven acordes de una vieja música; la melodía y la letra son nuevas.

 

(*) Vicente Palacio es director del Obervatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas 

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN (*)

 

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El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una charla en San Francisco. (AFP) 

 

En menos de una década las empresas del sector digital han pasado a liderar la economía global. Y este dato subraya la constatación de un cambio de enorme relevancia en la geopolítica mundial, que afecta directamente al gobierno de los países y del mundo: El universo digital es el presente y el único futuro. La convivencia democrática en nuestras comunidades se configura en torno a él, como espacio de comunicación, intercambio y participación y como entorno determinante en los cambios en los comportamientos sociales, además de como conductor de la producción y distribución de la riqueza. Y las leyes que pretendan garantizar la convivencia del fenómeno con la profundización democrática no han sido aún siquiera imaginadas.

 Los datos vertiginosos del crecimiento de estas compañías, aquellas que unos llaman del capitalismo de plataforma, exhiben su nada disimulada voluntad de dominio y su capacidad para las integraciones horizontales y verticales de negocio (ahora mismo, la evolución diaria del caso Cambridge Analytica/Facebook y sus posibles efectos en las políticas de derechos ciudadanos en Europa y el mundo, o el caso de la adquisición de Whole Foods y de otras muchas empresas por Amazon y sus consecuencias imaginables para el mercado del comercio de alimentos, por ejemplo, son dos de las numerosas señales evidentes). También nos muestran la fase actual de desarrollo de las industrias del conocimiento, el entretenimiento y el consumo y su convergencia en torno a estos grandes grupos (desde Microsoft a Google, Amazon, Über o Airbnb), en una fase en la que el conocimiento de miles de millones de datos de usuarios y su privatización a través del big data, la minería de datos y demás aprovechamientos se ha convertido en el valor principal del negocio y está resultando en casos flagrantes de cartelización o incluso de monopolio en muchos países (Google tiene control sobre más del 86% de las búsquedas en el mundo y casi el 33% del negocio de la publicidad digital).

A este dominio brutal se une la sistemática y planeada privatización de Internet, un final de la neutralidad de la red empujado por los intereses de los transportistas de señal y discutido en los tribunales por plataformas y Estados federales, que tendrá lugar este próximo 23 de abril, si nadie lo remedia. Ello significará entre otras cosas que los proveedores podrán ofrecer sus productos en una red de dos velocidades, reservando para el acceso rápido sus productos premium y acabando con la velocidad única de acceso.

 Estos datos son solo algunas de las múltiples evidencias que alertan de un peligro inminente para la salud de las democracias establecidas. Si la lucha contra los monopolios fue hasta ahora un factor determinante de las políticas a favor de la pluralidad y la diversidad, la rápida evolución de las condiciones del mercado y la privatización y comercialización masivas de los miles de millones de datos personales suponen un cambio de paradigma que no se resuelve con declaraciones bienintencionadas de neutralidad de la red y normas de protección de la intimidad propias de la esfera pública analógica pasada, Y reclaman respuestas políticas complejas que no pueden resolverse en debates superficiales.

Hablamos pues de política digital y de derechos de la ciudadanía. De las políticas de la cultura y la comunicación y de las políticas para las industrias del sector. Porque ambos campos de la acción de gobierno, cultura e industria, han quedado ya absoluta e inextricablemente vinculados en el tiempo digital.

Hace unos meses, en un artículo en the Guardian, y tiempo antes en su libro Platform Capitalism, el experto en economía digital y profesor del King´s College de Londres Nick Srnicek proponía, en forma de provocación meditada, la (inter)nacionalización de las grandes compañías que se apropian y comercian con esos datos: Google, Facebook, Amazon... dado el peligro para las garantías de ciudadanía digital que suponen ya esas conversiones masivas de nuestros datos personales en mercancía, que después vuelve sobre nosotros, transformada en invasiones publicitarias y guiada por estrategias de manipulación neurocomunicativas.

Si la política cultural que algunos defendemos es una herramienta más de cambio social, acompañando al resto de las políticas de distribución y acceso al conocimiento en una sola estrategia, este tema tan crucial no debe quedar fuera de la agenda prioritaria del debate cultural. Porque determinar la futura esfera pública de la cultura requiere ahora interesar a los Estados en un asunto que, al parecer, a pesar de la agitación resultante de las noticias sobre la manipulación masiva de datos, no es percibido todavía siquiera en la dimensión que ya ha adquirido. Ni en su importancia en la vida de la totalidad de la ciudadanía y en la defensa de sus futuros –e inciertos- derechos digitales.

 

(*) Jorge Fernández León es experto en políticas culturales

Mujer y ciencia

Por: | 03 de abril de 2018

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

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Dos científicas trabajan en un laboratorio. JOE GIDDENS/PA (GETTY)

 

Los últimos acontecimientos -porque que hay que llamarlos por ese nombre- que han ocurrido en torno a la reivindicación de la igualdad de género, y que han culminado de forma conspicua el 8 de marzo, han supuesto un impulso notable en el objetivo marcado en pos de la visibilidad de la mujer, como un paso fundamental en el camino para la igualdad. Si no se ve a las mujeres y no se les reconoce, poco se puede aspirar a homologación alguna.

No es momento de repasar los jalones de este camino en los últimos meses que han posibilitado ese impulso, desde los movimientos #Me too, Time’s Up, etc, que han coadyuvado notablemente al empeño. Pero de forma detallada, hay que detenerse en uno de esos peldaños, que seguro merece una atención aparte por su especificidad: se trata de la celebración el día 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que desde hace dos años decretaron las Naciones Unidas.

Es un axioma irrebatible que la contribución de las mujeres en el ámbito científico ha sido silenciado; las mujeres científicas han sido borradas muchas veces de los mapas de su comunidad profesional, y su desaparición ha supuesto una falta de reconocimiento, y por tanto de ingratitud a millones de horas de trabajo concienzudo como el que exige el método científico y, en definitiva, de falta a la verdad, lo que nos lleva a un quebrantamiento moral grave.

La institución del 11 de febrero busca resarcir a las mujeres científicas de ese olvido doloso, y fomentar la vocación futura de otras mujeres a través del establecimiento de referentes, ya que a día de hoy se puede hablar, en ese sentido, de un campo casi yermo.

Las campañas en pro de esa visibilidad son dignas de encomio, pero llama la atención cómo ese movimiento de restitución da la impresión de dejarse parte por el camino. La clave está en la identificación casi única entre ciencia y ciencias experimentales, las conocidas como ‘duras’, aunque no es momento este para entrar en el debate de si unas y otras líneas de investigación son o no son ciencia. De entrada, es plantear un debate excluyente; las ciencias se discriminan por su objeto, comparten nombre por su método, aunque este tenga que ajustarse a aquel.

En definitiva, el slogan ‘las chicas son de ciencias’, que se ha utilizado en el requerimiento del que se viene hablando, marca de forma clara para el público en general esta señalización. Pareciese que sólo hay mujeres científicas en el campo de las ciencias de la naturaleza, pero es notorio que otras mujeres desarrollan sus investigaciones con la seriedad y el rigor propio del método científico; por tanto, también existen mujeres juristas, pedagogas, sociólogas, politólogas, geógrafas, historiadoras, economistas, antropólogas, etc.

Si hemos convenido en reivindicar la visibilidad de las mujeres en el campo de la ciencia, habrá que ser generosos y amplios de mente; esta metodología es la que nos hará conseguir nuestro objetivo común.

 

(*) Paloma Román Marugán en profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid

La euroorden y la unión política europea

Por: | 28 de marzo de 2018

CARLOS CARNERO (*)

 

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 Vehículo con Puigdemont en su interior, en la prisión de Neumünster. / GTRESONLINE 

 

La Orden Europea de Detención y Entrega representa uno de los principales avances de la UE como espacio de libertad, seguridad y justicia.

Además de por su importancia práctica frente al delito, la relevancia de la Orden viene dada porque pone de manifiesto que los estados miembros de la Unión Europea se reconocen como estados de derecho plenos en los que están garantizadas las libertades fundamentales y funciona la separación de poderes. Es decir, como democracias nacionales equiparables que conforman por primera vez en la historia una democracia supranacional, la UE.

De ahí que en la UE exista un determinado ordenamiento jurídico compartido en cuyo marco es un juez quien invoca una Euroorden dirigiéndose a otro juez. Esto es: quien examina y, en su caso, acuerda la entrega de un procesado no es un gobierno a petición de otro, como ocurría en la extradición teniendo en cuenta muchos factores, incluidos los de índole puramente política.

Llama la atención que muchos comentaristas y responsables políticos no consigan -o no quieran- entender la diferencia y consideren equivocadamente que son los gobiernos los que tienen la palabra sobre la entrega, no los jueces. Seguramente, porque en algunos casos buscan cuestionar la independencia de la justicia y, en ocasiones extremas, negar el carácter de estado de derecho a un país determinado.

Pero son los jueces quienes tienen la palabra a la luz de las leyes en vigor y su interpretación de las mismas lo que puede llevar, en sistemas jurídicos nacionales diversos, a que un detenido sea entregado o no dependiendo dónde se atienda la Euroorden.

Precisamente, considerando la existencia de aquel ordenamiento jurídico europeo y sobre bases conceptuales compartidas, la Presidencia Española de la UE de 2010, siendo Secretario de Estado del Gobierno socialista Diego López Garrido, impulsó con determinación y consiguió finalmente la aprobación en 2011 de la Orden Europea de Protección de Víctimas.

Conviene recordar que una de las aspiraciones de los europeos es construir una unión política federal digna de tal nombre. Y esa unión política federal pasa por construir un estado de derecho europeo en el que instrumentos como la Euroorden son y serán fundamentales.

 

(*) Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas

La 'tasa YouTube' y la diversidad del audiovisual

Por: | 26 de marzo de 2018

Mª TRINIDAD GARCÍA LEIVA Y LUIS A. ALBORNOZ (*)

 

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Un usuario utiliza YouTube en una tablet. 

 

A través del decreto 2017-1364, el pasado 20 de septiembre Francia aprobó la entrada en vigor de nuevos impuestos destinados a financiar la producción de obras audiovisuales. Las tasas serán abonadas por las plataformas que ofrezcan películas y series de televisión, gratuitamente o mediante el pago de un abono, estén establecidas en el país o no.  

El impuesto, creado en 1993 a propósito de la comercialización de contenidos audiovisuales en soportes como el VHS y el DVD, se extendió en 2004 a las plataformas de vídeo bajo demanda por abono radicadas en Francia y, en 2013, a todas aquellas plataformas que tuvieran suscriptores en el país. En 2016 el Parlamento francés acordó una nueva extensión de la tasa para aquellas plataformas, establecidas o no en Francia, que ofrezcan gratuitamente producciones audiovisuales a los franceses. Este último es el caso de la conocida como ‘tasa YouTube’, un gravamen del 2% que afecta a los ingresos publicitarios de plataformas como YouTube o Dailymotion. En otras palabras: con la entrada en vigor del nuevo decreto se hacen efectivas las últimas extensiones de esta tasa que será abonada por cualquier operador que ofrezca en Francia un servicio que brinde o permita acceso, gratuito o de pago, a obras audiovisuales, indistintamente de la localización geográfica de sus operaciones. 

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a esta adaptación que persigue integrar a las plataformas audiovisuales en línea al ecosistema francés de financiación de obras audiovisuales nacionales y europeas. La lógica subyacente es simple y se remonta a la creación misma del Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), organismo destinatario de los fondos recaudados: tous les diffuseurs financent la création

Este tipo de medidas, sumadas a otras por el estilo ensayadas por Alemania, enfrenta la difícil tarea de repensar en el entorno digital las iniciativas públicas de promoción y/o protección desplegadas con la consolidación de las industrias culturales a lo largo del siglo XX. En un contexto en el que la legitimidad y utilidad de iniciativas como las cuotas de contenidos para garantizar la presencia de un mínimo de obras en salas de cine y televisores son cada vez más cuestionadas, el’ desafío digital’ presenta interrogantes nada fáciles de resolver para la formulación e implementación de políticas públicas. Por ejemplo: ¿cómo se ataja o penaliza la evasión fiscal cuando el objeto del tributo y los sujetos obligados a tributar no pueden ser fácilmente definibles ni explícitamente interpelados por las estructuras jurídico-administrativas existentes? O: ¿qué sentido tiene transformar las cuotas de exhibición en ‘cuotas de catálogo’, a fin de asegurar la presencia de producciones nacionales en plataformas en línea, si integrar un catálogo no garantiza promoción y visibilidad?  

Si bien las redes y dispositivos digitales han dado lugar a un novedoso entorno de producción, circulación y consumo de contenidos culturales desmaterializados, dicho entorno, signado por oportunidades y amenazas -como la multiplicación de contenidos disponibles o la re-intermediación del campo cultural a manos de poderosas plataformas en línea- es un escenario crucial donde hoy se dirime el poder de comunicar y de moldear percepciones acerca de lo social. Lejos de los discursos promocionales de la tecnología digital, los cuales auguraban que esta por sí misma sería fuente de diversidad dejando sin sentido el rol de los Estados como hacedores de políticas culturales, la existencia de un audiovisual en línea diverso no está asegurada.  

Pensar las posibilidades y limitaciones de la actuación de los Estados en clave de diversidad es pues esencial para presentar alternativas y ensayar estrategias. Y pensar el audiovisual en clave de diversidad supone partir de una visión holística sobre el funcionamiento de las industrias culturales. No se trata únicamente de preocuparse por la representación de determinados colectivos en las pantallas o de preguntarse por la concentración empresarial. Se trata también de conocer la composición de la fuerza laboral que produce los contenidos y las prácticas de los ciudadanos que los consumen.   

La diversidad de (y en) las industrias culturales, en definitiva, depende de una multiplicidad de factores. Por lo que es necesario prestar atención, como mínimo, a las fuentes (propietarios, productores y distribuidores de contenidos, así como la fuerza laboral contratada por éstos), a los contenidos ofrecidos (formatos o tipos de programas, colectivos representados, puntos de vista presentes…) y a la exposición de las audiencias a los mismos (cómo se distribuyen los públicos en el conjunto de la oferta y qué consumen los individuos).  Únicamente manteniendo una mirada integral sobre el audiovisual podremos discutir en qué medida una iniciativa como la“tasa Youtube”puede contribuir con la promoción y/o protección de su diversidad.   

 

 * Mª Trinidad García Leiva y Luis A. Albornoz son profesores de la Universidad Carlos III de Madrid donde dirigen el grupo de investigación Diversidad Audiovisual. Han editado los libros colectivos Diversidad e industria audiovisual. El desafío cultural del siglo XXI (FCE, 2017) y El audiovisual en la era digital. Políticas y estrategias para la diversidad (Cátedra, 2017).

 

Que los árboles nos permitan ver el bosque

Por: | 22 de marzo de 2018

FRANCIS CABEZOS (*)

 

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Árboles talados para abrir espacio al cutivo. / M. LONGARI (AFP)

 

Hoy, como todos los días, venía en el bus de línea hacia Madrid. Soy de los que utiliza el transporte público por aquello de las emisiones y el empleo en el ámbito del transporte de personas. Iba leyendo un libro en formato papel, aún me resisto, quizás equivocadamente, al formato electrónico. Llamadme romántico o atrasado, dado que la revolución digital me pasará por encima. Prefiero el papel, aunque sé que para obtener pasta de celulosa y que yo lea libros hay que talar árboles, pero intento consolarme pensando que con buenos instrumentos de planificación y ordenación de montes y plantaciones, esta actividad es duradera en el tiempo, genera empleo con derechos sociales y laborales y, de otro lado, nos permite extraer menos coltán y que los vertederos de residuos electrónicos del delta del Níger disminuyan en tamaño. ¡Ya no sabe uno qué hacer!

Acabado el libro y con el firme propósito de comprar otro, recordé el último fin de semana en el que, como otros muchos, estuve paseando por el pinar que hay cerca de mi pueblo. Se veían los arroyos crecidos, después de la nieve y las lluvias caídas en los últimos días, y pensé en la estrecha relación que existe entre bosques y agua. Quizá por ello se celebran seguidos los dos días internacionales de ambos elementos, los días 21 y 22 de marzo. Y aprovecho para reflexionar respecto al agua. Deberíamos hacernos mirar aquello de que aún no depuramos el 100% de nuestras aguas residuales, que todavía hay alguno que piensa que el agua de los ríos se ‘tira’ al mar y que lo mejor sería trasvasarla de unas cuencas a otras. El uso posterior de esa agua trasvasada ya nos importa menos.

Durante el paseo pensaba en los restos vegetales producto de las podas, cortas, desbroces y entresacas. Y que si se planificara adecuadamente toda esta actividad, quizá podríamos utilizar estos restos para obtener energía, fabricar compost para parques y jardines y no tendríamos que quemarlos en el monte sin sacar ninguna ventaja. También, no lo puedo evitar, pensaba en la cantidad de personas que pueden trabajar en este sector y las oportunidades que tendrían las pequeñas comunidades rurales. Que ese empleo no tendría por qué tener una alta tasa de temporalidad, una gran rotación, escasa formación y elevadas tasas de accidentalidad. Esto se podría cambiar.

El sector forestal arrastra problemas: individualismo y abandono de muchas propiedades forestales, titularidad de los montes, la poca apertura de los mercados de productos forestales, la escasa inversión pública y privada o el desinterés de la sociedad por el monte. Un desinterés posiblemente provocado por el desconocimiento del potencial del sector, tanto desde un punto de vista económico como del medioambiental y las posibilidades de creación de empleo y reactivación en zonas hoy deprimidas. Revitalizar el sector forestal puede constituir un elemento clave para recuperar y reactivar un mundo rural en franco retroceso en gran parte de nuestra geografía. La ausencia de una auténtica política agrícola, la falta de inversiones y la insuficiencia de servicios públicos en las zonas rurales son algunas de las causas de esta situación.

Ya llegado a Madrid, y después de atravesar distintas localidades, también me recordaba a mí mismo la importancia que tiene llevar a cabo una buena planificación urbanística y el papel protagonista que tienen las entidades locales en ello. Ciudades más humanas y menos automovilísticas, menos hormigón y asfalto y más avenidas arboladas, aceras más anchas con ornamento verde, más parques y jardines para solaz de la gente y con ello contribuir a que respiremos menos óxidos de nitrógeno y que podamos sentarnos con calma en un banco a leer un libro.

 

(*) Francis Cabezos es secretario de Coordinación Sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Pensiones en peligro

Por: | 15 de marzo de 2018

(*) OCTAVIO GRANADO

 

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Protesta de pensionistas en Bilbao (EFE).

 

Una marea de pensionistas indignados recorre y recorrerá este fin de semana las calles españolas para exigir una revalorización de sus pensiones que sea real y no cosmética. Naturalmente, los medios de comunicación más conservadores, argumentando precisamente con la mala situación económica del sistema, que tiene el mayor déficit de los sistemas de la Unión Europea y de los países en los que existe una contabilidad separada de los gastos de pensiones del mundo, justifican la imposibilidad de una revalorización real.

En este sentido, tal vez merezca la pena conocer cuál ha sido la acción del Gobierno de Mariano Rajoy durante su gestión, muy diferente no ya de los gobiernos del PSOE, sino de la propia gestión de José María Aznar al frente de las cuentas públicas. En esta gestión hay un punto positivo en el haber, la financiación de los complementos a mínimo de pensión al 100% por el Estado, por cierto generando remanentes sin gastar durante todos los ejercicios, como consecuencia de la mejora de la contributividad del sistema durante los últimos años, del fallecimiento de pensionistas perceptores, y de la no revalorización. Pero hay una infinidad de puntos negativos:

- Durante estos últimos seis años, el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y otras bonificaciones al empleo, lo que ha importado y sigue importando más de 1.500 millones de euros.

- Ha dejado de cotizar por los cuidadores familiares de atención a la dependencia, lo que ha disminuido los ingresos más de 1.000 millones de euros.

- Ha intentado que la cotización de las empleadas de hogar volviera a recaer sobre las propias empleadas, para disuadir de los pagos. Aunque no lo ha conseguido salvo parcialmente, el Sistema Especial de Empleadas de Hogar pierde cotizantes e ingresos desde la última reforma.

- Intentó impedir que los trabajadores despedidos suscribieran convenios para mantener sus bases de cotización. Sólo la amenaza de una movilización masiva de afectados particularmente indignados frenó la norma ya en vigor de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- Disminuyó la cotización de los desempleados que habían agotado sus prestaciones, limitando el inicio (de 52 a 55 años), la base (del 125% al 100% del SMI) y estableciendo incompatibilidades de renta familiar más duras, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos para el sistema que ha llegado en 2017 a los 3.000 millones de euros.

- La reforma laboral disminuyó los salarios, y la congelación del salario mínimo interprofesional se ha trasladado años a las bases mínimas de la cotización, aunque no hubiera imperativo legal. No se modificó la legislación para conseguir que la base mínima de cotización subiera de forma diferente, especialmente para los contratos temporales: ¿Les parece razonable una cotización proporcional a la jornada por contratos de media hora? ¿No sería razonable establecer un sistema de cotización que penalizara realmente los contratos de duración inferior a las cinco jornadas, imputando de verdad todos los festivos, las vacaciones y las pagas extraordinarias a la base, y estableciendo una base mínima diaria de cotización? Pero hemos preferido dejar caer los ingresos en la misma proporción que los salarios, y así destruir la solvencia financiera del sistema.

Entre lo amagado y lo golpeado, el Gobierno  ha conseguido mantener durante todo el periodo, salvo el año pasado, los ingresos por cuotas por debajo de los de 2011. Y todo esto fruto de decisiones políticas con forma normativa. Así, el Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales han sido desvalijados y no existen las reservas previstas para paliar las consecuencias de la jubilación del baby boom en puertas. Baby boom que verá agravadas sus consecuencias con la previsible evolución al alza de la esperanza de vida fruto de las nuevas investigaciones sanitarias.  Y ahora, según el PP y todos los voceros que justificaron estas medidas, los irresponsables son los pensionistas, por supuesto, y los partidos de la oposición, cómo no, por pedir que no se les culpabilice de todo esto, que por cierto no ha merecido asunción de responsabilidad política alguna.

Todas estas medidas han disminuido ingresos. Pero luego están las que generan desigualdades. Algunos académicos especializados en justificar las decisiones gubernativas nos recuerdan todos los días que el sistema no se ideó para redistribuir las rentas, pero redistribuir las rentas es exactamente lo que ha hecho este Gobierno con sus decisiones, eso sí, aumentando la desigualdad social. Podíamos haber establecido complementos a mínimo para los jubilados que mantienen o ayudan a descendientes en desempleo, pero preferimos acabar todos los años con remanente de gasto en esta partida; obligamos a los pensionistas a pagar los fármacos, y establecemos deducciones para los mayores de 80 años que hacen la declaración del IRPF, un 15% del total de pensionistas, en vez de permitirles directamente deducir los gastos de farmacia a todos. Podíamos haber establecido ayudas para madres sin ingresos, pero hemos preferido incrementar las pensiones de las jubiladas a los 65 que han tenido hijos, naturalmente  si cobran pensiones más altas; si perciben pensiones mínimas sus complementos absorberán la mejora y no tendrá efectos reales. Redistribuimos la renta, pero al contrario de lo que hacía legendariamente Robin Hood.

Y ahora, tenemos por enésima vez que volver a recordar que los cambios hacia un sistema de capitalización son imposibles e indeseables, porque supondrían un gasto de transición de tres veces el PIB. Pero también que con los cambios hacia un sistema de cuentas nacionales y sin un periodo previo de elevación de todas las aportaciones inferiores a la media que se realizan en el sistema español (autónomos, agrarios, empleadas de hogar, sistemas especiales de artistas, del tomate, trabajadores con coeficientes reductores de la edad de jubilación, etc), habría cinco millones de los actuales cotizantes con pensiones de miseria.

Porque la discusión esencial de toda esta triste historia no es, con todo lo que nos haya conmovido la indignación del colectivo, cuánto suben las pensiones. Sino cómo financiamos mejor los ingresos de la Seguridad Social, ya que sin esa mejor financiación nos vemos abocados al desastre. Podemos justificar que la reducción de los salarios era necesaria para su reparto en forma de mayor empleo. Podemos alertar que las posibles figuras tributarias que se creen para financiar la Seguridad Social deben consolidar el sistema y no crear nuevos agravios futuros. Podemos ser prudentes incrementando las cotizaciones, e intentar hacer recaer el incremento sobre quienes utilizan el sistema en fraude de ley. Pero sobre todo, podíamos haber mantenido las cotizaciones de los empleadores en los porcentajes de 2011. En ese año, en España fueron del 10,7% del PIB y en la UE el 10,6. Los últimos datos de Eurostat recogen que en España este porcentaje ha bajado del 10%, mientras que en Europa ha subido por encima del 10,7%. Puede justificarse que para crear empleo los salarios han debido bajar, pero con un mayor crecimiento del empleo, del PIB, de la economía. ¿Por qué los empresarios españoles deben pagar cada vez menos en relación con los europeos? Pero ahora es tiempo de descalificar alternativas, hasta que el Gobierno y la derecha económica elaboren un índice de revalorización que cumpla el único objetivo relevante que les importa: gastar menos. Nuestro objetivo debería ser ingresar más y mejor.

 

(*) Octavio Granado es ex secretario de Estado de Seguridad Social (2004-11)

Memoria y libertad

Por: | 12 de marzo de 2018

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

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Imagen de uno de los trenes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

 

Temprano levantó la muerte el vuelo... A las 7.35 del 11 de marzo de 2014, diez explosiones en cuatro trenes de cercanías sacudieron Madrid, causando 193 víctimas de 17 nacionalidades, y más de 1.800 heridos de distinta gravedad. Gente pacífica que iba a su trabajo o sus asuntos. Fue, y todavía es, el más sangriento atentado terrorista en Europa, si descontamos el que hizo caer, en 1988, a un avión de la PanAm en la ciudad escocesa de Lockerbie. Han pasado 14 años, pero no olvidamos, ni olvidaremos. Los que hicieron estos atentados, los que han hecho todos los atentados, tenían su odio. Nosotros, tenemos la memoria. Y la libertad.

Pocos días después, el Consejo Europeo instituyó, a propuesta del Parlamento,  el 11 de marzo como el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Desde entonces, ha habido en Europa al menos 30 atentados con víctimas mortales, 416 en total. Ámsterdam, Londres, Toulouse, Bruselas, Copenhague, París, Berlín, Manchester, Barcelona…. Y muchas más, decenas de miles, en todo el mundo –principalmente en países de mayoría musulmana– que tampoco podemos olvidar. Todas las víctimas del terror son igualmente dolorosas para la humanidad y todas merecen nuestra solidaridad.

Hoy es un día para el recuerdo de los que ya no están. También para la atención y el apoyo a muchas víctimas que aún andan por nuestras calles, porque sufrieron atentados o porque perdieron a un ser querido, que es también una forma –dilatada– de la muerte. Y, finalmente, es un día para la reflexión. Nada justifica ni explica la matanza de inocentes, si no es el odio irracional y vengativo. Tal vez debamos preguntarnos qué mundo hemos creado en el que la voz de algunos no se oye, y la de otros solo suena a dinamita y a disparos. Y qué podemos o debemos hacer para que esto acabe, más allá ejercer nuestro derecho a protegernos. Cómo vamos a llegar a ese mundo sin violencia que todos deseamos. Sin ningún tipo de violencia. Ni física, ni económica, ni política, ni social.

No podemos odiar, porque nuestro odio es su victoria. No podemos tener miedo, porque nuestro miedo les estimulará para seguir con su locura asesina. Solo podemos derrotarlos si seguimos con nuestra vida normal, a pesar del dolor. Si les demostramos que su maldad es inútil, que nada van a conseguir matando inocentes. Si nos mostramos firmes, serenos, activos, si somos capaces de sobreponernos, de trabajar para proteger a todos y al mismo tiempo para ayudar a todos a comprenderse mejor, el odio no prevalecerá.

Miles nos han dejado a causa del fanatismo brutal de unos pocos. Descansen en la paz que sus asesinos jamás encontrarán. Hay muchos más que siguen viviendo, con el dolor y la ausencia, heridos en su cuerpo o en su alma ¿Qué podemos deciros? No estáis solos. Os necesitamos. Vuestra memoria es nuestra libertad.

 

(*) José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas

El País

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