Ciegos, sordos, mudos.

Parodias de diálogo entre la administración y la industria audiovisual

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Las actuales muestras de desprecio hacia la cultura de la mayoría de las instituciones públicas españolas no son por desgracia visibles en muchos de sus aspectos más dañinos para la comunidad. De la casi total desaparición de la inversión pública en adquisición de libros (físicos o digitales) para las bibliotecas, y de su impacto tremendo en la cadena de valor del libro, ocasión tendremos de escribir, así como de otros muchos casos de abandono que afectan a millones de usuarios de servicios públicos culturales. Pero, por su visibilidad mediática, ese desinterés lo perciben bien millones de ciudadanos en la actitud de los responsables en materia de políticas para las industrias y la creación audiovisual, desde el Gobierno central a la mayoría de los Gobiernos autonómicos. Y son especialmente visibles las tensiones diarias que afectan a la supervivencia de la cadena de negocio del cine, desde la producción a la exhibición, aunque ni mucho menos sean la única señal de esa desidia.
Se constata, en efecto, como reunión tras reunión las promesas rotas, los calendarios incumplidos y la falta de respuestas van colmando la paciencia del sector, expresada con distintos matices según su origen. Y no se trata solo del impacto de la subida del IVA (ya está analizado por ejemplo su efecto devastador para las artes escénicas en sus primeros meses de aplicación y los datos de la taquilla del cine no le van a la zaga, con una previsión para este fin de semana escalofriante, que supondría ver reducidos casi un 50% los ingresos respecto a la misma semana del pasado año). Tampoco ayuda la falta de respuesta a la modificación solicitada del incremento de los incentivos fiscales (el 18%, establecido en la limitada Ley de la Comunicación Audiovisual no contenta al sector, frente a los más generosos de las fórmulas francesa -35%- o italiana -40%-).  Del abandono de las colaboraciones de RTVE para hacer sostenible el negocio de los pequeños industriales de la distribución queda constancia directa y dolorosísima en el cierre o anuncios de cierre de salas, distribuidoras e iniciativas como ALTA Films, el más visible de los muchos en marcha. Todo esto se resume en una clara renuncia a la defensa de la excepción cultural, incluso en el campo de la industria convencional, y por tanto una entrega rendida a las exigencias del oligopolio mundial del entretenimiento.
A este panorama de silencios se suman otros datos de deficiencias estructurales no abordadas, como el escaso grado de digitalización de nuestras salas en el contexto europeo: Un 45% de renovación de equipos, frente a la digitalización completa de Finlandia o las casi completas de Alemania, Francia y Gran Bretaña y el consiguiente peligro de desertización cinematográfica de la mayoría de nuestras ciudades en muy pocos años, cuando la distribución digital del cine se generalice tanto para grandes como para pequeños proyectos). Y también pesa, y mucho, la falta de líneas propias de ayudas que complementen sólidamente los 20.000 euros por sala de la convocatoria europea MEDIA de ayudas para hacer posible el cambio a las salas independientes, las más perjudicadas y que caminan, en este desierto de silencio y ceguera administrativa, hacia su cierre irreversible.
La lista de asuntos pendientes deviene interminable. Y si la sordera acompaña a la falta de visión en el campo de la industria, qué decir del desinterés absoluto respecto a las nuevas formas de producción, distribución y consumo nacidas al calor sobre todo de la popularización de las herramientas digitales y las nuevas visiones de generaciones de creadores y consumidores que no quieren, legítimamente, ampararse en los mecanismos de la industria, y desean disponer de su propio espacio público para compartir y participar en el espacio de lo audiovisual. Son invisibles para los administradores públicos, aunque en número e intensidad productiva sean ya un importante contingente de actores cuyo papel debería merecer la atención y el cuidado de cualquier política pública de I+D cultural. Pero, al parecer, estamos ocupados en asuntos más importantes. O eso dicen. Y ya se sabe que la investigación mejor es la que no existe.

¡MALDITA ONU!

CARLOS CARNERO

“¡Maldita ONU!”. No es difícil imaginar que esa habrá sido la expresión de algunos de los halcones de Washington cuando hayan escuchado las palabras de Carla del Ponte afirmando que “existen fuertes y concretas sospechas, aunque no pruebas incontrovertibles, de la utilización de gas sarín en Siria…por algunos grupos de la oposición”.

Mientras la guerra civil en Siria acentúa su espantoso balance de muertos, heridos y destrucción moral y material, algunos grupos de interés elevan su presión para que Obama se decida a intervenir militarmente (vía bombardeos aéreos) para poner fin al conflicto con una derrota militar del régimen. Pero el Presidente parece resistirse a poner en marcha una operación que implica bastantes riesgos.

En primer lugar, porque no hay testimonios de que las líneas rojas que se marcó para autorizar el despegue de los cazabombarderos hayan sido traspasadas por parte de El Assad. El régimen del dictador sirio ha cometido crímenes brutales e incontables  a lo largo y ancho del conflicto, pero es complicado probar que haya hecho uso hasta la fecha de las armas químicas, condición marcada para su intervención por los propios Estados Unidos.

En segundo lugar, porque no da la impresión de que el nivel de acuerdo (y en su caso, implicación) con la intervención entre los aliados norteamericanos, particularmente en la Unión Europea, haya alcanzado una masa crítica suficiente como para no convertir el ataque en una acción cuasi unilateral, con algunos apoyos aislados en lo militar y declarativos en lo político.

En tercer lugar, porque la desconfianza de Washington hacia algunos sectores de la oposición siria –más allá del reconocimiento formal obtenido por su plataforma conjunta en las principales capitales occidentales- sigue siendo patente. Es decir, no se tiene la garantía de poder influir de manera suficiente en el desarrollo de los acontecimientos una vez que el régimen se desplome.

Y en cuarto lugar, porque ni existe ni probablemente existirá un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en Siria. Es verdad que tal situación responde al rechazo hasta la fecha de dos países con poder de veto (Rusia y China), pero, independientemente de las causas, tal mandato ni se ha pedido con nitidez ni se ha obtenido.

De forma que la diferencia con la intervención en Libia sería que aquella se llevó a cabo en el marco del derecho internacional porque las Naciones Unidas la amparaban. Ahora mismo, actuar en Siria equivaldría a decir que el unilateralismo fue expulsado por la puerta pero ha retornado por la ventana, algo poco acorde con la política exterior de Obama.

Algunos han creído ver en los ataques israelíes en Siria una especie de boca de ganso militar de los Estados Unidos: Tel Aviv intervendría cuando su principal aliado no puede o no quiere hacerlo. Quizás sea así o también que Israel haya decidido actuar de forma preventiva tras formar un gobierno escorado a la derecha, argumentando que en realidad lo hace contra Irán y Hezbolá y seguro de que el ejército del régimen de Damasco no tiene ninguna capacidad de respuesta en un segundo frente.

Volvamos, en todo caso, a las preguntas esenciales: ¿la responsabilidad de proteger (antes conocida como derecho de injerencia) está o no por encima de elementos que pueden ser considerados formales, como la existencia previa de una autorización onusiana?; ¿hasta qué punto pueden las democracias verse paralizadas por el veto de los de los de siempre en el Consejo de Seguridad a la hora de actuar para impedir las masacres de regímenes sin escrúpulos como el sirio?; ¿seguiremos siempre dejando que los conceptos de “no intervención” o “apaissment”, tan terribles para la historia de España y Europa, jueguen a favor de quienes cometen crímenes contra la humanidad?

Es evidente que la acción política, diplomática y humanitaria a favor del pueblo sirio y en contra del régimen no solo debe continuar sino reforzarse, lo mismo que ha condenarse cualquier atrocidad por parte de la oposición al mismo. Pero el debate está abierto sobre la necesidad de intervenir militarmente y de hacerlo incluso sin una autorización de la ONU. Eso sí, la discusión es urgente, urgentísima, porque cada día mueren personas inocentes en una guerra civil que parece no tener fin.

En todo caso, las Naciones Unidas –tan criticadas, a veces justamente, y tan poco alabadas, en ocasiones injustamente- vuelven a demostrar su incuestionable valor cuando su propia existencia y el derecho internacional que han ido creando obliga a todos a pensar dos veces lo que hacer antes de apretar el gatillo. En algunos casos, repito, siempre habrá quien reaccione a ello con ese “¡Maldita ONU!”.

¿Qué publican los think tank en España?

 EULALIO DÍAZ CANO, estudiante de CC.Políticas y Derecho de la UAM, en prácticas en el Laboratorio de Alternativas

Las publicaciones de los think tanks son pieza clave a la hora de conseguir un elevado grado de influencia. A través del análisis de los documentos publicados se pueden extraer algunas conclusiones sobre los temas que estas organizaciones marcan como prioritarios y, de este modo, aproximarnos a los objetivos que persiguen y a los valores que buscan trasmitir.

Los datos que aquí se presentan corresponden a las investigaciones publicadas por la Fundación Alternativas, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), y la Fundación Ideas desde el año 2009.  Se han tenido en cuenta todas las publicaciones con una extensión superior a las cinco páginas que abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo político y económico de España. Estas publicaciones han sido posteriormente clasificadas por categorías en función del tema principal de cada documento.

La siguiente figura nos muestra el porcentaje que cada categoría supone sobre el total de documentos publicados por la Fundación Alternativas.

Si ponemos en comparación estos datos con los resultados de FAES y la Fundación Ideas el resultado es el siguiente:

La economía y el funcionamiento de las instituciones, así como, la calidad de la democracia son los ámbitos que más interés despiertan en estas organizaciones. Estas dos categorías, dependiendo del caso, alcanzan entre el 60% y el 80% sobre el total de publicaciones. Cada think tank, a su vez, muestra sus preferencias a la hora de abordar estos temas. La mayoría de estudios que FAES ha publicado en relación con las instituciones y la calidad democrática tienen los valores liberales, la crisis de la socialdemocracia y la identidad nacional española como cuestiones más recurrentes. En la Fundación Ideas, sin embargo, dentro de esta misma categoría se podrán encontrar investigaciones enfocadas desde una perspectiva socialdemócrata.

Si observamos el resto de categorías podremos apreciar que la Fundación Alternativas ha otorgado mayor prioridad que el resto de organizaciones a temas como sanidad, protección social, vivienda y cultura. A la hora de desarrollar trabajos sobre la lucha contra la desigualdad y la protección de los más desfavorecidos, Alternativas duplica el porcentaje del segundo think tank en esta materia (Fundación Ideas). 

Destaca, por otra parte, el hecho de que la Fundación Alternativas sea la única organización de las que aquí se analizan que ha publicado sobre vivienda y el sector hipotecario en España desde el año 2009.
FAES, además de en cuestiones relacionadas con las instituciones y la calidad democrática, se sitúa por encima del resto en categorías como educación y seguridad. Dentro del espacio que FAES dedica a la seguridad,  destaca el desarrollo de trabajos relacionados con el terrorismo.

En un contexto de progresivo aumento de las desigualdades sociales en nuestro país, la lucha contra la exclusión social y la protección de los sectores más afectados por la crisis económica cobra un protagonismo esencial. Es necesario que, desde los think tanks, se continúe trabajando para mejorar las condiciones económicas y democráticas, pero sin dejar de lado el interés por mejorar la situación de quienes más lo necesitan.

Amputando la marca España

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Acaba de hacerse público el informe de la tercera edición del Barómetro de la Marca España, un estudio realizado en países de referencia que incluye entre cuatro y seis naciones dependiendo de la oleada de estudio. Se trata del resultado de una encuesta que, con el cuestionario de pago por cobertura online Nielsen,  viene realizando desde hace menos de un año el Real Instituto Elcano para averiguar datos en torno a la reputación del país, de instituciones, empresas, personas y ámbitos de la vida española.  Más allá de los argumentos de fiabilidad de la misma (que dejo a los expertos en el tema) una cosa llama poderosamente la atención: el grado de importancia que la cultura adquiere en la conformación del valor positivo percibido de país, cuando se trate de consolidar una marca España poderosa. Y el peso de esa respuesta sugiere, continuando con la reflexión y los datos referidos en el post de F.Rueda, algunas consideraciones en torno a la acción de los Gobiernos en materia de política cultural exterior y también a la importancia de lo que se percibe internacionalmente como valores de nuestra cultura  y, por ello, a su verdadero peso en cualquier estrategia de consolidación de la marca-país, de la que, qué ironía, tanto se habla últimamente.

Según los encuestados de seis países como China, EEUU, Rusia, Alemania, Gran Bretaña y Méjico la cultura es percibida como el valor más positivo, muy de lejos, de entre los factores atractivos de nuestro país en el mundo. Con una nota que va desde el 7,31 en la primera oleada al 7,60 en la última, que supera a los valores de “Sociedad”, “Economía” y “Política” entre medio punto y dos puntos y medio. Así pues, resulta indiscutible la preeminencia que cualquier país daría en su estrategia exterior para la utilización de su reconocida potencia cultural en la consolidación de la Marca Nación. Ello implicaría, y mucho más en casos de crisis brutal como la que España atraviesa, que una respuesta inteligente, en el marco del reforzamiento de la acción comercial y de visibilidad exterior, y ante el importante pero limitado número de marcas globales españolas, echara mano intensamente del denominado soft power, o smart power, esa estrategia de acción exterior de presencia y visibilidad que utiliza la cultura como una de sus herramientas principales.

Y la acción del soft power, en el caso de países con ambición de no perder del todo su posición en el escenario de competencia global se formula inevitablemente a través de tres frentes posibles: el sostenimiento de la producción interna de contenidos culturales,  las acciones de circulación internacional de esos contenidos, nutrientes de la marca-país, y el establecimiento de acuerdos de cooperación que amplíen los escenarios futuros de nuestro desarrollo productivo en todos los sectores de la cultura y el conocimiento.

Tras dos presupuestos sucesivos en los que el Gobierno español ha renunciado en su totalidad a asumir tal compromiso, tanto a través del Ministerio de Asuntos Exteriores como del de Educación, Cultura y Deporte, reduciendo a la nada sus recursos para cooperación cultural y con recortes importantes en los organismos de acción cultural exterior como el Instituto Cervantes o Acción Cultural Española, estos principios de respuesta de país se están quedando, literalmente, en nada. Y los datos del Barómetro, por desgracia, no hacen otra cosa que poner el foco de esa recomendación de urgencia sobre la cruda amputación bárbara infligida a la producción cultural propia

Propuestas fiscales desde la izquierda

MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ

La llegada de la crisis y el desplome espectacular de la recaudación fiscal vinculada a la construcción nos obliga a revisar en profundidad nuestro sistema tributario, adaptando su estructura al nuevo escenario para cubrir esos 2-3 puntos de PIB que se han volatilizado. España no tiene un problema fundamentalmente de excesivo gasto público – se encuentra 5 puntos por debajo de la media europea – sino de insuficientes ingresos, por eso una reforma tributaria profunda es tan necesaria.
El pasado 13 de abril el PSOE desveló las bases de su propuesta de reforma fiscal que representa un giro a la izquierda significativo respecto de las políticas tributarias de Zapatero. Con ella se espera recaudar 40.000 millones de euros adicionales, acercando así el nivel de recaudación pública a la media europea.
La propuesta socialista persigue corregir las cuatro grandes carencias de las que adolece el sistema tributario español: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas sólo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.
Para lograr estos objetivos, el PSOE coloca la lucha contra el fraude como un prioridad política y no evita mentar la bicha; habrá subidas de impuestos, pero enfocadas en los grandes patrimonios y fortunas que en España apenas contribuyen, así como las grandes empresas y la banca. Para ello se plantea la integración del IRPF y el impuesto de patrimonio en una figura tributaria única, siguiendo el modelo holandés, que permita capturar y gravar la capacidad global de cada contribuyente. Además, se equipararía la tributación de rentas del capital con las del trabajo, la revisión de las SICAV, reintroducción del impuesto de sucesiones y donaciones, o la eliminación de las deducciones regresivas del IRPF, entre otras medidas.
Por el lado de las empresas, el PSOE quiere acercar la tributación real a la tributación nominal, con la introducción de un tipo efectivo mínimo compensable del 15% sobre el beneficio contable y eliminando de forma permanente el grueso de deducciones y exenciones que benefician sobre todo a las grandes empresas. También se introducirán dos impuestos a la banca -para que contribuya a sufragar los costes de una crisis provocada en gran parte por su comportamiento irresponsable- inspirados en las recomendaciones del FMI poco sospechoso de izquierdoso radical, ¿o es que ahora sí lo es?.
Aumentar la tributación a la riqueza no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1.
Los socialistas también han puesto encima de la mesa el debate sobre la eficiencia del gasto público. Y lo hacen desde la perspectiva de la capacidad redistributiva y de reducción  de desigualdades del presupuesto, que es muy mejorable comparado con otros países europeos, como revela el 1er Informe sobre la Desigualdad en España, de la Fundación Alternativas. Por ejemplo, el gasto público en España reduce el riesgo de pobreza del 30 al 22%, es decir en un 28%, comparado con un 50% en Suecia (28 al 14), o un 35% de media UE15 (datos 2011). Ya era hora de que la izquierda abordará el asunto de la eficiencia y calidad del gasto, pues la defensa firme del Estado del Bienestar y de los servicios públicos gana mucha legitimidad, cuando va acompañada de denuncias igual de enérgicas contra las ineficiencias, abusos o despilfarros.
La propuesta del PSOE ha generado dudas entre algunos sectores, ¿por qué no lo hicieron antes mientras gobernaban?. Sin duda, a la luz del pasado reciente, el escepticismo de muchos ciudadanos está justificado, pero hay  razones para pensar que el PSOE va en serio en su giro hacia una fiscalidad más progresiva: primero, la severa derrota electoral que sufrió el Partido Socialista le obliga a reaccionar, y es precisamente en la fiscalidad donde muchos simpatizantes de izquierdas percibieron la política de Zapatero como claramente alejada de los principios socialdemócratas. Además, la imperiosa necesidad de reducir los desequilibrios de las cuentas públicas españolas en el medio plazo, sin provocar un deterioro mayor de los servicios públicos a base de recortes o sin golpear a las clases medias, como hace el PP, obliga a pensar en aumentar los ingresos de los mejor situados, que hasta ahora han salido casi indemnes de la crisis.
En definitiva, se trata de un debate muy saludable para la política española. Si la fiscalidad es un reflejo del modelo de sociedad a la que se aspira, los ciudadanos deben saber, que pese a todo, existen diferencias importantes entre las propuestas fiscales y tributarias del PP y del PSOE. Rajoy prometió que no habría subidas de impuestos, pero al llegar al poder, alegando desconocimiento de las cuentas, aumentó el IRPF e IVA golpeando a las clases medias. Además, ha llevado a cabo una amnistía fiscal a los grandes defraudadores profundamente injusta. En contraposición, el PSOE plantea una reforma fiscal profunda, haciendo de la lucha contra el fraude la prioridad más absoluta y, que no suponga mayores esfuerzos para las clases medias, sino basada en subidas de impuestos para el 10% más pudiente. Son dos formas diferentes de aumentar la recaudación y reducir el déficit. Los ciudadanos deben tomar nota y cuando llegue el momento decidir entre estas y otras opciones.

Revitalizar el "sueño democrático"

 

JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados

El reciente atentado terrorista en Boston ha vuelto a cuestionar el grado de seguridad de las sociedades libres. Este golpe se une a una ya larga lista de actos criminales que las democracias occidentales llevan sufriendo más intensamente desde hace algo más de una década. Este periodo coincide también con el inicio de un declive económico en Occidente. En 2001 estallaba la crisis de las puntocom que en Europa se vio agravada por los problemas en las economías centrales de la zona euro. Aquella crisis se superó pero parte de las soluciones a la misma, junto a otros motivos, acabaron por precipitar la Gran Recesión en la que nos encontramos. Podríamos convenir, pues, que las dos costas de Atlántico Norte acumulan ya una década con problemas crecientes de seguridad y crecimiento económico, que coincide con la emersión de nuevos agentes en la esfera internacional. Evidentemente, la multiplicación de los polos de poder tiene aspectos positivos pero plantea retos adicionales cuando no se comparten ni intereses, ni valores.

Mi generación, la nacida en los década de los setenta, adquirió cierta conciencia del mundo en que nos tocaba vivir en los últimos años de los ochenta y, especialmente, en los primeros noventa. La actualidad por aquel entonces tenía otro tono.

La caída del muro de Berlín suponía el fin de la división de Europa y de la guerra fría. En Oriente Medio los acuerdos de Oslo de 1993 daban una nueva esperanza, mientras que la infausta guerra entre Irak e Irán había acabado en 1988 y la guerra del Golfo apenas duró siete meses entre 1990 y 1991. En América Latina, también en esas fechas, las últimas dictaduras militares pasaron a la historia y en Sudáfrica en 1994 Nelson Mandela alcanzaba la presidencia del país y se daba fin al apartheid. Asimismo, tras la destrucción de la Unión Soviética, Rusia parecía encaminarse hacia una democracia y el resto de Estados que surgieron entre las antiguas repúblicas planeaban, supuestamente, tal camino. Al otro lado de Asia, China había despegado con una incipiente economía capitalista tras una década de reformas impulsadas por Deng Xiaoping. Ciertamente, la guerra de Yugoeslavia a principios de la década nos haría recordar los miedos a los enfrentamientos bélicos en Europa, pero todo acabó en los acuerdos de Dayton de 1995 tras la colaboración entre la ONU y la OTAN; si bien, años después la región sufrió la guerra de Kosovo.

Sin pretender repasar cada eventualidad de la década, es evidente que los noventa fueron un periodo cargado de optimismo que suponía el inicio de una etapa marcada por la democracia y la economía de mercado que pareciera no tendría fin. Si Marx había creído que el socialismo científico supondría el fin de la historia, en la década de los noventa del siglo pasado se vivió un cierto consenso que situaba tal escenario transcendente en el dúo democracia-mercado. No hacía falta que todos los países confirmaran tal credo, simplemente bastaba con reconocer la “flecha de la historia” que efectivamente parecía conducir a tan afortunado destino. Fukuyama reflejó el sentir de aquella época en su “Fin de la Historia” de 1992. Es cierto que desde la izquierda se combatió tal veredicto pero en el fondo todos compartíamos ese paradigma. Es más, la fortaleza de esa tesis ha sido tan indiscutida que aún hoy hay quien milita en ese optimista determinismo histórico, como evolución natural del mundo.

Ahora bien, desde entonces, la realidad no ha resultado ser tan halagüeña. En primer lugar, los problemas de seguridad así como la respuesta política a los mismos han venido a cuestionar en gran medida la superioridad moral de nuestras democracias. Obviamente las torturas no pueden sustentar ninguna política de seguridad, pero el manejo de la guerra de Irak ha venido a dilapidar gran parte del liderazgo de Occidente. Sin duda, la ausencia del apoyo de la ONU al inicio de la intervención armada supuso un serio problema político, pero la ausencia de armas de destrucción masiva y sobre todo las dificultades para viabilizar un nuevo sistema político en el país han supuesto un fracaso muy relevante.

Cabría preguntarse ahora si tras esa intervención estaríamos en condiciones de sostener una actuación de la OTAN como la realizada en Kosovo, sin respaldo previo del Consejo de Seguridad de la ONU. Libia y Siria son dos buenos ejemplos de que los países del Atlántico Norte hemos perdido una parte sustancial de legitimidad moral, en nuestras sociedades y en el mundo, y con ello la autonomía para impulsar intervenciones armadas; y la guerra de Irak no es neutra en este desenlace.

Y en segundo lugar, la situación económica de Estados Unidos y del conjunto de Europa está notablemente afectada. Ambas regiones transitan por graves crisis estructurales, mientras que a corto plazo los datos se reparten entre los modestos crecimientos en la costa Oeste del océano y la recesión en la Este. Así pues, el declive de Occidente es notorio y tiene algunos ingredientes que lo hacen estructural, especialmente a la luz del despegue de otros actores globales.

En términos económicos, la preocupación es relativa. Estados Unidos y Europa deberían terminar de superar esta crisis y dado que la economía es un juego de suma positiva, el crecimiento mundial deberá ser bueno para todos. Sin embargo, el poder político se parece más a un juego de suma cero y la transferencia del mismo, desde las democracias occidentales a otras latitudes, incorpora consideraciones adicionales. En términos generales el ideal político de los nuevos agentes globales no tiene correlación directa con la democracia. Y aunque no lo parezca, tampoco se observa en estos países un apego a los mercados abiertos, aunque sí al capitalismo. De este modo, en algunos casos, presentan modelos políticos cercanos a una democracia corporativa, en otros son sistemas autárquicos con cierta legitimidad electoral y en otros países directamente dictaduras. Y en economía, aun cuando todos son capitalistas, presentan una visión de la economía alejada de los mercados competitivos y abiertos.

Por lo tanto, la mayoría de estos emergentes polos de poder no asientan sus sistemas sociales sobre las bases de nuestra democracia. Pero además, aun cuando el ideal de libertad es universal, tales sistemas están logrando legitimarse por sus resultados económicos, generando nuevos referentes que invitan a la emulación en el resto mundo, justo cuando las democracias de Europa y Estados Unidos están atravesando problemas estructurales profundos. Pero si la distancia en valores es notable, el debate sobre intereses resulta muy dispar. Así pues, se adivina una etapa compleja marcada por una cierta decadencia, no sólo de Occidente, sino del paradigma democracia-mercado, que ha dejado de ser el único referente global.

España ya es plenamente contemporánea después de décadas, entonces sí, en la esquina de la Historia, y los retos globales son también los nuestros. Volviendo, pues, a la valoración generacional con que se iniciaba este artículo, esa cohorte de españoles que ya ha comenzado a superar la cuarentena se enfrenta a un mundo radicalmente distinto al que conoció en su juventud. Y en este mundo deberemos disputar la vigencia del “sueño democrático” que, aún con diferencias notables a ambos lados del océano Atlántico, sigue significando un paradigma histórico que de nuevo habrá de seducir a millones de ciudadanos más allá de nuestras fronteras.

España y Latinoamérica conquistan la red

FERNANDO RUEDA

La cooperación española no es lo que era. Ahora que la ayuda oficial al desarrollo ha caído de forma estrepitosa, de cerca de 5.000 millones  de euros en 2009, o el 0.46% del PIB, a 2.500 -la mitad- en 2013 o el 0,23% del PIB; ahora que nuestro peso internacional se asocia a una debilitada Marca España, cuyo logotipo y lema es el resultado de una combinación de colores grises sobre la crisis, los escándalos de las altas instituciones y la corrupción, con un fondo de sumisión a las políticas económicas de los países del  norte de Europa, y un marco borroso desdibujado por la errática política diplomática, en especial con América Latina, donde no dejamos de tener sobresaltos con asuntos como el de Repsol en Argentina, los casos de Bolivia o el no reconocimiento del resultado electoral en Venezuela.

Ya no somos un referente de cooperación para América Latina, nuestra reputación en ese continente no deja de bajar y eso a pesar de los esfuerzos realizados durante la década del 2000-2010, en los que toda esa ayuda oficial suponía para esa región más del 40% del total, e incluso más del 60% si se toma en cuenta la ayuda descentralizada (de ONGs, y otros agentes).

Pero en medio de esta cambio drástico de percepción hacia España, nuestras relaciones de cooperación cultural con América Latina siguen adelante y con mucho ímpetu. Ciertamente las relaciones culturales no han dejado de crecer y el espacio común ha favorecido la creación de un mercado cultural extenso, de usuarios y creadores en ambos lados del atlántico.

A pesar de que a las cumbres iberoamericanas se las suele acusar de navegar entre la retórica y el boato de reyes y políticos, algunos pequeñas metas sí se han alcanzado, y  el ámbito cultural es el que posiblemente mejores resultados haya dado. Programas culturales de cooperación iberoamericana como Ibermedia, Iberescena o Ibermuseos, por citar algunos, han servido de sustento visible a una red de innumerables agentes que desarrollan proyectos e iniciativas para situar nuestra cultura común y en nuestra lengua común en un lugar destacado del mundo., y donde se están haciendo más visible y patente este lugar es en el entorno digital.

Ciertamente, los datos de crecimiento del español en Internet respaldan el interés y la multiplicación de iniciativas de cooperación cultural.  El último informe publicado por el Instituto Cervantes, el español es la tercera lengua más utilizada en la red por número de internautas. De los casi 2.100 millones de usuarios que tiene Internet en todo el mundo, el 7,8% se comunica en español.  El español ha experimentado un crecimiento del 800% en el periodo 2000-2011. Este despegue se debe, sobre todo, a la incorporación a la red de usuarios latinoamericanos. Solo en Latinoamérica el incremento de internautas fue de 1.200%.

Aquellos momentos en que España crecía económicamente y había consolidado su estrategia de cooperación hacia Latinoamérica ya han pasado. Ahora que las curvas de crecimiento les son favorables a nuestros vecinos latinoamericanos, es el momento de hacer valer nuestras alianzas culturales, asociarnos a sus estrategias e iniciativas para crecer juntos en la red.  Este año se celebra en Zaragoza el V Congreso Iberoamericano de la Cultura, bajo el lema "Cultura digital, cultura en red". Comencemos esta nueva asociación por ahí

Venezuela y el futuro del Proceso de Paz en Colombia

ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN

La relación entre Colombia y Venezuela, es muy estrecha, a pesar de la distancia ideológica que divide a sus gobiernos. Los dos países comparten historia, cultura y lo más relevante una frontera continua de 2219 kilómetros, en la que las poblaciones y economías se fusionan inextricablemente. Tan unidas están que de uno y otro lado han vivido una historia de abandono estatal por parte de los gobiernos de los dos países. Por eso, todo aquello que acontece en uno de los dos países inevitablemente afecta al otro y el conflicto armado colombiano, tan ligado a la historia de la inoperancia del Estado no ha sido una excepción.

Las guerrillas colombianas FARC y ELN así como los grupos paramilitares han hecho presencia en la frontera, bien atraídos por la posibilidad de conseguir recursos extorsivos del petróleo, bien porque la larga frontera es en buena parte un territorio de difícil acceso y control en el que podían refugiarse con seguridad.

El Bolivarianismo, esa fusión de nacionalismo, antimperialismo, socialismo y populismo que abanderó Chávez, fue asumido como propio por las FARC. Así, la relación entre los gobiernos de Bogotá y Caracas se fue haciendo más inestable, pues Venezuela reconocía la beligerancia del grupo guerrillero mientras el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, insistía en negar la existencia de un conflicto armado. Sin posibilidad de acuerdo la relación bilateral se convirtió en una batalla de acusación de connivencia con la guerrilla que por poco y lleva a los dos países a un enfrentamiento armado cuando Venezuela asumió como propia la afrenta que significó un bombardeo contra la guerrilla en suelo ecuatoriano.

La situación giró radicalmente con el cambio de Presidente en Colombia, Juan Manuel Santos, optó por el pragmatismo, reabrió la frontera, consiguió reanimar el menguado comercio bilateral y la buena relación entre los dos gobierno permitió una cooperación policial que ha permitido hechos tan notables como la captura del reconocido como mayor capo del narcotráfico colombiano en  territorio venezolano.

 

¿Afecta la inmersión lingüística a la identidad nacional?

MARÍA JOSÉ HIERRO

 

El cuestionamiento del modelo de inmersión lingüística del sistema educativo catalán es una constante en el debate político español. Recientemente, el auto del TSJC que obliga a cambiar la lengua de enseñanza de la clase si uno de los alumnos así lo solicita ha encendido de nuevo la polémica. Esta polémica, sin embargo, no deriva exclusivamente de un conflicto sobre derechos lingüísticos, sino que está relacionada también con la idea generalizada de que la escuela en catalán ha servido para fomentar la identidad catalana y menoscabar la identidad española de los catalanes.

Ahora bien, como se muestra en el Zoom Político Nº 16 de la Fundación Alternativas, la escuela catalana difícilmente puede ser considerada un instrumento de formación de identidades. En cambio, el contexto familiar y, sobre todo, la identidad de los padres, parecen ser mucho más determinantes a la hora de conformar la identidad de los individuos.

En principio, uno podría pensar que, en aquellas familias en las que los padres tienen una identidad catalana muy fuerte, los padres transmitirán esta identidad a sus hijos. En estas circunstancias, no parece que la escuela desempeñara una función muy importante ya que su supuesta influencia sería, en todo caso, redundante. Sin embargo, la influencia de la escuela podría ser mayor en aquellos niños y adolescentes que proceden de familias en las que los padres no se identifican con Cataluña o tienen una identificación muy débil con ella.

El Gráfico 1 muestra que, efectivamente, entre quienes tienen padres que se definen como primariamente españoles o como “tan españoles como catalanes”, cada año adicional de escuela hace que disminuya su probabilidad de definirse como primariamente españoles. Además, la influencia de los años de escuela es mayor entre quienes tienen al menos uno de los padres nacidos fuera de Cataluña (ver nota final sobre interpretación del gráfico).

Gráfico 1. Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad de sentirse primariamente español según el origen y la identificación de los padres (IC 90%)

Sin embargo, los años de escuela no tienen ninguna influencia sobre la probabilidad de sentirse “más catalán que español” (ver gráfico 2), ni tampoco sobre la probabilidad de sentirse “sólo catalán” (ver gráfico 3) (ver nota final sobre interpretación del gráfico). En otras palabras, los años de escuela no hacen que los hijos de padres que se sienten españoles o ”tan españoles como catalanes” abandonen su identificación con España.

Gráfico 2. Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad de sentirse “más catalán que español” según el origen y la identificación de los padres (IC 90%)

Gráfico 3. Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad de sentirse “sólo catalán” según el origen y la identificación de los padres (IC 90%)

Estos resultados tienen dos implicaciones importantes. Por un lado, muestran que, en contra de lo que se ha dado a entender en el debate político, la escuela catalana no hace que niños y adolescentes de familias que tienen una identidad española abandonen completamente su identificación con España. Por otro lado, los resultados sugieren también que el contexto familiar neutralizará siempre cualquier intento de utilizar la escuela para inculcar una identidad nacional distinta a la de los padres. Y, esta última es una lección que tendría que tener en cuenta el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando intente “españolizar a los alumnos catalanes” para que “se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes”.

Notas:
1 Sobre los análisis: Los análisis en los que se basan los gráficos presentados aquí son regresiones logísticas que tienen como variable dependiente la identificación con Cataluña y España del entrevistado y como variables independientes los años de educación preuniversitaria del individuo, el porcentaje de población nacida en otras regiones de España que está presente en la sección censal en la que se encuentra el hogar del entrevistado, la media de la identificación con Cataluña y España de los dos padres, el origen de los padres y la interacción de los años de educación preuniversitaria y el origen de los padres. Los años de escuela varían entre 8 (cuando el individuo dejó los estudios en 8º de EGB) y 12 (cuando el individuo terminó COU, 2º de Bachillerato o tiene estudios universitarios).

2 Sobre la interpretación de los gráficos: En los gráficos si un punto está por encima del 0 (representado en los gráficos por la línea roja) quiere decir que cada año adicional de escuela aumenta la probabilidad de que la persona entrevistada se sienta primariamente española, más catalana que española o sólo catalana, según el caso. Si el punto está por debajo del 0 quiere decir que cada año adicional de escuela disminuye la probabilidad de que la persona entrevistada se sienta primariamente española, más catalana que española o sólo catalana. Las líneas perpendiculares que atraviesan cada punto representan lo que llamamos intervalos de confianza (IC). Cuando los intervalos de confianza tocan la línea roja que representa el cero quiere decir que los años de escuela no tienen ningún efecto sobre la identificación de los individuos.

Corea: los dilemas de China y Estados Unidos

LUIS SIMÓN

Al hacer un seguimiento de la cobertura que están dando los principales medios de comunicación estadounidenses y chinos a la crisis de Corea, y las declaraciones oficiales que están haciendo ambos gobiernos, llama poderosamente la atención una coincidencia: el empeño en identificar a la otra gran potencia como la principal responsable de solucionar este trance .
De hecho, Washington y Pekín no paran de pasarse la pelota de quién tiene en su mano devolver la estabilidad a la región. El pasado viernes la agencia de noticias estatal china, Xinhua, difundía un editorial titulado “Washington, clave para resolver la crisis de la península coreana”,  que comenzaba exhortando al Secretario de Estado norteamericano, John Kerry de este modo: “necesita ser consciente de que su país sostiene la llave para aliviar las tensiones sofocantes en la península coreana”. Ese mismo día, en Seúl, Kerry replicaba que  “no hay sobre la faz de la tierra ningún grupo de líderes con más capacidad para modificar esto [la crisis nuclear coreana] que los chinos, y esto lo sabe todo el mundo, incluyendo, creo yo, ellos”.
Estados Unidos y China compiten por maximizar su influencia internacional, por lo que resulta evidente que ninguna de las partes le facilitaría a la otra la posibilidad de incrementar su prestigio resolviendo un asunto de tanto calado. En otras palabras, el hecho de que ambos gobiernos insistan en cargar sobre los hombros del otro la responsabilidad de poner fin a esta crisis, evidencia que son conscientes de su incapacidad para lograrlo. Esto se debe a que el escenario coreano plantea a ambas partes dilemas para los que no encuentran solución.
China es el principal aliado diplomático, militar, comercial y financiero de Pyongyang. Según algunas estimaciones del Council on Foreign Relations el 90 por ciento de las importaciones de energía, el 80 por ciento de los bienes de consumo y el 45 por ciento de la comida que se consumen en Corea del Norte son de origen chino. Y según datos oficiales chinos el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 6.000 millones de dólares en 2011. Sin embargo, Pekín ha sido incapaz de evitar la nuclearización de Corea del Norte, que reduce sustancialmente su dependencia estratégica de China, y  la perpetuación de su táctica de extorsión internacional, que deja en evidencia al gigante asiático frente a sus vecinos. La razón de este fracaso es la certeza del régimen norcoreano de que Pekín no está listo para abandonarlo a su suerte,  a pesar de un creciente distanciamiento, desvelado incluso por el propio presidente chino, Xi Jinping, a principios de este mes en el Foro de Boao. Esta resistencia de China a desvincularse de uno de sus socios más incómodos se debe fundamentalmente a tres de las posibles consecuencias que tendría este viraje diplomático. La primera serían las medidas que pudiesen tomar unos líderes norcoreanos arrinconados y vulnerables, que podrían poner en grave peligro la paz de la región con consecuencias  terriblemente trágicas no solo para Corea del Norte, sino también para sus vecinos. La segunda sería la crisis humanitaria de enormes dimensiones que provocaría el colapso de la República Popular Democrática de Corea y la masiva llegada de refugiados a  China. La tercera sería una reunificación de Corea en términos completamente marcados desde Seúl y con una fuerte influencia y presencia de Estados Unidos en ese nuevo Estado. De ahí que, hasta que encuentre una solución mejor, como mal menor, China seguirá sosteniendo a un régimen sobre el que tiene mucha menos influencia de lo que sugiere el importante esfuerzo financiero que está realizando.

Por otro lado, la retórica belicista norcoreana y el desarrollo de su programa nuclear  no van destinados a lograr más concesiones de China. Más bien al contrario, el régimen norcoreano busca garantías de seguridad y cooperación en otros países para reducir su dependencia de China. El trasfondo en el que se desarrolla la crisis es la inseguridad de los líderes norcoreanos frente a Estados Unidos y sus aliados Corea del Sur y Japón. Pyongyang siente que puede ser objeto de una intervención internacional en cualquier momento, especialmente desde que en 2002 George W. Bush los incluyese dentro del “eje del mal”, acabando así con cualquier perspectiva de diálogo bilateral. Esta línea dura, cuyas últimas expresiones han sido la imposición en febrero de más sanciones por parte de Naciones Unidas y el envío en marzo de bombarderos B-2 y B-52 a la península de Corea, no ha conseguido los resultados esperados. La respuesta de Pyongyang ha sido forzar un diálogo bilateral con Washington, mediante el desarrollo de su programa nuclear y una retórica belicista. De esta manera pretenden evitar un destino similar al de Sadam Hussein y Muamar el Gadafi, que no contando con un arsenal nuclear fueron incapaces de evitar una intervención internacional. Sin embargo, en la Casa Blanca se resisten a entablar un diálogo bilateral con Corea del Norte. Esto se debe, por una parte, al coste político que supondría para cualquier líder estadounidense aceptar como interlocutor a un régimen que es despreciado por la mayor parte de su población. Por otro lado, a Obama le preocupa el impulso que podría dar a la proliferación nuclear acomodarse a las demandas de Pyongyang. ¿Qué mensaje se estaría lanzando a Irán o a otros estados aislados internacionalmente y que pudiesen estar pensando en desarrollar un programa nuclear?
En conclusión, independientemente de si China y Estados Unidos están barajando o no solo intereses nacionales en sus cálculos sobre la crisis coreana, sus posturas contienen elementos que son positivos para la seguridad  internacional. Si embargo, es hora de que se pongan realmente a buscar una solución conjunta para este desafío en vez de centrar sus esfuerzos en presentarse mutuamente como unos actores egoístas. Solo así podrá reducirse la tensión en la zona y evitarse que el régimen norcoreano  siga comportándose como un estado mafioso, que periódicamente extorsiona a la comunidad internacional.