40 Aniversario

La`milonga´del Congreso

Por: Ernesto Ekaizer | 27 sep 2016

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    Los miembros del Comité Federal del PSOE recibieron ayer por la tarde dos documentos. En el primero se les convoca para la reunión del sábado 1 de octubre. La carta, firmada por el secretario de Organización y Acción Electoral, César Luena, pone esto: “1. Informe del Secretario General, 2. Ratificación del acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal en relación con la Celebración del 39º Congreso Federal ordinario, 3. Varios”.

     La realidad es que la Comisión Ejecutiva Federal no pudo aprobar dicho acuerdo porque... no se reunió ayer; en cambio, lo hizo un cuerpo más restringido, integrado por los secretarios de áreas, llamado Comisión Permanente (en la imagen, la comisión permanente reunida el lunes).

    Como lo normal antes de cada reunión del Comité Federal es que lo haga la Comisión Ejecutiva Nacional, y esta vez no fue convocada, se informó de que dicha decisión estaba debidamente fundada en una interpretación de los estatutos.

   Bien.

   Pero en su rueda de prensa de presentación del acuerdo, Pedro Sánchez ha hecho referencia varias veces a que era la Comisión Ejecutiva Nacional la que había adoptado la decisión sobre convocatoria de elecciones primarias y Congreso Federal.

 En la carta se señala en el punto dos citado “ratificación del acuerdo” por el que se propone celebrar el Congreso. Se trata de aprobar, o no, la propuesta. El orden del día delata una intencionalidad. Y es que el Comité Federal se limite...a “ratificar”.

  El segundo documento contiene una serie de puntualizaciones y un  calendario: “Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal por el que se propone al Comité Federal fijar la fecha y lugar de celebración del 39º Congreso Federal Ordinario”. 

  Se establece, entre otros puntos, agenda: “recogida de avales entre el 2 y 11 de octubre; remisión de la ponencia-marco el 12 de octubre; jornada de votación, 23 de octubre; congresos provinciales/insulares, 2-5 de noviembre; Congreso Federal, 2,3 y 4 de diciembre”.

    Sánchez explicó el lunes a los medios de comunicación que no se plantea asumir responsabilidades –por ejemplo, presentar su dimisión- si la propuesta de primarias y congreso es rechazada por el Comité Federal. No se lo plantea, dijo, porque, nadie impedirá que el plan salga adelante. Otra posibilidad, que no ha mencionado, es que si su posición es rechazada, se someta a la mayoría.

   Ayer, en una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER, avanzó un paso más. Dijo que no se plantea dimitir en el caso de que la mayoría del Comité Federal se niegue a ratificar su plan.

    Pero la cuestión del calendario tiene interés.

   El secretario general ha explicado que está confeccionado para permitir que si ganan los partidarios de la abstención del PSOE ante una investidura de Mariano Rajoy esta posición pueda llevarse a la práctica. Más difícil, aclaró, lo tendría él con los tiempos, porque si vuelve a ser elegido en la secretaría general intentará formar un gobierno alternativo, pero, no obstante, dijo que dedicaría sus esfuerzos a ello.

    Lo que no encaja en este calendario, si se toma la palabra de que el Congreso Federal es fundamental para debatir las dos alternativas sugeridas por Sánchez, es su afirmación según la cual habría tiempo suficiente para votar a favor de la abstención en una sesión de investidura.

   Porque el plazo para una nueva investidura vence el 30 de octubre, fecha de disolución de las Cortes. Y es que, según el calendario, el Congreso Federal no va a debatir las propuestas de los presuntos e hipotéticos rivales hasta el 2,3 y 4 de diciembre. Insistimos: es Sánchez el que enfatiza en su argumentación, precisamente, que el Congreso debe debatir, aprobar una posición y salir con una sola voz. 

    Pero, se puede objetar, el 23 de octubre el secretario general ya habrá sido elegido y tanto si es abstencionista (a favor de la investidura de Rajoy) como si es negacionista (no a Rajoy y a favor de intentar formar gobierno alternativo) podrá actuar en consecuencia. Por ejemplo, el líder abstencionista podría dirigirse al rey Felipe VI y anunciarle la intención de respaldar a Rajoy,  llamar a líder del PP y negociar las condiciones, y dirigirse al grupo parlamentario socialista para transmitir la orden de voto en la investidura.

    ¿Qué ocurre con estas objeciones?

   Que pasan por alto dos derivadas: primero, el Congreso no debatiría nada, por celebrarse en los primeros días de diciembre apuntados; segundo, el secretario general, (salvo en el caso de Pedro Sánchez que es secretario general con mandato de congreso a congreso), no es consagrado como tal hasta que el Congreso lo proclama. Si se trata de Sánchez, como se apunta, podría hacer las gestiones apuntadas, pero no si el que gana es la candidata o candidato rival.

   Por tanto, carecería de autoridad para hacer las cosas que se supone debería hacer: pedir audiencia al Rey, hablar con el PP y dirigirse al grupo parlamentario socialista. Estos argumentos valen solo para los abstencionistas.

    Tanto hablar de la necesidad del Congreso Federal para realizar el debate...siendo que, convocado para el 2,3 y 4 de diciembre, se va a celebrar cuando ya no tendrá nada que resolver.

   El pescado, en efecto, estará todo vendido.

   

Rita Barberá estrena abogado

Por: Ernesto Ekaizer | 26 sep 2016

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     Rita Barberá se ha personado en la causa abierta (blanqueo de capitales, pieza separada de la llamada Operación Taula que afecta al Partido Popular de la Comunidad Valenciana) contra ella por el Tribunal Supremo. El abogado y ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, letrado de David Marjaliza, uno de los cabecillas de la Operación Púnica en Madrid, y ex abogado de Francisco Correa, se ha hecho cargo de la defensa de la senadora. Choclán ya ha presentado el  escrito  a través del cual la senadora es parte en la causa.

      La elección de Choclán, experto en delitos económicos, indica dos cosas: la primera, que los asesores de Barberá han optado por un perfil técnico; la segunda, en la citada línea técnica de defensa, que la senadora no va a recusar al que será magistrado instructor, Cándido Conde-Pumpido. 

     El magistrado fue objeto de un ataque por parte de la diputada Celia Villalobos, quien cuestionó su imparcialidad el pasado 14 de septiembre, nada más conocerse el auto de la sala de admisión del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda de dicho tribunal. 

    "¿Con el señor Conde-Pumpido? Yo me iría rápido, a toda leche.  Y como confío en los jueces, pero no en Conde Pumpido, espero que lo consiga resolver ella”. Villalobos dijo que Barberá es una persona “profundamente honesta”, y ha defendido que en dos décadas al frente del Ayuntamiento de Valencia “nadie ha podido demostrar nada” contra ella. Por contra, la diputada del PP ha considerado que Conde-Pumpido “no ha sido nunca” imparcial, y que, por ello, tampoco lo será en la causa contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del PP en el consistorio de Valencia.

     La conducta de la diputada fue recibida por los magistrados de la Sala Segunda con preocupación por considerarse  interferencia de un miembro del poder legislativo en el poder judicial.

    El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dio cuenta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del malestar de la Sala Segunda por las declaraciones de Villalobos. La comunicación tuvo lugar a través de una llamada telefónica el viernes 16, dos días después de las declaraciones de la diputada.

   Nombrado instructor en el auto de incoación de diligencias, el magistrado se hará cargo de la causa una vez que la citada resolución adquiera firmeza. No consta que el auto haya sido recurrido en súplica ante la misma sala de admisión del Tribunal Supremo. 

   La sala de admisión también ha recibido, según fuentes jurídicas, la solicitud de personación del partido Socialista Obrero Español (PSOE) como acusación popular.   

   La instrucción de la causa, por tanto, tardará todavía unos días en echar a andar. Fuentes jurídicas señalan que una vez analizado el material, el instructor, como ya viene siendo habitual, echará mano del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual, al igual que ocurre con personas no aforadas, se informará inmediatamente a un diputado o un senador los cuales podrán ejercitar su defensa "sin perjuicio en el artículo 71.2 y 71.3 de la Constitución Española".

    Esto es: 71.2) durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, 71.3) no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva y en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    La primera parte ya está cumplimentada. Rita Barberá ha sido informada a través del auto de incoación de diligencias notificado en Valencia. Según se ha apuntado, su letrado, José Antonio Choclán, ya ha presentado escrito de personación.

    Por tanto, una de las primeras diligencias será la declaración de Barberá como investigada, asistida de letrado, una diligencia que tiene carácter voluntario ya que tendrá lugar sin solicitarse, previamente, su suplicatorio al Senado. La senadora anunció su disposición a prestar declaración en un comunicado tras conocer que se abrieron diligencias contra ella.

    Precisamente, la declaración voluntaria es una diligencia que permite al instructor valorar si es necesario solicitar en su momento el suplicatorio a la Cámara, en este caso al Senado.

 

El mandato... del ja, ja, ja

Por: Ernesto Ekaizer | 26 sep 2016

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      ¿Se atreverá Pedro Sánchez a mantener su idea de pedir el sábado 1 de octubre un mandato al Comité Federal para negociar con Podemos y Ciudadanos una alternativa de Gobierno?

     "Lo hará. Ha ido demasiado lejos para rectificar. Su lógica personal no es racional", respondió uno de los barones a la pregunta formulada anoche cuando se confirmaban los resultados de Galicia y Euskadi.

    ¿Pero es que no corre el riesgo de que el Comité Federal se ría a cacajadas como si se tratase de un chiste?

    "Eso ni se le pasa por la cabeza", dijo a la segunda pregunta el mismo barón. "Su prioridad es orgánica, personal", añadió. Es decir: primarias y congreso. Del amago del viernes pasado al anuncio.

   Y, sin embargo, los resultados del Partido Socialista de Galicia, cuya lista fue confeccionada en gran parte por la comisión ejecutiva de Pedro Sánchez, y del Partido Socialista de Euskadi, convierten lo que ya era una quimera -un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos- en un chiste. 

     Pero, si esa alternativa inexistente es un chiste, a la luz de los resultados obtenidos por el PP en Galicia, la otra también lo es.

     ¿Cuál es la otra?

     La que ha esbozado en los últimos días Susana Díaz, la lideresa andaluza.

     A saber, algo así como esto: que el PP nombre un candidato distinto a Mariano Rajoy y que el PP y el PSOE se sienten a negociar un acuerdo de investidura sobre la base de cinco condiciones socialistas (reforma de la reforma laboral, reforma constitucional, reforma de la reforma educativa, pacto anticorrupción y nueva ley electoral).

    Pero ¿no sería un brindis al sol pedir que Rajoy sea apartado como cabeza de gobierno?  

   Porque el PP ha revalidado la mayoría absoluta, incluso con más votos, en Galicia, después de que Rajoy pasara de 123 escaños en las elecciones generales de diciembre, a 137 en las de junio.

   Pues eso, se trataría de un brindis al sol, simplemente para cosechar el no del PP y acudir, así, con esa negativa, a las elecciones generales.

    ¿Y con Pedro Sánchez como candidato?

     No es difícil, pues, pensar que, finalmente, el debate sobre la abstención, con Rajoy como candidato a la investidura, ahora sí se pondrá sobre la mesa.

    Precisamente para evitar las terceras elecciones y el riesgo de pasokisación.

    Alberto Nuñez Feijóo ha ganado por tercera vez y ha conservado la mayoría absoluta. La victoria del PP se ha producido tanto en las grandes ciudades como en el campo.

    Feijó ha mostrado que en Galicia impera, por así decir, el unipartidismo. Esto es: un gran partido y una constelación de fuerzas menores a su alrededor.

     ¿Es extrapolable este unipartidismo virtual a unas elecciones generales el 18 de diciembre?

    El solo hecho de que pueda plantearse este interrogante (más allá de las respuestas que se elijan) da una idea de la profunda mutación política que se está produciendo en España en año y medio.

   Una mutación que iba en una dirección, la explosión del bipartidismo, y que se da la vuelta hacia otra: la reparación de los daños provocados por la fractura de la derecha y su pérdida de votos.

   Esa reparación en el taller de las elecciones ya comenzó el 26 de junio. Los resultados de Galicia y Euskadi catapultan a un PP con el motor rectificado. Por tanto, una recuperación de votos y escaños, digamos a nivel de lo que obtuvo José María Aznar en 1996 (156 escaños), puede ser una hipótesis realista.

   Ni que decir tiene que esa rectificación amenaza con convertir al partido de Albert Rivera en un Centro Democrático y Social (CDS), el partido en el que terminó sus últimos días políticos Adolfo Suárez, para no mencionar más recientemente la experiencia tan fresca todavía de Unión Progreso y Democracia (UPyD), la evaporación en tiempo récord.

   ¿Y qué efecto puede tener sobre el ciclo político abierto tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015?

   Como impacto de este ciclo, el PSOE gobierna, con apoyo de Podemos y Ciudadanos, en siete comunidades autonómicas, y forma parte de otros dos gobiernos (Canarias y Cantabria).

    Los cambios que se están operando pueden dejar esta situación de poder desfasada antes de lo que pueda sospecharse.

     

La juez Freire y el PP

Por: Ernesto Ekaizer | 23 sep 2016

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   La juez Rosa María Freire dictó el pasado 20 de septiembre un auto en el que rechaza admitir a trámite el incidente de recusación presentado por los investigados Partido Popular y José Manuel Moreno en la causa de destrucción del disco duro del ordenador que usaba el ex tesorero Luis Bárcenas. Según reza en la parte dispositiva, cabía recurso de reforma contra dicha resolución.

  El PP ha presentado nuevo escrito con fecha 22 de septiembre alegando nueva causa de recusación en el propio auto de la juez Freire y pide que se tramite el incidente por pieza separada, se eleve a la Audiencia Provincial y que otro juzgado, al que por turno corresponda, se haga cargo del juzgado 32 mientras se tramite la recusación.

   La juez Freire tenía los preceptos legales y constitucionales de su lado para inadmitir el incidente de recusación al ser presentado, según ha argumentado, fuera de plazo. 

   Pero aún así, hubiera sido lógico que tramitara el incidente de recusación ante la sección correspondiente de la Audiencia Provincial, la cuarta, a fin de nombrar magistrada o magistrado para instruir el incidente. Ya en el trámite, la juez Freire tendría oportunidad para alegar los mismos argumentos que aporta en su auto de rechazo a la recusación. Y sería la Audiencia, a propuesta del instructor o instructora, la que resolviera el incidente.

    Esto hubiera permitido que la resolución del conflicto, por más artificioso o fabricado que sea, quede en manos de un tercero, otro órgano, la sección de la Audiencia Provincial. En otros términos, no es juez la recusada, acusada de falta de imparcialidad, la que debe resolver sobre su propia recusación.

    Aunque se puede inadmitir una recusación a trámite por las razones que invoca la juez Freire, ¿qué problema existía para que fuese un tercero el órgano encargado de adoptar la decisión tras oír todos los argumentos?

    Máxime cuando la instrucción está terminada. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado ha sido recurrido por el PP en reforma y en apelación. Este recurso debe ser resuelto por la juez, pero no ha tenido efecto suspensivo sobre los escritos de acusación, que ya están presentados.

    El PP ha presentado, como se ha apuntado, nuevo incidente de recusación a raíz de algunas manifestaciones de la juez Freire en su auto. En particular, el PP se agarra de una frase de la juez.

     Dice así: "No es por tanto el momento de entrar en el fondo del asunto, no es esta la resolución que permite negar todas y cada una de las acusaciones de falta de imparcialidad de la que suscribe, y que me han convertido según el Partido recusante, en "un eficaz instrumento de la acción política del PSOE" — desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas ..."

     El PP, que justificó en parte la primera recusación en que la imparcialidad de la juez Freire fue objeto de debate en tertulias de televisión, vuelve a usar a los medios. Arguye que esta frase pone de relieve "una preocupante predisposición peyorativa al poner de manifiesto que esta parte, por el mero hecho de ser el Partido Popular, ha tratado de "cosificarla" por el único motivo de ser mujer...". En apoyo de esta versión, según se ha apuntado, el PP cita titulares en los que se señala que la juez acusa al PP de "machismo".

   Concluye el PP: "Es obvio que de acuerdo a la jurisprudencia sobre la apariencia objetiva a ojos de un observador imparcial, resulta clamoroso que todos los medios hayan entendido, como lo hace esta parte, que las afirmaciones van dirigidas a calificar de machista el ejercicio por el Partido Popular de su derecho a recusar a un Magistrado en quien concurra una causa legal de recusación". Según el PP, esto confirma la existencia de "enemistad manifiesta" de la juez con el PP.

     Bien.

     El PP ha considerado esta causa como muy relevante, aunque no es la única en la que figura como imputado (está presente en calidad de investigado también en Valencia). Pero es la más notoria. Por ello la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, abrió fuego contra la juez Freire a la que incriminó por tener un "primo hermano de Izquierda Unida".  

    La sobrevenida autopersuasión del extesorero Luis Bárcenas de desistir de la querella, por "no estar dispuesto a que se me señale y utilice con este tema como forma de atacar al PP y que España no tenga gobierno", según sus propias palabras, ya fue un hecho significativo. Porque  el 8 de septiembre, la defensa de Bárcenas presentó escrito oponiéndose a los recursos del PP y de la Fiscalía para que se archive la causa. Y el lunes 12 en lugar de presentar el escrito de acusación... Bárcenas resuelve, contra la opinión de sus letrados, desistir.

   Y a continuación, el PP recusa a la juez Freire.

    El PP ha hecho una ofensiva en toda regla. Por un lado, la retirada de acusación del extesorero supone que el perjudicado directo por el daño de los ordenadores se echa atrás. Pero si a ello se suma que la Fiscalía de Madrid pide el archivo, el procedimiento queda a merced de la doctrina Botín, con el impulso exclusivo de la acusación popular. 

    Y la recusación es la guinda.

   Pero no la única: el PP pide que se aplique el turno y que del juzgado 32 quede a cargo el que por tuno corresponda. El PP sabe que eso " corresponde" al juzgado 5. Oh casualidad: será la juez Carmen Valcarce. Dicho juzgado se ocupó del caso de espionaje en el PP de Madrid, entre las bandas de Ignacio González y Francisco Granados, una investigación conocida por las dilaciones, para decirlo suavemente, y su viaje a ninguna parte.

     En todo caso, es práctica que el juez o la juez que sustituye al titular mientras se tramita la recusación no adopta resoluciones a la espera del resultado del incidente. En este caso una de las decisiones pendientes es resolver el recurso de reforma del PP contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

     La juez Freire puede corregir su decisión de no tramitar la recusación ante el nuevo incidente planteado por el PP y elevarlo a la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Podrá volver a argumentar contra la recusación y dejar en manos de otro órgano la decisión final.

     

   

     

 

 

Letelier, anatomía de un asesinato

Por: Ernesto Ekaizer | 20 sep 2016

             
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   El asesinato de Orlando Letelier fue la réplica en Washington D.C., el 21 de septiembre de 1976, del atentado que acabó en el barrio de Palermo, Buenos Aires, con la vida del ex comandante en jefe del Ejército chileno, el constitucionalista general Carlos Prats, dos años antes, el 30 de septiembre de 1974. También en septiembre, el mes del golpe de Estado de Pinochet.

   Letelier era ministro de Defensa en el momento del golpe de Estado de 1973 y conocía bien a Pinochet así como a su antecesor en el cargo de comandante en jefe del Ejército, el general Prats. El ministro fue detenido cuando la mañana del 11 de septiembre entraba en su despacho con el objetivo de sofocar la rebelión militar. 

    Fue torturado sin pérdida de tiempo en el regimiento Tacna y más tarde en la Academia Militar. Desde allí, junto con otros altos cargos del gobierno de Salvador Allende, fue enviado a la prisión  de la Isla de Dawson, integrante del archipiélago de Tierra de Fuego, en el estrecho de Magallanes.

    Tras ocho meses allí se le encerró después en una de las celdas del sótano de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), desde donde fue recluido  en el campo de concentración de Ritoque, a 160 kilómetros al norte de Santiago. La presión diplomática internacional, coordinada por Diego Arria, gobernador de la ciudad de Caracas, consiguió su liberación. Al salir del campo de prisioneros, el oficial a cargo de su detención le advirtió: "El brazo de la DINA es largo, el general Pinochet no tolera ni tolerará actividades contra su gobierno". El coronel Manuel Contreras era el todopoderoso jefe de la policía política que reportaba directamente a Pinochet. 

    La misión en Washington fue ejecutada por un comando de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) a cargo del agente Michael Townley, en el marco de la llamada Operación Cóndor, la red criminal de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina. Townley, en efecto, había acabado con la vida de Prats mediante la explosión de una bomba colocada en su coche, activada a control remoto a metros del domicilio donde residía el general. Prats residía en la capital argentina, donde se instaló cuatro días después del golpe de Estado del 11 de septiembre.   

    Pinochet no vaciló ante el hecho de que el asesinato de Letelier tendría que ser acometido en el país que le acogía como asilado desde 1974: Estados Unidos. Entre los 16.000 documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y el Departamento de Estado desclasificados en noviembre de 2000, figuran numerosos mensajes e informaciones transmitidas al general Vernon Walters, nombrado subdirector de la CIA en 1972 por el presidente Richard Nixon, en las que se advierte desde distintos países de América Latina, durante la última semana de agosto de 1976, sobre una posible acción terrorista de Estado de la dictadura de Pinochet en el exterior.

    La predicción del oficial que custodiaba a Letelier en el campo de Ritoque llegaría a ser realidad, pese a las múltiples advertencias sobre una operación terrorista de asesinato inminente, el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C.

    En octubre de 2015, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, entregó al gobierno de Chile 282 documentos desclasificados en relación con el asesinato de Letelier.

   El más relevante es un memorándum secreto del 6 de octubre de 1987 enviado por el secretario de Estado de entonces, George Shultz, al presidente Ronald Reagan, donde le informaba que, según un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Pinochet "ordenó personalmente a su jefe de inteligencia [Contreras] ejecutar el asesinato". 

   Shultz apuntaba a Reagan: "No está claro si podemos o queremos considerar el procesamiento de Pinochet. No obstante, este es un ejemplo llamativo de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de estado, que es particularmente preocupante, tanto por haberse producido en nuestra capital y desde un gobierno considerado amigo".

  El gobierno de Reagan optó por honrar la célebre frase que el general Vernon Walters había parafraseado sobre Pinochet: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Se asegura que la pronunció el presidente Franklin D. Roosevelt en 1939. Unos dicen que se refería al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, otros al dictador de República Dominicana, Rafael Trujillo. No se procedió, pues, contra Pinochet. 

    El dictador acababa de cumplir en aquel momento catorce años en el poder y acariciaba seguir hasta el 11 de marzo de 1997 a través de un plebiscito previsto para el 5 de octubre de 1988. Procesar a Pinochet suponía poner en riesgo sus planes de perpetuación en el poder durante diez años más.

   Pero la palabra la tuvo el pueblo chileno- El 5 de octubre de 1988 dijo no al dictador. Y pese a maniobras de Pinochet detrás de los bastidores la noche misma del plebiscito para desoír el pronunciamiento popular, la Fuerza Aérea y la Armada no le acompañaron en ese viaje.

   El memorándum de la CIA citado por Shultz en su informe desclasificado no ha sido entregado al gobierno de Chile. Es el día de hoy que el  memorándum permanece clasificado.

   En el capítulo de mi libro Yo, Augusto, publicado en 2003, incluido en la anterior entrada del blog bajo el título de Pinochet & Kissinger y el crimen Letelier se puede confirmar que el nombre de Letelier aparece en la conversación que mantiene Pinochet con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, el 8 de junio de 1976.

  Su obsesión era acabar con la denuncia de la dictadura que llevaba adelante Letelier, asilado en Estados Unidos, el testigo de cargo que apuntaba a diario, desde Washington, a Pinochet con su Yo acuso.

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         Fiedman y Pinochet

     En la imagen, el Nobel Milton Friedman con el general Pinochet en Santiago, 1975.

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   (Retrato del conocido fotógrafo Richard Avedon en The New York Times con el artículo que preparó Juan Gabriel Valdés para Letelier y que se publicó de manera póstuma el 27 de septiembre de 1976 como "Testamento")

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Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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