Las pistas de la Oficina Antifrau sobre Pujol Jr.

Por: Ernesto Ekaizer | 29 ago 2014

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       La Oficina Antifrau de Catalunya (Oficina Antifraude de Cataluña)  informó al juez Pablo Ruz y a la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción el 19 de marzo de 2013 sobre las pistas que llegó a reunir sobre movimientos y fondos de Jordi Pujol Ferrusola en España y en el extranjero, a raíz de una denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia del hijo del ex president Jordi Pujol.

   Una de las principales líneas de investigación que siguió la citada Oficina fue la presunta salida de 40 millones de euros procedentes de la recolección de dinero público en la provincia de Tarragona. El dinero, indiciariamente, pudo ser utilizado para comprar la sociedad gestora del Puerto de Rosario, en Argentina, y fue repatriado parcialmente, 15,2 millones de euros, a través de dos sociedades con domicilio en  Barcelona bajo control de Pujol Ferrusola.

   El director de la Oficina Antifraude, magistrado Daniel de Alfonso Laso y su equipo, mantuvieron diversos contactos con María Victoria Álvarez en marzo de 2013. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola ya había declarado,  por iniciativa de la Policía Judicial, UDEF, en Madrid, el 13 de diciembre de 2012. Un mes más tarde, el 17 de enero de 2013, después de que la Policía consigue abrir diligencias en la Audiencia Nacional, Álvarez presta declaración ante el juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5.

   Con todo, a primeros de marzo, Álvarez vuelve a denunciar a su ex novio ante la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo creado en 2005 para velar por la integridad del sector público e investigar actividades de corrupción, que colabora con la actividad de fiscales y jueces. Fuentes jurídicas indican que la ex novia del hijo mayor de Pujol siguió los consejos de su abogado, Sebastián de Juan, quien consideró que la Oficina Antifraude debía conocer los hechos.

  María Victoria Álvarez compareció en la Oficina el 4 de marzo de 2013 y comunicó su intención de denunciar unos hechos sobre los que ya había declarado ante el juez Ruz. Dos días más tarde, el 6 de marzo, la denunciante amplió, mediante entrega de documentos por correo electrónico, la información inicial. El director de la Oficina dispone el mismo día incoar un expediente previo llamado de "verosimilitud" y solicita a su equipo un informe secreto.

  El 12 de marzo de 2013, Álvarez vuelve a comparecer en la sede de la Oficina, firma la transcripción de lo declarado y precisa ciertos alcances de su denuncia. Miembros de la Oficina mantienen después varios contactos más con Álvarez para decidir qué líneas de investigación podrían servir a la instrucción sumarial. En otros términos, qué pistas podían rastrearse.

   La denunciante aporta a la Oficina su ordenador personal "a fin de que se efectuase una imagen clónica del disco duro y posterior localización de determinados mensajes electrónicos", según se deja constancia en el informe, titulado Informe de Evaluación Preliminar de Verosimilitud, elaborado por la Dirección de Análisis de la citada oficina.

  Asimismo, deposita en la Oficina un teléfono móvil porque, según explica, la lista de mensajes intercambiados era muy relevante y quería evitar el riesgo de que cayera en manos de su ex novio, al que acusaba de seguirla a través de espías contratados al efecto.

   La Oficina trabaja sobre la copia del disco duro. Y también rastrea el teléfono móvil, donde hay un gran número de mensajes y comunicaciones entre su dueña y Jordi Pujol Ferrusola y entre ella y varias personas con las que comparte una larga amistad. Algunos de estos mensajes incluyen a una relevante personalidad política con la que comenta sus avatares a menudo.

   El 19 de marzo de 2013, después de hacer diversas indagaciones, el equipo de la Oficina Antifraude elabora un informe de 25 folios, al que se añade un segundo documento de 2 folios.

  Ése mismo día, Daniel de Alfonso Laso cruza el umbral de la Audiencia Nacional, en la madrileña calle de Prim, número 12, para subir al despacho del juez Pablo Ruz. Fuentes jurídicas señalan que el director de la Oficina Antifraude hizo una exposición de las conclusiones de su informe y, después, enfiló hacia la calle de Manuel Silvela número 4, sede de la Fiscalía para la Represión de Delitos Económicos, la Fiscalía Anticorrupción.

   Daniel de Alfonso Laso tenía concertada cita previa con Belén Suárez, la teniente fiscal o número dos de la Fiscalía, encargada de llevar las diligencias preliminares de Pujol Ferrusola, abiertas por un atestado de la UDEF. El director de la Oficina Antifraude le entrega el documento de 25 folios y los dos folios con cuadros que describen el presunto flujo de dinero en algunas operaciones de Pujol Ferrusola y le promete enviar los documentos que soportan el informe. Lo hará el 5 de abril cuando despacha los documentos a la Fiscalía. El trabajo de la Oficina Antifraude, pues, ha llegado a su fin.

  Según el informe, quizá el asunto de mayor relevancia es la salida de unos 30 millones de euros de España en 2006. Dichos fondos habrían sido recolectados en ayuntamientos de la provincia de Tarragona.

  El documento menciona a "Luis Badía Chancho, que según la compareciente [María Victoria Álvarez] sería un político convergente de la zona tarraconense, ex senador vinculado con el Ayuntamiento y que fuera alto cargo del Puerto de Tarragona, y quien habría proveído un importe cercano a 30 millones de euros del erario público para la adquisición del Puerto del Rosario. El Sr. Badía fue efectivamente, entre otros cargos, Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona entre julio de 1996 y febrero de 2OO4 y Senador por Tarragona en las Cortes Generales durante la Vlll legislatura (2004-2008). Actualmente figura como Presidente del Consorcio de la Zona Franca".

  La Oficina rastreó la pista el Puerto del Rosario y averiguó algunas cosas más allá de lo que María Victoria Álvarez, quizá por simple desconocimiento, había informado. El documento apunta: "La mercantil TPR, S.A, domiciliada en Av. Belgrano 2015 de Rosario (Argentina) sería la empresa que explotaría por concesión estatal argentina las 65 hectáreas que constituyen la Terminal Puerto Rosario, brindando servicios tanto a las cargas como a los buques. Comprendería 1.620 m de muelles, 30.000 m2 de galpones para almacenamiento de cargas múltiples y 33 km de vías férreas y ofrece el almacenamiento e instalaciones en dos terminales denominadas Terminal 1 y Terminal 2 Norte y Sur".

   Tanto el informe como el flujo de fondos que se presenta en los cuadros permiten concluir que la inversión de 40 millones de euros, en 2006, para que la sociedad Inter Rosario Port Services pudiera controlar la empresa gestora del puerto citado tiene su siguiente capítulo, años más tarde, en 2012, con una venta.

  La citada sociedad, administrada por Mercè Gironés, esposa de Jordi Pujol Ferrusola, quien a su vez era apoderado de la misma, vende el 30% del capital de la empresa TPR al llamado grupo Ultramar. Los flujos aportados indican que la venta habría sido por valor de 15,2 millones de euros.

  La Oficina reconstruye los pasos de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés. Y posa su atención en Active Translation, con sede en Barcelona, que comenzó sus operaciones en 1996, para realizar operaciones sobre inmuebles en general y realizar estudios y prospecciones de mercado.

  Lo que llama la atención de la Oficina es este dato: "Actualmente figura un capital suscrito y desembolsado de 7.730.462 euros, tras una ampliación de enero de 2013 por importe de 7.670.262.60 euros. Debe significarse, en lo concerniente al caso, que en febrero de 2009 -aunque ya constaría con anterioridad- fue nombrado administrador único el Sr. Ramón Gironés Riera (presumiblemente hermano de la Sra. Mercè Gironés), y que en junio de 2010 pasó a serlo el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, siendo poco más tarde declarada sociedad unipersonal, en octubre de 2010".

   Y en paralelo, dice el informe, "también debe traerse a colación (por la coincidencia en cuanto a determinadas operaciones de Active Translation, y por la supuesta copropiedad real de los señores Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés), la mercantil Irigem 2012, que comenzó operaciones en fecha 6 de noviembre de 2012, domiciliada en Barcelona con objeto de compraventa, administración, explotación de valores mobiliarios con o sin cotización en mercados secundarios oficiales....".

  Y pone el dedo en la llaga: "Le consta un capital suscrito y desembolsado de 7.653.125 euros tras una ampliación de 7.650.115 euros en enero de 2013. Desde su constitución es sociedad unipersonal y está administrada por la Sra. Mercè Gironés ".

  El equipo de la Oficina Antifraude analiza el posible origen de esos 15,2 millones de euros canalizados a través de las ampliaciones de capital de Actiuve Translation e Irigem.

  "Las [sociedades] mercantiles ya indicadas precedentemente Active Translation, SL e lrigem 2012, SL serían las sociedades, supuestamente copropiedad de los señores Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés, en las que se habría reinvertido el capital obtenido por la venta del Puerto del Rosario y el producto de otras inversiones inmobiliarias en Sudamérica de la familia Pujol, todo ello según la versión de la compareciente" [María Victoria Álvarez].

  El informe pasa revista a otras operaciones que ha denunciado Álvarez (construcción del Hotel Encanto, en Acapulco, México; actividades de otro de los miembros de la familia Pujol, Oleguer Pujol,quien según Álvarez "monta un fondo de capitales con el cual se llevan el dinero", por ejemplo), pero sin duda se centra, segú se ha señalado,  en la operación de Puerto del Rosario.

 La Oficina propone una serie de diligencias y concluye que "en términos generales, la mayoría de los extremos han quedado indiciariamente corroborados, en el somero análisis y la apremiada obtención de datos y documentos efectuada por esta Dirección de Análisis. No obstante ello, también debe ponerse de relieve que prácticamente todos los datos e informaciones aportados ex novo, en realidad ya habrían sido objeto de divulgación o difusión en distintos medios de comunicación o, por otra parte, serían datos accesibles a terceros por fuentes abiertas de distinta índole".

  Pero, también, expresa su cautela. "Sin perjuicio de la valoración que proceda oportunamente, la versión de la compareciente no resulta homogénea en el tiempo, además de que los extremos verosímiles que afloran a modo de corroboración periférica son datos e informaciones ya difundidos o accesibles a distintas fuentes abiertas, y que podrían concurrir motivos espurios en su declaración" [diferencias por el cobro de dinero en gestión de negocios fuera de España]

  El documento pasa revista a otras operaciones sin aportar más información que la reseñada por María Victoria Álvarez.

  Y añade: "Para mayor esclarecimiento, sería de interés oir en declaración a Zulma Dinelli", entre otras personas. "Dinelli", añade el informe, "sería, según la compareciente, una responsable del Puerto de Rosario, ex amante de Jordi Ferrusola, quien mantuvo diversas reuniones con el Sr. Badia y el Sr. Pujol Fersrusola, a quien le habrían dicho que el dinero provenía "del Puerto de Tarragona y de varios ayuntamienfos", y que adquirieron TPR para "blanquearlo".

  Otra examante de Jordi Pujol Jr. se une, pues, a María Victoria Álvarez en la revelación de pistas sobre sus actividades.

Christine & Magdalena

Por: Ernesto Ekaizer | 27 ago 2014

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   La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido imputada por la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa, que instruye causas contra ex miembros del Gobierno, en un presunto caso de corrupción por el cual el empresario y ex ministro Bernard Tapie, ex dueño de Adidas, obtuvo 407 millones de euros en 2008. Se trataba de un litigio con el banco nacionalizado Crédit Lyonnais. Lagarde era en esa época ministra de Economía del gobierno del primer ministro Francois Fillon cuando Nicolas Sarkozy llevaba un año como presidente de Francia.

  Ya en mayo de 2013, los jueces habían dado un paso hacia su imputación cuando optaron por considerarla testigo asistida, una posición intermedia entre testigo e imputado. Lagarde se une ahora a otras cinco personas imputadas en el caso, entre ellas el propio Tapie y el que fuera director de gabinete de la entonces ministra, Stéphane Richard. La decisión judicial de imputarla implica que puede ser procesada al finalizar la instrucción. 

   Lagarde rechazó, tras conocer su imputación, presentar su renuncia al puesto de directora gerente del FMI. "He pedido a mi abogado que presente todos los recursos. Considero la decisión (imputación) totalmente infundada", declaró. La ex ministra puede presentar un recurso de nulidad ante la propia CJR y en caso de inadmisión, podría apelar en casación. La causa para los ex miembros del Gobierno ha concluido con la imputación de Lagarde; pero continúa la instrucción paralela para aquellos imputados que carecen de fuero especial.

   En su momento, habíamos puesto de relieve en este blog la diferencia entre la situación procesal de Christine Lagarde y la ex ministra Magdalena Álvarez, entonces vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

blogs.elpais.com/analitica/2014/03/magdalena-christine.html

   El Gobierno francés modificó en 1987 el Código Penal y, más tarde, en 2000, volvió a dar otra vuelta de tuerca con la ley que refuerza la presunción de inocencia. Se introduce entonces una figura intermedia entre el simple testigo y el inculpado o imputado. La idea es evitar el oprobio o la estigmatización de la persona investigada de manera preliminar. Una persona puede ser declarada en situación de testigo asistido cuando "contra ella existen indicios que hacen verosímil su posible participación como autor o cómplice en la comisión de infracciones". Este figura le permite a la persona prestar declaración ante los jueces en presencia de su letrado. Para pasar de testigo asistido a imputado/inculpado en la instrucción de una causa "los indicios tienen que devenir graves o consistentes". 

    Es lo que han decidido ahora los magistrados de la CJR en relación a Christine Lagarde.

    Su situación es, por tanto, parecida a la de Magdalena Álvarez tras su imputación por la juez Alaya en el escándalo de corrupción de los ERE de Andalucía. Hay una diferencia importante: Lagarde puede recurrir, mientras que los recursos de Álvarez no lograron tumbar su imputación en la Audiencia de Sevilla, que confirmó su situación porque la simple existencia de indicios lo justificaba. 

   España es socio del FMI, como lo es del BEI.

   ¿Exigirá el Gobierno español la dimisión de Lagarde si se confirma su imputación en Francia?¿ Dirá que si los recursos de Lagarde son desestimados tendría que dimitir?

   Ya veremos.

  Pero la historia de Lagarde es una ocasión para recordar qué pasó exactamente entre el Gobierno y Magdalena Álvarez.

   El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró: "En estos momentos hay una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad... Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario todas las personas son inocentes".

    Sin embargo, antes incluso de ser confirmada la imputación, el ministro de Economía, Luis de Guindos, comenzó su campaña para conseguir la dimisión de Magdalena Álvarez. Envió al entonces secretario general del Tesoro, designado secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, a una comida con Magdalena Álvarez en el restaurante Paradís de Madrid. Allí le dijo que el Gobierno le ayudaría a conseguir otro puesto si dimitía de su vicepresidencia del BEI. Su contrato vencía en 2016. El sueldo era de 23.147,26 euros mensuales, a lo que se añade un 15% de esta cantidad como gastos de compensación por alojamiento, y otros mil euros mensuales de gastos de representación. Además, por cada año de servicio Álvarez adquiría el derecho a una pensión equivalente al 4,275% de su salario base a partir de los 65 años.

   Magdalena Álvarez rechazó la propuesta y consideró que una imputación no suponía su culpabilidad.

   Según una información de la agencia Europa Press del pasado 20 de mayo, "la representante española en el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Clara Crespo, ha pedido por carta al presidente de la institución, Werner Hoyer, un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del Comité de Dirección, con el objeto de activar el cese de Magdalena Álvarez". Añadía: "De esta manera, el Gobierno español toma la iniciativa tras la imputación de Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, después de que varios miembros del Ejecutivo hayan apelado a la responsabilidad de la exministra".

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-espana-pide-bei-dictamen-juridico-activar-cese-magdalena-alvarez-vicepresidenta-20140520193736.html

  El Ministerio de Economía no consideró esta filtración informativa un motivo de preocupación. No elevó protesta alguna ante el consejo de administración del BEI.

   El 29 de mayo, EL PAÍS informó de una carta enviada el día anterior por la representante española al consejo de administración del BEI en la que se proponía tratar en la reunión del 4 de junio, a puerta cerrada, sin presencia de la interesada, la situación de Magdalena Álvarez. Este diario tradujo la carta del inglés al español.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/05/el-gobierno-informará-sobre-magdalena-álvarez-a-puerta-cerrada.html

   En la reunión del 4 de junio, Lucinio Muñoz, representante alterno, expuso la posición del Gobierno español a favor de quitar a Magdalena Álvarez. El BEI autorizó, tras la exposición de Muñoz, la entrada de la vicepresidenta para replicar argumentos que no pudo escuchar, por no estar presente. Álvarez explicó su situación procesal y señaló que no estaba dispuesta a dimitir, porque no se consideraba culpable de las imputaciones que se le hacían en el caso de los ERE de Andalucía.

  La citada reunión del consejo era una reunión de carácter informativo. Se acordó dejar el debate resolutivo, con votación, para el cónclave del 22 de julio.

   Según los estatutos del BEI para destituir a un miembro del consejo de dirección se requiere una mayoría cualificada de 2/3 del número de países (18 sobre 28) y una mayoría de 2/3 del capital. La votación se somete al consejo de administración primero y al consejo de gobernadores después.  

   Todo ello implicaba una odiosa batalla dentro del BEI. Sin precedentes.

   ¿Qué dicen los estatutos y normas del BEI?

    Las Normas para el staff es el único documento que puede tomarse como referencia para una situación análoga a la de Magdalena Álvarez.

    Aunque no se aplican al consejo de dirección, he aquí el artículo 39, traducido del inglés: "En caso de una falta grave que puede implicar el despido inmediato, el Presidente podrá suspender a la persona de sus funciones por un período máximo de tres meses".

  Y añade: "Lo mismo se aplicará cuando dicho directivo es acusado por un delito cuya pena máxima es la de muerte, el encarcelamiento o la pérdida de los derechos civiles, en cuyo caso la suspensión podrá ser prorrogada hasta que se alcance la sentencia final".

   El vocablo acusado representa en esta traducción la palabra inglesa charged.

  El texto inglés, el único disponible, dice así:

  "The same shall apply when the member of staff has been charged with a criminal offence the maximum penalty for which is death, imprisonment or loss of civil rights; in which case suspension may be extended until the final verdict is reached". 

  Charge o cargo significa en el ordenamiento jurídico anglosajón un acto judicial por el cual se acusa a alguien. Por tanto, la acepción del verbo charged es diferente a la acepción jurídica de imputar.

  Parece evidente, pues, que el artículo 39 de las normas, aquí reproducido, está hablando no de la instrucción de una causa sino de la acusación y sentencia final.

  Por eso, establece la posibilidad de suspensión de una persona del staff hasta conocer el veredicto final.

   El BEI, en una interpretación laxa podía haber aplicado este artículo a la situación de Magdalena Álvarez. Laxa porque ella no está acusada sino imputada.

   Pero el Gobierno español optó, ante la dificultad de la situación, por un atajo. Un atajo más eficaz para  arrancar la renuncia que Álvarez se negaba a extender.

   ¿Cuál fue el atajo?

   El Ministerio de Economía acusó a Magdalena Álvarez de haber faltado a su obligación de confidencialidad y secreto profesional que rigen en el BEI. La prueba de la violación, según el Gobierno, había sido la publicación en  EL PAÍS del texto de la carta del 28 de mayo por la cual la representante de España en el BEI, Clara Crespo, solicitaba que se incluyera en el orden del día de la reunión del consejo de 4 de junio la situación de Magdalena Álvarez.

   En este campaña inquisitorial, Magdalena Álvarez se echó a atrás en su decisión de no dimitir. Y presentó su renuncia el 26 de junio de 2014.

   Estos han sido los hechos.

  Cualquiera tiene derecho a pensar que Magdalena Álvarez debía dimitir, o no dimitir, a estimar que los 10.000 euros que cobrará hasta los 65 años y la pensión vitalicia (establecidos por contrato) se justifican o no, pero la descripción realizada de la batalla por desalojarla certifican una lucha de poder a cara de perro.

  Queda pendiente el tema del momento en el cual un político o un alto cargo debería dimitir por estar implicado en un escándalo de corrupción, como puede ser, a estas horas, el caso de Madame Lagarde.

  Lo que podríamos llamar el test del magistrado puede ayudar a definir ese momento.

  Porque, ¿cuándo suspende el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la actividad jurisdiccional de un juez implicado en hechos como, por ejemplo, un presunto delito de prevaricación?

  Cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral.

 En resumen: En España el momento de la dimisión podría llegar al dictarse el auto de apertura de juicio oral.

 En el caso de Christine Lagarde el momento sería, de acuerdo al ordenamiento jurídico francés, al producirse su procesamiento.

 

   

El euro, Alemania y España

Por: Ernesto Ekaizer | 25 ago 2014

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    Michael Pettis es un economista norteamericano. Nacido en Zaragoza, Pettis vivió su infancia en Málaga, y ha trabajado en varios bancos norteamericanos. Entre 1996 y 2001, ocupó en el banco de inversiones Bear Stearns el puesto de director-gerente de los mercados de capital de América Latina. En 1998, cuando Argentina era cortejada como la darling (querida) de los mercados internacionales, Pettis escribió un memorándum dirigido al Departamento de Tesoro de Estados Unidos en el que apuntaba que había un 50% de posibilidades de que Argentina suspendiera pagos (default) en tres años y que ello ocurriría, como máximo, en cinco años. El Gobierno de Buenos Aires declaró el default en diciembre de 2001, tres años después de la previsión de Pettis. Ahora concentra su atención en la evolución de la deuda pública y deuda exterior de España, que se apróxima y supera el 100% del Producto Interior Bruto, respectivamente.

    Estos días he solicitado autorización a Pettis para traducir su reciente artículo sobre la crisis el euro del inglés al español, ocasión en la que hemos mantenido un intercambio de opiniones por correo electrónico. Él recordó su experiencia latinoamericana y el memorándum sobre Argentina que escribió al Tesoro norteamericano en 1998.

   "Mucha gente, incluyendo al ministro Domingo Cavallo, estaba furiosa por el hecho de que alguien pudiera decir una estupidez tan obvia, e incluso el responsable de investigación de mi banco estaba en desacuerdo conmigo, que trabajaba entonces en el departamento de trading, aunque de modo más cortés que Cavallo. Ninguno de ellos entendía la dinámica de la deuda. Una vez que los niveles de deuda alcanzan cierto punto, cambia  la manera en que los agentes económicos se comportan y se vuelve muy difícil crecer superando la carga de la deuda. No veo cómo España gestionará la carga de su deuda, que es peor cada año que pasa. O bien el país reestructura su deuda con el perdón de una parte de ella, o la carga fiscal sobre los trabajadores y las clases medias debe incrementarse sustancialmente. Es deshonesto pretender otra cosa".

     Pettis es actualmente profesor de Finanzas en la Guanghua School of Management de la Universidad de  Pekín y tanto su información como capacidad de análisis le convierten en uno de los principales observadores de la evolución económica de China.

   He aquí su artículo titulado "¿Puede Pedro Sánchez salvar al PSOE?", de fecha 18 de agosto de 2014. que bien podría subtitularse El euro, Alemania y España.

 

   Pedro Sánchez Castejón ha sido elegido nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El nuevo líder, sin una gran parte del equipaje de la vieja generación de líderes, tiene que hacer frente a una opción importante. Si espera liderar a España y a su partido, debe reconocer que la crisis es, en esencia, un conflicto entre los intereses de los banqueros y los trabajadores europeos; y debería rediseñar las políticas del PSOE a favor de los trabajadores y las clases medias. Si no, va a mirar con nostalgia como la extrema derecha de Europa finalmente se adueña del debate, ya sea directa o indirectamente.

  En toda Europa, no menos que en España, las autoridades se han negado a reconocer las contradicciones fundamentales creadas por la creación del euro. No es un accidente. En la década de 1920, se negaron a reconocer las contradicciones fundamentales creadas por el patrón oro.

  La flexibilidad en los tipos de cambio es uno de los mecanismos a través de los cuales una economía se ajusta a la volatilidad en el crecimiento y a las variaciones en los precios relativos. Cuando un país cede el control de su moneda, empero, la volatilidad no desaparece. El ajuste que permite el tipo de cambio de la moneda debe ocurrir ahora por otro mecanismo.

  Uno de ellos es el ajuste de los salarios. Bajo un patrón oro estricto, los países con monedas sobrevaluadas normalmente se ajustaron mediante la caída de sus salarios en relación a la de sus socios comerciales, y, por supuesto, el impulso más fuerte para provocar la caída de esos salarios fue el desempleo causado por la expansión del sector de bienes de exportación en detrimento de los bienes domésticos. La volatilidad que podría haber sido absorbida por la moneda, en otras palabras, se resolvió principalmente a expensas de los trabajadores.

  El economista norteamericano Barry Eichengreen ha argumentado en Golden Fetters (Grilletes de oro. El Patrón Oro y la Gran Depresión 1919-19139) que el patrón oro duró tanto tiempo durante el siglo XIX probablemente debido a la conexión entre el tipo de cambio y el desempleo, que no fue plenamente comprendida y, aún más importante, que los trabajadores no estaban suficientemente organizados y emancipados para protegerse del ajuste que resolvía los desequilibrios de los tipos de cambio. Debido a que estas condiciones han cambiado, sobre todo en las democracias liberales, Eichengreen consideraba improbable en su libro publicado en 1996 que viésemos un retorno al patrón oro.

 Pero dentro de la zona del euro, el ajuste, al igual que en el patrón oro, se debe hacer.  Dentro de esta zona de Europa los ajustes de los tipos de cambio no son posibles, y como resultado Europa se ve obligada a realizar el clásico ajuste del patrón oro cuando los precios y los salarios están mal alineados internamente.

  Y así llegamos a que un país como Alemania ha devaluado efectivamente el euro durante la década  posterior a su creación con respecto a países como España, que soporta un euro sobrevaluado. En consecuencia, una mala alineación de salarios y precios (en España) se debe resolver en primer lugar a través de ajustes de precios y salarios. Y esto implica, como es lógico, que países como España se hayan visto obligados a sufrir altas tasas de desempleo hasta conseguir ajustar los salarios.

  La forma "correcta" para resolver los desajustes internos sería para Alemania una reactivación de la demanda interna y la subida de los salarios nacionales, pero por una variedad de razones, que tienen que ver principalmente con la determinación de Alemania de proteger a sus bancos respecto a decisiones sobre préstamos realizados en la última década, esta alternativa es poco probable si no existe una gran presión de las naciones llamadas periféricas. Con el fin de proteger a los bancos, que quieren una moneda fuerte, y para que todas las deudas sean totalmente reembolsadas o resulten subsidiadas con transferencias del sector de las familias, el mayor coste del ajuste debe recaer claramente sobre los trabajadores y una clase media ansiosa.

  Dicho de otra manera, Europa sufre una demanda estructuralmente débil en gran parte debido a la demanda estructuralmente débil en su mayor economía, Alemania. El resultado es que durante muchos años Alemania se ha basado en el exceso de demanda de los países periféricos de Europa para equilibrar la oferta y la demanda. La crisis de 2008 puso fin a esta forma de equilibrio por lo que es imposible para los países periféricos de Europa  volver a un "consumo excesivo". En lugar de resolver el problema mediante el fomento de la demanda en Alemania, la fórmula que está aplicando Europa es reducir la demanda en el resto de la región (la reducción de los salarios merma el consumo). Si Europa fuera una economía pequeña, un aumento en la cuenta corriente {superávit exterior] podría compensar esta creciente debilidad de la demanda interna, pero Europa es demasiado grande como para depender de la demanda externa. La alternativa elegida para "resolver" la débil demanda interna, pues. ha sido confiar la tarea al desempleo.

   Proteger el valor de la moneda y la deuda exterior es considerado generalmente como comportarse "de manera responsable", pero tiene un coste. La élite política, tanto de izquierda como de derecha, ha sido reacia a hacer explícita la conexión entre las políticas alemanas, el euro y el desempleo nacional, prefiriendo en lugar de ello culpar a políticas laborales internas equivocadas, a pesar de que estas políticas laborales sean muy anteriores a la crisis del euro. Esta confusión no sólo afecta a España. Mario Draghi, por ejemplo, culpa a "la falta de reforma del mercado laboral y las regulaciones comerciales excesivas" del fracaso actual de Italia para crecer, como si éstos sólo se convirtiesen en problemas después de 2008.

El ascenso de los marginales

   No sorprende el hecho de que oscurecer la causa fundamental de la crisis haya dejado la política europea más vulnerable ante los partidos marginales y populistas. Pero mientras que la extrema izquierda hace poco más que dar publicidad a la indignación, la extrema derecha ha montado un ataque hábil y coherente contra la estructura monetaria de Europa y el establishment bancario. Sus ataques no siempre son racionales - culpar a la inmigración extranjera, o a EE.UU, o China, de los problemas de Europa produce un nivel de confusión muy alto - pero se han posicionado con claridad.

  He aquí, pues, la razón por la cual la extrema derecha va tan bien en toda Europa, y seguirá haciéndolo, e incluso es probable que con el tiempo, también en España, a expensas de los grandes partidos. Ni el PSOE ni el PP reavivirán la economía de España actuando "con responsabilidad", dada la intransigencia de las fuerzas subyacentes en la crisis económica. Excepto en el caso muy poco probable de que Alemania invierta enérgicamente las políticas de contención salarial de las últimas dos décadas, España realmente sólo tendrá dos opciones políticas, ambas muy difíciles.

  Madrid puede provocar confusión en el consenso de la élite y moverse agresivamente hacia la reestructuración de la deuda externa de España, mientras redefine su participación en el euro, por ejemplo, abandonando la unión monetaria al tiempo que comprometiéndose de manera creíble (con apoyo de Alemania) a reintegrarse en una fecha determinada. En tal caso, España sufrirá un año de caos antes de que las reformas puestas en práctica, irónicamente, por Mariano Rajoy  puedan generar el retorno a un crecimiento rápido.

  Alternativamente, España puede seguir sufriendo muchos más años de alto desempleo y, con ello, una carga  creciente de la deuda. La reciente mejora anémica de la economía española, anunciada a bombo y platillo, no ayudará casi nada a resolver cualquiera de estos problemas, sobre todo con Alemania y Francia debilitándose. El desempleo se mantendrá elevado durante muchos años y la combinación de desempleo prolongado, la emigración de muchos de los mejores y más brillantes profesionales, la infraestructura deteriorada del país, y una erosión en el panorama político consolidarán a España como una de las naciones enfermas de Europa durante décadas.

  Para evitar la irrelevancia del PSOE, Pedro Sánchez debería reconocer explícitamente que los fracasos de las políticas acumuladas en las últimas cuatro décadas, incluyendo la rigidez laboral y la corrupción fuera de control, aunque muy reales, no son la causa de la crisis. La alta tasa de desempleo de España, la deuda excesiva y el estancamiento del crecimiento son el resultado indirecto de las políticas puestas en práctica por Alemania dirigidas a reducir la participación de los salarios alemanes en el PIB y reducir la inversión nacional. Estas políticas han creado en España los mismos problemas que afectaron simultáneamente  a Portugal, Francia y al resto de la Europa periférica.

  Desde el año 2001, con el consumo y la inversión decreciente en relación con la producción de bienes y servicios de Alemania, la única forma de que Alemania pudiese evitar un aumento del desempleo era conseguir un superávit creciente en su cuenta corriente. Las restricciones impuestas por el euro, que garantizaron las exportaciones masivas de capital alemán al resto de Europa, permitieron a Alemania obtener este superávit, mientras que sus vecinos europeos, sin control de su política monetaria e incapaces de impedir que las importaciones de capital alemán provocaran la subida del precio de los activos y de los productos de consumo, se vieron obligados a sufrir fuertes déficits exteriores.

   Estos países tenían sólo dos posibles respuestas a los desequilibrios alemanes. En primer lugar, los tipos de interés bajos y las importaciones de capital creciente de Alemania desencadenaron un auge del consumo, no sostenible, y elevaron los costes internos en relación con Alemania; esto es lo que pasó antes de 2008. En segundo lugar, la renovada competitividad obtenida por la industria alemana obligaría a los vecinos europeos de Alemania a absorber el desempleo que debería haber afectado Alemania; esto es lo que hicieron después de 2008, una vez agotado el auge del consumo.

  Su compromiso real con Europa hizo difícil a los políticos la tarea de reconocer que la crisis fue causada por muchas de las políticas, incluyendo la creación del euro, que parecían fundamentales para la unificación europea, por lo que se culpó a las distorsiones internas, y sobre todo a los altos salarios, de la crisis. Una vez que el Banco Central Europeo (BCE) expresó su disposición [julio de 2012] a proporcionar liquidez ilimitada, y a pesar de la carga elevada y creciente de la deuda y el fuerte desempleo, Bruselas declaró que la crisis del euro, en gran medida, había quedado atrás.

 La crisis no es por el precio de los bonos

   Pero aunque los inversores puedan ser perdonados por pensar así, la crisis europea no es por el precio de los bonos [los precios de los bonos funcionan de manera inversa a los tipos de interés de modo que cuando el tipo o yield sube, el precio baja, y viceversa].

  El colapso de los precios de los bonos en 2008-09 reflejaba los temores muy reales a la insolvencia [default], y el hecho de que el BCE expresara su compromiso a dar liquidez ilimitada no ha resuelto en absoluto el riesgo de insolvencia. Lo que es más, los precedentes históricos sugieren que la determinación del BCE sólo durará hasta que los bancos europeos, y especialmente los bancos alemanes, hayan sido recapitalizados suficientemente (a expensas de los hogares, por supuesto) como para reconocer que muchos países europeos nunca pagarán sus deudas. Una vez que tengan el capital para absorber los incumplimientos soberanos, el apetito de Alemania y de otros países para seguir financiando una deuda impagable se desvanecerá.

  Un reciente artículo de los economistas Barry Eichengreen y Ugo Panizza pone de relieve esta clara contradicción. Los autores muestran que países como España pueden pagar su deuda sólo bajo supuestos inverosímiles sobre el tamaño de los superávit fiscales necesarios para hacerlo. Su conclusión: "Para que  las deudas de los países de Europa con problemas sean sostenibles, en ausencia de reestructuración,  ayuda externa o un aumento inesperado de la inflación, los Gobiernos tendrán que conseguir grandes superávit presupuestarios primarios [sin contar el pago de intereses de su deuda], en muchos casos superiores al 5% del PIB, durante períodos de hasta diez años. La historia sugiere que este tipo de comportamiento, aunque no del todo desconocido, es excepcional. Los países que han logrado esos grandes superávit por períodos tan prolongados se han enfrentado a circunstancias excepcionales. A fin de cuentas, este análisis no nos hace optimistas respecto a que los países en crisis de Europa sean capaces de mantener superávit presupuestarios primarios tan grandes y persistentes según lo proyectado oficialmente". 

http://www.voxeu.org/article/can-large-primary-surpluses-solve-europe-s-debt-problem

  En otras palabras, en algún momento,  cualquiera de los los países periféricos europeos tendrán que o bien exprimir a sus ciudadanos mucho más de lo que parece posible en una democracia, o estos países tendrán que reestructurar su deuda con el perdón de una parte significativa de ella.

  La extrema derecha, y sobre todo el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, ha diseñado un ataque frontal sobre la fuente real de la crisis del euro. Reconocen que las políticas que obligaron a bajar los salarios alemanes han creado el colapso de la demanda, y que el euro fuerza al resto de la región a competir con Alemania reduciendo los salarios nacionales, lo cual, paradójicamente, reduce todavía más la demanda general en Europa. Mediante el abandono de la Unión Europea y la recuperación del control sobre la política monetaria, Francia seguramente podría lograr un descenso del paro, una fuerte mejora en su cuenta corriente, y el crecimiento más rápido del PIB.

  El establishment francés insiste en que Le Pen no es una amenaza, porque si alguna vez se vuelve demasiada poderosa, la izquierda y el centro se unirían contra ella para impedir que el Frente Nacional gane cualquier elección. Pero incluso si tuviesen razón, habrían perdido el debate. La única manera de que los partidos de centro puedan evitar una victoria del Frente Nacional solo sería posible mediante la adopción de la mayor parte de sus políticas. Es lo que apunta un reciente artículo en Le Monde Diplomatique: "Sin embargo, la principal razón [para el fracaso anterior del FN en llegar el poder] puede haber sido la adopción por Sarkozy de políticas de primera necesidad avanzadas por el FN: la promoción de una identidad francesa; preferencia de los nacionales en el trabajo; acceso a la protección social y servicios públicos; hostilidad hacia la inmigración de bajos ingresos; las leyes de delitos especiales para los inmigrantes nacidos en el extranjero. Los votantes simpatizantes del FN vieron a Sarkozy como un instrumento más viable para su política. Como Le Pen Jr. ha explicado, "lo único que debilitó el Frente Nacional fue la estrategia de Sarkozy de presentarse como una especie de doble del FN". Sarkozy vio que "el pueblo francés se estaba volviendo cada vez más hacia la opción del Frente Nacional. Se las arregló para aprovechar la fuerza de ese río y desviarlo para su propia ventaja. Pero ahora, ríe Marine Le Pen, el río ha vuelto a su propio lecho".

  La élite política de Europa se niega a reconocer lo que es bastante obvio. La unión monetaria, tal como  funciona en la actualidad, fuerza a que los desequilibrios en un país afecten a los vecinos dentro de la unión, y no existe un mecanismo para la resolución de los desequilibrios en el lugar de origen. Países como Francia y España no tienen manera de hacer frente a las políticas en Alemania que forzaron al aumento de la tasa de ahorro nacional del país (reduciendo los salarios), al tiempo que disminuyeron la inversión nacional, excepto mediante la reducción de sus propios ahorros nacionales, ya sea bajo la forma de un boom de consumo insostenible [años 2000-2008] o un aumento en el desempleo [2008 en adelante].

Banqueros responsables vs. trabajadores hambrientos

   En esta división entre la "responsable" élite política y la derecha anti-euro "irresponsable", Europa está reproduciendo una de las batallas clásicas de la historia entre banqueros y trabajadores. A lo largo de los siglos XIX y XX (y de hecho mucho antes), la deuda y las crisis monetarias han enfrentado a unos contra otros. A veces, los banqueros ganan, como lo hicieron durante la década perdida de América Latina de la década de 1980, y los EE.UU a finales de 1970, y, otras veces, aunque nunca sin lucha, ganan los trabajadores, como lo hicieron en la década de 1930, tanto en los EE.UU bajo Roosevelt, o en Alemania (aparentemente) bajo Hitler [programa de obras públicas y fabricación de armamentos].

   Tanto si los banqueros tienen razón sobre los beneficios a largo plazo de mantener el curso o son los trabajadores quienes la tienen (y la historia deja claro que ninguna de las partes siempre tiene la razón), los responsable políticos de Europa, por  defender la moneda y la santidad de la deuda, respaldan a los banqueros. Con el fin de proteger la estructura monetaria actual han permitido que el desempleo de los trabajadores se eleve y la incertidumbre y el miedo se propague a través de la clase media.

  Pero aunque en el largo plazo puedan estar en lo cierto para adoptar esa posición, los precedentes históricos sugieren que los votos de los descontentos irán a cualquier partido, hacia la izquierda o la derecha, que defienda más vigorosamente la causa de los trabajadores contra los banqueros. Si los partidos de centro no lo hacen, como hizo Roosevelt en la década de 1930, los extremistas lo harán. Mientras los políticos centristas europeos se nieguen a abordar la causa fundamental de la crisis europea, y la extrema izquierda gaste su energía sobre el teatro y la rabia, la cuota de la extrema derecha de votos irá aumentando.

  Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, tiene una opción. Puede mantener las políticas de "responsabilidad", en cuyo caso cederá el liderazgo de los trabajadores y la clase media que luchan a la derecha racista y xenófoba, con las terribles consecuencias a largo plazo que ello implicaría para Europa, incluyendo una muy baja probabilidad de que la Unión Europea pueda revivir. O puede ejercer el liderazgo en toda Europa, exigiendo un debate significativo sobre la deuda europea y sobre el euro. Esto exige, entre otras cosas, una discusión sobre la forma de introducir la flexibilidad cambiaria como una altenativa más eficiente para ajustar los costes relativos en Europa, e implica el reconocimiento muy explícito de que gran parte de la deuda europea sólo se puede pagar bajo la forma de una transferencia masiva e inaceptable de riqueza de los trabajadores europeos a los bancos alemanes.

   Contrariamente a los alarmistas que ven cualquier paso atrás como una amenaza existencial para Europa, este debate no significaría el fin del sueño de una Europa unificada. Sería simplemente admitir que Europa no cuenta aún con las instituciones necesarias para garantizar la supervivencia de la unión monetaria, y que el capital, el trabajo, la banca y las diferencias fiscales actualmente existentes aseguran que la flexibilidad eliminada por la unión monetaria resurgirá por medios más destructivos. Puede haber una Unión Europea exitosa, y muchos de los cambios que son necesarios para asegurar el éxito probablemente sean relativamente fáciles de aplicar, sobre todo si son parte de un paquete global que incluya la reestructuración significativa de la deuda y el perdón. Pero la estructura actual no lo permite.

    Al socavar la fuerza irresistible de los que quieren destruir la Unión, un debate serio que reconozca el coste insoportable para los trabajadores europeos de la estructura actual en realidad podría ser la mejor manera de salvar a Europa. Insistir en que la Europa actual es la única Europa posible no tiene sentido, e incluso muchos de los partidarios más fuertes de Europa pueden entender esto. Pero argumentar que la versión actual de Europa puede evolucionar gradualmente a pesar de los enormes costes que deben ser asumidos por los trabajadores, especialmente en países como España, sobreestima el atractivo popular de Europa y subestima el grado en que las élites políticas han exagerado sus compromisos particulares con su creación.

  Los viejos dirigentes del PSOE no lo han elegido para este papel, pero si Pedro Sánchez toma la delantera, en Europa y en España, y abre el debate sobre el euro, si afirma que la estructura actual no funciona y define, con la ayuda que ofrecen los desequilibrios descritos, las vulnerabilidades a abordar en una Unión Europea reformada, el nuevo líder del partido puede detener el declive del PSOE y revertir el repugnante nacionalismo que se propaga por Europa. España y otros países que sufren elevadas tasas de desempleo deben unirse y presionar a Alemania para que resuelva su débil demanda estructural interna, por un lado, y la deuda excesiva que padecen estos países, por el otro.

   Sin embargo, si Pedro Sánchez continúa pretendiendo que la crisis se ha resuelto por la disposición del BCE a refinanciar la deuda de España, una disposición que el banco probablemente mantenga mientras los bancos alemanes no estén suficientemente capitalizados como para reconocer lo obvio [que la deuda es impagable], el nuevo líder socialista puede encontrarse a sí mismo en una España y una Europa que gira todavía más hacia la derecha nacionalista. En la batalla entre trabajadores y banqueros serán los trabajadores quienes, en última instancia, decidan quién habrá de fijar la política. 

Jordi Pujol Jr. bloquea la entrega de datos

Por: Ernesto Ekaizer | 19 ago 2014

         Rascagneres

 Joan Miquel Rascagneres.

   

   Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex president de la Generalitat Jordi Pujol, ha presentado este martes en Andorra dos escritos ante la Batllia de Andorra, órgano jurisdiccional de primera instancia e instrucción de los cuatro ámbitos jurisdiccionales del sistema legal del Principado. 

   El ex decano  del Colegio de Abogados, Joan Miquel Rascagneres, abogado de la familia Pujol, es quien ha presentado los citados escritos, ya que los letrados comunitarios o españoles no pueden  ejercer en Andorra. El letrado forma parte del Bufet Rascagneres Monegal.

  Según fuentes jurídicas, el primer escrito es un recurso de oposición de Pujol Ferrusola a la comisión rogatoria enviada por el juez Pablo Ruz el pasado 29 de julio.

  El juez pedía "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios" (Jordi Pujol Ferrusola y su esposa Mercedes Gironés) y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

  Junto con dicha comisión rogatoria, el juez ha citado a declarar como imputado a Pujol Jr. el próximo 15 de septiembre, y un día después, el 16, a su ex novia y denunciante, María Victoria Álvarez, quien declaró el 17 de enero ante el juez Ruz que acompañó al hijo mayor del ex presidente de la Generalitat a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

  El segundo escrito es una denuncia por revelación de secreto bancario, por violación del artículo 191 del Código Penal de Andorra.

   Los letrados españoles de Pujol Ferrusola, el bufete Martell Abogados, han estado perfilando los escritos hasta última hora. Una de las opciones era presentarlos en nombre de varios miembros de la familia que poseen cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra. No se descarta ampliar los escritos incorporando a otros titulares de las cuentas.

  En total, los once movimientos bancarios (ingresos por 3,4 millones de euros), realizados en las Navidades de 2010, destapados por una información del diario El Mundo el pasado 7 de julio, correspondían a Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer).

  Precisamente, la veracidad de los datos llevó a los titulares de las cuentas bancarias a regularizar la situación ante Hacienda inmediatamente después del 7 de julio. Y a esta regularización siguió el comunicado del ex president Pujol, el 27 de julio, en el que confesaba la existencia de fondos en el extranjero, ya regularizados, que atribuía a una herencia dejada por su padre, Florenci, a su esposa Marta y a sus hijos, hace 34 años.

  Si bien existe un acuerdo de intercambio de información fiscal entre el Principado de Andorra y España, del 14 de enero de 2010, por tanto anterior a los movimientos bancarios apuntados, la noticia publicada se produjo como resultado de una filtración. Los letrados sostienen que el Acuerdo vigente no supone anular el secreto bancario (decreto legislativo de diciembre de 2008) y la obligación de secreto profesional que consagra el artículo 191 del Código Penal vigente en Andorra.

  La denuncia sobre violación del secreto bancario y la oposición a la entrega de datos a España se vinculan del siguiente modo: la petición del juez Ruz, a través de la comisión rogatoria, se produce como consecuencia del conocimiento de la noticia periodística.

  Los letrados consideran, pues, que la solicitud de auxilio judicial está viciada en origen, por el carácter presuntamente delictivo de la obtención de los datos (violación del secreto bancario y el secreto en el ámbito profesional al que se ven obligados directivos, gestores y empleados de entidades bancarias).

  Este recurso supone que Jordi Pujol Ferrusola será considerado parte del procedimiento de la comisión rogatoria, esto es,  será escuchado antes de adoptarse la decisión judicial sobre el envio  del contenido de las cuentas bancarias de los miembros de la familia que solicita el juez español que está investigando en diferentes países operaciones presuntamente ilícitas.

  Los letrados no han presentado querella contra la persona que presuntamente ha entregado los datos bancarios a la Policía judicial española. Fuentes jurídicas señalan que carecen de información precisa acerca de si ha sido, como se presume, un empleado de la Banca Privada de Andorra el que pudo quedarse con los datos de la familia Pujol y entregarlos a las autoridades policiales españolas a cambio de dinero.

   La oposición a la entrega de datos menciona en passant, de manera accesoria, que la difusión de los datos sobre cuentas bancarias de los Pujol forma parte, o no es ajena, a un intento de desactivar o debilitar el proceso soberanista en Cataluña.

  Fuentes jurídicas señalan que si se hubiese contado con algún material probatorio sobre este tema se hubiera desarrollado ampliamente, habida cuenta de que razones políticas demostradas constituyen un motivo, por sí mismo, para bloquear la entrega de datos.    

  

 

La juez Alaya y la Sala Segunda

Por: Ernesto Ekaizer | 16 ago 2014

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  La exposición razonada de la juez Mercedes Alaya sobre el escándalo de corrupción del los ERE de la Junta de Andalucía llega al Tribunal Supremo en tiempos de mudanza. El próximo 11 de septiembre se jubila Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda, que reúne a los magistrados de lo penal más importantes de este país. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir quién es su sucesor en la última semana de septiembre o, en su defecto, en el pleno del mes de octubre.

   Por de pronto, el 11 de septiembre, Saavedra deja el Tribunal Supremo y le sucede automáticamente como presidente en funciones el magistrado más antiguo de la sala Cándido Conde-Pumpido, el número uno por antigüedad, que llegó a la Sala Segunda en 1995.

  Conde-Pumpido, magistrado de lo penal durante casi toda su carrera, ha ocupado durante dos mandatos (2004-2011) la Fiscalía General del Estado bajo la presidencia de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Compite por la presidencia de la sala con dos magistrados que proceden de la carrera fiscal: el número siete por antigüedad, el magistrado Miguel Colmenero, y el número 12, Manuel Marchena.

   Da toda la impresión de que los dados ya está echados...a favor, según diversas fuentes jurídicas, del enfant chéri de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es Manuel Marchena, el último de los tres aspirantes en llegar a la Sala Segunda (2007). Pero siempre puede haber sorpresas, habida cuenta de que el candidato al que apoya el sector progresista, Conde-Pumpido, se enfrenta con dos candidaturas conservadoras, Colmenero y Marchena, de talante distinto. El sector conservador, pues, tiene dos opciones.

   El 11 de septiembre, los tres candidatos están citados por la comisión permanente del CGPJ, que preside Carlos Lesmes, para que expongan, cada uno por separado, por qué razón estiman que el pleno del organismo debería nombrarle presidente de la Sala Segunda. Conde-Pumpido acudirá, pues, como presidente en funciones de la citada sala, cargo que ejercerá hasta que el CGPJ designe al sucesor de Juan Saavedra.

  La exposición motivada elevada por la juez Alaya ha aterrizado en el Supremo, pues, en medio de este cambio. Los pasos procesales, según ya hemos apuntado, son el envio de esa exposición a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que, como es normal, emita su informe. Posteriormente, una sala de magistrados procederá al análisis del mismo y del material enviado para resolver sobre la instrucción futura de la causa.

   Antes de mandar su exposición razonada, la juez Alaya, en contactos extraoficiales con el Supremo, expresó que deseaba simplemente inhibirse a favor de dicho tribunal. Se le explicó, segun fuentes jurídicas, que su juzgado no puede inhibirse en favor de un tribunal superior, en este caso el Supremo. Lo que debía hacer era una exposición razonada en relación con las personas aforadas implicadas en el caso de los ERE.

  En dicho contacto oficioso supo también la juez Alaya que el primer paso procesal, después de que se reciba la exposición en el Supremo, sería su pase a la Fiscalía, para informar, algo ante lo cual reaccionó no sin suspicacia.

   Tanto si toca durante la presidencia en funciones de Conde-Pumpido abordar la exposición razonada de la juez Alaya -lo que depende del  momento en que la Fiscalía presente su informe tras recibir todo el material- como si ello ocurre más tarde, con un nuevo presidente, el citado magistrado tendrá que abstenerse.

 ¿Por qué?

 Porque el escándalo de corrupción de los ERE es una derivada del caso Mercasevilla, empresa municipal sevillana. Y fue en su calidad de Fiscal General del Estado que el magistrado Conde-Pumpido firmó el decreto por el cual, a propuesta de su secretaría técnica, se le adjudicó la investigación de la causa a la Fiscalía Anticorrupción, según lo solicitaba el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, hoy en el mismo puesto.

  Pero, ¿puede tener alguna influencia el cambio en la presidencia de la Sala Segunda sobre este caso?

  Es una posibilidad que no puede descartarse, aunque la filosofía, por así decir, del Tribunal Supremo en la instrucción de este tipo de casos está bastante depurada.

  La juez Alaya sostiene: a) la causa debe ser investigada completa, sin utilizar el mecanismo previsto para los llamados macroprocesos, a saber, las piezas separadas; b) el Supremo debería asumir la instrucción respecto de todos los imputados, aforados y no aforados. 

  La insistencia de la juez Alaya en el primer punto explica su extrañeza ante el hecho, por otra parte habitual, de que una vez recibida, la exposición razonada pasa a informe de la Fiscalía.

  ¿Por qué?

  Porque la Fiscalía Anticorrupción, que lleva esta investigación, sostiene que un buen número de ERE ya están listos para juzgar y que no sería recomendable esperar a que acabe una instrucción que ya lleva tres años y medio.

  Pero la Fiscalía ha perdido en la Audiencia de Sevilla, al menos de momento, este partido. Los jueces dieron la razón a la juez Alaya. Procede, pues, finalizar la instrucción y juzgar todos los casos en ese momento.

  Pero, claro, el Tribunal Supremo es la máxima autoridad. Y ahora que deben resolver sobre la exposición razonada, los supremos pueden también decidir si cabe ir a un enjuiciamiento individual de los ERE. Por eso, la juez recela del informe de la Fiscalía. ¿No resucitará la Fiscalía del Supremo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que la Audiencia de Sevilla ha tumbado? ¿Y no influirá ello en la posición de la sala de magistrados que en su día tenga que examinar la exposición y el informe de la Fiscalía?

  El segundo punto es el que se refiere a que el Supremo debería asumir la totalidad de la investigación sobre los 201 imputados, de los cuales siete son aforados (tres diputados nacionales y cuatro autonómicos).

  El Supremo tiene su tradición. Para citar algunas de las más importantes casusas, dicho tribunal instruyó las facturas falsas de financiación ilegal del PSOE (Filesa), y el caso del secuestro de Segundo Marey por los aparatos de seguridad del Estado durante la época del terrorismo de los GAL. En ambos casos, la investigación de los aforados atrajo la de otros imputados sin fuero.

  Pero el balance de estas y otras actuaciones ha llevado a que la Sala Segunda intente limitar su intervención a los aforados. Y no porque los magistrados del Supremo no estén acostumbrados o les falte músculo para instruir. En el caso Gürtel, la Sala Segunda instruyó los indicios de criminalidad que se referían al entonces senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, antes de que ambos dejaran sus cargos.

  Y hay una cosa que se olvida o no se menciona lo suficiente en lo que podríamos llamar el caso Bárcenas. La Policia de Suiza, tras conocer en 2010 una solicitud de Bárcenas de ampliación del límite a 25.000 euros mensuales en su tarjeta VISA con cargo a su cuenta en el LGT (ex Dresdner Bank) de Ginebra, informó a la Policía española sobre el hecho (Bárcenas era en su calidad de senador un PPE, una Persona Politicamente Expuesta), lo que dio lugar al envío de una comisión rogatoria en la que se solicitaba datos sobre la cuenta bancaria del ex tesorero del Partido Popular.

  En esos momentos instruía los cargos contra Bárcenas el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde, quien inmediatamente, tras recibir la información de la UDEF, la Policía Judicial, envió la comisión rogatoria. Los primeros 22 millones de euros que Suiza destapó en su respuesta de finales de 2012, conocidos públicamente el 16 de enero de 2013, fueron una respuesta a la petición de auxilio judicial enviada por el magistrado Monterde.

  Por tanto, no es un problema que el Tribunal Supremo se niegue o prefiera no echarse encima una instrucción. Parece difícil encontrar razones técnicas para que nueve aforados atraigan la investigación de otras 192 personas que no gozan de fuero.

  Fuentes jurídicas estiman que la juez Alaya advierte que una instrucción separada de los aforados debilitaría los argumentos de su exposición razonada sobre la presunta planificación de los ERE fraudulentos desde el principio -la elección de un sistema de financiación doloso por parte de la Junta de Andalucía y su aprobación en el Parlamento autonómico- hasta el final, con la concesión de los 855 millones euros.

 En otros términos, el ánimo de engañar estaba presente desde el comienzo. Para defraudar y malversar.

    Ya en su día, la Audiencia de Sevilla expresó sus dudas sobre esta idea de la juez "al referir la instrucción o los autos que en ella se dictan a que las leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento pudieran constituir un instrumento del fraude al erario público andaluz, no sólo nos estaríamos refiriendo en hipótesis criminal a la ilicitud penal del gobierno autonómico, sino también a la del propio Parlamento".

  La juez Alaya corrigió más tarde el tiro en otro auto al afirmar que "en cualquier instrucción penal debe huirse de las generalizaciones". La juez señalaba:"No hablamos del gobierno andaluz, sino de ciertos cargos de relevancia que por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal o también denominado entre ellos 'procedimiento específico'. Por lo que respecta al Parlamento andaluz, ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad". 

 

    



Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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Libros

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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