Pujol i Soley, caso cerrado en Liechtenstein

Por: Ernesto Ekaizer | 20 dic 2014

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  El juez del Tribunal de Justicia del Principado de Liechtenstein, Michael Jehle, decidió, según ha confirmado EL PAÍS, archivar la investigación sobre posible blanqueo de dinero del ex presidente del gobierno catalán Jordi Pujol i Soley.

  El juez no ha encontrado, tras consultar con las entidades financieras del Principado, cuentas bancarias de Pujol i Soley. El ex presidente ya había negado, el pasado 22 de octubre, tener cuentas en el Principado.

  La existencia de esta investigación ha trascendido a mediados de octubre pasado por filtraciones del Ministerio del Interior español. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró a TVE el pasado 13 de octubre que existía una investigación.

 Después de filtrar Interior la información a la prensa, Fernández Díaz pretendía haber "confirmado" la noticia. "He hecho una llamada telefónica esta misma mañana para confirmar la información", explicó. "Forma parte de la cooperación policial y judicial internacional", dijo.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/10/la-foto-2.html

 El 21 de octubre pasado, trascendía una comunicación electrónica de Interpol del 8 de octubre, filtrada a los medios. La agencia informaba al juzgado número 31 de Barcelona, donde se investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol, que un juzgado de Liechtenstein había iniciado diligencias sobre la existencia de cuentas bancarias de Pujol i Soley.

 Interpol Madrid trasladaba una solicitud de Interpol Vaduz en la que se pedía datos de filiación y antecedentes de Pujol i Soley por parte del juez de Liechtenstein al juzgado 31, a raíz de "las diligencias criminales abiertas por el Tribunal de Justicia del Principado con el número 14 UR.2014.405". Las diligencias respondían a la "sospecha de blanqueo de dinero".

   Con todo, el origen de la investigación o los promotores de la misma, no ha trascendido hasta ahora.

  El pasado 22 de octubre, el juez Jehle, en una conversación con este diario, prefirió omitir el nombre de los promotores de las diligencias. “Si la investigación da resultados ya aparecerá el promotor”, dijo, enigmático, Jehle.

   Tras varias comunicaciones con este periódico, el fiscal general de Liechtenstein, Robert Wallner (en la foto que abre esta entrada), contestó a EL PAÍS quién había instado la investigación del juez Jehle.

   “Mi Oficina, la Oficina del Fiscal General, ha solicitado al juez instructor  que asumiera la investigación”, escribió en un correo electrónico Wallner a este periódico, el 24 de octubre.

  La confirmación del origen de las dilgencias por iniciativa del Ministerio Público del Principado hace verosímil, según fuentes jurídicas consultadas en Liechtenstein, el hecho de que la investigación surgió por petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Liechtenstein, un organismo administrativo que mantiene relaciones con la entidad homóloga española Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracción Monetarias), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad,

 La UIF, que dirige Daniel Thelesklaf (foto abajo), no puede, según la ley que regula sus actuaciones, instar directamente a un juez a abrir investigaciones. Debe hacerlo a través del Ministerio Público de Liechtenstein.

  Ayer, el director adjunto o número dos de la UIL de Liechtenstein, Michael Schöb, optó en conversación  telefónica con este periódico por guardar silencio. “Nosotros no podemos emitir opinión alguna sobre esta investigación. Corresponde al juez Jehle tratar el asunto”, dijo.

   La UIL se había dirigido al Sepblac, el 10 de septiembre de 2014, a partir de informaciones recogidas en medios de comunicación donde se mencionaba presuntas cuentas bancarias de Jordi Pujol i Soley, Pujol Ferrusola y Artur Mas, y sobre la empresa Brantridge Establishment, utilizada en operaciones de Pujol Ferrusola, para recabar datos oficiales y judiciales.

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 El Ministerio del Interior filtró a la prensa el contenido de dicha comunicación pero las informaciones omitieron el hecho relevante de que la UIL se refería a informaciones recogidas en "medios de comunicación". Es decir: datos públicos.

 El Sepblac, que dirige Juan Manuel Vega (foto a la izquierda), aprovechó la circunstancia para dar un salto y pedir más datos. El 17 de septiembre escribió a la UIL: “Cualquier información que puedan dar sobre Brantridge Establisment, como la identidad de sus propietarios, cualquier nexo entre Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol (...) sería muy apreciada”.

 Fuentes jurídicas señalan que estas comunicaciones parecían buscar titulares de prensa de cara al referéndum convocado por el Gobierno catalán del 9 de noviembre de 2014.

  La juez titular del juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, acaba de dar cuenta esta misma semana de que ha resuelto, según auto del 11 de diciembre, cursar una comisión rogatoria a Liechtenstein para solicitar que el juez Jehle aporte datos en relación a un posible delito de blanqueo de capitales de "Jordi Pujol i Soley o algunos de los demás imputados en esta causa" (diligencias número 14 UR.2014.405).

  Asimismo, solicita que "se hagan gestiones oportunas ante las entidades financieras radicadas en dicho país a fin de determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de los imputados Jordi Pujol i Soley, Marta Ferrusola Llados, Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola y Pere Pujol Ferrusola, o en los que estos figuren como apoderados o autorizados o presenten un vínculo jurídico de cualquier naturaleza".

  La decisión de cerrar el caso supone un anticipo de respuesta en relación con Jordi Pujol i Soley.

 La investigación instada por el Ministerio Público de Liechtenstein canalizó el interés de las autoridades españolas, vía el Sepblac y la UIL, por conocer si Pujol i Soley tenía cuentas bancarias en el Principado.

  En otros términos, las diligencias han sido resultado de una petición de España y no de la apreciación o hallazgo de indicios de  manera independiente por parte de las autoridades de Liechtenstein, como el Ministerio de Interior, a través de las filtraciones a los medios de comunicación, intentó presentar.

 Las filtraciones se aceleraron en los meses previos al referéndum del 9 de noviembre de 2014 y pretendían aprovechar la credibilidad obtenida por la información, confirmada, sobre la existencia de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), con ingresos de 3,4 en diciembre de 2010, realizados por la esposa de Pujol, y los hijos Pere, Oleguer, Marta y Jordi, así como la declaración de Jordi Pujol i Soley el 25 de julio de 2014, en la que desvelaba la fortuna oculta de la familia en el extranjero. 

 El archivo de las diligencias se suma al desmentido de la Union de Banques Suisses (UBS) sobre la existencia de una presunta cuenta bancaria a nombre del actual alcalde de Barcelona, Xavier Trías, una información filtrada también por el Ministerio del Interior.

  El banco suizo, a petición de Trías, informó que el número de la cuenta, difundido por Interior, ni siquiera reflejaba la correlación númerica de la UBS, siendo una falsificación completa.

 Habida cuenta de que el Ministerio del Interior también filtró que Trías había transferido fondos (12,9 millones de euros) de la cuenta en UBS, inexistente, a bancos de Andorra, el alcalde ha solicitado a las entidades financieras una aclaración sobre si posee cuentas bancarias en el Principado. Las entidades se han negado.

 Por ello, Trías ha utilizado la vía constitucional para que las entidades financieras andorranas se vean obligadas judicialmente a informar sobre si existen dichas cuentas  en el Principado.

  Se han interpuesto demandas individuales contra cada entidad (AndBank, Banca Privada de Andorra, Sabadell Andorra, Banca Mora, Credit Andorra) porque el derecho al honor se ve perjudicado por el mantenimiento del secreto bancario. Las demandas podrían estar resueltas a primeros de 2015.

 

   

  

  

   

   

    

   

   

 

 

  

Decapitación disfrazada

Por: Ernesto Ekaizer | 18 dic 2014

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     El Gobierno ha procedido a decapitar al fiscal General Eduardo Torres-Dulce.

     Como por la ley de 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno no puede cesar al Fiscal General del Estado con el argumento de que no le gusta, ha pactado que entregue su cabeza.

   Ya dijimos aquí que este era el curso de acción a raíz del último de los episodios: la querella contra Artur Más a raíz de la consulta del 9-N.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/se-busca-fiscal-general-del-estado.html

   El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comenzó hace tres semanas la búsqueda de un candidato para ocupar el cargo de Torres-Dulce.

   Por esta razón, la salida se aplazó unos días.

   No se va Torres-Dulce en defensa de la independencia judicial frente a las reiteradas intervenciones del Gobierno de Rajoy.

   El Gobierno le ha destituido de facto.

   Como hemos señalado, el desencadenante del cese encubierto ha sido la gestión de la querella contra Artur Mas por parte de Torres-Dulce.

   La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, anticipó en un programa de televisión que la querella estaba prácticamente elaborada en la Fiscalía General del Estado y consideró que se tenía  "bases sólidas".

  El entonces fiscal general del Estado reaccionó con irritación.

 Podía presentarla desde Madrid pero prefirió que fuera la Fiscalía del TSJ de Cataluña la que analizara la situación y decidiera en consecuencia. Sin embargo, dicha fiscalía rechazó la idea de presentar una querella en la que, según sus miembros, no había indicios de delito. Torres-Dulce, después de esta negativa, consultó a la Junta de Fiscales de Sala y envió la querella desde Madrid.

   Pero no ha sido el único punto.

  Uno de los enfrentamientos más recientes giró en torno a Gürtel.

  El pasado 26 de noviembre, tras conocerse el auto del juez Ruz sobre la conclusión de la pieza separada Gürtel 1999-2005, a Torres-Dulce  se le preguntó si compartía la calificación del juez y las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, respecto a declarar partícipe a título lucrativo a la entonces ministra Ana Mato.

   El entonces fiscal general del Estado contestó que, en efecto, compartía esa calificación. Porque dicha calificación fue la conclusión a la que llegaron las dos fiscales y el juez.

   La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al referirse al asunto el 2 de diciembre pasado, explicó que la resolución del juez Ruz "no es de recibo" y añadió que la figura de partícipe a título lucrativo, que Ruz aplica a Mato y también al PP, era un asunto "cogido por los pelos".

  La decisión de destituir/decapitar, con el consentimiento del afectado, a Torres-Dulce ha tenido lugar a pesar de los esfuerzos del fiscal de plegarse a importantes presiones gubernamentales y del PP. Este fue notoriamente el caso del cese de Martín Rodríguez Sol, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un amigo de Torres-Dulce, por llevar adelante la investigación sobre una operación encubierta del Ministerio de Interior en torno a un borrador de la UDEF sobre asuntos de corrupción en Cataluña, de noviembre de 2012.

  Finalmente, unas declaraciones de Rodríguez Sol sobre la necesidad de buscar un encaje para un eventual referéndum catalán llevó a su destitución en marzo de 2013 por Torres-Dulce, pese a ser éste último padrino de uno de los hijos de Rodríguez Sol.

  Hay que situar el desenlace de la salida de Torres-Dulce también en el marco de la llamada Operación Ruz, a saber, la decisión de Carlos Lesmes, aprobada por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el pasado 9 de diciembre, de sacar a concurso la plaza que ocupa en comisión el juez Ruz y afectar así la marcha del proceso de instrucción del caso Gürtel.

 La decisión condiciona la independencia judicial de Ruz porque está pendiente el auto de apertura de juicio oral, previsto para mediados de marzo de 2015, sobre la pieza separada 1999-2005, y hay muchas diligencias en curso sobre varias piezas separadas adicionales, entre ellas nada menos que la contabilidad B del PP o los llamados Papeles de Bárcenas que exigían, como mínimo, la prórroga, absolutamente legal, de la comisión de servicios hasta su vencimiento de dos años, el 24 de junio de 2015.

Protesta de los magistrados del Supremo  

Pero la situación de Torres-Dulce no es la única.

 Uno de los magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, anunció el pasado martes, día 16, en un pleno convocado a instancias, disfrazadas claro está, del Gobierno para tratar el tema del descuento de condenas de presos etarras, que iba a dirigir una carta al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que fuese entregada al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

  Según explicó, quería manifestar su rechazo por las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que insinuaba un posible delito de prevaricación por parte de los magistrados  de la Audiencia Nacional. Señaló que los que quisieran poodían adherirse a su carta. Ninguno de los magistrados se refirió a su anuncio.

  Pero esta mañana, la carta anunciada a título personal fue acogida de manera activa por los magistrados que comenzaron a firmarla esta mañana. Acusan, con lenguaje medido pero sin disimulo, al ministro del Interior de poner en solfa la independencia judicial.

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  Trece son los magistrados que la han firmado. Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral no han firmado; el magistrado Carlos Granados, emerito, estaba ausente hoy. Y tanto el anterior presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, emérito, como Perfecto Andrés, emérito, también se adhirieron.

  Se dirigen a Manuel Marchena en relación a las declaraciones del ministro en las cuales, el pasado 10 de diciembre, consideraba "lamentable" la resolución de la Audiencia Nacional (sección primera de lo Penal) sobre el mecanismo de descuento de condena de presos etarras en aplicación precisamente de una sentencia del Supremo de marzo pasado, en la que fue ponente el magistrado Miguel Colmenero.

    El ministro llega a insinuar que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación.

  Los trece magistrados firmantes (Varela, Maza, Colmenero, Giménez, Ferrer, Conde-Pumpido, Berdugo, Soriano, Palomo, Jorge Barreiro, Saavedra, Monterde y Andrés) no se limitan a denunciar pasivamente las afirmaciones de Fernández Díaz sino que piden a Marchena que informe a Lesmes sobre la "desazón" que sienten por las manifestaciones del ministro.

 "Pues bien, quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna al respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos a la Presidencia de esa Sala Segunda [Marchena], que haga saber al Presidente del Tribunal Supremo [Lesmes] nuestra desazón por tales manifestaciones. Asi como que interese  del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de éste la reracción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denpara que haga saber al presidente del Gobierno recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos", señalan los trece firmantes.

   No se recuerda entre los magistrados una carta parecida en la que se plantea una exigencia como la de planteada en el escrito, en el sentido de que el presidente del Gobierno actúe "institucionalmente" para frenar a un ministro.

   Lesmes, ¿considerará apropiadas las declaraciones de Fernández Díaz que cuestionan las resoluciones, conforme a Derecho, de los magistrados de la Audiencia Nacional, habiendo estos actuado a su vez en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo pasado?  

   ¿Se excusará Fernández Díaz?

  ¿Hacia qué lado mirará Rajoy?

 

Ruz, una y no más, Santo Tomás

Por: Ernesto Ekaizer | 11 dic 2014

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   Nadie es más consciente que un juez de los riesgos de nulidad de las actuaciones, nadie sabe apreciar y sopesar mejor que el juez esos riesgos.

   Y, según fuentes conocedoras de la situación del juez Pablo Ruz, nadie sabe, nadie es más consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso Gürtel. Si siempre estaban latentes, ahora más que nunca.

   Veamos.

   En su carta al presidente del CGPJ, siete vocales (en la foto, en el sentido de las agujas del reloj, Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo) plantean el riesgo que podría suponer, parafresando a Lesmes, "aprovechar indebidamente las prerrogativas" de la Comisión Permanente en detrimento del Pleno, para la seguridad del procedimiento, en esta ocasión, el caso Gürtel.

   "Pues no cabe duda de que la decisión sobre la continuidad o no del referido magistrado en el destino para el que fue nombrado en comisión de servicios, podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo. Sería por tanto de una gran irresponsabilidad que este asunto se valorara y decidiera por un órgano que podría ser declarado incompetente, riesgo que nunca existiría de llevarse, como exige el artículo 599.1.4 de la ley Órganica del Poder Judicial, a su sede propia que es el Pleno del este Consejo".

  Descargar Carta

 Bien.

  Después del "aprovechamiento indebido de las prerrogativas", Lesmes dixit en Canarias, con la aprobación de la propuesta de sacar la plaza que ocupa Ruz a concurso, prorrogarle sin que lo pidiese y ofrecerle ser juez de apoyo del juez en comisión de servicios que, tras el concurso, se hará cargo del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en marzo próximo, los siete vocales tienen la posibilidad de ganar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

   ¿Por qué?

    Porque se ha demostrado que la decisión es discrecional y que no cabía una sola opción. En la comisión permanente, Álvaro Cuesta propuso, en aplicación del artículo 355 bis de la LOPJ, prorrogar seis meses la comisión de servicios a Ruz, hasta el 24 de junio de 2015. Ganó Lesmes por 4 a 1.

  Pero ahora los siete vocales ya tienen un poderoso argumento en apoyo de su posición. 

Riesgos de caso Naseiro bis

  La presentación de este recurso está dictada por la necesidad de proteger la instrucción de Gürtel, de evitar que pueda convertirse en una especie de caso Naseiro II, el caso de financiación ilegal del PP archivado en 1990 porque las pruebas, según el Supremo, habían sido obtenidas de forma ilícita.

  Los siete vocales esperan la respuesta de Lesmes a la carta. Pero es evidente que el presidente del CGPJ esgrimirá el hecho de que ya se ha adoptado una resolución sobre Ruz. Es decir, no hay nada que debatir en el Pleno del día 18 respecto a este asunto. 

  La decisión de presentar recurso no es fácil. Porque supone la guerra.

  Pero el riesgo para la seguridad jurídica es muy importante.

  Porque Lesmes, para disfrazar su estocada al juez Ruz, dice que éste podrá, antes del 31 de marzo próximo, optar a ser juez de apoyo del magistrado que haya ganado el concurso.

   A diferencia del pasado, la LOPJ incluye un artículo que regula las relaciones entre juez titular y juez de apoyo. 

  Es el artículo 216 bis 2 de la LOPJ.

  El apartado cuarto señala que el juez titular asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral.

  Bien.

  Ahora, los servicios de Lesmes dicen que el presidente del CGPJ quiere dictar orden ejecutiva para que en el caso de Ruz la ley se incumpla.

  Sí, queridos lectoras y lectores, como acaban de leer. 

  Bueno, digamos, que... se haga una excepción. Por aquello de que hecha la ley, hecha la trampa.

  Esta sería la manera de salvar, cree Lesmes, el gran tema del juez predeterminado por ley, que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución

   1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

    2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.

Bien.

   Pero una orden ejecutiva de Lesmes, por más importante que él es, no puede cumplir con el precepto constitucional del juez predeterminado por ley.

    Este juez es el juez que la ley manda. Y en el caso de la relación de los jueces titulares y los jueces de apoyo es el artículo 216 de la LOPJ.

   Por tanto, cada paso que da Lesmes nos hunde más en la inseguridad jurídica, algo que no le preocupa demasiado como se acaba de ver con la anulación del nombramiento del letrado Álvaro Domínguez por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a propuesta de Lesmes. En este nombramiento se eliminó de la terna a personas con mayor valía y antecedentes profesionales que los seleccionados.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/la-estocada-de-lesmes.html

   Decíamos al comenzar que no hay nadie más conciente que el propio juez instructor de los riesgos que puede suponer una nulidad de las actuaciones.

   Por esta razón, según fuentes consultadas, el juez Ruz seguirá, según la prórroga resuelta, hasta el 31 de marzo de 2015.

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  Pero, como dice el refrán, una y no más Santo Tomás.  

  En román paladino: nos dicen que Ruz no tiene intención de pedir ser juez de apoyo del juez que llegue al juzgado en marzo de 2015.

  Porque, según estas fuentes, el juez no quiere poner en peligro la legalidad de la instrucción, dar pie a la nulidad de actuaciones por violación del principio constitucional del derecho al juez predeterminado por ley que desde ese momento quedará perfilado por el artículo 216 bis ya apuntado.

  Si este es el desenlace, Lesmes y sus servicios podrán decir que ha sido culpa de Ruz, que es él quien no ha querido seguir. Que se le han dado todas las oportunidades, pero él ha preferido no optar por la plaza. Lesmes es un jugador y parece estar informado sobre la psicología de los protagonistas.

  Todo lo que se pueda avanzar en los procedimientos pendientes, desde las tres piezas que forman el puzle Gürtel, una de las cuales la 1999-2005 ya está pendiente de los escritos de acusación y de defensa, y de los casos de Jordi Pujol Ferrusola o Barça-Neymar-Rosell, para tomar solo algunos de los distintos  casos de relevancia, se intentará. Tres meses no dan mucho de sí porque siempre hay incidentes procesales o hechos que requieren diligencias.

  La comisión rogatoria enviada a Andorra, por ejemplo, para obtener datos de Pujol Ferrusola y cinco empresas, está vista para sentencia. Y es probable que la juez Ángels Moreno Aguirre dicte su resolución en  los próximos días.

  Bien.

  Pero, ¿estaba Ruz preparado para pasar por este laberinto kafkiano preparado por Lesmes?

  Lo estaba. Por información y por carácter.

  Las fuentes señalan que después de llegar José Ramón Navarro a la presidencia de la Audiencia Nacional a primeros de mayo de 2014, el juez Ruz percibió el nuevo sesgo de la situación, los flamantes efluvios anunciadores de lo que vendría.

  No debía, se le llegó a sugerir, solicitar más prórrogas después de la concedida el 24 de junio de 2014 por su "excelente comportamiento". Esa sería la última prórroga. Pese a que el artículo 350.1 de la LOPJ  establece un periodo máximo de dos años, que, en su caso, vencía en junio de 2015.

  También hubo alguna velada sugerencia de que debía cuidar su actuación respecto a María Dolores de Cospedal ya que el juez tenía bajo la lupa la presunta comisión de 200.000 euros ingresada, según Luis Bárcenas, por el  PP de Castilla La Mancha en 2007, según reza un recibí firmado por el gerente José Ángel Cañas.

          Dolores-de-Cospedal-a-su-llegada-a-la-Audiencia-Nacional-donde-declaro-ante-el-juez-Ruz-en-calidad-de-testigo-

   Con todo, el pasado 24 de noviembre, dos días antes de dar a conocer su auto de conclusión de Gürtel 1999-2005, Ruz preguntó hasta diez veces por Cospedal en la declaración de José Manuel Molina, alcalde de Toledo en el momento de la presunta mordida pagada por la empresa Sufi (Sacyr) por la adjudicación de un contrato de limpieza. 

   Cospedal acusó el golpe en su crítica al juez, no en su nombre, sino en el del PP y de Ana Mato, al afirmar, el martes 2 de diciembre, cuando ya era un hecho el cerco de Lesmes sobre Ruz, que el auto del 26 de noviembre  "no es de recibo", al tiempo que calificaba como "cogido por los pelos" aplicarles la figura de partícipe a título lucrativo artículo 212 del Código Penal en el caso Gürtel.

    Esto es, pues, lo que hay, lo que pinta el paisaje después de la batalla en la Comisión Permanente del martes 9 de diciembre de 2014. 

 

 

 

La estocada de Lesmes

Por: Ernesto Ekaizer | 10 dic 2014

       

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  Desde el presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pasando por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hasta el presidente del Consejo General General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, todos ellos, han pronunciado  estos días  pasados su nombre: el juez Ruz.

   Nueve días después de la renuncia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, a consecuencia del auto del juez del 26 de noviembre, Lesmes anunciaba el viernes 5 que la Comisión Permanente del CGPJ sacaba la plaza del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la que ocupa Ruz en comisión de servicios, a concurso junto con otras. Y en la reunión de este martes, día 9, se aprobaba la propuesta.

   Nadie ha explicado la razón legal para semejante decisión.

   Quizá porque no existe. El artículo 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite extender hasta dos años la comisión de servicios de un juez. Y por mucho que gentes más numerosas, pero menos concientes, insisten en que Ruz está desde el mes de junio de 2010 en el juzgado el hecho importante es que se le concedió en junio de 2013 una nueva comisión de servicios cuyo límite temporal máximo era el 24 de junio de 2015.

 Y es posible que nadie intente explicar esa razón porque la respuesta, como ha dicho un antiguo magistrado a este cronista, es obvia: al PP Ruz le resulta incontrolable. Y punto.

  Lesmes le ha dado una estocada importante. Los taurinos no se resistirían a definir la situación: le ha limado los cuernos.

   Es hasta cierto punto ocioso entrar en el laberinto construido por el equipo de Lesmes, con el apoyo siempre entusiasta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

   Pero se puede decir alguna cosa.

   Lesmes ha confiscado el derecho de Ruz a pedir la renovación para cumplir sus últimos seis meses.

   El juez estaba todavía en plazo para hacerlo. En junio pasado, Ruz pidió la prórroga pocos días antes de la fecha del 24 de junio.

   Pero Lesmes se le ha adelantado. Le ha dado la "prórroga automática" hasta el 31 de marzo de 2015, cuando se supone que llegará el nuevo magistrado en comisión de servicios, ya que la plaza sigue siendo "propiedad" del magistrado en servicios especiales Miguel Carmona. 

    Por tanto, Ruz ya no tiene que pedir nada.

   Para adornar la estocada, Lesmes le ha dado a Ruz la "opción" de solicitar ser juez de apoyo del juez en comisión de servicios que se haga cargo. 

   Pero esta presunta oferta supone orillar la nuevas normales legales. Antes la división de trabajo entre jueces titulares (aunque en comisión de servicio) y jueces de apoyo no estaban regladas.

  Hoy sí. 

 Según estipula el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado central de instrucción número 5 tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, mientras que si finalmente Ruz pide ser juez de apoyo tendrá que hacerse cargo de "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral.   

  Por tanto, el nuevo juez tendrá algo que decir. Ya con ocasión de ganar la plaza, el magistrado Miguel Carmona, manifestó en julio de 2013 su desagrado tras conocer la nueva comisión de servicios de Ruz y escuchar que éste seguiría instruyendo los asuntos importantes. El que saca la plaza, aunque sea en comisión de servicios, es dueño del juzgado. Y si como se piensa seguramente va a presentarse algún magistrado de ocho trienios de experiencia, es decir 24 años, es prematuro conjeturar.

   Habrá que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo él. Hay que oír a la sala de gobierno y luego resolver. No  está nada decidido sobre Ruz.

    Esta frase puede parecer mía. Pero no lo es.

   ¿Saben de quién es?  De Lesmes.  Son declaraciones a El Diario.es del sábado 6 de diciembre, publicadas al día siguiente de anunciar como hecho consumado que la plaza que ocupa Ruz salía a concurso.

   Por tanto, parafraseando a Lesmes, "habrá que verlo".

  Costes, haberlos haylos

   Lesmes se había asegurado hasta último momento el apoyo de los dos vocales miembros de la Comisión Permanente para consumar la operación, la juez María del Mar Cabrejas y el ex diputado del PSOE, Álvaro Cuesta.

   A tal punto que la operación mediática precipitada el viernes 5 de diciembre, por la tarde, contó con la colaboración inestimable de la juez Cabrejas. La idea era "vender" a los medios que la solución era insospechable, que no se trataba de coartar a Ruz y que se le permitiría terminar la instrucción del caso Gürtel. Y la venta fue eficaz.

   Pero el sábado 6, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, denunció las presiones del Gobierno de Rajoy para apartar a Ruz. Acto seguido solicitó que Cabrejas y Cuesta votaran en contra de la propuesta de Lesmes.

  Cabrejas expresó enseguida que no estaba de acuerdo. Contempló una posible abstención. Pero, en realidad, lo que le pedía el cuerpo era seguir apoyando a Lesmes.

  Cuesta se decantó finalmente por votar en contra. Propuso en la reunión una alternativa: la renovación del mandato de seis meses de Ruz entre el 24 de diciembre de 2014 y el 24 de junio de 2015 conforme al artículo 355 bis que el propio Lesmes invoca, mira por dónde, para sacar la plaza a concurso.

  Evitar eso, precisamente, era el objetivo de Lesmes. Cortocircuitar a Ruz.  

   Lesmes consiguió el apoyo de Cabrejas, que abandonó a quienes le habían encumbrado en el CGPJ, y se unió a los tres votos conservadores (Lesmes, Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández)  para terminar el partido 4 a 1.

  Si a esta división se suma la petición de siete vocales del Pleno de que fuese el Pleno y no la Comisión Permanente el encargado de resolver una cuestión de carácter discrecional conferida por el artículo 599.1.4 precisamente al Pleno, observamos que el caso Ruz ha dejado huella. 

  Cinco de los siete vocales (en realidad los siete están de acuerdo pero no se les pudo consultar en el momento) han anunciado que estudian un posible recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Comisión Permanente sobre Ruz y están a la espera de la respuesta de Lesmes a su petición del viernes 5.

   Hay que ver si llegarán tan lejos. Porque tienen muchas poibilidades de ganar sobre todo después de que la Comisión Permanente debatiera y aprobase la Operación Ruz.

    ¿Por qué?

   Porque se ha confirmado lo que la carta dirigida a Lesmes por los siete vocales adviertía el viernes 5. Y es que la "propuesta" de sacar la plaza que ocupa Ruz en comisión de servicios a concurso suponía una decisión discrecional sujeta a valoraciones y alternativas.

  La prueba: que Álvaro Cuesta, mirmbro de la Comisión Permanente, propuso aplicar el arttículo 355 bis y prorrogar seis meses la comisión de servicios de Ruz hasta junio de 2015. Y que hubiera sido sometido a votación en la que uno de los miembros, Cuesta, votó en contra de Lesmes.

  Puede parecer un asunto baladí. Pero Lesmes no gana para sustos con la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, máxime cuando acaba de conocer que se ha anulado el nombramiento de un letrado, Álvaro Domínguez, por ser considerado fraudulento, al excluirse a aspirantes con más valía. Hay que recordar que es el primer revés en materia de nombramientos y data de los primeros que hizo nada más llegar, en enero de 2014, Lesmes.

   Puede haber otros reveses marchando ya que Lesmes es un adicto a sustraer temas al Pleno para resolver con su grupo de amigos, ahora ampliado a Cabrejas, en la Comisión Permanente.

  La clarificación de la situación de Cabrejas, por otra parte, aflora una situación que ya era evidente. La luna de miel en el interior de la Comisión Permanente parece haber tocado a su fin.

 ¿Qué hará el juez Ruz?

  Por de pronto, ya no puede pedir la prórroga. Ha sido prorrogado forzosamente. Nadie le ha pedido opinión. Rajoy, Catalá y Lesmes pronuncian su nombre. Pero nadie cuenta con su parecer.

   Ruz tiene por delante dictar el auto de apertura de juicio oral en la pieza separada Gürtel 1999-2005. Ha dado treinta días (diez más que lo establecido legalmente) al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares. Las defensas exigirán a continuación un plazo similar. Nos vamos a finales de febrero primeros de marzo. Además están los recursos al auto del 26 de noviembre.

  Hasta bien avanzado el mes de marzo Ruz no podrá dictar el auto de apertura de juicio oral. Luego elevará la pieza a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección segunda, la cual recabará los medios de prueba y procederá a señalar fecha del juicio oral, a cinco meses vista, habida cuenta de que es una causa con preso (Luis Bárcenas) Esto es: último trimestre de 2015. 

  En enero, febrero y marzo, Ruz, pues, podrá trabajar en las otras dos piezas pendientes de Gürtel, entre ellas los Papeles de Bárcenas o la contabilidad B del PP.

  Con todo, Ruz tiene pendientes diligencias en otras investigaciones: Barça-Neymar-Rosell y Jordi Pujol Ferrusola.

   Fuentes consultadas señalan que Ruz no tirará la toalla tras las maniobras del CGPJ y los ataques del PP y que, contra el presunto desánimo que lo embargaría, cosa que han transmitido a Lesmes algunas fuentes de la Audiencia Nacional, manifiesta sentirse con fuerza para terminar su trabajo.

   Da la impresión, según estas fuentes, de que Ruz ha decidido tomar al pie de la letra lo que se ha dicho en el CGPJ y exprimir el limón hasta la última gota. 

 

 

 

   

   

 

Ruz ante el palo y la zanahoria de Lesmes

Por: Ernesto Ekaizer | 09 dic 2014



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 La plaza en la que el juez Pablo Ruz cumplía comisión de servicios desde junio de 2013 y cuya duración, según el artículo 350 de la ley Orgánica del Poder Judicial, podía extenderse hasta junio de 2015, ha sido incluída en lo que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha presentado como un "macroconcurso".

    La nota de prensa del CGPJ, difundida el pasado viernes, día 5 de diciembre, por la tarde, ha creado la sensación de hecho consumado cuando es un asunto que será sometido a aprobación en la reunión de la Comisión Permanente de este martes, día 9 de diciembre.

  Pero Lesmes contaba para hacer el anuncio de prensa con los dos votos de los vocales conservadores (Gerardo Martínez Tristán y José Manuel Fernández) y el de los dos progresistas (María del Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta). El sexto voto, el de Mercè Pigem, se ha extinguido con su dimisión.

  El tema central era si se incluía o no las plazas donde se cumplen comisiones de servicios en este concurso. Por ejemplo: la del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  Lesmes estaba decidido a incluirla y así se lo informó, en privado, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace más ahora más de un mes.

  El Gobierno contaba con la información de que Ruz "no seguiría".

  Pero la campaña de prensa precipitada el viernes pasado para coincidir con el fin de semana y el festivo del lunes en Madrid ha sido un aspecto importante de la estrategia de Lesmes.

  Lo que ha vendido es que Ruz "continúa", que se le ha prorrogado automáticamente. Que aquí no ha pasado nada. Se le prórroga la comisión hasta marzo de 2015, cuando previsiblemente llegará el nuevo magistrado que salga triunfante en el concurso.

  Por tanto, tenemos la siguiente ingeniería, que miembros del sector progresista incluso se han vanagloriado, en privado, de haber urdido: llegará en marzo un nuevo juez suplente al que Ruz, "si quiere", podrá pedir continuar en calidad de juez de apoyo para terminar de instruir las causas pendientes.

  Da la casualidad que una de esas causas es Gürtel. Ruz ya ha concluido la pieza separada Gürtel 1999-2005. 

  El juez Ruz, mira por dónde, ha puesto en práctica lo que el Gobierno presenta ahora como la panacea, la instrucción de piezas separadas para no alargar las investigaciones, un método sobre el que, por otra parte, la Sala Segunda ya se ha pronunciado en diversas ocasiones (ver sentencia del caso Hacienda del 30 de diciembre de 2013 en la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, y la posición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con los ERE de Andalucía). 

  Ruz comenzó a preparar estas piezas en julio pasado.

  Bien.

  Pero el juez tiene pendiente dictar en esta pieza Gürtel 1999-2005 que acaba de concluir, el auto de apertura de juicio oral una vez que el Ministerio Fiscal y las acusaciones eleven sus escritos, a primeros de enero de 2015, y que las defensas se pronuncien. Dicho auto podría ser dictado durante el mes de enero. 

  Y en relación al caso Gürtel le quedan dos piezas: la llamada pieza principal (en la que se incluyen presuntos casos de corrupción en la sociedad Aena, y en los ayuntamientos de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Alcalá de Henares de la Comunidad de Madrid); y la pieza llamada Papeles de Bárcenas o lo que el juez y la Fiscalía Anticorrupción, basados en los informes de la UDEF, llaman la contabilidad B del Partido Popular, de la que brotaron sobresueldos, donaciones, comisiones, y pagos en negro al rehabilitar la sede central del PP en la calle Génova de Madrid.

  No es, además, la única causa que lleva Ruz. Entre otras, investiga presuntos delitos de Jordi Pujol Ferrusola y la operación Barça-Neymar-Rosell.

  La pregunta elemental, sencilla e ingenua, que el ministro Catalá (dos intervenciones en una semana sobre el asunto, el martes 2 y el viernes 5 de diciembre), Lesmes y sus especialistas en spin no responden es ¿por qué tienen que sacar la plaza a concurso? ¿cuál es el imperativo legal? ¿qué ley se incumple no sacándola?

  En el Reino Unido y en Estados Unido se conoce como spin doctors a los asesores de prensa que presentan las resoluciones o los hechos con un sesgo predeterminado. Viene del verbo to spin. Dar un sesgo. En las relaciones con la prensa: manipular.

  Pues eso, los spin doctors de Lesmes no responden a esa pregunta...porque no pueden. Si el ministro Catalá no puede. Si Lesmes no puede. Tampoco sus asesores de comunicación.

  El 24 de junio de 2013, al renovar el mandato de Ruz por otros seis meses, Lesmes y la comisión le dieron la siguiente calificación: "Excelente rendimiento del magistrado comisionado". 

  El acuerdo se puede buscar en la web del CGPJ, en el apartado de acuerdos de la comisión permanente.

   Ruz no podrá, obvio es, terminar de instruir las piezas separadas pendientes en el caso Gürtel, cuya instrucción la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar antes de judicializarlo en la Audiencia Nacional.

 Un juez, Baltasar Garzón, que envió el 2 de marzo de 2009 la primera comisión rogatoria a Suiza en relación a Francisco Correa, Bárcenas y otros, y que gracias a ella conocemos, entre otras cosas, la fortuna oculta del extesorero nacional del PP, que llegó hasta 48 millones de euros (7.600 millones de pesetas), ya ha sido condenado por prevaricación e inhabilitado por este caso.

   Solo esta y otras circunstancias deberían haber aconsejado al PP y al Gobierno de Rajoy a mantener una exquisita conducta frente a la justicia.

  No ha sido así. Los ataques más recientes al juez a raíz de la pieza separada Gürtel 1999-2005 son solo un ejemplo.

  Para no hablar de la larga decena de demandas civiles de dirigentes del PP contra periodistas de EL PAÍS - ganadas todas ellas por el diario- en razón de haber publicado el 31 de enero de 2013 lo que los dirigentes del PP despreciativamente tildaban como simples fotocopias: los Papeles de Bárcenas.

 Pero ni el ministro Catalá, ni el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo han cuidado ni siquiera las apariencias.

  Y el tema de las apariencias es relevante.

  En 1923, el juez Hewart dictó en el Reino Unido una sentencia en un recurso de revisión judicial  que anulaba un fallo por un tema de aparente parcialidad, una sentencia que dio la vuelta al mundo judicial bajo la forma de un aforismo desde entonces. 

  "No es simplemente de cierta importancia, sino que es de una importancia fundamental el que no solo se imparta justicia, sino que se debe ver manifiesta e indudablemente que se ha impartido justicia".

  Y esta idea es también válida cuando hablamos de la política judicial.

  No es, pues, simplemente de cierta importancia que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Lesmes haya sacado la plaza del juzgado en el que el juez Ruz podía cumplir su comisión de servicios hasta el 24 de junio de 2015 (artículo 350 LOPJ) sino que es fundamental esto: que se vea manifiesta e indudablemente el respeto a la independencia judicial.

   Y el test de Lord Hewart, tanto la ingeniería aplicada como la operación de prensa precipitada la tarde del viernes 5, tras las las dos comparecencias, el martes 2 y el mismo viernes 5, del ministro de Justicia, Rafael Catalá, no lo pasan. 

Flor de Lis

   Ignoro si el seudónimo utilizado por un lector o lectora, vaya usted a saber, tiene que ver con Los tres mosqueteros, la novela en la que Alejandro Dumas nos cuenta que la flor de lis era el sello a fuego con que los verdugos de Francia marcaban a los delincuentes con hierro candente como castigo, lo que equivalía a una especie de prontuario de por vida como indeseables, como ocurrió con la esposa de Athos, Milady, que también fue marcada.

   Pero en todo caso, me parece muy sugerente lo que escribe sobre la situación del juez Ruz, a raíz de la Operación Ruz desencadenada por Lesmes con el apoyo de Catalá.

   Querido Ernesto:

  La posición del magistrado juez Ruz, es un imposible metafísico. En apenas dos o tres meses no puede acabar seriamente, las instrucciones judiciales y además la posibilidad de cometer errores de bulto se multiplican por la premura del tiempo. Y además, sinceramente, no creo un plato de gusto para Ruz, ser una especie de "segundón" de otro juez nuevo que llegaría en marzo. Acabaría Ruz siendo una especie de "secretario judicial" del nuevo juez. Y encima, cuando terminara su trabajo, el premio sería, volver a Móstoles con el lastre de haberse generado enemigos poderosos que le amargarían su promoción como juez en lo que le resta de vida. Para Ruz y (su familia, no lo olvidemos) todo serían incovenientes y ninguna ventaja. 

Publicado por: Flor de Lys | 05/12/2014 18:26:31

  Lesmes, con la ingeniería que alardeaban el pasado viernes 5 los presuntamente progresistas de la comisión permanente, ha conseguido meter a Ruz en una situación kafkiana. 

   Ruz, que es juez suplente (eso significa estar en comisión de servicios), debe esperar hasta el mes de marzo, fecha en la que previsiblemente llegará al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un nuevo magistrado...¡suplente!

   Nuestros spin doctors deberían decirlo. Sí, por qué se saca a concurso la plaza que solo puede ser cubierta con una comisión de servicios. No se concursa para ser juez titular.

  ¿Por qué? Elemental mi querido Watson: porque el dueño del juzgado, el magistrado titular Miguel Carmona, está en misión especial en Londres, según pactó en 2013 con el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.     

Manipulación

   Por tanto, Lesmes crea la siguiente situación: "su" concurso situará a un juez suplente sobre otro juez suplente y éste deberá, si quiere, pedirle al nuevo suplente que le nombre juez de apoyo, es decir, suplente, para llevar los casos que venía instruyendo hasta ahora.

   Por eso, Flor de Lys (firma con y) apunta: "No creo [que sea] un plato de gusto para Ruz, ser una especie de "segundón" de otro juez nuevo que llegaría en marzo. Acabaría Ruz siendo una especie de "secretario judicial" del nuevo juez". 

  Que, como acabamos de precisar, será suplente, es decir, en comisión de servicios.

   Pero, otra vez nos vamos a topar con el juez Hewart.

   Ruz acaba de dictar su auto de conclusión en la pieza Gürtel 1999-2005.

    El auto de conclusión del 26 de noviembre pasado señala en la página 122, lo siguiente:

  "De esta forma, consta indiciariamente acreditada (sin perjuicio de los hechos que resultan instruidos al efecto en la Pieza Separada de las presentes Diligencias Previas denominada “Informe UDEF-BLA 22.510/13”) la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política Partido Popular (PP) -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009-, junto con el imputado Álvaro De Lapuerta Quintero (quien fuera tesorero del Partido Popular hasta el año 2008) de una contabilidad paralela o “Caja B” –denominación indiciaria atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido Partido político entre los años 1990 a 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, fue destinada: a) al pago de gastos generados en campañas electorales; b) al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político".

   Y en la página 133 y 134, al describir las actividades del imputado Bárcenas, señala:

   "En lo que respecta a su actividad vinculada al cargo de Gerente del Partido Popular, cargo ejercido entre 1990 y junio de 2008 (siendo elegido en ese mes Tesorero de la formación política), y por lo que se refiere a la llevanza por Luis Bárcenas Gutiérrez, en connivencia con el imputado Álvaro De Lapuerta Quintero (quien desempeñó las funciones de Tesorero del Partido entre 1993 y 2008), de la contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos (hechos no obstante que en cuanto a su completa significación resultan objeto de la Pieza Separada “Informe UDEF-BLA 22.510/13”), de acuerdo con lo hasta ahora actuado, Luis BÁRCENAS procedió a incorporar a su patrimonio recursos económicos del PARTIDO POPULAR cuya administración tenía encomendada como Gerente, contando para ello con la connivencia del Sr. Lapuerta Quintero en el ejercicio de sus funciones como Tesorero". 

   Estos hechos se refieren a la pieza Papeles de Bárcenas o contabilidad B del PP que el juez Ruz ya tiene avanzada y que debía terminar de aquí hasta terminar su mandato, en junio de 2015.

    Bien.
   
   Después de conocer este auto, Lesmes, con el apoyo de Catalá, anuncia que la plaza donde este juez cumple su comisión de servicios sale a concurso.
   
  Precisamente, cuando más necesario era demostrar el respeto a la independencia del juez, en este momento se saca la plaza (que como hemos apuntado no puede ser cubierta más que como comisión de servicios).
   
  Pero, además, ¿qué le están diciendo, objetivamente, Lesmes y la comisión permanente, caso de que se apruebe la propuesta, a Ruz?
 
  Según cómo lo hagas en estos tres meses vamos a ver, de querer seguir, si te concedemos una nueva comisión de servicios de apoyo al nuevo juez. Que, como hemos dicho, no será titular sino suplente como lo es Ruz.   

  Esta es la aplicación de aquella promesa que hizo Lesmes al declarar, el pasado mes de marzo,  y más tarde, ante la indignación general, matizar, sobre el CGPJ lo siguiente:

 "Se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria". 
 
  Con el palo, Lesmes saca la plaza a concurso y le arrebata así a Ruz la posibilidad de pedir la renovación (estaba en plazo todavía para hacerlo) por seis meses hasta el 24 de junio de 2015; y le pone la zanahoria para el caso de que pida ser juez de apoyo de un juez de apoyo cuando éste llegue en marzo al juzgado central de instrucción número 5.
 
 Porque, claro, esa comisión de servicios deberá ser aprobada...por Lesmes. Perdón, por la Comisión Permanente del CGPJ.
 
 ¿Esta es la independencia judicial que Lesmes y sus apoyos estiman debe ser la función del máximo órgano del poder judicial, el que gobierna a los jueces?
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Siete vocales piden debatir en el Pleno  

   La Operación Ruz es tan evidente que siete vocales (Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo) han presentado a las 14,34 del pasado viernes, 5 de diciembre, un escrito en la secretaría de Lesmes.

Descargar Carta

  Solicitan al presidente que la propuesta de incluir la comisión de servicios de Ruz en el macroconcurso "no se incluya en el orden del día de la comisión permanente [del martes 9 de diciembre] y que se incorpore al de la sesión del pleno del Consejo que se convocará para el 18 de diciembre".      

                        

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En el sentido de las agujas del reloj: Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach y Rafael Mozo.  

 

La razón que esgrimen es simple. 

La situación de Ruz no es una cuestión que "deba resolverse de forma unívoca ni mucho menos automática, ya que permite diversas opciones"; señalan que "implica un margen claro de apreciación y discrecionalidad".

  Y esto ya está contemplado por el artículo 599.1.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que confía al Pleno del CGPJ y no a la comisión permanente "todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún márgen de discrecionalidad o apreciación de méritos".

   Los vocales señalan que la situación del juez Ruz "está directamente vinculada a la imagen de la Justicia y a la confianza de los ciudadanos en ella por lo que debemos asegurar que será adoptada con las máximas garantías. Estas son poderosas razones que aconsejan que sea debatida y adoptada por el Pleno de este órgano constitucional".

  Los peticionantes plantean otro tema sugerente, cual es el riesgo que la aventura que quiere consumar Lesmes supone.

  Y es la seguridad jurídica.

  "Pues no cabe duda de que la decisión sobre la continuidad o no del referido magistrado en el destino para el que fue nombrado en comisión de servicios, podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo. Sería por tanto de una gran irresponsabilidad que este asunto se valorara y decidiera por un órgano que podría ser declarado incompetente, riesgo que nunca existiría de llevarse, como exige el artículo 599.1.4 de la ley Órganica del Poder Judicial, a su sede propia que es el Pleno del este Consejo".

  ¿Qué va a hacer el presidente del CGPJ con esta petición?

  Lesmes piensa, según ha explicado en la Cámara legislativa canaria a finales de septiembre, que “las irregularidades y la corrupción anidan en la oscuridad y la penumbra mientras que la transparencia corta en seco cualquier intento de aprovechamiento indebido de las prerrogativas".

   Eso es: el aprovechamiento indebido de las prerrogativas.

  Es lo que estiman siete vocales del CGPJ que han sido elegidos con el respaldo de los tres partidos que, además del PP, están presentes en el órgano: PSOE, IU y PNV. Hay 14 vocales que, sin ser de la Comisión Permanente, forman parte del Pleno, de los cuales la mitad, 7, firman la carta.  Los otros 7 han sido elegidos con apoyo del PP,

  Hay otros dos vocales que son miembros de la Comisión Permanente elegidos con el respaldo del PSOE (Cabrejas y Cuesta); y otros dos que lo han sido con los votos del PP (Martínez Tristán y Fernández). Y está Lesmes (respaldo PP) y ya no está Mercè Pigem (CiU).

  ¿Seguirá adelante Lesmes en las próximas horas con la aprobación del concurso que incluye la plaza donde Ruz ejerce su comisión de servicios y responderá a los siete vocales que el asunto ya ha sido resuelto por la Comisión Permanente?

   Se dirá: si se debate en el Pleno del día 18, Lesmes ganará porque tiene mayoría.

   Es posible. Pero en tal caso, solo votarán a favor los miembros del CGPJ elegidos con respaldo del PP.  No secundarán la operación los miembros que tienen el respaldo del PSOE, IU y PNV.

  Es decir el PP consumará en el CGPJ la operación contra un juez que está concluyendo la investigación ...sobre el PP.

 El enfado de Grande-Marlaska

  No es un secreto que el actual CGPJ, a diferencia del pasado, está integrado por un magistrado de la Audiencia Nacional. Se trata del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska. Conoce muy bien lo que es ser juez en comisión de servicios. Lo fue precisamente en el juzgado central de instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón estaba en excedencia, en Nueva York.

   Su actividad en la Audiencia Nacional le ha permitido seguir en primera línea el partido Lesmes vs. Ruz. Grande-Marlaska ha podido transmitir el estado de ánimo del juez Ruz, con quien mantiene buenas relaciones, al presidente del CGPJ. Ha hecho de puente, según señalan fuentes jurídicas, aportando información a uno y otro.

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Los jueces Pablo Ruz y Fernando Grande-Marlaska  

   

  Grande-Marlaska, que apoya a Lesmes, se muestra crítico con los siete vocales que piden tratar el asunto Ruz en el Pleno del 18 de diciembre.

  El magistrado y vocal del CGPJ, ha tenido que enterarse por los medios de comunicación de la carta elevada al presidente y estima que es una conducta desleal con los restantes vocales que desconocían la misiva.

  Pero: ¿de quién es esta responsabilidad?

  Hemos apuntado que el escrito se presenta el viernes 5 a las 14,34 en la secretaría de Lesmes. 

 ¿Por qué el presidente no trasladó la petición al resto de vocales del CGPJ?

  Lesmes lanza su comunicado con el que parece consumar la Operación Ruz precisamente después de conocer el escrito de los siete vocales.

  La prueba: el comunicado sobre el macroconcurso se da a conocer varias horas después de la entrada del citado escrito.

  Lesmes pretende matar dos pájaros de un tiro: aprovechar el fin de semana y el festivo del lunes que coge a los medios en un momento bajo de su capacidad de reacción y, simultáneamente, denegar por tardía la solicitud de los siete vocales.

  El orden del día, sostiene la secretaría de Lesmes, ya estaba confeccionado. Y además si la Comisión Permanente de este martes 9 de diciembre aprueba la propuesta muerto el perro se acabó la rabia. Ya no hay nada que debatir en el Pleno del 18, un pleno que va cargado de temas conflictivos. Por ejemplo: la renovación, o no, de la composición de miembros de la Comisión Permanente cuyo mandato vence precisamente estos días. Lesmes se había comprometido, precisamente, a cambiar anualmente a los miembros de la Comisión, una idea que parece ser, a estas alturas, anticuada.

  En el momento en que los siete vocales presentan su escrito no existía orden del día. 

 

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Nos resta antes de terminar abordar la situación en la Comisión Permanente.

  En la foto que hemos incluido, se ve en primer plano a María del Mar Cabrejas y, enfrente a Álvaro Cuesta. Ambos han sido elegidos con respaldo del PSOE. 

  Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, amigo personal de Lesmes, podía haber sido un consejero impagable para el presidente del CGPJ y del Supremo. Problema: Lesmes sabía lo que se hacía. 

  No forma parte ni de la Comisión Permanente ni del Pleno, pero conoce la historia desde sus inicios. En mayo y junio de 2013 impulsó como presidente de la Audiencia Nacional la nueva comisión de servicios para el juez Ruz. La Sala de Gobierno de la Audiencia solicitó esa nueva comisión nada más ganar la plaza en concurso el magistrado Miguel Carmona, a finales de mayo de 2013.

  Y en los últimos meses, según fuentes jurídicas, animó al juez Ruz a pedir la renovación.

 Si algunos medios de comunicación han "comprado", en medio de la dinámica que desencadenaron los servicios de Lesmes el pasado viernes 5 de diciembre, la ingeniería de la "prórroga automática" ha sido por las explicaciones que el sector progresista de la comisión permanente ofreció sobre la propuesta de sacar la plaza del juzgado número 5 a concurso.

  Sin embargo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado el sábado 6, en el Congreso, en conversación con los periodistas, las "presiones para apartar a Ruz". Y expresó su confianza en que el CGPJ decida de manera autónoma e independiente la continuidad de Ruz para concluir su tarea. "Mientras el Gobierno alardea de querer luchar contra la corrupción, trata de apartar a Ruz del caso más importante de corrupción", dijo.

   Las últimas informaciones señalan que la denuncia no es simplemente retórica. Tanto Sánchez como el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, han transmitido a los dos vocales miembros de la Comisión Permanente del CGPJ su posición de que es necesario votar contra la propuesta de Lesmes de sacar a concurso la plaza del juzgado número 5.  

  Terminamos parafraseando a Lord Hewart en la cuestión del Pleno.

  No es simplemente de cierta importancia, sino que es de una importancia fundamental el que no solo se adopte la decisión que corresponda respecto al Pleno, sino que se vea manifiesta e indudablemente que se ha hecho de manera transparente, justa y conforme a las reglas de juego imperantes en el órgano de los jueces.

  Ni más. Ni menos.     

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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