El `empleado´ Bárcenas

Por: Ernesto Ekaizer | 30 mar 2015

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La defensa letrada de Luis Bárcenas sostiene que ni los papeles o caja B o contabilidad B que el exgerente y ex tesorero llevó desde 1990 hasta 2008 deberían formar parte como pieza separada del caso Gürtel, ni constituyen un delito contra la Hacienda pública como sostiene en su auto de conclusión el juez Pablo Ruz. 

  Y, además, que, en todo caso, Bárcenas no era administrador ni representante del PP ante Hacienda. Porque los administradores del partido  "son aquellos en los que el Congreso del Partido Popular otorga los poderes generales".  

   Este es, en esencia, el recurso de reforma presentado por la defensa ante el propio juez. Una vez que el juez previsiblemente resuelva desestimarlo, la defensa podrá acudir en apelación a la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional.

   El tema de la pieza separada ya ha sido zanjado por la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2013. Pero he aquí que en aquel momento, los letrados de Bárcenas consideraron que el juez Ruz debía instruir los papeles publicados por éste periódico el 31 de enero de 2013.

  Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero propusieron que se instruyera en  Plaza de Castilla, sacando provecho de una denuncia de Manos Limpias.

   No ha sido el único recurso presentado. Una de las acusaciones populares personadas, Observatori Desc, cuestiona el auto del juez Ruz, tanto en lo que se refiere a la estimación de que los delitos contables y electorales han prescrito como a imputar exclusivamente a Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, en su calidad de administradores o representantes del PP.

  El juez Ruz decía en su auto del pasado 23 de marzo al hacer las imputaciones por el pago en negro, sin tributar, de las obras de remodelación de Génova, que llegaron hasta primeros de 2010, que "cabe tener por presuntos responsables a sus administradores y socios [de la empresa Unifica] Gonzalo Urquijo y Belén García, así como a su empleada Laura Montero, así como del Partido Popular respecto de los hechos por los que cabe tener por presuntos responsables a sus empleados Luis Bárcenas (en su condición de gerente y después tesorero), Álvaro De Lapuerta (en su condición de tesorero) y Cristóbal Páez (en su condición de adjunto al gerente, y más tarde gerente de la formación política)".

      Esta definición de "empleados" es sugerente. Porque plantea el tema de los administradores de derecho tal cual se describe en el artículo 31 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. 

   "El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente".

 http://blogs.elpais.com/analitica/2015/03/contabilidad-ilegal-pura-y-dura.html

  Sucede que al PP no se le puede sentar en el banquillo porque la ley para poder acusar a partidos políticos en tanto personas jurídicas sólo está vigente desde finales de 2012, anterior a los hechos presuntamente delictivos.

  En su escrito, la defensa de Bárcenas, plantea que "nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política". Añade que "los administradores o legales representantes del Partido Popular son aquellos en los que el Congreso Nacional del Partido Popular otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del Partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración Pública".  Y remata: que "el Sr. Bárcenas no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria".

    ¿Qué dicen las escrituras aportadas por la asesoría jurídica del PP al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional?

  El decimoquinto y el decimosexto Congreso Nacional del Partido Popular utilizan la misma fórmula. El primero, 12 de noviembre de 2004, en favor de Rajoy y de Ángel Acebes, presidente y secretario general, respectivamente.

  El segundo, de 1 de octubre de 2008, "otorga los poderes generales y habilitaciones especiales a D. Mariano Rajoy Brey y a Dña. María Dolores de Cospedal, Presidente Nacional y secretario general del Partido Popular, respectivamente, con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración,disposición y representación de los bienes e intereses del Partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración Pública y Tribunales de todo el Estado en todas sus jurisdicciones e instancias, en los términos que dichos poderes han sido conferidos con anterioridad y dentro de las previsiones estatutarias..."

   La defensa de Bárcenas plantea, según hemos apuntado, que él no ha sido nunca representante legal del PP.

   Sin embargo, la Agencia Tributaria remitió al juzgado un documento, a requerimiento del juez Ruz, el 15 de abril de 2013, en el que aportaba el llamado Modelo 036 o declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios.

 Este modelo decía: "Actualmente en el Censo figura como representante desde el 29/10/1997 Luis Bárcenas Gutiérrez. No se conserva el origen del dato".

  Otro dato aportado por la Agencia sobre los "participantes y participados" que el PP declara en el Impuesto de Sociedades en 1996-2005 es el nombre de Luis Bárcenas, el único como "administrador-socio".

  

 

 

Contabilidad ilegal, pura y dura

Por: Ernesto Ekaizer | 24 mar 2015

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    El juez Pablo Ruz ha confirmado, en su auto de conclusión de la investigación de los papeles secretos de Bárcenas, que el PP tuvo una caja b, o contabilidad b, entre 1990 y 2008.  Esto nos lleva a una conclusión elemental: el PP salió ileso del caso Naseiro en 1992 -el Tribunal Supremo anuló la instrucción sobre las comisiones ilegales- y sin solución de continuidad perfeccionó su sistema de financiación ilegal. Luis Bárcenas ya estaba allí con Rosendo Naseiro. Y siguió más tarde bajo la tesorería de Alvaro de Lapuerta Quintero, el hombre que cubrió la plaza de Naseiro por decisión de José María Aznar.

   Dice el juez, en el auto dictado este lunes, que se ha constatado "un sistema de financiación del Partido Popular llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática, entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley, estando a cargo del gerente nacional del partido -el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez - y del tesorero de la formación -el imputado - Álvaro de Lapuerta Quintero- desde 1993 hasta junio de 2008, siendo entonces sustituido en el cargo por Luis Bárcenas".

  Si los papeles publicados por EL PAÍS estremecieron a la opinión pública nacional e internacional en febrero de 2013, fuerza es reconocer que el auto del juez Ruz no es menos conmovedor. Porque relata cómo la investigación ha confirmado la mayor parte de las anotaciones manuscritas de Bárcenas, gerente has junio de 2008 y tesorero después de la convención de Valencia de aquel año.

   En cuanto a las donaciones ilegales, dice el juez que la investigación "permite dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a los querellados". Pero, al tiempo, señala que "no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes, la conclusión provisional deber ser a tal respecto la de la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos a los distintos querellados, procediendo en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de los mismos".

   Considera el juez como presuntos responsables de los delitos cometidos con la caja b del PP (donativos ilegales y pagos en negro de las obras de Génova) "a sus empleados Bárcenas (en su condición de gerente y después tesorero), Álvaro de Lapuerta (en su condición de tesorero) y Cristóbal Páez (en su condición de adjunto al gerente, y más tarde gerente de la formación)". Y si estas personas no pudieran reparar lo defraudado caso de sentencia condenatoria, el PP deberá pagar por ellos. Eso es ser responsable civil subsidiario.

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  Pero como dice Ruz, Bárcenas y los demás eran "empleados". La definición es muy pertinente. Porque por encima, los administradores de derecho, eran otras personalidades.

¿Quiénes eran los responsables/administradores según las escrituras aportadas por el PP al juzgado?

En 2004, ya Rajoy junto con Ángel Acebes.

 Y, ¿en 2008? Rajoy y María Dolores de Cospedal. Pero, a diferencia de Bárcenas, para ellos no se ha interrumpido el plazo de prescripción porque no se les imputó en su día.  

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/22/actualidad/1427055795_548318.html

  Por tanto, si se les quisiera imputar  ahora como administradores responsables que habían delegado en sus "empleados", como los califica Ruz, ya no sería posible.

  Ruz hace un minucioso análisis de la obra en el cuartel general de Génova en los años 2007, 2008 y 2009, piso por piso.

  Y se detiene ampliamente en la séptima planta, la de Rajoy, con los trabajos y las múltiples facturas.

  ¿Se puede creer que el responsable de la administración del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también responsable, según la escritura de 1 de octubre de 2008, no supieran nada de cómo se financiaban y pagaban las obras ejecutadas a lo largo de varios años?

    Ustedes mismos.

La doble cara del `sentido común´

Por: Ernesto Ekaizer | 16 mar 2015

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   Mariano Rajoy ha vuelto a exhibir su talante favorito e ideal, el del sentido común, al hablar esta mañana sobre la imputación en nuestro sistema legal.

  "Hay imputaciones e imputaciones. La imputación no significa condena. Hace pocas fechas, el Tribunal Supremo ha archivado acusaciones contra dirigentes políticos importantes. El gran problema que tiene la imputación... y hacer que una persona no pueda presentarse a las elecciones, es que se está haciendo un juicio antes de que proceda", le dijo al periodista Carlos Herrera en Onda Cero. 

  "Todos los casos son distintos, en cada caso concreto habrá que tomar una decisión concreta", precisó.

 Bien.

   Se supone que Rajoy se refiere a casos de su partido, pero no desconocerá, entre otros, el archivo de las diligencias contra su paisano Pepe Blanco, ex secretario de Organización del PSOE y actual eurodiputado, cuya investigación durante más de un año, sin tramitarse su desafuero o suplicatorio para imputarle, como es preceptivo, acabó finalmente en sobreseimiento. El Partido Popular solicitó en 2013 su renuncia al escaño.

   Pero es que Rajoy acaba de insinuar algo parecido hace pocas fechas.

  "¿Cómo me habla de corrupción cuando tiene diputados y senadores llamados por el Tribunal Supremo y no les ha pedido ninguna responsabilidad?", le espetó a Pedro Sánchez el pasado 24 en la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación, en referencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

 Sin embargo, ante los medios de comunicación, Rajoy exhibe sentido común con su frase "hay imputaciones e imputaciones".

  Precisamente, el presidente del Gobierno sabe, porque ya lo ha vivido en julio de 2009 con el entonces tesorero (dimitido temporalmente en aquellas fechas) del PP y senador Luis Bárcenas, que los representantes de la soberanía popular pueden acogerse al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal y ofrecerse a declarar sin esperar a que se pida antes el suplicatorio.

 Como no se les puede privar de su derecho a la defensa, diputados y senadores declaran como imputados. Luego el juez instructor y la sala deciden sobre si se cursa o no el suplicatorio a las cámaras.

  Pero con anterioridad ha habido otra circunstancia en la que Rajoy dice una cosa y hace otra.     

  Me refiero al caso de Magdalena Álvarez.

  Mientras Luis de Guindos, ministro de Economía, intentaba apartarla de una de las vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su imputación en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía, veamos lo que decía Rajoy en esas fechas.

  El 21 de marzo de 2014, el presidente del Gobierno explicaba desde Bruselas: "A mi no me gusta adelantar acontecimientos. En estos momentos hay una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad. Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario todas las personas son inocentes".

  http://blogs.elpais.com/analitica/2014/08/christine-magdalena.html

  Sin embargo, el ministro impulsó la destitución de Magdalena Álvarez aprovechándose de las decisiones judiciales, algunas de las cuales, como las fianzas, fueron anuladas posteriormente por prematuras. Pero para esas fechas, Guindos ya había conseguido colocar a Román Escolano en lugar de Magdalena Álvarez en el BEI.

Gómez Bermúdez, puente de plata a París

Por: Ernesto Ekaizer | 12 mar 2015

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    El ministro de Justicia Rafael Catalá ha decidido proponer el nombramiento del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para sustituir en París, como magistrado de enlace, al magistrado  Juan Pablo González. La designación debe ser aprobada por el consejo de ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero fuentes de toda solvencia aseguran que la decisión está tomada.

   Javier Gómez Bermúdez es titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional después de ejercer como presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

    Fue el magistrado que presidió el tribunal que enjuició a los responsables del atentado islamista de Atocha, el 11-M de 2004, con su secuela de 192 muertos.

  Todas las presiones políticas y mediáticas para que dejara abierta la posibilidad de que dicha masacre pudo haber tenido alguna influencia o participación de grupos terroristas ajenos a los grupos fundamentalistas islámicos, ETA por ejemplo, chocaron con la decisión del juez Gómez Bermúdez de disipar cualquier sombra de duda sobre el carácter yihadista de la barbarie terrorista.

  Aún es el día de hoy que dirigentes políticos, como ha sido el caso de Esperanza Aguirre, esta misma semana, con ocasión del 11 aniversario de la masacre, insisten que el atentado debería esclarecerse. Otros que llevaron adelante una persistente campaña de prensa sobre la posible participación de una mano negra de ETA ahora ya definen el atentado como "islamista".

 Gómez Bermúdez está haciendo un curso acelerado de francés, un idioma que no domina, para trasladarse a Francia una vez que el consejo de ministro apruebe la propuesta del ministro Catalá.

 En los últimos tiempos, el juez Miguel Carmona, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se presentó a concurso en 2012 por la plaza del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que ocupaba en comisión de servicios el juez Pablo Ruz. Carmona solicitó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón marchar al exterior, al Tribunal Internacional de la antigua Yugoslavia. Errores cometidos en Justicia impidieron presentar la candidatura de Carmona.

   Finalmente, el ministro y Carmona acordaron otro destino: la plaza de magistrado de enlace en Londres nunca ocupada hasta entonces.

    El juez Gómez Bermúdez disgustó al PP entonces en la oposición, con su sentencia sobre el atentado de Atocha precisamente, según se ha apuntado, por cerrar la puerta a una participación de ETA junto con los radicales islamistas. En las horas y días posteriores a la masacre, el gobierno de Aznar difundió a los medios de comunicación y al exterior que la autoría era de la banda terrorista ETA.

   En marzo de 2013, el juez Gómez Bermúdez provocó cierto pánico en el PP cuando admitió una querella de Izquierda Unida en base a los llamados Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013 en momentos en que el partido despreciaba el material como una fotocopia sin valor probatorio.

    Gómez Bermúdez citó a declarar a Bárcenas primero en un calendario del 25, 26 y 27 de marzo de 2013. Un poco después lo hizo el juez Pablo Ruz anticipándose al jueves 21 de marzo, pero a raíz de una petición de la defensa del extesorero, Bermúdez accedió a tomarle declaración el mismo día que Ruz, 21 de marzo.

  Esta circunstancia desencadenó presiones del PP en la judicatura por temor a lo que pudiera resultar de la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, quien había dejado saber que tenía preparado el borrador de un auto de prisión.

  El juez Enrique López, de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, lideró a sus colegas. El fiscal de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, el mismo que en las últimas horas acaba de solicitar a Ruz que anule la imputación de nueve empresarios que aportaron donaciones ilegales al PP, incurrió  en una conducta per saltum (es decir, saltando las etapas procesales) acudió directamente a López y a la sección segunda, logrando la anulación de la comparecencia de Bárcenas ante Gómez Bermúdez. La Fiscalía General del Estado, por su parte, se pronunció en contra de la actitud de Gómez Bermúdez. La causa de los Papeles de Bárcenas la instruyó el juez Ruz.

   Precisamente intenta deprisa y corriendo terminar estos días antes de que venza, a finales de marzo, el plazo que le ha dado la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, por iniciativa de su presidente, Carlos Lesmes. 

   Por tanto, del mismo modo que Carmona consiguió un destino fuera de España, también en el caso del juez Gómez Bermúdez, en este caso el ministro Catalá ha decidido poner puente de plata a...París.

   

    

    

Transparencia y Justicia y el `caso Aguirre´

Por: Ernesto Ekaizer | 12 mar 2015

       

 

    La Asociación Transparencia y Justicia, entidad que anima el comisario José Manuel Villarejo, decidió actuar en el caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña en mayo de 2014.  El abogado David Macías, representante legal de la citada asociación, contrató para ello a un letrado independiente, el abogado Luis Gerez, quien se personó como acusación popular. 

   Cuando el juez Carlos Valle, titular del juzgado de instrucción número 14 de Plaza de Castilla, decidió tramitar la causa como una falta, en línea con las afirmaciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, el letrado contratado por Transparencia y Justicia consideró que era necesario presentar un recurso de apelación. Estimaba que se trataba de un delito de desobediencia de carácter grave.

   La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación elevado por Gerez. El auto del 5 de septiembre de 2014 no valora la acreditación de los hechos como tales, tal como ocurre en un recurso de apelación en esta fase de instrucción.

   Pero señala en su fundamento de derecho segundo que “los hechos denunciados…vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia, a los diversos mandatos de los agentes de movilidad y los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como para calificar provisionalmente dicha conducta como delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia del artículo 634 del Código Penal”.

 Añade: “Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de movilidad”. Y señala al juez “que resulta procesalmente adecuado que los hechos denunciados sean instruidos en el marco de la diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del artículo 556 del Código Penal”.

    Bien.

   Esta victoria procesal, empero, condujo a una situación insólita.

  La Asociación Transparencia y Justicia, una vez iniciada las diligencias en el marco del procedimiento abreviado por un presunto delito de desobediencia (declaración de Esperanza Aguirre y de los agentes de movilidad y policías municipales, aportación de las grabaciones que reflejan la persecución de la infractora) resolvió prescindir de los servicios de Gerez.

    David Macías, quien contrató y otorgó poderes a Gerez, le dijo que su trabajo había terminado. La Asociación ya le había abonado la minuta. El letrado nada tenía que objetar. El cliente es quien manda.

   Macías trabaja con Villarejo y figura en algunas de sus sociedades como administrador único.

   El pasado 19 de enero, después de tomar declaración a Aguirre, a los agentes de movilidad y a los policías municipales, el juez Valle decidió archivar el caso. Ni falta y delito de desobediencia. Según presumía el magistrado ya la Audiencia Provincial de Madrid descartaba la falta al ordenar instruir la causa por un delito de desobediencia.

    La fiscal Marta A. Jainaga recurrió el 3 de febrero la decisión de archivo. Según decía, la Audiencia Provincial consideraba los hechos como constitutivos de un delito de desobediencia “pero en ningún caso excluye que una vez realizada la investigación pueda apreciarse por el instructor que los mismos podrían ser constitutivos de falta”.

   La letrada Esther Macías (sin parentesco con David Macías) en representación del agente de movilidad lesionado y personado como acusación particular, señala en su recurso de apelación contra el archivo decretado por el juez Valle, 26 de enero de 2015, que del auto de la Audiencia Provincial “no se desprende en modo alguno una afirmación tan contundente, únicamente se hace mención al hecho de que, habida cuenta de los hechos denunciados, se considera que procesalmente deberán ser instruidos en el marco de las diligencias previas toda vez que, provisionalmente, los indicados hechos pueden revestir los caracteres de un posible delito de desobediencia”.

    La fiscal de Madrid, Marta A. Jainaga, recurrió el 3 de febrero la decisión de archivo. Según decía, la Audiencia Provincial consideraba los hechos como constitutivos de un delito de desobediencia “pero en ningún caso excluye que una vez realizada la investigación pueda apreciarse por el instructor que los mismos podrían ser constitutivos de falta”.

    El juez Valle, por tanto, justifica su decisión en un auto que de ninguna manera excluye el delito de falta.

     Bien.

     La causa, por tanto, está abierta al quedar sin firmeza el auto del juez, a expensas de lo que resuelva la sección sexta de la Audiencia Provincial.

     A todo esto, ¿por qué se ha esfumado la acusación popular Transparencia y Justicia? ¿Por qué el comisario Villarejo y el abogado Macías decidieron abandonar el caso después de ganar el recurso de apelación el 5 de septiembre pasado?

 Fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandi del tándem Villarejo-Macías. Que la acusación popular, aseguran dichas fuentes, es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados    

  Y, al parecer, esos objetivos inconfesables fueron alcanzados también en este caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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Libros

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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