El espectáculo de la justicia

Por: Ernesto Ekaizer | 17 abr 2015


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  La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato durante el desarrollo de la acción de la policía aduanera es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada. La Agencia Tributaria ha acudido a la Fiscalía de Madrid (en la foto el fiscal Carlos García-Berro, de la Fiscalía Provincial de Madrid) en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, encargada hasta ahora de la investigación de Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional. Pero quien ha llevado la operación por arriba ha sjdo Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es él quien ha estado en contacto con Madrid y con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal .

   El 17 de febrero de 2015, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, declara ante la comisión de Hacienda del Congreso esto: “Estamos empezando por analizar los indicios, en base de la información que tenemos, de que algunos declaradores presentadores de la declaración tributaria especial pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que se contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar. En concreto, tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac”.

   El director daba un paso más: “Asimismo, una vez que se contraste con las actuaciones que se pudieran estar haciendo por el Sepblac o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos que, desde luego está clarísimo —y es de sentido común—, la declaración tributaria especial no ampara”.

   Lo que no dijo Menéndez es que prácticamente la inmensa mayoría de la “población de los 705 contribuyentes” son políticos, altos funcionarios del Estado, familiares directos de estos. Los activos ocultos y aflorados según Hacienda no se justifican con sus ingresos ordinarios.

   Dos meses después ya tenemos los resultados. La Fiscalía Anticorrupción ha sido puenteada y le ha tocado ser fuerza de choque a la Fiscalía de Madrid. Pero, eso sí, se ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el caso Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional, se hará cargo de la investigación después de la entrada y registro del domicilio y de la detención del ex vicepresidente de los gobiernos de Aznar y ex presidente de Bankia. 

    La denuncia de la Agencia Tributaria está relacionada no con la amnistía fiscal de Montoro, a la que se acogió Rato en 2012, sino con movimientos de sus sociedades en España y en el exterior.

    La operación ha sido espectacular. La pregunta es: ¿se justifica? ¿había indicios de fuga?¿qué evidencias sobre posible destrucción de pruebas se han valorado? ¿por qué no llevar el tema fiscal como un delito conexo a los otros delitos por el que se investiga a Rato en la Audiencia Nacional?

    El fiscal que más sabe sobre Rato y Bankia ya no está en la Fiscalía Anticorrupción. Es Alejandro Luzón y es ahora teniente fiscal de la secretaría técnica de la fiscal General del Estado, vamos, del gabinete de Consuelo Madrigal.

    El Gobierno y la Agencia Tributaria han preferido marginar en este golpe al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en la operación puntual, cuenta habida de que el tema de blanqueo es un tema clásico de corrupción. Ciertas críticas ha pululado contra Salinas y contra el juez Fernando Andreu por su excesiva templanza en la instrucción del caso Bankia.

   El Gobierno de Rajoy intenta ponerse la medalla de la lucha contra la corrupción. Cuando el presidente del Gobierno se refiere a la corrupción subraya que en España la justicia funciona y no duda en apropiarse de las actuaciones de policías y jueces.

    ¿Es el de Rodrigo Rato, el que fuera el pretendido Rey Midas de la economía española y el símbolo del presunto poderío de España en el mundo con su nombramiento, en 2004, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), un caso en el que Rajoy pretende lucir la medalla haciendo tronar el escarmiento con uno de los nuestros?

   El pasado 23 de octubre, el juez Pedraz ordenó la entrada y registro, a petición de la Fiscalía, en el domicilio y oficinas en varios puntos de España de Oleguer Pujol. Los policías acompañados de perros detuvieron durante unas horas al hijo del ex presidente Pujol. Es el día de hoy, seis meses después, que Oleguer Pujol no ha sido llamado a prestar declaración ante el juez.

   ¿Espectáculo de la justicia o justicia de espectáculo? 

Aguallo, los Albertos y Juan Carlos I

Por: Ernesto Ekaizer | 13 abr 2015

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   El magistrado Angel Aguallo elaboró el informe, en calidad de letrado del Tribunal Constitucional, que sirvió de borrador a la sentencia que el 20 de febrero de 2008 libró de la pena de tres años y cuatro meses de prisión, impuesta por el Tribunal Supremo, a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a través de una reinterpretación de la doctrina vigente sobre la prescripción.

   Aguallo, que pasó más tarde a ser magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, la contencioso-administrativa, participaba por aquellas fechas junto con Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos, en un comité de gestión de Pernod Ricard España, filial de la multinacional productora y distribuidora de bebidas alcohólicas, vinos y espirituosos. Urdangarín ya había abandonado sus negocios con el Instituto Nóos.

   Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, ex socio de Urdangarín, ha propuesto en su escrito de defensa a Aguallo y a otro miembro del citado comité, el fiscalista Francisco Ortiz, como testigos en el juicio oral del caso Nóos. Torres quiere probar que las facturas que presentó para cobrar por un proyecto de responsabilidad social corporativa (RSC) para Pernod Ricard son veraces. La Agencia Tributaria dice que son falsas.

   Diversos correos cruzados entre Urdangarín y Aguallo, registrados en sus cuentas del Constitucional y del Supremo, atestiguan numerosas reuniones a lo largo de meses para evaluar el proyecto de RSC.

   Mientras esto ocurría en Pernod Ricard, el letrado Aguallo preparaba en el Constitucional, en febrero de 2008, un informe para la sentencia en el caso de los Albertos. El letrado, que es experto en fiscalidad mas no en derecho penal, escribía el borrador de la sentencia para que, a su vez, el ponente, el magistrado Pascual Sala, especializado en contencioso-administrativo, hiciera su exposición y redactara la sentencia.

   Todo empieza el 25 de enero de 2001. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por María Luisa Aparicio, Ana María Ferrer y José Antonio Alonso, confirma la estafa, pero absuelve a los empresarios. Considera prescrito el delito. Ambos engañaron en 1987 a sus socios en la negociación de la venta del conjunto de Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en la madrileña Plaza de Castilla. A los socios minoritarios de Urbanor se les ofreció una suscripción preferente sobre los solares a un precio de 150.000 pesetas metro cuadrado. Pero Cortina y Alcocer habían pactado previamente con los vendedores un precio de 231.000 pesetas.

   ¿Cuál es, entonces, el problema? El 6 de enero de 2003, un día antes de finalizar el plazo legal para la prescripción, se presenta una querella por falsedad y estafa contra los dos primos con defectos a subsanar. Ello no resta validez, según la jurisprudencia del Supremo, a la interrupción del plazo de prescripción. Sin embargo, la Audiencia Provincial absuelve a los empresarios por esa razón.

  Los afectados y la Fiscalía recurren. El Tribunal Supremo falla a favor de los recursos y restituye la doctrina vigente: una querella cumple el requisito de la ley cual es “dirigir el procedimiento contra el culpable” e interrumpe los plazos de prescripción del delito.

    Los empresarios son condenados el 14 de marzo de 2003 a tres años y cuatro meses de prisión cada uno. Piden indulto al Gobierno y amparo al Constitucional. El TC admite a trámite el recurso en julio; los primos se salvan de la prisión.

      Y cuando toca mover baza al Constitucional entra en escena Aguallo. En paralelo, los días 20 y 21 de febrero se concreta una comida-reunión donde Aguallo, Urdangarín, Ortíz, y el presidente y director general de Pernod Ricard España, Philippe Coutin, escucharán a Diego Torres.

   El 25 de febrero, en la sobremesa que mantienen en el restaurante Gaztelupe, según fuentes consultadas, Aguallo exhibe su euforia por la sentencia y, ufano, dice que está muy contento porque esa noche ha sido invitado a una cena para celebrarlo con “el señor”, en referencia al rey Juan Carlos. Aguallo hacía gala de su estrecha relación con el monarca, quien, por otro lado,  mantiene una larga amistad con los empresarios Cortina y Alcocer.

    Tres semanas después de la sentencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba, el 12 de marzo de 2008, el acuerdo para “nombrar para esta plaza [sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo] a D. Angel Aguallo Avilés, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Córdoba, y Letrado del Tribunal Constitucional”.

   Fuentes jurídicas señalaron ya entonces que el nombramiento fue precipitado a última hora, desplazando a otro jurista con cualificaciones mayores, reflejo de los lazos que unían a Aguallo con el rey Juan Carlos. El magistrado que pierde será pocos meses después, por sus propios méritos, nombrado para la sala tercera del Tribunal Supremo.

   La sentencia del 20 de febrero de 2008 provoca un terremoto en las instituciones judiciales. A los susurros sobre el vínculo de Aguallo con el Rey, se une la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de presentar batalla. Una reunión plenaria adopta el 26 de febrero un acuerdo. Se acusa al Constitucional de “vaciar de contenido” el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria entrando en terreno del Supremo.

    Los magistrados de la Sala Segunda explican que para determinar si un delito ha prescrito se debe tomar como referencia la fecha en la que es interpuesta una denuncia o querella, no el momento en que un juez la admite a trámite.

   El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, es quien marca el ritmo. En rueda de prensa, explica que discrepa “total, radical y profundamente con la sentencia del Constitucional”, advierte que los empresarios “se quedarán con el dinero”, 50 millones de euros, y concluye que la resolución “no es la más adecuada para defender a las víctimas”.

   El pleno del TC reacciona con una carta dirigida al Gobierno de Zapatero en la que comunica su rechazo e irritación por la comparecencia del fiscal general del Estado y pide medidas.

   La sentencia salva a los Albertos de ir a prisión. Pero el Gobierno reforma el Código Penal en 2010. La presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, como quería el Tribunal Supremo, pero se le pone al juez un plazo de seis meses para resolver si la admite a trámite.

   Ni con la doctrina vigente en 2001 ni con esta nueva norma, coinciden juristas consultados, la sección séptima de la Audiencia de Madrid -formada, entre otros, por magistrados del perfil de José Antonio Alonso, más tarde ministro de los gobiernos de Zapatero, y de Ana María Ferrer, primera mujer que ingresa, en 2014, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo- podría haber absuelto por prescripción a Alcocer y a Cortina.

    El magistrado Aguallo, respecto de quien el CGPJ ha solicitado informes por sus vínculos con la empresa Pernod Ricard –incompatibles con el ejercicio de la magistratura- sufre desde hace ya cierto tiempo las secuelas de una enfermedad que afecta su movilidad y el habla, lo que ha motivado bajas reiteradas en su actividad.

Ponente y disidente, siete años después

   Pascual Sala recuerda que la decisión adoptada en 2008 fue “muy polémica, según dijo a éste periódico el expresidente del Tribunal Constitucional.

   “Yo introduje modificaciones en el informe del letrado, que, por lo que recuerdo, solía escribir textos muy largos. Tengo que decir que no le conocía especialmente. Pero, sí, fue un asunto que se discutió mucho”, señaló a preguntas de éste diario.

   El único voto particular el 20 de febrero de 2008 fue el del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional.

   “Me quedé solo. Ya había presentado voto particular en 2005 cuando se introdujeron cambios en el tema de la prescripción. Supuso entrar a legislar en una materia que, según habíamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posición de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, además, beneficiaba a los más sinvergüenzas”.

   Tanto Sala como Rodríguez Arribas no ocultan su sorpresa por los trabajos que pudo realizar el magistrado Aguallo en la empresa Pernod Ricard, según han leído en los medios de comunicación.

 

Un reino `medieval´

Por: Ernesto Ekaizer | 09 abr 2015

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   La buena noticia es que con la presentación de los escritos de defensa ya estamos más cerca del juicio oral, uno de los grandes espectáculos mediáticos internacionales cuya fecha de celebración probable se puede anotar para comienzos de 2016.

 La propuesta de citar a 689 testigos por parte de la defensa de Diego Torres es la representación simbólica, u onírica, si se quiere, de ese espectáculo. Ni aquí ni en ningún otro país sería posible. Y la reducción radical de ese número que seguramente resolverá la Audiencia Provincial de Palma no supondrá limitar el derecho de defensa.

    En su escrito, el abogado Manuel González Peeters hace un esfuerzo titánico para justificar la citación de tal número de testigos y aporta un material documental que continúa ilustrando lo que ya ha plasmado a lo largo de la instrucción. A saber, que no puede haber actividades presuntamente delictivas cuando todo lo que se hizo estaba visado y supervisado por la Casa de Su Majestad el Rey. En otros términos, se escuda en la Corona.

   El material que aporta, sobre todo correos electrónicos, muchos de ellos inéditos, indica, ciertamente, que el conocimiento de la Casa del Rey acerca de los movimientos de Iñaki Urdangarín era puntual, y que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que encabeza el palmarés entre los destinatarios, era una especie de comisario político que seguía los detalles más nimios.

   Los personajes se mueven a sus anchas en un reino medieval entre influencias y posesiones. Y esto nos remite al problema central y es, para utilizar una expresión bíblica que viene al caso, el pecado original de todo el tinglado.

   El pecado es éste: desde el punto de partida todo el proyecto de Iñaki Urdangarín solo podía asumir las características que finalmente tuvo. Una empresa de relaciones públicas donde el valor añadido que él aportaba era el de ser consorte de la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos.

    Urdangarín era, al desposar a la infanta, un jugador de balonmano de clase media acomodada. No era ni un hombre de negocios ni tenía fortuna. Carecía de patrimonio para garantizar a la infanta una vida de princesa.

     El rey Juan Carlos, sin embargo, no quería renunciar al deseo de que su hija llevara una vida de princesa y si para conseguirlo había que colaborar con su yerno pues manos a la obra.

    Los correos electrónicos arrojan luz sobre el destino inevitable de la empresa de relaciones públicas, por no decir tráfico de influencias, que montó Urdangarín. Y sobre la mano que le echó el rey Juan Carlos.

    Un correo de fecha 10 de septiembre de 2004, tras una conversación telefónica, deja constancia de ello. Allí, Urdangarín le pide ayuda al rey para hacer gestiones ante algunas personalidades como Bernie Ecclestone, Ernesto Bertarelli, Joseph Blatter, Jacques Rogge.

  Y sobre todo ante Bernard Arnault, propietario del grupo francés de artículos de lujo LVMH, para que participe como patrocinador del Valencia Summit los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004.

    “Quizá con un impulso del Señor, el tiempo no correría tanto y el Sr. Arnaud [sic] decide con rapidez…Si le parece oportuno el tema, quedo a la espera de sus comentarios y plan de acción”.

     Esa mediación tuvo lugar.

    El Rey habló con Joseph Blatter de la FIFA y esté envió a Fedor Radmann; con Bertarelli de la America's Cup, quien despachó al director del su equipo, Patrick Magyar, y a su Director de Relaciones Institucionales, David Gallego. Otro tanto ocurrió con Jacques Rogge del Comité Olímpico Internacional (COI), quien acordó con Juan A. Samaranch que fuese él quien asistiera, y con Ecclestone de Fórmula 1, quien no pudo asistir. Finalmente, el Rey habló con Arnault, quien después de analizar la propuesta de patrocinio decidió aceptar y envió como representantes a su directora de marketing Christine Belanger y a Jaime de Marichalar.

    Bien.

   Vayamos a la propuesta de testigos.

  La defensa de Torres propone, por ejemplo, la declaración del rey Felipe VI, de Juan Carlos I y de Doña Sofía.

  El Rey goza de inviolabilidad. Y los testigos tienen obligación de decir verdad bajo advertencia de que pueden cometer delito de falso testimonio si no lo hacen. Por eso, según el artículo 411 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino quedan exentos de prestar declaración. 

    Pero el artículo 412.2 establece que "los otros miembros de la familia real estarán exentos también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito".

   Por tanto, las declaraciones testificales de Juan Carlos I y de Doña Sofía, los "otros miembros de la familia real", para utilizar la definición de la ley, no parecen estar por encima del juicio oral.

    

Esto es lo que hay...¿y lo que habrá?

Por: Ernesto Ekaizer | 08 abr 2015

       

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  El equipo redactor de las ocho páginas del discurso de Rajoy ha usado veintiocho veces, en conjunto, el adjetivo/adverbio mejor y el verbo mejorar.

  Y aquí está todo. Lo que hay y lo que habrá, aunque ello va a depender de los resultados de las autonómicas y municipales del 24-M.

   Este equipo ha cogido la idea con la que termina Ronald Reagan su debate del 28 de octubre de 1980 con Jimmy Carter en televisión. Sí. La famosa pregunta: “¿Are you better off than you were 4 years ago?” (¿Está usted mejor de lo que estaba hace 4 años?)

   ¿Es una comparación exagerada? No. Porque es casi una copia.

    Rajoy se pregunta: “¿Está España mejor o peor que en el año 2012? ¿Los españoles tienen más confianza en el futuro ahora o en 2012? ¿El resto del mundo nos ve mejor ahora o nos veía mejor en 2012? ¿Hacia dónde debe ir el rumbo? ¿Hacia el pasado, que nos trajo la situación que hemos tenido que superar; hacia ninguna parte; o hay que mantener la política de reformas que está funcionando? ¿Se puede dejar esto en manos de quienes destruyeron la economía española para varios años y nos generaron la situación que hemos pasado o en manos de quienes no han gobernado nunca?”.

     Esto es un ensayo general de lo que aspira a ser el guión de Rajoy en el debate de noviembre de 2015.

     Todavía no se atreve a preguntar: ¿Está usted mejor que en 2011? Porque ahora mismo los datos son los que son.

    En paro registrado, Rajoy está 29.000 personas por encima de los 4.422.359 personas anotadas a 31 de diciembre de 2011; la tasa de paro EPA del cuarto trimestre de 2014 está 184.100 personas por encima de la del último trimestre 2011; los afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 16.832.801, es decir, 397.121 personas menos que los 17.229.922 de entonces. En materia de prestación por desempleo, la tasa de cobertura, en el 55,7%, ha caído a su nivel más bajo desde 2001. Y dejemos la deuda pública y la deuda exterior.

    Pero no impacientarse. Esa pregunta más personal se hará en su momento. 

    El doble presidente, del PP y del Gobierno, se apunta todo. Elogia a los barones autonómicos porque “no es tan fácil gobernar cuando no hay un euro”, la “España que nos dejaron en 2011 en muchas CC.AA…”.

   ¿Y no es más cierto que las comunidades donde se disparó el déficit en 2011 eran precisamente las de los presidente a las que Rajoy ha dado las gracias? ¿Y no ocurrió, incluso, que sobre esa desviación  contabilizada inicialmente tuvo lugar otra confirmada más tarde?

  http://politica.elpais.com/politica/2012/05/18/actualidad/1337372031_521155.html  

  Y en materia de corrupción, palabra que el presidente ha pronunciado una sola vez,  para decir que el PP está tan escandalizado como quienes les recriminan por ello, también se apunta la medalla por actuar “con más rigor que nadie” y por lo que hace la “Policía, Guardia Civil, Fiscalía y jueces”.

    Rajoy esta vez ha perfeccionado el plasma. Ha anticipado un resumen del mensaje por audio, en una entrevista en RNE el pasado lunes.

     Su agradecimiento a Cospedal sonó más como una disculpa (“ha tenido que lidiar situaciones complejas y muy difíciles, como todos sabéis”) ante un rostro sombrío de Javier Arenas.

     Su mensaje central: no enredarse, no distraerse.

    Solo le faltó poner un puesto a la salida con anteojeras como las que se ponen a los caballos para que los dirigentes se las lleven y las usen para aumentar su capacidad de concentración.

     http://blogs.elpais.com/analitica/2015/04/las-orejeras-del-presidente.html

 

Las orejeras del presidente

Por: Ernesto Ekaizer | 06 abr 2015

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  Mariano Rajoy, timonel previsible, está decidido a mantener el curso. No cree que las “discrepancias”  en el seno del Partido Popular, que haberlas, como las meigas, haylas, deberían llevar a hacer cambios. Rajoy, en este punto, es más aznarista de lo que se cree.

  ¿De quién si no de Aznar es aquella metáfora de la lluvia fina enunciada en su primera legislatura, para definir la necesidad de una acción templada, lenta y moderada, que diría José María Marco?

   Problema: que, a diferencia de la época de Aznar, tiene Rajoy el partido hecho uno zorros. El fuego cruzado entre María Dolores de Cospedal y Javier Arenas no es único. El guirigay montado en Madrid cuando Rajoy bajó el pulgar para cargarse a Ignacio González y lo subió para nombrar a Esperanza Aguirre ha sido todavía más espectacular.

    Cuando hablas con algunos miembros de la dirección del partido en privado es como si asistieses a una sesión de terapia. No entienden cómo han llegado a esta situación con una recuperación macroeconómica que ha convertido a España en la darling de la Troika, perdón, de “las instituciones”, como se llama ahora a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Pero Rajoy sí lo entiende. Cree que llegará un momento, antes de las elecciones generales de finales de 2015, en el que los ciudadanos también terminarán por querer a su política económica como pasa en el exterior.

    Los caballos tienen ojos muy grandes y su vista es poderosa, hacia el frente y a los costados, mucho más que la de los humanos. Su concentración requiere, pues, el uso de anteojeras u orejeras, según se prefiera, para evitar a los insectos o neutralizar la intromisión de sonidos.

  Es lo que sugiere Rajoy para el Partido Popular. Sus dirigentes deberían llevar estas anteojeras y mantener el curso. La lluvia fina de la recuperación económica hará el resto.

  Esta lluvia fina está emparentada con la célebre idea del efecto filtración o trickle-down effect con que se identifica a las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thtacher, a saber, que si los ricos ganan más, para lo cual hay que diseñar políticas en ese sentido, ello terminará favoreciendo a los más necesitados. El economista John Kenneth Galbraith bautizó esta lluvia fina como la teoría del caballo y del gorrión. Si das suficiente granos de avena al caballo, algunos de ellos se filtrarán y alimentarán al gorrión.

    La recuperación económica española es una realidad. Las dos recesiones, que pueden ser perfectamente definidas como una Gran Depresión, han quedado atrás, pero la economía ni ha recuperado toda la producción perdida, ni las cosas volverán a ser lo que aparentemente fueron. Porque las recetas aplicadas han cambiado radicalmente el paisaje. No es que la recuperación todavía no llega a “muchos” sectores de la población. La pregunta es otra más dramática: ¿llegará alguna vez?

    Más de tres años y cuatro meses después, Rajoy sigue, a 31 de marzo de 2015, con un número de parados en el INEM por encima de los que heredó de Zapatero (4.451.939 personas contra 4.442.359), mientras que por el lado del empleo los afiliados a la Seguridad Social, a 31 de marzo, se sitúan en 16.832.801, contra 17.229.922 a 31 de diciembre de 2011.  

   La reforma laboral ha tenido los efectos que buscaba. La precarización, la reducción de los salarios y el incremento de la pobreza han sido consagrados; no son efectos colaterales. 

   Pero si el mercado ha funcionado, por así decir, aumentando las desigualdades preexistentes, lo que lleva a sus verdaderos promotores, la Comisión Europea entre ellos, a sorprenderse, los recortes del Estado de bienestar han completado la faena. Baste echar una ojeada a los datos de protección por desempleo. La tasa de cobertura ha caído al 55,7%, su nivel más bajo desde octubre de 2001, según los datos del Ministerio de Empleo. El número de beneficiarios de algún tipo de prestación se situó en febrero en 2.372.615 personas. Es una disminución del 13,7% con respecto al mismo mes de 2014. Si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados sin ninguna protección es bastante mayor.

   Y no es un problema de cantidad. Es decir, si la tasa de crecimiento es del 2,5% o del 3%, como parece sospechar Rajoy o le explican sus asesores, devotos creyentes del trickle-down effect. Porque la traducción de esos guarismos en términos sociales ya no es lo que era.

  Aún así, esta situación no opera en el vacío. Porque al mismo tiempo, el PP ha estado y sigue estando en el centro de la corrupción. Pero, sobre todo, los ciudadanos perciben que el PP vive en un inquebrantable estado de negación.

   La fórmula incremento de las desigualdades + corrupción + estado de negación es lo que está pasando y… seguirá pasando factura.

    

   

 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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