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   El exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, incorporado en las últimas horas por Pablo Iglesias a su lista para las elecciones primarias del Congreso del partido Podemos, presentó la enmienda favorable a la prisión permanente revisable del nuevo Código Penal en el pleno extraordinario celebrado el 16 de enero de 2013.

  Al planteamiento del informe de la ponencia, a cargo de la entonces vocal Margarita Robles, que consideraba inconstitucional la propuesta del anteproyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el catedrático de Derecho Penal Gómez Benitez opuso la enmienda que consideró la prisión permanente revisable conforme al artículo 25.2 de la Constitución Española. La votación, tras un debate, resultó favorable a la enmienda por 15 votos contra 6, firmando estos últimos vocales un voto particular. Esa redacción propuesta por la mayoría del CGPJ es la que figura en el Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio.

 La propuesta de la ponente era considerar contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española la iniciativa de prisión permanente revisable. El artículo establece: 

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán  orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere  cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

    La ponencia, pues, sostenía que la privación de libertad no podía ser el objetivo sino el medio para conseguir la reinserción social.

   Según el acta del pleno extraordinario, el vocal Gómez Benítez intervino después de la ponente, Margarita Robles.

     Gómez Benítez, el único abogado penalista del CGPJ, cuestionó el informe y propuso a continuación una enmienda alternativa. He aquí su exposición:  

   En relación artículo 25 de la Constitución, el segundo apartado de este artículo recoge la reeducación. El derecho penitenciario ha desarrollado elementos con los permisos salida, la proyección de grado, la posibilidad de libertad condicional y la posibilidad de suspensión de ejecución de las penas en este marco. El anteproyecto [del Gobierno] sometido a informe se muestra respetuoso con esos fines y mecanismos en la prisión permanente revisable y le aplica la totalidad de esas previsiones. Las penas responden a fines distintos en sus diferentes fases, también en la de cumplimiento. Y los principios constitucionales de reinserción no fuerzan la libertad de los condenados en cuanto se les considera resocializados. Y la prisión permanente revisaba no excluye el acceso a esa reinserción. Sería inconstitucional una pena de prisión perpetua que bloquease por completo la posibilidad de reinserción o de acceso a la libertad, pero no es éste el caso del anteproyecto y no es óbice para ello el hecho de que el penado no ofrezca el perfil de reinserción en un momento dado. La administración penitenciaria tuvo que ofrecerle la posibilidad de reinserción y de ahí que la afirmación correcta del informe con relación a esta pena sería que el anteproyecto no ignora el mandato del art 25.2 de la Constitución. Considera que el CGPJ no debe hacer sustituciones político-criminales y si bien existen otras fórmulas que cabría aceptar que podrían ser de mayor acierto, no nos corresponde proponerlas sino comentar desde el punto de vista técnico-constitucional el texto que se somete a nuestro informe. Y por ello la prisión permanente revisable prevista  en el anteproyecto no sería contraria al artículo  25.2 de la Constitución"

     El acta puntualiza que Gómez Benítez "propone la supresión" de la posición que contiene el informe de la ponencia "y su sustitución por el texto al que da lectura en este instante".

    La convicción de Gómez Benítez es tal que exhorta a los miembros del CGPJ. Dice que el CGPJ "no debe hacer sustituciones político-criminales". Se debe en cambio limitar "a comentar desde el punto de vista técnico-constitucional el texto que se somete a nuestro informe".

  La vocal Concepción Espejel, actual presidenta de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, habló a continuación del catedrático de Derecho Penal.

    "Se muestra de acuerdo con la enmienda defendida por don José Manuel Gómez Benítez y afirma que ya lo sostuvo así en la comisión por entender que con la prisión permanente revisable no se afecta el artículo 25.2 de la Constitución".

   Así, la enmienda Gómez Benítez es el texto que finalmente consagra el Código Penal en relación con la prisión permanente revisable y que ha salido adelante en las cámaras solo con los votos del Partido Popular.

 La mayoría de las fuerzas políticas ha presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la prisión permanente revisable por violar el artículo 25.2 sobre la reinserción social.

 

 

Democracia estatus basura

Por: Ernesto Ekaizer | 07 jul 2015

                                                                              26711357-concepto-de-crisis-de-europa-y-europea-s-mbolo-retos-sindicales-con-un-ecg-o-un-monitor-de-ecg-salva

       

 

   

 

 

   He tomado prestado, a modo de homenaje, el título de un artículo de Frank Schirrmacher, uno de los grandes editores culturales del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fallecido el año pasado a los cincuenta y cuatro años. Fue publicado el 1 de noviembre de 2011 ante las furibundas críticas desatadas en Europa por la idea de Yorgos Papandreu de convocar un referéndum sobre el rescate ofrecido por la Troika. Una idea que le condujo a ser sustituido por el exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Lucas Papademos, ex ejecutivo de Goldman Sachs cuando en 2002 esta firma "ayudó", cobrando, al gobierno del socialdemócrata Simitis a falsear las cuentas del presupuesto 2001 con el fin de asegurarse su puesto en el Euro.

     "¿Qué resulta tan irracional en relación con Grecia? Que el primer ministro somete al pueblo la pregunta clave sobre su propio destino. El alemán ahorrador, supuesto ejemplo, y sus políticos, responden con pánico y lo hacen porque los mercados reaccionan con pánico. Todos son prisioneros de la necesidad de prevenir  la posible reacción de los mercados financieros", escribía.

     Con su conocida socarronería, Schirrmacher recordaba que en esos días circulaban diversos chistes y comentarios sobre lo que en unas jornadas se convertiría en la iniciativa fallida de Papandreu. Uno de ellos, por ejemplo, decía que si había un golpe de Estado en Grecia y una junta militar volvía a hacerse con el poder como la de los coroneles del 21 de abril de 1967 sería quizá algo bueno porque las juntas militares no pueden participar en la Unión Europea. Sobre esta chanza macabra había otro comentario. "Lo que resulta tan triste, o amargo si prefieres, sobre el chiste es que si ignoramos el pequeño problema de la dictadura militar, sería de hecho una buena solución para los problemas de Grecia".

     El espectáculo que hemos visto antes, durante y después del reférendum del domingo 5 de julio, con sus paisanos Martin Schulz y Sigmar Gabriel como grandes protagonistas, por un lado, y Jean-Claude Juncker, por el otro, hubieran inspirado otra columna irresistible de Schirrmacher. Pero ya no está entre nosotros para escribirla. Y me temo que nadie ha ocupado su lugar.

    Según el articulista, "la pretendida racionalidad de los procedimientos financieros y económicos ha ayudado al atávico subconsciente a expresarse. Este, que puede insultar a países enteros como 'holgazanes´y `mentirosos´, parecía haber desaparecido con la época del nacionalismo. Hoy esta actitud ha vuelto con "argumentos racionales" que la apoyan". Por todo ello, llevando la situación al absurdo, Schirrmacher hablaba de las agencias de rating calificando a la democracia con el estatus de basura.

     Los griegos se han pronunciado sobre una oferta que a las alturas del domingo 5 de julio carecía de validez - al ser retirada por la Troika nada más anunciarse la inminente convocatoria de un referéndum -, pero este hecho no oscurece el mensaje de la mayoría: acabar con las políticas que durante los últimos cinco años condujeron a la situación actual. Se llame endeudamiento, paro, austeridad, reformas laborales y de pensiones, deflación, devaluación salarial, se llame como se llame, el grito de los ciudadanos griegos ha sido basta ya.

 

       

                  Greece Oxi Vote

 

    

    El resultado ha llegado después que el FMI, en un informe cuya fecha de aparición no está por encima de toda sospecha, ha dicho que Grecia no podrá pagar su deuda, y que es inevitable la cancelación de una parte sustancial de ella, aproximadamente un 30%. El FMI, que es uno de los acreedores con los que Grecia  está en mora desde el pasado 30 de junio por valor de 1.550 millones de euros, y que ha admitido sus graves errores en la aplicación del programa, dice ahora, pues, que si no se pone sobre la mesa una reestructuración de la deuda con una quita sustancial no hay nada que hacer. ¡Por ahí podíamos empezar! ¡Pero esto es lo que decían Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras!

     Por tanto, ya sabemos lo fundamental que todos sospechábamos. La deuda es impagable. Y el FMI, uno de los acreedores, advierte sobre ello.

      Alemania y  Francia, cuyos bancos están en el origen de la crisis helena, conocen el final de la historia: hay que aceptar una quita y reestructurar la deuda y, a continuación, promover otro tipo de programa muy diferente al de los cinco años últimos, un programa no de austeridad sino de crecimiento.

   Por tanto, tienen dos alternativas: o la suspensión de pagos (defaulta la Buenos Aires, de 2001, o una operación controlada.

     El default de Argentina fue el resultado de la cancelación del sistema de convertibilidad (currency board) peso-dólar. El gobierno de Buenos Aires no formaba parte de una unión monetaria sino de un sistema pegado al dólar. Se declaró la moratoria unilateral de la deuda. Punto.

      Si ya saben Merkel y Hollande que los acreedores van a perder, lo lógico sería que salvaran los muebles. Y en este caso, ¡vaya muebles! Estamos hablando del proyecto político al que se agarran como  a  una tabla de salvación: el euro.

        Por tanto, habrá quita, como vaticina el FMI; habrá reestructuración, como no puede ser de otro modo. Merkel y Hollande, tendrán que tirar, como en el juego de la oca, porque les toca.

      El default bajo control, con Grecia en la Eurozona, o el default incontrolado, con Grecia fuera y la evidencia del proyecto de unión monetaria herido por una estocada sangrienta. 

             He aquí, pues, la elección.

         

 

 

 

Un sistema ilegal "institucionalizado"

Por: Ernesto Ekaizer | 02 jul 2015

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    El escrito de la defensa de Luis Bárcenas en el caso de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, revela que  Alianza Popular y su sucesor el Partido Popular crearon un "sistema de financiación perfectamente institucionalizado". Un sistema "al margen de la legalidad históricamente".

  El extesorero del PP aporta un relato "fáctico" de alrededor de 20 páginas dentro del escrito en el que denuncia que Fraga, Aznar y Rajoy ingresaron donativos de empresas en negro y a veces directamente ellos y otras a través de los secretarios generales, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal cursaron las instrucciones para canalizar el dinero vía complementos salariales ("sobresueldos") y otros gastos, entre ellos las obras de la sede de la calle Génova de Madrid. 

  La defensa aporta como documento nuevo tres trasferencias firmadas por Álvarez-Cascos con destino al PP de Galicia en 1990. Estas transferencias rubricadas por Cascos vendrán acompañadas, adelanta la defensa, por pruebas caligráficas. Al publicar este periódico la contabilidad B, Cascos negó la veracidad de la anotación de Bárcenas. Luego lo hizo ante el juez Ruz, el 14 de agosto de 2013. En los papeles figura así: "15.000.000 de Paco en diciembre de 1990, y 10.000.000 de Pepe Cuiña Galicia en noviembre de 1990". Siempre son cantidades en pesetas.

  Dice el escrito de defensa: "El primero de ellos se correspondería con las transferencias posteriormente enviadas a Galicia el día 18.12.1990 por importe de 5 y 10 millones respectivamente. Y el segundo con una transferencia enviada el 6.11.1990  por importe de 10 millones de pesetas. Ambas transferencias firmadas por el sr. Álvarez-Cascos".

  El extesorero relata como Aznar dio orden  de crear sociedades instrumentales para captar el dinero opaco que le entregaban las empresas y, después durante le etapa de Rosendo Naseiro, ordenó liquidar esas mismas sociedades, una operación que fue confiada al bufete asesor del PP regentado por Miguel Blesa, compañero de estudios de Aznar quien más tarde, en 1996, fue nombrado presidente de Caja Madrid.

   El extesorero explica que la participación de los presidentes y secretarios generales en la captación de donativos ilegales daban lugar a unos gastos que él luego trasladaba a los papeles para llevar un registro de caja. La contabilidad B o "paralela".

    "Las anotaciones que se plasman en los papeles que figuran en la causa judicial [los Papeles]: "de Cascos", "de Paco", "por indicación de Paco", "por indicación de J.M", ", encargo José M", "por indicación Álvaro"...indican sin ningún género de dudas que estas personas entregan dinero para la Caja del PP y daban las oportunas instrucciones y directrices sobre su uso y destino".

   El escrito aporta un documento de Pedro Arriola que Bárcenas ya aportó al juzgado en julio de 2013, en el cual el gurú del presidente del PP pide de forma manuscrita que se le pague una parte de los emolumentos en "negras", es decir en dinero negro.

   El escrito aclara que Álvarez-Cascos dio las instrucciones en 1996, cuando el PP llegó al Gobierno de España, de pagar los complementos de sueldos (sobresueldos).

  En el sistema "institucionalizado" no se salva nadie. Todos los presidentes y todos los secretarios generales.

   El hecho importante es que según el extesorero los presidentes y secretarios generales recogen donativos en negro de empresas y ellos mismos explican al tesorero, entonces, hasta 2008, Álvaro Lapuerta, como se debe emplear.

  Bárcenas ironiza. Si me acusan, viene a decir en otra parte del escrito, de pertenecer a una "organización criminal" cómo puedo ser yo, solamente yo, esa organización. El PP, explica, estaría en el centro de esa organización criminal o asociación ilícita.

   Mal día para digerir este escrito, después que Rajoy invitase ayer a una cena al rey emérito Juan Carlos, a Aznar, González y Zapatero. 

   Luis Bárcenas apunta con el dedo a dos de ellos: a Aznar y a Rajoy por orden de aparición. Hasta ahora había protegido a Aznar. Cuando Ruz le preguntó en julio de 2013 quien era "J.M". según figuraba como receptor de entregas en los Papeles. Bárcenas contestó: "Podría ser José María Aznar también, pero no puedo afirmarlo. Igual que en otros casos he sido tajante yo no puedo afirmar que esa "J.M." se corresponda porque solamente está además exclusivamente aquí".

    Sin embargo no era así. En el pendrive aportado precisamente el día de la declaración, a mediados de julio de 2013. Bárcenas incluía la contabilidad de varios años (1993,1994 y 1995) que faltaba en los Papeles. Durante estos años no se llevó la caja de manera manuscrita sino por ordenador. Y aquí volvía "J.M". Con anotaciones como "por indicación de J.M" en entregas a José M. Orti -entonces portavoz del PP^en el Senado - y a Pedro Arriola. 

    Es difícil saber si las aportaciones que realiza Bárcenas tendrán ahora recorrido. Porque la sala cuarta de lo Penal acaba, precisamente, de descartar imputaciones de los presidentes y secretarios generales del PP, incluyendo a Rajoy, por falta de indicios.

  Pero quizá ponga de relieve que es absolutamente extravagante considerar solamente a Bárcenas, Lapuerta y al ex gerente Cristóbal Páez como miembros de una organización criminal o de una asociación ilícita incrustada como una isla dentro del PP.

    Rajoy ya había adelantado al periodista Carles Francino la conducta del PP  en este caso. Fue en Hoy por hoy el 11 de enero de 2010.

 -Hasta donde yo sé, no hay financiación ilegal del PP -afirma el líder del Partido Popular.

 -¿Y si se demostrase que la hubo? ¿Dimitiría? 

 -No dimitiría. Porque yo no lo he hecho…

    Ha sido, pues, la actitud del PP. La contabilidad B es de Bárcenas, no del PP; los pagos en negro ha sido obra de Bárcenas, no del PP.

    Los documentos - que siguen sin ser todos los que están - apoyan el relato fáctico del ex tesorero y  cuestionan, precisamente, lo que a todos luces parece una simple y vulgar coartada.

 

Dracmatizar

Por: Ernesto Ekaizer | 01 jul 2015

 

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  Grecia ya ha entrado desde la medianoche de ayer hora peninsular española en situación de impago/mora respecto de 1.550 millones de euros que debía abonar al Fondo Monetario Internacional (FMI). El referéndum del domingo 5 de julio tendrá lugar, pues, en una situación de default, probablemente el primero de otros que van a producirse en las próximas semanas.

    Toda la atención se concentra ahora en el referéndum y en sus consecuencias. La consulta, anunciada cuando existía una propuesta de los acreedores, se va a materializar sin ella, habida cuenta de que ha sido retirada horas después de conocerse, precisamente, la  intención de convocar el referéndum.

    ¿Qué pasa si gana el “no” a la oferta ya retirada de la Troika, es decir el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), que recomienda el Gobierno de Syriza?

      El Gobierno de Tsipras, según su propia hoja de ruta, se presentaría en Bruselas ante los hombres de negro. Y propondría reanudar las negociaciones sobre la base del respaldo popular alcanzado en la consulta.

      Se abriría una nueva ronda de reuniones con los acreedores y el Eurogrupo. No parece que los acreedores vayan a ceder ante los resultados de una consulta. Por razones políticas y económicas. Lo primero porque una cesión supondría abrir las puertas a la consulta con el pueblo en otros países de la Eurozona con problemas económicos, financieros y sociales parecidos, aunque no idénticos. Y, desde el punto de vista económico, porque los acreedores y sus representantes no van a cambiar lo esencial. Ni su diagnóstico ni la medicina que recetan.

     ¿Y Syriza?

     Tsipras ha insistido en que la consulta del domingo no va sobre la permanencia de Grecia en el euro sino sobre las exigencias de austeridad. Ergo: si gana el “no” carecería de un mandato para solicitar la salida del euro. En otros términos, la respuesta a un nuevo empantanamiento de las negociaciones difícilmente podría ser: los ciudadanos griegos se han pronunciado por abandonar el euro y nos vamos.

      En cuanto a los mercados, el “no” provocaría una mayor inestabilidad que la conocida estos días tras la convocatoria y el primer default. Y, por tanto, una intervención quizá mayor del BCE.

      ¿Qué pasa si triunfa el “sí” a las exigencias de la propuesta ya retirada que recomienda la oposición, la derecha de Nueva Democracia y los socialistas del PASOK?

     El Gobierno de Syriza habría perdido el referéndum. Por tanto, Tsipras dimitiría y se convocarían elecciones generales anticipadas, digamos, en treinta o cuarenta y cinco días.

     Durante este periodo y después de las elecciones, mientras se forma un nuevo gobierno, suponiendo que hay un claro resultado en las urnas, las negociaciones con los acreedores tendrán que esperar. Se mantendría, lógicamente, el control del movimiento de capitales y todas las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno de Syriza a petición del Banco Central Europeo.

    Y una vez sentado el nuevo gobierno con los acreedores y el Eurogrupo en Bruselas volveríamos a ver por enésima vez la misma película.  Solo que con un “sí” los mercados recuperarán al menos durante cierta etapa su optimismo hasta ver el resultado de las nuevas conversaciones.

    En otros términos, el referéndum, con todo lo democrático que es, no puede ser considerado la panacea.

     Cuando uno escucha al economista jefe del banco norteamericano Citi, el profesor Willem Buiter, decir, como acaba de hacerlo, que “la actitud de los acreedores es desastrosamente cortoplacista, tratan de extraer sangre de las piedras”, ¿qué otra cosa más dura se puede decir sobre la Troika y los Gobiernos, que son quienes han asumido gran parte de la deuda que antes era privada? ¿Qué otras palabras más dramáticas cabe pronunciar sobre los que, vaya, han “nacionalizado” la deuda pública helena antes en manos privadas, sobre todo de bancos alemanes y franceses?

     Por cierto, Buiter y su colega Ebrahim Rahbari acuñaron, en febrero de 2012, el término Grexit.

    El FMI a través del servicio de estudios entonces dirigido por su economista jefe, Olivier Blanchard, hizo mea culpa al admitir que se había equivocado tanto en la dosis de medicina (austeridad) impuesta como en su pronóstico de recuperación. Hace pocos días, el entonces director gerente, Dominique Strauss-Kahn, artífice del programa de 2010, acaba de reconocer que él y su equipo cometieron un error estratégico monumental y que es necesario hacer una prórroga de los plazos y una quita significativa de la deuda pública nominal.

    Por todo esto resulta surrealista que la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, dijera en una de las reuniones del Eurogrupo que se necesitaban "adultos en la sala para avanzar".

    El profesor Paul De Grauwe, de la London School of Economics, ha elaborado estos días un nuevo trabajo que desafía la versión convencional sobre la deuda griega. Su conclusión es que después de las reestructuraciones y reducciones, el vencimiento medio es de dieciséis años, un plazo bastante más largo que el de los bonos que emiten los gobiernos de varios países de la Eurozona.

    De Grauwe señala que la cifra del 175% de la deuda pública respecto del PIB exagera la carga de la deuda. Se basa en el cálculo de Zsolt Darvas, del Instituto Bruegel, quien estima que el pago de intereses es del 2,6% anual, una tasa razonable o baja en términos internacionales, más reducida que la de países como España, Francia, Portugal, Italia, Irlanda, Bélgica. “Si Grecia puede crecer su gobierno es solvente”, sostiene De Grauwe.

http://www.ceps.eu/system/files/PDG_Greece.pdf

   Es posible que De Grauwe, uno de los economistas más brillantes de Europa, el que ha conseguido después de años de prédica que el BCE avance hacia lo que debe ser un verdadero banco central, un prestamista de última instancia, tenga razón. Pero a estas alturas no le falta menos al economista Konstantinos Venetis, de Lombard Street Research, cuando dice que en la situación actual se ha mezclado todo. En la bola se nieve se ha dilapidado “dinero, credibilidad, liquidez acumulada, crisis bancaria y política y [ello] se ha convertido en un problema de sostenibilidad”.

    ¿Qué hacer?

     Si el referéndum no conduce a la solución, según la descripción de los escenarios apuntados, ¿por qué no orquestar una salida creativa? Los defectos de fabricación del euro no prevén mecanismos de expulsión o de salida. Pero se puede inventar.

      Hay que ir a la dracmatización.

     Esto es: la dirección política del euro debe reconocer que ha fracasado, que su arsenal de recetas solo ha servido, como ya ha asumido en teoría el FMI, para desintegrar la economía y la sociedad helena. Que dentro del sistema euro no se encuentra manera de poner en pie la economía helena. Que el horizonte de “extraer sangre de las piedras” debe ser sustituido por otro donde se pueda atisbar la luz del túnel.

    Y para amortiguar la previsible nueva depresión inmediata, la UE debe promover la salida en armonía de Grecia de la Eurozona. Una salida ordenada debería ir acompañada de una quita sustancial de la deuda y la restitución del dracma. Grecia, dentro de la UE, podría reconsiderar en su momento si le interesa solicitar el reingreso.

     Aunque el sector exportador griego no tiene una relevancia excepcional, la depreciación del nuevo dracma será más eficaz que la devastadora devaluación interna sufrida por Grecia a lo largo de cinco años para estimular el crecimiento, devaluación que ha provocado una pérdida de producción del 25% y una tasa de paro del 27%.

     La crisis no se superará con la salida del euro, pero al menos Grecia recuperará su autonomía para decidir por sí misma y quebrará el ciclo de endeudamiento interminable.

   La crisis en curso es una crisis económica de alta concentración política y ofrece posibilidades para cambiar el rumbo. Esos adultos que busca Lagarde en la sala, de estar presentes, deberían abandonar su fanatismo/fundamentalismo y promover la dracmatización. Más pronto que tarde.

    A dracmatizar, no sé si en esto Kavafis o Mikis Theodorakis seguirían al gran poeta chileno Víctor Jara. Pero habría que ponerse manos a la obra.

 

 

Viera y el Supremo como mal menor

Por: Ernesto Ekaizer | 26 jun 2015

     

 

 

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   El juez Alberto Jorge Barreiro no puede ser más elocuente: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías han tenido una “participación activa” en un esquema fraudulento de subvenciones a sabiendas. Era, sostiene, “el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno”.

   El escrito parte de una cifra de 854,8 millones de euros canalizados, pero aclara que, una parte ha sido legal y otra ilegal, aun cuando no se puede cuantificar.

  No les imputa a los dirigentes de la Junta de Andalucía por llevarse dinero ni por fallar in vigilando ni por autoría mediata: les imputa por lanzar y mantener durante diez años un sistema de subvenciones disfrazado de transferencias de financiación para eludir controles y beneficiar a terceros.

  Aunque no define quién es el autor intelectual, por así decir, del tinglado iniciado en el año 2000 y vigente hasta 2010, el que ha ideado el esquema, según el magistrado, es el maestro. Mientras a Chaves, Griñán, y Zarrías les imputa un presunto delito de prevaricación administrativa, a José Antonio Viera le atribuye la citada prevaricación pero, también, un presunto delito de malversación de caudales públicos.

 Alberto Jorge Barreiro se refiere a Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, cuando fue sustituido por Griñán, en varias ocasiones y recuerda que durante su declaración se amparó en su “desconocimiento de las distintas materias dada su condición de maestro”.

 Pues, el maestro es quien, según el relato, creó un sistema que, a diferencia de lo que pasa con el huevo de la serpiente, ya en su gestación podía anticiparse, a través de la cáscara de las “transferencias de financiación”, su carácter presuntamente ilegal.

 La exposición es devastadora y refuerza la investigación, confirmando los elementos indiciarios presentados en el verano de 2014, de la juez instructora Mercedes Alaya. No hay en el relato de los hechos ningún resquicio. Todo tiene, según la versión provisional e indiciaria del magistrado, los rasgos de una conspiración para prevaricar (el magistrado da esto a entender cuando habla de "coautoría"). Cada personaje parece encajar en el puzle.

  Los imputados han hecho saber enseguida que dejarán sus escaños. Menos Viera. La exposición razonada que pide los suplicatorios no admite recurso pero los afectados pueden presentar alegaciones ante la sala de admisión. Es esta quien tendrá que asumir o no la propuesta del magistrado.

   Pero da la impresión de que casi todos los aforados o no confían en derrotar su propuesta o simplemente renuncian por imperativo político, léase los pactos que llevaron a la investidura de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Con todo, ese imperativo podía aplicarse una vez que la sala de admisión resuelva la propuesta del juez Alberto Jorge Barreiro. 

 El magistrado ha dedicado un auto a Griñán precisamente porque no hay suplicatorio que pedir, habida cuenta de que ya no es aforado. Por tanto, es una resolución recurrible. Mientras las alegaciones deben dirigirse a la sala de admisión, que preside Manuel Marchena, el recurso contra el auto debe ir a la sala de recursos, presidida por Julián Sánchez Melgar.

 En el auto de imputación de Griñán, el magistrado Jorge Barreiro deja constancia de la situación kafkiana que tiene lugar en el plano procesal.

 Hombre contrario a los aforamientos, el magistrado señala que “en el caso que decidieran renunciar al escaño todos los aforados este instructor habría estado investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo tribunal podría dejar perfectamente sin efecto las resoluciones procesales este instructor y la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, tribunal que además quedaría contaminado en un número muy importante de componentes en el caso de que la causa regrese en su día a su conocimiento a través de un recurso de casación. Las disfunciones e incoherencias resultan, pues, evidentes”.

   Claro que si Viera mantiene su escaño, como ha anunciado, la causa seguirá instruyéndose en el Tribunal Supremo. La defensa del "maestro" podría, empero, alegar ante la sala de admisión y una vez que ésta resuelva Viera podría reconsiderar. Si como parece previsible la sala acoge favorablemente la propuesta al Congreso de los Diputados de enviar el suplicatorio para quitar el fuero de los diputados, Viera podría entregar en ese momento su escaño.

   También podría ser que Viera y sus letrados hayan decidido escoger el mal menor. Es decir: entre la instrucción en el Tribunal Supremo y la de la juez Alaya, ahora que la magistrada vuelve a instruir la causa en el juzgado número 6 de Sevilla.

    El problema de contaminación de los magistrados - es decir el número importante de ellos en la Sala Segunda que debería pronunciarse, si se presentan, sobre alegaciones y recursos - que plantea el magistrado es real. Pero si la causa sale del Supremo caso de que Viera finalmente así lo resuelva y se termina de instruir en Sevilla habrá que celebrar el juicio oral. Al ritmo que lleva la justicia española, Alberto Jorge Barreiro puede estar tranquilo: la mayoría de los magistrados que han tenido algo que ver con la causa en el Supremo ya se habrán acogido a la jubilación cuando los eventuales condenados presenten sus recursos de casación. 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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