Silva se la juega

Por: Ernesto Ekaizer | 02 jul 2014

               Fiscal

 Magistrados Jiménez, Gómez-Reino y De la Serna, de la Audiencia de Palma.

 

   El recurso de apelación de la defensa de la infanta Cristina entra, sin prolégomonos, al punto de partida. Les dice a los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, palabras más, palabras menos, lo siguiente: vosotros habéis pedido al juez Castro que siguiera la investigación contra nuestra clienta sobre posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, y os decimos que las diligencias prácticadas desde vuestra petición, 7 de mayo de 2013, arrojaron cero indicios racionales de criminalidad.

    La formación alemana del abogado Jesús María Silva salpica todo el recurso. Ataca lo que describe como la  inconcreción/ambigüedad de las conclusiones del juez Castro, la presunta cooperación necesaria en el delito fiscal y cuestiona tanto la dual definición del perímetro del blanqueo en Aizoon (fondos de las Administraciones Públicas/delito fiscal) como la inexistencia de pruebas sobre el conocimiento del presunto origen delictivo de los fondos.

   Pero lo que se puede considerar interesante y sugerente es que si bien en su recurso de abril de 2013 sostenía la imposibilidad de llevar a la infanta al banquillo cuando el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado (doctrina Botín) no acusan (no solicitan la apertura de juicio oral), ahora no hay referencia alguna, ni sombra de ella, en el recurso de apelación.

  Silva se ha dado el lujo de no invocar este argumento.

  Quizá porque sabe que en la Audiencia de Palma hay criterio formado, ya que en su auto de 7 de mayo parecía inclinarse por la doctrina Atutxa (existencia de un interés general). O por la reciente confirmación de la sentencia del Supremo frente el recurso de amparo de Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco. O porque que se lo reserva para los próximos pasos procesales.

   Pero, claro, el plazo de veinte días para presentar escritos de acusación sigue corriendo. Según se considere el sábado día hábil o no, ese plazo vence el 20 o el 23 de julio.

   El recurso contra el auto de transformación no tiene efectos suspensivos en el procedimiento.

   Por ello, el fiscal Horrach ha solicitado en su recurso de apelación, dirigido a la Audiencia, la suspensión del plazo de veinte días concedido a las partes para elevar escrito de acusación o sobreseimiento.

   Porque si se cumple el plazo y las acusaciones populares piden apertura de juicio oral contra la infanta Cristina, que sigue imputada en el auto de transformación, el juez Castro, de acuerdo con los criterios expresados en dicho auto, tendrá que abrir juicio oral.

   Esto es lo que pasó en su día con Emilio Botín en la Audiencia Nacional, en el caso de las cesiones de crédito. Solo que ahora tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre los casos Botín y Atutxa.

  Por tanto, el meridiano del caso de la infanta pasa ahora por la decisión que adopte la Audiencia de Palma ante la petición de suspensión del plazo para presentar escritos de acusación.

  Jesús María Silva juega la partida con gran seguridad. Podía haber planteado el asunto de la doctrina Botín. Pero no lo ha hecho porque ha preferido ir al corazón y no a un asunto procesal que es controvertido. Ha optado, pues, por cuestionar la existencia de indicios de criminalidad para imputar delitos fiscales y de blanqueo a la infanta Cristina.  

  

   

  

 

Silva, los delitos y la doctrina Botín

Por: Ernesto Ekaizer | 01 jul 2014

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 Jesús María Silva, penalista que defiende a la infanta Cristina.

   

  Lo ha dicho Miquel Roca: la defensa "no contempla" que la infanta Cristina se pueda sentar en el banquillo.

   Esto es, en lenguaje jurídico, que "no contempla" la posibilidad de que se abra juicio oral contra ella.

   El catedrático de Derecho Penal, Jesús María Silva, ¿cómo tratará en su recurso de apelación (contra el auto de transformación del juez Castro) ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el tema de la doctrina Botin?

  Si no tratase el asunto y en la hipótesis, improbable ahora mismo, de que el juez Castro dictase, a petición de las acusaciones populares, el auto de apertura de juicio oral contra la infanta Cristina, a la defensa solo le quedaría la posibilidad de impugnar el auto por nulidad.

Es decir: invocando que no puede sentarla en el banquillo.

 Porque el auto de apertura de juicio oral no es recurrible como tal. Por ello, fuentes jurídicas señalan que el recurso de apelación contra el auto de transformación en el cual se mantiene a la infanta como imputada es el momento para plantear, alternativamente, la doctrina Botín.

 Una cosa es que este punto no sea la columna vertebral del recurso de Jesús María Silva. Y otra plantear el asunto para que la Audiencia de Palma lo analice en sus deliberaciones.

  Silva desarrollará todo el material que versa sobre la inexistencia de los delitos fiscales y el blanqueo de capitales. 

  Pero, de formación jurídica alemana, se extenderá, según fuentes jurídicas, sobre lo que el juez Castro define como la colaboración silenciosa de la infanta Cristina con su marido Iñaki Urdangarín en los delitos fiscales.

   En su auto de transformación, el juez Castro dice: "Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado". 

    El juez le imputa dos delitos fiscales cometidos por su marido en la declaración del IRPF de los ejercicios 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon, sociedad que comparten al 50%.

    Prosigue el juez: "Hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de Aizoon, de los fondos ilícitamente ingresados en la mercantil, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos a costa de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear".

   Silva va a razonar, según fuentes jurídicas, sobre el deber del cónyugue, en este caso la infanta (declaración de impuestos por separado), y mostrará que esa cooperación necesaria es inexistente ya que el sujeto pasivo es el marido, Urdangarín. Esa cooperación no ha sido, según Silva, probada hasta el momento. Tampoco el delito de blanqueo.

  Pero, además de combatir la existencia de estos delitos, está el tema de la jurisprudencia.

  Silva ya planteó el tema de la doctrina Botín en su recurso de apelación contra la primera imputación de la infanta Cristina, en abril de 2013.

   Según explicaba, "no tiene sentido" una imputación con "nulas posibilidades de prosperar", máxime cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han mostrado su disconformidad con la decisión del juez, y teniendo en cuenta que un imputado no puede llegar a la fase del juicio si contra él las acusaciones no han formulado solicitud de apertura de juicio oral alguna. 

   "Es una clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales" el hecho de citar a declarar a su patrocinada "estando claro a estas alturas del proceso que sólo la acusación popular", ejercida por el sindicato Manos Limpias, "podría estar interesada" en esta diligencia.

   La sección segunda, integrada por los magistrados Gómez-Reino, Jiménez Vidal y De la Serna Pedro, se refirió a este asunto en el auto que suspendía la primera imputación.

    El 7 de mayo de 2013, señalaban:

     "Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la imputación del Juez Instructor ha contado con el apoyo de la acusación popular, representación que a lo largo de la causa ha mostrado y manifestado una actitud favorable a instar la imputación de la Infanta Doña Cristina y dicha acusación, atendida la naturaleza de los hechos y delitos investigados (excluyendo tal vez los delitos contra la hacienda pública ya que en este caso existe un perjudicado que es la propia Agencia Tributaria representada en la causa por la Abogacía del Estado), gozaría de legitimación para en su caso llegado el momento ejercer la acción penal contra la Infanta apelante".

   Y traen a cuenta las doctrinas Botín y Atutxa.

   "Al respecto constatamos con la existencia de una doctrina jurisprudencial que interpreta el Art. 782 de la ley procesal que se encuentra desarrollada, y explicada, en las Sentencias del Tribunal Supremo 1045/2007 y 54/2008 y en la 693/2009, de 20 de enero, a las que nos remitimos. Esa doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción en los términos anteriormente señalados. La doctrina jurisprudencial en interpretación del Art. 782 es la siguiente: en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular, cuando el Ministerio fiscal y la acusación particular han interesado el sobreseimiento de la causa, (STS 1045/2007), doctrina que se complementa al añadir que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral (STS 54/2008).

  La motivación de esta doctrina resultaría de aplicación al caso presente en el que se investigan delitos que afectan a intereses colectivos y difusos como son el tráfico de influencias, el fraude a la administración o la malversación de caudales públicos.

   Por tanto, no ha existido quebranto del principio acusatorio, puesto que en la fase procesal en que nos encontramos no rige, pero de haberse producido estaría cubierto por la actitud procesal de apoyo a la imputación judicial desplegada por la acusación popular ejercitada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias".

   Se ha dicho que la doctrina Botín se aplica a delitos fiscales.

   Es una versión errónea.

   La sentencia del Triubunal Supremo, de diciembre de 2007, no va sobre delitos fiscales sino sobre las normas procesales. Para delitos fiscales y para todos los delitos.

   Es la defensa de la actuación de la Audiencia Nacional en el caso de las cesiones de crédito, en el cual Emilio Botín y otros acusados son sentados en el banquillo.

   Lo que la ampulosamente llamada doctrina Botín confirma es la defensa literal del artículo 782.1 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ya había realizado la Audiencia Nacional al archivar la causa de cesiones de crédito.

  Si el Fiscal y la acusación particular piden el sobreseimiento de la causa, el juez lo acordará.

  Meses después, en 2008, el Tribunal Supremo ve el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara a Juan María Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco, inocente de un delito de desobediencia. Es un recurso de la acusación popular de Manos Limpias  precisamente porque en aplicación de la doctrina Botín el TSJPV falla que la petición en solitario de la acusación popular no vale para conseguir llevar al banquillo al imputado, habida cuenta de que el Fiscal pedía el sobreseimiento.

  El Tribunal Supremo se corrige  a sí mismo y señala que el caso de desobediencia es diferente.

   "El delito de desobediencia por el que se formuló acusación carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Traducción obligada de la naturaleza del bien jurídico tutelado por el art. 401 del Código Penal es que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito. De ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal", dice la sentencia, cuyo ponente es el magistrado Manuel  Marchena.

     Añade: "Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público".

   El Tribunal Constitucional, en la sentencia del ahora ex magistrado del TC, Enrique López, confirmó la actuación del Tribunal Supremo.

   La sentencia del TS en el caso Atutxa, en realidad, se nutría de algunos elementos que ya en su día, al debatirse la sentencia de sobreseimiento de Botín de diciembre de 2007, habían aflorado en el Tribunal Supremo.

  En su voto particular, por ejemplo, el magistrado Julián Sánchez-Melgar decía: "En efecto, no siempre es fácil de determinar cuál es el concreto ofendido o perjudicado por el delito, sobre todo en función de aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido no es la vida, integridad física, honor, libertad o patrimonio de un particular, sino cuando se trata de intereses difusos o colectivos. ¿Quién es el perjudicado por un delito contra la Administración Pública: solamente el Abogado del Estado, solamente el particular afectado por la resolución prevaricadora, o todos los ciudadanos? ¿Quién es el afectado por un delito medioambiental? ¿Quién respecto a un delito contra la defensa nacional? ¿Quién en un delito contra la salud pública, cuando la jurisprudencia reiteradamente declara que no se puede confundir con la salud individual de cada uno de los destinatarios de las sustancias?"

  Y pretendía de algún modo dar la puntilla:

  "Y por fin, ¿quién es el ofendido en un delito contra la Hacienda Pública? ¿Solamente el Abogado del Estado, como representante del Erario Público? ¿Hacienda no somos todos?".

   En otras palabras, todo esto viene a cuento de lo siguiente: los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca necesitarán tiempo y debate sobre jurisprudencia una vez que se pongan de acuerdo sobre la existencia/inexistencia de delitos fiscales y de blanqueo de la infanta Cristina. 

   No lo tienen fácil ni saldrán totalmente airosos.

  Porque la calle no está para filigranas jurídicas.

 

 

   

 

 

   

La 'caja negra' de los avales

Por: Ernesto Ekaizer | 30 jun 2014

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Eduardo Madina conversa con Susana Díaz.

 

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  Madina y Pedro Sánchez.

 

  El contenido de la caja negra de los avales de los candidatos a secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es interesante al menos por dos motivos. El primero: permite confirmar retrospectivamente lo que ha ocurrido a partir de la medianoche del 25 al 26 de mayo de 2014, tras la pérdida de casi 2,6 millones de votos. El segundo: despliega el paisaje ante la elección del 13 de julio próximo. Entre uno y otro hay vasos comunicantes que, por el momento, no están en el debate.

  En relación al primer punto, ha quedado claro el apoyo vital de Susana Díaz y el partido que dirige, el PSOE de Andalucía, a Pedro Sánchez. Y, al tiempo, claro, su firme y activa voluntad de lograr la derrota de Eduardo Madina. Nada tiene de pecaminoso. Es absolutamente legítimo. Sobre gustos no hay nada escrito.

 Pero esta opción de Susana Díaz y el PSOE andaluz tiene, como todo, una explicación. O varias.

 Sin embargo, hay una principal. Y es la conducta de Eduardo Madina.

 En lo que hemos llamado la tercera vigilia de APR, Alfredo Pérez Rubalcaba, las horas que van de las 12 de la noche a las 3 de la mañana del 26 de mayo, el secretario general del PSOE, ante la vehemente posición de Susana Díaz expresada en conversaciones telefónicas, respaldada por otros dirigentes históricos, por así decir, entrega las primarias abiertas y decide convocar un congreso extraordinario para elegir primero secretario general.

 Madina denuncia inmediatamente esta marcha atrás de APR. La discusión en la ejecutiva federal del 26 de mayo es a cara de perro. Madina modifica su oposición y retoma un acuerdo de la conferencia política de 2013 por el cual la elección de secretario general debe hacerse con un nuevo criterio: un militante un voto. Para ello se acuerda en dicha conferencia que el congreso, como es preceptivo, apruebe la nueva metodología.

  Pero ya no estamos, el 26 de mayo, en una situación de normalidad. Ahora es la crisis. El criterio de Madina es que en esta nueva situación, donde se viola el acuerdo de primarias abiertas primero, congreso después, hay que anticipar la manera de elegir al secretario general ya pactada en la conferencia política a la imprevista inminente elección.

  En la tarde del 26, Rubalcaba hace un gesto bonapartista. A la entrega  de las primarias abiertas que ha realizado en la madrugada bajo la presión de Susana Díaz, añade, en lo que es una manera de equilibrar el peso del poder, el apoyo a la aplicación inmediata de la fórmula para que voten los militantes del PSOE. El bonapartismo de Rubalcaba supone colocarse por encima de las facciones en lucha.

  Este reequilibrio lejos de resolver pacíficamente la situación termina agravándola. Susana Díaz hace ver que está dispuesta a lanzar sus legiones para hacerse con la secretaría general. Y, detrás de los bastidores, personajes del PSOE intentan persuadir a Madina de que es necesario, frente a la crisis, evitar el enfrentamiento con la secretaria general de la organización territorial más importante, el PSOE andaluz.

 Eduardo Madina se mantiene en sus trece. Algunos dicen: titubea. Sí, en efecto, titubea, duda, no sabe por momentos qué es lo mejor. El peso del aparato del PSOE, ahora canalizado en parte a través de Pepe Blanco y Antonio Hernando, es todavía mucho peso. Los dirigentes que actúan como hombres buenos (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero) le llaman a la responsabilidad.

  Con todo, resiste.

  Es que, dicen algunos dirigentes, Susana Díaz tiene que vender en Andalucía su entrada en Madrid. Y necesita mostrar que no tiene opción. Es decir: que es la llamada de todo el PSOE la que la convoca. Si tiene que competir con otra candidatura, ya no es lo mismo; es que ya es una decisión donde tiene opción.

  Otros dirigentes apuntan: ni así se podía vender. Susana Díaz no ha pasado por las urnas. La situación de Andalucía requiere mucha atención. Hay que ganar las elecciones autonómicas. Sobre todo necesita dedicación, además, cuando se está por modificar el sistema de financiación autonómica; Andalucía necesita el liderazgo territorial de Susana Díaz con dedicación plena, que represente ahora las aspiraciones territoriales desde allí. No desde Madrid.

  Pero la obcecación de Madina, su carácter esquivo (estos son los apelativos que el aparato usa contra él), hacen naufragar la entrada triunfal de Susana Díaz, que tiene a mano un argumento impecable: la prioridad es Andalucía.

  En este contexto, cobra fuerza Pedro Sánchez, la candidatura solitaria de un aparente corredor de fondo. La renuncia de Susana Díaz a su propia candidatura para hacerse con el control de la secretaría general del  PSOE no supone la renuncia a dejar el PSOE con Madina en el timón. Y Pedro Sánchez se convierte así en la opción que respaldará Susana Díaz y el PSOE andaluz frente a Madina. Con toda su fuerza, como ahora vemos.

 Esto no habla mal de Pedro Sánchez. No es un estigma para él. Pero sí revela parte del milagro de su meteórico ascenso durante estas semanas.

 Los colaboradores de Sánchez dicen que Madina es un hombre de Rubalcaba, que ya desde su lanzamiento, es una operación de Rubalcaba.

  Que Madina tenga el apoyo de Elena Valenciano, como lo tiene, no es la prueba de esa operación. Todos los indicios realmente existentes desmienten la versión de que Madina es una pieza que ha movido Rubalcaba. 

  Los hombres de Madina sostienen que Sánchez es una especie de consejero delegado in pectore de la presidenta de Andalucía.

   Que Sánchez sea la carta a la que apuesta Susana Díaz ya es un hecho. Que haya contado con la ayuda de Pepe Blanco y Antonio Hernando y sus muchachos es una realidad. 

   A partir de los avales, ¿hay partido?

   La gente de Sánchez dice que no, que es la crónica de una victoria anunciada.

   Los que acompañan a Madina sostienen que de ninguna manera. Que los avales son el resultado de los aparatos que se movilizan. Y que si la gente se moviliza a la hora de votar, los avales pueden quedarse en papel mojado. Que, en fin, puedes sacar más avales (sobre todo si están concentrados en una región) y perder la primarias.

  Para ello debería haber una movilización de los militantes. Y, de momento, no se advierte.

  Porque todo lo que ha ocurrido y ocurre detrás de los bastidores no es conocido por los militantes. Hemos dicho que entre la fase que se cierra con la marcha atrás de Susana Díaz y el paisaje actual hay vasos comunicantes. Si Madina no se hubiera plantado, si se hubiera avenido a integrarse en el plan de Susana Díaz, nada de lo que estamos viendo hubiese ocurrido, se habría consumado un plebiscito, no una elección. Pedro Sánchez, por ejemplo, hubiera tenido el recorrido que podemos ver a estas horas.

   Para movilizar a los militantes de todas las regiones hay que contar lo que pasa. El conocimiento de la caja negra de los avales ayuda. Pero no es suficiente.

   

 

  

 

  

  

¿Luis de Guindos vs. Pierre Moscovici?

Por: Ernesto Ekaizer | 29 jun 2014

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Luis de Guindos y Pierre Moscovici, ex ministro francés de Finanzas.

   

   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asumido oficialmente que su Gobierno propone para un puesto de nueva creación - el del presidente profesional del Eurogrupo, los 17 países de la zona euro, un cargo a tiempo completo - al actual ministro Luis de Guindos.

  "Me gustaría que tuviera responsabilidades importantes", dijo Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Europeo que designó a Jean-Claude Juncker como el candidato para presidir la Comisión Europea. Según dijo Rajoy, los líderes europeos tienen una buena opinión de De Guindos. 

  "Pero no es cuestión de entrar ahora en temas que hoy mismo no están planteados. Cuando lo estén, ya hablaremos del asunto", ha concluido.

   Bien, algo es algo. Rajoy admite que le gustaría que De Guindos tenga "responsabilidades importantes".

   El puesto del presidente del Eurogrupo lo cubrían hasta ahora los ministros de Finanzas de la zona euro. Pero la idea es crear un puesto profesional. La persona que ejerza sus funciones lo hará en dedicación exclusiva. Y, por tanto, ya no será un ministro.

   Tras el acuerdo para que Juncker sea presidente de la Comisión Euripea, pendiente del voto en el Parlamento Europeo, ha empezado el cambio de cromos para cubrir los puestos en la Unión Europea y las vacantes en la futura Comisión, a partir de septiembre próximo.

  Al parecer, la primer ministra danesa, la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt, podría sustituir a Herman Van Rompuy, en el cargo de la presidencia de la Unión Europea.

   El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Oli Rehn, ¿por quién va a ser sustituido?

 El periódico italiano Corriere della Sera informa el 24 de junio pasado que el candidato con más posibilidades es... otro finlandés. El primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, que acaba de dejar su cargo, suena como el favorito para sustituir a su compatriota Rehn.

   Finlandia ha formado con Holanda y Alemania una troika de ortodoxia económica extrema dentro de la Eurozona.

   Según el citado diario, en el asunto del puesto de nueva creación, el del presidente del Eurogrupo, "Francia obtendría la presidencia del Eurogrupo para el ex ministro socialista Pierre Moscovici", quien fue cesado por el primer ministro Manuel Valls, a primeros de abril pasado. Pero Moscovici tiene todo el apoyo del presidente francés, François Hollande.

  Si un halcón neoliberal como Katainen es el nuevo comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, en la misma linea de Rehn, la idea de que Moscovici, un socialdemócrata, pueda ser presidente del Eurogrupo a tiempo completo, parece tener sentido. Eso supone que el deseo de Rajoy de ver a De Guindos "con responsabilidades importantes" no se vería hecho realidad.

  Problema: Moscovici ha dicho públicamente que la comisaría de Asuntos Económicos y Monetarios debería ejercer, al tiempo, la presidencia del Eurogrupo.

  Esto es lo que viene proponiendo Moscovici desde julio de 2013. La idea de una suerte de ministro de Economía de la zona euro.

  "Es necesario que la zona euro sea mucho más visible. Que no solo se vea a 17 ministros que se reúnen una noche. La pregunta que se plantea es saber si este ministro debe ser únicamente presidente del Eurogrupo o si debe ser también el comisario de asuntos económicos. Yo creo que debe ser también el comisario de asuntos económicos. Pienso que esto crea una fuerte sinergia. Hay que apovechar las próximas elecciones europeas [25 de mayo de 2014] para hacer esta reforma de gobierno de la zona euro", explicó en un encuentro económico del Círculo de Economistas, en Aix-en-Provence.

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 Jiri Katainen, ex primer ministro de Finlandia.

   El diario Financial Times, nada dice, en su edición del 25 de junio, sobre Katainen, pero señala que el turno de España puede haber finalmente llegado para ocupar la presidencia del Eurogrupo.

  "Muchos arguyen que elegir a un nuevo presidente del eurogrupo de un país que ha navegado exitosamente sobre un programa de rescate de la Unión Europea enviaría un importante mensaje. Miembro del gobierno español de centro-derecha, De Guindos es algo así como un tecnócrata, que trabajó varios años en Lehman Brothers y Price Waterhouse antes de ser ministro. Muchos funcionarios dicen que su nombramiento para sustituir a Jeroen Dijsselbloem [actual ministro holandés, presidente del Eurogrupo] está casi asegurado".

   El periódico también menciona para este puesto la candidatura de Moscovici. Pero advierte que Moscovici podría ser candidato a comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y recuerda que su idea de fusionar esa comisaría con la nueva presidencia del Eurogrupo no tiene muchos apoyos.

  En principio, se estimaba que el cargo de presidente del Eurogrupo será creado durante el próximo otoño. Por tanto, Rajoy debería tener un esquema previsto para el caso de que Luis de Guindos abandone el Gobierno y se traslade a Bruselas.

  Y ese esquema pasa por mantener la misma estructura actual de gobierno y sustituir al ministro de Economía por otra persona o fusionar los ministerios y volver a un superministerio de Economía y Hacienda para lo que queda de legislatura.

   




Horrach pide paralizar las acusaciones

Por: Ernesto Ekaizer | 26 jun 2014

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   El fiscal Pedro Horrach tenía su recurso de apelación de 63 páginas listo, a falta de introducir algunos detalles del auto de transformación del juez José Castro. Por tanto, poseía información sobre lo que proyectaba hacer el juez en relación con la infanta Cristina, es decir, mantener su imputación.

   Este detalle tiene su importancia política.

  Porque ya con ocasión de la declaración de la infanta Cristina, en febrero pasado, la orientación de Horrach resultó decisiva.

   Fueron sus recomendaciones, plasmadas en un escrito interno, según revelaron los periodistas Luis Rendueles y Daniel Montero en la revista Interviú, las que llegaron a través de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, a las manos de Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey.

  Y esos consejos, basados lógicamente en información reservada, sirvieron para decidir que la infanta  debía prestar declaración como imputada sin presentar recurso contra la imputación ante la sección segunda de la Audiencia de Palma de Mallorca.

  Uno de los argumentos utilizados por Horrach fue, precisamente, que el recurso no prosperaría en la Audiencia y que era mejor evitar el jarro de agua fría de una desestimación. Y sacar partido, en cambio, de la decisión de declarar "voluntariamente".

   Así se hizo.

 Ahora, como hemos apuntado aquí estos días, el juez Castro no tiene obligación de suspender el procedimiento por los recursos que se presenten, entre ellos el del fiscal Horrach, ante la Audiencia.

   En  su auto, el juez ha dado veinte días a las partes personadas para presentar sus escritos de acusación  o sobreseimiento.

  Eso supone que los escritos serán conocidos antes, con sus efectos mediáticos, que la resolución de los magistrados  de la Audiencia (Diego Jesús Gómez-Reino, presidente y ponente; Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna) sobre los recursos.

  Por eso, perro viejo, Horrach hace la siguiente petición en el último párrafo de su recurso: "Interesar por último la suspensión del trámite para emitir escrito de acusación hasta la resolución del presente recurso por la Audiencia Provincial al poder condicionar la decisión de la Sala [sección segunda] el contenido de los recursos de conclusiones provisionales de las partes".

  ¿Qué quiere decir?

  Esto: cuando las dos  acusaciones populares presentes en la causa eleven sus escritos solicitarán la apertura de juicio oral contra la infanta Cristina por delitos fiscales y blanqueo de capitales.

  Ello supondrá titulares en los medios de comunicación.

  No en vano, Horrach señala en su solicitud que ello podría influir en los tres magistrados de la Audiencia.

   Porque está por ver si la sección segunda ha empezado siquiera a deliberar sobre los recursos.

   La ley, repetimos, no concede efectos suspensivos al recurso contra el auto de tranformación.

   Por tanto, el juez Castro ha dado el plazo (20 días por la extensión de la causa, en lugar de los diez días normales).

   Y las partes personadas están obligadas a cumplir el plazo. Según se cuenten sábados como días hábiles o no, el plazo vencería el 20 o 23 de julio.

   El recurso de apelación del fiscal Horrach está dirigido a la Audiencia, vía el juzgado de Castro, por lo que se entiende que debería ser la Audiencia la que deberia dictar la medida cautelar de suspensión del plazo de veinte días para presentar los escritos de acusación.

   Ello permitiría, pues. dar más tiempo a la sección segunda para resolver los recursos, sin  el ruido mediático que provoquen los escritos de acusación. Al tiempo, aunque el fiscal no lo dice, por economía procesal, el fallo de la Audiencia permitirá saber, en el caso de la infanta Cristina, si sigue imputada o no.

  Si por el contrario se mantiene el plazo y se presentan escritos de acusación pidiendo sentarla en el banquillo y la Audiencia revoca esa imputación, los citados escritos deberán modificarse a continuación para quitar la solicitud.

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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