San Artur

Por: Ernesto Ekaizer | 20 nov 2014

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   "El PP está en camino de convertir a Artur Mas en un santo. No se me ocurre ya ninguna idea para reconducir las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de Rajoy. Llegados a este punto uno no puede imaginar cuál sería el camino".

  Esto piensa y dice un alto cargo institucional de Convergencia i Unió.   

  La querella que se apresta a presentar la Fiscalía ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en principio por presuntos delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones, tendrá, pues, al menos a juicio de hombres y mujeres de CiU, el efecto de santificar a Mas.

   Bien.

  Eduardo Torres-Dulce ha conseguido el previsible apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para presentar, a través de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, la querella criminal.

 Los votos discrepantes, que cuestionan la existencia de bases jurídicas para una acción penal, también tienen algunas explicaciones personales.

 En el caso de Bartolomé Vargas, por ejemplo, hay que recordar que durante tres años investigó en la fiscalía del Tribunal Supremo, a finales de los años noventa, la implicación de Josep Piqué cuando era ministro de Industria, 1998, en la condonación de un crédito de ICO a la empresa Ercros, de la cual Piqué había sido presidente.

 Jesús Cardenal, fiscal general del Estado durante el gobierno de Aznar, relevó a Vargas de esta investigación en septiembre de 2001, le cambió de sección y el caso se archivó. 

  El otro voto discrepante ha sido el de Pedro Crespo, ex teniente fiscal y fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Cándido Cónde-Pumpido.

  En la Fiscalía del TSJ de Cataluña se interpreta esta posición disidente también, razones jurídicas aparte, como un gesto de solidaridad de Crespo, que comenzó a ejercer su carrera fiscal en Barcelona, en 1991, antes de pasar, en 1997, a ser delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   La querella, como decíamos, se ha abierto camino.

  La pregunta es: ¿cuáles serán los pasos siguientes?

  La Fiscalía del TSJ de Cataluña presentará el escrito, por orden de Torres-Dulce, en la sala civil y penal del TSJ.

  Esta sala está formada por cinco magistrados y la preside Miguel Ángel Gimeno (foto que abre esta entrada), que es, a su vez, el presidente de todo el TSJ de Cataluña.

  El acuerdo para nombrar a Gimeno se remonta a octubre de 2010, cuando se pactó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presidía Carlos Dívar.

   Fue el mismo pleno que resolvió nombrar a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

  Las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, llevadas a cabo por los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, llegaron a un armisticio.

  El PP, preocupado por la marcha del caso Gürtel propuso a Pilar de la Oliva en la Comunidad Valenciana, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Francisco Camps, y los progresistas a Miguel Ángel Gimeno en sustitución de María Eugènia Alegreten Cataluña. La verdad es que, para las expectativas depositadas por el PP, la magistrada De la Oliva se ha comportado con independencia.

  La sala de lo penal y civil del TSJ de Cataluña ya tiene al menos doce denuncias contra Mas procedentes de la inhibición de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavá. Se han pasado a informe del fiscal y se ha formado sala de admisión de tres magistrados.

  Pero en el caso de la querella contra Mas no se necesitará informe del fiscal. Porque es el fiscal jefe de la Fiscalía del TSJ de Cataluña el que elevará la querella.

  Por tanto este trámite queda sin efecto.

  Habrá que determinar si, por la importancia del asunto, será el pleno de cinco magistrados de la sala civil y penal el que asumirá estudiar y decidir sobre la admisión a trámite.

   La querella llegará con la oposición de la Fiscalía del TSJC pero con el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, la cúspide de la carrera fiscal. Es verdad que representa, esencialmente, a los fiscales importantes de las instituciones de Madrid. 

  Pero, ¿puede inadmitir la querella la sala de lo civil y penal?

  Teóricamente puede, claro.

   Pero sería un golpe tremendo para los promotores, Torres-Dulce y la Junta de Fiscales de Sala.

   Supondría ahondar en la crisis catalana.

  Sería, para el Gobierno y para el  sector duro del PP, la prueba de que la justicia en Cataluña ya ha optado por la independencia. De que se ha independizado.

   Y, claro, la simple admisión a trámite de la querella sería un acontecimiento de gran repercusión.

  Porque Mas, junto a la vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau, serán llamadas a prestar declaración en calidad de imputados por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

    Se dirá que tenemos ya un antecedente y aquí no ha pasado nada.  

    Me refiero al caso del lehendakari Juan José Ibarretxe por sus conversaciones con Batasuna a raíz de la querella interpuesta por el Foro de Ermua, el 27 de abril de 2006. En la querella se  denunciaba las conversaciones de paz entre Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

    Pero era una querella del Foro de Ermua. No de la Fiscalía General del Estado.

   

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 En cambio, la repercusión internacional de una declaración de Mas como imputado serían muy distintas. Tendrían gran impacto, habida cuenta de todo lo que ya ha ocurrido hasta ahora.

  Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC y de la sala de lo civil y penal, se ha pronunciado ante el referéndum en 2013.

 Consideraba "francamente complicado" celebrar una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, "porque la Constitución española habla de lo que habla, de la unidad".

  El magistrado estimaba que "hablamos de la consulta por la independencia, no de una consulta, y esto es algo difícil que se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta lo que dice la Constitución sobre la unidad". Sólo veía una posibilidad de llevarla a cabo y es con la implicación y participación del todos los españoles: "Otra cosa es que la consulta sea a nivel del Estado".

   Pero incluso cuando se pudiera hacer la consulta por la autodeterminación de Catalunya y esta contase con el acuerdo de Generalitat y Estado, Gimeno dejó en claro que el resultado "no tendría efectos jurídicos". "Haríamos la consulta, nos encontraríamos con la respuesta pero, ¿cuál sería la implicación? No tendría efectos jurídicos sino políticos, por lo tanto seguiría siendo una discusión política".

   Pero una cosa son sus apreciaciones generales sobre el asunto del referéndum y la consulta, y otra cosa es el contenido penal de la acción del 9-N.

   Las derivaciones políticas de la instrucción de esta querella no serían menores.

  La santificación de Mas, como ha dicho el alto cargo institucional y dirigente de CiU que hemos citado, replantearía el tema del referéndum y de la consulta en otros términos: a favor de Mas o contra Mas. 

   Y, en estas condiciones, la convocatoria de las elecciones autonómicas, que está por definir, asumiría un nuevo perfil.

   ¿Seguiría resistiéndose Oriol Junqueras a una lista conjunta de Esquerra Republicana de Catalunya con CiU y las otras fuerzas independentistas?

   La criminalización del caso, a través de la querella, supone un nuevo salto cualitativo del conflicto. Y coloca a Mas todavía más , si cabe, en el centro de la escena.

   Mas irá a más.




El fracaso de Torres-Dulce y su modelo

Por: Ernesto Ekaizer | 18 nov 2014

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Foto: Luis Sevillano

    La gente se pregunta: ¿Es que Eduardo Torres-Dulce quiere hacer el último servicio al Gobierno de Rajoy con la presentación de la querella contra Artur Mas antes de dejar su puesto?

   Y la respuesta es: no. El fiscal general del Estado quería presentar la querella desde el primer momento. Por ello la secretaría técnica hizo un borrador.

  ¿Cuál era la hoja de ruta exacta de Torres-Dulce?

  En lugar de hacer un ejercicio de autoridad en un órgano jerárquico como es el Ministerio Fiscal, Torres- Dulce, que carece de lo que los franceses llaman "le physique du rôle", las caracteristicas del personaje, lo hizo a su estilo.

Asaeteado por Alicia Sánchez-Camacho, quien reveló la primicia de que la Fiscalia General del Estado ya tenía preparada la querella criminal por varios delitos -malversación, desobediencia, prevaricación y cohecho-, Torres-Dulce se mantuvo, empero, fiel a su plan original.

Ese plan consistía en que la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña presentara la querella. Por ello citó al fiscal jefe José María Romero de Tejada y al teniente fiscal, Francisco Bañeres, a Madrid, para confiarles la querella.

El pasado viernes 14 de noviembre, en Burgos, reiteró que la fiscalía del TSJC era la encargada de la querella e insinuó que no pasaba nada si se dejaba de presentar ya que el TSJC se vería abocado a debatir el asunto por las denuncias contra Mas por el 9-N en diversos pueblos de Cataluña.

Torres-Dulce tenía información errónea sobre la junta de fiscales del TSJC. O se negó a reconocer la realidad.

Sabía, o debía intuir, que no contaría con el apoyo del hombre con más peso en la fiscalía del TSJC: el fiscal Martín Rodríguez Sol. Torres -Dulce le había nombrado fiscal jefe del TSJC y se vio obligado a destituirle en 2013.

 Por dos asuntos: el célebre borrador de la UDEF, sin firma, difundido en noviembre de 2012, días antes de las elecciones autonómicas catalanas, sobre Mas y Jordi Pujol. Rodriguez Sol quiso investigar a fondo dicho borrador.

 Y segundo, y no por ello menos importante, a raíz de unas declaraciones del entonces fiscal jefe sobre la necesidad de buscar un encaje legal y constitucional al deseo de los catalanes de votar.

 Con todo el dolor en el alma -Torres-Dulce es padrino de un hijo de Rodiguez Sol-, el fiscal general del Estado cesó al fiscal jefe del TSJC.

 Por tanto, Torres-Dulce se embarcó, la semana pasada, en un viaje a ninguna parte cuando confió el destino de la querella, en la que creía, antes del 9-N y ahora, a la fiscalía del TSJC.

 Tenia cierta idea de cómo conducir al Ministerio Fiscal. Y fracasó. Él y su modelo. Si quería presentar la querella, como así era, tenía otro curso de acción a su alcance: ordenar el lunes 10 al fiscal jefe del TSJC que lo hiciera. Sin debates en la junta de fiscales del TSJC.

 En tal caso, no habria lugar a ningún conflicto. Se trataba de un ordeno y mando.

 La jerarquía así lo permite. Pero optó por lo que podríamos llamar un modelo autogestionario. Ahora Torres-Dulce, al discrepar la fiscalía del TSJC e invocar el artículo 27 del Estatuto, oirá a la junta de fiscales de sala.

 Aunque no es vinculante lo que opine la junta, es probable que Torres-Dulce obtenga su respaldo. O, en todo caso, le dejarán manos libres. Y presentará la querella por el delito de desobediencia y otros. Que, todo hay que decirlo, llegará muy debilitada al TSJC, que debatirá su admisión a trámite.

  El fiscal Pedro Horrach ha explicado, en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena Ser, que todo esto demuestra la autonomía del Ministerio Fiscal. Pero aquí el problema no es la autonomía. Aquí lo que se ha visto con el fracaso del modelo y estilo de Torres-Dulce es que no existe la autonomía de las fiscalías del los TSJ respecto a la Fiscalía General del Estado. Que la autoridad es la autoridad. Que hay una persona que debe cortar el bacalao.

 El Gobierno de Rajoy siempre echa las culpas a los demás de lo que es su propia inoperancia.

 En este caso se trata de responsabilizar al Tribunal Constitucional por no requerir a Mas en persona para que se abstuviera de desobedecer, como si el gobierno catalán no estuviera personado en la causa del referéndum y lo desconociera. Y también de descargar el peso en el fiscal general del Estado, que será el gran pagano por la crisis institucional aflorada con la respuesta o no respuesta al 9-N.

 El Gobierno y su delegada en Cataluña miraron, simplemente, hacia otro lado después de obtener la suspensión de la consulta bis. Mas no acató y el gobierno no hizo nada para que acatara.

Transparencia, ¿parcial o completa?

Por: Ernesto Ekaizer | 17 nov 2014

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  José Antonio Monago declaró ayer en Madrid: "Quién me ataca a mi, ataca a Extremadura". Esto nos suena, ¿no? Quién atacaba a Jordi Pujol y su familia atacaba a Cataluña. Los asesores del presidente extremeño seguramente conocen esa circunstancia y a pesar de ello han decidido identificar a Monago con Extremadura.

  A partir de esta identificación el caso Monago ha dado un salto cualitativo.   

  Se trata de llegar al fondo. Y el fondo no es otro que toda la verdad.

 El presidente extremeño ha esgrimido como carta de triunfo un documento del Senado.

  El secretario general del Senado, Manuel Cavero Gómez, "certifica: que conforme que conforme a los datos que obran en la Secretaría General del Senado, en el periodo comprendido entre el día 3 de mayo de 2009 y el día 9 de noviembre de 2010 se abonaron, con cargo al Presupuesto del Senado, un total de dieciséis desplazamientos en avión, con origen en la Península y destino en las Islas Canarias, del Excmo. Sr. D. José Antonio Monago Terraza, Senador designado por la Comunidad Autónoma de Extremadura para la IX Legislatura.

Y para que conste a solicitud del interesado, expido la presente certificación en el Palacio de Senado a doce de noviembre de dos mil catorce".

  En esta descripción, como es evidente, no se mencionan las fechas de los "desplazamientos".

  Se supone, asimismo, que aparte de esos desplazamientos "con origen en la Península y destino en las Islas Canarias" el Senado habrá pagado también los desplazamientos con origen en las Islas Canarias y destino en la Península, parafraseando la certificación. En otros términos: 16 desplazamientos a Canarias y 16 desplazamientos de allí a la Península.

 ¿Por qué razón no se da cuenta en el documento de las fechas en que tuvieron lugar los llamados desplazamientos?

  Porque Monago no lo pidió.

  El director de comunicación del presidente de Extremadura, Juan Rodríguez, me explicó este lunes, día 17 de noviembre, que como la noticia sobre el asunto hablaba de 32 viajes se había pedido al Senado información sobre los viajes realizados.

 A la pregunta sobre si se había solicitado al Senado la fecha de cada uno de los viajes, la respuesta es que no. Rodríguez añadió que el equipo de Monago ha podido, por su cuenta, reconstruir viaje por viaje, de acuerdo con las actividades del PP.

 Explicó que si el hecho de que fueran actividades del partido lleva a que "se decida que no vale" pues entonces se plantearía "sufragarlos". Y añadió que "hay viajes del Senado y Congreso que los parlamentarios utilizan para su actividad partidista".

  Monago ha presentado la certificación como la prueba de que el Senado confirmaba que sus viajes eran viajes de "trabajo".

  Como se puede apreciar en el lenguaje utilizado por el Senado no se habla de "viajes de trabajo" sino, simplemente, de "desplazamientos".

  Este afán de hacerle decir al secretario general del Senado algo que no dice indica que Monago no quedó del todo satisfecho con la palabra "desplazamientos".

  ¿Por qué son relevantes la fechas de cada uno de los viajes?

 Porque es la manera de conocer qué actividades relacionadas con su cargo de senador pudo cumplir Monago en Canarias.

  Con todo, la explicación de Rodríguez ya indica que la reconstrucción que ha hecho el equipo de Monago va por las actividades del PP.

  Y no por el Senado.

  Pero las fechas permitirían, además, conocer el alcance de una información que introdujo por su propia cuenta Monago en sus explicaciones: los pagos de viajes hechos con una tarjeta Visa personal.

  Conocer todos estos detalles no es incompatible con la defensa de Monago en los tribunales y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

  Monago mismo lo reconoce de hecho cuando decide lanzar su caso al tribunal de la opinión pública.

  No otra cosa son sus múltiples comparecencias desde el viernes pasado, tras obtener la certificación del Senado. 

  Con todo, ha aprovechado las comparecencias para lanzar su candidatura a las elecciones de mayo de 2015, aunque nadie del Gobierno del PP le ha acompañado en Madrid este lunes 17, como suele ser costumbre cuando visita la capital para hablar en público un presidente de Comunidad Autónoma 

  La avasallante conducta de Monago en este caso, después de sus titubeos y contradicciones iniciales, recuerda a la de Esperanza Aguirre - que sí  acudió a escucharle al hotel Palace de Madrid -, al estallar la Operación Púnica, cuando la Guardia Civil detuvo al que fuera su brazo derecho en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

  El paralelismo consiste en esto: Aguirre aprovecha la citada operación para lanzar una campaña contra la corrupción y parece erigirse en la zarina anticorrupción del PP, hearings ensayados mediante; Monago cabalga sobre el incidente de los viajes a Canarias con cargo al Senado (para desarrollar presuntas actividades que siguen sin estar acreditadas) y propulsa su candidatura.

  A la luz de lo que ha dicho, el lema de su campaña podría ser Monago es Extremadura.

  El striptease o revelación o transparencia debe ser completa. 

  ¿Por qué?

  Porque todos somos mayores y sabemos lo que es una verdad parcial...

  Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿sigue siendo el asunto de los viajes del entonces senador José Antonio Monago un asunto privado como para que el Senado desvele solo por petición del interesado las fechas en que tuvieron lugar?

   O, planteado por el presidente como un asunto de Estado, es decir, de Comunidad Autónoma, a saber, que el que ataca a Monago en la cuestión de los viajes está atacando a Extremadura, ¿no debería el Senado proceder a efectuar un full disclosure, una revelación completa, aportando la fecha de cada uno de los viajes en cuestión?

 ¿No sería la mejor manera de evitar que su certificación sea usada como patente de corso? 

  El criterio, en el punto en que nos encontramos, ¿no debería ser acabar con toda sombra de duda?

  La respuesta: sí.
    

 

  

 

Caruana: "La trampa de la deuda acecha"

Por: Ernesto Ekaizer | 16 nov 2014

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  Jaime Caruana fue nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) el 21 de noviembre de 2008, dos meses después la caída de Lehman Brothers, hace ahora seis años, y asumió las funciones el 1 de abril de 2009. El banco que coordina actividades y elabora la regulación de capital de las entidades bancarias, llamado banco de los bancos centrales, fue creado en mayo de 1930 por impulso de Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y Hjalmar Schacht, entonces presidente del banco central alemán, el Reichbank, y más tarde ministro de Economía de Adolf Hitler.

   Lleva cinco años y medio Caruana como director general del BPI. Un periodo algo inferior a sus seis años al frente del Banco de España, como gobernador.

   Las dos vidas de Jaime Caruana, como gobernador y como director general del BPI, presentan un contraste que tiene interés. Durante su gestión en el Banco de España se ha gestado la burbuja inmobiliaria que, ciertamente, al estallar ha provocado una recesión de balance (derivada sobre todo del endeudamiento privado). 

  Sin embargo, no se conoce reflexión autocrítica sobre esta experiencia de Caruana. Mientras, su actividad en el BPI destaca por alertar al mundo de los riesgos de la burbuja de activos que provocan las políticas de relajación monetaria de los principales bancos centrales.

  La burbuja en España, que el contribuyó a inflar con la política crediticia, parece haberle sido de gran experiencia para su vida profesional

  Ya desde 2005, según me ha explicado William White, y publiqué en el libro Indecentes, crónica de un atraco perfecto, el BPI advertía sobre los riesgos de una crisis económica de gran magnitud. En su informe anual del 25 de junio de 2007, el banco vuelve a insistir.

  El informe hablaba de riesgos de una crisis al estilo de 1929. "Virtualmente nadie predijo la Gran Depresión de los años treinta, o la crisis de Japón y el sudeste de Asia a principios y finales de los años noventa. De hecho cada recesión ha estado precedida por un periodo de crecimiento exuberante no inflacionista suficiente como para que los comentaristas sugieran que una nueva Nueva Era ha llegado", decía el informe elaborado por el departamento económico y monetario que entonces dirigía el consejero económico William White.

   Caruana, pues, continúa una tradición que podríamos definir como la de pepito grillo, que canta aquellas verdades que los principales líderes, incluídos a los gobernadores de bancos centrales que se sientan en  su consejo de administración, no desean escuchar.

   Hace pocos días, el 1 de noviembre de 2014, el director general del BPI explicó en Pekín que "la secuencia de ciclos de [boom] auge y caída [depresión] puede minar la fuerza de la economía global". Y advirtió: "Las políticas - fiscales , monetarias y prudenciales - que no se orientan lo suficiente contra la acumulación de los auges financieros y relajan de forma agresiva y persistente contra el riesgo de la caída corren el riesgo de afianzar la inestabilidad y debilidad crónica: las municiones de esta política se erosionan progresivamente, mientras que los niveles de deuda no se ajustan. Una trampa de la deuda acecha".

  En los últimos años, según hemos apuntado, Caruana insiste sobre los riesgos que amenazan una recuperación anémica de la economía internacional, carente de inversiones, y sobre el carácter de la crisis, una recesión de balance - concepto popularizado por el economista japonés de origen taiwanés Rickard Koo - provocada por los desequilibrios. Unos desequilibrios que son el producto de montañas de deuda pública y privada.

  Esta semana, la web del BPI, ha hecho público el discurso pronunciado por Caruana en Pekín a primeros de noviembre, en una conferencia del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), donde ha lanzado la advertencia sobre la trampa de la deuda.

El sobreendeudamiento  

Caruana nos habla de la deuda y de sus tres consecuencias.    

  "La acumulación de desequilibrios financieros implica el riesgo de futuras crisis financieras, un sector financiero dañado y [una situación de] sobreendeudamiento", señala.

   He aquí la secuencia, según Caruana.

  En primer lugar, "el apalancamiento [endeudamiento] que se acumula durante el boom [euforia]  debilita la posición financiera, lo que reduce la capacidad de los prestatarios de devolver los créditos y [debilita] su resistencia a los shocks. Esta vulnerabilidad, a su vez, aumenta las pérdidas de los acreedores, amplifica las respuestas de los miembros del mercado y contribuye a generar dinámicas en el mercado que son abruptas y no lineales".

  La descripción aborda casos concretos.

  "Unas caídas relativamente pequeñas en los precios de los activos puede forzar a los prestatarios a recortar sus actividades, y en algunos casos a suspender el pago o reestructurar el pago de sus deudas, lo que es costoso para los prestamistas y una losa para las finanzas de los deudores. Hemos visto este tipo de efecto muy recientemente en respuesta a la brusca caída de los precios de la vivienda en países como Estados Unidos, España e Irlanda..."

  El segundo de los problemas, subraya Caruana, es que "la acumulación de deuda fomenta una mala asignación de los recursos reales" de la economía.

  Apunta: "El PIB y el crecimiento del crédito en los años del boom anteriores a la crisis no estaban repartidos de manera equilibrada. Estaban concentrados desproporcionadamente en sectores específicos. Por ejemplo, en países como España e Irlanda, el crecimiento en los años del boom ha estado propulsado por el sector de la construcción y el financiero".

     Caruana prosigue: "El apalancamiento puede distorsionar el proceso de decisiones de inversión, y ofrece incentivos para colocar los recursos en proyectos que prometen beneficios rápidos, beneficios cuantificables en lugar de asociaciones de largo plazo con recompensa menos cierta pero potencialmente más valiosa. Estos incentivos son más fuertes cuando el apalancamiento resulta más barato".

   ¿Y, entonces, qué pasa?

  "La consecuencia entre esta asociación entre acumulación de deuda y mala asignación de los recursos es importante".

  ¿Por qué?

  "Cuando el boom [o burbuja] pincha, los sectores hinchados tienen que encogerse. Revivir el crecimiento en este tipo de recesión requiere flexibilidad y capacidad de la economía para reasignar los recursos más eficientemente desde sectores menos productivos a más productivos".

   Y aquí llegamos al final, el tercer problema.

  "Los booms financieros enmascaran deficiencias en la economía real".

  ¿Por qué?

 "Los booms de crédito actúan como una cortina de humo. Tienden a enmascarar las malas asignaciones de recursos, haciendo difícil detectar y prevenir estas malas asignaciones a tiempo. Los tiempos de boom también tienden a ocultar otras formas más morosas de deterioro del crecimiento real potencial....Lo que parece fantásticamente armonioso en el camino hacia arriba [euforia] gracias al efecto favorecedor del  boom basado en el crédito, se convierte en cacofonía y en fragmentación en el camino hacia abajo [crisis, recesión]. http://www.bis.org/speeches/sp141114.pdf

    Bien.

   El boom y la burbuja en España

  La descripción, que se ajusta a lo que ha pasado en España, parece hecha por un académico extranjero o un economista desde su laboratorio.

  Pero este Jaime Caruana, ¿no es la misma persona que después de ser director general del Tesoro pasó a ser director general del Banco de España a cargo de la supervisión y más tarde gobernador del Banco de España, desde julio de 2000 a julio de 2006? Han sido gobernador cuatro años con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y sus vicepresidentes, Rodrigo Rato, y Mariano Rajoy (2000-2003), y dos años largos con José Luis Rodríguez Zapatero y su vicepresidente, Pedro Solbes, para pasar luego por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como director del departamento monetario de mercado de capitales.

  Caruana personifica, en cierto modo, la continuidad de la política en las dos administraciones.

  Su apreciación de los precios de la vivienda en la etapa de formación de la burbuja no pasa de una sobrevaloración, derivada de la fuerte demanda.

  El 18 de junio de 2003, en el Congreso de los Diputados, explica lo que pasa en el sector inmobiliario.

 "El Banco de España considera que en estos momentos no tenemos una burbuja inmobiliaria...Lo que pensamos es que esta sobrevaloración podría perfectamente ajustarse sin necesidad de que hubiese el pinchazo de una burbuja, es decir, ajustes muy rápidos de precio. Con unos crecimientos más modestos tanto en el endeudamiento como en el precio de la vivienda se podría hacer el ajuste a valores más próximos a lo que se podría considerar el equilibrio".

 En septiembre de 2003, cuatro economistas del servicio de estudios del Banco de España (Juan Ayuso, Jorge Martínez, Luis. A Maza y Fernando Restoy) escriben en el Boletín Económico sobre una sobrevaloración de precios. La palabra boom como sinónimo de burbuja o euforia, estaba en aquellos años, cuando se hinchaba, prohibida. (Restoy es el actual subgobernador del Banco de España).

  "Entre 1997 y 2002, el precio medio de las viviendas tasas en España creció un 78% en términos acumulados, y la última información oficial disponible, correspondiente al primer trimestre de 2003 (una tasa interanual de expansión del 17,5%), no muestra signos de que dicho crecimiento se esté moderando, a pesar de la desaceleración cíclica de la economía". Según los autores, "la magnitud de la consiguiente sobrevaloración podría oscilar, dependiendo del enfoque y el modelo considerado, entre un 8 % y un 20%".

  Los economistas creen que la evolución de los precios será "previsiblemente gradual", pero ponen una cautela: "No obstante, cuanto más tiempo transcurra sin que esa convergencia se inicie, mayor será, lógicamente, el riesgo de que el ajuste necesario termine produciéndose de una manera más brusca de lo deseable"

  Esta afirmación, a seis meses de las elecciones de marzo de 2004, periodo de larga precampaña electoral, inquieta al vicepresidente, Rodrigo Rato, quien con su equipo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, niega la existencia de la burbuja inmobiliaria. Rato pude explicaciones a Caruana.

 

 

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  Luis de Guindos, Caruana y Luis Ángel Rojo.

 

  Dos años más tarde, el 17 de noviembre de 2005, en un seminario organizado por el Banco de México, en la capital azteca, Caruana da su versión: "Los precios de la vivienda en España, si bien están sobrevalorados, no implican necesariamente que se viva en una burbuja".

  Y el 16 de mayo de 2006, en su penúltimo discurso nos habla del sistema financiero español: "La posición de las instituciones financieras parece lo suficientemente sólida como para afrontar una corrección de los desequilibrios globales, incluso si esta viniera acompañada de un deterioro de las condiciones financieras y un aumento moderado de la volatilidad".

 La denuncia de Juan Manuel Quintero 

 Al escuchar estas palabras, el entonces presidente de la Asociación de Inspectores en Entidades de Crédito del Banco de España (AIECA), Juan Manuel Quintero, escribe una carta al ministro de Economía, el vicepresidente Solbes.  

   "En nuestra opinión - que en cuestiones de supervisión financiera entendemos cualificada, pues no somos nosotros los recién llegados a esta compleja labor técnica - ni todos los riesgos están tan controlados como afirma el gobernador, ni es probable que las consecuencias sean tan limitadas como él propone, si finalmente, alguno de los mencionados riesgos latentes llega a materializarse".

  Continúa Quintero: "Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador".

  Subraya especialmente "la pasiva actitud adoptada por los órganos recrtores del Banco de España - con el gobernador a la cabeza - ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana".

  La larga carta advierte que "esta institución, durante los seis años de mandato del actual gobernador, ha optado por mantener una actitud de pasiva complacencia que está en el origen de los desequilibrios que hoy denuncia el señor Caruana en sus intervenciones".

http://es.slideshare.net/Garcivalle/informe-inspectores-banco-de-espaa-2005

  Se avecina en unos días la salida de Caruana y la entrada de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el nuevo gobernador.

  Solbes guarda la carta en un cajón. Según Rodríguez Zapatero, nunca le informó sobre su existencia.

  Bien.

  El 15 de junio de 2006, Caruana pronuncia su discurso de despedida.

  "Es importante resaltar que el comportamiento que se viene observando en estos últimos años en los principales indicadores de actividad, rentabilidad, y solvencia del conjunto de las entidades de crédito nacionales, está ayudando a mitigar los riesgos de naturaleza financiera que inciden sobre la evolución de nuestra economía en el medio plazo. Las entidades están, así, en condiciones de absorber el posible impacto de perturbaciones como las señaladas [cambios del precio de la vivienda y de los tipos de interés] sin que se vea afectada su capacidad para asegurar la financiación del crecimiento económico".

   El consejo de administración del BPI, que preside el gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, está formado por los siguientes miembros: Mark Carney (Banco de Inglaterra), Agustín Carstens (México) Luc Coene (BCE), Jon Cunliffe (Inglaterra), Andreas Dombret (Bundesbank), Mario Draghi (BCE), William C Dudley (Reserva Federal, EE.UU), Stefan Ingves (Banco de Suecia),Thomas Jordan (Banco de Suiza), Klaas Knot (Banco de Holanda) Haruhiko Kuroda( Banco de Japón) Ann Le Lorier (Banco de Francia) Stephen S Poloz (Banco de Canadá), Raghuram Rajan (Banco de India), Jan Smets (Banco Nacional de Bélgica),Alexandre Tombini (Banco Central de Brasil), Ignazio Visco (Banco de Italia) Jens Weidmann (Bundesbank), Janet Yellen (Reserva Federal de EE.UU), Zhou Xiaochuan (Banco de China). 

  Aunque España no tiene representante en el consejo de administración del BPI, el gobernador del Banco de España participa en las reuniones mensuales de los lunes que se celebran en Basilea.

  Desde 2005, como apuntamos, los economistas Claudio Borio y William White ya advertían sobre los riesgos de una crisis. 

  Caruana participaba en dichas reuniones. Pero no parece haber asociado nunca esa crisis con la formación de la burbuja inmobiliaria en España en aquellos años.

  Miguel Ángel Fernández Ordoñez, crítico cuando ejercía con el PSOE la oposición a Rato y a Caruana, precisamente por inflar la burbuja inmobiliaria, tampoco hace caso de Juan Manuel Quintero y los inspectores. Y continúa lo que defino en Indecentes como la política de homicidio negligente del Banco de España.

   Volvamos a Caruana, director general del BPI.

  En su disertación ante un público financiero, en Pekín, Caruana desliza su disculpa: "Lobooms de crédito actúan como una cortina de humo. Tienden a enmascarar las malas asignaciones de recursos, haciendo difícil detectar y prevenir estas malas asignaciones a tiempo" .

   Si nos retrotraemos a su época de gobernador del Banco de España, podríamos rehacer el párrafo: Los booms de crédito que yo he considerado básicamente sanos y que defendí una y otra vez ante las críticas enmascaraban malas asignaciones de recursos, y, además, como dice Alan Greenspan, pinchar una burbuja es peor que dejar que siga su curso.

   Lo dice descarnadamente Caruana en su discurso.

  "Lo que parece fantásticamente armonioso en el camino hacia arriba [eurforia] gracias al efecto favorecedor del  boom basado en el crédito, se convierte en cacofonía y en fragmentación en el camino hacia abajo".

   Lo que le parecía fantásticamente armonioso en la formación del boom quedó como legado para su sucesor Fernández Ordoñez a quien también le pareció fantásticamente armonioso...

  

   

    

 

 

Se busca fiscal general del Estado

Por: Ernesto Ekaizer | 14 nov 2014

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  El Gobierno nombró a Eduardo Torres-Dulce y aunque no puede remover, estatutariamente, a un fiscal general del Estado si éste le ha dejado de gustar, por así decir, Torres-Dulce no pondrá obstáculo alguno en el caso de que Mariano Rajoy le haga ver que desea a otra persona en su lugar.

  Y La Moncloa y el Ministerio de Justicia no están a gusto con Torres-Dulce.

  Ya en junio pasado, al quedar vacante la plaza del magistrado Enrique López en el Tribunal Constitucional, Torres-Dulce hizo gestiones discretas para postularse. Fuentes fidedignas señalan que no contó con el respaldo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La plaza fue ocupada por Antonio Narváez, entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, una persona de la máxima confianza de Torres-Dulce.

  Este interés de Torres-Dulce mostró a un fiscal general del Estado descontento con el puesto.

  Aparte de otros desencuentros, que haberlos haylos, lo que podría llamarse la crisis de la respuesta a la segunda consulta en Cataluña ha situado a Torres-Dulce en la rampa de salida.

  En esa crisis hay que destacar dos momentos.

  El primero es la tarde-noche de marras, el domingo 9.

  La afirmación de Artur Mas (Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo y mi gobierno) exigía, según fuentes del Gobierno y del PP, una respuesta del fiscal general del Estado el mismo día. 

  Torres-Dulce acudió al cine el domingo 9. Y cuando se estableció contacto con él, explicó que las cosas se debían hacer con templanza.

  El ministro de Justicia, Rafael Catalá, improvisó, micrófono atado con celo mediante, una comparecencia al concluir la consulta, el domingo 9.

  El segundo punto ha sido la querella contra Artur Mas.

 La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, anunció en televisión, el martes 11 de noviembre, que ya estaba lista una querella para ser presentada de manera inminente por varios delitos, que enumeró. Y aclaró que la misma tenía "bases jurídicas muy sólidas".

  Estaba bien informada sobre los planes.

 Pero el fiscal general del Estado se ha sentido ultrajado por la desmesurada intervención política del partido en el Gobierno.

 Rajoy intentó templar gaitas en su comparecencia forzada, antes de viajar a Australia.

 Acto seguido, para gesticular un poco, Torres-Dulce convocó al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada y a su número dos, Francisco Bañeres, al despacho de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny para hablar de la querella. 

  Pero después de las deliberaciones confió la querella, a través de una nota insignificante, a la fiscalía del TSJC.

  La idea de que un asunto de Estado como la consulta catalana se deje en manos de la fiscalía del TSJC revela la distancia que ha asumido Torres-Dulce.

  Porque una cosa es que la querella se presente en el TSJC pero otra que la respuesta jurídica a una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional sea "exportada" íntegramente a Cataluña.

  La querella, por otra parte, ha perdido fuelle a medida que han pasado los días.

  De hecho, la Fiscalía General del Estado se ha difuminado en este asunto.

  Da la impresión de que entre todos, la Fiscalía General del Estado y la fiscalía del TSJC, la mataron, y ella sola se murió...

 Pero, atención, no se debe dar por hecho que la querella, sobre todo por desobediencia, ha sido abandonada...  

 El PP la exige.

 En resumen: el Gobierno quiere otro fiscal general y Torres-Dulce estaría encantado de dejar su puesto. Lo que se está urdiendo es un relevo compartido. Ordenado.

  Sería, dicho relevo, la admisión de que las cosas no se han hecho bien, un guiño de complicidad del Gobierno con el PP, que el partido echa en falta. 

  Y aunque el tema que envuelve, o precipitaría, la salida de Torres-Dulce es la crisis catalana, hay otras conductas que irritan al PP.

 Por ejemplo: cuando el fiscal general del Estado explica que la investigación abierta el Tribunal Supremo sobre la participación de  Manuel Chaves y José Antonio Griñan en el escándalo de corrupción de los ERE de Andalucía no supone, de momento, que estén "imputados".

  El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido al PSOE que se actúe ya mismo provocando la renuncia de los aforados cuya conducta comenzará a ser investigada. Moreno estima que el Supremo ha dado un "paso casi definitivo" para sentarles en el banquillo.

  Bien.

  Para dar salida a Torres-Dulce hay que dar con la persona indicada.

  Ha habido contactos con el magistrado Fernando Grande-Marlaska, presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP.

  Pero, según fuentes consultadas, a estas alturas la idea de Grande-Marlaska podría haber ha sido aparcada.

  El Ministerio de Justicia y La Moncloa sondean a otras personas.

 Según el Estatuto vigente, el mandato para el fiscal general del Estado es de cuatro años. Pero si se produce la vacante, aquella persona que ocupe la plaza por un periodo menor a dos años podrá optar a un mandato completo de cuatro años.

  En otros términos, la persona que sustituya a Torres-Dulce, si el Gobierno así lo quiere, podría contar con que, si el PP gana las próximas elecciones, sería elegida por cuatro años completos.

  Habrá que esperar, pues, al regreso de Rajoy de Australia.

 El nombramiento de fiscal general del Estado se hace a propuesta del presidente del Gobierno. Primero,   el Gobierno solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un dictamen sobre la idoneidad de la persona escogida.

  Con dicho dictamen, el candidato comparece ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados. Y después de esta comparecencia, el consejo de ministros aprueba el nombramiento.

     

   

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

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El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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