Espe... y la `doctrina Guindos´

Por: Ernesto Ekaizer | 18 sep 2014

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"Se trata de una infracción en la que el bien jurídico que se intenta proteger con su tipificación penal es, más que el tradicional principio de autoridad, la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda sociedad organizada tiene de proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y seguridad públicas".

   

    El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección sexta, del 5 de septiembre pasado, ha estimado parcialmente la apelación por la cual la acusación popular pedía al juzgado de instrucción número 14 de Madrid instruir los hechos de tráfico acaecidos en la Gran Vía madrileña el jueves 3 de abril de 2014 no como falta (decisión del juez) sino como un delito de desobediencia.

  El auto continúa: "Los hechos así denunciados...vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz, decidida y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a los agentes de movilidad y a los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los mencionados agentes en el ejercicio de sus funciones por la que no puede descartarse que la la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como calificar provisionalmente dicha conducta como desobediencia del artículo 556 del CP excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta del artículo 634. Debe incluso señalarse a mayor abundamiento que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por las agentes de la autoridad".

   Descartado así el delito de faltas, los hechos constitutivos de un presunto delito de desobediencia contra los agentes de la autoridad, explica el auto, debe tramitarse por otro procedimiento. El llamado procedimiento abreviado.

  El auto, por tanto, insta al juzgado de instrucción número 14 de Madrid  a abrir diligencias previas en el marco del procedimiento por un presunto delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal.

  Acto seguido, el titular del juzgado de instrucción número 14 ha incoado diligencias previas y ha llamado a declarar, tal como pedía la acusación popular de Transparencia y Justicia, a Esperanza Aguirre para hoy, lunes 22 de septiembre; los agentes de movilidad y policías municipales lo harán el día 30. 

   Después de estas diligencias, el juez tendrá que dictar el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, la última resolución que puede ser recurrida.

  Previsiblemente, tal como se ha comportado hasta ahora, la Fiscalía de Madrid, que quizá por la relevancia de la personalidad imputada, está representada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pedirá la apertura de juicio oral; sí lo hará la acusación popular.

   Y en tal caso, el juez tendrá que hacer lo que le pidan.

  La Audiencia Provincial, al dictar el auto ya citado por el que ordena la apertura de las diligencias previas para investigar el delito de desobediencia grave ha legitimado, en función de la llamada doctrina Atutxa, a dicha acusación popular, si así lo considera, para lograr la apertura de jucio oral.

   ¿Adónde nos lleva todo esto?

   A lo que podemos llamar la doctrina Guindos.

   No. No es ninguna sentencia del Tribunal Supremo, como las dictadas y conocidas como la doctrina Botín que excluye en ciertos delitos la capacidad de la acusación popular para lograr la apertura de juicio oral en exclusiva, cuando la Fiscalía o la Abogacía del Estado no lo hace, o la doctrina Atutxa, a través de la cual la ponencia del magistrado Manuel Marchena, aspirante ahora a presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo, corrigió la doctrina Botín meses después de ser dictada y restituyó para delitos de interés público, donde no está presente la acusación particular (directamente perjudicado), la facultad de la acusación popular en solitario para instar la apertura de juicio oral.

  Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, impuso una doctrina, aquella que llamamos doctrina Guindos, según la cual si un político/alto cargo es imputado por un juez y se confirma su imputación por los tribunales, en este caso, por delitos de presuntas actividades delictivas de corrupción, debe renunciar a la posición que ocupa.

  Esta fue la doctrina aplicada a Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tras ser confirmada su imputación por la juez Mercedes Alaya en la Audiencia de Sevilla por el escándalo de los ERE de Andalucía.

   Las normas del staff del mencionado banco prevén que en un caso análogo al de Álvarez la persona en cuestión, una vez acusada (situación diferente a la de imputada), podía ser suspendida en sus funciones a la espera del veredicto final en juicio.

    Pero De Guindos quería disponer de la silla de Magdalena Álvarez. Y se saltó esta norma.

    Por otra parte, sin llegar a la doctrina Guindos, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, Aguirre arrancó la dimisión de su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, nada más abrirse la investigación en el caso Gürtel, el 6 de febrero de 2009. Cuatro días más tarde, el día 10, López Viejo (no fue el único) presentaba su renuncia.

    Se dirá: ¿que tiene que ver el presunto caso de desobediencia grave de Esperanza Aguirre con un caso de corrupción?

   Ciertamente, no es lo mismo.

   Pero, tal como señala el auto de la Audiencia Provincial, precisamente cuando legitima a la acusación popular para apelar la resolución del juzgado número 14, que pretendía hacer un juicio de faltas, no vale que se intente presentar los "hechos objeto de la presente causa como dentro de la esfera de la vida privada de la Sra. Aguirre".

  Porque el tema de la desobediencia es un tema de interés de la sociedad.

   Vale la pena, ahora, insistir en el párrafo.

  "Se trata de una infracción en la que el bien jurídico que se intenta proteger con su tipificación penal es, más que el tradicional principio de autoridad, la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda sociedad organizada tiene de proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y seguridad públicas".

  Esperanza Aguirre está, pues, imputada.

  En la actualidad, es presidenta del PP de Madrid e integra la Junta Directiva Nacional del PP. Si se aplica lo que Guindos ha hecho en el caso de Magdalena Álvarez, Aguirre debía renunciar a sus puestos.

  Pero la campaña de Luis de Guindos contra Magdalena Álvarez obedecía a necesidades partidistas.

 De verdad, el momento de plantearse una dimisión debería ser el de la apertura de juicio oral, es decir, cuando un juez sienta en el banquillo a una persona y esta pasa de situación de imputada a acusada. ¿Acaso no es el momento en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspende a un magistrado acusado de cometer un delito durante el ejercicio de su actividad jurisdiccional?

  Por tanto, sería el momento procesal oportuno: si se dicta el auto de apertura de juicio oral, el momento que Guindos no quiso esperar en el caso de Álvarez.

 Y esto, cabe contemplarlo como posibilidad, podría ocurrir en poco tiempo.    

   ¿Le pasará todo esto por la cabeza a Esperanza Aguirre?

 

 

Nota Bene: Hemos tomado la campaña de Luis de Guindos contra Magdalena Álvarez, entre octubre de 2013 y julio de 2014, por su valor facial, es decir, por aquello que insinuó y declaró a los medios de comunicación. Pero, sabedor de que la negativa de Álvarez a dimitir llevaba a un enfrentamiento dentro de la entidad, que le hubiera obligado finalmente a él mismo a proponer su despido ante la junta de gobernadores del banco, confió a sus enviados a las reuniones del consejo del BEI la misión de arrancar su dimisión por otros medios. Usaron un argumento diferente a la imputación. ¿Cuál? El de una carta publicada por EL PAÍS en la que el Ministerio de Economía solicitaba al banco incluir en su reunión del consejo el tratamiento del "asunto", sin especificar, de Magdalena Álvarez. Los representantes de Guindos la acusaron de violar su deber de confidencialidad con la institución. El lector interesado puede ver la historia completa aquí. 

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/08/christine-magdalena.html

Ruz y las condiciones de Andorra

Por: Ernesto Ekaizer | 17 sep 2014

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   La salida de Jordi Pujol Ferrusola sin medidas cautelares de su declaración ante el juez Pablo Ruz, el pasado lunes 15 de septiembre, plantea un problema para el desenlace de la comisión rogatoria que se tramita en Andorra. la juez María Ángels Moreno Aguirre ha dado un mes el pasado 1 de septiembre para sustanciar si corresponde proceder al auxilio judicial que pide el juez Ruz. Este plazo, pues, vence dentro de catorce días, el próximo 1 de octubre.

   Durante este periodo, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, representada por el ex decano del Colegio de Abogados de Andorra, Joan Miquel Rastagneres, que ha recurrido la entrega de datos, puede presentar sus alegaciones. Al final del plazo, la juez adoptará su decisión.

   Pero en su resolución del pasado 1 de septiembre, la magistrada andorrana advertía que la información que pudiese entregar, proveniente de la Banca Privada de Andorra, "únicamente puede ser utilizada para la persecución del delito de blanqueo de capitales si estos provienen de conductas delicitivas de corrupción y tráfico de influencias".  En su auto añadía que los datos no pueden "servir de prueba para la persecución de delitos contra la hacienda pública o del blanqueo de dinero proveniente del fraude fiscal".

   El auto del juez Ruz, de 28 de julio pasado, en el que citaba a Jordi Pujol Ferrusola a declarar el lunes 15 de septiembre, decía que los "hechos investigados podían ser constitutivos, entre otros, de un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301 y siguientes del Código Penal". En otra parte de la resolución, el juez habla de "presuntos delitos contra la Hacienda pública de los artículos 305 y siguientes del Código Penal, sin perjuicio de ulterior calificación".

   Ambos delitos, pues, así planteados, no darían pie a usar la información que pudiera entregar la juez Moreno Aguirre. Habría que ver, claro cuál será la "ulterior calificación" que promete el juez Ruz.

  El juez solicitaba "toda la documentación e información que estuviera a disposición de la la Banca Privada de Andorra de cualesquiera productos bancarios y/o fondos de los que sean o hayan sido beneficiarios Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés y las mercantiles investigadas en este procedimiento", al tiempo que requería datos sobre las empresas investigadas: Project Marketing Cat; Iniciatives, Marketing i Inversions; Inter Rosario Port Services; Active Translation, Iberoamericana de Business and Marketing e Irigem 2012".

   Al recibir la comisión rogatoria, a primeros de agosto pasado, la magistrada solicitó, a mediados de dicho mes, información complementaria al juez Ruz. 

 Porque, según fuentes jurídicas, la primera petición era lo más parecido a lo que en la jerga anglosajona se llama una fishing expedition. Esto es, una expedición de pesca para reunir información a efectos de acusar a alguien. En este caso, de fundar las imutaciones.

  Las aclaraciones enviadas se basan en los informes de la la Policía Judicial,la UDEF, sobre ciertas operaciones que trascienden el delito fiscal y el blanqueo de capitales. 

  Así, las empresas que aparecen en el texto inicial de la comisión rogatoria se vinculan en la información complementaria con operaciones concretas cuya narración no aparece como tal en el auto del 28 de julio de 2013, aunque se mencionan al referir diligencias realizadas.

  Está claro que si el material probatorio realmente existente sobre las operaciones descritas fuera sólido o contundente, la fiscal Belén Suárez hubiese solicitado el pasado lunes 15 alguna medida cautelar tras la declaración de Pujol Ferrusola. Da la impresión que la fiscal no ha considerado suficiente los informes de la UDEF para pedir al juez medidas personales contra el imputado.

  Cuando en otro procedimiento por delitos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción solicitó esas medidas, el juez, como es habitual, las concedió. Ocurrió con el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en dos ocasiones. En febrero de 2013, la Fiscalía pidió prohibición de salida de España, la retirada de su pasaporte y su comparecencia en el juzgado cada quince días, todo ello por posible riesgo de fuga. Y el 27 de junio de 2013, la Fiscalía solicitó prisión incondicional para Bárcenas, lo que el juez dictó a continuación.

   En el caso Bárcenas la comisión rogatoria procedente de Suiza ya había confirmado para esas fechas que el extesorero del PP llegó a acumular en las cuentas de varios bancos helvéticos una fortuna de hasta 48 millones de euros. 

  ¿Esperan la fiscal Belén Suárez y el juez Pablo Ruz que la comisión rogatoria de Andorra aporte documentos e información que arroje luz sobre las operaciones presuntamente delictivas cuya investigación se halla en una fase muy embrionaria?

   Es posible. Bárcenas había declarado como senador en el Tribunal Supremo, más tarde lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego en la Audiencia Nacional, en 2012. Finalmente, en junio de 2013, Ruz, a petición de la Fiscalía, le envía a prisión. Veinte días después, el 15 de julio, ya en prisión, confiesa al prestar declaración ante Ruz, en la que asume la autoría de la contabilidad B manuscrita de su puño y letra, con los visados, hasta 2008, también de su predecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta.

   Una cosa es la transmisión de documentos e información y otra es su utilización. La juez María Ángels Moreno Aguirre ya ha puesto sus condiciones. Es lo que se llama la clásula de especialidad, vigente también en Suiza. Los datos no podrán ser utilizados, caso de ser entregados a España, contra Pujol Ferrusola por delito fiscal y asociado con éste por blanqueo de capitales. Porque no hay en este punto doble incriminación: pagar menos de lo que se debe (evasión) es delito en España pero no lo es en Andorra. 
 
   Solo si se demuestra que el fraude fiscal está asociado con corrupción (cobro de comisiones ilegales, cohecho y otros) esos documentos y datos podrían ser usados como pruebas contra Pujol Ferrusola. Para ello, la investigación, a la vista de lo que ha pasado durante la declaración del pasado lunes 15 de septiembre, debería progresar aceleradamente.
 
  Y en catorce días, según nuestras cuentas, la comisión rogatoria andorrana quedará vista para sentencia.

Descontando al Tribunal Constitucional

Por: Ernesto Ekaizer | 16 sep 2014

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    En realidad, esta es una carta abierta al Tribunal Constitucional, la institución que en las próximas jornadas está llamada a desempeñar un papel importante en el desenlace de la ley de Consultas de inminente aprobación por el Parlamento de Cataluña y, como consecuencia de ella, o bajo su amparo, el decreto de convocatoria del referéndum del 9/11 para ejercer el derecho a decidir sobre su independencia.

   A medida que se acercan las fechas decisivas se está produciendo lo que el profesor Francisco Rubio Llorente, ex miembro del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado, vaticinaba en octubre de 2012, hace ahora dos años.

  Una primera respuesta de sosiego de Rajoy, decía Paco Rubio, ha ido debilitándose, y "aunque no se ha caído todavía en la tentación de esgrimir la amenaza del artículo 155 de la Constitución, a la que tanta afición tienen algunos miembros de su Partido, dentro o fuera del Gobierno, se ha recordado enfáticamente que este tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir la celebración de un referéndum convocado por la Generalidad".

  Tiempo al tiempo. Y en eso estamos. Pero, no. No me refiero solamente a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que asiente ante una hábil pregunta periodística, a la aplicación del 155. No. Sobre todo, a algo que señala el profesor Rubio y sobre lo cual hablamos día sí, día no, como una realidad incontrovertible.

   En el asunto del recurso al Tribunal Constitucional para impedir la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014 se da como hecho que el Tribunal Constitucional va a ser el instrumento mecánico, casi a ciegas, del Gobierno, en fechas próximas. Un robot. Y de tanto repetirlo no hemos caído en la cuenta de que entre todos estamos convirtiendo a esta institución en un convidado de piedra.

   Cuanto más necesitamos de ella, por la incapacidad del Gobierno de Rajoy de hacer política, menos respeto le profesamos, descontando, una jerga muy de los mercados, lo que va a hacer.

   El capítulo II de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La sección 1 sobre conflictos positivos establece en el artículo 62:

    "Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el el artículo 161.2 de la Constitución, con los efectos correspondientes".

   El artículo 161.2 de la CE dice:  "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

    Ergo: en esto el TC actúa como un robot. Al recibir el recurso del Gobierno contra la ley catalana de consultas, que incluirá la petición de que se suspendan sus efectos (el decreto de convocatoria del referéndum) dicta una providencia y procede a suspender la realización del referéndum. Tendrá entonces cinco meses para dictar su resolución en un plazo no mayor de cinco meses.

    Es aquí donde el TC puede decir algunas cosas de interés.

    En octubre de 2012, lo decía el profesor Rubio: "Este recordatorio [al recurso del Gobierno ante el TC] tampoco ha sido oportuno. El único efecto evidente de recordar lo jurídicamente obvio es el daño, tan perjudicial, a la imagen del Tribunal, ya bastante dañada por el uso que de él se ha hecho en estos últimos años".

   Bien. Ahora, lo importante es lo que dice a continuación.

  "Pero además, y esto es lo peor, transmite la errónea idea de que, si no logra disuadirle para que la abandone, lo único que el Gobierno tiene que hacer en relación con la iniciativa del presidente Mas es impedir que la ponga en práctica".

 ¿Cuál ha sido el esfuerzo para disuadir al Gobierno catalán? Es difícil enumerar en un tema tan fundamental y desgarrador algún catálogo de esfuerzos de disuasión, más allá de alguna que otra reunión y exhortaciones de poca monta.

   Al recurso ante el TC llegará el Gobierno de Rajoy en los próximos días, sin pasos previos, donde la política haya desempeñado algún papel, ya no digamos estelar.

    Y esos pasos previos hubieran consistido, al ver que se mantenía la decisión de ir a un referéndum, en un esfuerzo por pactar una salida, una salida pendiente, más allá de lo que vaya a ocurrir el 9 de noviembre.

    "Si la iniciativa se mantiene, es deber del Gobierno contribuir a la búsqueda de vías que permitan llevarla a cabo de la manera menos traumática para todos; sin violar la Constitución, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si es necesario hacerlo", nos decía el profesor Rubio.

  Y extraía, en 2012, las consecuencias: "Si esa necesidad se presenta, será dentro de algunos años, y sólo en la medida exigida por el acuerdo que se alcance sobre el modo de satisfacer las aspiraciones catalanas. Lo urgente, lo inaplazable, es verificar la solidez y el contenido de esas aspiraciones y para esto no hay otro camino que el del referéndum".

  No hay otro camino que este tipo de  referéndum de que habla Rubio. 

  ¿Qué tipo de referéndum?

   Un referéndum de carácter consultivo.

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    A comienzos de 2013, el profesor Rubio entraba a las technicalities, por así decir, los aspectos técnicos.

  "En el referéndum, una modalidad de esta institución que pocas Constituciones incluyen, pero que es la prevista en el artículo 92 de la nuestra, no se pide al pueblo que tome decisión alguna, sino que opine sobre la decisión que en su momento habrán de tomar los órganos competentes, para ilustración de estos. Pero sea cual sea el motivo que ha llevado a utilizarlo, un referéndum de este género no entraña decisión alguna ni determina el sentido de la decisión a tomar y ni siquiera fuerza a tomarla; es simplemente un medio para conocer el estado de la opinión sobre las distintas decisiones posibles y su principal utilidad radica por eso en la necesidad de someterlas a debate público y ponderar el apoyo a las distintas opciones. Un debate totalmente libre, puesto que está rodeado de todas las garantías propias de las consultas electorales, pero al mismo tiempo depurado de las otras muchas cuestiones que los ciudadanos han de tomar en consideración a la hora de elegir a sus representantes".

     Rubio invoca el imperio de la lógica para explicar que no parece de sentido común que para verificar si la sociedad catalana quiere o no la independencia "haya que preguntárselo a los españoles". En todo caso, después de esclarecer dicho punto, sería menester consultar a todos los españoles, incluyendo a los catalanes. 

   Las afirmaciones y previsiones del profesor Rubio son, en realidad, una sugerente introducción a la tarea que los miembros del Tribunal Constitucional deberían tener por delante.

   La operación señalada de "descontar" lo que hará el TC borra el hecho de que no hace mucho, en el mes de marzo pasado, este Tribunal Constitucional, emergente de su undécima renovación,  dictó una sentencia por unanimidad, que merece ser traída a cuenta, sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Una sentencia que también había sido, erróneamente, "descontada".

   Es cierto que el TC consideró ilegal la declaración soberanista, pero no lo es menos que abrió el camino a una intepretación del llamado derecho a decidir con argumentos emparentados, metodológicamente hablando, con algunas afirmaciones del profesor Rubio.

   "La Constitución", dice la sentencia de 28 de marzo de 2014 "no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución".

  Bien.

 Y a continuación señalaba: "Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional. A este Tribunal incumbe únicamente, a iniciativa de las partes legitimadas para recabar su intervención, velar porque los procedimientos que se desarrollen en el curso de este diálogo se ajusten a los requisitos exigidos por la Constitución" 

   Es más: "Ahora bien, la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, “un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”. 

 Y sobre el surgimiento de "concepciones" que pretendan modificar, se dice pronto, el "fundamento mismo del orden constitucional", la sentencia señala: "Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional...El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable".

    El Tribunal advertía de que no se trataba precisamente de un camino de rosas.

  "La apertura de un proceso de tales características no está predeterminada en cuanto al resultado. Ahora bien, el deber de lealtad constitucional, que como este Tribunal ha señalado se traduce en un “deber de auxilio recíproco”, de “recíproco apoyo y mutua lealtad”, “concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad a la Constitución” por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla". 

  Por tanto, concluía la sentencia, "las referencias al “derecho a decidir” contenidas en la resolución impugnada, de acuerdo con una interpretación constitucional conforme con los principios que acaban de ser examinados, no contradicen los enunciados constitucionales, y que aquellas, en su conjunto, con las salvedades que se han hecho a lo largo de esta Sentencia, expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución". 

   Todas las tareas, por llamarlas de alguna manera, conferidas por el TC a la política en general y a la parlamentaria en particular, han brillado por su ausencia. El Gobierno, pues, se limitará a hacer lo que ya sabemos: impedir el referéndum a través de la suspensión que pedirá al alto tribunal.

   Por eso, el TC, que ya abrió un camino político-constitucional con su sentencia del 28 de marzo de 2014, no debería aceptar el papel que se pretende asignarle, el de convidado de piedra.

   Recapitulemos: Señores magistrados, ya habéis demostrado en vuestro veredicto sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán que no se os escapa la naturaleza político-constitucional del problema planteado.

  La gestión del referéndum y del soberanismo no puede consistir o estar limitada a confiar la respuesta a un supuesto departamento de política criminal y seguridad, esto es, al Ministerio del Interior, por un lado, y al TC para impedirla, según dispone la Constitución.

  No es la conducta de un robot la que esperan los ciudadanos del Tribunal Constitucional después de la suspensión casi automático-administrativa inmediata, por providencia, vaya; no es ese comportamiento lo que necesitan los políticos.

  El camino de recuperación de la credibilidad del TC ha conocido un pequeño paso adelante con la sentencia del mes de marzo de 2014. Ahora se presenta una nueva oportunidad.

 

 

"Yo la exclusiva se la doy a usted"

Por: Ernesto Ekaizer | 15 sep 2014

                                                           

 

    Jordi Pujol Ferrusola prestó declaración en calidad de imputado durante cinco horas en la Audiencia Nacional. Cuatro horas fueron para las preguntas del juez Pablo Ruz; y una hora, repartida entre Belén Suárez, teniente fiscal Anticorrupción, Cristobal Martell, abogado del imputado y Albert Carrillo, letrado de su ex esposa, Mercè Gironés.  

   Hace siete meses, el juez Ruz tomó declaración a María Victoria Álvarez, la examante de Joirdi Pujol Ferrusola.

   Hoy, en cierto momento, el juez, según fuentes presentes, preguntó:

  -¿Qué opina de María Victoria Álvarez? ¿Por qué ha dicho las cosas que están recogidas en su declaración?

   -Yo señoría, la exclusiva se la voy a dar a usted.

   Esto lo dijo, según fuentes consultadas, sin sonrisa alguna. Una referencia a la presencia de María Victoria Álvarez en los medios de comunicación.

  Jordi Pujol Jr., a continuación, limitó la relación a haber "salido 22 meses" y explicó que efectuar tal o cual viaje no es igual a mantener una "intimidad personal". 

  La teniente fiscal Belén Suárez, la número dos de la Fiscalía Anticorrupción, le hizo dos preguntas relacionadas con tráfico de divisas, una transferencia de 112.000 euros de las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y la inversión de 7 millones de euros.

   El imputado explicó que se trataba de una transferencia bancaria del Banco Bilbao Vizcaya basada en un producto financiero (preferentes), que permitía la optimización fiscal Aclaró, ante preguntas de su letrado Martell que estaba declarado a la hacienda española y que la renta también se había declarado. 

   La segunda pregunta estaba referida a tráfico de divisas. Pujol Jr. explicó que la imputación de que posee 32 millones de euros en el extranjero, según el auto del juez del pasado mes de julio, debe entenderse como una inversión de 7 millones de euros que van del BBVA de España a  Credit Suisse Luxemburgo y vuelven al BBVA en España, una inversión en productos de la banca. El dinero, aclaró, está declarado en España y tributa en las arcas de Hacienda.

   Fuentes consultadas subrayaron que la defensa de Pujol Jr. ha precisado, después del puntilloso interrogatorio del juez, que los negocios de las empresas del hijo mayor del expresident Jordi Pujol con administraciones públicas de Cataluña se realizaron durante la época del gobierno tripartito (Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña-Los Verdes) y con ayuntamientos gobernados por el PSC.

   Pujol Jr. ha insistido a lo largo de las cuatro horas de respuestas al juez en que todo lo que ha obtenido en el exterior había sido declarado. Analizó operación por operación, factura por factura, a requerimiento del juez, según obtuviera beneficios o pérdidas.

   La colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola fue objeto de algunos pocos segundos en la declaración. Pujol Jr. explicó que compraba coches antiguos y empleaba varios años en restaurarlos.

 Cristobal Martell salió satifecho de esta declaración. No solo porque nadie pidió la adopción de medidas cautelares. Porque si se verifican todos los datos e informaciones, afirma, creo que "vamos a ganar el caso".

  Denuncia Penal en Andorra

   Mientras, ha trascendido que se ha admitido a trámite la denuncia penal, presentada por los letrados de la familia Pujol, sobre violación del secreto bancario y profesional al filtrarse los datos de las cuentas y movimientos de 3,4 millones de euros de Marta Ferrusola y sus cuatro hijos en la Banca Privada de Andorra, el pasado 7 de julio. 

   El juzgado encargado de la instrucción ha citado a prestar declaración a los denunciantes, la familia Pujol, y a ejecutivos del banco.

  La defensa del expresident Pujol intenta invalidar la comisión rogatoria enviada por el juez Ruz, argumentando que está contaminada ya que fue cursada, a finales de julio pasado, con posterioridad a la filtración de los citados datos.

 La comisión rogatoria se tramita en un periodo de treinta días, plazo que vence el próximo 1 de octuibre. La defensa de Jordi Pujol Jr. se ha opuesto a la entrega de datos y podrá exponer sus argumentos. La juez Ángels Moreno Aguirre ha puesto un límite a la utilización de la información, que solo podrá usarse para delitos de corrupción que excedan el delito fiscal (evasión) por no ser éste último penalmente castigado en el Principado.

Gallardón y el aborto en su laberinto

Por: Ernesto Ekaizer | 15 sep 2014

               

 

    Hace ya dos semanas, un dirigente del Partido Popular contestó así a la pregunta de qué pasa con el proyecto de reforma de la ley de aborto: "La clave la tienes en la nueva propuesta sobre los aforados". Y punto.

    Pensé: ¿donde está la relación? 

   Que Alberto Ruiz-Gallardón intente recauchutar con la historieta de los aforados el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se entiende...

    ¡Eureka!

    La campaña de los aforados precisamente montada para la rentrée tenía al parecer otro objetivo más ambicioso: preparar anticipadamente el terreno para el abandono del proyecto de reforma de la ley del aborto.

  Hay un Gobierno de Rajoy y un Partido Popular antes de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. Y un Gobierno de Rajoy y un Partido Popular después del 25-M. José María Aznar, que estimó que el que avisa no es traidor, ya lo dijo: estas elecciones marcan tendencia.

   Que iba en serio sobre su vaticinio lo ha confirmado su esposa, Ana Botella, al tirar la toalla ante las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid de mayo de 2015.

  No fue elegida alcaldesa por el voto popular. Y en su doble sentido. Ni por los ciudadanos ya que no se sometió a elecciones. Ni por el PP porque su ascenso a la alcaldía de Madrid fue resultado del contubernio personal entre Gallardón y Aznar.

   Y de esta fase del PP post 25-M parece formar parte la decisión sobre el aborto, adelantada  por el diputado Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario popular, el pasado 6 de septiembre, cuando anticipó lo que podía ocurrir en el programa La Sexta Noche.

   Sus palabras eran medidas pero muy explícitas.

   "Al final", dijo, "si no hay un texto que pueda ser consensuado con el conjunto del Partido Popular y también con el conjunto de las formaciones políticas pues seguramente el Gobiernos se planteará si sacarla adelante".

   "Al final". Suena algo así como "al final de la escapada".

   Hernando estaba hablando del final de la reforma Gallardón del aborto. Porque no hay consenso en "conjunto del PP". Ni con las otras "formaciones políticas".

   El sábado 13, el periódico El Mundo daba la noticia de que la retirada estaba decidida.

   Por tanto, la campaña de los aforados orquestada por Gallardón no era, aunque también, un intento de salvar su otra gran reforma de la legislatura, el proyecto de reforma de la LOPJ, sino una huída hacia adelante en relación con el proyecto de reforma de la ley del aborto.

  Es decir: después de intentar ganarse al sector más duro y recalcitrante de su partido, aquel que siempre ha recelado de los gestos calculadamente centristas de Gallardón, el ministro hacía un movimiento pendular para dar respuesta, según dicen sus íntimos, a la percepción de los ciudadanos sobre los privilegios de la clase política, corporizados en el éxito de la formación política Podemos.

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  Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

    Pero, ¿por qué tenía, también, que salvar su proyecto de reforma de LOPJ?

    Porque la realidad ha tumbado aspectos centrales del mismo.

   Con titulares a cuatro columnas, Gallardón presentó la pasada primavera su proyecto. El aspecto clave era territorial: se suprimían los partidos judiciales para imponer una concentración de toda la justicia en las capitales de provincia. 

   Bien.

   El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, torpedeó, con éxito, este aspecto central de la reforma Gallardón.

    Por orden de relevancia, Gallardón presentó la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo como la otra pata revolucionaria de su sistema. El Supremo debía, según el plan imaginado, dividir en dos las sentencias y resoluciones judiciales. Una debía ser entrecomillada trimestralmente. La otra, residual, quedaba de hecho devaluada. Todas las salas del Tribunal Supremo, junto con la Sala de Gobierno, se opusieron. Presentaron muchos argumentos, todos ellos dirigidos a demostrar que la reforma era simplemente absurda, irrealizable y contraproducente.

    Esta segunda pata revolucionaria ha sido abandonada.

   Gallardón, en el tema de los aforados en realidad desvía la percepción negativa de los ciudadanos sobre los políticos hacia jueces y magistrados.

  ¿Por qué? Porque el fuero de los políticos (parlamentarios, cargos de comunidades autónomas) está consagrado por la Constitución y los Estatutos. Esto no va a sufrir modificación.   

  La valoración sobre si los jueces y magistrados pueden haber cometido delito al dictar sus resoluciones la hacen tribunales superiores.

  Bien.

  Pero hay que recordar que en España carecemos de un modelo donde impera un monopolio de la acción penal. Está el fiscal. Pero tenemos la acusación particular y la acusación popular. En otros países, la acusación particular actúa como coadyuvante del Fiscal (caso de Francia). Y la acusación popular no existe. En la mayor parte de los casos, las denuncias las estudia el Fiscal y decide presentar aquellos casos que estima fundados.

  Por tanto, si los tribunales superiores no se encargasen de examinar las denuncias y querellas contra jueces y magistrados, la independencia judicial estaría sujeta a pulsos cotidianos. 

  Gallardón, al presentar su campaña, no ha aclarado si se trata de quitar el sistema vigente para estudiar las querellas y denuncias contra jueces y magistrados en el ejercicio de su función o si se trata de limitar dicho sistema a los temas de carácter privado.

  María Dolores de Cospedal es secretaria general del PP y también abogada del Estado. Le faltó tiempo, tras conocer la noticia de Gallardón sobre los aforados, para echar agua al vino. Todo quedará igual, dijo, excepto lo que se refiere a los actos de carácter privado de jueces y magistrados. Una clara enmienda al titular de Justicia.

  Si el ministro pretende anular el sistema de enjuiciamiento de las querellas y denuncias de jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, existe en sectores jurídicos y judiciales la convicción de que es un proyecto irrealizable. Porque, como apuntamos, vivimos en un país en el que el justiciable puede querellarse contra los jueces que no le dan la razón. Y según la campaña de Gallardón los jueces de tribunales superiores deberían responder penalmente ante jueces inferiores. Serían éstos los encargados de estudiar si han prevaricado y revisarían las sentencias.

   Todo esto es perverso. Porque se utiliza la "percepción" de los ciudadanos sobre los privilegios de los políticos para ir a un sistema donde los jueces tendrán todavía más temor que en la actualidad a la hora de actuar contra personas poderosas, a la hora, por ejemplo, de dictar un auto de prisión o adoptar otras medidas cautelares. Porque cuando suceda, estas personas, a través de sus letrados, les denunciarán ante sus compañeros. 

   O, ¿es que los magistrados del Supremo  acaso ignoran que todas las semanas hay denuncias ante la sala del 61 por delitos de prevaricación, presentadas por querellantes que no aceptan las resoluciones? Entonces, según la propuesta de Gallardón, tal cual la ha anunciado, será un juzgado ordinario el encargado de decidir si las decisiones del Tribunal Supremo revisten los carácteres del delito de prevaricación.

   Parece que frente a las objeciones que apuntamos, Gallardón y uno de los inspiradores de sus reformas judiciales, el secretario de Estado, Fernando Román, han encontrado la solución: resucitar el antejuicio.

  ¡Vade retro!

  La LOPJ establecía la necesidad de acudir a un procedimiento especial — denominado antejuicio— para poder exigir a los jueces y magistrados una responsabilidad penal originada por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La reforma de 1985 eliminó el antejuicio.

  Ahora, fuentes jurídicas señalan que Gallardón ha recibido de sus asesores el consejo de restituir el antejuicio para "equilibrar" el cambio del sistema de instrucción de las causas contra jueces y magistrados.

   Ello supondría que antes de pasar a la jurisdicción ordinaria, se examinaría en los tribunales superiores, TSJ y Supremo, las denuncias y querellas. Aquellas consideradas sólidas serían derivadas a los tribunales ordinarios.

   ¿No piensan los promotores por un momento que una instrucción preliminar en el TSJ o en el Supremo, caso de ser enviada para su investigación en los tribunales ordinarios, constituiría per se una condena preliminar?

   Con todo, esta improvisación perversa no se detiene en temas antiguos de la justicia. Acabamos de reformar el CGPJ, hemos dividido las funciones entre la comisión permanente del CGPJ y los restantes miembros. La idea es que la comisión permanente de seis miembros (cinco vocales más el presidente) iba a funcionar de maravilla. Además, los vocales del consejo podrían con todo el trabajo del CGPJ y su propia actividad jurisdiccional. 

   Pues no. Hace apenas nueve meses que ha entrado en vigor la modificación de los órganos. Y la comisión permanente necesita ser ampliada. ¡Toma ya! ¡Y las funciones que ejercen los vocales también deben ser reconsideradas!

   Porque no dan abasto.

  A menos que el objetivo sea vaciar de contenido la actividad del CGPJ.

  Bien.

  A todo esto, varios días después de  que el protavoz adjunto del grupo parlamentario popular advierte sobre la posibilidad de no seguir adelante con la reforma del aborto, y de que un periódico, según hemos apuntado, da por adoptada la decisión de retirar dicha de reforma, el PP no dice ni mu. Bueno, sí. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo en la Santa Sede de que no ha habido ningún cambio en la posición del Gobierno...Y acaba de decir que el Gobierno sigue trabajando para lograr el consenso que requiere dicha ley. A buenas horas, mangas verdes.

  No hay cambio...hasta que dicho cambio se comunique.

 La reforma Gallardón del aborto, que ha movilizado a media Europa en su contra, parece extinguirse. Se esfuma haciendo mutis por el foro.

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
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El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

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La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

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El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

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He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

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Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

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