40 Aniversario

Carta abierta al director general de la Policía

Por: Ernesto Ekaizer | 23 may 2016


                                      

 

      Señor Ignacio Cosidó, Director General de la Policía,

      Me dirijo a usted después de ver y escuchar el video de la declaración del comisario principal Enrique Rodríguez Ulla (que se puede seguir en la entrada de esta página) ante la titular del juzgado 32 de Madrid en relación con la investigación del ático de la urbanización La Alhambra Golf, alquilado primero, en 2008, y comprado más tarde, en 2012, por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La juez de Madrid actúa en esta comparecencia como juez auxiliar del juzgado de instrucción número 5 de Esetepona (Málaga), donde está situado el inmueble en cuestión.

   El comisario Rodríguez Ulla declaró, pues, el pasado 3 de marzo, en calidad de testigo.

    Antes de entrar en materia, me permitirá usted un pequeño prólogo.

  ¿Por qué me decido a escribirle esta carta abierta ahora, casi dos meses y medio después de la declaración?

  Las partes personadas en la causa tuvieron inmediatamente el texto entregado por el juzgado. Y los medios de comunicación reflejaron su contenido.

   La declaración recoge sucintamente, según queda constancia en el acta, lo manifestado, habida cuenta de que se había procedido a la video-grabación para enviarla a Estepona desde Madrid.

   Al final del acta, antes de estampar su firma, "el testigo....estima [que el resumen] es una reproducción telegráfica de su declaración".

    A continuación, el testigo encomienda subrayar en el texto estas palabras finales:

   "E interesa que por el juzgado en que se sigue la causa para una adecuada comprensión de su declaración se proceda a una transcripción literal de su declaración".

   Esta transcripción literal no se ha realizado. Se supone que al obrar el video en la causa, el juzgado no ha considerado necesario proceder a la misma.

   Por tanto, ver el video era imprescindible.

   Finalmente, el juzgado número 5 de Estepona ha dado traslado del video a las partes personadas recientemente, el jueves 12 de mayo. He tenido, por mi parte, acceso al citado video inmediatamente.

   Pero del mismo se desprendían una serie de afirmaciones y hechos aparentes que requerían una labor de comprobación. Una vez hecho el trabajo en el curso de los últimos diez días, establecidas las circunstancias, procedo a escribirle. 

   Veamos el contexto previo a la entrada en escena del comisario principal Rodríguez Ulla, en calidad de comisario general de Policía Judicial, en la historia del ático.

    En la segunda mitad de marzo de 2012, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que, como su nombre indica es un sindicato, una organización gremial de personal policial, se interesa a raíz de una información periodística y de rumores sobre posibles sanciones a policías, por conocer la situación del ático de Estepona.

   El 10 de abril de 2012, en los pasillos del Senado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declara que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid había sido investigado de manera "irregular" en agosto de 2011 sin indicios algunos de delito. Subraya que se hizo bajo responsabilidad del ministerio del Interior anterior, durante el gobierno del PSOE, y que se está indagando para exigir responsabilidades. 

    El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, se reúne con el comisario  provincial de Málaga, Francisco Arrebola, quien le informa que sabe por comentarios llegados desde Madrid que se ha abierto una información reservada y que los policías involucrados podrían sufrir alguna sanción.

    El SUP decide intervenir más activamente. Elabora una denuncia con los datos de que dispone sobre la presunta compra irregular del ático.

   En paralelo, el 18 de abril, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía abre expediente al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y le releva de su puesto. El ático comienza a pasar factura.

   El 24 de abril de 2012, el SUP envía su denuncia con los indicios disponibles a la Fiscalía Anticorrupción. El 10 de mayo, la Fiscalía responde por carta. Los indicios no son suficientes para abril una investigación penal, pero sí policial. Aconseja al SUP continuar sus indagaciones. 

      Pero un sindicato no es una agencia de investigación. El SUP está decidido a seguir con su prédica. El 7 de junio de 2012, dirige su denuncia, junto con el escrito de respuesta de la Fiscalía Anticorrupción, a la Comisaría General de Policía Judicial, a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a la Agencia Tributaria, al presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Congreso y de Andalucía.

      Y llegamos al momento en el que entra en escena Rodríguez Ulla.

    Como comisario principal a cargo de la Policía judicial no es el único que recibe la denuncia del SUP junto con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Por debajo suyo, el jefe de la UDEF, el comisario principal José Luis Olivera Serrano, también la ha recibido.

    Rodríguez Ulla convoca una reunión de la llamada "mesa operativa" para examinar los documentos. En la misma están presentes el jefe de la UDEF, Olivera, el responsable de la Brigada de Blanqueo, el comisario José Luis Fernández Udiña, el jefe de la sección, y otros dos mandos policiales, presididos por Rodríguez Ulla. Según el relato de este en el juzgado, se confiere la  investigación, tras analizar los documentos, a la UDEF y se resuelve informar a la Fiscalía Anticorrupción. También se decide proponer a dicha fiscalía la apertura de una investigación formal, paralela a la indagación discreta de la policía que se acaba de iniciar. El jefe de la UDEF, Olivera, pide por escrito a Rodríguez Ulla que declare secretas las actuaciones, cosa a la que su superior accede. No consta, empero, que la Fiscalía abra diligencias.

    Aquí, Rodríguez Ulla explica a la juez "dos comportamientos extraños" del entonces jefe de la UDEF.

   "Y digo que me cabe de calificar de comportamiento extraño porque en contacto con el jefe de la UDEF, el señor Olivera en ningún momento me manifestó que hubiera recibido la UDEF ningún tipo de documento. Y sn embargo el jefe de la UDEF uno o dos días antes de recibir la documentación en la comisaría y registrada en la comisaría general sí me dijo: "Jefe, ¿no has recibido del SUP unas notas con una especie de denuncia?". Le dije que no. No sé si es que se había recibido o él no hizo aflorar ese documento", declara Rodríguez Ulla.

   La segunda cosa extraña, a la vista del entonces comisario general, sucede días más tarde.

   "Este señor, el comisario principal, el día 22 de junio de 2012, viernes, me anuncia precipitadamente, porque no estaba previsto, que se iba de vacaciones con su esposa o pareja a Nueva York. Y el lunes siguiente, 25, me viene a ver el jefe de la Brigada de Blanqueo, Fernández Udiña, y me dice: "¿Sabías que Olivera había dejado encargado a dos funcionarios de subir a Asturias a tomar declaración al señor [Pedro Javier] Villate, el propietario del ático de la Urbanización Alhambra Golf?". Le digo que no lo sabía. Es más, estuvo Olivera aquí y me dijo que se iba de vacaciones y nada más".

    Rodríguez Ulla prosigue el relato. "Se habían subido a Asturias funcionarios a tomar declaración con la ignorancia y ninguneo, no sé si intencionado o no, del señor jefe de la Brigada de Blanqueo, señor Fernández Udiña. Al volver [los agentes] de Asturias, uno o dos días después, me cuenta lo que ha pasado y yo informo al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino Sánchez, comisario principal".

    Y aquí, el jefe de la Policía Judicial es bastante transparente.

   "Y cuando le informo [de las diligencias en Asturias] lo único que recibo allí es bastante enojo".

   La juez no parece entender. Y le interrumpe:

   -¿Bastante enojo?

   -Enojo por parte del director, reprochándonos que por qué razón la brigada, la UDEF, estaba haciendo gestiones al respecto. Y yo le digo cuál es el motivo [para] no seguir haciéndolas, son propias de la policía judicial. Dice: "Joder, es que no sabes que ya está archivada la causa por parte de la Fiscalía. Perdona, le digo, es la primera noticia que tengo. Y entonces me desplazo hasta el despacho del jefe de la Brigada de Blanqueo, Fernández Udiña. Y [volvemos] le damos explicaciones. Y ahí [el Director Adjunto Operativo] volvió a hacernos más reproches hasta el punto que el señor Udiña le dijo que estaba dispuesto a irse, a abandonar su puesto, que cesaba o dimitía y el Director Adjunto Operativo le dijo que dimitiría cuando él lo decidiera y dónde él lo decidiera"

     ¿Qué pasa a continuación?

     Rodríguez Ulla recuerda.

   "Total que después de eso le anuncié al Director Adjunto Operativo que me pondría en contacto con la Fiscalía porque no entendía que mientras la unidad operativa [UDEF] responsable de la investigación no tenía conocimiento del acuerdo de archivo como si lo tenía él Director Adjunto Operativo y cabía entonces pensar que seguramente lo tendría el Director General de la Policía [Ignacio Cosidó]. No hubo explicaciones razonables. Yo pedí audiencia con el al Fiscal Anticorrupción. [el fiscal jefe Antonio Salinas]. Allí las explicaciones fueron también relativas".

     ¿Existía este presunto acuerdo de archivo en la Fiscalía Anticorrupción al que hizo referencia Eugenio Pino en sus reproches a Rodríguez Ulla y a Fernández Udiña?

       No.

    Es que, por definición, no podía existir. Porque. ¿cómo se archiva lo que no se ha abierto? La UDEF estaba a cargo de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción no había, a su turno, asumido mediante la apertura de diligencias formales. En sus contactos con Anticorrupción, Rodriguez UIlla no tuvo nunca constancia de ese imaginario archivo. Jamás lo vio.

      ¿Qué le quiso decir el comisario Pino a Rodríguez Ulla y a Fernández Udiña, puesto que no había diligencias abiertas por la Fiscalía?

     Quizá aluda al escrito del 10 de mayo de 2012 que la Fiscalía había dirigido al SUP en el que no estimaba la existencia de indicios suficientes como para abrir las diligencias.

     Pero eso tampoco era un archivo como tal. 

      Esa última semana de junio de 2012 es, pues, crítica.

      Rodríguez Ulla recuerda: "Dos o tres días después a mí se me cesa como Comisario General de Policía Judicial" 

     La juez pregunta:

     -¿Ese cese tiene que ver con estas investigaciones?    

     -A mí, a día de hoy nadie me dice el motivo del cese. Yo he podido escuchar o ver un montón de cosas pero yo el cese, lo único que uno sabe o ha leído en prensa...

     -¿Usted pidió explicaciones?

     -...donde se decía que el motivo del cese era una pérdida o falta de confianza.

     -¿Le dieron alguna explicación concreta, más detallada?

    -Simplemente le diré las palabras exactas. Las sigo teniendo en la memoria. Cuando a mi se me cita a la Dirección General [el viernes 29 de julio] a través de su secretaría, el Director General [Ignacio Cosidó] y me recibe en su despacho y a pie de puerta como quien dice casi entrando me dice: "Enrique (porque habíamos tenido buena relación y colaboración), en días como hoy estaría uno mucho mejor en el escaño de diputado que dándote esta mala noticia".

    Rodríguez Ulla enfatiza: "Eso es literal. Yo entendí que de alguna manera no era decisión suya y que por elevación [el comisario señala hacia arriba con la mano derecha] vendría de donde fuera. Y no sé si era disciplina de partido [Partido Popular] o que era, no lo sé. De verdad yo entendí de sus palabras y de su tono que le tocaba anunciarme esa decísión de cesarme".   

   Bien.

   El 3 de julio de 2012, oficializada la destitución, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoce que el Director General de la Policía, Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de la investigación del ático que entonces alquilaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según el ministro una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo".

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  Pero es que no había ningún archivo.

  ¿Cuál es la evidencia de este archivo que el Director General de la Policía, Cosidó, el Director Adjunto Operativo, Pino, y el ministro del Interior, Fernández Díaz, (los tres en la imagen, de izquierda a derecha) dan por hecho para provocar la destitución del comisario Rodríguez Ella?

   Ninguna.

   ¿Seguro?

   Absolutamente.

   Porque hay una prueba de cargo de que no existía tal archivo.

  Y aparece esta prueba la aporta el 18 de julio de 2012. ¿Quién la aporta?

  Pues el Director General de la Policía. Sí, usted, señor Cosidó.

    En efecto, en su comparecencia del 18 de julio de 2012 ante la Comisión de Interior del Senado dice usted lo siguiente:

    "Finalmente, quiero informarles de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha decretado, el 10 de julio pasado, el archivo del expediente, por lo que podemos afirmar que estamos, señorías, ante una investigación concluida".

   Es decir que ni cuando el Director Adjunto Operativo, Pino, habla del archivo con Rodríguez Ulla y Fernández Gudiña, tras las diligencias realizadas en Gijón, Asturias, el 25 de junio de 2012, ni cuando usted, señor Cosidó, lamenta tener que darle la "mala noticia" de la destitución al comisario general de Policía Judicial, el 29 de junio, se ha adoptado decisión alguna de archivo de diligencias que, a la sazón, no estaban abiertas en la Fiscalía.

   En su comparecencia ante la comisión de Interior del Senado dice usted, señor Cosidó, que la decisión de "archivar" se adopta después de que el nuevo comisario general de Policía Judicial, señor García Losada, "entrega en mano" al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, señor Antonio Salinas, un informe, "el oficio número 65 531 por el que se le da cuenta del informe negativo emitido por el Sepblac (Servicio Ejecutivo Prevención de Blanqueo de Capitales) informándole de que, a partir de esa fecha, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales [de la UDEF] se va a abstener de realizar nuevas averiguaciones o diligencias policiales relacionadas con este asunto, salvo que sean ordenadas por el ministerio fiscal o por la autoridad judicial competente".

    Sigue sin quedar claro como se va a archivar algo que no se ha abierto.

   Ahora bien, el propósito de esta carta, señor Director General de la Policía, es aclarar los hechos. La respuesta a unas preguntas sencillas puede ayudar a hacerlo.

  ¿De quién recibió usted señor Cosidó la orden para cesar al comisario Rodríguez Ulla ya que prefería, según palabras grabadas en la memoria de éste, estar ese día 29 de junio de 2012 en su escaño del Congreso, como en el pasado, en lugar de anunciarle la mala noticia de su destitución?

   ¿Por qué razón se le ordenó que destituyera al comisario Rodríguez Ulla cuando las investigaciones de la UDEF se hacían conformes al protocolo vigente?

   ¿Por qué inventó el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el número 2 del director general de la Policía, "su número 2" señor Cosidó, y el ministro del Interior Fernández Díaz un archivo de unas diligencias que nunca habían sido abiertas por la Fiscalía?

    La respuesta es esencial para saber qué ocurre y que ha ocurrido en la Policía en relación con ciertas investigaciones de corrupción que han generado y producen tal movilización dentro de la UDEF y del Ministerio del Interior que cortocircuitan toda la estructura de poder. Cortocircuitos cuya expresión han sido ceses y remodelaciones sucesivas.

    Una de esas movidas, precisamente, tuvo lugar en los primeros días de julio de 2012.

   El 2 de julio de 2012, la Policía anuncia "una profunda remodelación". Rodríguez UIla ni siquiera es mencionado en el comunicado oficial. Se designa a José García Losada, hasta entonces director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), al frente de la Comisaría General de Policía Judicial. José Luis Olivera deja la UDEF para hacerse cargo del CICO, y su puesto al frente de la unidad encargadas de las investigaciones de corrupción es ocupado el comisario principal Manuel Vázquez López.

   Rodríguez Ulla es cesado y enviado a hibernar durante casi cuatro años, hasta aterrizar, a finales de febrero pasado en la comisaría de Extranjería y Fronteras. Y aunque Olivera cambia de posición, conserva una influencia que Rodríguez Ulla pierde junto con su puesto.

    Esa influencia de Olivera también explica su participación en ciertas operaciones especiales.

    Ya a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado, una de esas misiones es un "encargo" en el caso Bárcenas. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, consigue en agosto de 2012, a través de María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que Cosidó se haga cargo de una petición del extesorero, cuyas relaciones con Mariano Rajoy siguen siendo privilegiadas.

    Se trata de hacer llegar una al Director General de la Policía para que este, a su vez, la aporte a la UDEF, al margen del juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

    El 27 de agosto de 2012, el abogado del extesorero, Alfonso Trallero (en la imagen junto a Luis Bárcenas) escribe a Cosidó:

    "[...] en cuanto superior jerárquico de los inspectores informantes de la UDEF ordene la investigación de la identidad con la que se  correspondería el acrónimo "Luis el cabrón" , y que realice el correspondiente informe ampliatorio, el cual, y sin perjuicio de su mejor criterio, deberá remitirse al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tramita la causa de mi representado"

    

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     Usted, señor Director General de la Policía, traslada esa carta del abogado Trallero, tal cual ha sido convenido de antemano, a la atención del flamante jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez López.

    A raíz de esta misiva, el comisario Olivera, acompañado de Vázquez López (ambos, de izquierda a derecha aparecen en una rueda de prensa) aceptan reunirse discretamente en los primeros de septiembre con el abogado Trallero. El encuentro tiene lugar en el pub Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo.

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     La UDEF, tras este encuentro, envía el 12 de septiembre al juez Ruz la carta que a su vez le ha entregado usted señor Cosidó, días antes de que el extesorero comparezca para prestar declaración en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Nada más recibir la carta, el juez Ruz se la remite a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie. el 24 de septiembre, el juez dicta un auto:

     "Se cursa directamente ante el Director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada, conducta que se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida...La iniciativa no tiene encaje, cabida o justificación en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe. Se trata de una patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación con relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder"

    El juez Ruz recomienda a la UDEF, por tanto, "abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada".

    Lo que el juez no sabe al redactar esta resolución es que ya ha habido a sus espaldas una "diligencia": el encuentro entre los policías y el abogado de Bárcenas en el pub Milford.

    La reacción del juez Ruz llueve sobre mojado. Unos meses antes, en mayo de 2012, cuando Rosalía Iglesias declara ante el juez, la policía la recoge en coche en su domicilio y la hace ingresar por el garaje de la Audiencia Nacional. Ruz deja constancia de que esta operación se hace a espaldas del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del juez decano. Es obra de la Policía y de la comisaría de la Audiencia Nacional.

  Otra de las misiones de Olivera tiene lugar el 29 de octubre de 2012, tres semanas antes de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre en Cataluña. El comisario principal  a cargo del CICO y el que está al mando de Asuntos Internos, Marcelino Martín de Blas, se trasladan a Barcelona, y al margen, Josep María Pijuán, titular del juzgado de instrucción número 30, el instructor del caso Palau - financiación irregular de Convergencia i Unió - pretenden obtener de los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo el respaldo para registrar la sede de CiU. Los fiscales no encuentran fundamentos para pedir al juez la orden de entrada y registro. El fracaso conduce, el 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones autonómicas, a filtrar a la prensa un presunto borrador de la UDEF en el que se sostiene que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero que empresas constructoras habían abonado al Palau de la Música como peaje para lograr la adjudicación de obra públicas.

   Más tarde, con ocasión de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la Policía volverá por los fueros, esta vez con la filtración de una cuenta falsa del ex alcalde de Bárcelona, Xavier Trías, cuenta sobre la que, según dictamina el juez José Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, en un auto del 3 de mayo de 2016, no hubo nunca confirmación interna alguna en la UDEF.

   Pero el año de 2012, al que hemos aludido, no cierra el movimiento de placas tectónicas en el alto mando de la Policía. 

   A mediados de octubre de 2013, un año y medio después de decapitar al comisario general de Policía Judicial, el comisario principal José García Losada (en la imagen, abajo) es destituido de la Comisaría General de Policía Judicial. Corre la misma suerte que Rodríguez Ulla en julio de 2012. Y ello después de decir que había "nombrado al comisario García Losada porque considero que es el más capaz, que es el mejor comisario general de Policía Judicial que podemos tener en estos momentos". Son sus palabras, señor Cosidó.

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    Y en mayo de 2014, no por ser una de las últimas movidas resultará menos importante, está el cambio en la persona que lleva más de cinco años investigando, entre otras, tramas como la del caso Gürtel y papeles de Bárcenas. El máximo responsable de la Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha pedido ser relevado de ese delicado puesto para optar a dirigir la Brigada del Banco de España.

   Aquel aviso, que nos acaba de revelar el comisario Enrique Rodríguez Ulla en su declaración del pasado 3 de marzo, es el que José Luis Fernández Udiña, dio al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en la reunión de finales de junio de 2012, se cumple dos años después.

   Todos estos hechos, alguno de los cuales, como el célebre ático de Estepona, ha conocido cierta luz por la declaración del comisario Rodríguez Ulla, exigen, señor Director General de la Policía, sus explicaciones.

   Después de someter algunos extremos de esa declaración judicial a unas diligencias de comprobación, tras mantener entrevistas con las partes implicadas, me decido a compartir con usted estas averiguaciones.

   La investigación del ático iniciada en agosto de 2011, contra lo manifestado por el ministro del Interior y por usted mismo, no por discreta, como por otra parte suele ocurrir, ha sido irregular.

  Ha tenido como testigo de cargo al comisario José Villarejo, quien ha aportado los informes realizadas en aquella fase inicial al juzgado de Estepona y las grabaciones realizadas a Ignacio González en diciembre de 2012, después de que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid anunciase, un par de semanas ante, de que pasaba de condición de inquilino del ático de la Urbanización La Alhambra Golf a propietario del mismo. Se trata de la grabación realizada en el encuentro de la cafetería La Mallorquina de Madrid y que ha sido aportada a la causa del ático.

   Por otra parte, esa investigación preliminar ha sido, según el auto del juez Adolfo Carretero, de Madrid, que instruyó los hechos como pieza separada a raíz de la denuncia de Ignacio González, en septiembre de 2015, legal.   

   El procedimiento judicial en curso determinará el alcance de los hechos que se ocultan en la telaraña de Delaware, Estados Unidos, donde está registrada la sociedad titular del ático desde 2008, Coast Investors, y su matriz, Walfort Overseas Investment Ltd. Ambas  están incorporadas en Delaware.

   De momento, lo que sí sabemos, gracias a declaraciones como las del comisario Rodríguez Ulla, es que ha habido un Áticogate,  es decir, una serie de intentos continuados por ahogar la investigación en sus comienzos.    

    Atentamente. 

      

   

   

 

 

 

 

 

"Esto solo acaba de comenzar"

Por: Ernesto Ekaizer | 17 may 2016

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      José Antonio Choclán, ex magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ponente de la sentencia  del caso Banesto que condenó a Mario Conde a diez años de prisión (más tarde elevados por el Tribunal Supremo a veinte años), y recientemente abogado de Francisco Correa, señala a EL PAÍS que la declaración de David Marjaliza hecha pública hoy no es el final del proceso sino el comienzo. "Ahora de verdad empieza. Una vez que conocemos lo que estaba secreto".

   El letrado de Marjaliza, en conversación telefónica desde Canarias, donde se encuentra asistiendo a un juicio, precisa:  "Es una declaración atropellada por las circunstancias del momento. Vamos a tener que precisar y dar más profundidad a las afirmaciones y pistas aportadas. En este sentido, la colaboración será más estrecha, más puntual".

    -Es usted, señor Choclán, quien aconseja a David Marjaliza colaborar con la justicia, y él acepta. ¿Es correcto?

   -David se pliega a mis indicaciones, es correcto. Es cierto que al principio se muestra reacio. Pero soy yo quien le indica que debe ser el camino. Es el resultado de mi idea de que es necesario en los casos de empresarios, dirigentes no políticos, digamos, envueltos en casos de corrupción, colaborar con la justicia.

   -Él lo ha resumido en la frase "una vez que te pillan tienes que colaborar con la justicia"...

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   -Sí, la frase refleja un poco cómo ha asumido David Marjaliza mis recomendaciones para la estrategia de su defensa desde el primer momento.

  -La declaración tiene lugar siete meses después de la detención en octubre de 2014. Son un total de diez horas y cincuenta y dos minutos durante tres días, el 18, el 19 y el 25 de junio de 2015...¿Le sorprendió la declaración?

  -La verdad, no. La recuerdo perfectamente. No tuvimos tiempo ni materiales para prepararla. Había secreto sumarial total, no teníamos un papel, le confieso. Era el comienzo de la colaboración con la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Fiscalía Anticorrupción y el juez Velasco. La cooperación fue muy eficaz. Pero tengo que decir una cosa: en esos momentos vamos atropelladamente. Por la fase de la investigación. David dice cosas positivas y negativas para muchas personas. Las positivas suponen una corrección de información incorrecta que se tenía; la negativa profundiza en ciertas actividades de las que se tiene noticia superficial. Y es positiva en general para la Fiscalía. Porque le ayuda a orientarse. No diré que es una brújula porque como digo se hace algo atropelladamente.

   -Se advierte tanto en una de las fiscales, Carmen García, como en el juez Velasco, el asombro por la cantidad de delitos que ven en la actividad descrita por Marjaliza ("Ha cometido absolutamente todos los delitos del Código Penal", dice la fiscal).

   -Ya comprenderá que las fiscales y el juez se encuentran con una colaboración que aprecian fundamental desde ese momento para el futuro de la investigación. Ahora, insisto en que esto es solo el comienzo. Hay que profundizar, cosa que no se pudo hace en junio de 2015. David tendrá que declarar ante todas las partes personadas y sus letrados, y por tanto tendrá que complementar y ampliar la colaboración iniciada. Esta declaración refleja un estadio de la colaboración, el comienzo. El tiempo que necesitábamos no lo tuvimos en aquellos tres días de junio de 2015. El ritmo que se impuso fue muy acelerado. Y lo que necesitamos es un ritmo más pausado.

   -En la declaración se le oye a Marjaliza muy tranquilo y sus recuerdos son bastante precisos en general. ¿Qué clase de personalidad es su cliente?

  -Es una persona, lo siento por la expresión, pero no veo otra mejor, con la cabeza bien amueblada. Si digo que sus declaraciones son atropelladas no es por su cabeza sino por las circunstancias de la declaración, pero ya demuestra en estos días de junio de 2015 tener claro el comienzo de la colaboración, para aportar más datos y sacar en algunos casos de error a la Policía. 

   -Usted asumió y dejó la defensa de Francisco Correa. Su experiencia en el caso Gürtel, ¿le ha servido para orientarse en Púnica, concretamente en la estrategia de colaboración con la UCO, la Fiscalía y el juez?

   -Necesitas en cada caso la colaboración y las contrapartidas. Cada caso es muy distinto de otro. David empezó un proceso de colaboración que respeta escrupulosamente desde el primer momento...Como he dicho se ha plegado a mis indicaciones. Eso facilita la labor del abogado.

  

 

Caso Rosell o ¿caso Marchena?

Por: Ernesto Ekaizer | 12 may 2016

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     La pretendida investigación impulsada por el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda (en la imagen) contra la diputada de Podemos, la jueza en excedencia Victoria Rosell, va camino de convertirse en el caso Marchena. 

   El empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, ha aportado al juzgado una grabación que él mismo ha realizado en la cual el "testigo de cargo" contra Rosell, su juez sustituto, Salvador Alba, le pide testimonio para enlodar a Rosell porque está decidido a acabar con la carrera política de la magistrada.

   Este amañado testimonio sirve al juez Alba para responder a la petición del magistrado Marchena, es la base del informe que se usó para abrir una presunta investigación contra Rosell por retraso malicioso de una instrucción sobre actividades del empresario citado. El juez sustituto ofreció al empresario favores procesales a cambio de que acusara a la exjueza y diputada de maniobras irregulares. 

    ¿Dónde calza el magistrado Marchena en este puzle?

    He aquí los hechos.

    El ministro candidato del PP, José Manuel Soria, un cacique con fama merecida en Canarias, presenta una querella por calumnias e injurias contra la diputada Rosell, quien le ha acusado de utilizar a la Fiscalía de Canarias. ¿Por qué? Porque la Fiscalía inicia investigaciones sobre presuntas irregularidades en la instrucción de una causa contra el empresario Ramírez después de que la juez asumiera como diputada.

   En su querella, presentada por el abogado Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado durante el gobierno de Felipe González (1992-1994), el tema de la investigación del empresario Ramírez no es asunto central. Soria no es parte en dicho procedimiento y por tanto carece de información. Pero habla de este asunto en la querella. Y días después de presentar la primera querella, a primeros de febrero pasado, su abogado Hernández presenta ampliación, para incluir el asunto del retraso del procedimiento ya apuntado. Por cierto, Hernández fichó a Marchena para que desembarcara en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.

    A todo esto, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desestiman las acusaciones por presunto retraso malicioso o la existencia de irregularidades administrativas.

     Al llegar la querella de Soria al Supremo, la sala de admisión, cuyo presidente es Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, pide, como es preceptivo, informe al fiscal, quien se pronuncia por el archivo al no hallar indicios delictivos sobre calumnias e injurias.

    Pero, contra lo que es habitual, Marchena, que aparte de presidir la Sala Segunda, preside la sala de admisión y es ponente en este caso, centra su atención en los hechos que no son troncales, por así decir, en la querella: las presuntas irregularidades de la instrucción que ha hecho Rosell en relación con la causa del empresario Ramírez.

   Por tanto, Marchena extrae lo que le interesa. A pesar de que al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al CGPJ se ha unido el fiscal del Supremo ya que este no ve ningún indicio delictivo en el relato que hace la querella de Soria.

   Marchena solicita a Canarias un informe al juez sustituto, el mismo que está conspirando contra Rosell, sí. El que se ha conjurado para acabar su carrera política.

   El juez Alba envía el informe fabricado con una declaración amañada del empresario Ramírez. Y Marchena ya tiene la percha. Decide proponer a la sala de admisión que preside y de la que es ponente, iniciar una investigación. Marchena contribuye a consagrar el caso Rosell.

   La diputada renuncia a ir en la diputación permanente, lo que supone la pérdida de fuero, y pide reingreso en la carrera judicial aunque Podemos ha decidido llevarla nuevamente en las listas.

    Y, ahora, todos los indicios de que existía una confabulación se confirman con la grabación que aporta el empresario Ramírez.

   El Supremo puede hacer o pedir diligencias. Es verdad. Pero no suele hacer investigaciones de oficio, aunque aquí esté la querella de Soria. Por otra parte, el Supremo se toma con prudencia los procedimientos cuando una acusación popular, como es el caso de la ampliación de querella de Soria, la ejerce un partido o dirigente político. Máxime en campaña. Es la actitud del fiscal del Supremo, para quien no hay indicios de calumnias o injurias y, en el caso de los hechos de la ampliación de la querella, no considera legitimado a Soria.

    El fiscal ha informado acerca de ambas acusaciones en contra de que se admitan a trámite porque considera, por un lado, que Soria no está legitimado para querellarse contra Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de la actuación de la Justicia.

  Acerca de este ultimo punto, apunta que "el simple retraso no revela un ánimo malicioso, por más que no se haya empleado toda la diligencia necesaria en el cumplimiento del deber"; recuerda además que, en relación con esos hechos, ya se archivaron unas diligencias disciplinarias en el CGPJ.

   Por otro lado, considera que Soria "no ha aportado ningún elemento o principio de prueba" que demuestre la existencia de un delito de injurias o calumnias cometidas contra él por Rosell".

  Y  recuerda que las manifestaciones que se atribuyen a la querellada se realizaron, en todo caso, durante la campaña electoral de las elecciones del pasado diciembre, en las que ambos, Soria y Rosell, eran candidatos por el PP y Podemos respectivamente (y que les condujeron a ser actualmente diputados). En un contexto de campaña electoral las manifestaciones atribuidas a la juez en excedencia no pueden ser consideradas un atentado contra el honor de Soria, considera el fiscal.

  En este caso, además, habría otra cautela.

  La investigación ordenada por Marchena puede  contaminar a la sala que preside y de la que es ponente. ¿Por qué? Porque esta sala teóricamente será  el tribunal de enjuiciamiento si la causa llegase a juicio oral.

    

     

 

 

`Caso Bárcenas´, diligencia capciosa

Por: Ernesto Ekaizer | 05 may 2016

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     El asunto de la ponencia del caso Bárcenas (contabilidad B del Partido Popular) sigue siendo un misterio. En la aparentemente inofensiva "diligencia de ordenación" del pasado jueves, día 28 de abril, firmada por la secretaria Inés Velázquez Tavera pero corregida a raíz de un error por la secretaria Carmen Calvo, se afirma:

   "Se mantiene la resolución dictada por esta Sección de fecha 7 de octubre de 2015 quedando la composición de la Sala en el presente procedimiento de la siguente forma: D. Angel Hurtado Adrián, Ponente, D. Julio de Diego López y D. José Ricardo de Prada Solaesa"

   Bien.

   ¿Es así?

    La resolución del 7 de octubre de 2015 ¿nombraba ponente al magistrado Hurtado?

   No podía hacerlo.

   ¿Por qué?

   Porque las recusaciones de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, por sus relaciones con el PP, anunciadas desde el mes de junio, estaban pendientes de resolver por el pleno de la sala de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional. Solo más tarde, el 30 de octubre de 2015, se aceptó por dicho pleno las recusaciones señaladas en el caso Gürtel 1999-2005. Y en el caso Papeles de Bárcenas, el pleno acordó apartar a ambos magistrados bastante más tarde, el 29 de enero de 2016.

   No podía ser y, parafraseando a Talleyrand, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

   Entonces, ¿que se decía el 7 de octubre de 2015 según invoca la diligencia de ordenación del 28 de abril pasado?

  He aquí la diligencia de esa fecha, firmada por la secretaria Velázquez Tavera:

 "Dada cuenta y una vez elevadas a la superioridad, las piezas con los escritos de recusación, documentación adjunta e informes presentados por los recusados Doña Concepción Espejel Jonquera y D. Enrique López y López, a efectos de sustanciación de dichos incidentes y mientras se resuelven los mismos, formése tribunal, para el conocimiento de la presente causa, por los siguientes Magistrados: D. Angel Hurtado Adrián, D. Julio de Diego López y D. José Ricardo de Prada Solaesa".

   Ya sabe, pues, el lector que el 7 de octubre de 2015, la sección segunda de lo Penal no podía nombrar ponente a nadie porque estaban pendientes las dos recusaciones, una de ellas dirigida al magistrado ponente Enrique López. Y sabe el lector, también, que la diligencia firmada por la secretaria Velázquez Tavera no le nombró ponente.

   Por tanto, la diligencia del pasado 28 de abril, que finalmente firma la secretaria judicial Carmen Calvo, es capciosa.

   Capcioso o capciosa: es engañoso o induce al error.

   Pues eso, exactamente eso.

   Ahora bien: ¿adónde nos conduce esto?

  A preguntar: ¿quién, dónde, cómo y cuando ha nombrado ponente al magistrado Ángel Hurtado en el caso de los Papeles de Bárcenas?

  No tenemos respuesta. Y nos tememos que carecemos de ella por una simple razón: no la hay.

  Lo que hay es una apariencia capciosa de resolución.

   Pero lo que ahora tenemos es el escrito, de 11 de marzo, de dos magistrados que forman parte del tribunal -Julio de Diego y José Ricardo de Prada- según los cuales la sala de gobierno de la Audiencia Nacional debía clarificar este asunto. En fecha 16 de abril, la sala de gobierno no entró en technicalities y decidió que el magistrado que entra a sustituir a un magistrado ponente que está ausente  se queda también la ponencia,

    Bien.

    Pero aquí en el tribunal Papeles de Bárcenas no hay uno sino dos magistrados a sustituir: Espejel y López. Y hay dos magistrados que les sustituyen: Hurtado y De Diego. ¿A quién sustituye Hurtado? ¿A quién sustituye De Diego?

   Estas han sido las technicalities, o menudencias si se prefiere, que ha esquivado a sala de gobierno de la Audiencia Nacional. Pero  el criterio genérico que ha repetido -el magistrado sustituyente que entra a reemplazar al magistrado sustituido que es ponente también "hereda" la ponencia- conduce a otro puerto distinto de Hurtado. Conduce al otro magistrado que entra al tribunal De Diego en los Papeles de Bárcenas. 

   ¿Por qué?

 Porque Hurtado, en virtud de la ley Orgánica del Poder Judicial, art 209.1, por ser el más antiguo en el escalafón, sustituye a la presidenta del tribunal: a Espejel.

   Todo el proceso de selección de magistrados y ponentes ha sido peculiar en los casos Gürtel y Bárcenas. Desde que se supo en junio de 2015 que habría recusaciones, la presidenta de la sección segunda de lo Penal, Concepción Espejel, propuso un sistema de reemplazos. Eso ocurrió a mediados de julio de 2015. Por aquella época lo más probable era que de las dos recusaciones anunciadas se terminaría aceptando la del magistrado ponente, López.

    La propuesta de Espejel, aceptada por el presidente de la sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y llevada por él a la sala de gobierno de la Audiencia Nacional, dice:

    "Se propuso un sistema de sustitución de manera que en supuestos de ausencia o enfermedad de alguno de los magistrados de las distintas secciones, la sustitución del mismo se produciría mediante la asignación del correspondiente procedimiento al magistrado que, de acuerdo con las normas de asignación de ponencias, le correspondiese el número siguiente de procedimiento" 

    Bien.

   El número es el número de ejecutoria. Por Boletín Oficial del Estado, López es ponente en las causas cuyos números terminan en 5 y 6. Por esta razón se ha hecho cargo de Gürtel y de Papeles de Bárcenas.

  Lo que la norma propuesta por Espejel y acordada por la sala de gobierno el 24 de julio de 2015 parecía asegurar es que si López -principal asunción en aquellos días- era apartado, la ponencia pasaba a Hurtado por ser su número de resolutoria el 4 y 7.

   Problema: no solo fue aceptada la recusación de López, también Espejel fue apartada.

  Y el resultado emergente, esta situación, ya no estaba contemplado en la norma del 24 de julio de 2015. Dos magistrados salían y dos entraban.

  Por esta razón, De Diego y De Prada solicitaron el 11 de marzo a la sala de gobierno que estudiase el asunto ya que se planteaba una situación peculiar.

   "Sin embargo, no es la misma [que la de Gürtel] la situación del Procedimiento Abreviado 6/2015 [Papeles de Bárcenas], en que tras la aceptación de la recusación de la Ilustrísima señora Presidenta de la Sala [Espejel] y el Ilustrísimo señor Magistrado ponente [López] no está determinado en quién de entre los magistrados que componen en estos momentos la Sala debe recaer la ponencia, por lo que consideramos que debe ser esa Excelentísima Sala de Gobierno, la que siguiendo criterios objetivos, igualitarios, de transparencia y de distribución racional del trabajo, proceda a la asignación de la ponencia en este segundo procedimiento [Papeles de Bárcenas] y para los sucesivos".

   Pero la sala de gobierno no entró en el detalle. Y estableció:

   "La designación del magistrado que ha de sustituir por cualquier causa, en las secciones de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, al que le correspondiera inicialmente intervenir, ha de efectuarse de conformidad con el Acuerdo de esta Sala de Gobierno del 24 de julio de 2015, de forma que ha de entenderse que el magistrado sustituto asumirá la ponencia de los asuntos si esta correspondiera al sustituido".

   Y nuevamente: ¿quién es el magistrado sustituto del ponente López?

   Entran, como hemos señalado, Hurtado y De Diego. Pero Hurtado por ser el magistrado de mayor antigüedad, según el artículo 209.1 ya citado de la ley Orgánica del Poder Judicial, reemplaza a la presidenta Espejel y pasa a ser presidente del tribunal de Papeles de Bárcenas. La ponencia, pues, recae en el otro sustituto: Julio de Diego.

   Las acusaciones populares han anunciado su disposición a presentar recurso contra la diligencia de ordenación para reabrir la designación de ponente en el tribunal de enjuiciamiento de los Papeles de Bárcenas. 

   

 

   

  


          

La primavera democrática

Por: Ernesto Ekaizer | 03 may 2016

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    Es posible, solo posible, que la oportunidad perdida tras las elecciones del 20-D para formar un gobierno de carácter transversal presidido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en sustitución del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, sea más  lamentada con el paso del tiempo, y no menos. Es posible, solo posible, que el escenario endiablado posterior al 20-D sea, después del 26-J, todavía peor y no mejor, para plasmar el cambio de gobierno.

      Hay un aspecto como mínimo en el que la estrategia de Pedro Sánchez pecó de falta de pedagogía, aunque  su presencia como tal no garantizara, por sí sola, un resultado distinto al fracaso de su investidura, y es la dificultad de explicar qué buscaba más exactamente en el acuerdo con el partido Ciudadanos de Albert Rivera.

     La idea implícita era aprovechar la apertura de una vía de agua en la derecha, el fraccionamiento de la base electoral del Partido Popular, para apartarla del gobierno. Lo que latía era considerar este fraccionamiento como un hecho mayúsculo en la situación política española, reflejo de la crisis de una mayoría absolutísima generada a su vez por el hundimiento del PSOE el 20 de noviembre de 2011.

    La apuesta por la transversalidad no fue el reflejo de una derechización del PSOE. Si se trataba de eso, de una derechización, ya puestos ¿por qué no ir a una gran coalición con el Partido Popular?

   El fraccionamiento de la derecha abrió la posibilidad, pues, de formar un gobierno de transición, débil sí, pero con unas tareas concretas posibles. Y entre ellas se podía acometer, sin pedir permiso a nadie, una serie de medidas urgentes que hubieran podido asimilarse a una primavera democrática. Corta, breve, es posible. Todo lo que se quiera. Pero primavera al fin.

   Por primavera en términos políticos todo el mundo entiende casi lo mismo. No hace falta mirar lejos. La Comunidad Valenciana experimenta esa situación, después de décadas de gobiernos del PP. Se trataba desde La Moncloa y desde Las Cortes de revitalizar la democracia con un impulso central -que acompañara el ya iniciado en varias comunidades autónomas y ayuntamientos- tras cuatro años de vetos diarios "al otro" practicados sin piedad por el gobierno del PP.

   Es probable, solo probable, que el sentimiento de frustración de esta posibilidad aumente en lugar de disminuir con el tiempo. 

   El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, tiene la costumbre de citar a los clásicos y suele decir que leyendo Historia de la revolución rusa de Trotsky era fácil deducir la conducta de Pablo Iglesias tras el 20-D.  

   No deja de ser una pintoresca aproximación.

  El diagnóstico que hizo el partido Podemos sobre la posibilidad de formar un gobierno de tareas urgentes privilegió la lucha por la hegemonía en el campo de la izquierda -la vieja consigna del sorpasso- y la denuncía del PSOE, el partido menchevique, como si España atravesara un periodo revolucionario y Podemos fuera el partido revolucionario, el bolchevique, capaz de capitalizar el proceso.

   Como si, diría García Margallo, el 20-J se hubiese abierto una revolución de febrero y ahora estuviésemos abocados al comienzo de la revolución de octubre (Rusia), con la victoria de Podemos el 26-J. O con su triunfo sobre el PSOE al menos.

   Pero los datos de la realidad nada tienen que ver con estas proyecciones y fantasías. La revolución, parafraseando al general Sabino Fernández Campo sobre el golpe del 23-F, no está ni se le espera.

  Dejemos de lado las encuestas de estos días. Entre otras cosas porque es la primera vez que se repiten elecciones. Por tanto, si ya es difícil, como se ha demostrado, vaticinar en elecciones normales, más lo es en un caso excepcional. Pero hay una cosa, empero, con la que parece difícil disentir: el suelo electoral que ha cimentado el PP sigue siendo muy alto.

  Aquellos que aguardan de buena fe el aldabonazo, es decir, un golpe de corrupción que aumente de manera notable el fraccionamiento electoral del PP sueñan. El incremento acumulativo de los casos de corrupción, que ya es sistémica desde hace tiempo en el PP, no va a cambiar sustancialmente las cosas.

   Además, el PP cuenta con un recurso: el cansancio de la gente ante la lluvia de casos. Hay una especie de parasitismo de la corrupción. Un caso fagocita al otro. Y al siguiente.

   Solo la captación de la idea de transversalidad, es decir, la idea de una coalición que supere a las fuerzas de la izquierda como tal puede canalizar la situación política y democrática hacia un cambio de gobierno. Fue así después del 20-D; es probable, solo probable, que vuelva a serlo después del 26-J. Incluso con un cambio en el orden de los factores, no se alterará el producto. 

  Ahora, hay una pregunta que tiene interés hacer e intentar contestar.

  ¿Por qué el partido que dirige Pablo Iglesias se muestra tan comprensivo con el partido Syriza que dirige Alexis Tsipras en Grecia en la actualidad? No es difícil entender que Podemos se haya inspirado en Syriza, a saber, un partido que aspiraba a sustituir, como ha conseguido, a los socialdemócratas helenos, el PASOK.

  Pero aumentemos la lente. El tiempo pasa volando. Pero todavía no hace un año de la vuelta de tortilla más espectacular de la política contemporánea. Ocurrió en Grecia, sí.

   Las elecciones del 26-J en España tendrán lugar prácticamente un año después de que el gobierno de Syriza convocara, el 27 de junio de 2015, el famoso referéndum. El Syriza realmente existente, el del primer ministro Tsipras, quería, en teoría, que el referéndum del 5 de julio de 2015 permitiera a los ciudadanos decidir sobre el plan de rescate propuesto por la Troika. El Banco Central Europeo (BCE), al conocer la convocatoria, cortó el grifo del crédito y la Troika amenazó a los griegos con el fantasma de que ya podían buscarse otra moneda para sustituir al euro si votaban contra las medidas exigidas.

  Un 61% de los griegos, contra la previsión de sus promotores, se opuso el rescate. Y Tsipras en lugar de cumplir dicho mandato hizo lo contrario: firmó el tercer rescate. Ni siquiera estimó que no estaba en condiciones de cumplir el mandato de sus ciudadanos. Incumplió el mandato de las urnas. Luego maniobró con su dimisión, se presentó a las elecciones y ganó. ¿Para qué? Para cumplir el compromiso firmado con la Troika. Y en eso están Tsipras y Syriza...

     Bien.

    La comprensión de Iglesias con Syriza y Tsipras dura hasta el día de hoy aunque Syriza tenga ahora el mismo comportamiento que los socialdemócratas del PASOK en el gobierno con los rescates anteriores.

    ¿Es coherente esta actitud ante el Syriza, realmente existente, insistimos, con la decisión de Podemos, no ya de no respaldar sino de ni siquiera contemplar seriamente una abstención que facilitara una alianza transversal difícil, pero posible, de fuerzas para apoyar la formación de un gobierno de Sánchez en sustitución del PP? 

   No lo parece.

   Esta descripción de la actitud de Podemos no puede borrar, a su vez, la conducta del PSOE en la formación del gobierno que estaba al alcance de la mano. Que consistió en ponerle una camisa de fuerza a Sánchez en sus negociaciones con el partido de Pablo Iglesias. Y bombardear cada uno de sus movimientos. Podemos amoldó su calzado a la horma que aportó un sector poderoso del PSOE. 

  A falta de conocer la evolución de las confluencias y sus proyectos de partidos instrumentales para conseguir lo que no lograron tras el 20-D, los grupos parlamentarios propios, Podemos ya es el único partido que se va a presentar con una gran novedad el 26-J.

   Iglesias despreció las ofertas de Alberto Garzón e Izquierda Unida ante las elecciones del 20-D. Lo que Podemos quería entonces era a lo sumo, para usar la jerga financiera, una fusión por absorción. O simplemente que los dirigentes de IU entraran en Podemos de uno en uno y en fila india.

   Ahora el acuerdo con IU, que está hecho, pero que se va a presentar con una buena dosis de suspense y pompa, es una necesidad vital para Podemos. Porque se trata de enmascarar, camuflar, o simplemente compensar, la decepción que la conducta de Iglesias ha podido provocar en las expectativas de sus votantes después del 20-D y en la frustración por el fracaso en el cambio de gobierno.

   Pero, quién sabe, quizá por carambola, puede que llegue a rozar su cálculo de sobrepasar al PSOE.

   ¿Y qué?

  Esa carambola, que está por verificar, puede dar lugar a la siguiente paradoja: las pérdidas de Sánchez desencadenarían una operación mil veces anunciada y llevar al PSOE "renovado", ante una nueva encrucijada tras el 26-J, a la abstención como forma de facilitar la "gobernabilidad".

  Léase: gobierno del PP.

  ¿Cuánto peor mejor?

   Por eso, por si hiciera falta, recordemos, de qué no va todo esto.

    No va de la revolución de octubre. 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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