40 Aniversario

Fractura en el tribunal del `caso Bárcenas´

Por: Ernesto Ekaizer | 30 abr 2016

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      El tribunal de los Papeles de Bárcenas, publicados por este periódico el 31 de enero de 2013, ha conocido una fractura antes de fijarse la fecha del juicio oral, que tendrá lugar como más pronto en 2017. Dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego cuestionan que el magistrado Ángel Hurtado sea el ponente de dicha sentencia. (En la imagen, de izquierda a derecha De Diego, Hurtado y De Prada)

   La procesión ha ido por dentro en la Audiencia Nacional, entre el 11 de marzo  y el lunes pasado, 25 de abril, fecha en que la Sala de Gobierno zanja el debate. El magistrado ponente será el presidente de dicho tribunal, Ángel Hurtado, tras ser cuestionada su selección por los otros dos miembros del tribunal de enjuiciamento: José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

   El jueves pasado, día 28 de abril, a su vez, la secretaria judicial Inés Velázquez Tavera da cuenta de que al quedar resuelta la composición y ponencia del tribunal de Papeles de Bárcenas, las actuaciones deben ser enviadas al magistrado ponente, Hurtado, para que se abra la fase de resolución sobre los medios de prueba a proponer en el juicio, paso previo para establecer la fecha del mismo.

    La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional es la que enjuiciará las dos causas que afectan al Partido Popular: Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas o contabilidad B del PP. La fecha del primer juicio ya es realidad: empezará el próximo 4 de octubre de 2016. La del segundo es la que se despejará próximamente. 

    Como se han producido en ambas causas la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, por su relación con el Partido Popular, ambos han sido sustituidos por los otros miembros de la sección segunda, De Prada y De Diego.

La ponencia 

 En todo tribunal hay un magistrado ponente. Es el juez encargado de presentar, una vez terminado el juicio, el proyecto de sentencia.

   En las dos causas apuntadas, el magistrado Hurtado, miembro de la sección segunda de lo Penal, será presidente y ponente, en sustitución de la presidenta recusada, Espejel, y del magistrado ponente recusado, López, respectivamente. 

    El debate se refiere a las normas de sustitución de magistrados y de ponentes en un tribunal cuando sus miembros tengan que ser reemplazadas por ausencia de uno o varios de ellos.

    Según los magistrados De Prada y De Diego, que forman parte del tribunal que enjuiciará los Papeles de Bárcenas, la norma aprobada el 24 de julio de 2015 "exclusivamente regula las sustituciones entre magistrados sin referirse a la asignación de ponencias". Por esta razón, señalaban en su escrito a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, el pasado 11 de marzo, "es una materia que debe regularse específicamente de tal manera que la designación de magistrados ponentes quede prefijada en todos los procedimientos y ante cualquier vicisitud, como que se produzca la sustitución de dos o más magistrados, que la sustitución abarque también al presidente de la Sala, en cuyo caso será de aplicación preferente el artículo 209.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".  ("Los Presidentes de las Salas y de las Secciones serán sustituidos por el Magistrado con mejor puesto en el escalafón de la Sala o Sección de que se trate")

    Los magistrados, recuerdan, han aceptado, en el caso Gürtel 1999-2005, a raíz de la recusación de Espejel y López ya apuntada, fuera asumida por el magistrado Hurtado, además de la presidencia.

    "Sin embargo, no es la misma la situación del Procedimiento Abreviado 6/2015 [Papeles de Bárcenas], en que tras la aceptación de la recusación de la Ilustrísima señora Presidenta de la Sala [Espejel] y el Ilustrísimo señor Magistrado ponente [López] no está determinado en quién de entre los magistrados que componen en estos momentos la Sala debe recaer la ponencia, por lo que consideramos que debe ser esa Excelentísima Sala de Gobierno, la que siguiendo criterios objetivos, igualitarios, de transparencia y de distribución racional del trabajo, proceda a la asignación de la ponencia en este segundo procedimiento [Papeles de Bárcenas] y para los sucesivos".

    Los magistrados estiman que el magistrado Hurtado no sustituye a López, el anterior magistrado ponente, sino a Espejel. Hurtado lo hace conforme al artículo 209.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habida cuenta de que es el más antiguo en el escalafón de los miembros de la sección segunda. El que reemplaza al magistrado ponente recusado López es De Diego, quien, según la interpretación de estos magistrados, debería hacerse cargo de la ponencia.

     De Prada y De Diego concluían con esta propuesta: "Que se proceda a la determinación de los magistrados que han de hacerse cargo de las ponencias de la sección segunda caso Gürtel 1 [1999-2005] y caso Bárcenas [Papeles], ratificando la asunción de ponencia realizada por el señor Hurtado en el primero de los procedimientos y designando para el segundo, como ponente, a alguno de los otros dos magistrados que componen el tribunal [De Prada y De Diego]"

 La Sala de Gobierno zanja

   La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, en su reunión del pasado 11 de abril, resuelve por unanimidad que el magistrado que sustituye a un magistrado ponente le reemplaza en su doble condición, como magistrado y como ponente. Es decir, se queda la ponencia. Pero no precisa a quién sustituye Hurtado en el caso de los Papeles de Bárcenas, es decir, si a Espejel o a López.

    He aquí el acuerdo, enviado el pasado 25 de abril por la secretaria de gobierno de la Audiencia Nacional, María Mosquera Lourdes, a la presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel, respecto al "escrito presentado por dos magistrados en relación con el reparto de ponencias en la Sala de lo Penal":

     "La designación del magistrado que ha de sustituir por cualquier causa, en las secciones de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, al que le correspondiera inicialmente intervenir, ha de efectuarse de conformidad con el Acuerdo de esta Sala de Gobierno del 24 de julio de 2015, de forma que ha de entenderse que el magistrado sustituto asumirá la ponencia de los asuntos si esta correspondiera al sustituido".
     Añade: "Así ha de entenderse dicho acuerdo en todo caso, y sin perjuicio de que en el supuesto de que ello pudiera conllevar en algún momento una sobrecarga de trabajo para algún miembro de la Sala, deviniera en aplicación los mecanismos de compensación previstos en el ordenamiento orgánico".
     José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, consultado por este cronista sobre esta resolución, señala: "La verdad es que es lo que siempre se ha hecho. Si un magistrado que tenía ponencia debía ser sustituido el que ocupaba su lugar también se hacía cargo de la ponencia. No se ha desdoblado la sustitución del magistrado, por un lado, y la ponencia, por el otro. Lo hemos aprobado por unanimidad". 
    Los magistrados que cuestionan este mecanismo apuntan que en rigor solo existe una norma para regular las sustituciones a partir de julio de 2015. Y que dicho mecanismo no precisa si una sustitución incluye también la ponencia. En el caso que nos ocupa, sostienen, quien sustituye al magistrado ponente recusado López no es Hurtado sino De Diego.
 
El fondo del debate      
 
  Detrás de los bastidores del problema puramente administrativo subyace un problema de fondo: ¿por qué el magistrado Hurtado tiene tanto empeño en quedarse las dos ponencias, a es decir, Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas?
  Hurtado se opuso a las recusaciones de Espejel y de López.“No olvidemos la particular condición procesal —secundaria y colateral— que dicho partido [Partido Popular] ostenta en el presente procedimiento, que no es otra que la de supuesto partícipe a título lucrativo”, señaló en su voto particular. “Hasta qué punto es tolerable que la implicación de un actor secundario en el proceso penal, como es un mero partícipe a título lucrativo, pueda condicionar la formación de un tribunal penal…”.
   Dejó constancia el magistrado de “la campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación, así como a la articulada contra la presidenta de la sección segunda, con determinado tipo de opiniones y valoraciones, no positivas, generadoras de auténticos juicios paralelos…”.
 
Diligencia de ordenación   
 
  En la diligencia firmada por la secretaria judicial Inés Velázquez Tavera, del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se da cuenta de la composición de la sala, con Hurtado como ponente, junto con De Prada y de Diego, se pide que las actuaciones sean entregadas al magistrado ponente para resolver sobre los medios de prueba a considerar en el juicio. Esta diligencia no es firme, y, por tanto, cabe recurso de reposición contra ella en el plazo de tres días.
 
 

     

    

 

Rita, largo me lo fiáis

Por: Ernesto Ekaizer | 21 abr 2016

   Manuel-Marchena-Gómez

   

 

 

      Tal como había anunciado, el juez de Valencia, Víctor Gómez, ha elevado su exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la participación de la ex alcaldesa y actual senadora Rita Barberá en una trama de blanqueo de dinero en la campaña de 2015. Hay también otra petición judicial por presunto incumplimiento de la ley de Memoria Histórica, al mantener los símbolos franquista en la ciudad.

     La exposición ha entrado esta mañana en la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su destino es la llamada de la sala de admisión, que preside el magistrado Manuel Marchena (en la foto que abre esta entrada), presidente a su vez de la Sala Segunda. Integran junto con Marchena en estos momentos la sala de admisión los magistrados Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Ramón Soriano. La sala de admisión en realidad no entra en el asunto en esta fase más que para enviar a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que eleve su informe.

  El fiscal del Supremo tiene un periodo que se puede fácilmente colegir de entre veinte y treinta días para dictar su punto de vista sobre dos asuntos: competencia y base de la acusación, por tanto, sobre forma y fondo, sobre fuero y huevo. En este proceso tendrá que certificar la condición de senadora de la investigada Barberá.

   Una vez establecido su dictamen, el fiscal lo enviará a la sala de admisión, quien entrará al contenido. Si la causa sigue adelante por la confirmación de ambos puntos, la competencia y la existencia de indicios delictivos, se nombrará un instructor y una sala, diferente a la de admisión, encargada de los recursos que tengan lugar durante la instrucción del caso en el Supremo. El instructor, antes de proponer a la sala que resuelve todo lo relativo a la investigación la petición de suplicatorio, esto es, solicitar la autorización al Senado del desafuero, para poder actuar contra la senadora, puede citar a declarar a la senadora (artículo 118 bis ley de Enjuiciamiento Criminal) en calidad de investigada para determinar si efectivamente cabe solicitar la autorización al Senado. O la senadora puede ofrecer prestar declaración voluntariamente asistida por letrado o letrada. Y una vez tomada esa declaración y practicada las diligencias oportunas, el instructor puede proponer el suplicatorio para profundizar la investigación y en su momento proponer la apertura de juicio oral. O el archivo de la causa.

   Todo esto es lo que debería ocurrir procesalmente hablando.

    Rita Barberá es senadora. Y lo es por designación de las Cortes Valencianas. Y según las normas sobre permanencia en el cargo de senador o senadora, artículo 13.2, "si concluyera la legislatura del Senado antes que la legislatura de Les Corts que designó a las senadoras o senadores, se entenderán confirmados en el cargo por el tiempo que resta de la legislatura de Les Corts".

     Esto significa que Rita Barberá, disuelto el Senado, con vistas a las elecciones del 26 de junio, seguiría siendo sena  

   Ergo: la competencia seguiría siendo, sin Senado, de la Sala Segunda del Supremo.

   "Ella mantiene su designación. Por tanto, cuando se vuelva a constituir el Senado, después de las elecciones, automáticamente recoge su acta. No hay ningún trámite a realizar. Porque si designación por las Cortes Valencianas está vigente", dijo la fuente consultada. Por tanto, según esta interpretación, que se comparte en el Supremo, no necesita Barberá ser incluida en la diputación permanente del Senado para retener el fuero. Lo tiene por su condición de senadora designada por unas Cortes Valencianas que siguen en funcionamiento.

    El fiscal tendrá seguramente que pronunciarse sobre este punto en su informe.

    Pero el problema es que el comienzo de la instrucción de esta causa en el Supremo se cruza con las elecciones del 26 de junio. Y como en otros casos, existe la norma no escrita de no "interferir" en procesos electorales.

    Por tanto, es probable que una vez emitido el informe del fiscal si la causa sigue adelante las diligencias se retrasarán hasta después de las elecciones del 26 de junio. Hay que tener en cuenta que el Supremo tendrá que resolver otra cuestión caso de decidir actuar contra la senadora: ¿qué pasa con los casi cincuenta personas investigadas, entre los que se cuentan nueve concejales del Partido Popular? ¿Es posible instruir solo la parte de Barberá cuando se trata de una operación de blanqueo de fondos para la campaña electoral?

      

 

 

 

 

 

 

Italianización

Por: Ernesto Ekaizer | 20 abr 2016

                             Bandera-

     

       

 

 

 

 

 

    ¿Se ha consumado la italianización de la política española? La fragmentación que ha surgido de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, ¿supone trasladar a España la experiencia de Italia? Ello en el marco de una corrupción sistémica.

     Una conversación esta mañana con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ayuda a entender mejor la crisis política en España y sus consecuencias. Preguntado si está metido hasta las cejas en el seguimiento de los rastros de la banda de Luis Pineda y Miguel Bernad, Ausbanc y Manos Limpias, el fiscal jefe dice:

   -En esta banda y en muchas otras. Tenemos para rato. Las instituciones siguen funcionando como si todo lo que está pasando en la política española no importa, no les afecta. Ha ocurrido y ocurre en Italia. Pues eso...

    Hasta ahora la italianización de la política española era un concepto aplicado a la corrupción generalizada y a la fragmentación, a la existencia de un parlamento poblado por partidos con mayorías insuficientes para gobernar por sí mismos.

     Es decir, la italianización como sinónimo de corrupción rampante y fragilidad política.

   Pero hay otra dimensión que se desprende de las palabras de Zaragoza: la sociedad y sus instituciones, por un lado, siguen funcionando; y los partidos, por otro lado.

    Esta es la verdadera italianización. El divorcio entre la corrupción, los partidos y la realidad de la sociedad.  Porque la otra, la fragmentación política, existe también en muchos países. Véase, por ejemplo, Bélgica.

   En cambio, lo que siguen aportando el gobierno en funciones y los partidos es lío, confusión, irresponsabilidad. Ruido.

   Veamos un caso reciente. 

   A primeros de marzo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, nos hablaba de un concepto económico que podría ser una nota a pie de página de un futuro libro de doctrina económica: la ligerísima desaceleración. Desde hace seis meses es evidente que la recuperación económica española - o tomando prestado de la terminología bursátil, el rebote del gato muerto - pierde gas.      

  Sí, ya era así durante la larga precampaña y campaña electoral. Pero el Gobierno de Rajoy negó esta desaceleración. España sería indomable. ¿China? Nada, dijo Rajoy, eso no afectará a España. "En el medio plazo no va a haber ningún cambio sustancial", explicó a finales de agosto de 2015. 

   Ahora, el Gobierno reconoce el fracaso de sus resultados en 2015 y el de sus previsiones para 2016 y 2017 y negocia entre uno y dos años más para cumplir el déficit. Lo que había sido su caballo de batalla central en la campaña electoral, su responsabilidad, era de cartón piedra. A todo esto, uno de los organismos cuya creación fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), es tan independiente que el Gobierno no se ha dignado a enviarle el programa con los nuevos objetivos de déficit que van de camino a Bruselas para conseguir árnica.

  En otros términos, por un lado la corrupción sistémica, el guirigay gubernamental y partitocrático, y por el otro las instituciones y la sociedad civil. No más, de momento, encuentros de los ministros con periodistas en los que se aplican a colgarse medallas y ruedas de prensa del consejo de ministros para mayor gloria del Gobierno.

    

El suegro y la `lavadora´

Por: Ernesto Ekaizer | 13 abr 2016

                                Conde

 

     

 

 

   

 

 

   Mario Conde y su hija se han acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil ayer en Tres Cantos. Pero el abogado de los negocios de la familia, Javier de la Vega, ha sido el encargado de ofrecer la coartada: el dinero que enviaban las sociedades pantalla del exterior a las empresas del entramado montado en España procede de la fortuna que el fallecido constructor Alejandro Arroyo, padre de Lourdes Arroyo, ocultó en el exterior.

  Aunque los informes de la Guardia Civil señalan que Mario Conde (la imagen le muestra en la finca La Salceda, Toledo) comenzó a "repatriar" parte de los fondos ocultos que mantenía en Suiza desde 1999, la realidad es distinta. Ya en 1998, la juez Teresa Palacios, a cargo de la pieza de responsabilidad civil de los acusados del caso Banesto, investigó el trasiego de dinero que orquestaba el exbanquero desde el exterior, a raíz de cuatro transferencias de divisas realizadas a favor de  Alejandra Conde, entonces menor de edad, realizadas en 1993.

   Tres fueron registradas como préstamos concedidos por no residentes a residentes, depósitos constituidos por no residentes con plazo de amortización de un año o inferior y participaciones de residentes en la propiedad de empresas distintas de las materializadas en acciones.

   Atención: una de estas operaciones, el ingreso de 125 millones de pesetas (unos 780.000 euros), del 9 de julio de 1993, a través del Banco Urquijo, era una transferencia desde Suiza.

  Alejandra Conde cobraba por tres conceptos "asesoría y representación jurídica, redacción y certificación de documentos o instrumentos legales, servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y declaración de impuestos, y asesoría administrativa relacionada con la planificación y la organización, mejoras y controles de costes, eficiencia y otros, así como la administración de recursos humanos, relaciones con los empleados y otros".

    El fiscal Luis López Sanz, entonces teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que Conde había incluido en su declaración de la renta de 1993 a su hija Alejandra. "Sin embargo", matizaba, "en la base imponible de su declaración ese ingreso de 125 millones de pesetas no aparece incluido".

  En un artículo publicado en este periódico el mismo día en el que se hacía referencia a estas transferencias, el 9 de febrero de 1998, comenté  un informe de la Agencia Tributaria solicitado por el juez instructor del caso Banesto, Manuel García-Castellón, en 1995. He aquí los detalles del análisis, titulado La lavadora: 

   En el informe patrimonial sobre Conde, elaborado por la Agencia Tributaria en 1995 a petición del juez Manuel García-Castellón, se mencionaba a varias sociedades extranjeras relacionadas con sociedades del ex banquero. Una de ellas es la suiza Kaneko Holding, que fue utilizada por Conde para ingresar en 1991, desde Suiza, 2.595 millones de pesetas que mantenía aparcados en el exterior. Dichos fondos, pues, fueron ocultados a la Hacienda española tras la pantalla de Kaneko, que adquirió un 19% de Asebur Inversiones, la sociedad de Conde. Más tarde, en 1994, [mientras se sustanciaba el procedimiento judicial]  las instrumentales holandesas Ge.So.Co. (Geophysics Ultrasonic Co.) y Asuma entraron en el capital de las sociedades patrimoniales de Lassalcedas y Los Carrizos, de la familia Conde.

   La investigación de la llamada trama suiza confirmó que Conde era el propietario de Kaneko Holding, cosa que, según se ha apuntado, la Agencia Tributarla había anticipado. En su informe de 1995 subrayaba las vinculaciones del ex banquero con Kaneko, Ge.So.Co. y Asuma.

   Sin embargo, los datos referidos a Kaneko Holding no pueden ser utilizados para perseguir a Conde por delito fiscal. "La utilización de estos datos para fines directos o indirectos está excluida en un procedimiento de naturaleza fiscal de caracter penal o administrativo", dice la reserva de especialidad bajo la cual han sido transmitidas las comisiones progatorias realizadas en Suiza

  Por tanto, la información sólo puede ser aprovechada contra el ex banquero por operaciones de estafa, apropiación indebida y otras.

   La reserva añade, empero, que dicha limitación para los delitos fiscales, no afecta "a las que pueden ser consideradas como estafas en materia fiscal".

  La actividad de Conde con Kaneko, según expertos suizos, puede ser encuadrada dentro del lavado de dinero, castigado en Suiza a través del Codigo Penal.

     Por tanto, la lavadora de Mario Conde estaba funcionando desde mucho antes de 1999.

    Si los hechos confirman la existencia de esta conducta a primeros de los años noventa, los avatares de Conde y su suegro  - el hombre que, según la versión que se atribuye  al abogado De la Vega, amasó la fortuna que el exbanquero ha ingresado estos años en España- tampoco es una novedad en la vida de Mario Conde.

    En 1984, Mario Conde participó en la operación de alzamiento de bienes de la finca Can Poletá, Puerto Pollensa, Mallorca, propiedad de su suegro, Alejandro Arroyo. El constructor había incurrido en impago de una letra de cambio por valor de 14.580.000 pesetas al Banco de Madrid. Arroyo había aportado como garantía la citada finca. El banco embargó la finca. Y al avanzar en el procedimiento descubrió que, tras el embargo, Arroyo había la había "vendido". Los nuevos propietarios eran Mario Conde y su esposa, Lourdes Arroyo. El banco, tras ganar el juicio ejecutivo, y ante la negativa de Arroyo a pagar, presentó una querella criminal contra los nuevos propietarios:

  "Se desprende de tales hechos con claridad meridiana que el señor Arroyo y su esposa, conocedores ambos de que dichas fincas habían sido objeto de embargo en el procedimiento instado por el Banco de Madrid y que se encontraba su tramitación y exhorto dirigido a [al pueblo] Inca para llevar a cabo  la anotación registral de dicho embargo, se apresuran con evidente mala fe a formalizar escritura pública de compraventa, sin duda simulada a favor de su hija María Lourdes y  de su esposo Mario Conde, señalando como precio de la operación la ridícula suma de 3.000.000 de pesetas cuando el valor estimado de ambas fincas no es inferior al de 40.000.000 de pesetas, habida cuenta de la extensión superficial de las mismas, la posibilidad de edificar en dichos terrenos y de que, según la descripción registra, dentro de sus límites figura una casa, un molino de aceite, arbolado, zonas de labrantía, que evidencian sin genero de dudas que su valor es superior a consignado en la supuesta compraventa".

    El escrito remachaba:

   "Y no cabe alegar por parte de los compradores buena fe en la operación, porque dada la estrechísima vinculación familiar con los vendedores, más concretamente se trata de sus propios hijos, no se puede pensar seriamente que ignoraran la situación económica de su padre ni que dichas fincas se encontraban embargadas por el Banco de Madrid y todo ello viene a confirmar la sospechosísima y sorprendente celeridad demostrada demostrada por los compradores en presentar la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad de Inca, ya que habiendo sido otorgada el 4 de octubre en Madrid es precisamente al día siguiente y a las 10 horas, es decir, a la apertura de las oficinas de registro al público cuando presentan las escrituras del Registro de Inca. No cabe la menor duda de que tal celeridad estaba impulsada por el temor a que el exhorto para anotación registra del embargo causado, y que se encontraba pendiente de cumplimentación, fuera presentado ante el Registro de Inca antes que la supuesta escritura de compraventa".

     Mario Conde acudió a su amigo y jefe Juan Abelló, amigo de Pablo Garnica Gutiérrez, Pablito, en el Banco de Madrid. El hijo de Pablo Garnica Mansi, presidente de Banesto desde 1983, buscó una solución. La deuda fue pagada y la querella retirada. En el acta de la comisión ejecutiva del Banco Madrid, a finales de octubre de 1984, se señala:

    "En vista de las singulares circunstancias se aceptan las alegaciones del mencionado señor Conde y no se insiste en la acusación contra los compradores de la finca, sin perjuicio de mantener la exigencia de responsabilidades contra Alejandro Arroyo y su esposa".

  Pero, cosas de la justicia, el juez Barreiro, a cargo de la causa, siguió de oficio la instrucción y ordenó, el 2 de julio de 1985, el procesamiento de Conde y de su esposa.

  Finalmente, Banco de Madrid desistió también de su acusación contra Alejando Arroyo. El caso fue archivado como resultado de un recurso de apelación a la Audiencia de Madrid.

    Solamente por este hecho acaecido en el Banco Madrid,  Mario Conde difícilmente hubiera llegado a ser presidente de Banesto dos años después, en diciembre de 1987 en cualquier país de nuestro entorno. Banesto era la entidad matriz del Banco de Madrid.

    Pero, dejando este pequeño detalle margen, lo cierto es que aquella temprana experiencia de alzamiento de bienes y el trato con los registradores de la propiedad aportó una experiencia a Conde. Después de su doble condena en los casos de Argentia Trust y Banesto, ha toreado con ayuda de registradores los embargos de sus fincas y a través de sociedades en Suiza (Kaneko), Holanda (Ge.So.Co. y Asuma B.V) y Luxemburgo (G.I Beteiligung), las tres -Los carrizos, La Salceda y Can Poletá) siguen bajo su control. 

    Por tanto, Alejandro Arroyo ha vuelto, siempre según la versión que se atribuye al abogado Javier de a Vega, al primer plano. 

    

   

Banksters

Por: Ernesto Ekaizer | 11 abr 2016

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   Todo  -la investigación sobre los movimientos patrimoniales de Mario Conde en el extranjero - empezó en 2012. Tanto el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, como el fiscal Alejamdro Luzón -adscrito entonces a la Fiscalía Anticorrupción - estaban perplejos por un hecho: si bien sobre el exbanquero pesaba una exigencia de responsabilidades civiles equivalentes a alrededor de 26 millones de euros a raíz de su condena por los casos Argentia Trust  (pago de una factura de 3,7 millones de euros a una empresa suiza sin autorización y por trabajos inexistentes) y Banesto (operaciones de apropiación indebida y estafa) solo se había recuperado poca cosa.

  Y para colmo, las tres fincas del ex banquero seguían en sus manos: Los Carrizos de Castilblanco, (3.000 hectáreas en Sevilla, imagen principal), La Salceda ( 2.800 hectáreas en Toledo, imagen de abajo) y Can Poletá (Puerto Pollensa, Mallorca).

    Grande-Marlaska intentó reactivar el proceso de embargos, pero se encontró con dificultades. En una entrevista con este cronista, por aquellos días de 2012, se lamentó amargamente de que en Mallorca, por ejemplo, el registrador de la propiedad no quiso anotar el embargo. Fuentes consultadas indican que el fiscal Aejandro Luzón no estaba menos indignado. Intentó que Banesto, en manos del Banco Santander, llevara la voz cantante para conseguir quitar el control a Mario Conde. Pero altos ejecutivos, como era el caso de Jaime Pérez Renovales, transmitían -antes de pasar del Santander al Gobierno de Rajoy- una pasividad tal que hacía sospechar la inexistencia, por razones nunca explicitadas, de interés. Si el Santander, el gran acreedor, no impulsaba el procedimiento, ¿que podía hacer la Fiscalía?

   Luzón pasó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 2015 como teniente fiscal. Pero la Fiscalía Anticorrupción se puso manos a la obra bastante antes, en 2014, sobre la pista de Conde. Y contó con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se hizo un seguimiento de las empresas blancas con las que Conde trabajaba en la industria de cosméticos y organización de eventos. Y se empezó a advertir el flujo de fondos por el cual Conde ingresaba dinero en España de su patrimonio en el exterior a través de la sociedad holding Galloix, con sede en Ginebra, Suiza.

   Conde empezó a finales de 1980 a mantener un patrimonio en el extranjero, tras cobrar una importante comisión por la venta del laboratorio Antibióticos a la multinacional italiana Montedison. En octubre de 1990 - según he podido reconstruir con ayuda de su fiduciario en Lausana, Suiza, el profesor Paolo Gallone- Conde se presentó en su despacho de la rue d'Etraz, 12, en compañía de Mariano Gómez de Liaño, Francisco J. Sitges y Arturo Romaní. Le preguntó si podía crear una sociedad holding para gestionar su patrimonio privado en el extranjero. El entonces presidente de Banesto ya había registrado una fundación en Liechtenstein a nombre de él y de los otros tres citados. Ahora quería una holding suiza para su patrimonio personal. Gallone fundó, pues, Kaneko Holding, que se hizo con el control de la principal sociedad patrimonial de Conde en España: Asebur Inversiones.

    Durante estos tres años, entre finales de 1990 y finales de 1993, cuando el Banco de España intervino Banesto, Conde y sus acompañantes utilizaron sociedades suizas y varias fundaciones en Liechtenstein para canalizar los beneficios de operaciones ilícitas.

   En febrero de 1994, dos meses después de la intervención de Banesto por el Banco de España, Conde ordenaba disolver la Fundación Melvin. En diciembre de 1994, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentaba una querella criminal contra Conde y los administradores de Banesto. Esas Navidades de 1994, el ex banquero las pasaría en prisión preventiva en la cárcel de Alcalá Meco.

   Los tribunales declararon probadas las operaciones por las cuales la cúpula de Banesto obtuvo 7.300 millones de pesetas (45 millones de euros, en números redondos). Pero mientras varios colaboradores de Conde sufrieron embargos y el accionista de Banesto, el Banco Santander, se resarció parcialmente, el caso de Mario Conde parecía especial. El Santander no quiso llevar adelante una batalla jurídica en los tribunales para quitarle el control de sus fincas.

   Conde había transferido la propiedad de Can Poletá a una sociedad de Luxemburgo (G.I. Beteiligung), y la de Los Carrizos y La Salceda, en proporciones diferentes a Asebur Inversiones, propiedad de Kaneko Holding, y a las holandesas Ge.So.Co, y Asuma BV, respectivamente.

    Los informes policiales, citados por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Grande-Marlaska, ya hablaban en  2012 sobre  la titularidad real de esas sociedades.  Eran de Conde.

   En 2015 hicieron veintidós años desde que la Universidad Complutense de Madrid concediera, en una operación de imagen, pactada a cambio de ayudas de Banesto que nunca se concretaron, el Doctorado Honoris Causa a Mario Conde. Y este diciembre de 2015, la Agencia Tributaria le declaraba el moroso número 2 de España, con una deuda de 9,9 millones de euros.

   Mario Conde, pues, ha acumulado un patrimonio en el extranjero a buen recaudo entre finales de los años ochenta y la actualidad. El dinero es fungible. Ergo: Conde unió lo detraído de Banesto a su patrimonio ya existente. Y en todos estos años ha seguido operando con su patrimonio oculto.

   De los 26 millones de euros que se le han impuesto como responsabilidad civil, Banesto (Banco Santander) ha recuperado un millón de euros como resultado de una negociación en 2004 para que el exbanquero pudiera abandonar la prisión con un permiso de cinco días y poder asistir como padrino a la boda de  su hija Alejandra -detenida hoy junto con su hermano y su padre - el 3 de julio de dicho año, evento que se celebró, cómo no, en la finca sevillana de  Los Carrizos. A cambio de ese dinero, el Santander no se opuso al permiso. También se recuperó una parte de la finca sevillana, llamada Cuarto del Rincón (aunque el Santander no ha asumido la propiedad) y 539.000 euros embargados a un fondo de inversión. Y, con anterioridad, en relación con el caso Argentia Trust, se subastaron tres cuadros (Picasso, Juan Gris y Georges Braque) que el exbanquero había depositado para avalar una fianza.

   Poca cosa para la cantidad fijada.

   Conde, pues, ha seguido en sus trece. Si el fiscal norteamericano de los años treinta, Ferdinand Pecora, tuviera a MC frente a sí no dudaría en aplicarle la palabreja que se inventó al investigar a los banqueros que contribuyeron con sus prácticas a la Gran Depresión: banksters.

     

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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