El juez Ruz, punto...y seguido

Por: Ernesto Ekaizer | 26 nov 2014

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  El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un  partido, el PP, a título lucrativo. 

  Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.

  Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.

  El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

   Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

  Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.

  Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos". 

  Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.

  Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.

  Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.

  Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.

  He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

  Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.

  Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.

  Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

  Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

   El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.

Un juez en comisión de servicios

  Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

  Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

   Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

   Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

   ¿Cuál es la situación de Ruz?

   La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

  Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

  La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

  Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

  Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.

  El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.

   He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

  Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

  Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

    Bien.

   Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

  En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

   La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

   A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre: 

 Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

  Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

  Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

  Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

   En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

  No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

  Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

   No parece, por tanto, la solución indicada.

   Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

  Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".  

   El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

   Este auto, como decimos, es recurrible.

   Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

   Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

  Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

  Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

  Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

  Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

  La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

  Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.

  Punto...y seguido.

La 'conexión Nicolás'

Por: Ernesto Ekaizer | 25 nov 2014

          

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  El pasado sábado 6 de septiembre, el abogado Cristóbal Martell, que lleva los asuntos de Jordi Pujol i Soley, Jordi Pujol Ferrusola y los otros miembros de la familia, recibe en su teléfono móvil una llamada. 

  -Cristóbal, soy Juan Munguira, asesor internacional de la CNMV, no me conoces, te llamo por amigos comunes de Canarias. Necesito verte por un tema urgente. Estoy por viajar a Estados Unidos y tendría que ser mañana.

   Martell, nacido en Canarias, afincado en Barcelona, decide recibirle.

  Al día siguiente, domingo 7 de septiembre, Munguira se presenta en el hotel Majestic, donde ha propuesto la cita Martell ya que su despacho en la Torre de Bárcelona está cerrado fuera del horario de trabajo. 

   Pero no viene solo.

  En la terraza-ático del Majestic acude en compañía de un joven de 20 años. Éste lleva un cartapacio en la mano. Martell no tiene que esforzarse demasiado. El jóven exhibe lo que parece ser un sello del Palacio de la Moncloa.

   La voz cantante no corresponde a Munguira, que ha sido quien ha hecho el contacto.

   Martell está intrigado.

   El pequeño Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, explica que representa a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

  Que están interesados, dice, en rebajar la presión sobre los Pujol, y que quieren reencauzar las relaciones con Cataluña, necesitan información comprometida sobre escándalos de Esquerra Republicana de Cataluña.  Menciona que Jordi Pujol Ferrusola va a prestar declaración ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional en algo más de una semana, el 15 de septiembre de 2014.

  Martell escucha, atónito, varias veces mencionar a la vicepresidenta del Gobierno.

  El abogado les dice que no puede aportar ninguna información sobre lo que le están pidiendo -escándalos de ERC- y se despiden.

  El pequeño Nicolás no pierde el tiempo en Barcelona.

  Ha conseguido, a través de un empresario y un concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona, llegar a Oriol Pujol, ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, imputado por delitos de soborno y tráfico de influencias en el caso ITV.

 El encuentro será en el hotel Majestic. El pequeño Nicolás le explica que necesita información sobre escándalos de ERC. Y menciona varias veces que colabora con la vicepresidenta del Gobierno.

  -Una persona tan joven como tú trabajando para la vicepresidenta - dijo Oriol Pujol.

  -Eso precisamente es lo que ella está buscando. Gente que no esté quemada...

  Su versión: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era incapaz de obtener información fidedigna sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña, por estar inmerso, según dijo, en peleas internas. Agregó que la vicepresidenta del Gobierno, de quien depende el servicio de inteligencia, utilizaba ahora otras vías para conseguir datos de interés, apelando a personas que no estaban contaminadas. Señaló que la vicepresidenta quería rebajar la tensión sobre la familia Pujol. Le ofreció un encuentro con Soraya Sáenz de Santamaría. Mencionó que tenía relaciones directas con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y que dicha organización podría moderar sus denuncias contra Oriol Pujol. El pequeño Nicolás, asimismo, le pidió dinero para hacer estas gestiones.

  Deslizó, también, que se quedaría a dormir en Barcelona, en casa de su amigo Javier de la Rosa, el financiero convicto.

  Con De la Rosa, el pequeño Nicolás no solo guarda parecido físico (ver foto publicada en la portada de EL PAÍS, el día de la detención del ex financiero catalán, en octubre de 1994). También su manera de acercarse a personas relevantes y a periodistas.

 

 

 

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   Su estilo, por ejemplo, de usar el name dropping, la práctica de dejar caer nombres de gente importante e insinuar directa o indirectamente la posibilidad de obtener favores y/o información al tiempo que aludir a dossieres.

  El encuentro acaba en una posible nueva cita.

  Tras la declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante el juez Pablo Ruz, el 15 de septiembre, el pequeño Nicolás concierta una nueva cita con Oriol Pujol en el hotel Claris, en la calle de Pau Claris. Sería la semana siguiente.

  Ni el juez ni la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, solicitaron medida cautelar alguna contra Pujol Ferrusola. Con todos los informes de la UDEF y la propaganda oficial sobre esta comparecencia y el carácter presuntamente decisivo de la misma, la ausencia de medidas sorprendió al gran público, habida cuenta de la repercusión mediática de las noticias policiales previas.

  La UDEF difunde, tras la comparecencia, que está descontenta con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción por no solicitar ni prisión ni medida alguna, como retirada de su pasaporte y obligación a presentarse ante el juzgado periódicamente. 

   El pequeño Nicolás, después de la declaración de Pujol Ferrusola, llama a Cristóbal Martell.

  -Has visto, Cristóbal, qué bien ha ido, ¿no? Ninguna medida cautelar... Ya te dije que se quería bajar la presión...

   Y es lo mismo que le explica en su segundo y último encuentro a Oriol Pujol.

  -Has visto, ¿no?, lo que te había anticipado. La vice quiere bajar la tensión. No se han impuesto medidas cautelares contra tu hermano.

   A todo esto, ¿qué papel juega en toda esta trama Juan Munguira, abogado, vocal asesor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha trabajado en asesoramiento de la OCDE y el Banco Mundial?

 Munguira llegó a la CNMV con la ex presidenta Pilar Valiente y Antonio Alonso Ureba, secretario del consejo de administración de la CNMV.

   El nombre de Munguira saltó a la prensa y a la Audiencia Nacional a raíz del escándalo de la sociedad gestora de carteras, Gescartera, en 2001, una estafa que hizo desaparecer el equivalente de 8.300 millones de pesetas (50 millones de euros), con más de 4.000 clientes afectados.

 Munguira, amigo del ex cantante Jaime Morey, recomendó la entrada de su hija, Laura Morey, en Gescartera, donde trabajó en prácticas, para más tarde convertirse en novia del propietario Antonio Camacho.

 Junto con Pilar Valiente, Luis Ramallo, Munguira y otros directivos de la CNMV recibieron regalos de Camacho.

  Juan Munguira no ha contestado a los mensajes enviados a su teléfono móvil para conocer su versión sobre los hechos que le llevaron a Barcelona el 7 de septiembre junto con el pequeño Nicolás.

  Quizá Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, que conoce a ambos, a Nicolás y a Munguira, pueda conocer la versión de labios de su asesor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

San Artur

Por: Ernesto Ekaizer | 20 nov 2014

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   "El PP está en camino de convertir a Artur Mas en un santo. No se me ocurre ya ninguna idea para reconducir las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de Rajoy. Llegados a este punto uno no puede imaginar cuál sería el camino".

  Esto piensa y dice un alto cargo institucional de Convergencia i Unió.   

  La querella que se apresta a presentar la Fiscalía ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en principio por presuntos delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones, tendrá, pues, al menos a juicio de hombres y mujeres de CiU, el efecto de santificar a Mas.

   Bien.

  Eduardo Torres-Dulce ha conseguido el previsible apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para presentar, a través de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, la querella criminal.

 Los votos discrepantes, que cuestionan la existencia de bases jurídicas para una acción penal, también tienen algunas explicaciones personales.

 En el caso de Bartolomé Vargas, por ejemplo, hay que recordar que durante tres años investigó en la fiscalía del Tribunal Supremo, a finales de los años noventa, la implicación de Josep Piqué cuando era ministro de Industria, 1998, en la condonación de un crédito de ICO a la empresa Ercros, de la cual Piqué había sido presidente.

 Jesús Cardenal, fiscal general del Estado durante el gobierno de Aznar, relevó a Vargas de esta investigación en septiembre de 2001, le cambió de sección y el caso se archivó. 

  El otro voto discrepante ha sido el de Pedro Crespo, ex teniente fiscal y fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Cándido Cónde-Pumpido.

  En la Fiscalía del TSJ de Cataluña se interpreta esta posición disidente también, razones jurídicas aparte, como un gesto de solidaridad de Crespo, que comenzó a ejercer su carrera fiscal en Barcelona, en 1991, antes de pasar, en 1997, a ser delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   La querella, como decíamos, se ha abierto camino.

  La pregunta es: ¿cuáles serán los pasos siguientes?

  La Fiscalía del TSJ de Cataluña presentará el escrito, por orden de Torres-Dulce, en la sala civil y penal del TSJ.

  Esta sala está formada por cinco magistrados y la preside Miguel Ángel Gimeno (foto que abre esta entrada), que es, a su vez, el presidente de todo el TSJ de Cataluña.

  El acuerdo para nombrar a Gimeno se remonta a octubre de 2010, cuando se pactó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presidía Carlos Dívar.

   Fue el mismo pleno que resolvió nombrar a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

  Las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, llevadas a cabo por los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, llegaron a un armisticio.

  El PP, preocupado por la marcha del caso Gürtel propuso a Pilar de la Oliva en la Comunidad Valenciana, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Francisco Camps, y los progresistas a Miguel Ángel Gimeno en sustitución de María Eugènia Alegreten Cataluña. La verdad es que, para las expectativas depositadas por el PP, la magistrada De la Oliva se ha comportado con independencia.

  La sala de lo penal y civil del TSJ de Cataluña ya tiene al menos doce denuncias contra Mas procedentes de la inhibición de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavá. Se han pasado a informe del fiscal y se ha formado sala de admisión de tres magistrados.

  Pero en el caso de la querella contra Mas no se necesitará informe del fiscal. Porque es el fiscal jefe de la Fiscalía del TSJ de Cataluña el que elevará la querella.

  Por tanto este trámite queda sin efecto.

  Habrá que determinar si, por la importancia del asunto, será el pleno de cinco magistrados de la sala civil y penal el que asumirá estudiar y decidir sobre la admisión a trámite.

   La querella llegará con la oposición de la Fiscalía del TSJC pero con el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, la cúspide de la carrera fiscal. Es verdad que representa, esencialmente, a los fiscales importantes de las instituciones de Madrid. 

  Pero, ¿puede inadmitir la querella la sala de lo civil y penal?

  Teóricamente puede, claro.

   Pero sería un golpe tremendo para los promotores, Torres-Dulce y la Junta de Fiscales de Sala.

   Supondría ahondar en la crisis catalana.

  Sería, para el Gobierno y para el  sector duro del PP, la prueba de que la justicia en Cataluña ya ha optado por la independencia. De que se ha independizado.

   Y, claro, la simple admisión a trámite de la querella sería un acontecimiento de gran repercusión.

  Porque Mas, junto a la vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau, serán llamadas a prestar declaración en calidad de imputados por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

    Se dirá que tenemos ya un antecedente y aquí no ha pasado nada.  

    Me refiero al caso del lehendakari Juan José Ibarretxe por sus conversaciones con Batasuna a raíz de la querella interpuesta por el Foro de Ermua, el 27 de abril de 2006. En la querella se  denunciaba las conversaciones de paz entre Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

    Pero era una querella del Foro de Ermua. No de la Fiscalía General del Estado.

   

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 En cambio, la repercusión internacional de una declaración de Mas como imputado serían muy distintas. Tendrían gran impacto, habida cuenta de todo lo que ya ha ocurrido hasta ahora.

  Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC y de la sala de lo civil y penal, se ha pronunciado ante el referéndum en 2013.

 Consideraba "francamente complicado" celebrar una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, "porque la Constitución española habla de lo que habla, de la unidad".

  El magistrado estimaba que "hablamos de la consulta por la independencia, no de una consulta, y esto es algo difícil que se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta lo que dice la Constitución sobre la unidad". Sólo veía una posibilidad de llevarla a cabo y es con la implicación y participación del todos los españoles: "Otra cosa es que la consulta sea a nivel del Estado".

   Pero incluso cuando se pudiera hacer la consulta por la autodeterminación de Catalunya y esta contase con el acuerdo de Generalitat y Estado, Gimeno dejó en claro que el resultado "no tendría efectos jurídicos". "Haríamos la consulta, nos encontraríamos con la respuesta pero, ¿cuál sería la implicación? No tendría efectos jurídicos sino políticos, por lo tanto seguiría siendo una discusión política".

   Pero una cosa son sus apreciaciones generales sobre el asunto del referéndum y la consulta, y otra cosa es el contenido penal de la acción del 9-N.

   Las derivaciones políticas de la instrucción de esta querella no serían menores.

  La santificación de Mas, como ha dicho el alto cargo institucional y dirigente de CiU que hemos citado, replantearía el tema del referéndum y de la consulta en otros términos: a favor de Mas o contra Mas. 

   Y, en estas condiciones, la convocatoria de las elecciones autonómicas, que está por definir, asumiría un nuevo perfil.

   ¿Seguiría resistiéndose Oriol Junqueras a una lista conjunta de Esquerra Republicana de Catalunya con CiU y las otras fuerzas independentistas?

   La criminalización del caso, a través de la querella, supone un nuevo salto cualitativo del conflicto. Y coloca a Mas todavía más , si cabe, en el centro de la escena.

   Mas irá a más.




El fracaso de Torres-Dulce y su modelo

Por: Ernesto Ekaizer | 18 nov 2014

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Foto: Luis Sevillano

    La gente se pregunta: ¿Es que Eduardo Torres-Dulce quiere hacer el último servicio al Gobierno de Rajoy con la presentación de la querella contra Artur Mas antes de dejar su puesto?

   Y la respuesta es: no. El fiscal general del Estado quería presentar la querella desde el primer momento. Por ello la secretaría técnica hizo un borrador.

  ¿Cuál era la hoja de ruta exacta de Torres-Dulce?

  En lugar de hacer un ejercicio de autoridad en un órgano jerárquico como es el Ministerio Fiscal, Torres- Dulce, que carece de lo que los franceses llaman "le physique du rôle", las caracteristicas del personaje, lo hizo a su estilo.

Asaeteado por Alicia Sánchez-Camacho, quien reveló la primicia de que la Fiscalia General del Estado ya tenía preparada la querella criminal por varios delitos -malversación, desobediencia, prevaricación y cohecho-, Torres-Dulce se mantuvo, empero, fiel a su plan original.

Ese plan consistía en que la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña presentara la querella. Por ello citó al fiscal jefe José María Romero de Tejada y al teniente fiscal, Francisco Bañeres, a Madrid, para confiarles la querella.

El pasado viernes 14 de noviembre, en Burgos, reiteró que la fiscalía del TSJC era la encargada de la querella e insinuó que no pasaba nada si se dejaba de presentar ya que el TSJC se vería abocado a debatir el asunto por las denuncias contra Mas por el 9-N en diversos pueblos de Cataluña.

Torres-Dulce tenía información errónea sobre la junta de fiscales del TSJC. O se negó a reconocer la realidad.

Sabía, o debía intuir, que no contaría con el apoyo del hombre con más peso en la fiscalía del TSJC: el fiscal Martín Rodríguez Sol. Torres -Dulce le había nombrado fiscal jefe del TSJC y se vio obligado a destituirle en 2013.

 Por dos asuntos: el célebre borrador de la UDEF, sin firma, difundido en noviembre de 2012, días antes de las elecciones autonómicas catalanas, sobre Mas y Jordi Pujol. Rodriguez Sol quiso investigar a fondo dicho borrador.

 Y segundo, y no por ello menos importante, a raíz de unas declaraciones del entonces fiscal jefe sobre la necesidad de buscar un encaje legal y constitucional al deseo de los catalanes de votar.

 Con todo el dolor en el alma -Torres-Dulce es padrino de un hijo de Rodiguez Sol-, el fiscal general del Estado cesó al fiscal jefe del TSJC.

 Por tanto, Torres-Dulce se embarcó, la semana pasada, en un viaje a ninguna parte cuando confió el destino de la querella, en la que creía, antes del 9-N y ahora, a la fiscalía del TSJC.

 Tenia cierta idea de cómo conducir al Ministerio Fiscal. Y fracasó. Él y su modelo. Si quería presentar la querella, como así era, tenía otro curso de acción a su alcance: ordenar el lunes 10 al fiscal jefe del TSJC que lo hiciera. Sin debates en la junta de fiscales del TSJC.

 En tal caso, no habria lugar a ningún conflicto. Se trataba de un ordeno y mando.

 La jerarquía así lo permite. Pero optó por lo que podríamos llamar un modelo autogestionario. Ahora Torres-Dulce, al discrepar la fiscalía del TSJC e invocar el artículo 27 del Estatuto, oirá a la junta de fiscales de sala.

 Aunque no es vinculante lo que opine la junta, es probable que Torres-Dulce obtenga su respaldo. O, en todo caso, le dejarán manos libres. Y presentará la querella por el delito de desobediencia y otros. Que, todo hay que decirlo, llegará muy debilitada al TSJC, que debatirá su admisión a trámite.

  El fiscal Pedro Horrach ha explicado, en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena Ser, que todo esto demuestra la autonomía del Ministerio Fiscal. Pero aquí el problema no es la autonomía. Aquí lo que se ha visto con el fracaso del modelo y estilo de Torres-Dulce es que no existe la autonomía de las fiscalías del los TSJ respecto a la Fiscalía General del Estado. Que la autoridad es la autoridad. Que hay una persona que debe cortar el bacalao.

 El Gobierno de Rajoy siempre echa las culpas a los demás de lo que es su propia inoperancia.

 En este caso se trata de responsabilizar al Tribunal Constitucional por no requerir a Mas en persona para que se abstuviera de desobedecer, como si el gobierno catalán no estuviera personado en la causa del referéndum y lo desconociera. Y también de descargar el peso en el fiscal general del Estado, que será el gran pagano por la crisis institucional aflorada con la respuesta o no respuesta al 9-N.

 El Gobierno y su delegada en Cataluña miraron, simplemente, hacia otro lado después de obtener la suspensión de la consulta bis. Mas no acató y el gobierno no hizo nada para que acatara.

Transparencia, ¿parcial o completa?

Por: Ernesto Ekaizer | 17 nov 2014

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  José Antonio Monago declaró ayer en Madrid: "Quién me ataca a mi, ataca a Extremadura". Esto nos suena, ¿no? Quién atacaba a Jordi Pujol y su familia atacaba a Cataluña. Los asesores del presidente extremeño seguramente conocen esa circunstancia y a pesar de ello han decidido identificar a Monago con Extremadura.

  A partir de esta identificación el caso Monago ha dado un salto cualitativo.   

  Se trata de llegar al fondo. Y el fondo no es otro que toda la verdad.

 El presidente extremeño ha esgrimido como carta de triunfo un documento del Senado.

  El secretario general del Senado, Manuel Cavero Gómez, "certifica: que conforme que conforme a los datos que obran en la Secretaría General del Senado, en el periodo comprendido entre el día 3 de mayo de 2009 y el día 9 de noviembre de 2010 se abonaron, con cargo al Presupuesto del Senado, un total de dieciséis desplazamientos en avión, con origen en la Península y destino en las Islas Canarias, del Excmo. Sr. D. José Antonio Monago Terraza, Senador designado por la Comunidad Autónoma de Extremadura para la IX Legislatura.

Y para que conste a solicitud del interesado, expido la presente certificación en el Palacio de Senado a doce de noviembre de dos mil catorce".

  En esta descripción, como es evidente, no se mencionan las fechas de los "desplazamientos".

  Se supone, asimismo, que aparte de esos desplazamientos "con origen en la Península y destino en las Islas Canarias" el Senado habrá pagado también los desplazamientos con origen en las Islas Canarias y destino en la Península, parafraseando la certificación. En otros términos: 16 desplazamientos a Canarias y 16 desplazamientos de allí a la Península.

 ¿Por qué razón no se da cuenta en el documento de las fechas en que tuvieron lugar los llamados desplazamientos?

  Porque Monago no lo pidió.

  El director de comunicación del presidente de Extremadura, Juan Rodríguez, me explicó este lunes, día 17 de noviembre, que como la noticia sobre el asunto hablaba de 32 viajes se había pedido al Senado información sobre los viajes realizados.

 A la pregunta sobre si se había solicitado al Senado la fecha de cada uno de los viajes, la respuesta es que no. Rodríguez añadió que el equipo de Monago ha podido, por su cuenta, reconstruir viaje por viaje, de acuerdo con las actividades del PP.

 Explicó que si el hecho de que fueran actividades del partido lleva a que "se decida que no vale" pues entonces se plantearía "sufragarlos". Y añadió que "hay viajes del Senado y Congreso que los parlamentarios utilizan para su actividad partidista".

  Monago ha presentado la certificación como la prueba de que el Senado confirmaba que sus viajes eran viajes de "trabajo".

  Como se puede apreciar en el lenguaje utilizado por el Senado no se habla de "viajes de trabajo" sino, simplemente, de "desplazamientos".

  Este afán de hacerle decir al secretario general del Senado algo que no dice indica que Monago no quedó del todo satisfecho con la palabra "desplazamientos".

  ¿Por qué son relevantes la fechas de cada uno de los viajes?

 Porque es la manera de conocer qué actividades relacionadas con su cargo de senador pudo cumplir Monago en Canarias.

  Con todo, la explicación de Rodríguez ya indica que la reconstrucción que ha hecho el equipo de Monago va por las actividades del PP.

  Y no por el Senado.

  Pero las fechas permitirían, además, conocer el alcance de una información que introdujo por su propia cuenta Monago en sus explicaciones: los pagos de viajes hechos con una tarjeta Visa personal.

  Conocer todos estos detalles no es incompatible con la defensa de Monago en los tribunales y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

  Monago mismo lo reconoce de hecho cuando decide lanzar su caso al tribunal de la opinión pública.

  No otra cosa son sus múltiples comparecencias desde el viernes pasado, tras obtener la certificación del Senado. 

  Con todo, ha aprovechado las comparecencias para lanzar su candidatura a las elecciones de mayo de 2015, aunque nadie del Gobierno del PP le ha acompañado en Madrid este lunes 17, como suele ser costumbre cuando visita la capital para hablar en público un presidente de Comunidad Autónoma 

  La avasallante conducta de Monago en este caso, después de sus titubeos y contradicciones iniciales, recuerda a la de Esperanza Aguirre - que sí  acudió a escucharle al hotel Palace de Madrid -, al estallar la Operación Púnica, cuando la Guardia Civil detuvo al que fuera su brazo derecho en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

  El paralelismo consiste en esto: Aguirre aprovecha la citada operación para lanzar una campaña contra la corrupción y parece erigirse en la zarina anticorrupción del PP, hearings ensayados mediante; Monago cabalga sobre el incidente de los viajes a Canarias con cargo al Senado (para desarrollar presuntas actividades que siguen sin estar acreditadas) y propulsa su candidatura.

  A la luz de lo que ha dicho, el lema de su campaña podría ser Monago es Extremadura.

  El striptease o revelación o transparencia debe ser completa. 

  ¿Por qué?

  Porque todos somos mayores y sabemos lo que es una verdad parcial...

  Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿sigue siendo el asunto de los viajes del entonces senador José Antonio Monago un asunto privado como para que el Senado desvele solo por petición del interesado las fechas en que tuvieron lugar?

   O, planteado por el presidente como un asunto de Estado, es decir, de Comunidad Autónoma, a saber, que el que ataca a Monago en la cuestión de los viajes está atacando a Extremadura, ¿no debería el Senado proceder a efectuar un full disclosure, una revelación completa, aportando la fecha de cada uno de los viajes en cuestión?

 ¿No sería la mejor manera de evitar que su certificación sea usada como patente de corso? 

  El criterio, en el punto en que nos encontramos, ¿no debería ser acabar con toda sombra de duda?

  La respuesta: sí.
    

 

  

 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

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La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

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El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
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El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

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He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

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Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

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Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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