Montse Gasull, vuelta a la escena del crimen

Por: Ernesto Ekaizer | 04 sep 2015

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Artur Mas, ¿cumplió en su comparecencia ante el Parlament del miércoles 2 de septiembre la amenazas de Jordi Pujol de 2009 y 2015?

  La explicación de que las empresas dan dinero a todos los partidos y que en el caso de Teyco el partido Convergencia i Uníò es el que menos ha recibido, ¿puede considerarse un paso en dirección a lo que ya advertía el expresidente Jordi Pujol?

   Pujol dijo, en el programa Ágora, de TV 3, el 27 de octubre de 2009, en relación a la financiación de los partidos políticos, lo siguiente:

  -Si entramos aquí nos haremos mucho daño, porque yo tendré una respuesta fácil. Yo también le podría decir: 'estos dieron tanto a tanto'. Todos haríamos un poco de hedor. No entremos, pero, si hace falta entrar, entraremos. Me parece que no tengo que entrar, pero si tengo que entrar personalmente, entraré.

  Habían pasado cuatro años desde que Pasqual Maragall lanzara "ustedes tienen un problema y se llama 3%" en el Parlament para retractarse enseguida ante la reacción dramática de Mas.

  Bien.

  Pujol volvió sobre el asunto el viernes 26 de septiembre de 2014 al comparecer en la comisión del Parlament sobre evasión, fraude fiscal y corrupción. para explicar las cuentas bancarias de sus familiares ocultadas a Hacienda, un hecho sobre el cual el expresidente asumía la responsabilidad. Esta vez, Pujol apeló a una metáfora.

  -Si vas segando la rama de un árbol, al final cae una rama y todos los nidos que hay hasta caer el árbol entero y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política.

  Volvemos, después de este flash back, a la comparecencia del president Mas. En su explicación, basada en un texto que llevaba, explicó que las empresas aportan dineros a todos los partidos y que lo hacen en función de la sintonía que tienen con el "modelo de país" que defiende cada uno de ellos. En el caso de Teyco, dijo que CiU había ingresado menos dinero que otros partidos.

   Las empresas que contratan con las administraciones dan dinero, pues, por afinidad política ("modelo de país"). En cierto modo, viene a ser una variante de la explicación que ofreció Luis Bárcenas el 15 de junio de 2015 en el mismo Parlament en calidad de "experto". Las donaciones que aportaban al PP -y que Bárcenas fraccionaba para eludir la ley - tenían un motivo muy simple: querían cariño.

   "A cambio de cariño exclusivamente". Esto, para el extesorero del PP, es diferente del 3%.

  Según Mas, la operación del pasado viernes 28 de agosto, de entrada y registro -en la sede de la fundación CatDem, en el despacho del responsable de dicha fundación, situado en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y en el domicilio del ex tesorero del partido, Danie Osácar, y en el ordenador que éste sigue usando en la citada sede- fue montada como espectáculo electoralista por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. El president se apoya, en efecto, en la memoria que existe en Cataluña sobre ciertas operaciones extrajudiciales impulsadas por el Ministerio del Interior sobre todo en las elecciones autonómicas de 2012 y próximas al referéndum del 9 de noviembre de 2014 dirigidas a desactivar al soberanismo a través de la criminalización de sus dirigentes.  Nos referimos  la presunta investigación del propio Mas y de Pujol en Liechtenstein. O, por ejemplo, el montaje de la cuenta falsa en la Union de Banques Suisse (UBS) del entonces alcalde Xavier Trías, a finales de octubre. 

   Pero he aquí que en su relato, Mas omite toda referencia a la autorización judicial, es decir, a la orden de entrada y registro. Cuando se le pone de relieve este hecho en el Parlament, intentó zafarse con una explicación fácil: la orden fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.

   Esta presentación ha borrado del mapa nada más ni nada menos que al juez. Un juez que desde 2013  desarrolla la investigación que desemboca en la entrada y registro del pasado viernes, día 28 de agosto, y, también, a la fiscal.

   Nos referimos al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de El Vendrell, municipio de Tarragona, Josep Bosch Mitjavila, y a la fiscal Macarena González Castillo.

   Bosch es un juez joven. Llegó al juzgado de El Vendrell en 2013. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba el 20 de marzo de 2013 la relación definitiva de aspirantes que superan el proceso selectivo para ingreso en la carrera judicial así como los incrementos de puntuación a los efectos de destinos. Bosch Mitjavila figura con el número 32 en la lista de 231 jueces propuesta por la dirección de la Escuela Judicial. El BOE del 1 de abril de 2013 recoge los nombramientos.

    Mira por dónde, pocos meses después, en el otoño de 2013, la concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el ayuntamiento de Torredembarra Montserrat Gasull (en la foto) se persona ante la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Acude acompañada de Rachid El Ghzaoui, ex empleado de un horno de pan, empresa del alcalde del citado pueblo marinero de la Costa Dorada, Daniel Masagué. No es la primera denuncia que presenta la concejal. Otras seis sobre diferentes actividades presuntamente corruptas son denunciadas en 2012 ante la Fiscalía. También el partido de los Socialistas de Cataluña denuncia. Tres denuncias son archivadas.

   Pero la denuncia de Gasull y Rachid de octubre de 2013 corre distinta suerte. La Guardia Civil las aporta al juez Bosch. "El 6 de mayo de 2014 presento seis denuncias más después de que mi letrada se ha estudiado en profundidad las irregularidades", recuerda la ahora exconcejala del ayuntamiento de Torredembarra en conversación con EL PAÍS.

   La información que aportan Gasull y Rachid es complementaria. De uno y otro lado del mostrador. La entonces concejala revela las irregularidades de un lado, es decir, el Ayuntamiento, las mesas de contratación de obra pública, por ejemplo, mientras que el ex empleado narra el trasiego de billetes de 500 euros que circulan dentro de sobres blancos de 20.000 y 30.000 euros y el ingreso de estas cantidades en tres entidades bancarias. Las denuncias constituyen la crónica de contratos de asesoría externa para cortocircuitar informes contrarios a la posición del secretario municipal, pago de alquileres inflados por parte del Consistorio, sobornos (Gasull denuncia que han intentado comprarla por 12.000 euros a cambio de su voto favorable en un pleno), enchufismo en ciertos puestos de trabajo, comisiones por recogida de basura.

   Y en eso llegan filiales de Teyco, que abonan al alcalde 581.000 euros por trabajos fantasma. Habida cuenta de que Teyco ha construido un aparcamiento adjudicado por 2,5 millones de euros, pero la factura final sube un 40%. El juez ordena intervenciones telefónicas. El cerco sobre el alcalde se estrecha.

   Masagué será detenido en junio de 2014 junto con otros concejales. El juez Bosch prosigue la investigación. La actividad de la fiscal González Castillo es reforzada por la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid. Y el pasado 23 de julio de 2015, Masagué volverá a ser detenido. Pero esta vez no va solo a prisión. El juez también ordena detener a Jordi Sumarroca, ex consejero delegado de Teyco. Y en la caja fuerte de Sumarroca, la Guardia Civil halla documentos que estima relevantes. Indicios que fortalecen la sospecha de presunto pago de comisiones a CiU.

    A todo esto, Montserrat Gasull se considera abandonada en esta investigación por su partido, ERC, y por su líder, Oriol Junqueras, a quien ha intentado informar directamente, sin éxito, sobre lo que se cocina en Torredembarra. Deja el partido. Y permanece como concejal hasta las elecciones del 24 de mayo pasado.

   Gasull, independentista sin fisuras, no desconoce las posibles repercusiones políticas de la investigación, pero estima que la justicia debe ir hasta el final.

  "Seguimos bajo el secreto sumarial, por tanto no podemos todavía comentar lo que hay. Pero aquí hay mucha tela. Hay que atarse los machos. Y el juez Bosch quiere ir hasta el final. Y sabes lo que te digo: es todavía más importante que se haga justicia cuando estas luchando por un país nuevo", razona. 

   Porque no comprende Gasull la conducta de su partido. Al escuchar a Junqueras denunciar, el pasado 31 de agosto, en el programa de televisión que dirige el periodista Josep Cuní 8 al día la corrupción y condenar a aquellos que solo la investigan en periodos electorales, en referencia a los registros del viernes 28, Gasull ya no puede contenerse. Envía tras oir al líder de ERC un tuit a Junts Pel Si, la lista unitaria independista, y a Junqueras:

   -Y tú dices estas palabras cuando has tenido información de primera mano y no hiciste ni caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pito del sereno

Por: Ernesto Ekaizer | 02 sep 2015

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  El gobierno desenfunda con una propuesta de reforma legal que tiene dos nombres propios: Mariano Rajoy (en la foto junto al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos) y Artur Mas. Esta es la reforma urgente de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Al presentar los objetivos, el  candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol ha hecho honor a lo que Rajoy había dicho de él al promoverle, a saber, que es un hombre con las ideas muy claras.

  "Se ha terminado la broma", ha dicho el candidato.

  En estas cinco palabras está toda la historia.

  La reforma pretende que el Tribunal Constitucional deje de ser un organismo de interpretación y que amplíe sus funciones y facultades para actuar cuando no se cumplen sus resoluciones y sentencias. Como esto no tiene precedentes en el caso del TC, se le faculta para poner multas y suspender de sus funciones a las autoridades que incumplan. 

   Por si queda alguna duda sobre el carácter ad hoc de la nueva ley que quiere el Ejecutivo, el proyecto precisa que el TC podrá pedir al Gobierno central, incluso cuando se halle en funciones, que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de una sentencia. Todo ello sin perjuicio de que también se exijan responsabilidades por la vía penal. Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el TC, de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas medidas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Después de su adopción, habrá de otorgarse un plazo de tres días de audiencia para los afectados y la Fiscalía. El TC decidirá entonces si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

    La referencia al Gobierno "en funciones", cuyo funcionamiento regula el artículo 101 de la Constitución, reconoce que el Gobierno de Rajoy está proponiendo una legislación inspirado por nombres y apellidos. Porque el Gobierno está haciendo un cálculo sobre los escenarios que se abrirían después de las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre.

  Y como a  finales de noviembre, o primeros de diciembre, se celebran elecciones generales y una vez que se celebren el Gobierno y su presidente pasarán a estar "en funciones" (con las limitaciones que la CE señala para sus facultades), la reforma tiene en cuenta esta circunstancia y autoriza al TC concretamente a proponer a un gobierno en funciones las medidas a adoptar de carácter punitivo (multas, suspensión inhabilitación) en el caso de que se produzca la desobediencia.

   El cálculo es que una victoria en las elecciones del 27-S puede llevar a los partidos nacionalistas y catalanistas a votar en el Parlament la independencia aprovechando la existencia de un gobierno en funciones en España, tras la celebración de las elecciones generales de finales de noviembre o principios de diciembre. Tanto el TC como el propio Gobierno estarán armados, con la reforma del TC, para impedirlo. 

    El Gobierno está diciendo: si Artur Mas vuelve a desobedecer como ya hizo cuando se suspendió el referéndum del 9 de noviembre de 2014 y decidió su celebración como "consulta" pese a la decisión y exhortación en contrario se encontrará con un TC que puede actuar por sí mismo o pedir a un Gobierno incluso en funciones, que le multe y, caso de persistir en su conducta, le suspenda o le inhabilite.

   La reforma, pues, es una revisión crítica del gobierno de Rajoy sobre lo que ocurrió con el referéndum del 9 de noviembre de 2014 primero y su desenlace: la consulta. El Gobierno acudió al TC y solicitó la suspensión cautelar del referéndum. Lo consiguió automáticamente porque el Gobierno goza de esa prerrogativa.

   Pero a la hora de conseguir lo que deseaba, impedir la consulta, le tomaron por el pito del sereno.

   Y cuando, a la vista de los hechos, el Gobierno decidió actuar por la vía penal se encontró con grandes dificultades. El fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, actuó con un ritmo diferente al que deseaba el Gobierno. Y cuando procedió, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dividió acerca de la querella. Finalmente, tuvo que optar por el ordeno y mando y forzar la presentación de la querella por desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones no sin antes, como es preceptivo, convocar a la Junta de Fiscales de Sala. Después, como parte o como efecto residual de esta saga el fiscal general del Estado dimitió.

    Bien.

   Pronto, el 21 de noviembre de 2015, hará un año desde la presentación de la querella. Se han practicado diligencias, pero ninguno de los querellados -Mas, Joana Ortega, Irene Rigau- ha prestado declaración. Las expectativas del Gobierno sobre el recorrido penal de la querella se han visto claramente frustradas.

   La conclusión, por tanto, es sencilla: ni el Tribunal Constitucional, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Tribunal Supremo han sido instrumentos idóneos a la hora de impedir la realización de una consulta-referéndum considerada ilegal, y tampoco para sancionar después el acto desobediente del gobierno autónomo. 

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   La reforma le permite a Rajoy mostrar, ante sus críticos, que sí hace cosas, que las acusaciones de inmovilismo son injustificadas. Ya lo intentó durante pocos días con la propuesta inesperada, por oportunista, de reforma de la Constitución, retirada del discurso a velocidad de rayo, y travestida ahora en esta reforma. Una reforma que es acto de fuerza. El Gobierno descarga una responsabilidad política suya confiriendo al TC una función de escudero o vanguardia que no tiene ni ha tenido nunca en nuestro ordenamiento constitucional. Rajoy quiere un TC que aplique por sí mismo los poderes "excepcionales" o pida al Gobierno que se exijan a Mas responsabilidades de carácter penal (multas, suspensión, inhabilitación).

   La iniciativa del Gobierno parte del hecho de que el TC al que se le faculta ahora para ejercer medidas punitivas es el órgano que por iniciativa de Rajoy -recurso de inconstitucionalidad del PP- recortó el Estatut antes incluso de que lo presidiera un magistrado que poseía carné del PP, después de años de parálisis y con un número de sus miembros caducados. Y es el órgano que sentenció la ilegalidad del referéndum.

    En otros términos, ya no tiene neutralidad ni apariencia de imparcialidad que defender.  La reforma es otra vuelta de tuerca del TC para ajustarlo a las necesidades gubernamentales.

  La iniciativa amplía el margen de acción del que dispone el Gobierno, esto es, el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una comunidad autónoma. Aunque el Gobierno descuenta, y con razón, que el TC actuará conforme a lo que espera de él, habrá que ver si la reforma encaja  en el  artículo 101 sobre los actos taxativos previstos para los gobiernos en funciones.

     La decisión tiene un gran calado político, incrementa la polarización, y convierte las elecciones del 27 de septiembre en una primera vuelta de las elecciones generales. ¿Por qué? Porque la unidad indisoluble de la nación, ahora bajo la forma de nuevos poderes del TC para garantizarla, pasa al centro de la escena desde este mismo momento de manera preponderante.

  Es fácil avizorar una mayor crispación y polarización en Cataluña, según se ha apuntado, que puede redundar en el fortalecimiento de las posiciones independentistas ante una reforma que se apresta a imponer con urgencia un gobierno con la mayoría absoluta de 2011, erosionada en las elecciones europeas de 2013 y en las municipales y autonómicas de 2015, para conferirle facultades a un TC sobre el cual las expectativas en Cataluña equivalen a cero.

   Pero Rajoy piensa en el PP y en su candidato García Albiol (en la foto, mirando a la cámara), a quienes pretende darles un arma fundamental para impulsar la cruzada nacional, tanto en lo que se refiere al 27-S como a las elecciones generales. El anuncio de la reforma ha sido cuidado. Protagonismo de García Albiol en Madrid mientras Rajoy comparecía junto a la canciller alemana Ángela Merkel en Berlín.

  El gobierno aprovecha para sus objetivos de reforma la reciente carta de Felipe González "a los catalanes", en la que las palabras legalidad, leyes, e ilegalidad o violación de la ley impregnaban un mensaje pretendidamente político.

   "No estoy de acuerdo con el inmovilismo del Gobierno de la nación, cerrado al diálogo y a la reforma, ni con los recursos innecesarios ante el Tribunal Constitucional", escribía al terminar su misiva, como quien no quiere la cosa, el expresidente del Gobierno, escasa referencia para un texto de casi 1.400 palabras.     

   Rajoy ha venido a decirle: "¿No querías caldo? ¡Pues toma dos tazas!", esto al tiempo que García Albiol proclamaba estar de acuerdo en un 90% con González. Una movida, pues, que deja a la intemperie, sin abrigo, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. 

   Y que ya opera sobre un campo de batalla políticamente desfavorable para los socialistas habida cuenta de que Rajoy ha conseguido a lo largo de este proceso resquebrajar una de las dos columnas fundamentales del PSOE, esto es, el Partido de los Socialistas de Cataluña. 

 

Víctor cumple 100 años

Por: Ernesto Ekaizer | 31 ago 2015

 

                     MI TATA

 

 

     Existe algo tan inevitablemente poderoso como la muerte. ¡Es la vida! Ch. Chaplin, Candilejas, 1952   

   En diciembre de 2013, el periodista de CNN Chile Tomás Mosciatti, al terminar su entrevista de una hora con Víctor Pey Casado, pregunta:

—Usted ha vivido mucho. ¿Es agnóstico, ateo, cree en algo?

—Claro, naturalmente, usted me está diciendo que me queda poco…, ja, ja, ja. Asumo que queda poco. Soy agnóstico, libre pensador diría…

   Hoy, año y medio más tarde, Víctor Pey cumple 100 años. Nacía el 31 de agosto de 1915 en Madrid de padre catalán, ampurdanés para más señas, y madre vallisoletana; y tras cumplir los dos años vivió en Barcelona. Recuerda que su último domicilio estuvo en la Esquerra de l’Eixample, en la calle de Comte d’Urgell, 153, sexta planta, número 2, esquina con Provença.

   El Rectorado de la  Universidad de Chile, mira por dónde, se apresta a rendir el martes 1 de septiembre un homenaje a Víctor Pey en el centenario de su nacimiento en el que le ofrendará con la medalla de los Derechos Humanos. Su rector pronunciará ¿Quién es este personaje de novela que huyó de Barcelona un 25 de enero de 1939, pasó por el campo de concentración de Perpiñán y se embarcó con su familia en el vapor Winnipeg en Marsella rumbo a Valparaíso, tras ser puesto en la lista discrecional del cónsul chileno en París el poeta Pablo Neruda?

  Ingeniero industrial como su hermano, Pey trabajó para la Generalitat de Cataluña durante la guerra civil española. Marcha con la columna del anarquista Buenaventura Durruti al frente de Huesca, pero a los pocos días es convocado a Barcelona.

   “Josep Tarradellas, consejero de Hacienda nombrado por el president Lluis Companys, sabe que en la fábrica La Hispano Suiza se blindan camiones con planchas de acero. Tarradellas confía en el líder de los trabajadores del metal Eugenio Vallejo Isla. A mí me nombran asesor técnico de la Comisión de Industrias de Guerra de Cataluña”, recuerda Pey.

   Se dedica, sobre todo, a reorientar la utilización de los tornos mecánicos, las fresadoras, prensas de embutir y rectificadoras de las fábricas metalúrgicas para fabricar armas ligeras y municiones. “No solo para el frente catalán. Para toda España”.

   El 25 de enero de 1939, ante la proximidad de la caída de Barcelona, ya no regresan él y su hermano de una gira por la provincia. Cruzan los Pirineos y caen prisioneros. Los trasladan a un campo de prisioneros en Perpiñán. “Allí nos reunimos con mi madre y mi hermana. Ambas pertenecen a la masonería. Y la masonería francesa nos ayuda a escapar. Me marcho a París sin papeles y consigo un trabajo nocturno en la oficina del Gobierno Republicano en el exilio. Leo que Neruda ha sido nombrado cónsul especial para la inmigración española por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Viene a Francia con la  misión de fletar un vapor para trasladar a más de 2.000 refugiados españoles. Pido una entrevista. Me recibe. Se muestra frío, distante. Pero en su libreta subraya una cosa: dos ingenieros españoles”, evoca Pey.

  Y el poeta decide incluirlos en su "cupo" personal, aparte de las cuotas de los partidos políticos.

  Pey crea con su hermano una empresa de ingeniería y tiene éxito en la construcción de edificios y puertos. Conoce a Salvador Allende, líder del partido socialista. Y pronto tendrá ocasión de devolver a Neruda el gesto de incluirle en el Winnipeg.  Cobijar al poeta perseguido en su tierra y a su hormiguita —su esposa la grabadora argentina Delia del Carril— en el apartamento que posee en Santiago. Y organiza, tras unos dos meses, su salida de Chile.

  Compra el diario de mayor tirada de Chile, Clarín, respalda el proyecto de Allende, nuevo presidente de Chile, y le acompaña hasta las últimas horas en el palacio de la Moneda. El 11 de septiembre de 1973 Pey revive el 18 de julio de 1936 en España. Vuelve a salvarse, esta vez gracias a los embajadores de España, Enrique Pérez-Hernández, y Orlando Tovar, de Venezuela, en Santiago.

   Un día de octubre de 1998, Pey vuelve a leer una noticia que atrapa su atención, esta vez en el periódico El Mercurio. El general Pinochet ha cogido un vuelo de LAN Chile a Londres vía Francfort. Envía un correo al abogado Joan Garcés en Madrid, que dirige la acusación popular en la investigación de los desaparecidos bajo la operación Cóndor.  El abogado, que había sido asesor de Allende en el palacio de la Moneda hasta la última hora, lo pone en conocimiento del juez Baltasar Garzón; el juez solicita su arresto para extradición el 16 de octubre de 1998. Lo que parece un sueño se convierte en realidad.

  El último combate de Pey está aún en curso. Ha logrado que el Banco Mundial le reconozca como propietario del diario Clarín confiscado por Pinochet. Pero los Gobiernos de la Concertación no han querido acatar el laudo. Desde 2013, un tribunal estudia el monto de la indemnización, estimado en 100 millones de dólares. Ha legado el 90% del patrimonio de Clarín a la Fundación Salvador Allende, registrada en España.

  Pey habla catalán y recuerda la Cataluña de los años treinta, a la que volvió a ver en 1975. No es nacionalista. Y piensa en voz alta: “La gente está irritada por la crisis y la política de un Gobierno de derecha que mira hacia otro lado. Y muchos ven en la independencia el atajo para terminar con ese Gobierno. Es una ilusión. No creo yo que esa ilusión pueda resolver los problemas reales que aquejan a los ciudadanos”

Pey sueña

"Sí, sueño con frecuencia. Si estoy dormido sobre el lado izquierdo, sueño pesadillas. Frecuentemente ocurre que estoy lejos de mi casa, intentando ir a mi cochecito pero no sé dónde lo he dejado; o no puedo encontrar un teléfono para llamar a mi hija Coral.  En casi en todos mis sueños aparecen mis hermanos, mis hijas. 

 La idea de volver a publicar Clarín la veo como algo a alcanzar, temiendo siempre no llegar a ello.  Veo como lo más probable, casi seguro, que Clarín digital, www.elclarin.cl, lo continúe Coral, apoyada por el  periodista que me secunda, Paul Walder. Fue ella, Coral, quien lo conocía y me lo recomendó.

 En esta época desaparecen periódicos de papel pero no creo que esta tendencia general lleve a la  extinción de la prensa escrita. Me parece que durante muchos años, todavía, habrá gente que lea su diario de papel preferido y lea libros impresos de actualidad, históricos y novelas. Es cierto que los jóvenes prefieren lo digital. Los jóvenes y los que no lo son tanto. Pero no veo a hombres y mujeres adultos, sobre 30 o 40 años, con un tablet o celular, permanentemente pulsando teclas.

  Día a día hay una novedad, un adelanto en lo digital. Ahora, se “digitalizan” letras para formar palabras que integren una idea. En los próximos avances, acaso sea el pensamiento, el que conduzca la acción.

  No, no me manejo bien con lo digital. Llegué tarde. Hago lo elemental. Lo hago fácilmente, pero me cuesta aprender. Es cierto que no me empeño mucho en lograrlo. Como con lo que sé me arreglo bastante bien, no siento la necesidad de aprender más. Veo a Coral y a mi nieta Lara que se manejan mucho mejor que yo. Ellas siguen cursos y – lo fundamental – tienen y tenían menos años que yo.

  Es posible que tanto Catalunya como España me susciten añoranzas, alguna forma de las tantas que con que se presenta la añoranza. En todo caso, ahí, sobre todo en Barcelona, viví la adolescencia, las primeras angustias, los primeros amores.

 No me gustó nada Chile cuando llegué. Pero Chile significaba quizás algo más que la vida: la libertad, la posibilidad de un mañana. Poco a poco, me fui adaptando a Chile y a los chilenos. Sobre todo a las chilenas, por las que desde el principio sentí mucha atracción. Atracción física y atracción sentimental, atracción intelectual.

 América Latina es un conjunto muy variado de naciones, sin denominador común. Buenos Aires, para mí, se lleva las palmas. 

 Ya no volvería a vivir en España. Tengo, es claro, los síntomas de desarraigo. El aroma español en el que viví, que ya no existe, me alienta, alimenta mis añoranzas, pero no mis realidades.

 El golpe de Estado de Pinochet, cómo no, me hizo rememorar el horror de la Guerra Civil española. Muchas veces Allende me preguntó si veía en Chile síntomas similares a los españoles en los días previos al estallido. Alguien le había dicho que él era el Indalecio Prieto de España y Carlos Altamirano el Largo Caballero. Pero esos símiles no reflejan las realidades española y chilena".

   Pey tiene dos hijas, Coral y Natalie, tres nietas, un biznieto y una biznieta.

 

 

 

Política y delito

Por: Ernesto Ekaizer | 28 ago 2015

                           

 

    Poco después de que la Guardia Civil empezara esta mañana su operación de entrada y registro en la Fundación CatDem, de Convergencia Democrática de Cataluña, al vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, le ha faltado tiempo para entrar en el ruedo político preelectoral. Ha preguntado Casado al presidente de la Generalitat y número cuatro de la lista de Junts pel Sí, Artur Mas, si es capaz de "mirar a los ojos a sus ciudadanos sin reconocer que quien robaba a Cataluña eran los gobiernos nacionalistas de Convergencia".

    Y ha ido más lejos. Casado ha exigido a Mas que "explique exactamente si es verdad que hubo comisiones del 3%" y le ha echado en cara "de cometer, por tercera vez en cinco años, la irresponsabilidad de llevar a los catalanes a las urnas". Casado denunció "una lista que es una especie de engendro, en la que no se sabe si el cuatro [Mas] va a ser el que la encabeza o el uno es el que la quiere liderar o es el cinco el que en el fondo manda". En todo caso, señaló que las del 27-S "son unas elecciones en las que quieren dividir a la sociedad catalana".

   La explotación política, la fusión entre política y delito, a dos semanas del 11 de septiembre, fecha de la Diada y del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S, pues, fue instantánea. Desde CDC y de la Generalitat, a su vez, se ha denunciado la operación como un "espectáculo mediático" cuyo objetivo es perjudicar al partido en las próximas elecciones.

  El cruce de diatribas se desarrollaba mientras la Guardia Civil continuaba la operación con una entrada en la sede de Convergencia, en la calle Córcega, para registrar el despacho de Andreu Viloca, tesorero de la citada fundación, y en cuatro ayuntamientos: Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar. Al tiempo, se registraba el domicilio de Daniel Osácar, extesorero de Convergencia, y se intervenían en la sede del partido sus correos electrónicos. Osácar ya está acusado en el caso Palau. La Fiscalía Anticorrupción pide para el extesorero 6 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y falsedad y un año y medio por tráfico de influencias

   La operación ha sido realizada por la Guardia Civil como parte de la investigación que lleva adelante el juzgado de primera instancia e  instrucción número 1 de El Vendrell, Tarragona.

    La información disponible vincula estas entradas y registros, en busca, en ciertos casos, de contratos identificados previamente, a la línea de investigación iniciada en junio de 2014 sobre una operación en la alcaldía de Torredembarra, en Tarragona, y más recientemente, con la detención el pasado 23 de julio de Jordi Sumarroca, exconsejero delegado de la empresa Teyco. En un registro en el domicilio de Sumarroca la Guardia Civil pudo intervenir una serie de notas manuscritas en las que se apuntaría el pago de comisiones del 3% al parecer relacionadas con obras públicas.

   El 3% que en el Parlament el entonces president Pasqual Maragall denunciara en 2005, echándose atrás en pocos minutos tras la respuesta de Mas.

   Ha pasado desde dicho hallazgo de las notas algo menos de un mes. Por tanto, a priori, parece un periodo razonable para hacer averiguaciones y ampliar la investigación, si fuese necesario, con nuevos registros. Fuentes de la Guardia Civil señalan que, en efecto, es lo que ha ocurrido después de contrastar datos del registro en el domicilio de Sumarroca.

   Bien.

   Pero el hecho de que esta operación tenga lugar en el umbral de la campaña de las elecciones autonómicas ha proyectado un contenido político inevitable.

    ¿Inevitable?

    Sí. Porque ya en 2010 y 2012, cuando se aproximaban las elecciones autonómicas celebradas el 28 y 25 de noviembre, respectivamente, los temas penales adquirían el protagonismo.

    Sobre todo, el gran despliegue tuvo lugar en 2012 cuando la deriva soberanista ya era más patente. El 29 de octubre de aquel año, dos superpolicías se desplazan a Barcelona. Son el responsable de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, y el ex responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) y director en aquellos días del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera.

  Ambos citan a los dos fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo para describir lo que será una nueva una "unidad especializada" en investigaciones de asuntos de corrupción. Con todo, la reunión tiene otro objetivo: nuevas diligencias de investigación del caso Palau. Los dos comisarios aseguran tener información de confidentes y denunciantes anónimos que permitía retomar la investigación del presunto enriquecimiento de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, así como de la financiación ilegal del partido.

  Y proponen, al margen del juzgado de Barcelona y del juez Josep María Pijuán que lleva el caso, el registro del domicilio del tesorero de Convergència, Daniel Osácar, y de la sede del partido nacionalista. Los fiscales ven la información muy endeble y consideran la propuesta como una "operación paralela" o "extrajudicial".

    Veinte días más tarde, la Policía filtra a la prensa un presunto informe de la UDEF cuya existencia los propios responsables de la citada entidad niegan. Dicho documento evoca a los fiscales anticorrupción de Barcelona algunos de los comentarios e indicios apuntados por los comisarios De Blas y Olivera en el encuentro del 29 de octubre. En paralelo, Jorge Moragas, director de gabinete de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, insta en aquellos días, el 20 de noviembre de 2012, a una antigua compañera de colegio, María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol i Soley, a dar una entrevista a algún medio de comunicación para contar actividades presuntamente ilícitas de su antiguo amante.

   Casi tres años después de estos hechos, la Guardia Civil ha registrado la sede de la fundación, el despacho del tesorero de la fundación en la sede de CDC, y el domicilio del tesorero Daniel Osacar.

    Esos objetivos de hace tres años se han materializado ahora a partir de pruebas cuya pista se remonta no a aquellos informes de confidentes -entre ellos el único conocido es el financiero convicto Javier de la Rosa - que invocaban Olivera y De Blas. No. Se trata de la investigación de junio de 2014 en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. Y sobre todo del registro en el domicilio de Sumarroca, el pasado mes de julio.

   Pero tanto la operación extrajudicial propuesta en octubre de 2012 como el borrador de la UDEF y la investigación inútil sobre su origen, así como las gestiones de Moragas, ampliamente publicitadas, junto con el antecedente de las conversaciones entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez, grabadas en julio de 2010, en el restaurante La Camarga, crearon un estado de alarma entre los ciudadanos sobre la existencia de guerras sucias paralelas, ajustes de cuentas y, sobre todo, utilización de los servicios de seguridad para fines políticos desde la cúpula del Ministerio del Interior.

    Que operaciones como la de la Guardia Civil, con autorización judicial, tengan una proyección política en una situación como la actual en Cataluña es algo natural.

     Estas operaciones son conocidas de antemano por el Gobierno.

    Precisamente, tras la incursión de los policías ya citada en Cataluña en octubre y noviembre de 2012, pero por motivos distintos, tuvo lugar un interesante debate en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el 12 de diciembre de 2012.

    La historia arranca de una circular en la que, con fecha 19 de abril de 2012, se decía lo siguiente: "Se recuerda a todas las unidades que por orden del teniente general Director Adjunto Operativo se debe remitir antes de las once horas de cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en explotación la semana siguiente indicando los siguientes extremos: nombre de operación y unidad participantes; concepto de la operación y fecha previsible; número previsible de detenidos e implicados; registro de inmuebles que se prevea practicar; posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros sedes oficiales. Asimismo también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que encontrándose en fase de operación, presenten novedades relevantes. Significándose que el incumplimiento de los referidos plazos y formas establecidos se entenderá, en todo caso, como OMITIDOS". Firmado: el teniente coronel jefe de Operaciones, Francisco J. Sualdea Martín.

     Habida cuenta que esta orden no existía hasta entonces y del hecho de que estamentos de la Guardia Civil expresaron sus críticas a la circular, la diputada Ana Oramas, del grupo mixto, leyó el texto, considerándolo un tema, según dijo, "gravísimo", y preguntó por esta circular.

    Fernández de Mesa dijo: "Las órdenes de las operaciones son las que son y las conoce naturalmente el mando de operaciones, el director adjunto operativo... ¡Claro que las conocen! Las conocen para saber qué operaciones se van a explotar durante la semana. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Cuando se van a enterar? ¿El mismo día que se producen? La cadena de mando tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene establecido para los siguientes episodios que se van a explotar de semana en semana..."

      Bien.

      Está por ver qué indicios y pruebas salen de los registros. Pero llama la atención que Casado no sepa o no recuerde lo que ocurrió un 20 de diciembre de 2013. No hace mucho pues. Durante catorce horas una comisión judicial enviada por el juez Pablo Ruz a la sede del PP en Génova 13, precisamente por el incumplimiento de dicho partido a cumplimentar lo que se le pedía, entró con pagos en negro de las obras de rehabilitación por valor de 800.000 euros, según consta en la contabilidad B o Papeles de Bárcenas, y salió con pruebas para elevar a 1,5 millones esos pagos en B, según consta en los autos de transformación  y de apertura de juicio oral dictados por los jueces Pablo Ruz y José de la Mata, respectivamente. 

   

 

      

  

 

 

El `autorrescate´compartido

Por: Ernesto Ekaizer | 27 ago 2015

 

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     En su entrevista con Aimar Bretos (en la foto), el nuevo hombre fuerte de la comunicación del Partido Popular dio una interesante visión de la historia de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa tras la victoria del PP en las elecciones del 20-N-2011. Según explicó, cuando llegaron al Gobierno "nos encontramos un memorándum de rescate en los cajones". Pablo Casado se refiere "a la carta del señor Trichet", la misiva que el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dirigieron el 5 de agosto de 2011 al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Allí Trichet fijaba las condiciones para comprar deuda pública española en plena ofensiva especulativa y estampida en los mercados secundarios de deuda de la prima de riesgo (diferencia entre lo que paga España por el bono público a diez años y lo que abona Alemania).

   Casado ha vuelto a repetir la mitología de Montoro y de Rajoy, pero esta vez, sin percatarse, en el fragor de la larga precampaña electoral, ha ido más lejos. La carta de Trichet, según su versión, es el memorándum del rescate.

   Bien.

  La carta de Trichet era la continuación de otras exigencias que ya habían impuesto  el BCE y la Comisión Europea. Sobre todo, el programa de ajuste que llevó Zapatero al Congreso de los Diputados, para sorpresa de su propio partido, el 12 de mayo de 2010. Ese programa consiste en diez medidas. En cabeza la reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y congelación en 2011; reducción en un 15% de los sueldos de los miembros del Gobierno; congelación en 2011 de la revalorización de las pensiones de más de 5 millones de ciudadanos, excluyendo  las contributivas y las mínimas; eliminación del régimen transitorio de la jubilación parcial; eliminación del "cheque bebé" de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011; adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración estandarizada de los tratamientos; reducción de la inversión pública en 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011; resolución en seis meses de las solicitudes para dependencia eliminándose la retroactividad; ahorro de 1.200 millones de euros en CCAA y Ayuntamientos y reducción de la ayuda al desarrollo entre 2010 y 2011 en 600 millones.

    Quedaban pendiente, entre otras, medidas como el cambio de la edad de jubilación, de 65 a 67 años, y la ampliación del plazo del cálculo de la pensión de 15 a 25 años, aprobados más tarde, en 2011, con la oposición del PP.

  En lugar de convocar elecciones, Zapatero abjuró de su programa y aplicó las medidas impuestas. En julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno anticipó las elecciones, tras la derrota de las autonómicas y municipales, al 20 de noviembre de 2011 y confirmó que no sería candidato del PSOE.

   Pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para contener la especulación en los mercados financieros, ya que además de España, el euro como tal atravesaba lo que se llamó una fase de redenominación. Los inversores diferenciaban, por así decir, el euro español, griego e italiano, respecto del euro alemán y del euro de los países del norte de Europa.

     En agosto de 2011, la ofensiva de los mercados se recrudeció. Y entonces Trichet exprimió más a Zapatero, que ya había acometido varias reformas laborales, para que diera un paso adelante con una reforma más radical de las relaciones laborales en España: un cambio en la negociación colectiva, eliminación cláusula indexación salarial, un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido, eliminación prohibición de concatenación de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo, una consolidación fiscal del 0,5% del PIB. Fuera de la carta quedaron otras iniciativas más duras: eliminación sin atenuantes de la indexación salarial, creación de un contrato juvenil sin derechos y la liberalización de horarios comerciales. 

   La entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y Zapatero decidieron aprobar la mayor parte de las medidas exigidas en la carta firmada por Trichet y Fernández Ordoñez.

    Rajoy se enteró en agosto de 2011 de la existencia de dicha carta cuando Zapatero propuso reformar la Constitución para introducir la regla de oro de limitación del déficit, tal como pidieron Merkel y Sarkozy en París días antes. Rajoy apoyó esa reforma pero intentó sacar partido de la carta. Preguntó a Zapatero en el Congreso por ella, sin obtener respuesta.

   Rajoy intentó conseguir el texto, cinco folios, y para ello encargó a su equipo que llamase a sus contactos en el BCE. Un miembro de su equipo, que forma parte del Gobierno, llamó por teléfono a José Manuel González Páramo, miembro del consejo ejecutivo del BCE, y le urgió a aportar una copia del texto. González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA y miembro de su consejo de administración desde 2013, se negó a ello. Fuentes solventes recuerdan que al narrar estos hechos en privado, González Páramo explicó que se vio obligado por la situación violenta creada a colgar el teléfono a un miembro comisionado por Rajoy para persuadirle de que debía entregar copia de la misiva. El PP la obtuvo a través de otra persona. El entonces ministro de Economía en la sombra, Luis de Guindos, es informado del contenido.

    Pero, establecidos los hechos, ahora volvamos a la entrevista de Aimar Bretos a Pablo Casado. Desde luego, la carta de Trichet-Fernández Ordóñez no era un memorándum de rescate como tal. Otra carta parecida -y con la recomendación de reforma de la Constitución, no incluida en la carta a Zapatero- había sido enviada al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el mismo día.

   Pero la versión propagandística de Casado es sugerente.

  Veamos por qué.

  Rajoy, tras su victoria electoral, ¿qué hace?.

  El 30 de noviembre de 2011 cita en la séptima planta de la calle Génova uno a uno a Cándido Méndez, secretario general de UGT; a Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, y a Juan Rosell, presidente de la CEOE.

  Explica que la reforma laboral es el objetivo prioritario del gobierno que se dispone a formar. Enumera punto por punto las medidas que va a introducir. Y dice:

  -Nos piden que cambiemos la indexación salarial. En una carta de Trichet a Zapatero se plantea el tema de los salarios, la reforma de la negociación colectiva para dar primacía a los convenios de empresa, y otras medida. Esa carta no me la ha dado Zapatero. La hemos conseguido por nuestros propios medios. El hecho es que queremos que España esté entre los principales países del euro y para ello es necesario cumplir con el Plan de Estabilidad. Y la reforma laboral es el tema de referencia.

  El jueves 9 de marzo, en la reunión del Eurogrupo, el ministro Luis de Guindos le da la primicia al entonces presidente, Olli Rehn. Se le acerca por detrás y le dice al oído.

   -Mañana vamos a aprobar...la reforma del mercado laboral. Veréis que va a ser extremadamente, extremadamente agresiva.

    Rehn asiente con la cabeza.

    -Usted ya sabe -insiste Guindos. -Va a tener un montón de flexibilidad en la negociación colectiva, reducimos los pagos por indemnización de despido, ya verá, es una modificación real...

      -Okay, eso sería estupendo. Muy bien -dice Rehn.

 

                       

 

    Todo esto nos conduce otra vez a Casado.

    Aunque formalmente la carta de Trichet ni las medidas aprobadas el 12 de mayo de 2010 no sean un memorándum de entendimiento suponen un programa impuesto en el contexto de la crisis del euro de 2010 y 2011.

   Pero si es así, la conclusión es evidente: Zapatero inicia el autorrescate y Rajoy lo consuma a partir de 2012. Ambos coinciden en reivindicar que han salvado a España del rescate. Los dos han asumido  medidas de rescate impuestas por el BCE, la CE y el gobierno de Ángela Merkel, medidas que por tratarse de un país como España, la cuarta economía de la Eurozona, no podían ser idénticas a las de Portugal, Irlanda y Grecia.

   Y ello sin mencionar el rescate bancario a raíz de la pésima gestión gubernamental de la crisis de Bankia que llevó a la crítica pública en mayo de 2012 del presidente del BCE, Mario Draghi.

   La caricatura que ha dibujado Pablo Casado echando toda la culpa a Zapatero supone, paradójicamente, reconocer la participación activa, sin complejos, de Rajoy en la ejecución de las medidas que Trichet exigía a Zapatero en su carta del 5 de agosto de 2011 y que el PP aplicó desde su investidura el 21 de diciembre de 2011.

 ¿Qué mejor prueba del autorrescate compartido que la decisión de Rajoy de llevar adelante como su propio programa la carta dirigida por Trichet-Fernández Ordoñez a Zapatero, quien, como hemos señalado, había iniciado el ajuste el 12 de mayo de 2010? 

 

 

Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

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Libros

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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