Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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Testigo de cargo contra Rato

Por: Ernesto Ekaizer | 20 feb 2015

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Francisco Verdú (derecha) junto a José Luis Olivas y Rato. / CLAUDIO ÁLVAREZ

    Francisco Verdú está imputado en el caso Bankia pero ahora, tras su declaración sobre las tarjetas 'black', ha pasado a una nueva categoría: la de testigo de cargo contra su exjefe Rodrigo Rato.

    Ya habíamos dejado escrito en estas páginas que el hombre que Rato contrató como su número dos para ocupar el puesto de consejero delegado —posición que había rechazado en dos oportunidades José Ignacio Goirigolzarri—, había decidido no usar la tarjeta 'black'.

   Le explicó a Rato que no lo haría y que, además, le aconsejaba al entonces presidente de Bankia que se abstuviera de hacerlo.

    Llamado a declarar en calidad de testigo, Verdú ha explicado a preguntas del fiscal Alejandro Luzón que Rato le ofreció la tarjeta 'black' en febrero de 2012. Unos días antes, en enero de 2012, el Gobierno acababa de aprobar un Real Decreto por el que se limitaban las retribuciones de los ejecutivos de entidades que recibieron ayudas públicas.

    Verdú narró que Rato le entregó un sobre. Le dijo que dentro había una tarjeta, un contrato y el pin. La cifra que Rato le transmitió verbalmente: 75.000 euros al año sin necesidad de justificar. El entonces consejero delegado explicó a su jefe que no iba a utilizar la tarjeta.

   Rato le preguntó por qué. Verdú dijo: es una mala praxis bancaria.

   Según relató Verdú, era doblemente mala practica. Si era una retribución, aclaró, él ya tenía asignado 1,2 millones de euros, según el contrato de junio de 2011, cantidad que se había reducido a 600.000 en enero de 2012, tras el decreto gubernamental.

    Por lo que no podía aceptar esa retribución.

    Y  a él le parecía que si se trataba de una tarjeta para gastos, él ya tenía una tarjeta de crédito para gastos de representación.

    No concebía la existencia de gastos sin justificar como una práctica bancaria.

    Verdú dijo que guardó el sobre que le entregó Rato en un cajón y lo devolvió sin siquiera abrirlo.

    El fiscal Luzón le exhibió un contrato a su nombre que, empero, llevaba una firma.

    Verdú dijo que jamás había abierto el sobre y que el garabato que aparecía no era su firma.

    En el contrato de marras la cifra de gastos anuales sin justificar era de 68.000 euros.

Sobresueldos

    Rato, según la versión del que fuera su número dos, le explicó que cuatro personas tendrían esa tarjeta: Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella y Verdú.

    Está  claro por la secuencia de hechos expuestos en la narración de Verdú que Rato intentaba compensar con estos sobresueldos la limitación salarial aprobada por el Gobierno para ejecutivos de entidades financieras beneficiadas con ayudas públicas.

    Hay cosas que el testigo de cargo Verdú pudo haber añadido a su relato. Pero no hubo preguntas sobre esas cosas.

    ¿Qué hizo Verdú aparte de no usar la tarjeta?

   Pues esto: le dijo a su superior, Rato, que se abstuviera de usar la tarjeta por las razones que le expuso.

   Y a Sánchez Barcoj, de quien Verdú era formalmente jefe, le ordenó que no la utilizara.

¿Y qué hace la Agencia Tributaria?

Por: Ernesto Ekaizer | 18 feb 2015

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   Después de que Jordi Pujol i Soley y sus hijos declararan, el pasado 27 de enero, que Jordi Pujol Ferrusola había administrado los fondos depositados en Andorra a partir de 1990, tras el fallecimiento de los dos anteriores gestores, la juez Beatriz Balfagón ha citado a declarar en calidad de imputado al primogénito el próximo 26 de marzo.

   La juez califica en su auto  a Pujol Ferrusola como "el encargado de realizar su reparto entre la señora Ferrusola [Marta] y sus siete hijos, ingresando en varias veces las oportunas cantidades en las respectivas cuentas abiertas por los beneficiarios". La juez añade que fue también Pujol Ferrusola "quien pudo tratar directamente con los anteriores gestores [ya fallecidos] y ante el cual estos tuvieron necesariamente que haberle rendido cuentas facilitándole la información sobre la cantidad inicialmente legada por Florenci Pujol Brugat y la rentabilidad obtenida en los últimos años".

   Esto es lo que se deriva, según la juez, de las declaraciones del pasado 27 de enero. "Al menos, así lo indicaron sus hermanos en las diversas declaraciones justificando su ignorancia en el hecho de que fue el hermano mayor quien se ocupó de todo lo relativo al supuesto legado".

  Legado sobre el que, por cierto, Francesc Cabana, cuñado de Pujol, se ha permitido dudar el pasado lunes en la comisión de investigación del Parlament. Ya su esposa, María, hermana de Jordi Pujol, dijo el 25 de julio, tras escuchar la confesión del expresident, no saber nada de esos fondos que presuntamente hubiera legado su padre, Florenci Pujol Brugat.

   Bien.

  Pero además de la declaración de Pujol Ferrusola, la juez hace una petición que el fiscal Alejandro Luzón no solicitó.

  "Ofíciese a la Agencia Tributaria, Delegación en Cataluña, a fin de que informe si se ha procedido a la verificación de los datos declarados por los imputados en sus respectivas declaraciones fiscales complementarias, o en el caso de que no haya sido así, que se proceda a ello, indicando, además, si a la fecha de la regularización, se habían iniciado actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización".

 La regularización que los abogados y asesores fiscales aconsejaron a la familia Pujol tuvo lugar una semana después que las cuentas de la Banca Privada de Andorra aparecieron en el diario El Mundo, el 7 de julio de 2014. El 14, en efecto, se presentaron las declaraciones complementarias.

   Una pregunta interesante es por qué, después de la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro, a primeros de septiembre pasado, donde hizo gala de conocer la situación, no se ha comunicado la liquidación de intereses y la multa correspondiente.

  ¿Por qué es relevante la respuesta de la Agencia Tributaria?

  Porque es la base para determinar, o no, la existencia de delito fiscal. Que es lo que se investiga en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona.

 ¿Qué resultado tuvieron las actuaciones de comprobación o investigación de la Agencia Tributaria?

 Es posible que para el próximo 26 de marzo cuando declare Pujol Ferrusola se aclaren muchas cosas.

 Para entonces, el material solicitado por el juez Ruz por comisión rogatoria a Andorra ya podrá estar en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La juez Ángels Moreno seguramente enviará los datos entregados por los bancos con anterioridad. No es fácil que uno de los recursos de apelación presentados por la defensa de Pujol Ferrusola para bloquear la entrega de datos prospere.

  Y cabe esperar que la Agencia Tributaria aporte al juzgado sus conclusiones sobre la regularización.

Imputación, suplicatorio y renuncia

Por: Ernesto Ekaizer | 17 feb 2015

     

 

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   Muchos lectores se preguntan: ¿cómo es posible que el magistrado instructor Alberto Jorge Barreiro (foto) haya decidido imputar a los aforados en el caso de corrupción ERE de Andalucía (Chaves, Griñan, Zarrías, Viera y Moreno) por providencia y no por un auto judicial?

   La respuesta es sencilla: la providencia no supone, como tal, una imputación formal.

  El magistrado ha dictado una providencia de dos páginas en la que ordena ciertas medidas en relación a peritajes, la aportación de documentación por parte de la Audiencia de Sevilla y de la Junta de Andalucía y, al final, hace lo que se llama el señalamiento de las declaraciones voluntarias ofrecidas por los cinco aforados empezando por el 7 de abril de 2014.

   Es decir: les cita a declarar en calidad de imputados.

   Para imputar a un aforado, en este caso diputados y senadores, se exige que el Tribunal Supremo solicite previamente lo que se llama el desafuero, es decir, anular el fuero, a través del trámite de suplicatorio. El magistrado instructor eleva la petición a la sala encargada del caso. Esta petición es susceptible de ser recorrida por la persona afectada. Resuelve la sala encargada del caso. Puede confirmar la solicitud del magistrado o admitir el recurso y denegar la petición de suplicatorio. Una vez que se confirma, el Supremo cursa la petición a las Cámaras, Congreso o Senado.

   Bien.

   Entonces, ¿si no puede imputar sin previamente pasar por el desafuero a través del suplicatorio cómo es que el magistrado instructor acepta la iniciativa de los aforados y les cita a declarar en calidad de imputados?

  Pues funciona así: el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la declaración voluntaria sin tener que solicitarse previamente al Congreso o Senado el desafuero o suplicatorio para que los aforados presten declaración.

  La idea es que con esta declaración el instructor puede concluir si cabe solicitar el suplicatorio o no merece la pena hacer el trámite.

  El pasado mes de noviembre, la sala encargada del caso de los ERE, presidida por Manuel Marchena, ahora presidente de la sala segunda, admitió la causa solamente para investigar a los cinco aforados ya citados. Allí decía:   

   "Si como consecuencia de las diligencias de investigación el investigador aprecia indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a esta sala a los efectos de la solicitud del suplicatorio, conforme al artículo 71.2 de la Constitución, con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar".

  Por tanto, la sala distinguía de facto entre una "inculpación formal" y lo que podríamos llamar la imputación a efectos, por ejemplo, de la declaración voluntaria que habrán de prestar los cinco aforados a partir del 7 de abril.

  Es decir; una persona aforada no puede ser imputada o inculpada formalmente sin que previamente el magistrado instructor, parafraseando al auto, exponga a la sala la necesidad de aprobar el suplicatorio a las Cámaras.

  En realidad, este auto del mes de noviembre ya suponía una imputación o inculpación, por así decir, informal. Porque admitía que había indicios generales contra los aforados.

  Pero una cosa son esos indicios y otra lo que plantea concretamente la sala en su auto:

  "Si como consecuencia de las diligencias de investigación el investigador aprecia indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados..."

   Es por tanto, el magistrado instructor el que ha empezado a investigar y valorará en su momento si otorga a los indicios la jerarquía como para pedir a la sala el suplicatorio.

   El magistrado Alberto Jorge Barreiro se ha mantenido en esa regla no escrita del Tribunal Supremo según la cual se intenta no interferir con decisiones judiciales en procesos electorales.

  Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha convocado elecciones autonómicas para el 22 de marzo. Por esta razón, el magistrado ha hecho el señalamiento, las citaciones, para después.

 Veamos algunos antecedentes recientes.

  En julio de 2009, Luis Bárcenas, senador, y Jesús Merino, diputado, ambos del Partido Popular, declararon voluntariamente en el Tribunal Supremo en calidad de imputado provisionales, una etiqueta que les puso el magistrado instructor Francisco Monterde.

  Tras la declaración de Bárcenas y de Merino, el magistrado solicitó ambos suplicatorios al Senado y al Congreso de los Diputados, respectivamente. Y la sala encargada del caso Gürtel confirmó la solicitud.

  Fue a finales de julio de 2009.

  El Congreso y el Senado votaron a favor de los suplicatorios en septiembre de 2009.

  Ambos renunciaron a sus respectivos escaños, siete meses más tarde, en abril de 2010.

  Ahora cabe la pregunta: ¿cuándo se debe renunciar al escaño?

  El mismo magistrado del que hablamos, Alberto Jorge Barreiro, abrió juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por el asunto de la intervención de las conversaciones en prisión de varios presos de la trama corrupta Gürtel con su abogados, imputados también.

  Pues, en ese momento, cuando el auto resultó ser firme, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió la actividad de Garzón como juez.

  Si los jueces consideran el momento procesal de apertura de juicio oral para uno de los suyos como el momento clave, ¿no habría que aplicar este criterio con los políticos? Es decir: cuando se dicta auto de apertura de juicio oral, cuando se acusa a una persona imputada. 

  Puede ser que sea necesaria una diferenciación.

  Se puede establecer en el caso de los políticos, por ejemplo, que el momento sea cuando el magistrado instructor eleva a la sala la solicitud de suplicatorio a las Cámaras y la sala lo confirma.

  Pero en ningún caso esa exigencia debería plantearse por la declaración de los aforados en calidad de imputados "informales", para retomar la idea del auto del pasado mes de noviembre en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía. 

    Va de suyo que lo mismo es aplicable al presidente de Melilla Juan José Imbroda, que ha ofrecido declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo.  

   

 

Del "susanazo" al "pedrazo"

Por: Ernesto Ekaizer | 12 feb 2015

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  Las dos grandes decisiones que han tomado Susana Díaz - anticipación de las elecciones autonómicas de Andalucía - y Pedro Sánchez -destitución de Tomás Gómez - atestiguan la encrucijada del PSOE, a casi cuatro años de las derrota dramática en las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2011, a tres años y dos meses de la sufrida el 20 de noviembre de 2011 y a ocho meses de las nueva pérdida de votos en las europeas del pasado mes de mayo.

  Las dos recetas comparten una idea subyacente: el PSOE se juega el todo por el todo.

  Mejor dicho: se trata de poner un suelo a la crisis del partido. Se busca evitar en las intensas citas electorales de 2015 un nuevo castigo de los ciudadanos en la serie de castigos despiadados encajados hasta ahora.

  Susana Díaz ha optado por llevar al Partido Socialista de Andalucía a ser la primera fuerza política que se medirá con Podemos en unas elección española, por así decir.

  La decisión, aunque audaz, tiene rasgos conservadores. Susana Díaz ha preferido acudir al campo de batalla antes de que Podemos pueda consolidarse todavía más y, sobre todo, refuerce sus posiciones en Andalucía.

  El otro elemento a favor que tiene la decisión de anticipar es que la instrucción del caso de corrupción de los ERE en el Tribunal Supremo, asumido para cinco aforados (Chaves, Griñan, Moreno, Zarrías y Viera), está en su fase inicial. Una norma no escrita del Tribunal Supremo es no interferir con sus decisiones judiciales en procesos electorales. Pero da toda la impresión que en España dicho criterio ya es historia.

  Ganar estas elecciones es  importante para la dirigente socialista andaluza. Porque es la primera vez que se presenta como cabeza de cartel a unos comicios y porque las últimas elecciones autonómicas de marzo de 2012 las ganó el Partido Popular.

  De modo que su victoria supone cumplir dos objetivos directos: ganar personalmente y revertir la victoria del PP en 2012.

  Y uno indirecto: inyectar ánimo en el PSOE ante unos comicios municipales y autonómicos a dos meses vista de las elecciones andaluzas. 

  Menos clara, por no decir difícil, será la situación emergente de una victoria corta de Susana Díaz. Porque para gobernar necesitará apoyos. Será difícil, por no decir ridículo, retornar a un pacto con Izquierda Unida. Y si Podemos hace una elección razonable, ¿será Susana Díaz la que inaugure en España el camino de los acuerdos con Podemos?

  Pedro Sánchez, a su vez, ha querido seguir el camino de Susana Díaz y demostrar que también el está dispuesto a jugarse el todo por el todo. Este es el sentido del golpe de autoridad que ha supuesto cargarse a Tomás Gómez.

  Así como Susana Díaz une su destino al resultado de las andaluzas del 22 de marzo de 2015 (y en ese destino ocupa sitio la hipótesis de su candidatura como cabeza de cartel del PSOE a las elecciones generales), Pedro Sánchez vincula su horizonte de poder al resultado de la operación Madrid con un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid como, por ejemplo, el ex ministro Ángel Gabilondo.

  "Hay mucho experto en saber lo que han de hacer los demás", debe de estar diciéndose a sí mismo el profesor Gabilondo, una máxima que contiene su libro Por si acaso (Espasa, segunda edición febrero 2014), al oír y leer lo que se dice de él a estas horas.

  Pero el autor de "si te parece, nos tomamos un respiro en los tópicos", otra de sus máximas, no puede ignorar que la operación iniciada por Pedro Sánchez, con quien ha mantenido conversaciones desde hace tiempo, provocará decepción si él se apea de ella.

  ¿"Acabaremos yéndonos", otra de sus máximas destacadas, será aplicable al propio autor? Está por ver. Pero no siendo experto en saber lo que han de hacer los demás, tengo para mí que la confianza depositada por Sánchez en la candidatura de Gabilondo para ganar es inconmensurable. Sánchez cree haber encontrado a su mirlo blanco.

 Aunque Rafael Simancas no se ha subido en su rueda de prensa al tranvía de Parla, es decir, a las eventuales salpicaduras de una investigación sobre el desvío presupuestario, los chicos de la prensa de Ferraz han aireado el asunto por los cuatro vientos. Cito una nota que me han enviado, donde se mencionan los asuntos de este ajuste de cuentas: "El caso del tranvía de Parla, que actualmente está siendo investigado y en el que se ha solicitado la imputación de concejales del PSOE que aprobaron las desviaciones presupuestarias"

   La idea marquetinera es que si Sánchez es capaz de cargarse a alguien como Tomás Gómez que no está imputado y que incluso salió completamente ileso cuando el Partido Popular presentó en octubre de 2013 una denuncia contra él en el Tribunal Supremo por el asunto del tranvía, ¿qué va a hacer Mariano Rajoy con Esperanza Aguirre con sus dos consejeros áulicos que salieron ranas, como ella suele decir, o con el caso de presunta desobediencia grave pendiente de la Audiencia de Madrid donde sigue imputada y corre el riesgo de ser sentada en el banquillo? ¿O qué va a hacer uno de los comensales del encuentro con Zapatero y Bono, es decir, Pablo Iglesias, con el pecadillo de Monedero?

   La autoinstrumentalización, como en este caso, de asuntos judiciales tiene sus riesgos. Porque remite directamente a la situación de los aforados en el caso ERE, a la presunta incoherencia en el tratamiento de las situaciones. Porque, ¿qué sugiere Pedro Sánchez? ¿Que los cinco aforados sobre los que la juez Alaya pide al Supremo la imputación (eso y no otra cosa es su exposición motivada) deberían adoptar medidas ya mismo?

  Díaz y Sánchez se la juegan y con ellos el PSOE.  Si algo han demostrado ambos en poco tiempo es que son jugadores. Ambos no parecen tener en cuenta o consideran secundario algo que advierte Gabilondo en sus máximas y mínimas:

 "No es sólo cuestión de salir de ciertas situaciones. No ha de olvidarse con qué víctimas y a qué precio" .  

La 'caja negra' de la política

Por: Ernesto Ekaizer | 11 feb 2015

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   Pedro Sánchez y Mariano Rajoy tenían, ambos, un problema. El de Sánchez se llamaba Tomás Gómez. El de Rajoy, Esperanza Aguirre.

   Sánchez lleva tiempo, sobre todo desde la Operación Púnica y sondeos en ristre, con la idea de cargarse a Tomás Gómez, secretario general del PSM y candidato a la presidencia de la Comunidad en las elecciones del 24-M.

  La semana pasada consultó con sus principales dirigentes y aliados. Y encontró consenso: la situación, una vez más, en el PSM se estaba pudriendo, una bomba en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas del 24-M.

  Había acordado un encuentro con Gómez para hoy. Pero el secretario general del PSM, enterado del plan, no acudió a Ferraz. En paralelo, Sánchez pulsó al ex ministro Angel Gabilondo para ver si aceptaba ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 24-5. La respuesta: sí.

  Una posible próxima imputación de Tomás Gómez, ex alcalde de Parla, en la desviación astronómica de los costes del tranvía ha sido quizá lo que ha descerrajado el tiro de gracia. O así lo manifiestan portavoces del PSOE.

  Pero cabe recordar que una denuncia del PP de Parla sobre este asunto ya ha sido inadmitida en el Tribunal Supremo en 21 de noviembre de 2013 "por haber quedado acreditado la no participación de éste en los hechos descritos en la misma, procediendo al archivo de las actuaciones". Es decir: por la ausencia del alcalde en los plenos de adjudicación de las obras. 

   Lo dice el auto: "Es decir consta acreditado por las actas acompañadas y levantadas por la secretaria de la Corporación que en ninguno de los plenos intervino el único aforado ante esta Sala D. Tomás Gómez Franco, que fue sustituido en el primer pleno por el Teniente de Alcalde y no siendo ya Alcalde en los otros dos. Por lo expuesto y sin entrar en el análisis de fondo de los hechos denunciados, queda acreditado que en relación a los mismos no es atribuible responsabilidad alguna al Senador D. Tomás Gómez Franco, única razón que motiva el conocimiento de esta denuncia por esta Sala, sólo procede conforme al art. 269 LECrm. inadmitir de plano la misma".

Descargar Auto archivo tomas gomez

  Siendo ahora diputado autonomico, cualquier imputación debe pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero el auto de la sala del Supremo que presidió el entonces presidente de la sala segunda, Juan Saavedra, del 21 de noviembre de 2013, ya ha fijado posición.

  Bien.

 Pero se equivocan quienes crean que el tranvía ha sido todo.

Pedro Sánchez ha ejecutado una operación que ya José Luis Rodríguez Zapatero (en la foto que encabeza esta entrada sonriendo con Tomás Gómez este martes por la mañana) había intentado según un plan diseñado por Pepe Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Trinidad Jiménez para las elecciones autonómicas de 2011. Y que Gómez consiguió neutralizar.

   Y last but not least, el golpe de autoridad.

   Tanto por los vientos de fronda de los últimos meses con Susana Díaz como en los últimos días a raíz de su pacto con Rajoy y la cadena perpetua revisable que acaba de denunciar el diputado Eduardo Madina, la situación de Pedro Sánchez se ha deteriorado.

   Un golpe sobre la mesa, pues, es un gran titular. El mensaje es el momento.

  Este desenlace nos lleva al tema de Rajoy y la autocandidatura de Esperanza Aguirre. El juez Carlos Valle ha archivado el presunto delito de desobediencia de la presidenta del PP de Madrid. Pero el auto ya no es firme porque tanto la acusación particular (agente de movilidad lesionado) como la Fiscalía ha recurrido la decisión. Tocará a la sección sexta de la Audiencia de Madrid, que había cuestionado el primer intento de Valle de llevar el asunto como falta, obligándole a reabrir la causa por desobediencia grave, la resolución de los recursos.

  Por tanto, el caso está pendiente de resolución.

  Pero Rajoy sí sabe, o debería conocer, que la sección sexta de la Audiencia de Madrid ordenó instruir la causa por desobediencia el pasado 5 de septiembre de 2014 con esta descripción:

  "Los hechos denunciados, sobre los que se reitera que en esta resolución no se contiene valoración alguna sobre la acreditación y realidad de los mismos, vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia, a los diversos mandatos de los Agentes de Movilidad y los Policías Municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados Agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como para calificar provisionalmente dicha conducta como delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia del artículo 634 del Código Penal". 

    Ya no vale, pues, decir que no sabía.

    Y el caso, la posible apertura de juicio oral contra Aguirre por presunto delito de desobediencia grave, puede estallarle a Rajoy en plena precampaña electoral. Hablamos de posibilidad no de certeza. Pero hay  riesgo.

  Todo esto nos revela que la política en este país tiene una caja negra, allí donde se cruza información sensible sobre los accidentes. Esa caja negra es la justicia, los procedimientos judiciales. También hay una instrumentalización o, como en el caso de Tomás Gómez, una autoinstrumentalización de la dirección del PSOE, de la caja negra o los procedimientos judiciales.

   También ha sido el asunto de fondo de la salida de la candidata a la alcaldía de Madrid, Tania Sánchez, de Izquierda Unida. Porque según el código ético de la organización, si Sánchez resultaba imputada en la querella presentada por el PP en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra ella en el caso de las adjudicaciones de Rivas-Vaciamadrid, estaba obligada a renunciar. Su decisión de romper ha evitado esa dimisión al tiempo que supone el reenvío de la querella desde el TSJ de Madrid al juzgado de Arganda, habida cuenta de que Tania Sánchez  ya no es aforada al renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid.

 

¡Era Interpol, querido Watson!

Por: Ernesto Ekaizer | 04 feb 2015

                                         Interpol-Vaduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misterio casi aclarado: la llamada "investigación de Liechtenstein" sobre la existencia de cuentas bancarias del ex president Jordi Pujol i Soley y su vinculación con una sociedad llamada Brantridge Establishment fue iniciada a solicitud de Interpol Vaduz.

  El juez de la Audiencia Territorial del Principado, Michael Jehle, confirma al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, el pasado 16 de enero, que la "investigación" que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha "vendido" a los medios de comunicación, desde mediados de octubre de 2014, en realidad fue abierta a instancias de Interpol Vaduz, la filial de Liechtenstein, y cerrada inmediatamente.

  Interpol, como todo el mundo sabe, es la organización internacional de policía criminal de la cual forman parte 190 países, entre ellos España.

   Hasta ahora la información transmitida por fuentes del Ministerio del Interior a medios de comunicación sobre las investigaciones sobre Pujol y el actual president de la Generalitat, Artur Mas, aseguraba que Liechtenstein "está investigando".

   Pero, ¿a instancias de quién?

   Los promotores nunca aparecen.

  El montaje de esta operación en Liechtenstein empieza en el mes de septiembre en paralelo al referéndum y la consulta independentista en Cataluña.

   El día 10, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIL) de Liechtenstein, un organismo administrativo, recoge informaciones de prensa [española] y se dirige a las autoridades españolas. Hace referencia a datos que se reflejan los medios sobre Jordi Pujol Ferrusola, Artur Mas y Jordi Pujol i Soley y la sociedad Brantridge Establishment.

  El ministerio del Interior filtra a la prensa una vez más esta petición aunque omite que la UIL de Liechtenstein se refiere a datos recogidos en medios de comunicación. Es la pescadilla que se muerde la cola.

   http://blogs.elpais.com/analitica/2014/10/la-foto-2.html

  Siete días más tarde, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, el Sepblac (Servicio Ejecutivo Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), el equivalente de la UIL de Liechtenstein, pide datos a sus colegas sobre las tres personas mencionadas y la citada sociedad.

   Hacia primeros de octubre, el día 8, Interpol Vaduz (Liechtenstein), pide por correo electrónico a España datos sobre las citadas personas. El Ministerio del Interior filtra esta información sobre la solicitud de datos.

 Es la prueba de que Liechtenstein "está investigando"  

 El día 14 de octubre, la Oficina Central Nacional de Interpol España (Dirección General de la Policía)  solicita por fax al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona si puede responder a la petición de los representantes de Interpol en Vaduz, la capital de Liechtenstein, a saber, conocer antecedentes, porque al parecer existe la finalidad de "preparar una comisión rogatoria" [desde Liechtenstein, se supone]. Informan que las diligencias del juez Jehle llevan el número 2014.405.

   El juez archiva rápidamente, el 24 de noviembre, las diligencias. Caso cerrado. No se actúa contra nadie. Pero no se hace público.

   El 19 de diciembre, la Fiscalía del Principado admite que se ha cerrado el caso.

   http://blogs.elpais.com/analitica/2014/12/my-entry-1.html

   En una conversación con EL PAÍS, el juez Jehle no quiere revelar el nombre de los promotores.

   Bien.

   La juez Balfagón, cargo del juzgado 31 de Barcelona, ordenar enviar a Liechtenstein, el 11 de diciembre de 2014, antes de conocerse el citado archivo, una comisión rotatoria en relación con la causa que investiga, los fondos ocultos en el extranjero de la familia Pujol, a partir de la declaración de l ex president Pujol  del 25 de julio de 2014.

  El texto solicita que se informe sobre las diligencias número 2014.405 aportando los datos sobre un posible blanqueo de capitales de Jordi Pujol i Soley o algunos de los otros imputados (sus hijos Marta, Mireia y Pere).

  El juez Jehle responde el 16 de enero de 2015 a la petición de auxilio que Liechtenstein no colabora cuando se trata de evasión fiscal en impuestos directos.

   Pero añade una respuesta a la petición de la juez Balfagón.

  "Es cierto que en base a la solicitud emitida por Interpol Vaduz (referencia UR.2014.405) se incoó en Liechtenstein un procedimiento por un presunto delito de blanqueo de dinero. Sin embargo, dicho procedimiento fue sobreseído, transcurrido un periodo relativamente breve de tiempo tras la realización de algunas actuaciones, dado que en contra de las suposiciones iniciales finalmente no se pudo establecer una conexión entre la persona jurídica en cuestión y D. Jordi Pujol".

  Por tanto, sabemos ya que Interpol Vaduz "emitió" la solicitud de abrir el procedimiento.

  ¿Quién cursó la petición a Interpol Vaduz?

  ¿La policía española, a iniciativa del Ministerio del Interior, es decir el Gobierno? 

  Blanco y en botella.

      

    

 

 

 

 

El País

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