Sobre el autor

, Buenos Aires, 1949. Ha trabajado, por este orden, en redacciones de televisión, revistas semanales y diarios en Argentina; trabaja, desde hace 36 años en Madrid, en diarios, revistas, radio y televisión. Ha escrito ocho libros.

Las materias de Analítica son
las de un viejo proverbio latino:
"Nada humano me es ajeno"...

Sobre el blog

El periodismo para seguir siéndolo debe ser Periodismo Analítico... O no será. El viejo adagio según el cual los periodistas son como mínimo tan buenos como sus fuentes requiere una actualización. Necesitamos, según dice el profesor norteamericano Mitchell Stephens, periodistas con cinco cualidades: Informados, Inteligentes, Interesantes, Industriosos, y, sobre todo, Perspicaces.

Periodismo analítico

Libros

Queríamos tanto a Luis
Terminada la investigación judicial, el relato más completo de la relación entre Luis Bárcenas y el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El caso Bárcenas (Editorial Espasa, 2013)
El autor sigue los rastros del tesorero nacional del Partido Popular desde su imputación en la trama corrupta de Francisco Correa.

Sed de Poder .La verdadera historia de Mario Conde (Espasa, 2012)
La crisis de Bankia y del sistema financiero español es una ocasión para revisitar la historia del ex presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), destituido junto con su consejo de administración a finales de noviembre de 1993.

Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (Espasa, 2012)
El relato, a partir de entrevistas e información inédita, hace un viaje hacia la gestación y estallido de una crisis que dará lugar a la Gran Depresión que afecta a la economía y la sociedad española.

Yo, Augusto (Aguilar, 2003)
Tras obtener, en abril de 2000, el Premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura del caso Pinochet en las páginas de EL PAÍS, el autor publica este libro en coincidencia con el XXX aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El Farol. La primera condena de Mario Conde (Temas de Hoy, 1997)
El 20 de marzo de 1997, la Audiencia Nacional condena a Mario Conde a seis años por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El delito: el pago de una factura de 600 millones de pesetas (3,07 millones de euros) en 1990 a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

Vendetta (Plaza & Janés, 1996)
He aquí la violenta historia de dos financieros: Mario Conde y Javier de la Rosa. Practican el chantaje con un doble objetivo: añadir dinero a sus capitales fuera de España y neutralizar la acción de la justicia mediante presión sobre las instituciones.

Banqueros de rapiña. Crónica secreta de Mario Conde (Plaza & Janés, 1994)
Título premonitorio. La rapiña. Este libro analiza la crisis de Banesto, las maniobras para conseguir salvar la entidad mediante un acuerdo de ampliación de capital, la mayor de la banca española hasta entonces.

José María Ruiz-Mateos. El último magnate (Plaza & Janés, 1985)
Una radiografía del imperio oficial y clandestino, del magnate de Jerez.

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Lesmes Vs. Gimeno

Por: Ernesto Ekaizer | 30 sep 2015

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   Joan Manel Abril, juez instructor de la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ha tardado nueve meses en citarles a declarar. Los tres comparecerán, según la providencia dictada por el magistrado, como "querellados", una figura jurídicamente inexistente. Lo que quiere decir el juez es que les cita como imputados (investigados a partir de mediados de octubre cuando entra en vigor la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Senado el pasado 9 de septiembre).

   La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentó la querella, por orden del entonces fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el 21 de noviembre de 2014, ya que hasta entonces se resistió a hacerlo por voluntad propia. El pleno de la sala Civil y Penal del TSJC, integrado por el presidente, Miguel Ángel Gimeno, y los magistrados María Eugenia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y Francisco Valls, resolvió admitirla a trámite el 22 de diciembre. El magistrado Abril, cuya especialidad es el derecho civil, fue nombrado juez instructor de la causa.

    La presentación de la querella comenzó con mal pie. Torres-Dulce confió el asunto al fiscal jefe del TSJC, José María Romero de Tejada, sustituto de Martín Rodríguez Sol, a quien el fiscal general destituyó pese a ser un amigo personal y haberlo nombrado en el cargo. Torres-Dulce le apartó a raíz de unas declaraciones en las que el mallorquín Rodríguez Sol defendía la necesidad de dar encaje al derecho a decidir. Hubo también otros enfrentamientos. Como, por ejemplo, la apertura de diligencias informativas sobre la filtración de un borrador apócrifo atribuido a la UDEF en 2012 con referencias al expresident Pujol y al president Mas, días antes de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. El Ministerio del Interior y la Policía, origen de la filtración, consideraron intolerable la decisión e Rodríguez Sol.

   Bien.

   ¿Por qué el magistrado Joan Manel Abril ha tardado nueve meses en citar a declarar a Mas, Ortega e Rigau?

   Ha ordenado múltiples diligencias. La causa no ha estado guardada en un cajón. Pero ello no contesta la pregunta. Una vez admitida a trámite la querella y pasado un tiempo razonable, el magistrado debía citarles a declarar. Y no lo hizo.

   Situémonos ahora en el 23 de julio de 2015.

  Han pasado siete meses desde la presentación de la querella.

  Estamos en el Palacio de Congresos de Barcelona. El Rey preside la ceremonia de entrega de despachos judiciales a treinta y cinco jueces que han obtenido su licenciatura en la Escuela Judicial, la promoción número 65. Están presentes Artur Mas; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Miguel Angel Gimeno, presidente del TSJC, y otras personalidades (foto que abre esta entrada).

   En cierto momento, Carlos Lesmes se acerca a Miguel Ángel Gimeno (ambos en la foto) cuyo mandato de cinco años al frente del TSJC vence en diciembre. Gimeno es visto por los conservadores como un magistrado progresista.

   Y le dice, sin ocultar o aparentar cierta disconformidad, que la querella de la Fiscalía contra Mas conoce una lentitud pasmosa, parece que está paralizada. Qué estáis haciendo. Han pasado ya siete meses desde la admisión a trámite.

  Gimeno le explica que el magistrado Abril ha ordenado muchas diligencias y ha librado oficios para reunir el material indiciario. La querella versa sobre desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N.

   Tenemos un problema, le explica Gimeno, y es que hay elecciones en Cataluña. Y pensamos que no conviene interferir. Las elecciones del 27-S estaban anunciadas, pero no convocadas. Mas firma la convocatoria el 3 de agosto.

  En el acto se encuentra, según se ha apuntado, el ministro Catalá. A Lesmes le falta tiempo para contarle lo que le ha explicado Gimeno.

   Es evidente que el TSJC instruye con parsimonia, para decirlo suavemente, la querella.

  No es una excepción. Nada tiene que ver, pero, por ejemplo, el juez Pedraz ordena una entrada y registro en las casas de Oleguer Pujol y de Luis Iglesias, en Barcelona y Madrid, respectivamente, el 24 de octubre de 2014. Y es el día de hoy en que no han prestado declaración. A su vez Rodrigo Rato no ha prestado declaración por los delitos fiscales y de blanqueo que se le imputa desde hace largos meses en el juzgado 31 de Madrid. Y hay un presunto testaferro suyo, Alberto Portuondo, en prisión preventiva desde el 18 de agosto. La Fiscalía no ha solicitado la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno, pero tampoco este se ha ofrecido a declarar.

  Pero lo que hubiese sido normal, que Mas, Ortega y Rigau, fueran citados enseguida, digamos un mes después de admitida a trámite la querella, ahora, dos días después de las elecciones del 27-S, se ha convertido en una nueva bomba.

   Desde luego, el Gobierno aporta su granito de arena.

   El ministro Catalá es el que da la explicación de que el tribunal no quería interferir. ¿Y por qué tiene que dar explicaciones el ministro sobre la decisión judicial? Aparece Catalá como el padre de la decisión, el que quiere desactivar el problema ignorando que la sola palabra del ministro en nombre de los tribunales es una nueva cerilla arrojada en una Cataluña que ya arde. Porque se arde con el 47,7% de los votos, sin llegar al 50% más uno. Se arde igual. La incompetencia pasa muchas veces a segundo plano. Porque el maquiavelismo político atrae más como interpretación que la ineptitud pura y dura. 

   ¿Se podía decir algo?

   Se podía. ¿Para qué está el fiscal jefe Romero de Tejada que ha presentado la querella?

  La Fiscalía del TSJC podía haber explicado su posición. A saber, que no se quería interferir. Pero Catalá quiso ponerse la medalla.

   El tema de la comparecencia encierra una paradoja. Mas hubiese festejado su convocatoria judicial después de la admisión de la querella. Allí ante el instructor Abril podía explicar las razones políticas de su decisión sobre el 9-N. Era su particular versión de La Historia me absolverá, que diría Fidel Castro. Y ahora mismo, Junts Pel Sí está urgiendo con la citación de Mas a la CUP para que deponga sus reticencias y le aporte en segunda votación los dos votos que necesita para ser investido president.

   Bien.

  Lesmes, para decirlo todo, quiere cambiar a Gimeno. Su mandato vence en diciembre. Pero Gimeno será uno de los cuatro o cinco negritos, que diría Agatha Christie, en salir. El presidente del Supremo y del CGPJ prepara el cambio en otros TSJ, como el de la Comunidad Valenciana, donde quiere cargarse a la conservadora y celosamente independiente Pilar de la Oliva (que preside el juicio de la corrupción Gürtel en su primera pieza, la de Fitur), y los de Andalucía y Castilla y León. En noviembre, el pleno del CGPJ será informado sobre este plan.

    

    

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mas y el rey Pirro

Por: Ernesto Ekaizer | 29 sep 2015

                            

    Si hay una situación que mejor refleja el carácter pírrico de la victoria de Mas y su lista Junts Pel Sí en las elecciones del 27-S es la siguiente: con 62 escaños no puede garantizar su investidura frente a los 63 que reúnen Ciutadans, Partido de los Socialistas de Cataluña, Catalunya Sí que es Pot, Partido Popular. A este carácter pírrico de su victoria en escaños se une el haber obtenido 47,7% de los votos, una cantidad importantísima, pero inferior al 50,5% de los no independentistas. El retroceso de escaños se da en la fórmula de Mas -de 71 escaños pasa a 62 - y en la mayoría absoluta (Junts Pel Sí-Candidatura de Unidad Popular) -de 74 a 72. 

  Esta es la foto instantánea. A estas horas, Mas intenta convertir su pírrica victoria en un mero bache aritmético mediante 2 votos de los 10 obtenidos por la CUP, unos votos vitales para garantizarse por mayoría simple su investidura.

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  La CUP contemplaba otro escenario: que con su abstención en segunda votación Mas podía ser president.

   En este caso, la fórmula tradicional de apoyo crítico a la investidura de Mas para que siguiese como mascarón de proa del procès y exprimirle como un limón para agudizar las contradicciones entre sectores que la CUP caracteriza como burguesía catalana y española, provocaría fuertes debates internos, pero quizá una abstención podría salir adelante.

  Ahora con 62 escaños, Mas necesita dos votos favorables de CUP para superar la mayoría simple del bloque del no. Y, por tanto, el apoyo crítico es más comprometido. Corrientes como Endavant dentro de la CUP, que funciona de manera asamblearia, se oponen a cualquier apoyo crítico.

   Hay otro hecho. La CUP sostiene que el fracaso en la obtención de más del 50% de los votos supone abandonar la propuesta de lanzarse a la creación del nuevo Estado catalán, la República Catalana, como postula la hoja de ruta de Mas, Romeva y Junqueras, el trío que tras las elecciones del domingo 27 reafirmó ayer su decisión de declarar en 18 meses la independencia.

   La CUP está en línea, por ejemplo, con la conclusión del referéndum de Quebec, es decir, una convocatoria que ganó el "no" a la independencia el 30 de octubre de 1995 por escaso margen: 50,58% contra 49,42%. El 27-S esa diferencia a favor del "no" ha sido mayor: 50,5% contra 47,7%.

     La discrepancia sobre si se puede o o no impulsar la declaración de independencia con menos del 50% de los votos se une a la política de austeridad y a la corrupción. En el video-corto electoral de mediados de septiembre «Anaven lents perquè anaven lluny» (Iban lentos porque iban lejos), Fernández, Baños, Arrufat, Vallet, la plana mayor de la CUP, hace una crítica del capitalismo de los amiguetes (crony capitalism) y resucita el caso de las ITV, un escándalo emblemático que ha implicado a Oriol Pujol, hijo del expresident Pujol. El rostro de Mas no aparece en el potente Audi que sale en pantalla, en un corto estilo Breaking Bad,pero a buen entendedor pocas palabras.

    La CUP tiene un problema. Y es que tanto el tripartit, en el que participó ERC, como los gobiernos de CiU apoyados por ERC, con la excusa del procès, han aplicado ajustes y recortes sociales en el periodo comprendido entre 2006 y 2015. Por tanto, lo que vale para Mas el recortador también vale para el partido que dirige Junqueras.

   Dentro de la CUP, los partidarios del apoyo crítico creen que si Mas aceptase un pacto de garantías sociales enumeradas una a una con compromisos de aplicación, y con una firma solemne, una mise-en-scène de la que el president en funciones es un gran experto, se le podría dar los dos votos para la investidura. 

   Pero el debate promete ser intenso. La experiencia de Alexis Tsipras, su oposición a la austeridad primero, la convocatoria del referéndum del 5 de julio y la firma del rescate posterior, pese al 61,3 % de "no" en la consulta, está muy fresca.

   Y last but not least, está la decisión de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anunciada esta mañana, de que Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han sido citados a declarar como imputados a raíz de la querella criminal presentada por la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2014. Esta convocatoria, normal tras admitirse una querella a trámite, va a ser una presión adicional sobre la CUP para apoyar la investidura de Mas. 

    Oriol Junqueras, precisamente, apunta que esta citación es una nueva prueba a superar. Está mirando por el rabillo del ojo a la CUP.

  Y la necesidad de estar pendiente e intentar seducir a la CUP retrata un escenario que para nada esperaba Artur Mas. 

   La CUP tiene ante sí la fórmula riojana que ya acometió Ciutadans en La Rioja tras las elecciones del 24 de mayo. Apoyaron a un presidente del PP siempre que Pedro Sanz, que no obtuvo la mayoría absoluta, se apartara.

  Una fórmula que desde el avance espectacular de C's el pasado domingo en Cataluña puede proyectarse hacia las elecciones generales de diciembre. Albert Rivera puede vetar a Rajoy a cambio de un apoyo al PP. O, como parece ganar enteros, ir a una Pequeña Gran Coalición con el PSOE de Pedro Sánchez.

   

Cuatro horas con Maika

Por: Ernesto Ekaizer | 16 sep 2015

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    Cuatro horas dura la grabación destapada por la Cadena Ser. Ana Garrido, ex empleada del Ayuntamiento de Boadilla, está en 2010 y 2011 en pleito por acoso contra el consistorio. No le dan trabajo. Es una apestada, según asegura, por denunciar negocios de Gürtel. Recibe una llamada. Es María del Carmen Jiménez, ex secretaria de Francisco Correa, en el cuartel general de la banda: Serrano, 50.

  Así empieza todo.

  Maika, como la llaman, quiere darle apoyo. Quedan a almorzar en un restaurante de Madrid. Maika no viene sola. Le acompaña alguien que conoce bien a Ana. Francisco Navas Sanz. Había sido concejal en Boadilla del Monte. Es la mano derecha de Pio García Escudero cuando este era presidente del PP de Madrid. También estuvo con Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid.

   Ana tampoco ha venido sola. Lleva dentro del escote una grabadora bien situada para captar las voces. Ana no es como Alicia Sánchez Camacho en La Camarga de Barcelona. No necesita centro floral en el que meter el micrófono.

   Maika se despacha. Y Francisco Navas no le va a la zaga.

   Que Luis Bárcenas vino una noche a Serrano 50. Una sola noche le vi. Salía con sobres. Y Pío, también venía por allí. Y Alberto López Viejo, Benjamin Martín Vasco, José Luis Peñas, denunciante de Gürtel. Y muchos más.

   La han amenazado, dice Maika, si habla le envían un sicario.

 

 

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    Ana Garrido (foto) se lleva la grabación. Se lo piensa. 

    No va a aportar la cinta sin la aprobación de Maika. La llama y le pregunta, sin decirle que la ha grabado, si puede contar lo que le ha dicho. Lo siento. Ya sabes como estoy. Me están persiguiendo. Y me tengo que defender.

    Pero Maika le recuerda que la han amenazado. Que Correa le ha dicho que tiene que cerrar la boca. 

   Ana Garrido se olvida de la cinta. 

   Pero la ha dejado en su ordenador.

    Después de cinco años, hace unos meses, su ex novio, Juan Carlos, transportista que vive en Boadilla, entra en casa de Ana, le roba el ordenador. Saca una copia de todo el material. Al parecer quiere demostrar que Ana ha manipulado pruebas en su pleito -que ha ganado- con el Ayuntamiento de Boardilla.

    Y lleva el ordenador a la policía de Boadilla. Deja constancia de que ella ha manipulado pruebas y de que hay material sobre Gürtel. La policía lo envía al juzgado número 3 de Móstoles, donde previamente había presentado denuncia Juan Carlos contra Ana. Una denuncia prácticamente archivada tras una diligencia.

  El juzgado, al verificar que se habla sobre Gürtel, envía el material a la Audiencia Nacional.

 El juez José de la Mata da traslado a la UDEF. Y la UDEF revisa el material. Antes de finalizar la enumeración de los documentos que han visto, los agentes ponen que hay una cinta entre Ana Garrido y Maika que puede tener interés para Gürtel. En el volcado del contenido del ordenador intervenien técnicos del Ayuntamiento de Boadilla, que está personado como acusación particular en la causa. De la Mata les agradece el apoyo.

   Ana llama a Maika y le cuenta que la cinta estaba en el ordenador que se ha aportado a la causa a raíz de la historia de su exnovio. Tampoco Francisco Navas conoce lo que ha pasado.

  Ana Garrido, a su vez, ha puesto una denuncia contra su exnovio. Y cae en el juzgado 4 de Móstoles.

  Es el juzgado de...Pablo Ruz, exinstructor de Gürtel y Papeles de Bárcenas. 

   Esto es lo que se llama el tiro por la culata.

 

El Supremo respalda a Bárcenas

Por: Ernesto Ekaizer | 16 sep 2015

            

 

   El Tribunal Supremo ha respaldado el derecho de Luis Bárcenas a recurrir la sentencia de la Audiencia de Toledo que corregía al juez de primera instancia e instrucción y daba la razón a la demanda de protección al honor interpuesta por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, contra el extesorero. Es un revés de la decisión de la citada Audiencia que denegó la posibilidad de elevar un recurso extraordinario por infracción procesal. Y deja la sentencia favorable a Cospedal pendiente del resultado de dicho recurso.

  Cospedal presentó una demanda en febrero de 2013 contra Bárcenas y contra El PAÍS por la publicación de los llamados papeles cuentas secretas del PP el 31 de enero de 2013. Más tarde retiró la demanda contra este periódico. Pero mantuvo la que había presentado contra el extesorero.

  El juez Jesús Yunta, titular del juzgado número 4 de Toledo, dictó sentencia a primeros de diciembre de 2013 después de que Bárcenas declarase por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real. Allí se ratificó en que había pagado con su propia mano sobresueldos a la secretaria general del PP y negó que fuese él quien entregó los llamados papeles de Bárcenas a EL PAÍS.

    El juez desestimó la demanda de Cospedal.

   La secretaria general del PP recurrió la sentencia a la Audiencia. El 5 de febrero de 2015, la Audiencia revocó la sentencia del juez Yunta y le dio la razón a Cospedal. La Audiencia parte de la base de que Bárcenas filtró los papeles a El PAÍS.

  Sin embargo, las declaraciones en el juicio (Bárcenas, el entonces director de El PAÍS, Javier Moreno, y el abogado Jorge Trías Sagnier) no fueron valoradas por el juez Yunta como pruebas de que el extesorero filtrara el material al periódico. Cospedal sostenía que la sola publicación de los papeles afectaba su honor.

    Pero la Audiencia, en cambio, valoró que Bárcenas había filtrado los papeles. En su recurso, la defensa del extesorero sostiene que la Audiencia "valora la prueba testifical de forma totalmente contraria a la valoración que efectúa el juez a quo atribuyendo por tanto al autoría de la intromisión ilegitima en el derecho al honor de la actora al Sr. Barcenas".

    Pero la posibilidad de un recurso extraordinario de infracción procesal como el presentado por la defensa del extesorero fue rechazada por la Audiencia.

     El Supremo dice ahora, al estimar el recurso de queja que la Audiencia, no debió denegar este recurso.

       El auto de la sala de lo Civil del Supremo, de 9 de septiembre, señala que la Audiencia "no debió inadmitir de plano el recurso sino dar la posibilidad a la parte recurrente de interponer el recurso ante el órgano competente".

     Por tanto, siendo la competencia para resolver sobre el recurso extraordinario de infracción procesal del Tribunal Supremo, la Audiencia de Toledo debe ahora enviar todas las actuaciones a la sala de lo Civil del Supremo.

    La sentencia de la Audiencia, que revocaba la del juez Yunta, pierde firmeza. El Supremo tendrá que valorar cómo se ha apreciado la prueba en el juzgado que desestimó la demanda de Cospedal y en la Audiencia que le dio la razón más tarde.

    El caso, pues, sigue abierto.

 

   

   

 

El Jeremy que yo conocí

Por: Ernesto Ekaizer | 13 sep 2015

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     Jeremy Corbyn, 66 años, es ya The Right Honourable leader of Her Majesty’s Loyal Opposition. Es decir: el Muy Honorable líder de la Oposición Leal de Su Majestad, el partido Laborista. O simplemente, el Rt Hon, expresión honorífica con la que se alude en los países de la Commonwealth al primer ministro y al líder de la oposición.

    Corbyn salió elegido diputado en el municipio de Islington North, en el norte del inner Londres o Londres interior, el pasado mes de mayo de 2015. Era la octava elección a la que se presentaba, incluyendo la de 1983, cuando las ganó por primera vez. Ahora, en mayo pasado, obtuvo una victoria récord. Ya era un personaje en busca de autor. Pero la derrota del partido Laborista del mes de mayo y la decisión de convocar elecciones primarias para seleccionar al nuevo líder le abrieron el camino para poner la guinda a su larga militancia municipal y parlamentaria. Nadie en la cúpula del partido Laborista, dominada por las ideas del New Labour de Tony Blair, podía imaginar que este hombre, que había ganado ocho elecciones, y a quien, no obstante, consideraban un loser, un perdedor, un activista, por su trayectoria de izquierdas, podría alzarse por goleada con el liderazgo.

   Conocí a Jeremy Corbyn a mediados de octubre de 1998. Venía de ganar la elección en Islington North, la circunscripción parlamentaria más pequeña del Reino Unido, un barrio pobre de Londres que cohabita con casas de ricos. En Islington South, el municipio colindante, vivía Tony Blair antes de ser primer ministro en 1997.

   Sobre todo, venía Corbyn de firmar una carta especial, junto con otras setenta y cuatro personalidades. El general Pinochet había sido detenido por los policías de Scotland Yard la noche del 16 de octubre de 1998 en la London Clinic según una orden del juez de guardia Nicholas Evans. Era la respuesta a la orden de detención para extradición cursada a la policía británica por el juez Baltasar Garzón. Corbyn apoyaba el arresto y pedía el enjuiciamiento de Pinochet.

   La detención del exdictador chileno culminaba una larga campaña de Corbyn en el Comité de Derechos Humanos del Parlamento, del cual era miembro, contra las dictaduras latinoamericanas. Llevaba en aquellos días diez años casado con Claudia Téllez, hija de Marisol Téllez, endocrinóloga chilena especializada en medicina nuclear en el Reino Unido. Marisol era hermana de Alicia Téllez. Ambas eran hijas del diplomático español republicano, Salvador Téllez, exiliado tras la guerra civil española en Chile. Alicia, mira por dónde, es la esposa de Óscar Soto, el cardiólogo que acompañó a Salvador Allende hasta minutos antes de su suicidio en el palacio de la Moneda ante el inminente asalto ordenado por el general Pinochet. Los Téllez, una vez más, tuvieron que partir al exilio. Esta vez desde Chile a raíz del golpe del 11 de septiembre.

   Corbyn era la mosca cojonera que en el Parlamento denunciaba el exquisito trato de VIP que se le daba a Pinochet durante sus regulares visitas a Londres, invitado por la fábrica de armamentos Royal Ordnance. Sea bajo el gobierno tory de John Major o el de Tony Blar. En 1997, preguntó al ministro del Interior Jack Straw:

   -¿Cuántas visitas al Reino Unido ha realizado el general Pinochet a lo largo de los últimos tres años.?¿Que protección de seguridad se le ha proporcionado?

    Tras el arresto de Pinochet, el Alto Tribunal de Justicia falló a favor del recurso de la defensa del exdictador. Cuando parecía que ya se embarcaba hacia Chile, un recurso de la Fiscalía de la Corona, en representación del juez Garzón, apoyado por Amnistía Internacional y otras organizaciones, ante el comité judicial de la Cámara de los Lores, el equivalente entonces del Tribunal Supremo, paralizó el regreso a Chile y abrió más de dieciséis meses de debates jurídicos y políticos. Pinochet permaneció bajo arresto en un chalé alquilado en Surrey durante 503 días.

    Hay tres momentos que merecen la pena apuntar. El 3 de noviembre de 1998, Corbyn organizó una audiencia pública en la Cámara de los Comunes para apoyar el recurso de apelación contra el fallo favorable a Pinochet. Diez personas llegaron a Londres de diversas partes del mundo para dar testimonio.

   Entre ellas: Isabel Allende, hija de Salvador Allende; Sofia Prats, hija del general Carlos Prats, excomandante en jefe del Ejército chileno asesinado en Buenos Aires; Sola Sierra, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Chile; Joyce Horman, esposa Charles Horman, ciudadano norteamericano cuya desaparición fue llevada al cine en la película Missing, en 1982; Juan Pablo Letelier, hijo de Orlando Letelier, ministro de Defensa y de Asuntos Exteriores en el gobierno del presidente Salvador Allende, asesinado en 1976 en Washington, donde vivía exiliado.

    Fue  un acontecimiento.

    Hay una segunda escena que recuerdo especialmente. El 11 de diciembre de 1998, Pinochet debía comparecer en el tribunal penal de la prisión de alta seguridad de Belmarsh a fin de recibir noticia de su situación de los labios de un juez, según prescribe la ley británica. Un grupo de periodistas de diversos países recibimos acreditación para seguir en la sala la audiencia. Era lo más parecido a un banquillo de acusado.

    Corbyn no obtuvo pase para entrar. Permaneció junto a los grupos de derechos humanos en los alrededor de la prisión.

      A la salida, la policía introdujo a Pinochet en un furgón Galaxy para llevarlo a su casa de Surrey, bajo arresto domiciliario.

      En el Galaxy colgaba por dentro ropa para tapar la visión.

     Corbyn al ver salir a Pinochet dentro del furgón dijo unas palabras. Aunque habla español, con fuerte acento británico, prefirió hacerlo en su idioma:

     -Cuando yo era pequeño me impactaban las imágenes de asesinos y violadores en televisión. Todos salían de los juzgados cubriéndose la cara con una manta o un abrigo, para que no se les viera el rostro. Traer a Pinochet a este tribunal marca un precedente. Y que hayan cubierto su ventanilla con un impermeable para que no le podamos ver es, en cierto modo, una forma de justicia.

    La tercera escena tiene que ver con mi trabajo y con este periódico.

    Mientras el gobierno de Blair urdía una salida a la crisis diplomática con Chile, la salida de devolver a Pinochet por razones de salud, tras la decisión del comité judicial de la Cámara de los Lores de declarar que el exdictador era extraditable a España por delitos de tortura, El PAÍS publicó en la portada del domingo 30 de enero de 2000 las cartas secretas intercambiadas por el ministro del Interior, Jack Straw, y la defensa de Pinochet, a partir del 5 de noviembre de 1999. Queda al descubierto, en lenguaje sutil, toda la operación.

     Jeremy Corbyn no daba crédito. Me preguntó por la información y la solvencia de las cartas. Le aseguré que ni siquiera se trataba de una filtración, algo que siempre puede tener tal o cual interés. Le expliqué que la correspondencia formaba parte de la documentación puesta a disposición de los jueces y que estos las habían incluido entre los affidavits (declaraciones juradas) trasladados a la Fiscalía de la Corona y a los abogados intervinientes.

    El 3 de febrero de 2000, Corbyn encabezó un grupo de veinte parlamentarios que pidieron al ministro Straw la aportación de los documentos anticipados por este periódico y solicitaban que Pinochet fuese sometido a un nuevo examen médico. Corbyn propuso esta moción:

  Esta Cámara deja constancia de que el 30 de enero, el respetable periódico español EL PAÍS publicó el texto de las cartas intercambiadas entre el Home Office y la defensa de Augusto Pinochet desde noviembre de 1999 en adelante, y que estas cartas confirman que, pese a no estar bajo obligación legal alguna para hacer esa oferta, el Home Office propuso por su propia iniciativa, antes de recibir esa petición de la defensa, que los detalles del informe médico de Augusto Pinochet fueran mantenidos en secreto".     

     Jack Straw formalizó el 2 de marzo de 2000 la operación diseñada "por razones de salud". Y acudió al Parlamento un rato después del despegue del avión que devolvía a Pinochet a Chile tras 503 días de arresto domiciliario.

        Corbyn se dirigió al ministro en la Camara de los Comunes:

       -¿Acepta el ministro que mucha gente en este país y en el mundo tiene un sentimiento de vergüenza ante la noticia de que Pinochet acaba de abandonar el espacio aéreo británico y, por tanto, se halla libre de toda probable persecución penal en cualquier tribunal del mundo? ¿Puede explicar por qué el 5 de noviembre de 1999 ofreció a los abogados de Pinochet la confidencialidad del informe médico a cambio de que el general aceptara someterse exámenes?    

Montse Gasull, vuelta a la escena del crimen

Por: Ernesto Ekaizer | 04 sep 2015

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Artur Mas, ¿cumplió en su comparecencia ante el Parlament del miércoles 2 de septiembre la amenazas de Jordi Pujol de 2009 y 2015?

  La explicación de que las empresas dan dinero a todos los partidos y que en el caso de Teyco el partido Convergencia i Uníò es el que menos ha recibido, ¿puede considerarse un paso en dirección a lo que ya advertía el expresidente Jordi Pujol?

   Pujol dijo, en el programa Ágora, de TV 3, el 27 de octubre de 2009, en relación a la financiación de los partidos políticos, lo siguiente:

  -Si entramos aquí nos haremos mucho daño, porque yo tendré una respuesta fácil. Yo también le podría decir: 'estos dieron tanto a tanto'. Todos haríamos un poco de hedor. No entremos, pero, si hace falta entrar, entraremos. Me parece que no tengo que entrar, pero si tengo que entrar personalmente, entraré.

  Habían pasado cuatro años desde que Pasqual Maragall lanzara "ustedes tienen un problema y se llama 3%" en el Parlament para retractarse enseguida ante la reacción dramática de Mas.

  Bien.

  Pujol volvió sobre el asunto el viernes 26 de septiembre de 2014 al comparecer en la comisión del Parlament sobre evasión, fraude fiscal y corrupción. para explicar las cuentas bancarias de sus familiares ocultadas a Hacienda, un hecho sobre el cual el expresidente asumía la responsabilidad. Esta vez, Pujol apeló a una metáfora.

  -Si vas segando la rama de un árbol, al final cae una rama y todos los nidos que hay hasta caer el árbol entero y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política.

  Volvemos, después de este flash back, a la comparecencia del president Mas. En su explicación, basada en un texto que llevaba, explicó que las empresas aportan dineros a todos los partidos y que lo hacen en función de la sintonía que tienen con el "modelo de país" que defiende cada uno de ellos. En el caso de Teyco, dijo que CiU había ingresado menos dinero que otros partidos.

   Las empresas que contratan con las administraciones dan dinero, pues, por afinidad política ("modelo de país"). En cierto modo, viene a ser una variante de la explicación que ofreció Luis Bárcenas el 15 de junio de 2015 en el mismo Parlament en calidad de "experto". Las donaciones que aportaban al PP -y que Bárcenas fraccionaba para eludir la ley - tenían un motivo muy simple: querían cariño.

   "A cambio de cariño exclusivamente". Esto, para el extesorero del PP, es diferente del 3%.

  Según Mas, la operación del pasado viernes 28 de agosto, de entrada y registro -en la sede de la fundación CatDem, en el despacho del responsable de dicha fundación, situado en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y en el domicilio del ex tesorero del partido, Danie Osácar, y en el ordenador que éste sigue usando en la citada sede- fue montada como espectáculo electoralista por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. El president se apoya, en efecto, en la memoria que existe en Cataluña sobre ciertas operaciones extrajudiciales impulsadas por el Ministerio del Interior sobre todo en las elecciones autonómicas de 2012 y próximas al referéndum del 9 de noviembre de 2014 dirigidas a desactivar al soberanismo a través de la criminalización de sus dirigentes.  Nos referimos  la presunta investigación del propio Mas y de Pujol en Liechtenstein. O, por ejemplo, el montaje de la cuenta falsa en la Union de Banques Suisse (UBS) del entonces alcalde Xavier Trías, a finales de octubre. 

   Pero he aquí que en su relato, Mas omite toda referencia a la autorización judicial, es decir, a la orden de entrada y registro. Cuando se le pone de relieve este hecho en el Parlament, intentó zafarse con una explicación fácil: la orden fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.

   Esta presentación ha borrado del mapa nada más ni nada menos que al juez. Un juez que desde 2013  desarrolla la investigación que desemboca en la entrada y registro del pasado viernes, día 28 de agosto, y, también, a la fiscal.

   Nos referimos al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de El Vendrell, municipio de Tarragona, Josep Bosch Mitjavila, y a la fiscal Macarena González Castillo.

   Bosch es un juez joven. Llegó al juzgado de El Vendrell en 2013. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprueba el 20 de marzo de 2013 la relación definitiva de aspirantes que superan el proceso selectivo para ingreso en la carrera judicial así como los incrementos de puntuación a los efectos de destinos. Bosch Mitjavila figura con el número 32 en la lista de 231 jueces propuesta por la dirección de la Escuela Judicial. El BOE del 1 de abril de 2013 recoge los nombramientos.

    Mira por dónde, pocos meses después, en el otoño de 2013, la concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el ayuntamiento de Torredembarra Montserrat Gasull (en la foto) se persona ante la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Acude acompañada de Rachid El Ghzaoui, ex empleado de un horno de pan, empresa del alcalde del citado pueblo marinero de la Costa Dorada, Daniel Masagué. No es la primera denuncia que presenta la concejal. Otras seis sobre diferentes actividades presuntamente corruptas son denunciadas en 2012 ante la Fiscalía. También el partido de los Socialistas de Cataluña denuncia. Tres denuncias son archivadas.

   Pero la denuncia de Gasull y Rachid de octubre de 2013 corre distinta suerte. La Guardia Civil las aporta al juez Bosch. "El 6 de mayo de 2014 presento seis denuncias más después de que mi letrada se ha estudiado en profundidad las irregularidades", recuerda la ahora exconcejala del ayuntamiento de Torredembarra en conversación con EL PAÍS.

   La información que aportan Gasull y Rachid es complementaria. De uno y otro lado del mostrador. La entonces concejala revela las irregularidades de un lado, es decir, el Ayuntamiento, las mesas de contratación de obra pública, por ejemplo, mientras que el ex empleado narra el trasiego de billetes de 500 euros que circulan dentro de sobres blancos de 20.000 y 30.000 euros y el ingreso de estas cantidades en tres entidades bancarias. Las denuncias constituyen la crónica de contratos de asesoría externa para cortocircuitar informes contrarios a la posición del secretario municipal, pago de alquileres inflados por parte del Consistorio, sobornos (Gasull denuncia que han intentado comprarla por 12.000 euros a cambio de su voto favorable en un pleno), enchufismo en ciertos puestos de trabajo, comisiones por recogida de basura.

   Y en eso llegan filiales de Teyco, que abonan al alcalde 581.000 euros por trabajos fantasma. Habida cuenta de que Teyco ha construido un aparcamiento adjudicado por 2,5 millones de euros, pero la factura final sube un 40%. El juez ordena intervenciones telefónicas. El cerco sobre el alcalde se estrecha.

   Masagué será detenido en junio de 2014 junto con otros concejales. El juez Bosch prosigue la investigación. La actividad de la fiscal González Castillo es reforzada por la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid. Y el pasado 23 de julio de 2015, Masagué volverá a ser detenido. Pero esta vez no va solo a prisión. El juez también ordena detener a Jordi Sumarroca, ex consejero delegado de Teyco. Y en la caja fuerte de Sumarroca, la Guardia Civil halla documentos que estima relevantes. Indicios que fortalecen la sospecha de presunto pago de comisiones a CiU.

    A todo esto, Montserrat Gasull se considera abandonada en esta investigación por su partido, ERC, y por su líder, Oriol Junqueras, a quien ha intentado informar directamente, sin éxito, sobre lo que se cocina en Torredembarra. Deja el partido. Y permanece como concejal hasta las elecciones del 24 de mayo pasado.

   Gasull, independentista sin fisuras, no desconoce las posibles repercusiones políticas de la investigación, pero estima que la justicia debe ir hasta el final.

  "Seguimos bajo el secreto sumarial, por tanto no podemos todavía comentar lo que hay. Pero aquí hay mucha tela. Hay que atarse los machos. Y el juez Bosch quiere ir hasta el final. Y sabes lo que te digo: es todavía más importante que se haga justicia cuando estas luchando por un país nuevo", razona. 

   Porque no comprende Gasull la conducta de su partido. Al escuchar a Junqueras denunciar, el pasado 31 de agosto, en el programa de televisión que dirige el periodista Josep Cuní 8 al día la corrupción y condenar a aquellos que solo la investigan en periodos electorales, en referencia a los registros del viernes 28, Gasull ya no puede contenerse. Envía tras oir al líder de ERC un tuit a Junts Pel Si, la lista unitaria independista, y a Junqueras:

   -Y tú dices estas palabras cuando has tenido información de primera mano y no hiciste ni caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pito del sereno

Por: Ernesto Ekaizer | 02 sep 2015

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  El gobierno desenfunda con una propuesta de reforma legal que tiene dos nombres propios: Mariano Rajoy (en la foto junto al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos) y Artur Mas. Esta es la reforma urgente de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Al presentar los objetivos, el  candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol ha hecho honor a lo que Rajoy había dicho de él al promoverle, a saber, que es un hombre con las ideas muy claras.

  "Se ha terminado la broma", ha dicho el candidato.

  En estas cinco palabras está toda la historia.

  La reforma pretende que el Tribunal Constitucional deje de ser un organismo de interpretación y que amplíe sus funciones y facultades para actuar cuando no se cumplen sus resoluciones y sentencias. Como esto no tiene precedentes en el caso del TC, se le faculta para poner multas y suspender de sus funciones a las autoridades que incumplan. 

   Por si queda alguna duda sobre el carácter ad hoc de la nueva ley que quiere el Ejecutivo, el proyecto precisa que el TC podrá pedir al Gobierno central, incluso cuando se halle en funciones, que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de una sentencia. Todo ello sin perjuicio de que también se exijan responsabilidades por la vía penal. Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el TC, de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas medidas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Después de su adopción, habrá de otorgarse un plazo de tres días de audiencia para los afectados y la Fiscalía. El TC decidirá entonces si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

    La referencia al Gobierno "en funciones", cuyo funcionamiento regula el artículo 101 de la Constitución, reconoce que el Gobierno de Rajoy está proponiendo una legislación inspirado por nombres y apellidos. Porque el Gobierno está haciendo un cálculo sobre los escenarios que se abrirían después de las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre.

  Y como a  finales de noviembre, o primeros de diciembre, se celebran elecciones generales y una vez que se celebren el Gobierno y su presidente pasarán a estar "en funciones" (con las limitaciones que la CE señala para sus facultades), la reforma tiene en cuenta esta circunstancia y autoriza al TC concretamente a proponer a un gobierno en funciones las medidas a adoptar de carácter punitivo (multas, suspensión inhabilitación) en el caso de que se produzca la desobediencia.

   El cálculo es que una victoria en las elecciones del 27-S puede llevar a los partidos nacionalistas y catalanistas a votar en el Parlament la independencia aprovechando la existencia de un gobierno en funciones en España, tras la celebración de las elecciones generales de finales de noviembre o principios de diciembre. Tanto el TC como el propio Gobierno estarán armados, con la reforma del TC, para impedirlo. 

    El Gobierno está diciendo: si Artur Mas vuelve a desobedecer como ya hizo cuando se suspendió el referéndum del 9 de noviembre de 2014 y decidió su celebración como "consulta" pese a la decisión y exhortación en contrario se encontrará con un TC que puede actuar por sí mismo o pedir a un Gobierno incluso en funciones, que le multe y, caso de persistir en su conducta, le suspenda o le inhabilite.

   La reforma, pues, es una revisión crítica del gobierno de Rajoy sobre lo que ocurrió con el referéndum del 9 de noviembre de 2014 primero y su desenlace: la consulta. El Gobierno acudió al TC y solicitó la suspensión cautelar del referéndum. Lo consiguió automáticamente porque el Gobierno goza de esa prerrogativa.

   Pero a la hora de conseguir lo que deseaba, impedir la consulta, le tomaron por el pito del sereno.

   Y cuando, a la vista de los hechos, el Gobierno decidió actuar por la vía penal se encontró con grandes dificultades. El fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, actuó con un ritmo diferente al que deseaba el Gobierno. Y cuando procedió, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dividió acerca de la querella. Finalmente, tuvo que optar por el ordeno y mando y forzar la presentación de la querella por desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones no sin antes, como es preceptivo, convocar a la Junta de Fiscales de Sala. Después, como parte o como efecto residual de esta saga el fiscal general del Estado dimitió.

    Bien.

   Pronto, el 21 de noviembre de 2015, hará un año desde la presentación de la querella. Se han practicado diligencias, pero ninguno de los querellados -Mas, Joana Ortega, Irene Rigau- ha prestado declaración. Las expectativas del Gobierno sobre el recorrido penal de la querella se han visto claramente frustradas.

   La conclusión, por tanto, es sencilla: ni el Tribunal Constitucional, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Tribunal Supremo han sido instrumentos idóneos a la hora de impedir la realización de una consulta-referéndum considerada ilegal, y tampoco para sancionar después el acto desobediente del gobierno autónomo. 

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   La reforma le permite a Rajoy mostrar, ante sus críticos, que sí hace cosas, que las acusaciones de inmovilismo son injustificadas. Ya lo intentó durante pocos días con la propuesta inesperada, por oportunista, de reforma de la Constitución, retirada del discurso a velocidad de rayo, y travestida ahora en esta reforma. Una reforma que es acto de fuerza. El Gobierno descarga una responsabilidad política suya confiriendo al TC una función de escudero o vanguardia que no tiene ni ha tenido nunca en nuestro ordenamiento constitucional. Rajoy quiere un TC que aplique por sí mismo los poderes "excepcionales" o pida al Gobierno que se exijan a Mas responsabilidades de carácter penal (multas, suspensión, inhabilitación).

   La iniciativa del Gobierno parte del hecho de que el TC al que se le faculta ahora para ejercer medidas punitivas es el órgano que por iniciativa de Rajoy -recurso de inconstitucionalidad del PP- recortó el Estatut antes incluso de que lo presidiera un magistrado que poseía carné del PP, después de años de parálisis y con un número de sus miembros caducados. Y es el órgano que sentenció la ilegalidad del referéndum.

    En otros términos, ya no tiene neutralidad ni apariencia de imparcialidad que defender.  La reforma es otra vuelta de tuerca del TC para ajustarlo a las necesidades gubernamentales.

  La iniciativa amplía el margen de acción del que dispone el Gobierno, esto es, el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una comunidad autónoma. Aunque el Gobierno descuenta, y con razón, que el TC actuará conforme a lo que espera de él, habrá que ver si la reforma encaja  en el  artículo 101 sobre los actos taxativos previstos para los gobiernos en funciones.

     La decisión tiene un gran calado político, incrementa la polarización, y convierte las elecciones del 27 de septiembre en una primera vuelta de las elecciones generales. ¿Por qué? Porque la unidad indisoluble de la nación, ahora bajo la forma de nuevos poderes del TC para garantizarla, pasa al centro de la escena desde este mismo momento de manera preponderante.

  Es fácil avizorar una mayor crispación y polarización en Cataluña, según se ha apuntado, que puede redundar en el fortalecimiento de las posiciones independentistas ante una reforma que se apresta a imponer con urgencia un gobierno con la mayoría absoluta de 2011, erosionada en las elecciones europeas de 2013 y en las municipales y autonómicas de 2015, para conferirle facultades a un TC sobre el cual las expectativas en Cataluña equivalen a cero.

   Pero Rajoy piensa en el PP y en su candidato García Albiol (en la foto, mirando a la cámara), a quienes pretende darles un arma fundamental para impulsar la cruzada nacional, tanto en lo que se refiere al 27-S como a las elecciones generales. El anuncio de la reforma ha sido cuidado. Protagonismo de García Albiol en Madrid mientras Rajoy comparecía junto a la canciller alemana Ángela Merkel en Berlín.

  El gobierno aprovecha para sus objetivos de reforma la reciente carta de Felipe González "a los catalanes", en la que las palabras legalidad, leyes, e ilegalidad o violación de la ley impregnaban un mensaje pretendidamente político.

   "No estoy de acuerdo con el inmovilismo del Gobierno de la nación, cerrado al diálogo y a la reforma, ni con los recursos innecesarios ante el Tribunal Constitucional", escribía al terminar su misiva, como quien no quiere la cosa, el expresidente del Gobierno, escasa referencia para un texto de casi 1.400 palabras.     

   Rajoy ha venido a decirle: "¿No querías caldo? ¡Pues toma dos tazas!", esto al tiempo que García Albiol proclamaba estar de acuerdo en un 90% con González. Una movida, pues, que deja a la intemperie, sin abrigo, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. 

   Y que ya opera sobre un campo de batalla políticamente desfavorable para los socialistas habida cuenta de que Rajoy ha conseguido a lo largo de este proceso resquebrajar una de las dos columnas fundamentales del PSOE, esto es, el Partido de los Socialistas de Cataluña. 

 

El País

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