El “que se jodan” de Andrea Fabra hace unas semanas, el “nos importa un bledo” de Antonio Basagoiti hace unos días, o las habituales de siempre “que se vayan a sus países”, “que se paguen los medicamentos”, “que se pudran en la cárcel”… no son frases aisladas que se dicen sin sentido y sin sentirlas. Son frases que reflejan una forma de entender la vida y cómo se estructuran las relaciones dentro de ella, por eso no sólo parten de los labios que las pronuncian, lo hacen también desde una determinada posición y buscan sobrepasar el espacio inicial del aire para llegar al terreno de las consecuencias. No son tan infrecuentes ni las reproducen sólo unos pocos, forman parte del “pack conservador” que da sentido a esa forma de entender la vida a través del mensaje de que hay una serie de elementos que forman un todo indivisible, y así dar cohesión al grupo y quitar espacio a las alternativas. De este modo, todo es como tiene que ser, como Dios manda.
La igualdad siempre ha generado intranquilidad entre las fuerzas conservadoras porque, básicamente, supone acabar con los privilegios que surgen de una estructuración de la sociedad basada en la jerarquización y el status, por eso es ridiculizada desde esas posiciones, y por ello se atacan las estructuras y las iniciativas destinadas a promoverla, como ocurrió, por ejemplo, con Esperanza Aguirre al referirse al Ministerio de Igualdad y compararlo con la creación de un “Ministerio del Amor”. A pesar de ello, como la igualdad es una aspiración de la sociedad, todo se oculta bajo la corrección de las formas y detrás de palabras huecas, por eso, y a pesar de todas las críticas, mantienen las estructuras y los nombres (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), y sólo se percibe su verdadera posición a través de lapsus, micrófonos abiertos o mentes cerradas que no se cortan en manifestarlo directamente.
La igualdad no es el igualitarismo. No se trata de que de repente desaparezcan los elementos que establecen diferencias sociales entre las personas, sino que las diferencias no estén basadas en el status y en las referencias tradicionales de una cultura de poder levantada sobre aquellos elementos que quienes la han construido han considerado de más valor. Siempre habrá ricos y pobres, trabajadores y empresarios, personas de un grupo étnico y de otro, de una creencia y de otra distinta, de un sexo y del sexo contrario, con una orientación sexual y con otra… nada va a desaparecer porque todo ello forma parte de la identidad y de las circunstancias de esas personas. Pero lo que no es justo es que determinados individuos, por el simple hecho de pertenecer a algunos de esos grupos (y no digamos si acumulan características de varios de ellos), o por tener algunos de los elementos que dan valor en un contexto determinado, tengan ciertos privilegios. Y tampoco que a partir de esas referencias la sociedad se haya organizado para que todo les resulte más fácil sin necesidad de recurrir al abuso, o lo que es lo mismo, no es justo que haya otras personas que sean discriminadas y que lo tengan más difícil a la hora de enfrentarse a las mismas situaciones.
Y por eso se ha jugado tanto con la referencia a la “igualdad ante la ley” o igualdad formal, recogida en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se ha olvidado su artículo 2 que dice que todos, y por supuesto todas, somos iguales por el hecho de ser humanos, no sólo ante la ley.
La igualdad ante la ley permite jugar con la falacia de la justicia sin tener en cuenta que las leyes parten de una intencionalidad, que la aplicación de la ley se hace para defender los valores asentados dentro de la cultura y por personas con ideología, y que ante un conflicto entre particulares la Administración de Justicia funciona bajo criterios de desigualdad y poder. Esta situación afecta a la capacidad para acceder a la defensa, a los peritos y sus trascendentes informes, y al control del tiempo, es decir, a las actuaciones y recursos que dilatan la decisión judicial sin que el conflicto sea resuelto, algo que no puede ser asumido por quien no cuenta con el poder económico para hacerlo.
La verdadera justicia social pasa por una sociedad más justa, y eso requiere que la igualdad sea uno de los valores que articulen la convivencia. Por supuesto que habrá quien diga lo de “nos importa un bledo”, “que se jodan”… y todas las demás lindeces, pero tendrían más difícil transformar esas expresiones en políticas que atentaran contra la igualdad y la convivencia, como ocurre ahora con las que intentan atacar la libertad o la dignidad…
Las ideas son libres, pero las políticas no, por eso el debate debe tener como referencia el marco constitucional que nos hemos dado a la sombra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
