José Ignacio Torreblanca

Sobre el autor

es Profesor de Ciencia Política en la UNED, director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations y columnista de EL PAIS desde junio de 2008. Su último libro “Asaltar los cielos: Podemos o la política después de la crisis” (Debate) se publico en abril de 2015. Ha publicado también "¿Quién Gobierna en Europa?" (Catarata, 2014) y "La fragmentación del poder europeo" (Madrid / Icaria-Política Exterior, 2011). En 2014 fue galardonado con el Premio Salvador de Madariaga de periodismo.

Referendos

Por: | 29 de febrero de 2016

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El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha propuesto un referéndum para que los húngaros decidan si quieren o no acoger refugiados. La convocatoria prueba hasta qué punto el señor Orban se toma en serio su intención (declarada públicamente) de instaurar en Hungría una democracia iliberal, es decir, una democracia sin Estado de derecho. Porque lo que hace Orban es convocar un referéndum para incumplir una decisión ya adoptada por las instituciones europeas. Se trata de la Decisión 2015/1601 del 22 de septiembre de 2015 que pone en marcha el mecanismo de realojo de una parte de los refugiados llegados a Grecia e Italia, una decisión tomada en el marco de los artículos 78.3 y 80 del Tratado que establecen el principio de reparto equitativo y solidario en caso de “situaciones de emergencia originadas por la afluencia repentina de nacionales de terceros países”. Entre enero y diciembre del año 2015 Italia registró 153.946 entradas de refugiados y Grecia 885.386, así que la decisión de realojar a 140.000 no sólo está plenamente justificada, sino que es legal y de obligado cumplimiento. Convocar referendos para incumplir la legislación comunitaria sienta un precedente destructivo para la UE.

Pero los húngaros no están solos en el delirio refrendatario. Un cambio en la legislación holandesa, que ha rebajado a 300.000 las firmas para pedir un referéndum, ha permitido a un grupo euroescéptico y xenófobo convocar una consulta popular sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, firmado el 27 de junio de 2014. El Tratado, ya ratificado por una mayoría amplia en el Parlamento neerlandés, es una herramienta esencial para el desarrollo económico de Ucrania y para la paz y la estabilidad en la región. Nada haría más daño en este momento que mandar a Rusia el mensaje de que Ucrania no nos importa nada, dejándola a su suerte. A pesar de que las encuestas pintan mal, el Gobierno neerlandés, temeroso de verse arrastrado por una derrota, ha dicho que no va a hacer campaña a favor del sí en el referéndum, que se celebrará el 6 de abril. Tanta irresponsabilidad duele, máxime cuando se hace en nombre de la democracia.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el sábado 27 de febrero.

Ocho años

Por: | 25 de febrero de 2016

Captura de pantalla 2016-02-25 09.30.32Muchos saludan la propuesta de Ciudadanos de reformar la Constitución para limitar a ocho años la permanencia en el cargo del presidente del Gobierno como un avance en la regeneración democrática del país. ¿Pero de verdad lo es?

La idea de limitar los mandatos (que también el PSOE incluyó en su programa) tiene sentido en las democracias presidenciales, es decir, aquellas donde hay una doble legitimidad: la de un presidente elegido directamente por la ciudadanía o por compromisarios, en una o dos vueltas, o incluso por el Parlamento en algunos sistemas mixtos. Un sistema presidencial se caracteriza por la separación de poderes: ni el presidente puede disolver las Cortes ni estas pueden desalojar al presidente excepto en casos muy excepcionales. Pero en los sistemas parlamentarios, como el español, la única fuente de legitimidad es el Parlamento y este puede nombrar y cesar al jefe del Gobierno cuando quiera (aunque este, a cambio, puede disolver las Cortes y convocar elecciones). Muchos países, especialmente en Latinoamérica, copiaron el sistema presidencial y de separación de poderes de EE UU pues en ausencia de monarquías que domesticar el modelo de democracia parlamentaria británico no tenía mucho sentido. Sin embargo, excepto en EE UU, los resultados del presidencialismo no han sido los esperados: en lugar de crear un sistema de pesos y contrapesos que preservara la democracia, la separación de poderes ha tendido a generar conflictos entre la Presidencia y el Parlamento que en ocasiones se han llevado la democracia por delante. De ahí que la limitación de mandatos sea un eficaz instrumento para la preservación de la democracia en los sistemas presidenciales.

Nuestro presidente del Gobierno no es el jefe del Estado, sino un humilde primer ministro de un Gobierno emanado del Parlamento. Prohibiendo su elección por más de dos mandatos confirmamos el error cometido al presidencializar un sistema parlamentario e intentamos corregirlo con una solución inadecuada. Mejor cambiar la Constitución para despresidencializar el Gobierno. Si somos serios, deberemos comenzar por al próximo presidente de este país llamarlo soloprimer ministro. Escribimos rectos (en la intención), pero con renglones torcidos (en la forma).
 

Un dos tres al escondite inglés

Por: | 22 de febrero de 2016


Captura de pantalla 2016-02-22 07.58.58Reino Unido tiene una envidiable tasa de paro del 5,1%. El año pasado registró la tasa de ocupación más alta de su historia, nada menos que un 74%. Su crecimiento, 2,2% en 2015, no es impresionante, pero sigue siendo superior al de la eurozona (1,5%). Su primer ministro, David Cameron, llegó al poder en 2010 en mitad de una crisis económica y aun así durante su mandato se han creado 1.850.000 empleos. Todo un éxito.

Sin duda que el éxito económico de Reino Unido hace que su país sea muy atractivo para otros ciudadanos comunitarios. Sin embargo, los dos millones de trabajadores de origen comunitario suponen solamente el 6,5% de su mercado de trabajo. Los estudios demuestran que los trabajadores comunitarios no son más costosos para el erario público que los nacionales, al contrario: son más jóvenes, tienen una tasa de empleo mayor, gozan de mejor salud y no llegan a completar los años necesarios para reclamar una pensión.

El coste de las polémicas ayudas por hijo que Reino Unido concede a los residentes comunitarios (unos 40.000 menores de otros países de la UE se benefician de estas ayudas de unos 100 euros al mes) está estimado en poco menos de 70 millones de euros al año. Se trata de una cantidad menor que el Gobierno británico aspira a reducir a la mitad indexando dichas ayudas al coste de vida del país de origen del inmigrante, una medida discriminatoria por razón de nacionalidad y por tanto incompatible con los Tratados. Su aprobación podría generar un efecto cascada sobre, por ejemplo, los 750.000 rumanos establecidos en España o los españoles establecidos en Reino Unido o Alemania y, por qué no, sobre los 300.000 jubilados británicos residentes en España que, en buena lógica, deberían ver reducida la pensión que cobran del Gobierno británico en función del menor coste de vida de España. Toda esta negociación con Reino Unido es un inmenso disparate sólo explicable por la debilidad de Cameron dentro de su partido. A Cameron le han puesto una pistola en el pecho y él nos la ha puesto a nosotros para que nosotros se la pongamos a los inmigrantes. 
 

Cantinela fría

Por: | 18 de febrero de 2016

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Hay un rito anual europeo, equivalente a la emigración de las golondrinas o el retorno de las cigüeñas, que es el plañir ruso por el injusto aislamiento al que le someten EE UU y la UE. El lamento anual ruso se manifiesta sí o sí con ocasión de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el gran evento en el que europeos, rusos y estadounidenses se reúnen para tomar la temperatura a la seguridad del continente. Este año el encargado de los pucheros ha sido el primer ministro Dmitri Medvédev, aquel abogado en el que todos veían al Adolfo Suárez que por fin lideraría una transición hacia un Estado de derecho y una economía de mercado moderna en Rusia pero que al final se ha quedado en recadero de Putin y los aparatos de inteligencia rusos, que son los que realmente gobiernan el país (algo así como si Carrero Blanco siguiera gobernando España todavía hoy).

Medvédev, atención a la sagacidad de este hombre, ha detectado, después de que su país se anexionara Crimea por la cara y ocupara el este de Ucrania, “una actitud poco amistosa” de la OTAN y la UE, lo que le ha permitido concluir que “el mundo se dirige a una nueva guerra fría” (discurso aquí). Esta cantinela con la guerra fría no deja de tener algo de gracia. Primero porque ni en Ucrania ni en Siria estamos viendo una guerra fría, sino bastante caliente. Sin el apoyo directo del Ejército ruso, las milicias que operan en el este de Ucrania en modo alguno serían capaces de mantener el control del territorio.

Lo mismo puede decirse de Siria, donde el régimen de El Asad está logrando recuperar la iniciativa militar gracias al plan diseñado por Moscú consistente en machacar a la oposición siria para que Occidente solo pueda elegir entre Asad o el Estado Islámico.

Putin quiere tres cosas: ser una potencia global a la par con EE UU, crear una esfera de influencia exclusiva en su periferia y mantenerse en el poder a pesar de la crisis económica. Proclamar la guerra fría es la mejor manera de lograrlo. Esa guerra fría le sirve a él, no a nosotros. Y encima nos la endosa.

Salvar vidas

Por: | 15 de febrero de 2016

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Hay un principio muy sencillo de entender y aplicar que debería regir nuestras acciones respecto a la crisis de refugiados: salvar vidas. Está en los artículos 2 y 3.5 del Tratado de la UE, que fundamenta la construcción europea en el respeto a la dignidad humana, y su acción exterior en la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, y la atención a las obligaciones recogidas en la Carta de Naciones Unidas, el asilo y refugio entre ellas.

¿Acaso no es salvar vidas el principio rector de la política europea?, se preguntarán. Si lo fuera, ¿estaríamos discutiendo sobre si la OTAN debe colaborar en la lucha contra las mafias? ¿O haría tiempo que habríamos puesto en marcha una operación de rescate marítimo en el Egeo que asegurara que todas esas familias sirias que huyen de la guerra no pasan ni un minuto de más en el agua? Si salvar vidas fuera la prioridad número uno, ¿tendrían sentido los reproches y amenazas a Grecia por su supuesta negligencia a la hora de registrar a los refugiados? ¿O estaríamos viendo a nuestros Gobiernos levantando bien equipados campos de acogida por toda Europa? Si esa fuera nuestra prioridad, ¿tendría sentido el regateo político y económico al que estamos asistiendo entre Alemania y Turquía mientras 2.000 personas siguen arriesgando sus vidas diariamente cruzando el Egeo?

Tristemente, a fecha de hoy, la política europea no persigue salvar vidas, sino reducir el flujo de refugiados. Sonroja que un proyecto que aspira a definirse por sus valores esté dejando en manos de voluntarios y ONG el salvamento y acogida de los refugiados en las costas griegas (incluso encausando a algunos de ellos por colaborar en los rescates). Ahora, en una segunda vuelta de tuerca que la aleja aún más de esos principios, la UE se apresta a organizar una política de retorno para los refugiados. De retorno, ¿a dónde? ¿A la misma Turquía de donde han salido? ¿A una Siria donde la intervención rusa en apoyo de El Asad está a punto de provocar una catástrofe humanitaria aún mayor? ¿Qué más da? A dónde retornen da igual: lo que cuenta es mantener a los refugiados fuera de la vista.
 

Desglobalización

Por: | 11 de febrero de 2016

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* Fotografía: Complejo hotelero de Bretton Woods

“Vamos a traer de vuelta los puestos de trabajo que se han ido a China y obligar a Apple a fabricar sus ordenadores aquí”. “Vamos a bloquear el tratado de libre comercio con el Pacífico y defender los salarios americanos de la competencia desleal de Asia”. Si un despistado se diera estos días un paseo por New Hampshire y escuchara los discursos de Donald Trump y Bernie Sanders, los candidatos favoritos de republicanos y demócratas, pensaría que allí se está celebrando la reunión anual de los movimientos anti-globalización o discutiendo sobre la vía al socialismo en el Siglo XXI.

Pero no, ni estamos en Porto Alegre ni los manifestantes despliegan un colorido mosaico de banderas reivindicativas de los derechos de los indígenas, el fin de la pobreza o la condonación de la deuda. Estamos en New Hampshire, nada menos que el Estado que en 1944 alojó la Conferencia de Bretton Woods. Allí, los representantes de 44 jefes de estado y de gobierno, entre ellos Keynes, pusieron los cimientos del orden mundial vigente. Entendían, con razón, que el proteccionismo comercial y los controles sobre flujos de capitales y cambio de divisas habían prendido la chispa de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, su objetivo era cerrar el paso al nacionalismo económico, considerado como una amenaza a la paz, social e internacional.

Tanta visceralidad en contra del libre comercio sorprende no sólo por provenir de Estados Unidos, uno de los países que más se ha beneficiado de la globalización alumbrada en Bretton Woods, sino por darse con igual virulencia en ambas orillas del espectro ideológico, republicano y demócrata. Pero quizá no hay tanto de lo que sorprenderse. Los partidarios de la desglobalización tienen en común estar en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Donald Trump y Bernie Sanders, Vladimir Putin y Marine Le Pen, el ultracatólico polaco Jaroslaw Kaczynski y el izquierdista francés Arnaud Montebourg. Pocos analistas han reparado en el número de veces que en su rueda de prensa postulándose como vicepresidente, Pablo Iglesias anunció hasta en tres ocasiones que un objetivo central de ese futuro gobierno sería “recuperar la soberanía”. ¿Para dársela al pueblo? ¿O para quedársela ellos? Que cuento más viejo.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el miércoles 10 de febrero de 2016

Expats

Por: | 08 de febrero de 2016

Captura de pantalla 2016-02-07 18.17.27El Gobierno de David Cameron, ese elitista convertido en populista con el fin de derrotar al populismo que le gana terreno dentro y fuera de su partido, pretende reducir la inmigración, o su coste para las arcas públicas británicas, introduciendo discriminaciones en los beneficios sociales a los que pueden acceder los inmigrantes.

No se trata de una cuestión que afecte sólo a polacos, búlgaros, rumanos o estonios: las estimaciones dicen que hay casi 200.000 españoles en Reino Unido, sin que sepamos cómo se verían afectados por ese recorte de derechos. Ninguno de ellos es “emigrante”, son ciudadanos europeos que ejercen un derecho tan esencial para el funcionamiento y la legitimación de la UE como lo es la libre circulación de mercancías, capitales o servicios.

Reino Unido es la plaza financiera del euro sin haber adoptado la moneda de la eurozona y sin haber puesto una sola libra en los programas de rescate que la han salvado del colapso. Se beneficia de los programas del presupuestario comunitario pero recibe un reembolso anual, el cheque británico, que nadie más recibe. Y no participa en Schengen, lo que significa que todos los ciudadanos británicos pueden circular libremente por el continente sin enseñar el pasaporte mientras que todos los demás ciudadanos tienen que enseñarlo al entrar en Reino Unido. No es una relación especial, como dice Cameron, sino especialísima en su asimetría y falta de justificación.

Ahora, con una situación cercana al pleno empleo (5% de paro), el Gobierno británico exige un “freno de emergencia” para limitar la inmigración. Hay que reconocer que los británicos son unos virtuosos del lenguaje y de la diplomacia. Estén en Dakar, Murcia, Amman o La Paz, los británicos nunca son inmigrantes, sino expats, expatriados. Pero cuando te instalas en Reino Unido, da igual que seas un ciudadano comunitario, un miembro de la Commonwealth o un ciudadano del mundo, eres un inmigrante. En España distinguimos entre residentes comunitarios, residentes extracomunitarios e inmigrantes en situación irregular. Pero esos matices allí no valen: la cosa es arrojar unos inmigrantes al volcán del populismo a ver si aplacamos a la fiera. Pero igual le despertamos el apetito aún más.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el sábado 6 de febrero de 2016

Héroes civiles

Por: | 05 de febrero de 2016

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El Señor X era un joven concejal que asqueado por la corrupción que observaba en su Ayuntamiento hizo algo increíble: infiltrarse en una de las tramas de corrupción más grandes que ha habido en España. Los cientos de documentos que recopiló y las 18 horas de conversaciones que logró grabar mandaron a la cárcel a decenas de personas y pusieron en jaque a la cúpula de su partido. El Señor X podría haberse ido a su casa: nadie se lo hubiera reprochado. También podría haber mirado hacia otro lado. E incluso podría haber pedido una parte proporcional del botín. Pero no, el Señor X se tiró dos años acudiendo con micrófonos ocultos a reuniones con sus compañeros de partido.

Un caso no muy diferente del Señor Y, funcionario en el área de Urbanismo de una de las ciudades más corruptas de España. Durante décadas se cometieron allí todo tipo de desmanes urbanísticos, con el dinero circulando a chorro y los corruptos sin ni siquiera molestarse en ocultar su tren de vida. Donde nadie nunca había visto nada denunciable, el Señor Y se fue a la comisaría y destapó una trama de corrupción cuantificada en nada menos que 2.400 millones de euros que acabó con el procesamiento de 86 personas, entre ellas 20 exediles.

 Héroes, ¿verdad? Pues al Señor X, en lugar de hacerle una estatua y darle las llaves de la ciudad, su Ayuntamiento lo denunció por revelación de secretos. Y al Señor Y, en lugar de nombrarlo concejal de Urbanismo, lo trasladaron de puesto. Lo mismo que a la Señora Z, ingeniera de Caminos que denunció la corrupción en la empresa pública en la que trabajaba y fue premiada con el acoso laboral de sus jefes y el despido.

Una diferencia crucial entre una sociedad mafiosa y una democracia moderna es que en la primera hay clanes y chivatos y en la segunda normas y ciudadanos. X denunció Gürtel, Y, Marbella, y Z, Aquamed. ¿Cuántos españoles saben sus nombres? ¿Dónde están las estatuas, los libros, las películas, las condecoraciones, las invitaciones al Congreso, las audiencias reales? No pongo aquí sus nombres: hagan ustedes el ejercicio cívico de buscarlos. Se lo deben.

Publicado en la edición impresa del diario ELPAIS el miércoles 3 de febrero de 2016

Lo imposible

Por: | 01 de febrero de 2016

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Quienes presionan al PSOE para que facilite la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno demuestran no haber entendido nada de lo que ha pasado en este país en los últimos cuatro años. Porque con todo lo dura que ha sido y está siendo, la gestión de la crisis económica no constituye el principal elemento en el haber o el debe del Gobierno saliente.

Los estudios demuestran que los votantes son conscientes de que la gestión de la economía es una cuestión compleja y, por tanto, de que el éxito o el fracaso en la creación de empleo no depende exclusivamente de los políticos, sino de múltiples factores que están más allá de su control. Pero los votantes sí que atribuyen a los políticos la responsabilidad por la corrupción (también, por cierto, sobre la desigualdad): saben que socava la democracia y que no es atribuible a la globalización, la perfidia neoliberal o la hegemonía alemana. En esta cuestión de la corrupción, además del desempleo o la desigualdad, España ha batido todos los récords. Nuestro país, no se olvide, ha logrado en la pasada legislatura algo sin precedentes: caer diez puestos de una sola tacada en los índices de corrupción internacional, una hazaña solo igualada por países como Gambia, Malí, Guinea-Bisáu y Libia.

 La corrupción requiere la complicidad o la negligencia de los políticos, de ahí que sea inevitable responsabilizarles por ella. Además de ser endógena, estamos viendo que es estructural al sistema y, aún peor, está siendo amparada desde la política. Al crear redes de clientelismo, redistribuir recursos económicos y promocionar a unos políticos a costa de otros, ha permitido ganar elecciones y seguir reproduciéndose hasta capturar áreas cada vez más amplias de la contratación pública, íntegramente bajo sospecha hoy. Si la corrupción existe es porque la política se ha beneficiado de ella. Por tanto, sólo cuando la corrupción implique la pérdida del poder podremos comenzar a acabar con ella. La corrupción es la primera amenaza a nuestro sistema democrático y la primera tarea que deberá acometer el próximo Gobierno. Y esa es precisamente el área donde el desempeño de Rajoy ha sido más negligente.

El País

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