España recibe una línea de préstamo de 100.000 millones de euros para resolver los problemas de su sistema financiero (el 10% de su PIB) y sus esperados efectos positivos en los mercados duran apenas unas horas e incluso la Bolsa cae y la prima de riesgo acaba más alta que antes de conocerse la medida. Sorprendente, ¿no?. Ni siquiera la cifra de la ayuda (más del doble de lo propuesto por el FMI y en la franja más alta de las previsiones manejadas hasta ahora), que debería permitir zanjar cualquier duda sobre la solvencia futura del sector financiero español, ha conseguido restaurar la confianza de los inversores. Como por desgracia ocurre a menudo en las iniciativas europeas, hay demasiadas incógnitas que impiden que esta acción coordinada tenga el impacto deseado. Un resultado preocupante que aleja definitivamente las posibilidades de Mariano Rajoy de rentabilizar la medida y evitar su coste político.
¿Cuáles son esas incógnitas? La principal y de carácter más técnico es que se desconoce si la ayuda saldrá de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), el fondo de rescate europeo de carácter temporal, o del definitivo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se constituye el 1 de julio. Dependiendo de dónde venga el dinero, las condiciones de los acreedores son distintas. En el primer caso, si hay una situación impago, como la vivida en Grecia, no hay diferencia entre los inversores privados en deuda del Tesoro español y los Estados miembros que han prestado dinero a través de este mecanismo. Ambos tienen los mismos derechos de cobro. En el segundo caso, los Estados tienen prioridad sobre los inversores privados. Esta última posibilidad, que prefieren países como Finlandia u Holanda, los más reacios a rescatar a la banca española, es la que puede desincentivar a comprar deuda española y es lo que está pesando ahora mismo en el mercado.
