Los santuarios de los asesinos

Araceli Guevara Ontiveros, llora sobre el ataúd de su hermano Francisco Guevara Ontiveros, uno de los 44 presos asesinados el domingo en el reclusorio de Apodaca. Foto: AFP

En la cárcel de Apodaca hay asesinos. Los hay que fueron recluidos ahí precisamente acusados por ese delito. Pero también los hay que siguen en activo, que la madrugada del domingo masacraron al interior de ese reclusorio a otros 44 reos. Asesinos que este lunes y este martes siguieron su vida normal, de encarcelados pero normal, sin enfrentar nuevos cargos judiciales por las muertes del domingo porque las autoridades aún no descubren las identidades de los homicidas. Estos asesinos están escondidos tras el anonimato que da el formar parte de un dormitorio, el C, donde viven 450 de los 2700 presos que hay en Apodaca, el reclusorio de donde se fugaron esa misma madrugada 30 integrantes de Los Zetas.

Lo que sí saben ya las autoridades de Nuevo León, industrioso estado del norte mexicano donde se ubica Apodaca, es que al menos 16 funcionarios del penal --empezando por su director, el subdirector y el jefe de seguridad-- participaron en la fuga, que se registró no a la par de “la confusión” por la matanza, sino casi una hora antes que iniciara ésta y, por lo que se sabe, huyeron sin necesidad alguna de violencia, pues fueron los propios custodios quienes abrieron paso tanto a los prófugos como después a los asesinos, a quienes les facilitaron al acceso al ambulatorio D, en donde cazaron a sus contrincantes: todos los muertos estaban ligados al Cartel del Golfo, y es ya la más grande masacre en una cárcel en tiempos modernos en México.

La fuga y la matanza, o la matanza y la fuga, a cual más de graves, constituyen además el recordatorio de que el maltrecho sistema de procuración de justicia en México tiene descomunales fallos, particularmente en el sistema carcelario, quizá el terreno en el que menos se ha trabajado en los años de la guerra contra el crimen organizado, periodo en el que se ha discutido, sin suficiente avance, sobre la necesidad de un nuevo modelo policíaco, o la implantación de un nuevo sistema de juicios orales, pero nada sobre la cloaca que son las cárceles.

El presidente Felipe Calderón reconoció esto el martes, cuando dijo "estamos construyendo nuevas instituciones revisando las policías, revisando los Ministerios Públicos, modernizando, aplicando controles de confianza, creando la Policía Federal, ahora con este problema que tenemos en algunas entidades de la República, en Tamaulipas o Nuevo León, que hacen crisis sus sistemas de reclusorios, estamos construyendo nuevos reclusorios en el país, casi una decena de ellos, que estarán (listos) la mayoría casi este mismo año, que es un esfuerzo que no se había hecho por lo menos en 20 años en México”.

Apodaca, nos dice el presidente Calderón, es parte de la crisis de “algunas entidades”. En realidad el mandatario peca de optimismo. Dos especialistas en materia de inseguridad aportaron en las últimas horas sendos diagnósticos de la famélica situación de las cárceles mexicanas, donde la regla es que los penales de los estados son una “zona de desastre”, como ha dicho Alejandro Hope, y en las que “los presos de organizaciones criminales ejercen un ‘autogobierno’ (…) que implica desde cobrar protección a los internos ‘comunes’, hasta tener injerencia en el nombramiento de custodios”, publicó ayer Eduardo Guerrero, que agrega, “este autogobierno les permite organizar fugas y ejecutar rivales cuando lo consideran necesario”.

Guerrero, en un artículo denominado Apodaca y el talón de Aquiles, en el diario Reforma, pone un contexto indispensable a la hora de tratar de entender lo que ocurrió el domingo: “Probablemente la riña en Apodaca también inició como un ajuste de cuentas en respuesta a la riña que tuvo lugar el pasado 4 de enero en el penal de Altamira, Tamaulipas. En esta riña, en la que se enfrentaron miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas por el control de actividades ilícitas al interior del penal, el saldo fue de 31 ejecutados, todos Zetas”. Además, el especialista llama la atención sobre las consecuencias que esa pugna acarrea para Monterrey y su zona conurbada, en donde está Apodaca, donde se vive un aumento en los homicidios como no se había visto en meses.

Sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano, que alberga la octava población carcelaria del mundo, Hope publicó este lunes que para empezar hay “sobrepoblación: en los 429 centros de reclusión que existen en el país, hay espacio para 186,000 reclusos. El número de internos, sin  embargo, es de 231,510 (datos a octubre de 2011). A nivel nacional, la sobrepoblación es de 124%, pero en algunos penales llega a más de 250%”.

En su artículo para el portal Animal Político, denominado ¿Qué hacemos con las prisiones?, Hope apunta que uno de las causas de la crisis es el “uso y abuso de la prisión preventiva. A octubre de 2011, 42% de los reclusos no habían recibido una sentencia. La población de procesados (tanto federales como del fuero común) creció 7% en el periodo octubre 2010-octubre 2011, mientras que los sentenciados se incrementaron en apenas dos por ciento”.

En el caso de Apodaca, las autoridades han determinado que los custodios que facilitaron fuga y matanza recibían cantidades mensuales equivalentes a montos que van de 600 a poco más de 1000 euros. Lo que significa 100 por ciento más que lo que es su sueldo. Además, Hope alerta que mientras en Estados Unidos hay un guardia por cada ocho presos, en México hay uno por cada 18 reos.

Al amanecer de este martes se supo que dentro de otro penal de Nuevo León, el de Topo Chico, otros tres presos habían sido asesinados. Estas personas, entre las que había una mujer, no tenían ni 24 horas de haber ingresado al reclusorio, acusados de asesinatos y secuestros. Se presume que pertenecían al Cártel del Golfo. También en ese penal hay asesinos que siguen en activo.

"Hoy por hoy las personas que colaboran con el crimen organizado saben que, si las detienen, podrán seguir delinquiendo, gozarán de privilegios dentro de la cárcel, e incluso podrán escapar; simplemente tienen que mantener lealtad a su organización y no proporcionar información a las autoridades", nos dice en su artículo Guerrero.

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Medios estatales: gana la propaganda

Portadilla del Informe 2011 del Comité para la Protección de los Periodistas.

(Actualizado con la información respectiva a Cuba).

“En países de América Latina con altos niveles de polarización política como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, los líderes electos han invertido en grandes multimedios, generando enormes conglomerados de prensa oficiales que promueven sus agendas políticas personales”, sostiene el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en una investigación publicada como parte del Informe Global: Ataques a la Prensa en 2011 de esa organización, que se da a conocer este martes.

Carlos Lauría, coordinador senior del programa en de las Américas del CPJ, publica en “Prensa estatal: Fines políticos desplazan interés público” un recuento sobre una tendencia marcada de gobiernos de Latinoamericana de generar medios supuestamente de interés público, pero que en realidad tienen una agenda de propaganda gubernamental que sirve como ariete para marginar, excluir e incluso atacar a periodistas y medios independientes y críticos.

El caso emblemático expuesto por Lauría es el impulsado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, ejemplo que sin embargo han seguido lo mismo Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, países que además, subraya el funcionario del CPJ, “carecen de leyes que dispongan que los medios estatales deban servir al interés público”.

El estudio de Lauría explica cómo “a menudo” esos presidentes “describen a los ejecutivos de medios privados como la ‘oligarquía’ y la ‘elite empresarial’, personas vinculadas a conglomerados transnacionales y decididas a sesgar la cobertura periodística a favor a la oposición política o de otros grupos con intereses especiales. Los gobiernos de estos países justifican su accionar contra la prensa, a quien se le suele negar el acceso a funcionarios y a eventos públicos, al acusar a los medios privados de ser enemigos del pueblo”.

El caso de Globovisión, cadena televisiva condenada a pagar 2 millones de dólares por supuestamente instigar disturbios tras una revuelta en una cárcel venezolana, es puesto como caso emblemático, en el que a partir del embate de un programa afín al régimen de Chávez, “financiado con fondos públicos, se ha convertido en el ejemplo más notorio de una tendencia regional a través de la cual los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas”. 

Pero el caso está lejos de ser una situación propia de Venezuela. “El Presidente de Ecuador Rafael Correa ha seguido de cerca los pasos de Chávez. Cuando Correa asumió su cargo a principios de 2007, los medios estatales consistían solamente de Radio Nacional de Ecuador. El gobierno erigió una ambiciosa maquinaria mediática en pocos años (…)  El gobierno de Correa ha utilizado fondos públicos —cuyos montos no fueron nunca divulgados— con el objetivo de montar una masiva operación de medios estatales actualmente compuesta por numerosas emisoras de TV (TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV, además de canales de cable como CN3 y CD7), estaciones de radio (Radio Pública de Ecuador, Radio Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), periódicos (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, conocida como Andes).

“Correa ha usado a los medios estatales como plataforma para desacreditar a los periodistas que se oponen a sus políticas de gobierno. El presidente suele dedicar sus habituales emisiones radiales de los sábados a embestir con ataques verbales a empresas de medios y a periodistas en forma individual. Los medios que suelen ser con mayor frecuencia blanco de ataques son los El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, como así también la cadena televisiva Teleamazonas. El presidente ha tildado a sus críticos de ‘ignorantes’, ‘basuras’, ‘mentirosos’, ‘amorales’, ‘mediocres’, ‘sicarios de tinta’, y ‘actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana’”.

El reporte de Lauría también revisa el caso de Nicaragua, donde “el gobierno sandinista utiliza el aparato mediático oficial —Canal 4, Canal 8, Canal 13, la emisora radial Nueva Radio Ya y el sitio de noticias El 19— para perpetrar ataques personales a varios periodistas críticos del gobierno. (…) Periodistas conocidos como el ex director del periódico El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, han sido tildados de “fascistas”. Carlos Fernando Chamorro, conductor del programa “Esta Semana” en el Canal 12 de televisión, fue investigado y acusado de lavado de dinero en una investigación que el CPJ describió como politizada y que intentó restringir la cobertura informativa sobre casos de corrupción gubernamental”.

En el caso de Daniel Ortega, la construcción de un aparato de propaganda incluye el involucramiento de su familia en la operación de medios: “El lanzamiento en junio del Canal 13 Viva Nicaragua, una cadena de 24 horas de noticias propiedad de la familia Ortega y dirigida por los hijos de Daniel Ortega, Luciana, Camila y Maurice Ortega Murillo, es un ejemplo del intento del presidente por controlar el flujo de información”.

El reporte también señala que hay otros países donde también se advierten este tipo de prácticas: “En Bolivia, el Presidente Evo Morales fue sincero cuando explicó que su gobierno saca provecho de los medios estatales para frustrar las distorsiones percibidas en la prensa privada. Y en Argentina, los críticos afirman que el programa de televisión 6, 7, 8 emitido por la Canal 7 en la televisión pública ha lanzado una caza de brujas contra periodistas que no son afines al gobierno. En este programa de debate, cinco periodistas y dos invitados periódicamente menosprecian la cobertura periodística que realiza la prensa crítica, retratando a periodistas y medios como actores políticos y oposición”.

Si el ensayo de Lauría comienza con el caso venezolano su recorrido sobre esta tendencia a montar un aparato estatal de propaganda en contra de los periodistas, el funcionario del CPJ advierte que "los analistas sostienen que Venezuela, en particular, ha intentado reproducir aspectos del modelo de comunicación cubano, en el cual el gobierno es dueño y controla todos los medios, los utiliza para la propaganda política y para oponerse a las críticas extranjeras, mientras denosta a periodistas y blogueros independientes. Esto resulta preocupante dado que Cuba, hasta hace poco, figuraba entre los países con más periodistas presos en el mundo. En Cuba, quienes intentan trabajar de modo independiente son hostigados, detenidos, amenazados con procesos judiciales o prisión, o se les impide viajar. Los sitios de Internet gubernamentales acusan a blogueros independientes de recibir dinero de grupos de oposición financiados en el extranjero. La constitución de Cuba reconoce sólo “la libertad de expresión y de prensa siempre que sea conforme a las fines de la sociedad socialista.
"Al mismo tiempo, la política del gobierno cubano ha restringido de modo severo la infraestructura local para Internet, ya que sólo a una pequeña parte de la población se le permite acceder a la red desde sus hogares. A la gran mayoría se le exige utilizar puntos de acceso controlados por el estado y debe someterse a verificaciones de identidad y a una intensa vigilancia. El acceso a sitios no cubanos está restringido".

La buena noticia es que sí hay ejemplos en América Latina de medios estatales que se distancian de las políticas del gobierno en turno. Lauría menciona como referencias de buena práctica a “Televisión Nacional de Chile (TVN), Canal 22 de México y TV Cultura de Brasil han sido destacados como paradigmas de medios que pertenecen al estado pero que han logrado cumplir con su objetivo principal de servicio público”.

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Es el secuestro, estúpidos

Tabla tomada de animalpolitico.com

El secuestro es el delito que más genera percepción de inseguridad en la población de México. Así lo sostiene el Centro de Investigación para el Desarrollo, Cidac, un think tank que presentó hace unos días el estudio 8 delitos primero, mediante el cual logró establecer que de 33 delitos, son 8 los que realmente impactan en la percepción de inseguridad de los mexicanos. Según este informe, se requiere de 8 homicidios con la marca de la delincuencia organizada, o de 112 robos de vehículos con violencia, para generar el mismo sentimiento de vulnerabilidad en una comunidad que provocan tan solo 2 secuestros.

Si este índice del Cidac está en lo correcto, México está en graves aprietos: en paralelo con el estudio del Cidac, que comenzó a circular este mes, la semana pasada el gobierno informó que en el segundo semestre de 2011 los secuestros aumentaron 23 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, una realidad que hará crecer de manera vertiginosa la sensación de vulnerabilidad en este país.

Antes de que el año pasado surgiera el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, que aglutina a las víctimas de la violencia del narcotráfico y delitos de delincuencia organizada, México tuvo tres grandes convulsiones ciudadanas, cada una de ellas a partir de una crisis de hartazgo ante los secuestros. La indignación se galvanizó de tal forma que los mexicanos salieron a las calles en sendas manifestaciones de protesta: la primera de ellas fue en los años noventa, luego hubo otra en 2004 y finalmente la más reciente fue en 2008.

Esas manifestaciones ciudadanas ocurrieron en la capital del país pero el fenómeno del secuestro en México ocurre en gran parte del país. “En la segunda mitad de 2011 se registraron mil 239 secuestros en México, en comparación con los mil cuatro casos de los que se tuvo registro en el mismo periodo en 2010. Los estados con mayores reportes de este delito fueron: el Estado de México con 170 casos, Tamaulipas con 145, Guerrero con 99 y Michoacán con 95”, reportó la semana pasada la revista Emeequis.

Otra nota periodística, esta del diario Reforma, reportaba el aumento de secuestros, en el último trimestre de 2011,  en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Oaxaca, Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.

El modelo creado por el Cidac pretende, entre otras cosas, que la opinión pública tenga un referente mediante el cual pueda medir de manera diferenciada el impacto de los diversos hechos delictivos. “Si tenemos información sobre cuáles son los delitos que más afectan la percepción ¿estaríamos dispuestos a que estos sean atendidos antes?”, se cuestionaba Verónica Baz, directora del Cidac, en un artículo en el diario Reforma. Baz agrega que “en México las cifras oficiales sobre inseguridad nos dicen poco. Las razones son muchas y van desde la no-denuncia hasta la falta de capacidad de los estados para registrar los delitos de tal forma que se puedan hacer comparaciones en el tiempo”.

En los últimos meses la presión de diversos investigadores y medios de comunicación ha logrado que el gobierno mexicano organice y publique información sobre los homicidios relacionados con el combate a las bandas criminales. Esos datos empiezan a constituirse en un barómetro que ayuda a comprender la dimensión del reto de inseguridad que se vive en el país. Reto que es más complejo si añadimos que al dar los datos del secuestro, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega, el incremento de los secuestros se debe a la "creciente diversificación de las actividades de las organizaciones criminales", según reporto Infobae.com.

Drogas: se rompe el tabú

Se llama Gabriel Quadri, es candidato a la presidencia de México y ayer se convirtió en la más reciente voz que en la región cuestiona el tabú sobre descriminalizar las drogas. En declaraciones a la radio este jueves, en su primer día como aspirante presidencial, Quadri se mostró a favor de "ir estudiando" la legalización de las drogas. Algunos dirán que Quadri se atreve a hablar así porque es el abanderado de un modesto y poco prestigiado partido (Nueva Alianza), de manera que no tendría nada qué perder, pero sus palabras se dan en sintonía con declaraciones de los últimos días de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que se han pronunciado por revisar el modelo de combate al narcotráfico en el que, como ha señalado Héctor Aguilar Camín, uno países ponen los muertos y mientras otros ponen los consumidores (Estados Unidos y Europa).

Este nuevo impulso a la idea de repensar la legalización de las drogas comenzó la semana pasada. El sábado, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que propondría a "los gobiernos de Centroamérica y los Estados Unidos, 'analizar la posibilidad' de despenalizar el comercio de las drogas como estrategia para poner fin al narcotráfico. (...) Su propuesta, precisó el mandatario, tiene como objetivo detener los cientos de asesinatos que provoca el comercio ilícito de drogas, así como los delitos que están relacionados con esa actividad", según publicó El Universal de México.

Los mandatarios centroamericanos se reunirán el próximo mes, pero desde ya el presidente de El Salvador ha comenzado a hablar también de la posibilidad de legalizar las drogas. Así lo registró El faro.net: "Mauricio Funes dijo este lunes (13 de febrero) que no se debe descartar como estrategia de combate al crimen organizado la posibilidad de legalizar las drogas, lo que supone un cambio en la posición expresada en mayo pasado, cuando interrogado por la periodista mexicana Carmen Aristegui dijo que rechazaba esa opción. 'Es una medida que debería discutirse en la región', dijo Funes, después de una reunión de trabajo con el gobernante guatemalteco Otto Pérez, quien ha lanzado la propuesta de legalizar el transporte y la comercialización de las drogas en el istmo. (...) Funes subrayó que él no está fijando posición en favor ni en contra de la legalización de las drogas, sino que se está mostrando en disposición de que se discuta como una posible solución al reto que enfrentan las pobres naciones centroamericanas de luchar contra los poderosos cárteles del narcotráfico".

En similar óptica está ahora la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien el miércoles se mostró partidaria a que se dé un debate "muy serio" y "riguroso" sobre la legalización del comercio de drogas: "Esto no es una discusión nueva. No veo por qué no se pueda plantear un debate, pero que implique un abordaje muy serio y muy riguroso para no verlo como una medida simplista, porque no lo es", dijo según reportó El País de Costa Rica. "No es una discusión sencilla, no se puede pretender anunciar la simple legalización como esa varita mágica que nos va a desaparecer todo el problema de las drogas, es un debate importante que hay que asumirlo con mucha rigurosidad", agregó.

El rechazo de Estados Unidos a la sola idea de discutir el tema ha sido inmediato. "Nuestra posición es muy clara, nos oponemos a la legalización de las drogas", dijo el martes el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, Mike Hammer, citado por DPA sobre la propuesta de Pérez Molina.

"No estamos haciendo lo que Estados Unidos dice, estamos haciendo lo que tenemos que hacer", expresó el gobernante guatemalteco en declaraciones a The Associated Press al responder a Washington.

"La fracasada guerra contra las drogas ha fortalecido el crimen organizado, ha desestabilizado gobiernos, violado derechos humanos y devastado vida humanas por todas partes", dijo el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, en una videoconferencia al inaugurarse el foro "Drogas: un balance a un siglo de su prohibición", que durante tres días revisó ese tema en la capital mexicana. El ex mandatario aseveró que urge analizar alternativas ya que "la situación de seguridad ha alcanzado un nivel crítico en México y América Central".

El intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín, quien participó en el foro, publicó esta semana dos artículos sobre la prohibición de las drogas. En uno de ellos recuerda que "todas las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas y muertes no han reducido el flujo de narcóticos prohibidos al norte. Los costos han sido elevadísimos, para empezar en corrupción institucional. (...) Los homicidios merecen nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990, pero sólo 8 homicidios por cada 100 mil en el año 2007.

"La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 21.5, casi cinco veces la que Estados Unidos, y casi lo mismo que Brasil, aunque una tercera parte que la de Colombia y la mitad que Guatemala.

"Respecto de la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de las drogas, los mexicanos suelen decir: 'Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores'. Mucho de verdad hay en esa queja".

Aunque ya ex mandatarios como Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo habían expuesto que hay que discutir un cambio de enfoque en la guerra antinarco, el debate subió de nivel luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablara al respecto en noviembre pasado una entrevista con The Guardian, posición que ha reiterado en más ocasiones.

El presidente mexicano Felipe Calderón ha aceptado que se debata la legalización, pero siempre se ha manifestado contrario a la idea de que haya beneficios en ella. Ahora bien, a Calderón ya solo le quedan escasos nueve meses en la presidencia. Y mientras en Estados Unidos ayer mismo discutían que salvo "un candidato" quien resulte ganador en las presidenciales mexicanas seguirá el combate a las drogas emprendido por el actual mandatario; lo que quizá Washington no había descontado es que surgiría esta misma semana una nueva voz en la política mexicana, marginal pero que tendrá igualmente todos reflectores en la campaña presidencial, que ya desde su primer día ha dicho, con más contundencia que los otros tres candidatos, que él está a favor de la legalización, una idea que semana a semana parece ganar terreno en la región que según advirtió Mario Vargas Llosa en abril pasado, de seguir "por el camino que vamos (sosteniendo a la represión como la manera de combatir al narcotráfico) a lo que nos va a conducir es a que toda América Latina sea lo que hoy día es México".

Hasta el lunes.

 

 

Linchamientos bajo el volcán

Fotografía del vehículo donde tres jóvenes fueron linchados en la comunidad de San Mateo Huitzilzingo, del municipio de Chalco, en el Estado de México. (EFE)

Chalco queda rumbo a los volcanes. Es tan grande y poblado que podemos decir que es toda una región al suroriente de la capital mexicana. Antes, el nombre de Chalco estaba ligado a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando el entonces presidente mexicano adoptó ese municipio como el ahijado prototípico de su política social. Pero estos días Chalco, en el Estado de México, es el lugar donde la muerte, en forma de linchamiento, tuvo uno de sus más estúpidos episodios.

Los de San Mateo Huitzilzingo, comunidad de Chalco, se sentían agraviados. El mes pasado tres jóvenes de esa población fueron acribillados mientras bebían alcohol en plena calle. En otro incidente otros dos jóvenes fueron secuestrados y luego asesinados. Eso lo sabemos hoy porque autoridades y prensa han tratado de entender cómo pudo ser que ahí tres hombres, dos de ellos adolescentes, fueran quemados vivos el viernes pasado, en el incidente más reciente de linchamientos en México.

“Con piedras, palos y puños, la turba agredió a los jóvenes, dos de 16 años y uno de 26, sin que estos supieran bien a bien de qué se les acusaba. Y así acabaron sus días: vejados por los golpes, desnudos y quemados vivos”, así reportó ayer el diario Reforma su reconstrucción de lo que en un principio se dijo que se trataba de la respuesta de la turba a un supuesto intento de secuestro de uno de los habitantes de San Mateo Huitzilzingo.

“Ahora cuentan sus agresores que se les hizo fácil creer en el rumor de que José Manuel Mendoza, Raúl Aboytes y Luis Alberto Cárdenas eran secuestradores porque, apenas el mes pasado, dos jóvenes de este poblado fueron ‘levantados’ y aparecieron muertos en Tlalmanalco”, sigue el relato del diario capitalino.

El procurador (fiscal) del Estado de México aún no sabe si, como ha dicho la prensa, todo fue un mal entendido de amores. Reforma ha publicado que José Manuel Mendoza, el joven de 26 años, tenía una novia en el pueblo, la madre de la muchacha desaprobaba la relación y “comenzó a gritar que querían raptar a su hija”. La Jornada en cambio apunta que “según vecinos de las víctimas, decir piropos a unas jovencitas de San Mateo Huitzilzingo fue lo que costó la vida a los tres linchados”. El fiscal Alfredo Castillo solo una cosa tiene clara: “en ningún momento se trató de un intento de secuestro”.

Sobran los detalles de lo que pasó en San Mateo. Baste decir que los testimonios hablan de 500 enloquecidos pobladores, la campana de la iglesia repiqueteando para convocar al pueblo la noche de ese viernes, el enclenque cuerpo policial compuesto por una decena de uniformados rebasado al punto de que a pesar de que inicialmente habían podido rescatar a los jóvenes, no pudieron salvaguardarlos en la comandancia, que fue arrasada al grito de “mátenlos, son secuestradores”. Los refuerzos de la policía estatal llegó demasiado tarde.

Si el fin de semana alguien quiso encontrar algo de racionalidad a lo ocurrido en San Mateo Huitzilzingo, acurrucándose en la lógica de que ciudadanos agraviados, en estos tiempos de violencia en México, hartos de ser víctimas, tomaron la ley en sus propias manos... esa comodidad se convirtió en desazón cuando las declaraciones del fiscal Castillo desmontó la versión de que los linchados eran secuestradores. ¿Entonces? El investigador Carlos María Vilas tiene una respuesta, aunque no la haya dado ayer, sino en una entrevista en 2009 a partir de una investigación sobre los linchamientos en América Latina y en México en concreto.

“En mi consideración, la recurrencia de los linchamientos en los últimos 30 años en México, Guatemala, Bolivia, Perú y algunas otras regiones del continente, siempre destinados a sancionar faltas, para mí son expresiones de ira relacionadas con situaciones de crisis y rupturas. Por supuesto que los linchamientos son expresiones multicausales, pero cuando uno investiga en función de explicarse qué pasa en estas comunidades que linchan, muchas de ellas indígenas, presentadas siempre como comunidades de paz, resignadas, etcétera, que de golpe estallan y matan... mi respuesta es que son comunidades tremendamente afectadas por los cambios macroeconómicos y macrosociales de los que han sido blanco, cambios que las degradaron. A esto se suma que desde la propia dialéctica histórica se las llevó a aprender que la violencia se tornó habitual como método para buscar la resolución de problemas (…) Son pueblos a los que la historia o, mejor, el Estado, ha situado en condición de indefensión ante todo: la pobreza, el delito, la impunidad del poder político o no. De ahí mucho de la espontaneidad con que reaccionan y van al linchamiento”, dijo Vilas en una entrevista publicada por rionegro.com.ar, luego de haber estudiado un centenar de linchamientos en México. Otro elemento interesante de ese artículo.

Los linchamientos no son exclusivos de México, ni siquiera de América Latina obvio está, pero en pocos lugares se podrá uno encontrar que incluso hay un blog dedicado al tema, como ocurre en Guatemala con http://linchamientos.blogspot.com/

Los linchamientos en suelo guatemalteco han llegado al punto de ser un tema para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala, que el 30 de octubre pasado “manifestó su ‘profunda preocupación’ por el ‘alarmante’ incremento de los linchamientos en el país, que en lo que va de este año han alcanzado los 234 casos”, según se publicó en emisoras unidas.

Un despacho de la AFP de esas mismas fechas, y también a partir de cifras de la ONU, detalla que “esa práctica ‘sigue incrementándose exponencialmente’. En 1996, 47 personas fallecieron o resultaron heridas por linchamientos; en el año 2000 se registraron 115 víctimas, mientras que para octubre de 2011 se alcanzó ya el número sin precedentes de 234 víctimas".

En 2010, en Colombia estuvo a punto de ocurrir un linchamiento parecido en el origen al de San Mateo: la causa fue un chisme. “Una turba indignada casi lincha a dos sujetos acusados falsamente de violar a una niña. Lo curioso es que fueron imputados del crimen debido a un rumor que creció como bola de nieve. Todo empezó porque un vecino creyó escuchar ‘sonidos raros’ cerca de su casa y lo atribuyó a una violación sexual. Luego, otro vecino ‘confirmó’ la agresión y el rumor se convirtió en furia entre los vecinos que capturaron a dos sospechosos. Los supuestos violadores confesaron ser ladrones pero negaron haber violado a alguien”.

Ahora, hay una veintena de pobladores de San Mateo detenidos por el linchamiento de los tres jóvenes que en realidad eran albañiles, no secuestradores. Pero algo está podrido en el Estado de México, pues ahí en el 2011, según el recuento de La Jornada, hubo 62 intentos de linchamiento, cuatro de ellos se consumaron con un saldo de seis personas asesinadas. Y en el naciente 2012 ya van 11 intentos en municipios de ese estado vecino de la capital mexicana, como los de José Manuel, Raúl y Luis Alberto del 10 de febrero, ocurridos justo al lado de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Chávez vs Capriles, el pronóstico imposible

Así lo publicó The Economist en su portal.

"Proviene de una familia de clase alta con negocios en el sector de la construcción y dueña de Cinex, la cadena de cines más grande del país. Por el lado materno proviene de una familia de inmigrantes judíos polacos que llegaron a Venezuela huyendo de la segunda guerra mundial", así comienza el portal La silla vacía el perfil de Henrique Capriles Radonski (julio 11 de 1972), desde el domingo la esperanza de la oposición para derrotar en octubre al presidente venezolano Hugo Chávez. 

El portal agrega que "es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una especialización en derecho tributario de la Universidad Central de Venezuela. (...) Tiene una trayectoria de más de 14 años en la vida pública. A finales de los 90 fue la persona más joven en llegar al Congreso y, con apenas 26 años, en 1999 presidió la Cámara de Diputados como representante del Comité de Organización Política Electoral Independiente, Copei). En 2000 Capriles fue elegido alcalde del municipio de Barata, ubicado en el distrito metropolitano de Caracas, ahora por el partido Primero Justicia".

Finalmente, se reseña su paso de cuatro meses en 2004 por la cárcel, luego de que tras el intento de golpe de estado a Chávez,  "el entonces alcalde fue acusado de negligencia por no haber dispersado las protestas violentas que se produjeron frente a la Embajada de Cuba".

¿Pero qué aspectos han sido claves para el triunfo de Capriles el domingo y sobre todo cómo luce el camino al 7 de octubre, fecha de la elección presidencial venezolana? Esto es lo que reseñaron La Silla Vacía, The Economist, The Guardian y The New York Times al respecto. Las publicaciones coinciden en señalar que Hugo Chávez es poseedor todavía de un gran carisma y popularidad entre los venezolanos. Si bien reseñan que la oposición tiene una oportunidad real, ven una batalla de difícil pronóstico. 

El portal colombiano asienta que "su estilo informal para hacer política le ha permitido entrar en las clases populares, en donde tradicionalmente la oposición no ha logrado tener éxito electoral. Capriles, que se declara un católico devoto y mariano, ha manifestado su admiración por el modelo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y se ha distanciado de la confrontación, al punto en que ha coincidido con algunas posturas de Chávez como los programas sociales o las relaciones con China.

"En efecto, en la Gobernación creó el plan Hambre Cero —similar a las misiones sociales de Chávez— el cual subsidió la alimentación, vivienda y educación de más de 2.500 familias pobres, promovió políticas de emprendimiento y regaló viviendas a más de 120 mil mirandinos. Y en 2010 fue aplaudido por su gestión durante las inundaciones que golpearon al país, a pesar de que el gobierno nacional se negó a girarle fondos al estado de Miranda".

Por su parte, en un texto titulado Mano a mano, The Economist destaca que "el retador va a enfrentar una batalla cuesta arriba. Capriles no puede igualar el carisma de Chávez, que sigue siendo el político más popular de Venezuela. En las anteriores campañas el presidente ha gastado sin control dinero público y ha metido a sus seguidores como autoridades electorales, lo que le ha permitido esquivar las reglas de la contienda e incluso quizá modificar el resultado. 'Si no tienes testigos en las casillas electorales, puede estar seguro de que los votos será robados', ha dicho Capriles".

The Guardian publicó que "la magnitud de su victoria le dará a Capriles momentum al arranque mismo de su maratónica campaña de ocho meses en contra del extraordinario carisma del presidente Chávez y su maquinaria electoral. Después de 13 años en el poder, el mandatario de 57 años de edad sigue siendo popular, con índices por arriba del 50%, lo que lo hace el favorito para ganar en octubre. Aunque las mismas encuestas muestran la preocupación de los venezolanos por los crímenes violentos, la inflación y la menguada infraestructura, lo que podría costarle a Chávez perder su oportunidad de un tercer mandato de seis años".

El diario británico agrega que "anticipándose a la victoria de Capriles, los medios estatales lo han mostrado como vástago malcriado de las desprestigiadas élites que antecedieron a Chávez. El gobernador, un soltero con físico de corredor, proviene de una familia rica y ha sostuvo una relación con una famosa modelo".

The Guardian señala que "las encuestas muestran a una Venezuela dividida en tercios: uno adora a Chávez, otro tercio lo detesta y hay un tercio de la población flotante. En el pasado, Chávez se ha beneficiado de la intensa polarización".

Sobre ese punto, The New York Times recordó que Capriles ha dicho que aspira "'a ser el presidente de los venezolanos. El mensaje es claro. Los venezolanos están hartos de la confrotación, y la división'. Ha criticado las políticas de Chávez pero sin mencionarlo por su nombre". The Economist recupera otra frase que va en ese sentido: "Le deseo larga vida (a Chávez), porque quiero que vea con sus propios ojos los cambios que habrá en Venezuela".

El Times recuerda que "antes de las primarias del domingo, Chávez ya había dicho que le daría a la oposición 'la paliza del siglo' en la elección general, incluso predijo que ganaría por una ventaja de 40 puntos. En 2006, Chávez se reeligió fácilmente con 63% de los votos en contra de una oposición dividida y carente de personalidades nuevas. El analista y encuestador Luis Vicente León dijo que pese a que la elección será 'una pelea desequilibrada', la oposición está en su mejor momento en años y la sorpresa es posible.

"El tercio de votantes indecisos es conocido como los 'ni-nis', ni con Chávez ni con la oposición. Para  ganar, Capriles debe convencer a esos votantes de que puede mejorar sus vidas, no solamente urgirlos a votar en contra de Chávez, explicó León", reportó The New York Times.

Mañana seguimos Contando América

Maribel: 36,000 policías y 4 retos

 

 

Foto de la nueva comisionada de la Policía Federal de México
distribuida por la Secretaría de Seguridad Pública

 

Tiene estudios de nivel maestría en seguridad nacional, experiencia en inteligencia y operaciones de campo, ha logrado un “buen ambiente” con miembros de otros organismos de seguridad de México, cuenta con dieciséis años de experiencia en labores policíacas, y en el plano internacional ha destacado dentro de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP). Ha recibido capacitación en inteligencia, planeación estratégica, terrorismo y técnicas de investigación y policiales en Estados Unidos, Israel y España. Ha sido condecorada por distintas naciones. Es Maribel Cervantes Guerrero, tiene 41 años y el viernes fue nombrada por el presidente de México comisionada general de la Policía Federal, es decir, es la nueva jefa de 36,000 policías que se deben ganar aún la confianza de los mexicanos.

La Policía Federal (PF) representa uno de los proyectos a los que la administración del presidente Felipe Calderón ha destinado más esfuerzos, recursos e incluso publicidad. Ese cuerpo policíaco pasó de tener alrededor de 6500 elementos en 2006, cuando comenzó el actual gobierno, a casi seis veces más, su número actual, de los que 7,000 cuentan con estudios de nivel de licenciatura.

Si México quiere que más pronto que tarde sus fuerzas armadas regresen a los cuarteles y ya no depender del Ejército y la Marina para el combate al crimen organizado –que incluye las bandas de narcotraficantes pero también los extorsionadores y los secuestradores--, en buena medida dependerá de que Maribel Cervantes Guerrero pueda consolidar a la Policía Federal, un grupo cuya identidad aún está en construcción.

“Tenemos el privilegio y el honor de servir a nuestra gran nación, tenemos el reto histórico de transformar las circunstancias de seguridad del País, por ello los convoco a mantener el esfuerzo y la convicción... muchas felicidades en este día ¡son ustedes unos héroes de la Nación!”, así se expresó el 2 de junio del año pasado el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al condecorar “por su valor, honor y entrega en el combate a la delincuencia” a diversos mandos de la policía, entre los que estaba la hasta la semana pasada comisaria de la división de inteligencia, Maribel Cervantes Guerrero.

Ese día, según lo reseñado entonces por el diario Reforma, García Luna dijo además, que “en tiempo récord se ha construido una institución policial con estándares internacionales, con doctrina, mística y capacidad técnica para enfrentar al crimen y proteger a la comunidad”.

Pero diversos especialistas han publicado reportes y análisis que pone en entredicho los avances destacados por el secretario García Luna. Esos informes pueden ser resumidos como las tareas  que tendrá la comisionada si quiere cumplir su mandato como comisionada de la Policía Federal: prevenir y combatir eficazmente el delito federal en todo el país.

Primer reto: Derechos Humanos. El informe correspondiente al año 2011 dado a conocer el 3 de febrero por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que ante ese órgano la Policía Federal recibió 767 quejas de los mexicanos. Eso sí, con 1695 quejas el primer lugar fue para el Ejército. Además, en 2011 la oficina el Ombudsman emitió 95 recomendaciones: el Ejército de nueva cuenta fue el que más destacó de manera negativa, con 25 recomendaciones. Pero el segundo lugar le correspondió a la Secretaría de Seguridad Pública, la institución que alberga a la Policía Federal, con 15. Por si fuera poco, al finalizar el año pasado, policías federales se vieron involucrados en un caótico operativo en Guerrero, en el que participaron tanto policías federales como estatales, que costó la vida de dos estudiantes, muertos por disparos. El anterior comisionado de la policía federal se mostró reacio a cooperar con la CNDH en la investigación, aún abierta, para deslindar responsabilidades.

Segundo reto: La eficacia. El estudio “Mucho gasto y resultados inciertos. El costo creciente de nuestra Policía Federal”, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicado en octubre pasado, concluye lo siguiente:

“El gasto de esta Secretaria de Seguridad Pública (de la que depende la PF) ha sido el de mayor crecimiento entre todas las dependencias ligadas a la seguridad en los últimos años.

“La Policía Federal (antes la Policía Federal Preventiva) consume entre dos tercios y tres cuartas partes de los recursos de la SSP.

“El costo de la policía federal en México es superior al de otros países de la región o con problemas de inseguridad comparables.

“En resumen, se ha gastado mucho, con bastante opacidad, y en términos de eficacia, con resultados todavía intangibles”.

Tercer reto. Rendición de cuentas. Un grupo de académicos ha propuesto la creación de un Auditor Especial de las Policías Federales. De hecho, tal sugerencia ya está incluida en un anteproyecto de ley en el Congreso de la Unión y cuenta con el respaldo del Movimiento para la paz con justicia y dignidad.

Y cuarto reto. Cercanía con la ciudadanía. La nueva comisionada de la Policía Federal es considerada como la mejor capacitada, técnicamente hablando, para la función que ahora ha asumido. Sin embargo, como se ha visto en otros lugares como en Colombia, la voz del jefe de la policía debe ser una presencia cotidiana en el debate público. No se trata de protagonismos mediáticos, sino de la necesidad de constituirse como una presencia familiar ante una población que a final de cuentas tendrá que reconocerla como la persona a la que deberá recurrir para depositar sus esperanzas de que proveerá seguridad, con respeto a los derechos humanos y eficacia.

Mañana seguimos Contando América

El político que enfermó a cientos

Centenas de personas resultaron intoxicadas tras acudir a un mitin. Las clínicas resultaron insuficientes para la emergencia. Aquí el vídeo sobre esto que pasó en un pequeño, y pobre, poblado de Guerrero, México.

Hay situaciones que moverían a la risa si no implicaran una tragedia. O serían un mal cuento --por desfasado-- propio del género del realismo mágico. Primer ingrediente: un presidente municipal que quiere "mostrar músculo", que desea que sus adversarios vean que cuenta con apoyo popular, pues pretende competir por una diputación federal. Segundo ingrediente: discrecionalidad en el manejo de recursos que permite contratar 100 camionetas en una de las zonas más pobres de México para "movilizar" a esos cientos que van a acompañar al político a su registro en la capital, distante en este caso a 100 kilómetros. Tercer elemento: algo sale mal --porque si no no hay historia digna de contarse-- y 709 campesinos de los más de mil que fueron acarreados enferman al regresar a su pueblo, pues la comida que les dieron estaba en mal estado. Noche de pesadilla: cientos de personas con vómito, diarrea y peligro de deshidratación ponen al límite a un pequeño perdido en la montaña guerrerense. Toda una metáfora de que algo está podrido en la manera en que ocurren muchas elecciones mexicanas. 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, está en los últimos lugares de desarrollo humano medidos por la ONU en un estado que es campeón en marginación en México. El presidente municipal de ese pueblo se llama Sergio Dolores Flores (apellidos dignos de esta historia) y quiere ser diputado federal. El martes rentó camionetas y humanos. Es decir, acarreó a un millar de campesinos e indígenas para que le gritaran vivas al momento de tramitar su registro en Chilpancingo. Los acarreados recibieron, como siempre ocurre en muchas partes de México, su "torta y refresco", que no siempre es estrictamente eso (en vez de bocadillos, a veces es una barbacoa --carnero o res preparados al horno--, o unas carnitas de cerdo). En esta ocasión fueron tacos de arroz con huevo. Todo hubiera sido normal, pero algo estaba podrido y cientos de acarreados enfermaron. Se requirieron diez ambulancias y 127 médicos y enfermeras para brindar auxilio a quienes resultaron intoxicados; afortunadamente nadie murió.

Los acarreados los inventó en México el PRI, pero ahora son patrimonio de todos los partidos. Hay, que duda cabe, ciudadanos que acuden a los mítines políticos por convicción, pero siempre serán los menos. Donde haya un político en campaña habrá decenas de camiones contratados por el candidato para movilizar a las masas --acarrear-- que harán que el acto proselitista parezca multitudinario.

En el paroxismo, ayer las autoridades de salubridad de Guerrero invitaban a la población a que si van a acudir a un mitin --México todo estará en campaña electoral de aquí a julio-- lleven su propia comida. Eso no va a ocurrir. No en muchas poblaciones de un país donde los pobres son usados para montar una escenografía que todos saben que es una farsa: es el ritual de los mítines donde los asistentes ni el nombre del candidato saben, están ahí porque les ofrecieron comida gratis y acaso algo más. Montaje que todos los partidos respetan porque tu acarreado de hoy puede ser mi acarreado de mañana.

Y en el manual del acarreado, el candidato siempre pone la torta y el refresco, faltaba más. Aunque luego don Sergio Dolores Flores se haga el desentendido y diga que no sabe quién es el responsable de que la comida haya enfermado a 709 personas. Vaya que cuando se propone algo don Sergio lo logra: quería que su registro como aspirante a diputado fuera todo un evento, y hoy ya todo México sabe que fue en su mitin donde cientos de acarreados resultaron intoxicados.         

Buen fin de semana. 

Los nuevos exiliados

Marisol Valles en El Paso. Foto de Mauricio Palos para Gatopardo.

A Saúl Reyes Salazar le han matado desde 2010 a seis de sus familiares. El pasado 19 de enero recibió asilo en Estados Unidos. Es una de las caras más trágicas de un fenómeno que podríamos definir como “un nuevo exilio mexicano”: más que la economía, ahora es la violencia la que orilla a ciudadanos de México a salir de su país.

Otro caso. Un año después de que fuera conocida mundialmente como la mujer más valiente de México, Marisol Valles, la jovencísima ex jefa de policía de Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, vive en El Paso, Texas, escondida junto con su familia, con miedo incluso de los niños y a la espera de que el gobierno estadounidense les dé acogida legal.

Y ahora, luego de que sufriera la semana pasada un ataque en la ciudad de México, donde se había refugiado tras ser víctima de un atentado en Ciudad Juárez en diciembre, Norma Andrade, la fundadora de Nuestras hijas de regreso a casa, ha informado que buscará asilo. En una entrevista con Milenio TV ha dicho: “aun cuando me duela mucho lo voy a tener que hacer con dolor (…) se me hace injusto tener que dejar mi país”.

Desde su despacho legal en El Paso, Carlos Spector lleva alrededor de 50 casos de mexicanos que buscan asilo en EEUU. Representa, pro bono, a Marisol Valles y a Saúl Reyes Salazar. A Spector no le queda duda de que estamos ante un nuevo fenómeno: “Definitivamente hay una ola de exiliados huyendo de la violencia y la represión política”, me dijo ayer vía telefónica. El abogado, que contabiliza 21 activistas de derechos humanos asesinados desde marzo de 2008, dice que antes a los mexicanos los expulsaba la economía, mientras que ahora son la violencia y la represión la que los hace tomar esta medida. Cabe mencionar que oficialmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cifra en 14, los defensores de derechos humanos asesinados en México en los últimos cinco años. Sean 14 ó 21, son muchas, demasiadas, muertes de activistas. Eso sin contar que tan solo en 2011, la CNDH abrió 50 investigaciones sobre supuestos ataques a defensores de los derechos humanos. 

Pero no nos quedemos en las cifras, escuchemos las voces de dos de estos casos de exilio.

La revista Gatopardo publica este mes un amplio reportaje de Galia García Palafox, quien consiguió el más completo testimonio de Marisol Valles. Aquí varios fragmentos de “La mujer más valiente de México tiene miedo”: 

“Marisol Valles temblaba cuando llegó a la garita fronteriza. ‘Soy Marisol Valles y me van a matar —le dijo al agente de migración—. Venimos a pedir asilo’. Llevaba a su hijo en brazos. Atrás de ella: su marido, sus padres y sus dos hermanas. Los seis habían salido de casa con sus actas de nacimiento y lo que traían puesto. Ni un papel más, ni un cambio de ropa para el bebé.

“A los veinte años, Marisol Valles había sido nombrada directora de Seguridad Pública de Práxedis G. Guerrero, un pueblo en el Valle de Juárez, Chihuahua, donde habían sido asesinados, según la versión, cuatro o cinco comandantes.

“Un domingo, cuenta Marisol, la llamaron de la Presidencia Municipal. Tenía que ir a hacer un reporte por pérdida de armas. Marisol había escuchado que algo había pasado en la comandancia, pero no se enteró hasta que llegó a trabajar. Los policías llegaban uno por uno a entregar su arma y presentar su renuncia. La noche anterior, cuando un par de agentes estaban de guardia, un grupo armado entró a la comandancia. Se llevaron todas las armas que estaban bajo llave en una especie de librero de metal. Uno de los agentes alcanzó a huir corriendo, pero se cree que lo agarraron. Su mujer llegó al día siguiente desesperada preguntando por su marido. Nunca se volvió a saber de él.

“Los comandantes cambiaban cada mes. (Ella entró a la comandancia a trabajar en funciones de secretaria). ‘Un día tenía un jefe, y al rato ya no estaba. Otro jefe, y ya no está’, dice. Marisol vio salir de la comandancia a uno de ellos, Manuel Carbajal —del que tiene mejores recuerdos—, en el auto de un policía. Unas horas después, escuchó la llamada de la policía del pueblo vecino, avisando que habían encontrado su auto y su cuerpo rafagueado en la carretera a Ciudad Juárez.

Cuando le ofrecieron, y aceptó, el puesto de jefa de la policía, le dijeron que nada tendría que ver con combatir a los criminales: “La idea del presidente municipal era que la policía delegara al Ejército la lucha contra la delincuencia e hicieran un trabajo social de apoyo al DIF —entrega de despensas, censos de personas necesitadas, niños abandonados, ancianos solos—. La nueva policía femenina recuperaría la confianza de la gente. ‘Se me hizo muy bonito el proyecto. Yo tengo un hijo pequeño y pensé de aquí a que crezca, si sigue así, ¿qué le va a tocar? Va a tener que ser sicario, no va a tener caso’.

“Dos meses después de empezar su función como directora policiaca, el alcalde la mandó llamar. Una de las policías había encontrado una hoja con un mensaje durante uno de sus recorridos. En tinta roja y escrito a mano llamaban ‘marrana’ a Marisol y la amenazaban con dejar huérfano a su hijo por trabajar para un cártel.

“‘Yo no iba a ser tan tonta para meterme con un cártel. Yo tengo un hijo’”.

(Pero las amenazas y a los pocos días, junto con su familia, se fue a Texas).
***
En el diario La Opinión, de Los Angeles, California, Saúl Reyes Salazar publicó el día 5 de febrero su historia, de nueva cuenta, imposible resumir en dos párrafos lo que él narra en “Huir de México y contarlo”. Aquí cuenta lo que pasó a su familia a partir de que en 2009 fueran asesinados en hechos separados sus sobrinos Julio César y Miguel Ángel Reyes.

“La voz de mi hermana, Josefina Reyes, fue una de las primeras voces en contra de los feminicidios en Juárez, y a más de 10 años de este genocidio en contra de las mujeres, no hay claridad en las investigaciones, no hay justicia, no hay nada. Seguimos como al principio.

"A partir de 2008, la violencia toma niveles graves, desde marzo, cuando quien se dice presidente de México, Felipe Calderón, militariza Ciudad Juárez, y el valle, y comienzan la persecución política, la desaparición, la tortura, los allanamientos de morada y la violación de los derechos humanos en toda su capacidad por miembros del ejército mexicano y cárteles protegidos por estos mismos.

"El día 3 de enero de 2010 fue asesinada Josefina Reyes, la activista más reconocida en el valle de Juárez, en ese tiempo y hasta este momento.

"Nosotros como hermanos y tíos de los fallecidos, de los asesinados, llamamos a la prensa y declaramos nuestra sospecha sobre que el ejército y la policía federal tuvieron responsabilidad, y el día 8 de agosto, el principal vocero de la familia, Rubén Reyes, fue asesinado.

"La historia se volvió a repetir el día 7 de febrero. Un comando armado paramilitar entrenado y preparado, secuestra a mis hermanos Elías Reyes, y a su esposa, y a mi otra hermana, María Magdalena Reyes.

"Mis dos hermanas y yo, y mi mamá, quedamos con vida. Iniciamos una huelga de hambre y una protesta frente a la fiscalía de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, exigiendo la investigación y la presentación con vida de mis hermanos, responsabilizando a las autoridades federales de la desaparición, y a las autoridades estatales de que aparecieran con vida.

"Gobierno nunca hizo nada

"El gobierno del estado, el gobierno federal, nunca, en los primeros días, hicieron nada. El 15 de febrero informamos que trasladaríamos nuestra huelga de hambre para el Senado de la república de México, pero el anuncio lo hicimos a las 4:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche fueron incendiadas nuestras casas .

"19 días después de que habían desaparecido, los encontramos, los habían asesinado. Primero los torturaron, los asesinaron, los enterraron clandestinamente entre químicos como cal, los sacaron cuando la presión fue mucha, y los dejaron en un lugar donde los pudiéramos encontrar y así quedarnos callados.

"Tengo mucho coraje y dolor en mi corazón, pero no puedo sentarme a llorar o esconderme debajo de la mesa".

Y ahora Norma Andrade ha dicho que se quedará en México unos días más antes de buscar asilo en otro país.

Mañana seguimos Contando América

Si yo fuera diputado

Dos afiches de la película de Mario Moreno "Cantinflas".

No, este blog no hablará hoy del cómico mexicano, pero casi...

Vicente Menjívar, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, se enteró que era relator de la Comisión Legislativa de Modernización cuando la reportera Patricia Carías, de elfaro.net, le cuestionó sobre sus ausencias en los trabajos de ese órgano legislativo.
–Ah, sí, perdón, soy relator. Pero no estoy asistiendo porque me choca con la Comisión de Medio Ambiente y como preparo todo mi proyecto para esa comisión... Esa comisión no debería existir.
–¿Por qué? ¿Qué hacen?
–Esa comisión no ha hecho nada, ja, ja, ja… esa comisión (de la que formalmente debería ser relator desde mayo de 2009) más que todo le sirve a la junta directiva para tomar decisiones para que se compren muebles o que se cambie una zona del edificio, o que se pida ayuda para que ciertos técnicos...
–¿Y se han reunido?
–No, tal vez una tan sola vez –dice Menjívar. Es que yo siento que es una comisión solo para ir a almorzar ja, ja, ja...

¿Menjívar es una rareza legislativa? Para nada, tan es así que el sitio periodístico salvadoreño titula su reportaje publicado el lunes sobre el ausentismo en la Asamblea de este modo:  El empleo que permite faltar el 97.5% de las veces y ganar 4,025 dólares al mes. En ese reporte se detalla que entre los diputados, que ganan 18 veces más que el salario mínimo de ese país, se da el caso de uno que solo acudió a tres de 118 sesiones a las que habría tenido que asistir hasta octubre del año pasado; y hay otros que sin asistir, aparecen en las listas como si lo hubieran hecho. A tres meses de que termine la legislatura, los diputados han pedido que se recorte la semana laboral a tres días –-de lunes a miércoles— para dedicar el resto de la semana a sus campañas electorales. El problema ha llegado a tal nivel que hace una semana, una sesión de la Comisión Política de la Asamblea que buscaría “intentar poner fin a las inasistencias injustificadas se frustró por inasistencias".

Pero si ese es el caso de El Salvador, el tema de los Congresos de otros países de Latinoamérica no es muy distinto.

Un estudio dado a conocer en México hace unos días por la consultora Integralia, reveló “que de las 468 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, sólo 10 por ciento fue aprobado, lo que representa una baja significativa, pues hace 20 años, el promedio era de 60 por ciento”, según reportó el diario Milenio, que con la misma fuente informó que “sólo 4 por ciento, que equivale a 23 de los 500 diputados, asistió a las 34 sesiones que se realizaron en el último periodo legislativo en la Cámara de Diputados” y en la cámara alta, fueron solo “24 de los 128 senadores los que cumplieron con el total de asistencia de septiembre a diciembre de 2011”.

El columnista Carlos Puig publicaba en el mismo diario y a propósito de ese reporte dice: “Tenemos un Congreso para la foto, para el show, no para el trabajo. Nuestra Cámara de Diputados es foro político —lo cual no está mal—, pero sólo es eso, y nadie trabaja. Les encanta a nuestros diputados, por ejemplo, presentar iniciativas, pero no discutirlas, trabajarlas y aprobarlas”.

El caso del Congreso mexicano ha incluso llamado la atención de The Economist, que le dedicó el 21 de enero un artículo denominado “The siesta congress”. En él, la revista británica subraya que, de entre las grandes naciones de América Latina, los legisladores mexicanos tienen el más corto periodo laboral al asistir a sus escaños solo 195 días al año.

En cuanto a días laborales, los diputados y senadores mexicanos están muy lejos del promedio lationamericano, que es de 266 días al año, de acuerdo con el estudio ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?, de la investigadora María Amparo Casar.

¿Y cómo les va en salario? Esto dice el documento de Casar publicado en septiembre de 2011: “En este caso México aparece en el segundo lugar de la tabla con los legisladores mejor pagados después de Brasil y muy por encima de la media en el comparativo internacional. Mientras que los diputados en América Latina ganan en promedio US$6,712 mensuales un diputado mexicano gana, de acuerdo al sueldo nominal, casi el doble (US$12,310). Las diferencias se hacen mucho más pronunciadas cuando se toman en cuenta prestaciones como el fondo de retiro, los seguros médicos y de vida y las subvenciones discrecionales que la mayoría de los otros parlamentos no otorgan a sus legisladores. Como se comprueba más adelante, al añadir estas prestaciones su salario se eleva a US$17,800".

Y si en el caso de El Salvador se hablaba de que el salario de sus legisladores era 18 veces el del salario mínimo, Casar encontró que en México, Colombia y Brasil, el salario legislativo es “excepcionalmente alto": al menos quince veces el PIB per cápita.

Las anteriores dos gráficas son de la investigación de María Amparo Casar.

Con esos datos, no extrañan las respuestas de la encuesta Latinobarómetro cuando pregunta a los habitantes de cada país si están de acuerdo con la frase “Sin Congreso Nacional no puede haber democracia”: En Ecuador, estuvieron de acuerdo solo 40%; 43% en Brasil; 52% en México; 54% Colombia; 55% Perú; 56% El Salvador; 70% Chile; 71% Uruguay y Argentina; y finalmente en Venezuela contestaron afirmativamente 78%. Cabe apuntar que el promedio regional en 2010 fue de 59%, superior al 49% de 2001. Algo de mejora se aprecia.

Para finalizar, dos estampas de sendos diputados de otros países de la región. En julio pasado, al arrancar las sesiones de la nueva legislatura en Perú, se reportaba la ausencia de 21 diputados y lo singular del juramento de algunos congresistas. Así lo reportó EFE, recogido por El Universo:

"En vez del tradicional "por Dios y por la Patria", que en el 2000 el ya fallecido congresista Gerardo Cruz Saavedra equivocó al jurar con "por Dios y por la plata (dinero)",los parlamentarios mostraron en esta ocasión su creatividad realizando variopintos juramentos:

--Hugo Carrillo, de Gana Perú, juró "por los niños pobres de Perú".
--Su compañero de partido y vicepresidente segundo electo, Omar Chejade: "por la lucha contra la corrupción y por los descamisados".
--Javier Diez Canseco, además de ser de los pocos que lo hizo sin Biblia ni crucifijo, prometió cumplir sus funciones por el fundador del Partido Socialista Peruano, José Carlos Mariátegui, y el poeta César Vallejo.
--Martha Chávez prometió cumplir sus funciones por la defensa del expresidente Alberto Fujimori.

Entre tanto juramento, pasó más desapercibido el realizado por Gustavo Rondón y que posiblemente coincida con el deseo de los peruanos: "Que este Congreso sea el mejor ejemplo para el país".

Y la última: el 21 de diciembre pasado, en el diario La Nación, de Argentina, se publicó la idea que tuvo un grupo de diputados de declarar feriado el 2 de enero. Como todo mundo recordará, en esta ocasión navidad y año nuevo fueron domingos, así que los legisladores australes pensaron que el calendarios les jugó una mala pasada, por lo que las celebraciones serían "bastante reducidas, impidiendo celebrar como se acostumbra en el caso del cambio de año, especialmente en lo que respecta a trasladarse al litoral para visitar a la familia y amigos y disfrutar de los fuegos artificiales frente al mar y de la alegría que tal espectáculo significa para los habitantes del país”. Añadieron los señores legisladores, según la nota de La Nación, que “la falta del descanso adecuado posterior a la celebración puede resultar un peligro para el retorno de quienes se trasladan de regreso a sus respectivos hogares”.

¿Verdad que algunos sueldos, desplantes e iniciativas de los diputados dan vigencia a la película Si Yo Fuera Diputado, de Cantinflas, estrenada ni más ni menos hace 60 años?

Mañana seguimos Contando América.