Los "lobbys" no hacen escraches

Tanto escándalo con los escraches, y ya se ha visto el poder de coacción que tiene este denostado procedimiento de protesta. Nulo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca los había convocado para presionar a los diputados del PP para que adoptaran las propuestas contenidas en la iniciativa legislativa popular que había presentado en el Congreso de los Diputados con el aval de casi un millón y medio de firmas. El movimiento había cosechado un primer éxito al torcer la pretensión inicial del PP de no tomar siquiera en consideración el proyecto legislativo. La rectificación hizo albergar esperanzas de que, con la ayuda de la oposición parlamentaria y la presión ciudadana, las propuestas de la plataforma pudieran tener recorrido legislativo. Ya se ha visto que no. El PP ha aplicado el rodillo de su mayoría absoluta no solo para evitar que la iniciativa legislativa popular llegara a votarse, sino para que el proyecto de ley refundido, en cuyo contenido no se reconocen ni la plataforma ni los partidos de la oposición, pueda salir adelante sin tener siquiera que ser debatido en el pleno del Parlamento.

A este proceder, en puridad, no se le puede llamar coacción, porque es legal, pero es una afrenta para los ciudadanos que apoyaron la iniciativa y supone el desprecio prepotente de este procedimiento de participación ciudadana en las tareas legislativas. Semejante burla no deja de ahondar la crisis de intermediación en la que ha caído la política representativa. 

Toda la polémica creada en torno a los escraches ha sido utilizada además para distraer la atención de lo fundamental: el colosal conflicto de intereses que se dirime en esta ley. Lo que se decide es quién y en qué medida ha de pagar esta parte del desaguisado de la burbuja inmobiliaria. Si los costes derivados de la crisis financiera se han de repartir de forma más equitativa entre el deudor y el acreedor, o ha de recaer fundamentalmente como hasta ahora sobre el desahuciado.

Cada parte ha sacado sus mejores armas. Y ya se ha visto que eran muy desiguales. Simplificando: lobbys contra escraches. Pese al escándalo que ha rodeado el “acoso” público a los políticos en la puerta de sus casas, los escraches han demostrado infinitamente menos poder de persuasión e intimidación que el que ha logrado ejercer, con la discreción de las serpientes, el sistema bancario. La “presión de los pobres” como se ha bautizado a estos escraches, es alborotadora y molesta. El lobby de mantel en cambio es discreto y no solo es mucho más agradable para sus señorías, sino también mucho más efectivo. Y sobre todo, no perturba la paz de las calles, no rompe las reglas del juego.

Ocurre sin embargo que estas reglas son cada vez más discutidas. Cada vez hay más gente dispuesta a saltar por encima de ellas, dada la nula efectividad de los canales previstos para defender sus legítimos intereses. Se podrán discutir las formas y los límites que han de tener los escraches, pero no cabe duda de que son una respuesta defensiva frente a la insensibilidad de los gobernantes. Y si han causado tanta incomodidad es por lo que rtienen de transgresión de unas reglas percibidas como tramposas por quienes no tienen otro modo de presión que llevar a la calle su desesperanza. 

Se puede  acosar y oprimir por decreto, llevar a las personas a la miseria sin que hayan tenido nada que ver con la crisis financiera que les ha sentenciado, se puede indultar con descaro a los poderosos y hasta cambiar toda una legislación para beneficiar a una sola persona si es un banquero, pero no se puede “señalar” a quienes cometen tales atropellos. Y por supuesto, no se puede someter a escarnio público a quienes, con el poder que les ha concedido la ciudadanía, lo permiten.

Resulta sorprendente la vehemencia que han puesto en la defensa de la esfera privada de los políticos unos cargos electos que comparten escaño y hasta consejo de ministros con quienes no solo no hacen esos distingos a la hora de relacionarse con el poder económico, sino que en su vida privada aceptan confetis y prebendas a través de los vasos comunicantes que han establecido entre sus cargos públicos y sus cuentas corrientes.

Los escraches han puesto en evidencia las enormes carencias de un sistema de representación política que no contempla la rendición de cuentas más allá de las elecciones que se celebran cada cuatro años. Un sistema que permite que los cargos electos puedan transgredir el contrato que establecieron con el ciudadano a través del programa electoral cada vez que le convenga sin tener que dar explicaciones a nadie más que a quien les ha colocado en las listas.

Los escraches son perturbadores, ciertamente, pero ni son "nazismo puro" como sostiene Dolores de Cospedal, ni la expresión de un "anarquismo disolvente" como dice Felipe González. Quienes los califican con tanta severidad deberían preguntarse por qué estas protestas han tenido y siguen teniendo tanto apoyo ciudadano. Hasta un 89% de quienes respondieron hace un mes a la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS expresaron su apoyo a ellas. Y a pesar de la feroz campaña de criminalización lanzada por el PP contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y su líder, Ada Colau, el poyo seguía siendo hace unos días del 78%.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca valora suspender de momento la campaña de los escraches. Pero la crisis se ha cerrado en falso. Puede que de momento este modo cínico de ejercer el poder se haya salvado, pero también puede ocurrir que el deteriorado sistema de representación que lo ampara no sobreviva mucho tiempo para contarlo. Y hasta es deseable que esto suceda.

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La vida en tres tercios

Un tweet de Antonio Caño me condujo a un artículo publicado en el dominical del The New York Times en el que Erin Callan, que había sido directora financiera del banco de inversiones Lehman Brothers, exponía sus amargas reflexiones sobre su vida de alta ejecutiva. El título me enganchó inmediatamente pues planteaba una cuestión que, tras cinco años de inmisericorde crisis económica, ha pasado a formar parte del paisaje cotidiano. "Is there life after work?" "¿Hay vida después del trabajo?"

Erin Callan explicaba en ese artículo que cuando trabajaba para Lehman Brothers, su vida entera giraba en torno al trabajo y era tan entusiasta y tenía tanta energía que cuando alguien le preguntó a su marido qué hacía el fin de semana, imaginando que habría estado escalando o algo por el estilo, él contestó la verdad: dormir. Dormir para recargar baterías y afrontar con energía la muy estresante, competitiva y absorbente vida entre las cristaleras de Leman Brothers, repletas de "amos del universo" dispuestos a todo para aumentar la cuantía de sus "bonus".

Mientras leía su testimonio venían a mi cabeza las terribles primeras escenas de la película Margin Call, en las que puede verse cómo un equipo de "ejecutores" llega de repente a la sede del banco y va llamando, por sorpresa y sin previo aviso, uno a uno, a los que ese día tendrán que pasar por el pelotón de ejecución de un despido fulminante. La notificación es irreversible y conforme las palabras que lo materializan salen de boca de los tecnocráticos verdugos, se van cortando materialmente los hilos del cordón umbilical que hasta ese momento les unía a la empresa: la cuenta del teléfono móvil, el acceso al servidor, la tarjeta corporativa....

Erin Callan no explica si a ella también la despidieron de esa gélida manera, ni si le dieron el ignominioso panfleto psicológico destinado a hacerle ver, por si en ese momento de shock le faltaba clarividencia, que el despido no era un asunto "personal" y que lo mejor que podía hacer era tomárselo como una "oportunidad". La oportunidad de un "nuevo comienzo", como se decía ambién en los muy profesionales y expeditivos despidos que habíamos visto en la película Up in the air.

Lo que sí explica Erin Callan es que se sintió devastada. Hasta ese preciso momento, su vida había girado por entero en torno a su carrera profesional y, aunque tenía familia y amigos, apenas era consciente "del resto de su vida". Ahí estaba el problema. Después de 20 años de entrega absoluta, de no vivir su vida, había sido declarada redundante, prescindible, en algún remoto despacho. En el aturdimiento que siguió a la brusca ruptura de esquemas, tenía dificultades incluso para saber siquiera quién era. Porque ella, hasta ese momento, solo era "lo que hacía".

Le costó sobreponerse. Ahora, Erin Callan parece haber encontrado el sentido del "conjunto" de su vida, pero se da cuenta de que muchos de los deseos del tiempo perdido son ya irrecuperables. Y otros tal vez no, pero en todo caso serán difíciles de alcanzar. Por ejemplo, la oportunidad, a sus 47 años, de ser madre. Su testimonio ha avivado un debate que antes habían planteado otras altas ejecutivas, como Sheryl Sandberg, diectora de operaciones de Facebook, o Marissa Mayer, CEO de Yahoo, sobre el desequilibrio entre la vida y la profesión. 

Pero creo que, para llegar a sus últimas consecuencias, a Erin Callan le falta dar un paso más en su reflexión. Porque no es solo una cuestón personal. Le falta preguntarse por qué ella y tantos otros se han visto abocados a esa situación. Si, pese a que seguramente en todo momento se sintió libre de tomar las decisiones que tomó y de hacer las renuncias que hizo, era realmente tan libre como creía.

Ciertamente nadie le impedia vivir de otro modo. De hecho, mucha gente decide dar un vuelco a su vida de ejecutivo estresado y abandona en mitad de la carrera. Pero el ejercicio de esa libertad exige una decisión muy radical: renunciar a todo. Estar o no estar en el sistema. Esa es la cuestión. Porque en el modelo profesional que rige, dominado por una competitividad extrema, no se puede estar medias. Quien no esté dispuesto a entregarse en cuerpo y alma, difícilmente sobrevivirá.

Steve Jobs, el creador de Apple, en un discurso dirigido a directivos de las grandes corporaciones les aconsejaba regalar a sus subordinados ordenadores y móviles de última generación, sin reparar en gastos, porque eso redundaría en beneficio de la empresa. De lo que se trataba era de facilitar que todos sus cuadros pudieran trabajar "en todo momento". “A veces una idea genial surge estando en la bañera”, argumentaba. Las empresas no solo exigen una dedicación total a sus cuadros
directivos. Quieren también una identificación total.

Pero las condiciones de este tipo de relación vienen determinadas, en último término, por un modelo productivo general que tiende a dividir la vida en tres tercios, desconexos y hasta antagónicos. El primer tercio, que ya casi llega hasta los treinta, es de preparación. De acumulación de conocimiento, habilidades y destrezas profesionales orientadas a la fase productiva. En este tiempo, en general dependiente, son la familia y el Estado quienes asumen el coste.  

El segundo tercio es el de realización. Comienza al entrar, de forma más o menos estable, en el mercado laboral. Cuando eso ocurre, hay por delante, si hay suerte, treinta años de profesión. Al principio parecen muchos, pero pasan rápido. Enseguida se percibe que hay que ir deprisa y a por todas, porque el tiempo vuela y no se puede perder ninguna oportunidad. Hay que darlo todo en esa etapa que es también de acumulación, pero en este caso de bienes materiales.

La competencia es feroz y si se quiere progresar y llegar profesionalmente vivo a los 60, no se puede descuidar ni un segundo porque, como dice Zygmunt Bauman, en estos tiempos líquidos, “el progreso se ha convertido en algo así como un persistente juego de las sillas en el que un momento de distracción puede comportar una derrota irreversible, una exclusión inapelable”. La amenaza de perder la silla está siempre ahí, omnipresente, de manera que “en lugar de grandes expectativas y dulces sueños, el progreso evoca un insomnio lleno de pesadillas en las que uno sueña que se queda rezagado, pierde el tren o se cae por la ventanilla de un vehículo que va a toda velocidad, y que no deja de acelerar”, dice Bauman. La entrega, pues, ha de ser total, y más ahora, sabiendo que a los 55, el profesional más brillante puede ser declarado prescindible. 

Al tercer tercio de la vida pocos entran de forma plácida. Muchos son arrojados a ella abruptamente: o los han despedido o se han ido a pique con la propia empresa. Con suerte, quedan por delante otros treinta años. Pero la jubilación anticipada no supone solo la muerte profesional. En muchos casos puede significar también la muerte civil. Y en aquellos que durante el tercio productivo han confundido el ser con el hacer, tal vez un pasaje a la depresión. Treinta años improductivos, cualquiera que sea la experiencia y la sabiduría acumulada, de caída forzosa de los ingresos y sin otro horizonte que esperar el declive final.  

La vida en tres tercios. Este es el modelo y no resulta fácil escapar de él. El primero de preparación y espera para llegar al segundo, tan absorbido por el trabajo que se dejará de lado “el resto de la vida” para poder alcanzar en buenas condiciones el tercero, al que de todos modos se llegará exhausto. En esta cultura mercantilista en que todo tiene un precio, ¿qué valor contable le damos a la vida que hemos dejado de vivir? ¿Qué sentido económico tiene explotar hasta hasta anularla la vida de una persona, y tirar después por la borda sus altas capacidades sin la menor consideración? 

¿No sería mejor un poco más de armonía vital, unas transiciones más suaves en las diferentes etapas y un mejor balance entre vida y profesión? Para eso haría falta cambiar muchas cosas.

 

Imágenes: Cartel publicitario de Margin Call; Eric Callan, alta ejecutiva de Lehman Brothers, y Demi Moore, actriz que encarna a una directiva del mismo banco en la película.

La pendiente resbaladiza del socialismo

Por primera vez desde que en 1977 decidieron unir sus destinos políticos, la cuestión territorial ha abierto una brecha entre el PSC y el PSOE que puede tener importantes consecuencias sobre la política española. Aunque la tensión viene de lejos, la crisis ha estallado después de que 13 diputados catalanes votaran en el Congreso a favor de una propuesta sobre el derecho de Cataluña a decidir su relación con España. Rompían así, por primera vez, la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista, en un claro desafío político que obliga a revisar las relaciones que ambos partidos mantienen. Pero en esta crisis no se dirime solo una cuestión de autoridad, de quien debe lealtad a quien. La fractura que divide a los socialistas españoles y catalanes es una consecuencia directa de los cambios que se han producido en las relaciones entre Cataluña y España y por tanto, va mucho más allá de una mera cuestión interna.

El nudo del problema está en que, siendo dos partidos diferentes, cada uno de ellos percibe las posiciones del otro como una amenaza. El PSC sufre en Cataluña una fuerte presión para posicionarse en favor de una agenda soberanista que no ha elegido y que tampoco dirige, pero que puede determinar su futuro, pues depende de cómo se posicione, puede incluso dejar de ser una fuerza política relevante en Cataluña. Al PSOE, por su parte, la tensión territorial provocada por el órdago catalán le coloca en una situación incómoda y teme que cualquier gesto que pueda ser interpretado como una concesión a la agenda soberanista, le penalice electoralmente en el resto de España. Esa es la tensión que ha estallado con la votación del pasado martes. La cuestión está ahora en ver si ambos partidos serán capaces de buscar un punto de encuentro que pueda ser satisfactorio para sus respectivos y antagónicos intereses. 

Las primeras reacciones no invitan al optimismo. De momento ambas direcciones están de acuerdo en revisar el marco de relación establecida hasta ahora, pero con objetivos antagónicos. Mientras importantes sectores del PSOE quieren aprovechar esta revisión para atar en corto al PSC, incluso repecto de sus posiciones en Cataluña, los socialistas catalanes no solo quieren preservar su condición de partido soberano, sino que reclaman una mayor capacidad de decisión y autonomía cuando se voten en el congreso de los Diputados cuestiones relativas a Cataluña. Y si puede, recuperar el grupo parlamentario propio que tuvo al comienzo de la transición.

Aunque ambas direcciones hacen votos por el diálogo, el riesgo de ruptura no es desdeñable. Después de la polémica votación, algunos destacados dirigentes socialistas esgrimido la amenaza de que el PSOE se presente en Cataluña al margen del PSC si este no abandona sus posiciones. No es la primera vez que eso ocurre, pero el hecho que ahora se explicite sin tapujos la amenaza indica que hay sectores del PSOE dispuestos a pasar el Rubicón y que ya han calculado los costes. No es un detalle menor que Fernández Vara planteara esta posibilidad en TVE después de afirmar que perdió las elecciones en Extremadura por culpa del Estatut.

Adentrarse en este tipo de cálculos supone situar al socialismo en una pendiente resbaladiza muy peligrosa. Fernández Vara puede pensar que una ruptura con el socialismo catalán tal vez pueda beneficiarle electoralmente en Extremadura, pero la división del voto socialista en Cataluña haría mucho más difícil que el PSOE pudiera gobernar de nuevo en España. Quienes contemplan la posibilidad de una ruptura deben meditar mucho sus consecuencias sobre la posición en que quedaría el propio PSOE frente al problema territorial. Los cambios operados en la sociedad catalana respecto de su valoración del proceso autonómico son una realidad que desde luego se puede ignorar, pero no sin consecuencias. Un PSOE polarizado sobre la última letra de su sigla supondría, paradójicamente, alinear al socialismo con la posición que ha venido combatiendo, la de los nacionalismos excluyentes. Supondría asumir que el PSOE es ante todo un partido nacionalista español confrontado con los nacionalismos llamados periféricos. Y si el PSOE se deja arrastrar al negacionismo del pacto territorial que abandera el PP, España perderá una fuerza política capaz de mantener los puentes de diálogo con Cataluña y ofrecer a todos, incluidos los catalanes, un proyecto de España integrador.

La ruptura tendría también consecuencias para el PSC y el ecosistema político catalán. Si en Cataluña entra en crisis la fuerza política que desde el inicio de la transición ha vertebrado la cohesión social de los catalanes de diferentes orígenes, la fractura política puede derivar en fractura social. Y si el socialismo catalán pierde su capacidad de influencia e interlocución con el PSOE, el resultado solo puede ser una mayor debilidad para el socialismo y una mayor tensión en favor del independentismo.

De una fractura como esta, ni el socialismo ni España saldrían bien parados. Y se reforzaría la estrategia del PP de revisar los pactos de la transición por la vía de imponer de facto una interpretación de la Constitución tan restrictiva que suponga un retroceso a planteamientos preconstitucionales.

Son pues los pactos de la transición los que están en juego. Y en este escenario, quien más puede perder es el socialismo. En Cataluña y en España. Y quien más tiene a ganar, en Cataluña y en España, son los nacionalismos radicales, que se retroalimentan con su propio enfrentamiento. El PSOE puede presentarse en Cataluña con sus propias siglas, desde luego. Pero cómo, ¿enfrentado al socialismo catalán? ¿Con el discurso del nacionalismo españolista? Ese espacio está ya muy bien defendido por el PP y Ciutadans. De la división del socialismo el PSOE solo puede esperar una pérdida, que puede ser dramática, de votos y de fuerza en Cataluña. Y ni siquiera es seguro que esa maniobra le diera más votos en Extremadura o en Andalucía. Porque puestos a defender el nacionalismo españolista, el PP siempre será también más convincente y atrevido.

En el PSOE se ha instalado la idea de que el PSC ha dejado de ser un socio fiable y que la culpa de todo la tienen unos líderes socialistas catalanes que se han dejado arrastrar a posiciones nacionalistas. El PSC por su parte considera que el PSOE no ha sabido defender a tiempo y con suficiente convicción una propuesta federal y que ya no es capaz de resistir el arrastre del nacionalismo españolista del PP. Que ya no piensa en “los pueblos de España” sino de la unidad de España.

En cuanto al motivo que ha dado lugar a la actual crisis, la petición de que el Gobierno de España negocie con la Generalitat la convocatoria de una consulta en las que los catalanes puedan expresar sus preferencias sobre su relación con España, no es algo nuevo ni coyuntural. Ya los Pactos de Abril que dieron lugar a la candidatura única de los diferentes partidos socialistas en las legislativas de 1977 y posteriormente a su unificación en una sola sigla, la del PSC (PSC-PSOE), entre los seis acuerdos de principio en los que se basa el proceso de unidad figuraba, en quinto lugar, “El reconocimiento del derecho a la autoderminación a las nacionalidades y pueblos del Estado español”. El acuerdo precisa que el nuevo "partido plenamente soberano configurará la organización política del socialismo en Cataluña y su articulación con el PSOE”, y añade que “en su propio ámbito, las organizaciones socialistas de las diferentes nacionalidades y regiones tendrán soberanía plena”.

El PSOE se articuló en España como una organización federal y el PSC tuvo durante los primeros años de la transición su propio grupo parlamentario, igual que los socialistas vascos, y en todo ese tiempo, nunca votó diferente del PSOE. Si ahora, treinta años después, lo ha hecho por primera vez es porque la brecha que ha crecido entre Cataluña y España alcanza también al interior del propio socialismo.

El drama es que, al defender la consulta, el PSC sintoniza plenamente con su ADN y con las preocupaciones mayoritarias de la sociedad catalana expresadas en las urnas. Y que el PSOE, por su parte, cree que para sintonizar con lo que considera que pueden ser las posiciones mayoritarias en España, tiene que someter al PSC y dejar de hacer suya la reivindicación del catalanismo. Una vez instalados en esta terrible dicotomía, de poco sirve plantearse quién traiciona a quién. Lo que importa es que si rompen, los dos van a perder. 

El discurso del camaleón

Una parte de la crisis de confianza que vive la política española tiene que ver con las palabras. Y más concretamente, con la banalización de las palabras. Con la facilidad con la que se adueña de la esfera pública un discurso cínico y hasta camaleónico, que despoja a las palabras de su significado. La metamorfosis del relato, en función de la coyuntura, tiene mucho de impostura y en ocasiones incluye una reinterpretación del propio discurso. El objetivo de quienes practican esta forma de distorsión semántica es hacer creer que las cosas no son como son, sino como ellos dicen que son. Y resulta descorazonador observar que muchas veces lo consiguen. Desenmascarar este tipo de distorsiones solo requeriría hacer una pequeña incursión por la hemeroteca, pero estamos tan atrapados en la vorágine de un mundo en permanente aceleración, que apenas tenemos ganas ni fuerzas de mirar atrás. Y si lo hacemos, de poco sirve. Nuevos acontecimientos y nuevas polémicas ocupan ya la esfera pública y así es como el discurso camaleónico puede conseguir sus objetivos sin apenas resistencia.

El discurso del Gobierno sobre la reforma laboral es un buen ejemplo. Un año después de su aprobación en Consejo de Ministros, está claro que la reforma está lejos de dar los frutos que se le atribuyeron. No solo no se ha reducido el paro, sino que ha aumentado. Rozamos, según la última EPA, los seis millones de parados y la tasa de desempleo ha llegado al 26%, igual que en la quebrada Grecia. Un año después, pese a la bajada general de salarios, la contratación sigue bajo mínimos y los pocos contratos contratos que se hacen no son indefinidos, sino tan precarios como los de antes. A pesar de lo cual, el presidente del Gobierno ha dicho que “la reforma laboral está funcionando muy bien”, y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que se siente “muy moderadamente satisfecha” (sic) por los resultados. 

La realidad, pues, no ha cambiado. Sigue tozudamente igual de mal. Lo que sí está cambiando es el discurso. Lentamente, como se mueve el camaleón. 

El primer paso consiste en negar la posición anterior. Ahora resulta que nadie del Gobierno dijo nunca que la reforma laboral iba a crear empleo. Nadie dijo tampoco que con un despido mucho más barato, perdón, con mayores facilidades para la salida del mercado laboral, las empresas iban a contratar más. Ni que la reforma serviría para acabar con la terrible injusticia de un mercado laboral dual, en el que una parte de los trabajadores, aquellos que aún tenían contrato indefinido, podían mantener sus privilegios a costa de la precariedad de los más jóvenes, que enlazaban un contrato tras otro porque las empresas no podían soportar los costes laborales de convenios tan onerosos y abusivos. 

Como no ha ocurrido, ahora resulta que tampoco dijo nadie que concediendo a los empresarios, gente emprendedora y constructiva, una mayor discrecionalidad para cambiar las condiciones de trabajo, preferirían ajustar horarios y salarios antes que despedir. Claro que para ello era imprescindible limitar la capacidad negociadora de los sindicatos, cuyo inmovilismo estaba llevando a la ruina a las empresas y al país. Y tampoco se dijo que, si podían reducir plantilla de forma rápida y barata, sin autorización administrativa y sin necesidad de acreditar pérdidas, los empresarios recuperarían la confianza y volverían a invertir y a contratar. Y ya no con contratos temporales, sino indefinidos.

Como nadie del Gobierno dijo nada de todo eso, nadie es ahora responsable de que no haya ocurrido. Aprobada la reforma y sin peligro ya de marcha atrás, el discurso puede entrar en fase de metaformosis para adaptarse a la realidad y, si es necesario, preparar el siguiente paso: lamentablemente, como ya es sabido, una reforma laboral no crea empleo en el corto plazo, y menos en una situación de recesión económica. Ya se sabe que hasta que no se alcanza un crecimiento de por lo menos el 2% del PIB, no es posible crear empleo neto. Habrá que esperar a que la nueva burbuja especulativa, perdón, a que la económía entre en un nuevo ciclo expansivo para que la reforma laboral pueda dar todos sus frutos. Hay que tener paciencia, las reformas de calado requieren su tiempo. Hemos de persistir en el camino emprendido, que sin duda es el correcto, y si realmente dentro de un tiempo observáramos que aún no se crea suficiente empleo, será una señal de que la normativa no es todavía lo suficientemente flexible como para que los empresarios se animen a contratar. En ese caso, habría que revisar de nuevo la ley. En realidad, lo que animaría de verdad a los empresarios es que el despido, perdón, que la salida del mercado de trabajo fuera completamente libre y sin coste alguno. Eso sí que crearía puestos de trabajo.
 
Este tipo de metamorfosis del discurso político implica siempre cierta voluntad de engaño y, como la mentira o la falsedad, daña algo muy importante en democracia: la confianza. El antropólogo Lluís Duch, autor de trabajos de investigación sobre el  valor simbólico del lenguaje, observa en La banalización de la palabra (Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona) que “es fácilmente perceptible, en diversos ámbitos de la sociedad, una profunda y en cierto modo irreparable crisis gramatical, una perversión o al menos una devaluación muy amplia e intensa de la palabra”. "En nuestras sociedades occidentales, la intensa banalización de la palabra humana se origina a partir de una especie de cinismo militante, muy frecuente hoy, que, como una poderosa epidemia, infecta todas las formas de presencia".

La desestructuración simbólica, que afecta a muchos ámbitos, desde la religión a la política, corroe según Duch, la confianza perceptiva, que es aquella que “exige una afinada e incansable capacidad crítica, acompañada de una reposada reflexión, ponderación y contextualización”. A diferencia de la confianza espontánea, que se establece a priori y se basa en una fuerte corriente de empatía gratuita, la confianza perceptiva se establece a posteriori y está basada, según Duch, "en el arte de la crítica”.

Este es el tipo de confianza que modula las relaciones profundas de la política, como la adhesión a un proyecto o a una causa. Y esta es la que resulta dañada por la distorsión cínica del lenguaje. El discurso del Gobierno sobre la reforma laboral carece de credibilidad, pero tampoco encuentra ya oposición. La degradación del lenguaje conduce a una desestructuración simbólica que elimina la capacidad crítica y el juicio moral. Si el cinismo se impone, no hay comunicación; los ciudadanos quedan incapacitados para emitir juicios críticos. ¿Cómo criticar algo que se niega que se haya dicho? ¿Como se critica un posicionamiento que cambia en función de la coyuntura? Además, qué parte del discurso se puede criticar ¿la explícita, la implícita, la de antes, la de después?

Discutir ahora sobre las falacias en las que se basó la justificación de la reforma, como las que en su día se utilizaron para justificar la modificación de la ley del suelo que dio lugar a la burbuja inmobiliaria, aparece como un ejercicio inútil, condenado a la melancolía. En realidad, el discurso cínico no busca ocultar la realidad, sino ocultarse. No le importa que se descubran sus falsedades, sus ambigüedades.Lo que busca es aniquilar, por la vía de destruir la comunicación, la capacidad de reacción.

 

Adelson o el síndrome de la racionalidad malsana

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 27 de diciembre ceder 6 hospitales y 27 centros de salud de la red sanitaria pública Madrid a empresas privadas, para que los gestionen con cargo al presupuesto público. La razón esgrimida para justificar semejante medida es que permitirá un importante ahorro en el presupuesto sanitario pero, tras no poca resistencia a cuantificarlo, el Gobierno de Madrid estimó finalmente que serían unos 200 millones de euros al año. La cifra no es desdeñable en estos tiempos de crisis y las razones del Gobierno podrían ser creíbles si no fuera porque en la misma sesión parlamentaria, y sin que nadie pareciera ruborizarse, se aprobaron reducciones fiscales al juego por valor de 1.800 millones de euros.

¿Hay que hacer semejante movida en la sanidad para ahorrar 200 millones y se perdonan al mismo tiempo y de una tacada miles de millones a un sector tan improductivo y socialmente corrosivo como es el juego? ¿Dónde está la racionalidad económica de esta política? Porque el traje a medida que el gobierno regional ha hecho al magnate del juego Sheldon Adelson para que instale Eurovegas en Madrid incluye rebajar del 45% al 10% el tipo impositivo de las ganancias del juego, que se calcularán sobre una base imponible también rebajada, además de bonificaciones de hasta el 95% en los impuestos de bienes inmuebles, actividad económica y transacciones patrimoniales. ¿Cómo es
posible mantener que hay que privatizar hospitales para conseguir un ahorro que se presenta como ineludible y hacerle al mismo tiempo un regalo económico de esa magnitud al magnate del juego?

Ambas medidas se han presentado como beneficiosas para la sociedad, cuando en realidad esconden una escandalosa transferencia de recursos públicos a grandes corporaciones privadas. Y ambas tienen consecuencias son irreversibles.

En el caso de la sanidad, la decisión implica un cambio de modelo que introduce de forma generalizada la lógica del lucro privado en la gestión de la sanidad pública. Esto supone la ruptura de un sistema que ha demostrado poder ofrecer muy buenos resultados con un coste moderado en comparación con los que se aplican en los países de nuestro entorno. La medida se ha aprobado sin aportar ningún estudio concluyente que demuestre, no ya el ahorro estimado, sino la supuesta mejora en la gestión que se atribuye a la iniciativa privada. La lógica indica que a ese ahorro de 200 millones habrá que añadir el margen de beneficio que las empresas adjudicatarias querrán obtener por su actividad, de lo contrario no optarían al concurso. ¿En cuánto podemos estimar ese margen: un 10%, un 15% del presupuesto gestionen, tal vez? ¿De dónde saldrán esos dividendos? Vista la experiencia británica tras las grandes privatizaciones realizadas bajo el Gobierno de Margaret Thatcher, no resulta difícil deducir de dónde saldrán: de la calidad asistencial.

En el caso de Eurovegas, lo que se ha perdido es la dignidad de la política. Y eso también es irreparable. Es un precedente que instaura un modelo de gestión de la cosa pública con grandes dosis de arbitrariedad. El mensaje que se lanza es que cualquier normativa, ya sea fiscal, laboral o urbanística, puede ser sacrificada en aras a unos supuestos beneficios económicos. ¿Hasta dónde podemos llegar en la aplicación de esta lógica perversa? ¿Qué otros sacrificios se podrán pedir mañana? ¿Ha calculado la Comunidad de Madrid cuánto le va a costar al erario público cada uno de los empleos prometidos en Eurovegas? ¿Ha calculado cuál va a ser el beneficio neto de Adelson y cuánta riqueza se llevará a otra parte gracias a esos privilegios?

Lo ocurrido en esa sesión parlamentaria es un excelente ejemplo de cómo se pueden aprobar medidas contrapuestas con el mismo argumento y cómo se puede apelar a la racionalidad económica para justificar decisiones que no la tienen en absoluto.

En un pequeño opúsculo sobre Psicopatología de la racionalidad económica, el filósofo Jordi Pigem traslada al funcionamiento de la economía conceptos acuñados por la neuropsiquiatría pueden ayudar a explicar lo ocurrido en Madrid porque aborda las patologías que afectan al pensamiento económico ultraliberal, que es el que ahora rige en el Gobierno regional. La primera de estas patologías sería el denominado “síndrome de la negligencia”. Se trata de un trastorno de la conciencia que podría definirse como la incapacidad para ver una parte de la realidad. La neurología describió inicialmente este trastorno en personas que, a causa de una lesión en el hemisferio derecho del cerebro, eran incapaces de percibir aquella parte de su cuerpo controlada por el hemisferio izquierdo. Los afectados identificaban como suya, por ejemplo, la mano izquierda, pero percibía la derecha y todo lo que ella hacía como algo ajeno. 

Trasladada a la economía, esta patología explicaría por qué, pese a la abrumadora evidencia de los efectos de determinadas políticas, las estructuras con capacidad de decisión e influencia insisten en ignorarlos o en negarlos. “Es notable”, dice Pijem, “el paralelismo entre el síndrome de negligencia que describe la neuropsiquiatría y las negligencias del pensamiento tecnocrático. Hay muchas cosas que la mirada tecnocrática no ve, por mucho que las tenga a su lado”. Este síndrome, unido a la ofuscación que produce la codicia, explicaría por qué la estructura economía no es capaz de frenar ciertas dinámicas destructivas de su funcionamiento, como la desregulación financiera. O el cambio climático. Se sabe lo que ocurre, pero se ignora.

A este síndrome de la negligencia añade Pigem otra patología no menos perversa, la del "racionalismo malsano" o exceso de racionalismo, que explica, según el autor, por qué la mirada tecnocrática, “a pesar de su culto a la eficiencia, no es un ejemplo de realismo”; por qué “una mentalidad que pone tanto énfasis en la abstracción y en la racionalidad, puede actuar de manera tan irracional”. La teoría del racionalismo malsano como patología surge a partir de los trabajos del psiquiatra Eugène Minskowsy, autor de numerosas obras de referencia sobre la esquizofrenia y los comportamientos esquizoides, y cobra cuerpo a partir de los años noventa con las aportaciones de John Cutting (Principles of Psichopatohology. Oxford University Press 1997), Luois A. Sass (Madness and Modernism. Harvard University Press 1992) y Giovani Stanghellini (Disembodied Spirits and deanimated bodies: the psicopathology of common sense. Oxford University Press, 2004).

El síndrome de la racionalidad malsana, también denominado "ultraracionalidad" ha infectado, según Pijem, el pensamiento económico, sobre todo a partir de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Es una patología caracterizada por la progresiva separación del pensamiento económico respecto de la realidad que gestiona, la constante fuga por los caminos de la abstracción matemática, hasta acabar creando una ficción económica desvinculada de la realidad y ajena a los intereses de la comunidad a la que dice servir. La economista Naomi Klein ha explicado muy bien en su documental La doctrina del shock cómo el pensamiento de Milton Friedman coloniza primero la academia y
luego, de la mano de la política -y a veces de la criminalidad política, como en Chile-, se adueña de los gobiernos de EEUU y Reino Unido y de los organismos económicos internacionales, hasta convertirse, como muestra también el documental Inside Job, en una ortodoxia económica con voluntad de pensamiento único que trata de imponerse en todo el mundo.

La patología de la racionalidad malsana es visible también en las políticas que se aplican en España. Se han emprendido recortes y reformas legales que suponen un cambio de modelo en el Estado de Bienestar, y todas estas medidas se han justificado en la necesidad de salir de la crisis. Todo vale con tal de crear empleo, se dice. Pero ni se sale de la crisis ni se crea empleo. Y si algún día cambia el ciclo y se crea empleo se dirá que ha sido gracias a estas medidas, pero no se dirá que ha sido al precio de renunciar a un modelo cuyos evidentes beneficios sociales la economía ultraliberal ignora por completo porque solo ve lo que le interesa.

En la imagen: Jordi Pigem

 

 

El falso informe policial y los semáforos del periodismo

Ha tardado tres semanas, pero finalmente ha quedado oficialmente acreditado que el informe policial sobre las supuestas cuentas bancarias en Suiza de Artur Mas y otros dirigentes de CiU, publicado por el diario El Mundo, es falso. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, a la que se atribuía el documento, asegura en un informe elevado al juez que ni la unidad ni ninguno de sus miembros han elaborado informe alguno. Aclarado este punto, se abre ahora una interesante cuestión: ¿Quién se lo ha inventado?

El caso tiene mucha más trascendencia de lo que se quiere reconocer porque es un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar el “todo vale” en periodismo y en política. Recordemos los hechos: el 16 de noviembre, en plena campaña electoral, el diario El Mundo publicó un supuesto informe policial que echaba fango sobre el candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, y otros dirigentes de CiU, a quienes se atribuía el cobro de comisiones ilegales y el desvío de importantes sumas de dinero a cuentas bancarias radicadas en Suiza. La información alteró por completo la campaña electoral, pues el PP no dudó en aprovecharla para atacar a Mas, pese a que en ningún momento pudo acreditar la autenticidad del informe. Nunca se sabrá si este oscuro episodio tuvo o no incidencia en los resultados electorales, pero lo que sí va quedando ya claro es que todo el asunto se basa en una gran manipulación informativa.

Muchos querrían ahora echar arena sobre lo que finalmente ha quedado como el verdadero escándalo, el periodístico. Lo ocurrido tiene mucho que ver con lo que estos días se discute a propósito de las conclusiones de la comisión Leveson en Reino Unido: cómo puede la sociedad defenderse de unos medios que sistemáticamente se saltan los semáforos en rojo.

La comisión Leveson fue creada para analizar el comportamiento de los medios tras conocerse que, para obtener sus exclusivas, el diario sensacionalista News of the World había recurrido a procedimientos ilegítimos que incluían escuchas ilegales, pagos a cambio de información y una connivencia con la policía que dejaba en situación de indefensión a las víctimas. Las conclusiones del informe han provocado una intensa polémica sobre la necesidad o no de regular por ley, visto el fracaso de los mecanismos de autorregulación, los límites que la prensa no debe traspasar. La comisión propone una regulación legal pero el presidente del Gobierno británico, David Cameron, ha dado un corto plazo a los editores de prensa para que hagan una propuesta de autorregulación creíble, de lo contrario, regulará por ley mecanismos de control de la prensa.

Tanto los editores como los periodistas han sido siempre reticentes a una regulación legal. Consideran que cualquier mecanismo de control que se cree será susceptible de ser utilizado contra la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de los poderes públicos, y eso puede provocar un daño mayor del que trata de evitar. El argumento es sólido, pero una cosa es crear mecanismos que puedan actuar como una mordaza para la prensa incómoda, y otra muy distinta permitir que determinada prensa irresponsable, amparándose en una pretendida libertad de informar, pueda manipular y falsear la realidad con total impunidad. Entre uno y otro extremo debe poder caber algún compromiso basado en la honestidad periodística. 

En el caso del falso informe policial se observan dos niveles de responsabilidad: la de quienes, sin atender los mínimos requisitos de exigencia profesional, publican el informe, y la de quienes, desde la cúpula del PP y obviando los problemas de verificación que presenta el documento, se lanzan a obtener rédito electoral del mismo.

Vayamos a la parte que aquí nos interesa, la periodística. Con frecuencia llegan a las redacciones informes o escritos sobre supuestos escándalos que nunca se publican porque, cuando se verifican los datos, se comprueba que son falsos. El informe reproducido por El Mundo no tenía firma, ni sello, ni destinatario y el logotipo policial podía se fruto de un trabajo de "composición". Tal como estaba presentado, podía ser perfectamente una invención. Y sin embargo, se publicó dando por segura su autenticidad. Y en un intento de ponerse la venda antes de producirse la herida, el propio diario delató lo endeble de su posición al insistir en la propia información y en cuantos foros fue requerido, que se trataba de un “borrador” de informe policial.

Ese fue el primer semáforo que se saltó en rojo. Suponiendo que alguien de la citada unidad policial hubiera filtrado unos documentos, la condición de “borrador” debería haber llevado a rechazar de plano su publicación. Si esa conducta es exigible en cualquier caso, más todavía en unas acusaciones tan graves y con tanta repercusión política. Se supone que un borrador es un trabajo incompleto y lo que allí figura está aún pendiente de verificación, por eso no ha pasado a la categoría de informe definitivo. Insistir en que se trata de un borrador equivale a confesar que la información contenida no ha sido verificada. La conducta responsable hubiera sido, en cualquier caso, esperar a conocer el informe definitivo.

Este hecho tiene mayor importancia de lo que parece. Durante mucho tiempo, la prensa rigurosa consideró necesario que un juez admitiera a trámite una querella antes de publicar el caso. Se consideraba que la apreciación de "indicios racionales" por parte de un juez era un dique de contención adecuado para evitar la pena de banquillo y las consecuencias que podrían derivarse de una denuncia falsa. Pero ese dique de contención hace tiempo que cayó abatido por los francotiradores de un periodismo de dosier disfrazado de periodismo de investigación. Si se considera lícito publicar borradores de informes, ¿por qué no borradores de borradores? El mismo criterio serviría para publicar cualquier acusación, bajo el pretexto de que es algo que la policía debe investigar. En este caso, el diario creyó salvar su credibilidad “advirtiendo” de que se trataba de un “borrador” pero, al hacerlo constar, lo que hacía en realidad era proclamar su falta de responsabilidad.

El segundo semáforo en rojo fue publicar un informe sin poder acreditar ni su origen ni su autoría. ¿Qué valor informativo tiene algo de lo que nadie se responsabiliza? Se supone que, cuando decide publicarlo, el medio avala la autenticidad de la fuente. El informe, se dijo, había sido elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, pero cuando el juez llamó al comisario jefe de esa unidad para que le explicara lo que hubiera, este aseguró no tener constancia de que tal informe existiera. El periódico estaba en un brete, pero algunos poderes del Estado salieron en su ayuda. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un comunicado informando sobre la declaración del jefe policial ante el juez, la Dirección General de Policía que dirige Ignacio Cosidó emitió un contra-informe de redactado de forma calculadamente ambigua cuya única finalidad era dar pábulo a la existencia del informe.

Asombrosa fue también la actuación del Sindicato Unificado de Policía, que convocó a la prensa para entregarle los supuestos documentos policiales y apuntalar una teoría de la conspiración según la cual, ni los jueces, ni los fiscales, ni los responsables policiales de diferentes cuerpos habrían querido investigar las graves acusaciones contra Mas y los dirigenes nacionalistas. Deliberadamente se ignoraba que única parte judicialmente sustantiva del presunto informe, la posible financiación irregular de Convergència a través de donaciones al Palau de la Música, ya figuraba en el sumario del caso Palau y el juez había impuesto una fianza 2,3 millones de euros al partido como responsable “a título lucrativo” de la percepción de las comisiones ilegales que se investigan.

Finalmente, fue el sindicato policial quien remitió al juez del caso Palau los papeles de la discordia. A esas alturas, el grado de confusión creado en torno al informe era capaz de marear al observador más perspicaz. El efecto perseguido se había logrado con creces, la campaña electoral catalana se había enfangado hasta la rodilla y lo que quedaba era organizar la bruma que cubriera la retirada. Finalmente, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha zanjado oficialmente el asunto a requerimiento del juez al certificar que el documento publicado por El Mundo no había sido redactado por la unidad de dirige ni por “ninguno de los funcionarios que la integran”.

¿Quién lo ha redactado entonces? ¿Nadie tiene que dar una explicación sobre lo que se ha publicado? Lo que ha puesto de manifiesto la historia del falso informe es un modo de operar. Una conducta que ya habíamos observado en otras ocasiones, consistente en crear una falsa realidad a base de manipulaciones periodísticas destinadas a lograr determinados fines políticos. Eso no es periodismo. Es otra cosa. Lo cual nos lleva de nuevo al debate sobre el informe Leveson. Lo ocurrido entraría dentro de las prácticas que la citada comisión considera reprobables.

Si la prensa no es capaz de articular mecanismos de autorregulación verdaderamente eficaces, no debemos extrañarnos de que la sociedad acabe exigiendo una regulación legal que impida este tipo de abusos. 

Desprecio por los datos empíricos

Uno de los misterios más intrigantes de la evolución que está tomando el proceso de toma de decisiones en esta sociedad marcada por la comunicación instantánea es el desprecio que los agentes políticos muestran con frecuencia por los datos empíricos. Podría decirse que la sociedad política desprecia, y lo hace cada vez con mayor descaro, lo que la sociedad científica considera de mayor valor: el dato objetivo, el método. Ambos son esenciales a la hora de abordar y plantear los problemas y poder llegar a una conclusión lógica basada en comprobaciones empíricas. La sociedad política española muestra cada vez más, y a veces con una osadía pasmosa, su desprecio por el valor del dato, de los hechos comprobados. No importa lo que ha ocurrido. Lo que importa es cómo lo contamos. Nos adentramos cada vez más en una cultura política en la que cuenta más el relato construido que la realidad misma.

En esta cultura, cuando un dato empírico pugna por abrirse camino y convertirse en evidencia incontestable, resulta muy fácil para los intereses amenazados o interpelados organizar la forma de neutralizarlo. Una de las maneras de hacerlo es cuestionar el dato mismo. Otra, tratar de desviar la atención hacia aspectos colaterales.

Ambas estrategias han sido utilizadas a propósito de la huelga general del miércoles 14 de noviembre y de las manifestaciones convocadas para protestar por los recortes sociales. No es la primera vez que eso ocurre, pero sí una de las más evidentes. La estrategia de negar los hechos y falsear la realidad se ha centrado de nuevo en el cuestionamiento de las cifras. La sociedad española parece ya resignada a que los organizadores de las manifestaciones mientan por elevación y los interpelados mientan también, pero en sentido contrario.

Últimamente, sin embargo, la guerra de cifras está alcanzado niveles de distorsión que resultan esperpénticos. La autoridad gubernativa calculó que la manifestación de Alicante había reunido a 35.000 personas, exactamente la misma cifra de asistentes que la Delegación del Gobierno atribuyó a la manifestación de Madrid. Es evidente que algo no cuadra. Lo mismo ocurrió con la manifestación de Barcelona. La Delegación del Gobierno en Cataluña cifró en 50.000 los asistentes, 15.000 menos de los que dijo que se habían congregado en la concentración del Día de la Hispanidad, cuando esta apenas pudo ocupar medio aforo de la plaza de Cataluña y la manifestación de la huelga llenó por completo el Paseo de Gracia y parte de sus aledaños.

Nos se puede desafiar de este modo la lógica. Es un insulto a la inteligencia colectiva. No en una sociedad repleta de cámaras que toman imágenes panorámicas, como la que se ve arriba del entorno de la plaza de Colón de Madrid. Y sin embargo, lo hacen, con el mayor descaro y sin coste político alguno. Y muchas veces logran el efecto perseguido: si no consiguen neutralizar la evidencia, al menos siembran confusión.

Cualquiera que comparara las portadas de los diarios del día siguiente al de la jornada de huelga podía observar todo el abanico posible de interpretaciones de lo que había ocurrido. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Cuál de ellas se acercaba más a la realidad? Ante versiones tan antagónicas, el lector tenía dos opciones, creer a pies juntillas lo que dijera el medio de su preferencia, o no creer ninguno, porque de la comparación no podía extraer conclusión alguna. Las distancias eran insalvables: del paro "Muy general" que figuraba a toda página en la portada de El Periódico, o el "Clam general" que también destacaba El Punt Avui, al "Fracasados sin futuro" que llenaba la portada de La Razón o el muy explícito "De fracaso en fracaso" de El Mundo. En un terreno intermedio se situaba La Vanguardia, con el titular "Huelga limitada", mientras EL PAÍS opaba por un titular descriptivo: "Cientos de miles de personas exigen en la calle a Rajoy que rectifique".

La estrategia de la distorsión no tendría ningún efecto sin el concurso de medios de comunicación que, por razones ideológicas o partidistas, secundan este planteamiento. Cuando desprecia los datos y se permite ignorar los hechos comprobables, el periodismo se hace acreedor de la misma desconfianza que está minando la credibilidad de la política. 

Payeses de la noticia

A los periodistas nos va a pasar como a esos payeses y campesinos que han visto cómo el mundo daba la vuelta y lo que hasta entonces había sido tan importante, la tierra, su trabajo, y finalmente el producto que lograban cosechar, perdía prácticamente todo su valor. Una aproximación ecológica a la crisis del periodismo permite observar que hay muchas más similitudes de las que parece entre el productor de noticias y el productor de tomates. Y de seguir las cosas por el rumbo emprendido, es posible que algún día, cuando ya el proceso sea irreversible, la ciudadanía añore el buen periodismo como ahora añora la variedad y el sabor de los tomates de su infancia.

Todo empieza con la globalización de los mercados. Este es el signo central de los tiempos que vivimos, y es consecuencia directa de la revolución tecnológica que ha permitido una movilidad y una rapidez en la comunicación sin precedentes. Esa revolución permite transportar en muy poco tiempo y a largas distancias productos perecederos que antes debían consumirse en las proximidades del lugar donde se cultivaban. La consecuencia es que, aunque no tenemos ninguna necesidad de comer uvas en abril y cerezas en diciembre, lo hacemos porque podemos permitirnos el gusto y el coste del queroseno que los pone a nuestro alcance. Pero en el camino, los payeses han perdido el dominio del producto y ya no compiten solo con los que de la región de al lado, ni siquiera con los del país vecino, sino con todos, incluidos los de las antípodas. Al final del proceso, el payés pierde y el producto se resiente. Ya casi no quedan productores independientes de tomates y solo unas pocas variedades llegan al mercado: las que crecen más rápido, resisten mejor las plagas o aguantan más tiempo fuera de la mata, aunque no tengan ningún sabor.

En el caso del periodismo, la revolución tecnológica ha permitido ampliar las audiencias como nunca antes habían soñado los periodistas. Los lectores de un diario ya no se cuentan por cientos de miles, sino por millones y el mercado de un diario no se limita a lo que alcanza su red de distribución en el territorio, sino a lo que abarca la lengua en la que está escrita la noticia. Internet permite comunicar cualquier contenido, tanto de texto como audiovisual, en cualquier momento y de forma instantánea, y ser consumido en cualquier parte del mundo a cualquier hora. La revolución tecnológica ha permitido romper la antigua dependencia respecto del espacio y del tiempo y eso está propiciando un colosal y acelerado cambio de hábitos en el consumo de los contenidos periodísticos. Ya no es preciso estar sentado frente al televisor en el momento que comienza Salvados, por ejemplo, porque puede verse en cualquier otro momento on line. Tampoco hace falta ya comprar el periódico en el quiosco, porque el lector puede acceder a todo lo que contiene y mucho más, incluidas las imágenes y la banda sonora original de lo que ocurre, a través del ordenador, de la tableta o del móvil, desde cualquier lugar en el momento que más le convenga. 

El segundo movimiento de este proceso está aún en curso. Es un cambio en la asignación de valor. En el caso de los payeses, la ampliación del mercado produce un desplazamiento hacia el distribuidor del valor que antes se concentraba en el productor. Como lo importante es la capacidad de distribuir en el menor tiempo la mayor cantidad al mayor mercado posible, es el distribuidor el que pasa a tener el control del proceso, y es el que, al poder determinar el precio, acaba teniendo también el control del producto. Lo hemos visto en los tomates. La concentración de la producción en los invernaderos de Almería se llevó por delante a miles de pequeños productores esparcidos por todo el territorio español. Luego, los grandes distribuidores se hicieron con el control de los invernaderos y al final, todo el proceso lleva camino de terminar en las mismas manos: el invernadero que los produce, el camión que los transporta y, ya veremos si con el tiempo, también la gran superficie comercial a través de la cual llegan al consumidor.

Algo parecido está ocurriendo con el periodismo. La asignación de valor se está desplazando de la producción de contenidos a la distribución. Se ha hablado mucho del daño que les está haciendo a los periódicos la cultura de la gratuidad que ha propiciado Internet. Pero en realidad no hay tal gratuidad. Se puede acceder a un periódico como EL PAÍS, es cierto, de forma gratuita, pero para ello antes se ha tenido que pagar ya una considerable cantidad de dinero. De entrada, la parte alícuota de lo que cuesta el ordenador o la tableta, que hay que cambiar cada dos o tres años porque ese es el tiempo de la obsolescencia informática. Y también lo que cuesta cada mes el ADSL o la fibra óptica que permite acceder a Internet. En los 1,30 euros que el lector paga en el quiosco por un diario se incluyen los contenidos, por supuesto, pero también lo que cuesta el papel y llevar el diario hasta ese lugar. El lector de la edición digital no paga por los contenidos, ciertamente, pero antes ha tenido que pagar. ¿A quién? Al transportista. El problema es que quien produce la noticia no recibe nada del dinero que el lector ha pagado por llegar hasta el contenido que le interesa, y en cambio ha de correr con el coste de producirlo. El valor se ha desplazado del artículo al vehículo.

Se da además la circunstancia agravante de que la otra gran fuente de ingresos de los medios de comunicación, la publicidad, se está desplazando también del productor al distribuidor. En este caso, a los navegadores que, como Google, controlan el tráfico. Una proporción muy alta de los ingresos por publicidad que antes tenían los periódicos, se queda ahora en la red.

¿Quedarán productores de noticias independienes? ¿Ocurrirá como en el caso de los tomates, que el distribuidor acabe tomando el control de todo el proceso y al pobre payés de las noticias ya ni siquiera le salga a cuenta recolectar el fruto de su trabajo?

Eso es lo que está por verse en en los próximos años.

 

 

Mujeres de El Cairo, con y sin velo

A principios de septiembre, tras la llegada al poder en Egipto del primer presidente islamista, Mohamed Morsi, por primera vez en la historia de la televisión pública de ese país una de las presentadoras del  telediario, la periodista Fatma Nabil, apareció cubierta con un velo blanco. La presencia del hiyab en los informativos fue considerado un gran cambio, pues durante décadas, la televisión pública había prohibido el uso de esta prenda por sus connotaciones religiosas. Sectores laicos y grupos feministas han considerado este gesto como un indicio de que la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes puede suponer una involución en la libertad y la presencia pública de las mujeres en Egipto.
El riesgo, ciertamente está ahí y la preocupación está justificada, habida cuenta de la evolución que en otros lugares ha tenido la llegada de los islamistas al poder. Pero el debate que ha suscitado este caso muestra la dificultad de trasladar a una sociedad dual como la egipcia los valores y criterios que consideramos válidos en la nuestra. Y las muchas contradicciones en que podemos incurrir.
Una de ellas es la tentación de negar legitimidad a la invocación que la periodista hace de su libertad de elección, bajo la pretensión de que las mujeres que adoptan el velo lo hacen coaccionadas por el entorno religioso y cultural. Fatma Nabil ha apelado a su derecho a decidir usar el velo, como lo usan otras presentadoras en las televisiones privadas.

Este derecho no puede ser ignorado. El mismo principio de libertad que ampara a Nabil, y que hemos de reconocer, es el que ha de proteger a las mujeres que, haciendo uso de esa misma libertad, no quieran llevar velo en el caso de que una eventual islamización de la vida pública tratara de imponer determinadas conductas. Quienes apelan a la libertad de Nabil para llevar el velo, tendrá que admitir la libertad de otras para no llevarlo o para negarse a acatar otras reglas islámicas.

  
El gesto de Nabil tiene en este caso connotaciones adicionales que tampoco pueden ignorarse. Durante décadas el velo estuvo prohibido en la televisión pública. Esa prohibición no era fruto de un consenso social, sino de la imposición por parte del poder autocrático de unas normas sobre indumentaria que, aunque puedan parecernos adecuadas porque proceden de la defensa de la laicidad, habían sido adoptadas por procedimientos autoritarios.

Una vez aceptado el principio general de libertad, ¿pueden los nuevos gestores de la televisión pública establecer que las presentadoras sigan determinadas normas de indumentaria? Claro que sí, como las establece cualquier otra televisión. El poder democrático podría, por ejemplo, decidir que los informativos de la televisión pública no pueden hacer ostentación de ninguna simbología religiosa. Por la misma razón que en nuestras televisiones públicas no se considera adecuado que una presentadora aparezca, por ejemplo, vestida de monja. La prohibición del velo sería, desde este punto de vista, una medida legítima y lógica. Pero, ¿puede considerarse el velo islámico un símbolo religioso equiparable a la cofia de una monja? De nuevo aquí surgen dificultades. Ciertamente el velo tiene una connotación religiosa. Pero es también un símbolo de identidad cultural. No todas las mujeres que llevan velo son extremistas islámicas.

En una sociedad culturalmente homogénea no resulta muy difícil establecer unas reglas indumentarias que puedan ser ampliamente aceptadas. Pero en Egipto, la sociedad no es homogénea. De hecho está profundamente escindida. Muchas mujeres llevan un estilo de vida completamente occidental, pero muchas otras siguen aferradas a las formas tradicionales, en algunos casos por un fuerte condicionamiento religioso, en otros por simple inercia cultural. Si, como aquí, se pretende que las presentadoras vistan de acuerdo con lo que se considera que es la sensibilidad mayoritaria, difícilmente puede justificarse la prohibición del velo. De hecho, parece que son más las mujeres que usan velo que las que no lo usan, y eso después de décadas de campaña oficial para erradicarlo. En este caso, parece que lo sensato es pues volver al principio: dejar que las mujeres elijan. Así se protege la libertad de todas.

La libertad recién conquistada es un bien todavía muy frágil en Egipto. Y las mujeres están en el centro de todas las tensiones que se derivan de los cambios propiciados por la primavera árabe. 
La tensión que produce la dualidad  en que vive la sociedad egipcia, y particularmente sus mujeres, aparece muy bien reflejada en una película, "Mujeres de El Cairo", que les recomiendo si quieren profundizar en este asunto. En esta película Yousry Nasrallah ha ido al núcleo mismo del conflicto entre modernidad y tradición, entre autoritarismo y libertad, para mostrar que no siempre las cosas son como parecen. Que bajo la modernidad, se oculta a veces mucha violencia y mucha opresión, y bajo el velo, grandes ansias de libertad. Cuenta la historia de una presentadora de televisión, una periodista de éxito, moderna y atrevida, que conduce un programa de debate político. Tras ser “invitada” por el poder autocrático a rebajar el nivel de controversia y ocuparse de temas más amables, decide explicar solo historias de mujeres.

Y resulta que esas historias acaban siendo una bomba política.

Ilustración: fotograma de la película "Mujeres de El Cairo". Debajo, imagen de Fatma Nabil presentando el telediairo.

 

¿Hay que ir siempre tan deprisa?

Ser los primeros, ir más rápido, Just in time... la cultura de la urgencia lo impregna todo. CNN y Fox News se equivocan en directo.

La rapidez se ha incrustado en nuestra cultura y cada vez nos tiene más acelerados. ¿Es necesario ir siempre tan rápido? En absoluto, pero lo hacemos, incluso cuando no es necesario. La velocidad no solo se ha convertido en el principal elemento de competencia en gran parte de la organización productiva, sino que está colonizando también las relaciones personales.

El Just in time se ha impuesto como un modo de organizar la producción más eficiente. Significa trabajar sobre pedido, es decir, producir únicamente aquello que se necesita, en la cantidad justa y el momento preciso. Este sistema, conocido también como método Toyota, procede de Japón y evita gastar recursos en almacenamiento y distribución, además de posibles pérdidas por obsolescencia. Pero requiere tener una organización muy ágil, muy rápida, capaz de responder con celeridad a las demandas de los clientes. Y muy flexible, lo cual exige poder tomar mano de obra o prescindir de ella en función de la demanda. Este método se vendió en las escuelas de negocios como una fórmula para aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la competitividad, pero en la práctica lo que consigue es aumentar la cuenta del resultado a costa de la seguridad y el confort de quienes trabajan en esa organización.

Una organización acelerada, volcada en el instante, ¿no es también una organización más estresada? Seguro que sí. El sociólogo francés Daniel Cohen ya explicó en su libro “Nuestros tiempos  modernos” (Tusquets, 2001) cómo el estrés se ha convertido en la enfermedad laboral de nuestro tiempo, como la silicosis, causada por la entrada de polvo en los pulmones, lo fue de la industrialización. Y además de patológica, ¿no puede resulta a la larga también menos creativa y por lo tanto menos competitiva? Algunos especialistas así lo creen. “Trabajar lento nos hace más productivos”, era el título de un artículo publicado hace unos días por la revista Time. Estar permanentemente volcados en el instante, sin tiempo para respirar, impide pensar en el largo plazo. Nos convierte en piezas de un mecano articulado que funciona muy bien, pero sin capacidad para crear, para innovar. Hay que tener una cierta calma para poder trabajar con cierta perspectiva. Como todo, la cuestión está en la dosis de cada elemento.

Una de las organizaciones que más sufre la tiranía de urgencia es precisamente la periodística. La rapidez ha sido siempre un elemento central de la competencia entre medios. Ser el primero en dar una noticia ha sido y sigue siendo la principal ambición de un buen periódico. Cuando Paul Reuter fundó la agencia Reuters, no dudó en recurrir a las palomas mensajeras para llevar información de Aquisgrán a Bruselas, porque iban más rápidas que el tren, y solo prescindió de ellas en 1851 cuando pudo sustituirlas por una línea de telégrafo. Ahora, las tecnologías de la comunicación permiten transmitir cualquier acontecimiento en director y han exacerbado la importancia de la velocidad en la competencia entre los medios.

 ¿Tan importante es ser los primeros en dar una noticia que de todos modos todo el mundo conocerá en unos minutos?, se pregunta Anne Sullivan a propósito del fiasco en el que cayeron la cadena de televisión CNN y Fox News el pasado 28 de junio al informar sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la reforma sanitaria de Obama. Los editores creen que sí, pero algunos analistas de la comunicación se atreven a cuestionarlo.

¿Quién le obligaba a la CNN a transmitir en directo el cotenido de la sentencia…sin haberla leído antes detenidamente? Nadie. Y sin embargo lo hizo y eso dio lugar a uno de los errores más sonados de la historia de esta cadena, pues durante unos largos minutos estuvo transmitiendo que el alto tribunal había anulado la ley, cuando era lo contrario, la había ratificado. El contagio de la CNN y el propio deseo indujeron en mismo error en Fox News, que incluso llegó a decir en directo que la sentencia era un golpe mortal para Obama.

A la ansiedad de ser los primeros se unió en este caso el efecto potenciador de ese motor de aceleración que se llama Twitter. La propia cadena tuiteó el error. Solo fueron unos minutos, pero la falsa noticia tuvo tiempo de recorrer un largo trecho y contaminar además a otros medios antes de ser corregida. Esta red social se ha convertido en el símbolo de la aceleración de los tiempos que vivimos. A la capacidad de transmitir de forma rápida y progresión exponencial una especie de concentrado de actualidad versátil y siempre cambiante, se une la simplificación de los mensajes. Twitter consagra la cultura de la compresión máxima: todo en 140 caracteres, es decir, un titular y a lo sumo, un enlace.  Y se está convirtiendo en un gran potenciador de la ansiedad. A diferencia de quienes cultivan el más reposado Facebook, los adictos a Twitter, que los hay, sufren mucho: ¿Me habré perdido algo en estas dos horas que no he estado conectado?

La cultura de la rapidez tiende a impregnarlo todo. Y puede convertirse en una tiranía. Por ejemplo, nadie esperaba antes de Internet que se le contestara una carta en menos de dos días. A vuelta de correo, era ya una respuesta inmediata, pero el correo tardaba su tiempo. Ahora, muchos consideran una descortesía que no se responda a su correo inmediatamente. Y no digamos ya si el mensaje llega por WhatsApp. Pero eso no siempre es posible. Precisamente por la facilidad que hoy tenemos para enviar y recibir mensajes, el volumen que adquiere la correspondencia puede llegar a ser en algunos casos inmanejable. Es muy frecuente que alguien se sorprenda, o incluso se moleste, si no recibe una respuesta inmediata. Pero esperar una respuesta inmediata independientemente de la urgencia del asunto implica creer que uno es tan importante que el otro ha de dejar cualquier cosa que esté haciendo para atenderle. O que cualquier asunto propio ha de pasar por delante del de los demás. Y tampoco es eso.

Como siempre, habrá que encontrar un punto de equilibrio.

Ilustración de Marcos Bolfagón