Soluciones de costa para la crisis

Al principio la crisis era una oportunidad para apuntar hacia un nuevo modelo. Con el pacto fiscal bajo el brazo, fuimos los primeros de España en fustigarnos con ramas de abedul antes de meternos en la sauna de la austeridad regentada por CiU. Íbamos al sufrimiento con la convicción de alcanzar la vida eterna. Estábamos destinados a ser ejemplo en la Europa de la troika. Cataluña sería el paradigma, la guía del recorte y el control de déficit. De momento nos hemos quedado en la primera fase: estado ascético al borde de la muerte por inanición. Expectativas, hechos y decisiones tomadas están tan fatalmente dispuestas que condenan a nuestras almas a vagar para siempre.
    No hay signos alentadores ni atisbo de reformas en profundidad. Políticamente, no se negocia más allá de la flexibilización del déficit. Y, en lo inmediato, los planes de choque de la Generalitat contra la pobreza, el paro y para facilitar vivienda son meramente publicitarios, cuando no inoperantes. Las soluciones milagrosas vienen de la mano de arcángeles del tamaño de Enrique Bañuelos, que está construyendo -el proyecto tiene medio año recién cumplido- por encargo de la Generalitat Barcelona World, el gran casino de consolación frente a Port Aventura. La elección llegó después y como respuesta a que Sheldon Adelson decidiera levantar el becerro de oro de Eurovegas a Madrid. Bañuelos, un icono del boom del ladrillo, conocido por su reputada afición al cemento a lo largo de la costa mediterránea, fue el ungido para conducir el gran proyecto catalán. Sus antecedentes como gran vaciador de la burbuja inmobiliaria valenciana no amilanó al Gobierno catalán, que le ofreció otra oportunidad con la construcción de seis parques temáticos y otros tantos casinos frente a Port Aventura por 4.500 millones de euros. Se trata de un proyecto en el que pocos -excepto el Gobierno de la Generalitat- creen. Y es que la costa siempre ha sido tierra de comercio y oportunidades. Porque Barcelona World limita al norte con los amigos rusos de Lloret de Mar. Ahí está Petrov, con sus patrocinios e inversiones, siendo partícipe del crecimiento catalán con presunta ayuda del ayuntamiento de la localidad.
    Pero, con todo, la Costa Daurada es el filón fundamental. La leve metáfora es el comienzo del desembarco de una alegre tropa de 9.500 jóvenes estos días en Salou -distinguida con la etiqueta de turismo familiar- para participar en actividades deportivas. Proceden de universidades de Inglaterra, Escocia y Gales y solo con verlos bajar del autocar con sus atuendos se intuye lo reñida que va a ser la competición: por 230 euros, la gran mayoría va intentar pillar la mayor cogorza jamás vista. Hasta para las autoridades turísticas catalanas el concepto de familia (turística) está cambiando a marchas forzadas. Solo hay que prestar atención a las universitarias disfrazadas de conejitas de play boy que deambulan zigzagueantes por las calles de Salou. O los jóvenes ataviados de superhéroes orinando en las esquinas de la localidad costera.
    Aunque, para no faltar a la verdad, hay que subrayar que este año, a los 9.500 deportistas procedentes de la Gran Bretaña se les ha ampliado el campo de acción: podrán participar por vez primera en pruebas de equitación y de balonmano. Y es que lo importante es empezar la casa por sus cimientos éticos: casinos, fiestas etílicas o blanqueadores rusos.
    Nuestro particular concepto de moralidad consiste en aplicar mano dura y ordenanzas de civismo a los conciudadanos y en ser indulgentes con los turistas. Quizás pensando en evitar futuros desmadres, estos días el Museo Británico está repartiendo notas de advertencia a los padres o tutores sobre algunas escenas de sexo explícito que brinda la exposición Vida y muerte en Pompeya y Herculano. El dios Pan fornicando con una cabra es una escultura que puede herir la sensibilidad de los menores visitantes. No vaya a ser que, cuando los pequeños lleguen a los estudios universitarios, recreen algún cuadro escénico similar en las pruebas atléticas de Saloufest, en esa Cataluña de ética instrumental.

Dimitir, no delegar

La moda en las formaciones catalanas mayoritarias consiste en que los imputados dimitan temporalmente de sus puestos en el partido, pero no de sus cargos de representación democrática. En estos momentos, en el Parlamento de Cataluña hay cuatro diputados sometidos a procedimientos judiciales:  tres de CiU y uno del PSC. Pues bien ninguno de ellos ha dejado su acta. El objetivo es que, si se demuestra su inocencia,  les sean restituidos galones y charreteras y puedan así volver por la puerta grande a sus puestos orgánicos. El máximo riesgo que corren es dejar temporalmente su cargo en el partido, una medida tal vez pensada en clave corporativa para prevenir que la maquinaria se contagie y propiciar así una larga vida al aparato... Es un sarcasmo que en Cataluña, donde cada día hay 89 parados más, los políticos se sometan a ese régimen especial que les preserva del frío exterior. La reforma laboral, aprobada con los votos de PP y CiU, contempla la modalidad de despido disciplinario que el empresario puede aplicar, entre otras muchas cosas, por  transgresión de la buena fe contractual. Tal vez algunos diputados deberían probar su propia medicina y aceptar honestamente el despido por faltar al contrato con la ciudadanía,  con sus votantes.

         En plena crisis económica, con unos recortes que este año –de no mediar nuevo reparto del déficit-  supondrán para la sociedad catalana 4.400 millones de euros, es una vergüenza que algunos políticos se aferren a las ubres del cargo público.  CiU además arrastra un notable sobrepeso de corrupción: CDC tiene la sede embargada por el caso Palau;  la cárcel persigue a los condenados por el caso Pallerols (Unió); Xavier Crespo (CDC) tiene  supuestos  vínculos con la mafia rusa; Ferran Falcó (CDC) infló presuntamente los presupuestos de remodelación de barrios que ejecutaba la empresa pública Adigsa. Y todo eso sin contar con esa caja de sorpresas judiciales que es la Diputación de Barcelona. También en el campo socialista, Daniel Fernández sigue siendo diputado autonómico, en aplicación de esa doctrina de “delegación temporal” para imputados que tanto parece gustar a socialistas y convergentes.

    La imputación de Oriol Pujol llega dos semanas después de que Artur Mas haya propuesto un pacto anticorrupción, cuyo alcance gallináceo -consiste en mantener a los imputados-  a la vista está. Los motivos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha decidido imputar a Oriol Pujol no son baladíes: el tribunal ve serios indicios de que Pujol se valió de su “peso político” para lucrarse y beneficiar a empresarios amigos con la concesión de Inspecciones Técnicas de Vehículos. La situación demanda ejemplaridad para todos: empezando por quienes la piden desde la tribuna del poder democrático. Los imputados deben dimitir de todos sus cargos, no “delegar temporalmente” de los que tienen en el partido.

 

Imputados en un mundo feliz

Las 50 medidas  contra la corrupción presentadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sostienen que un político imputado no debe dejar ni cargos ni complementos salariales hasta que el juez le siente en el banquillo. Entonces, adiós  pluses. Aunque los podría recuperar si es declarado inocente. Desde hace años, el artículo 18 del reglamento del Parlament ofrece la posibilidad de suspender de empleo y sueldo a un diputado en caso de que algún grupo parlamentario lo solicite y la Cámara lo apruebe por mayoría absoluta. Pero nunca nadie ha pedido la aplicación de esta drástica medida, actuación que permite extender sin sombra de demagogia la sospecha de corporativismo.

La Cataluña de la reforma laboral, y los recortes sanitarios y educativos asiste perpleja a esta ceremonia anticorrupción, oficiada por el presidente de la Generalitat, que parece más bien un autoblindaje de la cúpula del poder político. Las 50 medidas de Artur Mas están llenas de buenas intenciones y de prevenciones, pero ya no sirven. La ciudadanía pide ejemplaridad y no medias tintas en una sociedad que ya solo sabe de blanco y negro. La situación ha llegado a tal punto de gravedad que se trata de reformar la ley de partidos, la ley electoral (que Cataluña nunca ha tenido) y abandonar la práctica de que las instituciones de control funcionen como meras correas de transmisión de los partidos. No se precisa un auditor por partido en la Sindicatura de Cuentas: se necesita fiscalizar a conciencia la administración y no ocultar o desestimar informes con el mero afán de proteger a la partitocracia. En la moderna reforma laboral, aprobada con los votos de PP y CiU, existe la modalidad de despido disciplinario que el empresario puede aplicar por faltas reiteradas e injustificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina, desobediencia, transgresión de la buena fe contractual; disminución del rendimiento en el trabajo… En fin, el catálogo es amplio, generoso para facilitar y abaratar el despido sin generar un solo empleo. 

Los salarios de los políticos, dicen, son bajos. Si se dedicaran al sector privado ganarían más. Tal vez. Pero ahí va un ejemplo que apunta en otra dirección: una notable relación de concejales barceloneses y del área metropolitana cobran más de 10.000 euros brutos al mes. Este diario ha ofrecido recientemente los salarios y pluses de los ediles cienmileuristas. El alcalde de París percibe 8.500 euros brutos al mes (sin pagas extras ni pluses). IESE ha cuantificado el sueldo medio anual  de un trabajador francés en 32.800 euros, 11.000 euros más que uno español, que percibe 21.500 euros.

Los datos son fríos y las medidas a tomar serias. Aunque tal vez a algún político se deje  aconsejar por la lectura de Un Mundo feliz y proyecte el reparto de soma entre la ciudadanía. Un gramo de soma, según Aldous Huxley, cura diez sentimientos melancólicos y  tiene las ventajas del cristianismo y del alcohol  sin ninguno de sus efectos secundarios. Y sobre todo, mantiene la estabilidad en Tecnópolis… Y la tranquilidad en sus gobernantes. Imputados en un mundo feliz.

Aperitivo anticorrupción

La iniciativa de convocar una cumbre anticorrupción en Cataluña llega tarde, mal y,lo que es peor, sin la más mínima esperanza de buscar una salida decente a la lacra que atenaza a las cúpulas de los principales partidos y provoca cabreo en una ciudadanía acogotada por la austeridad.  

    La petición de imputación del secretario general de Convergència, Oriol Pujol,  la que pesa sobre el también diputado de CiU Xavier Crespo, la del alcalde de Sabadell,  Manuel Bustos (PSC), es un amplio prólogo que permitiría que los dos hasta hace poco principales partidos catalanes dieran un paso al frente predicando con el ejemplo. Pero, al parecer, prefieren que todo quede en vacua, en echarse mutuamente la culpa del mal primigenio. Ni rastro de asunción de los errores propios.

    La ruptura del pacto entre PP y CiU en la Diputación de Barcelona ha hecho pasar a segundo plano una noticia de primer orden: el presidente del ente provincial, Salvador Esteve,  ha decidido nombrar vicepresidente primero a Ferran Civil (CiU), alcalde de Cercs (Berguedà) imputado en tres causas judiciales. Civil está acusado de presuntos delitos  urbanísticos  y prevaricación. La Diputación de Barcelona hace de esta manera su aportación a la lucha contra la corrupción.  El ente provincial tiene un largo historial de consenso partitocrático, de generosidad entre formaciones políticas a la hora de repartir la tarta del número de liberados a quienes dar una plaza de asesores conm cargo al erario público. También muestra la  franca camaradería existente entre los partidos, lo que se manifiesta en el hecho de que la Diputación casi siempre ha sido elegido sin un solo voto en contra. Por eso pertenecer a tan selecto club es algo apetecible para cualquier político que aspire a vivir un retiro anticipado cobrando sueldo de trabajador en activo.

    A principios del año pasado Josep Maria Matas, coordinador general de la Diputación de Barcelona, presentó su dimisión tras ser imputado al conocerse a través de este diario que su empresa había facturado 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), de cuya dirección formaba parte. A los pocos días, Esteve decidió designar a Josep Tous. Apenas habían dos semanas  cuando, el día en que debía ser ratificado, el número dos in pectore fue detenido por su supuesta participación  en la trama para amañar concesiones de ITV en Cataluña.

    Ahora el concurso de despropósitos llega a su cima con la designación del alcalde de Cercs como vicepresidente primero de la Diputación. Un buen aperitivo para una operación de envergadura contra la corrupción.

En la imagen, Ferran Civil, Salvador Esteve y Joan Carles Garcia en un acto de la Diputación de Barcelona. DIBA

Políticos antisistema

 

El Parlament finalmente va a investigar las supuestas irregularidades en la sanidad pública catalana. Al Partit dels Socialistes le ha costado decidirse, pero ha optado por hacer algo más que vagas declaraciones de principios sobre la transparencia. CiU asegura que no la va a torpedear. Pero no faltan agoreros –de todos los colores políticos- que opinan que tanto esta comisión como la que investigará las cajas de ahorro se convertirán en un pim-pam-pum político con escasos resultados.  

    ¿Tienen o no utilidad las comisiones de investigación? ¿Por qué este tipo de instrumentos chocan con el criterio de algunos políticos con experiencia, que dudan de su eficacia? En primer lugar, las comisiones, aunque respondan al juego de las mayorías parlamentarias, permiten que trasciendan datos que la ciudadanía ignora y que tiene derecho a conocer. En segundo lugar, los políticos que desconfían de ellas caerían en la categoría de antisistema, pues descalifican una herramienta perfectible pero de calado democrático. Es cierto que los comparecientes no están obligados a jurar decir la verdad ni siquiera a responder. Tal vez  ha llegado el momento de plantear el cambio. Pero mientras se persigue la perfección, tal vez convendría abonar el posibilismo y que algunos parlamentarios se afanasen en lograr una mayor profesionalidad y preparación. Sencillamente, para cumplir con su deber. El 13 de agosto de 2007 el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, compareció ante el Parlament, que investigaba el gran apagón del 23 de julio de ese año, que dejó a más de 300.000 abonados sin servicio. Los profesionales del parlamentarismo fueron incapaces de plantear un ejercicio dialéctico eficaz ante Pizarro, que impuso de manera aplastante su argumentación en la Cámara catalana.

    Quizás el problema es que algunos se empeñan en convertir las comisiones de investigación en una suerte de juegos florales. Se limitan a recitar de memoria el guion del partido sin el más mínimo trabajo de fondo. Hay tan honradas como singulares excepciones. El republicano Pere Bosch, por ejemplo, trabajó en profundidad la documentación y brilló en su labor parlamentaria durante la comisión que en 2010 abordó el caso Palau.

    En la sanidad catalana están por investigar muchos asuntos. ¿Por qué Josep Prat, presidente del ICS, pagó a través de Innova 700.000 euros “injustificados” al exdirector del CatSalut Carles Manté, según una auditoría en marcha? ¿Por qué una filial de los hospitales de Blanes y Calella, dirigida por el diputado de CiU Xavier Crespo, gastó 1,3 millones de euros sin justificar, según una auditoría rechazada por el pleno de  la Sindicatura de Cuentas?  ¿Por qué, de acuerdo con una querella interpuesta por una médico, el hospital de Sant Pau efectuó pagos irregulares y favores políticos, cayó en sobrecostes e hizo adjudicaciones sin concurso?  ¿Cuál fue el mecanismo por el que el empresario Ramon Bagó obtuvo decenas de millones de euros en contratos para sus empresas a través de hospitales gestionados por un organismo público que él dirigía? ¿Cómo Josep Prat, director general de Innova, cobraba 280.000 euros al año y simultaneaba este cargo con la presidencia del ICS y la vicepresidencia del grupo hospitalario privado USP?

    Estas son algunas ideas de las que ha informado ampliamente EL PAÍS. Son un punto de partida para comenzar a trabajar. Hay que ponerle ganas para buscar y encontrar, además de la verdad, la complicidad de una sociedad castigada y recortada por la crisis. En beneficio de las instituciones, del sistema parlamentario y de la ciudadanía.

La prima y el pacto fiscal

"Elegí un mal día para hablar del pacto fiscal", debió pensar el miércoles por la mañana Artur Mas. La prima de riesgo de la deuda española alcanzó los 540 puntos, atizada por la opacidad del  rescate de Bankia –más de un 2% del PIB español- , y los partidos catalanes hablando de la financiación autonómica. Como le sucedía a Lloyd Bridges en el film Aterriza como puedas, el día elegido era malo para todo: para dejar de fumar, de beber o de esnifar pegamento. Pero contra viento y marea, los representantes de los partidos desafiando las inclementes condiciones objetivas se enclaustraron para hablar de la futura financiación de Cataluña. Durante tres horas el Salón Torres-Garcia del Palau de la Generalitat se convirtió en una suerte de cápsula ingrávida.

    El pacto fiscal, que durante un par de años ha debido competir para robar titulares a las recetas de recortes y austeridad, se las ha tenido que acabar viendo el día de su alumbramiento colectivo en sociedad con el momento más crítico de la crisis. Con la deuda catalana reducida a bono basura, la Generalitat solo tiene el recurso a un  Estado en momentos bajos. Y es que, al margen de la justicia que encierra la reivindicación del pacto fiscal, hasta que las aguas de la crisis no se apacigüen  va a resultar difícil huir del camarote si el barco naufraga.

            CiU y la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas pretenden que, con el pacto fiscal, el déficit pase del 8% al 4%, pero eso, por sí mismo, no da una salida a la situación. La propuesta estatutaria de Antoni Castells era inteligente en el sentido de que vinculaba la mejora de la financiación con las inversiones del Estado en Cataluña. Pero el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno central –tanto por parte del PSOE como del PP- de lo establecido en la adicional tercera del Estatuto ha convertido en agua de borrajas ese buen propósito. Y, por añadidura,  inmersos en la crisis, todo se antoja más difícil. Los partidos catalanes, sin embargo,  han aprendido las lecciones de lo que el democristiano Josep Antoni Duran Lleida denominó  “vía crucis del Estatuto”. Todo va a encararse en dos meses, no en dos años y el frente debe ser lo más amplio posible, evitando las negociaciones a traición que tanto abundaron durante la negociación del Estatuto catalán.

           Ahora los dos primeros partidos catalanes –CiU y PSC- no deben competir por entenderse con el Gobierno central, porque al otro lado de la mesa el negociador es el PP. Los populares, que han contado con el apoyo de CiU en sus proyectos legislativos estrella,  no van a volver a la política de tierra quemada que practicaron con tan buenos resultados con su campaña anti estatutaria fuera de Cataluña. La clave del éxito está en el consenso lo más amplio posible y en que su planteamiento no se circunscriba a una mera política de gesticulación soberanista. La carta de navegación hacia el pacto fiscal solo tiene sentido si se orienta hacia una política de cohesión social y de crecimiento. Y desde luego hacia la salida de la crisis española y europea.

Sin ética ni ejemplaridad

“Contento, tranquilo y encantado”. Así está Xavier Solà, número dos del Departamento de Cultura de la Generalitat, porque la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar  sus negocios a lo largo de una década con la Asociación Catalana de  Municipios (ACM) y de los que  EL PAÍS ha dado cuenta.Su superior, el consejero Ferran Mascarell, ha decidido mantenerlo en el cargo porque realiza una buena gestión en el Departamento de Cultura, aunque considera “reprobable” su actuación pasada.

    Solà, en su “pasado reprobable”, dejó una operación fallida de 630.000 euros con cargo a la ACM, es decir, al erario público. Procomu -empresa de la que era socio y con la que gestionó la brillante maniobra-  ingresó 55.000 euros mientras él era accionista. Solà también cobró 193.000 euros  por la redacción normativa  de un catálogo de masías.  Lo hizo girando 65 facturas a través de una empresa pantalla que compró y en la que él no aparecía como socio. “No es inmoral hacerlo”, argumentó. Todo, todo el dinero “moral” era público, procedente de los ayuntamientos catalanes.

    Solà ya compareció ante el Parlament el miércoles santo -día que en las iglesias católicas se lee el evangelio de Mateo sobre la traición de Judas- para decir que se sentía víctima de “una persecución”.  “Me han tenido que poner vigilancia por la presión que he tenido”, se lamentó. Recordó su juventud humilde, cuando vivió en casa de una tía monja  en Cornellà de Llobregat e hizo el primer sueldo gracias a sus habilidades musicales en bodas, bautizos y comuniones. A su partido, Convergència, le convenció la partitura con estribillo de pretensiones dickensianas: Solà estuvo arropado en la Cámara por el propio consejero y por el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que tan buenos servicios hizo a la democracia cuando investigó los informes inútiles encargados por el Tripartito. Ahora,  Convergència considera que no hay que exigir responsabilidades, basta con aplicar el corporativismo de partido y salvar al compañero atacado por la prensa inquisitorial.

    El saldo que arroja todo el historial de Solà hace muy poco en favor de la ejemplaridad. Ni el propio Solà se ha atrevido a opinar al respecto. No quiere pronunciarse sobre si su comportamiento ha sido ético y no es difícil comprender el porqué. Él dice que todo fue legal. Puede que lo sea. La fiscalía, de momento, lo pone en duda. Y la sociedad  percibe la imagen de un político con un pasado de negocios más que sospechosos con el dinero público, que ahora se  aferra al cargo protegido por su partido y su consejero.

Soberanismo impreciso

 

Convergència afila sus herramientas dialécticas para ofrecer su mejor perfil nacionalista. Vela armas para que el Congreso de Reus proyecte a la sociedad catalana una  imagen de fuerza batalladora en pos de la soberanía plena. Aunque solo un 11% de las enmiendas presentadas al congreso del fin de semana hace hincapié en las bondades del independentismo, el 71% de los delegados pide para Cataluña un estado propio. Y  esa va a ser la sustancia base que los dirigentes de CDC administrarán en el cónclave de Reus hasta lograr la mezcla perfecta: un soberanismo tan exitoso como polisémico y de contornos imprecisos. El crescendo nacionalista va a ser ensordecedor, tanto por el ruido interno como por el externo. El congreso convergente llega arropado por una buena banda sonora. Cierta prensa conservadora se empecina en remachar el clavo de que el Gobierno de Artur Mas conduce el país hacia la independencia. Uno de los motivos esgrimidos por los apologetas de la enosis a ultranza es la famosa ley consultas, bajo la que se pretende preguntar sobre ese primer peldaño de la transición nacional: el pacto fiscal. La ley está actualmente en trámite en Parlamento catalán gracias a la luz verde obtenida de los grandes partidos, incluido en PP.

    Así las cosas, el debate nacionalista instrumentado corre el riesgo de convertirse en una comedia de enredo, en la que un cúmulo de malos entendidos y medias verdades cree situaciones surrealistas. Mientras la delegada del Gobierno da órdenes para que la Policía Nacional y la Guardia Civil se aseguren de que la bandera española ondea en todos los ayuntamientos, el Ejecutivo catalán garantiza asesoramiento jurídico a los municipios que se apunten al desafío y decidan descolgar la rojigualda. Ese lance de capa y espada llena periódicos y  webs. Sus promotores anuncian que el eje derecha-izquierda ha fallecido en beneficio de la antinomia catalanismo-españolismo. Mientras, el PP se presta a pactar con CiU  los presupuestos de la Generalitat, con sus recortes y sus  leyes de acompañamiento. Y Convergència apoya la reforma laboral del Partido Popular y pone ojos interesantes ante la posibilidad de pactar las cuentas del Estado para 2012. Del congreso de Reus saldrá una CDC mucho más soberanista que, en el día a día, seguirá siendo sostén legitimador del PP en el Congreso de los Diputados, mientras que los populares continuarán dando apoyo al Gobierno catalán. El último episodio es el acuerdo al que han llegado CiU y PP para gobernar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. CiU la presidirá y el PP ocupará la vicepresidencia del ente, lo que en palabras pronunciadas hace unos días por Artur Mas en Bruselas, es un elemento “normalizador” para el partido de Mariano Rajoy en Cataluña. Mientras los símbolos chocan, los hechos unen. ¿Hasta cuándo?

Facturas que paga el dinero público

 

Nueve días de baja discontinua en un mes son motivo de despido. Un empresario –aduciendo productividad- puede reducir unilateralmente el salario marcado por el convenio. La autorización administrativa en los despidos colectivos ya no es necesaria. Parece que en el mundo real las cosas se están poniendo muy duras para los mortales que más abundan: los asalariados. Europa pide austeridad y PP y CiU aprueban la reforma laboral que obliga a un acto de fe equiparable al que llevó al martirio a los hermanos Macabeos.

    El sacrificio afecta a los hombres y mujeres de la calle, a la gente corriente. Otros están  au-dessus de la mêlée de estas contingencias. Su libérrima interpretación de la ética y la legalidad  hace sonrojar a la ciudadanía, que ve como trabajos de dudosa utilidad o quizás inexistentes se pagan con gran ligereza con cargo al erario público. El último episodio que ha puesto a prueba la capacidad de aguante de la opinión pública es el del actual secretario general del Departamento de Cultura de la Generalitat, Xavier Solà, del que ha informado este diario en los últimos días. 

    Según la interpretación que se hace desde la cúpula de su partido, Convergència, no habría  ninguna irregularidad en cobrar 50.000 euros en dinero público de la asociación que diriges por un encargo que ha hecho otra entidad en cuya cúpula te encuentras. Tampoco pasa nada si 15 días después de comprar una empresa giras 65 facturas por 193.000 euros por el encargo de un proyecto que habías impulsado años antes desde  otra entidad  que dirigías. Es irrelevante si estas facturas se parecen como dos gotas de agua a otras giradas un año antes. Todo esto se sitúa en “el marco de la legalidad”.

    Así lo dejó claro el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs: “El juicio se tiene que situar desde el punto de vista de si se observa o no la legalidad y creemos que en este caso se ha observado la legalidad”.  En ese concepto tan amplio de legalidad llueve sobre mojado. Ya sucedió otro tanto con el caso también desvelado por este diario del  ex coordinador general de la Diputación, Josep Maria Matas, cuyas empresas facturaron más de 900.000 euros a la entidad municipalista de la que era secretario general, la Asociación Catalana de Municipios. Al poco de aparecer estas informaciones, a finales de febrero, fue relevado del cargo.

    La impresión, la triste impresión, es que las cúpulas de algunos partidos esperan saber la cantidad y el calado de la información que tiene un medio de comunicación para tomar decisiones sobre si deben o no  destituir  a un personaje de escasa ética; preocupa más el "traidor" interno -el garganta profunda- que la transparencia hacia los ciudadanos;  enoja más que la información salga de su fortaleza que el uso indebido de fondos públicos, esos que son de todos. Estamos condenados a que algunos, ante la escasez de virtudes propias, presenten como propia la implacable austeridad que aplican al prójimo.

La policía y la ley

 

Woody Allen en uno de los diálogos cinematográficos en los que trata de seducir de Diane Keaton sintetiza de esta forma su enfrentamiento con los que califica de “dos matones”: “A uno le dí con la barbilla en la rodilla; al otro con mi estómago en su puño”. Bien, pues esa es la impresión que se puede sacar de las cargas policiales tanto contra los indignados de en la plaza de Catalunya de Barcelona en mayo del año pasado como de lo sucedido estos días en Valencia. Los manifestantes golpearon con la barbilla contra las rodillas de los agentes y con los estómagos sobre sus indefensos puños.

    En Barcelona, a pesar de la literatura generada por el consejero de Interior Felip Puig, las imágenes de indignados golpeando a los agentes no se han visto. Los mossos  el  27 de mayo del año pasado actuaron, según el juez que investiga el caso, de forma "vejatoria, intimidatoria y amenanzante"- Además no llevaban su obligatorio número indentificación a la vista. En perfecta coordinación entre cuerpos, en Valencia las efectivos de la Policía Nacional que cargaron contra los estudiantes de secundaria tampoco iban identficados, pero, eso sí, han logrado hacerse con un arma que atesoraba, según el jefe superior de policía,  “el enemigo” : “una piedra, plana, hexagonal y negra”.

    Armas de destrucción masiva al margen, la lamentable actuación policial en las calles de la capital del Turia ha evidenciado el poder del corporativismo. Solo de esta manera puede entenderse que el Sindicato Unificado de Policía tachara el martes 21 de este mes de “cobarde” y “moralmente miserable” al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Minutos antes, el ministro había asegurado a Catalunya Ràdio que abriría una investigación por si se había producido “algún exceso” en la actuación policial. Luego Fernández Díaz rectificó y dijo que los “excesos” se referían a los radicales y no a las fuerzas del orden.

      El peso del corporativismo policial se impone a la autoridad democrática que en realidad no pasa de ser, a ojos del eterno funcionariado rancio, un mero interinato. Produce sonrojo que un ministro deba rectificar de manera tan humillante, pero claro ahí el poder político debería preguntarse por qué sus actuaciones, más que defender a la ciudadanía, tienden a contentar a la corporación.  Apenas ha pasado una semana desde que el Gobierno central decidiera indultar a cinco mossos d’esquadra condenados por torturas en sentencia firme por el Tribunal Supremo. Los cinco agentes confundieron el 27 de julio de 2006  al ciudadano rumano Lucian Paduraru con el autor de un robo violento. Sin identificarse como policías, los mossos en cuestión le propinaron una paliza, le amenazaron de muerte y en el traslado a comisaría le introdujeron una pistola en la boca. El detenido iba acompañado de su mujer, embarazada, que también sufrió un trato degradante. Pues bien, los apoyos recibidos de políticos y compañeros del cuerpo y una “investigación” aportada por el Ministerio de Interior y la Generalitat después de la sentencia del Supremo movieron al Gobierno a mostrar su clemencia. La generosidad del Ejecutivo central permitirá que los agentes reingresen en el cuerpo y no pasen por el engorro de estar en la cárcel, burlando así la sentencia judicial.

      El trabajo de policía no es fácil. Es peligroso y requiere entrega. Pero en manos de las fuerzas del orden la sociedad deposita el monopolio de la violencia y, por tanto, la transparencia debe estar a la altura del encargo. Convertir la arbitrariedad en norma es situar a una casta por encima del imperio de la ley.