La traca del pacto fiscal

Cada campaña electoral tiene sus grandes momentos estelares. Priman los fuegos de artificio sobre el contenido. Luego hay quien se extraña de que la fe de la ciudadanía en la política y en los políticos esté bajo cero. El caso que nos ocupa es un dictamen sobre el pacto fiscal, el escenario elegido es el Parlamento de Cataluña y lo aprobado el viernes 27, un monumento a la inconcreción.

 Los votos de CiU, Esquerra y, en algunos puntos, Iniciativa-Verds han dado luz verde a lo que deben ser los pilares del anhelado concierto, pero sin concretar ni la aportación solidaria a otras comunidades ni, por supuesto, cual va a ser el cupo. De lo que se trataba era sencillamente de aprobar unos principios generales para que en plena precampaña se visualice que Convergència -que hizo del concierto su punto estrella programático el las pasadas autonómicas- trabaja para lograr esa poción mágica que va a sacar a Cataluña del pozo de la crisis. El ambiente había sido caldeado previamente, ya que  dos días antes  el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presentó su cálculo sobre el déficit fiscal catalán en 2009, que cifró en 16.500 millones de euros. La balanza fiscal mide la diferencia entre cuánto aportan los ciudadanos de un territorio al conjunto de España y cuánto reciben de la Administración central a través de servicios públicos e inversiones.

 Lo más concreto de lo aprobado por el Parlamento catalán es la petición de que la Generalitat recaude todos los impuestos. Y lo más tangible es que todos los partidos reconocen la necesidad de revisar el actual modelo. Luego se inicia la interminable carrera de obstáculos: reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que Cataluña tenga un trato tan asimétrico como el País Vasco o Navarra; elaborar una nueva ley para que una eventual consulta sobre el citado pacto fiscal no requiera la autorización del Gobierno central... Y todo ha empezado sin contar con el apoyo a la iniciativa de PSC y PP, los partidos que pueden gobernar en España.

Es cierto que el 75% de la ciudadanía catalana es partidaria de un pacto fiscal, al que ven como una forma de conseguir más fondos que permitan amortiguar los efectos de la crisis. Pero establecer una relación directa entre pacto fiscal y salida de la crisis es peligroso, sobre todo cuando el paro alcanza en Cataluña a las 742.000 personas y hay 194.000 familias con todos sus integrantes en paro. No hay pociones mágicas. En la vida real hay recortes y paro. Y los días festivos fuegos de artificio.

 

  

 

 

Recortes y sondeos

Los primeros compases de las elecciones generales se viven bajo el síndrome de la austeridad en la sociedad catalana y con síntomas de  nerviosismo en Convergència i Unió. Queda mucho tramo por recorrer, pero las encuestas no le dan a CiU los resultados acariciados. Los sondeos realizados hasta el momento, ya sean aparecidos en los medios o los efectuados por los partidos, sitúan a la federación nacionalista como segunda o tercera fuerza política. Solo las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO), dependiente de la Generalitat, presentan a los nacionalistas catalanes como claros vencedores. Pero CiU se obstina en no creer en los sondeos oficiales que le son favorables.

Los múltiples conflictos en los que ha entrado el otrora cauteloso Duran i Lleida son un exponente de esa desconfianza. El político más valorado por el electorado español se ha metido en el plazo de dos semanas en un montón de avisperos: con los obispos, el colectivo gay, los andaluces que cobran el PER, los inmigrantes e incluso en una bronca a los empresarios de Tarragona por votar popular y/o socialista. La maldición de los recortes, opinan desde CiU, lastra el crecimiento electoral de CiU, que con 10 diputados en 2004 y 2008 obtuvo sus peores resultados desde 1979. Ahora las encuestas publicadas por la prensa catalana no le hacen superar los 12 representantes.

1.600 profesores menos y 25.000 alumnos más, recortes de 70 millones de euros hasta fin de año en Sanidad; ahorro de 50 millones metiendo las tijeras en la renta mínima de inserción… No son las mejores credenciales electorales para una federación que aspira a recuperar un papel decisivo para la gobernabilidad de España.

Las encuestas a medida que encarga el Gobierno catalán dan a CiU –en intención directa, no voto ponderado- una cómoda ventaja de más de seis puntos sobre el PSC en intención directa de voto, pero también explican  –en segundas lecturas- que los ciudadanos están más preocupados por el futuro que hace un año. Y ello a pesar de que a los entrevistados por el CEO solo se les da opción entre recortar gastos (41,9%  favorables) o subir impuestos (35,1% de partidarios); los sociólogos aprecian que los tijeretazos empiezan a pasar a factura a CiU. Por eso, ahora la estrategia electoral inmediata sobre la que trabaja la federación se orienta a ocultar los recortes tanto como sea posible y, en todo caso, contraponerlos a una subida de impuestos. O buscar referentes claros como el pacto fiscal, de desconocida concreción, pero muy transversal y apreciado por el conjunto de la ciudadanía, que le da su apoyo en un 75%.

Quedan unas pocas semanas para que CiU pueda aprovechar la ocasión histórica que le brinda un PSC con más cabezas que la Hidra de Lerna y en sus horas más bajas.