Calabazas de Rajoy a Duran

Ni los versos iniciales de Espriu ni los finales de Joan Oliver han ablandado el corazón de Mariano Rajoy. Josep Antoni Duran Lleida no ha arrancado ni un solo compromiso del candidato a la presidencia del Gobierno en la primera sesión del debate de investidura. O sea que CiU lo va a tener difícil para abstenerse, a juzgar por la letra del guión que la federación nacionalista ha aplicado en los dos debates de investidura anteriores. A Zapatero le arrancó en 2008 la publicación de las balanzas fiscales y el sorprendente compromiso de un estudio para el trasvase del Ródano cuando ya estaba prácticamente ultimada la desalinizadora de Barcelona.  En 2004 Zapatero y Duran acordaron poner el contador a cero, lo que no era poco después de que el tripartito de Pasqual Maragall echara del Palau de la Generalitat a unos inquilinos que lo habitaban desde hacía 23 años.

         El pacto fiscal, defendido con pasión por el portavoz de CiU, ha chocado una y otra vez contra un Rajoy impertérrito  que ha insistido en su receta de que hay que dar prioridad al crecimiento para no socializar únicamente los  restos del naufragio. Ni una sola señal hacia el punto estrella del programa de CiU.  Duran no ha logrado del candidato más que un tímido “si lo dice la ley, lo cumpliré”, aplicado tanto al fondo de competitividad -1.450 millones- como al pago pendiente de  759 millones por inversiones previsto en la adicional tercera del Estatuto. En ese debate se ha producido la paradoja de que el Partido Popular niega ahora lo que votó estando en la oposición: los célebres 1.450 millones del citado fondo, sobre cuya legalidad duda ahora -como lo ha hecho en su réplica a Duran- el propio Rajoy.

         CiU tiene, pues, una difícil papeleta que resolver. En el Parlamento catalán depende para aprobar los presupuestos de un PP que en el Congreso cuenta con mayoría absoluta. La federación nacionalista históricamente ha preferido pactar con partidos de ámbito español, especialmente si están a los mandos del Gobierno central. Convergència i Unió, aunque siempre amaga con infidelidades con Esquerra Republicana, acaba prefiriendo el confort que le ofrecen la familia popular o la socialista. El encaje de bolillos se complica, pues, para una CiU a la que un compromiso le hubiera bastado para abstenerse. Pero, de momento, Rajoy le ha dado calabazas a Duran.

Rebajas de Navidad

El Gobierno de Artur Mas tiene sometida a la ciudadanía a un régimen de sobresaltos continuado. Un día experimenta con la conversión de los grandes hospitales públicos en empresas; otro recorta salarios o despide contratados o aplaza el 20% de la paga de Navidad a los funcionarios. El objetivo es que el déficit de la Generalitat sea del 2,66 % del PIB. En la carrera hacia la austeridad, todas las administraciones aspiran a ser ejemplo de ascetismo. Y en pleno vendaval de recortes, que los ciudadanos asumen entre la indignación y la resignación, ese camino de perfección genera conflictos propios de un Estado de las autonomías, que tiene un gasto federal y  una recaudación centralizada.

El Ejecutivo de Zapatero se despide del poder con un episodio de impago de 759 millones de euros que la Administración central adeuda a la Generalitat de Cataluña, en virtud de las inversiones pendientes en 2008, es decir, unos pagos comprometidos por el Gobierno central que avanzó el Ejecutivo catalán. En la sección 32 de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, figuran esos 759 millones junto a fondos que deben ir a parar a otras comunidades en virtud de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero la partida no se ha ejecutado. El pretexto inicialmente esgrimido por el Ministerio de Economía  es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán deja las inversiones en manos de las Cortes Generales. Pero esa explicación no debería valer, porque tanto el Congreso como el Senado dieron luz verde a la partida al aprobar la ley presupuestaria. Economía ha acabado confesando que no se ha producido la transferencia porque no es propio que la haga un gobierno en funciones. En fin, una explicación que resulta cuando menos contradictoria  habida cuenta de la que el propio Ejecutivo de Zapatero ha concedido indultos estando tan en funciones como ahora. Lo más probable es que la no transferencia obedezca a una operación para centrifugar déficit hacia las autonomías, lo que permitirá a la Administración central mostrar el tan de moda perfil franco-prusiano.

El hecho es que la crisis de tesorería de la Generalitat sumada al incumplimiento de la Administración central ha dejado a los funcionarios con el 20% de su ya recortada paga de navidad en el alero y a los proveedores del Gobierno catalán a la espera de tiempos mejores. El Ejecutivo de Mas ha decidido recurrir a los tribunales y explicar a Europa que si hay más déficit no es por culpa de la mala gestión de CiU. Embarcados en la retórica, la realidad se encarga de sumar recortes y rebajas presupuestarias. Los 200.000 empleados públicos y los proveedores sufren en carne propia la misma inseguridad de que tanto se lamenta la Generalitat. Los sindicatos han anunciado su intención de recurrir a los tribunales por esa medida de ahorro forzoso dictada por el Gobierno catalán que permite ganar tiempo y entre 100 y 200 millones de euros. Un aperitivo en comparación con esos contundentes 600 millones que la Generalitat prevé recortar de los trabajadores públicos el próximo año. Un horizonte con el palo de la austeridad como única meta es descorazonador.  El Gobierno catalán debería, más allá de Madrid no cumple, mostrar que hay vida más allá de los recortes. El Ejecutivo de Mas tendría que mostrar la hoja de ruta completa: qué recortes y hasta dónde para llegar a qué.  De otra manera caerá la sombra de la sospecha sobre si la salida a tanto recorte es únicamente es ese punto que figura en el programa de CiU y que se llama pacto fiscal.

La apuesta digital de EL PAÍS Cataluña

EL PAÍS en Cataluña se presenta a partir de hoy con una nueva cara en Internet, a semejanza de la que ya cuentan secciones como Internacional y Política, con el objetivo de mejorar el flujo de información y facilitar los servicios a nuestros lectores. Con esta nueva herramienta, que facilita notablemente las tareas redaccionales, la información ganará en rapidez sin perder la solvencia y fiabilidad que caracteriza a esta cabecera.

La nueva página de Cataluña cuenta, además de la información de última hora y los reportajes de actualidad, con la sección En la ciudad  que pretende ofrecer diariamente propuestas de ocio desde los más diversos prismas: desde la  literatura y el teatro, pasando por conciertos y restaurantes. La idea es informar sobre lo que va a acontecer en la Cataluña/ciudad, entendida como un continuo urbano. Además, los lectores podrán enviar sus quejas sobre las administraciones públicas a nofunciona@elpais.es, que da pie a un blog nacido con la voluntad de que el ciudadano obtenga una respuesta ante la, en ocasiones, arbitrariedad burocrática.

Arrancamos la semana con diversos frentes de actualidad, como el congreso del PSC, las negociaciones entre el Gobierno catalán y los sindicatos sobre recortes salariales a los trabajadores públicos o las declaraciones judiciales de los diputados catalanes por el acoso sufrido por el Parlament el pasado 15 de junio.

 

Un congreso para salir del ostracismo

Este fin de semana el Partit dels Socialistes elegirá a sus guías para la larga travesía del desierto que le aguarda. Ha perdido el Gobierno de Cataluña, ayuntamientos, diputaciones… El desgaste por la crisis y por los años al frente de las instituciones en las que se había eternizado han pesado. El electorado ha decidido en tres ocasiones consecutivas enviarlos al ostracismo. Los socialistas catalanes han sufrido espectaculares revolcones en las autonómicas del año pasado y en las municipales y generales de este año. Ahora deben elegir entre ser un partido alternativo a CiU, es decir con vocación de articular una mayoría, o quedarse a una distancia sideral de la federación nacionalista y convertirse en una fuerza política de segundo orden incapaz de tratar de tú a tú a Convergència.

            Lo primero que los delegados al congreso han de tener en cuenta es que el partido no puede decir una cosa en el Parlament y otra distinta en el Congreso de los Diputados, como sucedió a la hora de votar el preámbulo del Estatuto. O con la reivindicación del fondo de competitividad. Toda la vida criticando el doble lenguaje del pujolismo para acabar incurriendo en el mismo pecado.  ¿Significa eso que los diputados del PSC deben tener grupo propio? Quizás sería suficiente con que se distinguieran y se desmarcaran de sus compañeros del PSOE cuando el guión político y la coherencia lo requieran. El grupo socialista catalán, hasta que el 23-F lo enterró,  jamás votó distinto que sus homólogos del PSOE. Así que el partido debe comprender que el electorado quiere coherencia. El votante de izquierda exige claridad y que se le deje de tratar como un consumidor en lugar de como un ciudadano. Los socialistas no pueden dar bandazos liquidando o restaurando el impuesto sobre el patrimonio. La izquierda debe entender tanto en época de bonanza como de crisis que pagar impuestos no es intrínsecamente perverso, sino que es la clave para mantener el Estado de bienestar.  

            La situación es pues muy delicada, pero a la vez buena para una catarsis y una renovación a fondo. La propuesta de Miquel Iceta de realizar primarias abiertas para elegir al futuro candidato a la Generalitat es buena. No sirve el esquema de que el aparato siempre tiene razón. El PSC debe avalar liderazgos nacidos del debate y de la confrontación, no del aparato como ha venido sucediendo. Respecto a la mecánica del congreso del este fin de de semana, sería conveniente proceder a la elección de primer secretario  y dejar la ejecutiva para después. Solo así, sin los controles que antaño ejercía el aparato organizativo, podrá intentarse una dirección de síntesis entre las candidaturas. Pere Navarro, que cuenta con las bendiciones de la maquinaria socialista, se hará seguramente con la victoria, pues es quien cuenta con más apoyos entre los delegados. Pero hay que huir de las votaciones de castigo contra los críticos, una tradición a la que nos han acostumbrado los congresos del PSC. Cuando mejor les han ido las cosas a los socialistas catalanes ha sido en 1999 y en 2003. Entonces un candidato díscolo y con discurso llamado Pasqual Maragall fue capaz de batir en las urnas y en número de votos a Pujol, primero, y Artur Mas, después.

PD. Esta semana con los candidatos a liderar el PSC charlarán con los lectores de EL PAÍS.

Las dietas no son un hecho diferencial

 

La maldición del tijeretazo se ha cebado en los funcionarios o contratados de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de Artur Mas está dispuesto a recortar 860 millones de euros de los salarios de los trabajadores de la Administración. Y ello a pesar de que los tribunales –ya van una treintena de casos fallados- den la razón a los demandantes y juzguen los despidos o nulos o improcedentes. El dios de la crisis requiere grandes sacrificios humanos. Aunque seguramente a ese dios no le disgustaría extender ese ejercicio de austeridad a algunos representantes políticos. Por un elemental principio de justicia distributiva, resulta fácilmente comprensible que el recorte a un sueldo mileurista se acerca mucho más al hueso que si el salario es diezmileurista.

Desde la edición de EL PAÍS en Cataluña se ha relatado pormenorizadamente lo que perciben en dietas algunos ediles de la conurbación de Barcelona, gracias a su dedicación al Área Metropolitana, al Consejo Comarcal del Barcelonès  y al sueldo de su propio Ayuntamiento. Algunos casi logran incrementar  un 40%  su salario gracias a esos pluses dietéticos. En plena crisis hablamos de cantidades totales que en su franja alta suponen más de 125.000 euros brutos anuales y que afectan a los alcaldes de Barcelona, Badalona o L'Hospitalet de Llobregat. No es que los políticos no se merezcan ganar eso. El problema es cómo y en qué críticas circunstancias lo siguen percibiendo. Es cierto que en España el oficio de político está mal pagado en comparación con otros países. En Francia, los representantes de la soberanía popular cobran mucho más que los diputados españoles. Pero, por ejemplo, los cargos municipales electos tienen un techo salarial de 8.100 euros brutos mensuales y esa cifra no puede superarse por pertenencia a ningún otro organismo derivado de la función que se desempeña. Cataluña, que ha sido pionera en los recortes, tal vez debiera reivindicar ese papel para pasar el cepillo por algunos ingresos extras que provocan comparaciones odiosas. ¿Por qué la tradición catalana es tan generosa? Las dietas no forman parte del hecho diferencial catalán. La presidenta de la Diputación de León, por ejemplo, superó los 158.000 euros el año pasado gracias a su docena de cargos.

Tal vez es hora de comenzar a predicar con el ejemplo. Si algunos políticos se creen mal pagados, ¿qué deben pensar en plena crisis los maestros, médicos, bomberos y en general aquellos que trabajan para acercar el Estado de bienestar a los ciudadanos?